Ciudad de México, 6 de agosto de 2007
Servicio informativo núm. 157
Servicio informativo núm. 157
LAS VOCES LEGÍTIMAS
Esta semana que acaba de terminar, el servicio de noticias ISA recogió como voces legítimas las de cuatro miembros del gabinete del gobierno legítimo: Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública; Gustavo Iruegas, secretario de Relaciones Internacionales; Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Ecología; y José Agustín Ortiz Pinchett, secretario de Relaciones Políticas, y aunó a ellas las de otros dos certeros analistas: Alejandro Encinas y Carlos Fazio.
Mario di Costanzo exhibe la “cortina de humo” desplegada por el gobierno panista mediante la expropiación de los recursos asegurados el 15 de marzo en el caso Ye Gon, para esconder el cúmulo de funcionarios de los gobiernos panistas involucrados en el asunto. En este mismo ámbito de interés, Carlos Fazio plantea que la “narcotización” de la política no empezó con Ye Gon. Puntualiza que ante el resquebrajamiento del antiguo régimen, las facciones y organizaciones criminales que coexistían en el interior de éste cobraron autonomía y aumentaron su poder y Calderón no ha logrado conciliar con los jefes de los distintos clanes que controlan el negocio.
Desde tres puntos diferentes de abordaje, Gustavo Iruegas, Alejandro Encinas y Luis Linares analizan a la izquierda mexicana. El primero plantea lo que subyace en el proceso de “credencialización”, forma de organización de quienes se adhieren de manera voluntaria y libre a la causa que encabeza López Obrador y fundamento de la organización popular que enfrentará a las instituciones viciadas que sólo buscan acceder al poder y mantenerse en él; por su parte, Alejandro Encinas, de cara a los debates internos del PRD, expresa que una izquierda conservadora es una contradicción insuperable. Es la imagen que el régimen calderonista necesita, apoyado en intelectuales, comunicadores e incondicionales cuyo objetivo es legitimar el poder. Luis Linares Zapata responde a “líderes de opinión” de medios impresos y electrónicos que han asumido la tarea de descalificar al mar de voces que exigen democracia, con base en la representación de una dicotomía maniquea: izquierda razonable, negociadora e institucional, frente a la que sigue, encorajinada por las exclusiones y el fraude, a un mesiánico guía.
Finalmente, José Agustín Ortiz Pinchetti comenta que la mentira es la política de comunicación del gobierno panista y destaca la iniciativa de Carlos Navarro (PRD Sonora) para crear una comisión de la verdad y la de Julio Scherer Ibarra que exige preservar las boletas electorales como documentos fuente de la elección.
He aquí el resumen —bajo nuestra responsabilidad— de sus opiniones.
Mario di Costanzo. Zhenli Ye Gon: entre más lejos mejor (La Jornada). Sin mediar un juicio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación procedieron a “expropiar” los recursos asegurados el pasado 15 de marzo, pretendiendo con ello legitimar social y jurídicamente la actuación del propio gobierno y, al mismo tiempo, cerrar el caso para que éste quedara sólo como un “cuento chino”. Por ello, la actitud del gobierno estadunidense se puede interpretar como un favor a Calderón.
De haberse aceptado la extradición de este personaje, las autoridades judiciales estarían obligadas a investigar de inmediato a una serie de instituciones que involucran a personajes políticamente poderosos, pero incómodos para el régimen, en virtud de la injerencia que tienen en el actual gobierno. Por ejemplo, se tendrían que hacer preguntas incómodas a Aduana México, la que por ley está obligada a realizar los servicios de “segundo reconocimiento aduanero”, y a la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA), que administraba el derecho de trámite aduanero, y debieron estar al tanto de las operaciones de importación de seudoefedrina.
Esto nuevamente traería a la escena pública a los hijos de Marta Sahagún, ya que a la fecha la SHCP no ha respondido por qué permitió entrar a la licitación de Aduana México a la empresa Societe General de Sourveillance, que se encontraba representada por otra compañía, Logistic Free Trade Zone, cuyo administrador era el ex funcionario de Aduanas Juan Carlos López Rodríguez, quien fue inhabilitado por malos manejos en el Servicio de Administración Tributaria, pero que tenía relaciones muy cercanas con los Bribiesca Sahagún.
Y en el caso de ISOSA volvería a la escena el nombre de Francisco Gil Díaz, Lorenzo Hernández (primo de Roberto Hernández) y, obviamente, por tratarse
de la introducción al territorio nacional de sustancias que son insumos para la producción de drogas sintéticas, se debió haber investigado a la Secretaría de Salud, al SAT y a la PGR. En este mismo sentido hay que recordar que la empresa Hildebrando figuró en la lista de clientes de ISOSA.
Finalmente, existen declaraciones de algunas personas del propio gobierno calderonista que sostienen que Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de Calderón, estuvo algunos días en Nueva York, acompañando a Javier Lozano, cuando éste fue a contratar su defensa ante la presunta difamación de que fue objeto por parte de Zhenli. Quizá por estas razones, ya en algunas pintas urbanas se puede leer la frase: “Zhenli, te creemos”.
