Ciudad de México, 18 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 294
I. La reforma judicial es más grave que la ley antiterrorista o “Acta Patriótica” de George Bush. Pronunciamiento del Frente Nacional Contra la Represión
II. Corte: recuento de agravios, por Alejandro Encinas Rodríguez
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LA REFORMA JUDICIAL ES MÁS GRAVE QUE LA LEY ANTITERRORISTA O “ACTA PATRIÓTICA” DE GEORGE BUSH. PRONUNCIAMIENTO DEL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESION
El Frente Nacional contra la represión denuncia ante la comunidad nacional e internacional que nuestro Congreso de la Unión esta a punto de convertir a nuestra nación en un Estado Policiaco, por medio de una Reforma Judicial y de Seguridad Nacional, impulsada por Felipe Calderón. Con unos cuantos remiendos de los legisladores, esta ley elimina garantías individuales, Acuerdos y Tratados Internacionales, dejando al ciudadano común en un estado de completa indefensión, en relación a sus derechos humanos fundamentales.
A partir de la modificación del artículo 16 de la Constitución que a letra dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Al respecto el FNCR aclara que la modificación a este artículo elimina la obligación de que policías y militares presenten órdenes de aprehensión o de cateo otorgadas por la autoridad competente.
Y la fracción II del Artículo 20 que a letra dice: El inculpado “No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante estos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio”.
Con ello el Estado Mexicano atenta en contra de derechos civiles que deberían ser irrenunciables con el pretexto de la seguridad nacional. La reforma dice también que se podrá arraigar a un presunto delincuente hasta por 80 días, con estas modificaciones constitucionales se les da carta abierta a las autoridades para violentar los derechos humanos de cualquiera de los ciudadanos.
Con estas reformas constitucionales se esta suprimiendo la presunción de inocencia que de por si no existía en nuestro marco jurídico.
El FNCR denuncia que esta Reforma Judicial es más grave aún que la llamada ley antiterrorista o “Acta Patriótica” de George Bush, en Estados Unidos, ley que ya pudo ser impugnada y frenada parcialmente. El “Acta Patriótica” es una ley más, supeditada a la Constitución estadounidense y no una reforma constitucional, que no sería impugnable, como es el caso de la reforma judicial en México.
El FNCR denuncia a los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, y así mismo a los 44 diputados del PRD, quienes votaron “a conciencia” a favor de la reforma, entre ellos Javier González Garza, Ruth Zavaleta, Raymundo Cárdenas, Rutilio Escandón, Mónica Fernández, Juan N. Guerra, Andrés Lozano, Faustino Soto, David Mendoza Arellano, Susana Monreal, Rubén Montalvo Rojas, Miguel Ángel Navarro Quintero, Pablo Trejo, etc., También el FNCR denuncia públicamente a los legisladores que estuvieron en la elaboración de los remiendos en lugar de buscar una figura jurídica, como el referéndum o el plebiscito, para llevar a votación del pueblo cualquier transformación constitucional que afecte derechos civiles y garantías individuales, como Tomas Torres y Cristina del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Lo anterior demuestra que los partidos en el poder se han enquistado, creciendo como un cáncer, y hoy serán responsables de los atropellos e injusticias que por medio de esta ley se llevan a cabo. Hoy, han traicionado al pueblo que voto por ellos, y no hay nada que justifique tal traición.
La nueva reforma judicial y de seguridad nacional forma parte de la serie de leyes que se crean y promueven en nuestro país para eliminar derechos sociales, civiles y políticos que deberían ser irrenunciables: La ley contra el terrorismo, la ley de la neutralidad, que buscan eliminar la obligación de que una autoridad competente gire las órdenes para detener, allanar, etc. Y que hoy a la luz de estas transformaciones se podrán violar los derechos humanos de cualquier persona, a cualquier hora y en cualquier lugar, de tal manera que no se podrán sentir seguros y a salvo ni en su propia casa. Por otra parte, se les dara a los policías y militares competencias ilimitadas, amen de la corrupción que existe en estos cuerpos, lo cual fomentara la barbarie, el salvajismo y el abuso, favoreciendo y aumentando la impunidad de que ya gozan y dándoles un poder que ningún cuerpo represivo del Estado debe tener, es más ni siquiera deben de existir los cuerpos represivos. Así los golpes de Estado en contra de la democracia se llevan a cabo de manera simulada e invisible. Por un lado el golpe blanco por medio de la ley, como en el Chile de Salvador Allende, en los 70, y, por otro, el golpe militar con la salida del ejército a las calles, realizando funciones de seguridad que pertenecen a la policía.
En este contexto el Estado ha tenido un carácter represor en la forma de responder a los movimientos sociales, como bien lo muestra el haber transitado, de la represión selectiva y en la sombra, en los 70s, a la represión masiva y abierta que marca nuestro presente, los ejemplos son, Atenco, Oaxaca, Zimapán, Ayotzinapa, etc. Y quienes cometen estas atrocidades, gozan de toda la impunidad y protección del régimen: Ulises Ruiz Ortiz, Zeferino Torreblanca, Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chon, Juan Sabines, Mario Marín, Marcelo de los Santos, José Reyes Reza, Nazar Haro, Luis Echeverría, Lázaro Cárdenas Batel, Ramírez Acuña, Medina Mora, Elba Esther Gordillo, con la complicidad y anuencia de Felipe Calderón.
