Ciudad de México, 14 de mayo de 2009
Servicio informativo núm. 689
Sumario:
I. G-192 frente al G-20, por François Houtart
II. Es cierta la acusación hecha por De la Madrid, aunque ahora lo quieran declarar enfermo de sus facultades mentales: AMLO
III. Deshojando a La Margarita, por Laura Itzel Castillo
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G-192 FRENTE AL G-20
por François Houtart,
profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, representante personal del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas ante la Comisión por la Reforma del sistema financiero y monetario internacional
(publicado en La Jornada el 14 de mayo de 2009)
El pasado 16 de abril, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptaba las modalidades de realización de la iniciativa de su presidente Miguel d’ Escoto, ex ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, convocando para los días primero, 2 y 3 de junio próximo, una Conferencia de los jefes de Estado de los 192 países de la ONU sobre la crisis mundial, esta última tiene su origen en los países del norte y afecta gravemente a los periféricos. El Banco Mundial estima que las 129 naciones más pobres afrontarán en 2009 un déficit de 700 mil millones de dólares. El desfinanciamiento financiero alcanza actualmente la economía real. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 50 millones de trabajadores perderán su empleo en menos de un año.
Para hacer frente a la grave crisis mundial se requiere la participación de toda la comunidad internacional. El G-20 se ha autoproclamado el árbitro mundial, pero falta la legitimidad jurídica y moral para tomar las decisiones que afectan al conjunto de los países del mundo.
En efecto, este grupo de naciones representa más de 80 por ciento del peso económico mundial, pero su poder decisional significa que las víctimas no tienen derecho a la palabra. Sin embargo, es entre ellos que se encuentran los principales expertos en materia de pobreza.
Para preparar la Conferencia de los jefes de Estado (el G-192), una Comisión por las Reformas del Sistema Financiero y Monetario Internacional fue creada bajo la dirección de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial. Esta comisión está compuesta por 20 miembros, esencialmente economistas, ex ministros de Finanzas o directores de Bancas centrales tanto de los países del norte como aquellos del sur.
En efecto, el G-20 no se ha mostrado a la altura de los desafíos de este momento de grave crisis mundial. En un editorial del New York Times, del 7 de abril, con respecto a la promesa de apoyo a las economías de la periferia, se podía leer: "Una parte del dinero ya había sido asignada, otra es el resultado de un doble cálculo, y otra parte será pagada en moneda de síntesis y no en efectivos".
Por otro lado, las medidas que conciernen a los paraísos fiscales son incompletas y parcializadas. Las principales plazas anglosajonas no son concernidas por estas medidas. La aplicación de las medidas políticas en relación con los países del sur son confiadas al Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los principales autores de las acciones procíclicas aplicadas en la periferia.
En lo que concierne a las reformas de las instituciones financieras, se reducen a algunos votos suplementarios para los países emergentes y abre posibilidades de su dirección a representantes de otros países y no solamente a los de Estados Unidos y Europa. La Comisión de Naciones Unidas va más lejos. Ella se ocupa con más firmeza de los paraísos fiscales y del secreto bancario. Prevé normas más estrictas de funcionamiento (exigencias de más fondos y normas armonizadas de contabilidad) para las otras instituciones financieras y para las agencias de notificación. Propone terminar con el monopolio del FMI sobre los derechos especiales de giro (SDR) y de regionalizar el sistema a través, por ejemplo, del Banco del Sur en América Latina o la iniciativa de Chieng Mai en Asia. Sugiere, además, reformas más profundas de las organizaciones de Bretton Woods (Banco Mundial y FMI).
Finalmente recomienda la construcción de un Consejo Mundial de Coordinación Económica, paralelo al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, reuniendo anualmente a los jefes de gobierno, con el fin de evaluar la situación económica, social y ecológica del mundo. En lo que concierne a la ejecución de medidas, estima necesario la puesta en funcionamiento de dos "autoridades mundiales": una de regulación financiera y la otra sobre la competición.
Ciertas naciones del G-20 hacen presión para que los jefes de Estado no estén presentes en la conferencia de junio y se hagan representar por un ministro o un embajador. Como se ve, lo que está en juego es muy importante. La crisis, pues, no es solamente financiera, sino también alimentaria, energética (habrá que cambiar de ciclo dentro de los próximos 50 años y aquello demandará compromisos financieros considerables), climática (mucho más seria de lo que piensa) y finalmente social y humanitaria (mil millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza).
Regular el sistema financiero y monetario mundial es, desde luego, solamente un paso en un proceso más fundamental. Volver a poner en funcionamiento el sistema económico está bien, pero, ¿con qué objetivo? Si es para volver a comenzar como antes, con la misma lógica depredadora de los recursos naturales y creadora de inmensas desigualdades sociales, entonces se tendrá que volver a empezar todo de nuevo en menos de 20 años. Se debe pensar en cambiar tanto en los parámetros de las relaciones con la naturaleza, como la definición de la economía, la organización política mundial y la concepción misma de desarrollo y del crecimiento económico.
Aquello vale una reunión de jefes de Estado. ¡He aquí por qué la presión de la opinión pública, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de los intelectuales, es fundamental para que dentro de cada país, la participación a la conferencia de junio (el G-192) sea del más alto nivel.