Carlos Fazio. Ye Gon: el chino expiatorio (La Jornada). La narcotización de la política y de la vida pública nacional no empezó con Zhenli Ye Gon, el “peligro amarillo”. La imagen que muestra a un aparato estatal mexicano asediado por criminales “en busca de protección para sus viles actos”, o que le “han declarado la guerra al Estado”, carece de veracidad. Las pedestres explicaciones sobre el caso Ye Gon del procurador Eduardo Medina Mora y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, enviados a negociar a Washington, son puros cuentos... mexicanos.
Los perversos enredos mediáticos del poder, con sus “guerras” al crimen organizado y sus circunstanciales chinos expiatorios, junto a la flaca memoria de los mexicanos, ayudan a diluir el problema. El caso del “rey de la seudoefedrina” abarca una amplia red de influencia, corrupción y protección. Remite a la colusión de secretarios de Estado, autoridades políticas, policiales, judiciales, migratorias, de salud y hacendarias de las dos administraciones del PAN y a la ex familia presidencial Fox-Sahagún-Bribiesca, sin descartar políticos y gobernadores del PRI, así como la presunta existencia de dinero sucio del narco en la campaña de Felipe Calderón, que ha sido lavado ahora en un acto de simulación por el gobierno surgido de un fraude de Estado.
De acuerdo con las investigaciones de la justicia suiza y los informes de la ex procuradora Carla del Ponte, un caso paradigmático de esas redes delincuenciales es el de la famiglia Salinas. El caso, en los años 90, involucró, entre otros, al jefe del clan, Raúl Salinas Lozano, y a sus hijos Carlos y Raúl Salinas de Gortari; a Emilio Gamboa Patrón, ex secretario particular de Miguel de la Madrid, ex secretario de Comunicaciones y Transporte, ex senador y actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados; al senador Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora; al prófugo de la justicia, Justo Ceja, ex secretario particular del presidente Salinas; al ex secretario de Marina, Luis Carlos Ruano; al ex procurador de extracción panista Antonio Lozano Gracia; a los generales Quiroz Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro (ligados a la guerra sucia); policías como Florentino Ventura y Guillermo González Calderoni; al capo Juan García Abrego, ex jefe del cártel del Golfo, preso en Estados Unidos; a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela; y a empresarios como Lorenzo Zambrano, Carlos Peralta, Ricardo Salinas Pliego, José Madariaga, Carlos Hank Rohn y Adrián Sada. Muchos de ellos siguen funcionando dentro del sistema, se han reciclado. Algunos murieron víctimas de la violencia propia de este tipo de empresas criminales.
Luis Astorga ha refutado la tesis de un “poder paralelo” enfrentado al del Estado, en un país de centralismo político y presidencialismo exacerbado. Habla de una estructura de poder “en el interior mismo del Estado”. Ante el resquebrajamiento del antiguo régimen, las facciones, mafias y organizaciones criminales que coexistían en el interior del viejo partido de Estado en un juego de equilibrios, acuerdos y complicidades cobraron autonomía y multiplicaron su poder. El desgaste del viejo modelo se hizo evidente durante el salinismo y se profundizó durante los mandatos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, cuando se generalizó la violencia e irrumpió una suerte de “colombianización” que llega hasta nuestros días. La gestión del débil Calderón exhibe que no ha podido disciplinar o conciliar con los jefes de los distintos clanes o familias que controlan el negocio. Es decir, que no se ha podido consolidar el antiguo pacto mafioso.
Gustavo Iruegas. Del carnet de resistente (La Jornada). Los últimos cinco presidentes de México han gobernado de manera contraria a los intereses populares y nacionales. Tres de ellos, De la Madrid, Zedillo y Fox, recibieron el poder de manera formalmente legal. Salinas fue y Calderón es un usurpador. Uno y otro decidieron hacer nugatoria la democracia y aplicaron meticulosamente la ortodoxia del golpe de Estado. Ante la evidencia de que la voluntad popular les era adversa —y en palmaria contravención a la ley— se actuó desde las más altas esferas del poder, utilizando las instituciones nacionales en contra de los intereses populares para preservar el régimen político y los privilegios oligárquicos. Dicho en plata mexicana: se robaron el poder.
Ahí terminan las semejanzas entre los dos últimos eventos del latrocinio electoral mexicano y se inician las diferencias. Después del fraude de 1988 la población se encontraba agraviada y molesta, pero al mismo tiempo impedida de reaccionar, porque la aceptación del fraude como un hecho consumado inhibió cualquier posibilidad de lucha. En 2006, ni la población ni su dirigencia aceptaron el fraude. Habrá quien lo atribuya al carisma y tenacidad del líder, o al saber hacer en la dirección política, o al hartazgo de la población por los reiterados atropellos a su voluntad y la iniquidad de la mentira. De cualquiera de las maneras, o por todas ellas, lo que aparece es la lección histórica. El pueblo de México aplicó en 2006 lo que aprendió en 1988. Ni mansedumbre ni resignación; resistencia.