En la actualidad, Calderón, representa un gobierno ilegitimo y débil, situación que recrudece y generaliza la violencia, ya que en su primer año de mandato cierra con 2600 ejecuciones, cientos de encarcelados injustamente y miles de luchadores sociales reprimidos en forma brutal y salvaje por la organismos militares y policíacas que actúan bajo sus ordenes y que por esas mismas características de debilidad: militariza al país. En esta lógica del poder, la represión y la violación de los derechos humanos se vuelve norma en el territorio nacional, sin importar el partido que gobierne en los distintos estados, municipios, regiones del país.
A las autoridades de los tres poderes del Estado Mexicano se les olvida que el pueblo les confirió a ellos el mandato y que están obligados a hacer respetar todas aquellos derechos civiles, sociales y políticos que les beneficien y les ayuden al desarrollo integral de sus capacidades, dándoles la posibilidad de una vida sana y feliz, por lo cual en el momento que cualquiera de los poderes traicione y vulnere este mandato podrá ser revocado según los dispuesto en el artículo 39 constitucional.
Por estas razones, el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) considera que esta Reforma Judicial debe ser frenada en su totalidad, porque pone en riesgo la integridad física y la seguridad de las personas, así como la tranquilidad y cobijo que les debe de brindar su hogar Conminamos a los legisladores a reflexionar en su postura sobre esta Reforma Judicial y de Seguridad Nacional y a los ciudadanos a movilizarnos y construir la legalidad de figuras jurídicas como el referéndum y el plebiscito para revocarlos del mandato con defender los derechos humanos del pueblo o para en su defecto impugnar esta ley.
¡Alto total a la reforma judicial!
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
¡Libertad, libertad a los presos por luchar!
¡Sin justicia no hay paz!
¡No al allanamiento de morada!
El Frente Nacional Contra la Represión
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CORTE: RECUENTO DE AGRAVIOS
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Universal el 18 de diciembre de 2007)
2007 marcará uno de los años en que el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejará mucho que cuestionar.
Los agravios cometidos en algunas de sus resoluciones dejan en indefensión garantías fundamentales que la Constitución otorga a los mexicanos y permiten la impunidad en el ejercicio del poder.
Cuando se vislumbraba un ejercicio autónomo del máximo órgano encargado de impartir justicia, por ejemplo, al haber declarado la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Radio y Televisión, la mayoría del pleno de la Corte privilegia a los hombres del poder.
La resolución en torno al caso Lydia Cacho implica una lamentable violación a la libertad de expresión y, por ende, la implícita negación del ejercicio periodístico en México. Representa un claro ejemplo de la privatización de la justicia y de la complicidad indecible entre autoridades políticas y judiciales.
Cabe recordar que el Congreso de la Unión envió una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de su facultad de interpretación de la ley determinara si existió algún hecho que constituyera una violación grave a las garantías individuales de la periodista.
El caso era particularmente grave, se trataba de actos cometidos en agravio de una periodista que tenían trascendencia social. Presumiblemente en Puebla se vulneraba el estado de derecho dada la intervención del gobernador para que el Poder Judicial de esa entidad ordenara la aprehensión de la periodista, aplicando una suerte de justicia transestatal. Los indicios señalaban además que durante el traslado de la periodista de Cancún a Puebla los agentes de la policía judicial que la capturaron la sometieron a tortura sicológica y le causaron aflicción física.
Lamentablemente, tras un escabroso proceso, el Poder Judicial federal determinó que no hubo violación grave a las garantías individuales de Lydia Cacho. Determinación que representa un atentado no sólo contra los derechos humanos de una periodista, sino una mordaza a los mismos, y que exhibe además la interconexión entre corrupción, violencia y poder, pues resulta paradigmática la relación simbiótica entre el poder político y el poder económico.
No es la primera resolución de esta naturaleza, basta recordar la exoneración a Óscar Espinosa Villareal, con relación a la utilización del erario público para el pago de facturas de comunicación del entonces Departamento del Distrito Federal.
Desde el punto de vista penal, Espinosa Villareal fue condenado, no solamente por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sino por los jueces federales que le negaron el amparo y protección de la justicia federal.
Sin embargo y sin lógica jurídica alguna, la Corte atrajo el caso y resolvió un recurso que correspondía tramitarse ante un Tribunal Colegiado, exonerando totalmente y otorgando a Espinosa Villareal una patente de corso, al apoyarse en el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, y al establecer en la sentencia que de ninguna forma las autoridades locales podían sujetar nuevamente a Óscar Espinosa Villareal a juicio alguno derivado de su actuar como jefe del Departamento del Distrito Federal.
A estos casos se suma a una lista de agravios, como sucedió con el fallo a favor del anatocismo que permite a los banqueros cobrar a particulares intereses sobre intereses; el caso Aguas Blancas; Acteal; la impunidad que se ha otorgado a Ulises Ruiz en Oaxaca, y los escándalos que enfrentan los nuevos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde el inicio de su gestión son cuestionados por la presunta corrupción en la adquisición de inmuebles para ese organismo o el posible soborno a algunos de sus miembros para ratificar el registro del candidato del PRI al gobierno de Baja California.
El Poder Judicial de la Federación debe ser el guardián de la Constitución, el protector de los derechos y garantías fundamentales, manteniendo el equilibrio que requiere un estado de derecho.
Cabe reconocer que si bien estas decisiones han sido adoptadas por el pleno de la Corte y algunos ministros se han comportando a la altura de su investidura, se requiere que la Corte asuma su responsabilidad fundamental: impartir justicia.
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