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ES CIERTA LA ACUSACIÓN HECHA POR DE LA MADRID, AUNQUE AHORA LO QUIERAN DECLARAR ENFERMO DE SUS FACULTADES MENTALES: AMLO
La mafia de la política, que encabeza Carlos Salinas, ya comenzó a reparar “los daños causados” a la imagen del clan Salinas de Gortari, al pedirle, por medio de un enviado —Emilio Gamboa Patrón— a Miguel de la Madrid que se retractara de la acusación que lanzó contra los hermanos Carlos y Raúl de estar involucrados en actos de corrupción y con el narcotráfico, afirmó Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista en el marco de su actividad de apoyo a las campañas electorales de candidatos del Frente Amplio Opositor, el presidente legítimo de México expresó que para callar la verdad que declaró Miguel de la Madrid, “los medios de comunicación, que son empleados de la mafia, comenzaron a reproducir la versión de que el ex mandatario tiene problemas en sus facultades mentales, información que yo no creo, aseveró.
Al pedirle su opinión sobre si las autoridades investigarán los actos de corrupción en que incurrieron los hermanos Salinas, López Obrador negó que se llegue a crear una comisión investigadora, porque “desgraciadamente en México domina la mafia que está integrada por el mismo Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Roberto Hernández, Elba Esther Gordillo y Fernando Gómez Mont, así como Diego Fernández de Cevallos”.
El dirigente de la izquierda mexicana sostuvo que como la mafia de la política no puede tapar todas las corruptelas de las altas esferas del país, tiene que controlar a los medios de comunicación, “como ocurrió en los noticieros de la empresa Televisa, que no dijeron ni pío sobre las acusaciones de Miguel de la Madrid Hurtado que lanzó sobre su sucesor”.
En otro orden de ideas, Andrés Manuel López Obrador se refirió al libro de Carlos Ahumada, Derecho de réplica. Al respecto, comentó que el empresario argentino revela cómo Salinas, Fox, Rafael Macedo de la Concha, Eduardo Medina Mora y Diego Fernández de Cevallos le ofrecieron 400 millones de pesos para dar a conocer los videoescándalos y con ello “destruirme políticamente”. “Primero fueron los videos, después el desafuero y al final nos robaron la Presidencia de la República, hechos que revelan la peligrosidad que representan los potentados”, subrayó.
López Obrador consideró que como la mafia controla las esferas políticas, económicas y sociales del país, si a Calderón lo entrevistan sobre el contenido del libro de Ahumada, “Calderoncito no dirá nada, porque está debajo de la cama y porque no va a tocar a la mafia que lo impuso en la Presidencia de la República”.
Más adelante, el presidente legítimo de los mexicanos señaló que en México impera la corrupción y la impunidad, que son las causas principales de la ruina del país, y afirmó que los responsables son los potentados, aquellos que se creen amos y señores de México.
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DESHOJANDO A LA MARGARITA
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicada en El Gráfico el 13 de mayo de 2009)
México sufre procesos de urbanización acelerados y desordenados. Como resultado de la expansión de las ciudades y el deterioro en la calidad de vida en el campo, actualmente 66% de la población reside en zonas urbanas. No obstante, hace tan sólo un siglo, una décima parte de los mexicanos era el que habitaba en ciudades.
Puebla forma parte de la “corona regional” que circunda al Distrito Federal, caracterizada por sus zonas metropolitanas que comparten problemas urbanos y ambientales. La población total del estado es de alrededor de 5.5 millones de habitantes. Tan sólo en la zona metropolitana de su capital, radican 3 millones de poblanos, por lo que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, después de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.
Sin duda las unidades habitacionales representan un símbolo de la modernidad. Como sucede en la mayor parte del país, el grueso de los créditos hipotecarios otorgados proviene del Infonavit.
En la ciudad de Puebla, La Margarita, con más de 6 mil viviendas, fue considerada, en la década de los setenta, modelo de desarrollo urbano. El equipamiento, junto con las áreas comunes, está muy lejos de lo que ahora cuentan los proyectos habitacionales de interés social.
Por eso vecinos de La Margarita se empeñan en defender esos espacios y denuncian la administración irregular de las áreas comunes por parte del Infonavit. El manejo y destino de estos espacios, que hoy son giros comerciales de toda clase, ha sido totalmente discrecional. Ahora se venden terrenos de las áreas comunes, sin explicar dónde queda el dinero que se recibe a cambio. Tampoco se sabe por qué éste no se refleja en las subcuentas de vivienda de los trabajadores.
Por qué tampoco se consulta al Sistema de Enajenación de Bienes, para la realización de dichas transacciones, como lo ordena la Ley para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Cínicamente Infonavit argumenta que él no forma parte del Estado mexicano, ni del gobierno federal y que tampoco es un organismo descentralizado de la administración pública federal. El Instituto no puede ni debe escapar a su responsabilidad social.
La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes regula no sólo los bienes federales, sino aquéllos sobre los cuales las dependencias o entidades puedan disponer.
El Infonavit perdió el amparo interpuesto por los vecinos de La Margarita, que exigen que el Consejo de Administración del Instituto sesione para rendir cuentas sobre el programa de venta y desincorporación de reserva territorial.
Por lo pronto en julio realizarán una consulta ciudadana acerca de la conveniencia de construir una tienda departamental en la zona verde de la unidad, correspondiente a las áreas comunes.
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