El pueblo, reunido en asamblea, decidió resistir. Pacíficamente, pero resistir. Rechazó como espurio al representante de la oligarquía y ungió con su legitimidad a su propio candidato. AMLO fue designado Presidente Legítimo de México. Cuando se materializó el atraco, el día primero de diciembre de 2006, la masa concentrada en el Zócalo estaba furiosa, pero desorganizada: el lenguaje exacerbado, las consignas temerarias, los ánimos exaltados, la violencia en el aire. Mientras que en el otro lado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se había levantado una fortaleza. Esa mañana, las armas nacionales no, repito, no se cubrieron de gloria. AMLO inició la marcha, hacia el otro lado. ¿Cuántas vidas se salvaron ese día?
Diciembre y enero transcurrieron mientras se preparaba la operación política más ambiciosa de la historia de México. Organizar al pueblo. En febrero dio inicio el proceso que se ha dado en llamar credencialización. El nombre dice poco. En realidad se trata del compromiso en que de manera voluntaria, libre y consciente los mexicanos expresan su adhesión y apoyo al Gobierno Legítimo de México, cuyos postulados principales son la protección de los derechos del pueblo y la defensa del patrimonio nacional.
El compromiso es con el Presidente Legítimo de México. Con nadie más. No hay estructuras intermedias. La pertenencia que acredita el carnet de resistente es personal y directa; va de la base a la cúspide del movimiento. Ya hay un millón 200... y sumando.
La “credencialización” es el fundamento, sólo el fundamento, de la organización popular que se enfrentará a las instituciones viciadas que han servido de estribo para llegar a la silla presidencial espuria. Con esta organización, vale decir, con este poder el pueblo podrá construir un IFE digno de confianza, tribunales que hagan justicia y no favores, y unas fuerzas armadas al servicio de la nación y no del presidente. Así, paso a paso, se construye una nueva república.
Alejandro Encinas. La izquierda paraestatal (El Universal). Una izquierda conservadora es una contradicción insuperable. Así como en todo régimen existe un grupo de intelectuales, comunicadores e incondicionales cuya tarea es justificar las condiciones vigentes y difundir información e ideas que legitimen al poder, en México se vislumbra la tentación de los poderes fácticos y de algunos medios de comunicación de reinsertar la presencia de la izquierda en el espectro político, en una versión complaciente, dócil, contraria a sus compromisos históricos: esos lastres ideológicos que estorban tanto en las negociaciones con otras bancadas parlamentarias.
Se pretende inducir una corriente que aspire a disfrutar los dividendos y privilegios de ser la segunda fuerza política nacional, a costa de renunciar a su aspiración de convertirse en mayoría. Existen distintos incentivos desde el Estado que dan “buenas razones” para alentar la presencia de ese tipo de “izquierda”: el alto financiamiento público para los partidos y la posibilidad de acceder a cargos de representación popular, lo que permite combinar influencia en las decisiones públicas, con el control de la burocracia partidista; el reparto de canonjías; y el soporte de una base clientelar con la que se mantiene una relación de intercambio de lealtades por favores políticos.
Es la izquierda deseable para los hombres del poder. La que legitima y da lustre al régimen. A la que corresponde asentir, testimoniar e incluso, cuando el poder así lo exija, tras la afrenta poner la otra mejilla. El propósito consiste en dotar al régimen de una apariencia incluyente, tolerante y democrática, y contrarrestar el avance de la izquierda crítica e independiente. Este no es un fenómeno nuevo, es la tentación de reproducir el viejo esquema de una izquierda paraestatal. Es lo que Robert Michels denomina la “ley de hierro de las oligarquías”: cuando en una organización se registra un distanciamiento de la base social con sus dirigentes, las decisiones se concentran cada vez más en pocas manos, y se olvidan las causas y demandas de afiliados y simpatizantes: la organización pasa de ser un medio a ser un fin en sí misma.
La izquierda debe tener claro su papel y responsabilidades actuales. La ciudadanía se encuentra desencantada con el sistema de partidos. No hay partido que por sí mismo obtenga un mayor número de votos que el abstencionismo, y este desencanto de los electores pasivos, que no acuden a votar porque “de nada sirve”, no ha sido capitalizado por ningún partido. Inconformismo e izquierda deben ir de la mano; sin embargo, hay que reconocer que la izquierda no ha logrado motivar a los ciudadanos y demostrar que puede ofrecer una opción diferente. Estas razones motivaron en buena medida la creación de una fórmula novedosa: la Convención Nacional Democrática, en la que concurren ciudadanos indignados y participativos que no se reconocen en las burocracias partidistas y demandan un espacio de participación distinto al desgastado mundo institucional, con los partidos políticos de izquierda.
La Convención tiene mucho que aportar en este sentido. En primer lugar, porque existe una amplia base social, con conciencia renovada, dispuesta a entrar de lleno en la transformación del país y exige que quienes conducen este proceso estén a la altura de las circunstancias. En segundo lugar, porque es expresión de los cambios en la sociedad y ésta no confía en los modos tradicionales de hacer política. Y en tercer término, porque las elecciones se ganan con votos de ciudadanos y no de clientelas políticas. Pero, más importante aún para la izquierda, sus partidos y corrientes es entender que resistir a un poder ilegítimo y contrario a los intereses de la mayoría no es sólo un derecho, sino una obligación ética.
Luis Linares Zapata. El lado compulsivo de una pasión (La Jornada). Las piquetas de la crítica que se expresa en medios no sueltan la presa que creen sangrante, decadente, moribunda. Trátese de columnistas, locutores con frases valorativas al canto, comentaristas de radio o tv que se proclaman independientes o articulistas de espacios fijos, la reincidencia bien puede ser catalogada como lugar común, coincidencia (¿?) o simple línea superior cuando arremeten con todo empuje contra la izquierda. Siempre haciendo la diferencia entre dos grandes categorías de estas posiciones ideológico-políticas: una, la buena, la predican y desean razonable, moderna, negociadora, propositiva, institucional. Pues la otra, para ellos, es rebelde, anclada en el pasado, la que manda a volar las instituciones nacionales, la que sigue, encorajinada por las exclusiones y el fraude, las palabras de su mesiánico guía, la causa eficiente de la perdición futura del PRD.
Dicotomía maniquea, pero útil, para predecir el triunfo, ya bien entrevisto, de una sobre la segunda (Casar, Reforma, lunes 30). Sui generis manera, por demás grosera, de enfocar una realidad. El diferendo entre corrientes del PRD y la postura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto de la estrategia de rechazar, de manera tajante, la imposición (fraude) ha sido el punto nodal de cierta crítica que, por repetitiva, bien puede ser llamada compulsiva. Cualquier diferencia, detalle verbal, seña minúscula, modo de enfrentar la actualidad es tomada por los críticos de AMLO para predicar la caída en popularidad de su persona, de su movimiento o de sus oportunidades de hacer política constructiva (Ciro Gómez Leyva, Milenio, lunes 30).
Todo, para tan incisivos analistas, puede ser enfocado desde la perspectiva de dos izquierdas divergentes, enfrentadas y en lucha fratricida. La versión moderna, la que para ellos ya gana terreno, puede verse reflejada de cuerpo entero en las recientes elecciones de delegados a la asamblea del PRD (Astillero, La Jornada, lunes 30). Pero, sin hacer caso a tales alegatos de lo sucedido, vuelven sobre sus cavilaciones y coinciden en sus ya conocidos juicios terminales. Es Nueva Izquierda la facción elegida para llevarse el triunfo histórico, la que construirá rutas, la que propondrá soluciones viables. La que encabeza AMLO, por el contrario, irá al ostracismo de las causas perdidas, será el rescoldo de los héroes fatigados y los seguidores irredentos e iracundos. Aseguran que AMLO se aislará de manera inevitable, pues parte de una superioridad moral empolladora de tiranías, es la postura no institucional.
En tal dicotomía no cabe la realidad que puede observarse en la calle, en las plazas de pueblos y colonias, en las barriadas, zonas pérdidas de las ciudades populosas, en los modestos hogares de los mexicanos. Ahí poco les interesan las corrientes de la izquierda. Ahí sólo llega esa intensa batalla por mantener lo que resta de esperanza, la voz que les llama a construir una nueva República más justa donde los excluidos tengan un lugar apropiado para sobrevivir y crecer. Lo demás, es un superfluo regodeo de medios que le hacen un buen servicio a ese grupo de poderosos que quieren seguir obteniendo las utilidades que, por estos aciagos días para millones de compatriotas desempleados o forzados a laborar en la economía informal, reportan las empresas mexicanas que cotizan en bolsa (más de 100 mil millones de pesos en el primer semestre de este año del oficialismo calderoniano) o en rebajar la tasa de la CETU que aparenta molestarles.
José Agustín Ortiz Pinchetti. Sed de verdad (La Jornada). Dicen que dijo el fundador del PAN Manuel Gómez Morín: “La mentira envenena la vida de México”. Tenía razón. ¿Qué pensaría del gobierno de Calderón? Hoy el pueblo tiene hambre y sed de justicia, pero también de verdad.
La mentira es la política de comunicación del gobierno panista. Revisen ustedes las noticias del día y compruébenlo: el gobierno ignora el problema de Oaxaca, dice la secretaria de Amnistía Internacional (disimulo). Las declaraciones contradictorias sobre la muerte de dos agentes de la AFI involucrados en el fideicomiso del chinogate (trapacería). Informaciones inconexas y mentirosas sobre las irregularidades de distintas dependencias que le permitieron al empresario Zhenli Ye Gon construir su red (patraña). Explicación sobre pagos irregulares de Pemex hechos por Muñoz Leos (disfraz). Informaciones adulteradas sobre adeudos de Pemex, CFE, índices de pobreza, remesas de inmigrantes mexicanos (falsedades). Entorpecimiento de la comisión que investiga el caso ISOSA-Bribiesca (encubrimiento). Bloqueo de información a las giras de AMLO. Más de 650 mítines. Afiliación de cientos de miles de personas (disimulo, negación y represión pasiva).
Los mexicanos estamos acostumbrados a las mentiras. No sólo en la vida pública, sino en nuestra existencia privada y cotidiana. No creemos al gobierno, pero sus mentiras no irritan a una parte importante de la población, otra está empezando a exigir claridad, certeza en la información y en el lenguaje de los políticos. Tenía razón Lincoln, “no se puede engañar a todos todo el tiempo”. Un ejemplo: la matanza del 2 de octubre de 1968 nunca se esclareció. Pero la mala conciencia penetró a fondo. El régimen perdió su legitimidad y su decadencia parece estar fuertemente vinculada a la noche de Tlatelolco. Jorge Chavat dice que gran parte de la población (más de 65%) cree en las declaraciones de Ye Gon porque se vinculan con el fraude electoral de 2006. Si no se esclarece a fondo lo que sucedió, el nudo acumulado del gobierno entramparía las relaciones entre los partidos.
Por ello es atendible la iniciativa de Carlos Navarro (PRD Sonora) para crear una comisión de la verdad integrada por personalidades independientes y confiables, y la de Julio Scherer Ibarra, que exige preservar las boletas electorales como documentos fuente de la elección. Se trata de investigar y revelar lo que sucedió durante el proceso electoral y en la jornada del 2 de julio. Algunos diputados del PRI y las bancadas completas de los partidos del FAP están dispuestos a apoyar estas iniciativas.
No soy optimista: Calderón no tiene visión de Estado. No puede ni quiere afrontar la realidad. Preferirá garantizar su propia impunidad y apoyarse en embustes. El PAN se negará y el apoyo oficial del PRI dependerá de las ventajas que pudiera sacar. La verdad no llegará y la vida pública de México continuará envenenándose.
De haberse aceptado la extradición de este personaje, las autoridades judiciales estarían obligadas a investigar de inmediato a una serie de instituciones que involucran a personajes políticamente poderosos, pero incómodos para el régimen, en virtud de la injerencia que tienen en el actual gobierno. Por ejemplo, se tendrían que hacer preguntas incómodas a Aduana México, la que por ley está obligada a realizar los servicios de “segundo reconocimiento aduanero”, y a la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA), que administraba el derecho de trámite aduanero, y debieron estar al tanto de las operaciones de importación de seudoefedrina.
Esto nuevamente traería a la escena pública a los hijos de Marta Sahagún, ya que a la fecha la SHCP no ha respondido por qué permitió entrar a la licitación de Aduana México a la empresa Societe General de Sourveillance, que se encontraba representada por otra compañía, Logistic Free Trade Zone, cuyo administrador era el ex funcionario de Aduanas Juan Carlos López Rodríguez, quien fue inhabilitado por malos manejos en el Servicio de Administración Tributaria, pero que tenía relaciones muy cercanas con los Bribiesca Sahagún.
Y en el caso de ISOSA volvería a la escena el nombre de Francisco Gil Díaz, Lorenzo Hernández (primo de Roberto Hernández) y, obviamente, por tratarse
de la introducción al territorio nacional de sustancias que son insumos para la producción de drogas sintéticas, se debió haber investigado a la Secretaría de Salud, al SAT y a la PGR. En este mismo sentido hay que recordar que la empresa Hildebrando figuró en la lista de clientes de ISOSA.
Finalmente, existen declaraciones de algunas personas del propio gobierno calderonista que sostienen que Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de Calderón, estuvo algunos días en Nueva York, acompañando a Javier Lozano, cuando éste fue a contratar su defensa ante la presunta difamación de que fue objeto por parte de Zhenli. Quizá por estas razones, ya en algunas pintas urbanas se puede leer la frase: “Zhenli, te creemos”.
Carlos Fazio. Ye Gon: el chino expiatorio (La Jornada). La narcotización de la política y de la vida pública nacional no empezó con Zhenli Ye Gon, el “peligro amarillo”. La imagen que muestra a un aparato estatal mexicano asediado por criminales “en busca de protección para sus viles actos”, o que le “han declarado la guerra al Estado”, carece de veracidad. Las pedestres explicaciones sobre el caso Ye Gon del procurador Eduardo Medina Mora y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, enviados a negociar a Washington, son puros cuentos... mexicanos.
Los perversos enredos mediáticos del poder, con sus “guerras” al crimen organizado y sus circunstanciales chinos expiatorios, junto a la flaca memoria de los mexicanos, ayudan a diluir el problema. El caso del “rey de la seudoefedrina” abarca una amplia red de influencia, corrupción y protección. Remite a la colusión de secretarios de Estado, autoridades políticas, policiales, judiciales, migratorias, de salud y hacendarias de las dos administraciones del PAN y a la ex familia presidencial Fox-Sahagún-Bribiesca, sin descartar políticos y gobernadores del PRI, así como la presunta existencia de dinero sucio del narco en la campaña de Felipe Calderón, que ha sido lavado ahora en un acto de simulación por el gobierno surgido de un fraude de Estado.
De acuerdo con las investigaciones de la justicia suiza y los informes de la ex procuradora Carla del Ponte, un caso paradigmático de esas redes delincuenciales es el de la famiglia Salinas. El caso, en los años 90, involucró, entre otros, al jefe del clan, Raúl Salinas Lozano, y a sus hijos Carlos y Raúl Salinas de Gortari; a Emilio Gamboa Patrón, ex secretario particular de Miguel de la Madrid, ex secretario de Comunicaciones y Transporte, ex senador y actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados; al senador Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora; al prófugo de la justicia, Justo Ceja, ex secretario particular del presidente Salinas; al ex secretario de Marina, Luis Carlos Ruano; al ex procurador de extracción panista Antonio Lozano Gracia; a los generales Quiroz Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro (ligados a la guerra sucia); policías como Florentino Ventura y Guillermo González Calderoni; al capo Juan García Abrego, ex jefe del cártel del Golfo, preso en Estados Unidos; a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela; y a empresarios como Lorenzo Zambrano, Carlos Peralta, Ricardo Salinas Pliego, José Madariaga, Carlos Hank Rohn y Adrián Sada. Muchos de ellos siguen funcionando dentro del sistema, se han reciclado. Algunos murieron víctimas de la violencia propia de este tipo de empresas criminales.
Luis Astorga ha refutado la tesis de un “poder paralelo” enfrentado al del Estado, en un país de centralismo político y presidencialismo exacerbado. Habla de una estructura de poder “en el interior mismo del Estado”. Ante el resquebrajamiento del antiguo régimen, las facciones, mafias y organizaciones criminales que coexistían en el interior del viejo partido de Estado en un juego de equilibrios, acuerdos y complicidades cobraron autonomía y multiplicaron su poder. El desgaste del viejo modelo se hizo evidente durante el salinismo y se profundizó durante los mandatos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, cuando se generalizó la violencia e irrumpió una suerte de “colombianización” que llega hasta nuestros días. La gestión del débil Calderón exhibe que no ha podido disciplinar o conciliar con los jefes de los distintos clanes o familias que controlan el negocio. Es decir, que no se ha podido consolidar el antiguo pacto mafioso.
Gustavo Iruegas. Del carnet de resistente (La Jornada). Los últimos cinco presidentes de México han gobernado de manera contraria a los intereses populares y nacionales. Tres de ellos, De la Madrid, Zedillo y Fox, recibieron el poder de manera formalmente legal. Salinas fue y Calderón es un usurpador. Uno y otro decidieron hacer nugatoria la democracia y aplicaron meticulosamente la ortodoxia del golpe de Estado. Ante la evidencia de que la voluntad popular les era adversa —y en palmaria contravención a la ley— se actuó desde las más altas esferas del poder, utilizando las instituciones nacionales en contra de los intereses populares para preservar el régimen político y los privilegios oligárquicos. Dicho en plata mexicana: se robaron el poder.
Ahí terminan las semejanzas entre los dos últimos eventos del latrocinio electoral mexicano y se inician las diferencias. Después del fraude de 1988 la población se encontraba agraviada y molesta, pero al mismo tiempo impedida de reaccionar, porque la aceptación del fraude como un hecho consumado inhibió cualquier posibilidad de lucha. En 2006, ni la población ni su dirigencia aceptaron el fraude. Habrá quien lo atribuya al carisma y tenacidad del líder, o al saber hacer en la dirección política, o al hartazgo de la población por los reiterados atropellos a su voluntad y la iniquidad de la mentira. De cualquiera de las maneras, o por todas ellas, lo que aparece es la lección histórica. El pueblo de México aplicó en 2006 lo que aprendió en 1988. Ni mansedumbre ni resignación; resistencia.
El pueblo, reunido en asamblea, decidió resistir. Pacíficamente, pero resistir. Rechazó como espurio al representante de la oligarquía y ungió con su legitimidad a su propio candidato. AMLO fue designado Presidente Legítimo de México. Cuando se materializó el atraco, el día primero de diciembre de 2006, la masa concentrada en el Zócalo estaba furiosa, pero desorganizada: el lenguaje exacerbado, las consignas temerarias, los ánimos exaltados, la violencia en el aire. Mientras que en el otro lado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se había levantado una fortaleza. Esa mañana, las armas nacionales no, repito, no se cubrieron de gloria. AMLO inició la marcha, hacia el otro lado. ¿Cuántas vidas se salvaron ese día?
Diciembre y enero transcurrieron mientras se preparaba la operación política más ambiciosa de la historia de México. Organizar al pueblo. En febrero dio inicio el proceso que se ha dado en llamar credencialización. El nombre dice poco. En realidad se trata del compromiso en que de manera voluntaria, libre y consciente los mexicanos expresan su adhesión y apoyo al Gobierno Legítimo de México, cuyos postulados principales son la protección de los derechos del pueblo y la defensa del patrimonio nacional.
El compromiso es con el Presidente Legítimo de México. Con nadie más. No hay estructuras intermedias. La pertenencia que acredita el carnet de resistente es personal y directa; va de la base a la cúspide del movimiento. Ya hay un millón 200... y sumando.
La “credencialización” es el fundamento, sólo el fundamento, de la organización popular que se enfrentará a las instituciones viciadas que han servido de estribo para llegar a la silla presidencial espuria. Con esta organización, vale decir, con este poder el pueblo podrá construir un IFE digno de confianza, tribunales que hagan justicia y no favores, y unas fuerzas armadas al servicio de la nación y no del presidente. Así, paso a paso, se construye una nueva república.
Alejandro Encinas. La izquierda paraestatal (El Universal). Una izquierda conservadora es una contradicción insuperable. Así como en todo régimen existe un grupo de intelectuales, comunicadores e incondicionales cuya tarea es justificar las condiciones vigentes y difundir información e ideas que legitimen al poder, en México se vislumbra la tentación de los poderes fácticos y de algunos medios de comunicación de reinsertar la presencia de la izquierda en el espectro político, en una versión complaciente, dócil, contraria a sus compromisos históricos: esos lastres ideológicos que estorban tanto en las negociaciones con otras bancadas parlamentarias.
Se pretende inducir una corriente que aspire a disfrutar los dividendos y privilegios de ser la segunda fuerza política nacional, a costa de renunciar a su aspiración de convertirse en mayoría. Existen distintos incentivos desde el Estado que dan “buenas razones” para alentar la presencia de ese tipo de “izquierda”: el alto financiamiento público para los partidos y la posibilidad de acceder a cargos de representación popular, lo que permite combinar influencia en las decisiones públicas, con el control de la burocracia partidista; el reparto de canonjías; y el soporte de una base clientelar con la que se mantiene una relación de intercambio de lealtades por favores políticos.
Es la izquierda deseable para los hombres del poder. La que legitima y da lustre al régimen. A la que corresponde asentir, testimoniar e incluso, cuando el poder así lo exija, tras la afrenta poner la otra mejilla. El propósito consiste en dotar al régimen de una apariencia incluyente, tolerante y democrática, y contrarrestar el avance de la izquierda crítica e independiente. Este no es un fenómeno nuevo, es la tentación de reproducir el viejo esquema de una izquierda paraestatal. Es lo que Robert Michels denomina la “ley de hierro de las oligarquías”: cuando en una organización se registra un distanciamiento de la base social con sus dirigentes, las decisiones se concentran cada vez más en pocas manos, y se olvidan las causas y demandas de afiliados y simpatizantes: la organización pasa de ser un medio a ser un fin en sí misma.
La izquierda debe tener claro su papel y responsabilidades actuales. La ciudadanía se encuentra desencantada con el sistema de partidos. No hay partido que por sí mismo obtenga un mayor número de votos que el abstencionismo, y este desencanto de los electores pasivos, que no acuden a votar porque “de nada sirve”, no ha sido capitalizado por ningún partido. Inconformismo e izquierda deben ir de la mano; sin embargo, hay que reconocer que la izquierda no ha logrado motivar a los ciudadanos y demostrar que puede ofrecer una opción diferente. Estas razones motivaron en buena medida la creación de una fórmula novedosa: la Convención Nacional Democrática, en la que concurren ciudadanos indignados y participativos que no se reconocen en las burocracias partidistas y demandan un espacio de participación distinto al desgastado mundo institucional, con los partidos políticos de izquierda.
La Convención tiene mucho que aportar en este sentido. En primer lugar, porque existe una amplia base social, con conciencia renovada, dispuesta a entrar de lleno en la transformación del país y exige que quienes conducen este proceso estén a la altura de las circunstancias. En segundo lugar, porque es expresión de los cambios en la sociedad y ésta no confía en los modos tradicionales de hacer política. Y en tercer término, porque las elecciones se ganan con votos de ciudadanos y no de clientelas políticas. Pero, más importante aún para la izquierda, sus partidos y corrientes es entender que resistir a un poder ilegítimo y contrario a los intereses de la mayoría no es sólo un derecho, sino una obligación ética.
Luis Linares Zapata. El lado compulsivo de una pasión (La Jornada). Las piquetas de la crítica que se expresa en medios no sueltan la presa que creen sangrante, decadente, moribunda. Trátese de columnistas, locutores con frases valorativas al canto, comentaristas de radio o tv que se proclaman independientes o articulistas de espacios fijos, la reincidencia bien puede ser catalogada como lugar común, coincidencia (¿?) o simple línea superior cuando arremeten con todo empuje contra la izquierda. Siempre haciendo la diferencia entre dos grandes categorías de estas posiciones ideológico-políticas: una, la buena, la predican y desean razonable, moderna, negociadora, propositiva, institucional. Pues la otra, para ellos, es rebelde, anclada en el pasado, la que manda a volar las instituciones nacionales, la que sigue, encorajinada por las exclusiones y el fraude, las palabras de su mesiánico guía, la causa eficiente de la perdición futura del PRD.
Dicotomía maniquea, pero útil, para predecir el triunfo, ya bien entrevisto, de una sobre la segunda (Casar, Reforma, lunes 30). Sui generis manera, por demás grosera, de enfocar una realidad. El diferendo entre corrientes del PRD y la postura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto de la estrategia de rechazar, de manera tajante, la imposición (fraude) ha sido el punto nodal de cierta crítica que, por repetitiva, bien puede ser llamada compulsiva. Cualquier diferencia, detalle verbal, seña minúscula, modo de enfrentar la actualidad es tomada por los críticos de AMLO para predicar la caída en popularidad de su persona, de su movimiento o de sus oportunidades de hacer política constructiva (Ciro Gómez Leyva, Milenio, lunes 30).
Todo, para tan incisivos analistas, puede ser enfocado desde la perspectiva de dos izquierdas divergentes, enfrentadas y en lucha fratricida. La versión moderna, la que para ellos ya gana terreno, puede verse reflejada de cuerpo entero en las recientes elecciones de delegados a la asamblea del PRD (Astillero, La Jornada, lunes 30). Pero, sin hacer caso a tales alegatos de lo sucedido, vuelven sobre sus cavilaciones y coinciden en sus ya conocidos juicios terminales. Es Nueva Izquierda la facción elegida para llevarse el triunfo histórico, la que construirá rutas, la que propondrá soluciones viables. La que encabeza AMLO, por el contrario, irá al ostracismo de las causas perdidas, será el rescoldo de los héroes fatigados y los seguidores irredentos e iracundos. Aseguran que AMLO se aislará de manera inevitable, pues parte de una superioridad moral empolladora de tiranías, es la postura no institucional.
En tal dicotomía no cabe la realidad que puede observarse en la calle, en las plazas de pueblos y colonias, en las barriadas, zonas pérdidas de las ciudades populosas, en los modestos hogares de los mexicanos. Ahí poco les interesan las corrientes de la izquierda. Ahí sólo llega esa intensa batalla por mantener lo que resta de esperanza, la voz que les llama a construir una nueva República más justa donde los excluidos tengan un lugar apropiado para sobrevivir y crecer. Lo demás, es un superfluo regodeo de medios que le hacen un buen servicio a ese grupo de poderosos que quieren seguir obteniendo las utilidades que, por estos aciagos días para millones de compatriotas desempleados o forzados a laborar en la economía informal, reportan las empresas mexicanas que cotizan en bolsa (más de 100 mil millones de pesos en el primer semestre de este año del oficialismo calderoniano) o en rebajar la tasa de la CETU que aparenta molestarles.
José Agustín Ortiz Pinchetti. Sed de verdad (La Jornada). Dicen que dijo el fundador del PAN Manuel Gómez Morín: “La mentira envenena la vida de México”. Tenía razón. ¿Qué pensaría del gobierno de Calderón? Hoy el pueblo tiene hambre y sed de justicia, pero también de verdad.
La mentira es la política de comunicación del gobierno panista. Revisen ustedes las noticias del día y compruébenlo: el gobierno ignora el problema de Oaxaca, dice la secretaria de Amnistía Internacional (disimulo). Las declaraciones contradictorias sobre la muerte de dos agentes de la AFI involucrados en el fideicomiso del chinogate (trapacería). Informaciones inconexas y mentirosas sobre las irregularidades de distintas dependencias que le permitieron al empresario Zhenli Ye Gon construir su red (patraña). Explicación sobre pagos irregulares de Pemex hechos por Muñoz Leos (disfraz). Informaciones adulteradas sobre adeudos de Pemex, CFE, índices de pobreza, remesas de inmigrantes mexicanos (falsedades). Entorpecimiento de la comisión que investiga el caso ISOSA-Bribiesca (encubrimiento). Bloqueo de información a las giras de AMLO. Más de 650 mítines. Afiliación de cientos de miles de personas (disimulo, negación y represión pasiva).
Los mexicanos estamos acostumbrados a las mentiras. No sólo en la vida pública, sino en nuestra existencia privada y cotidiana. No creemos al gobierno, pero sus mentiras no irritan a una parte importante de la población, otra está empezando a exigir claridad, certeza en la información y en el lenguaje de los políticos. Tenía razón Lincoln, “no se puede engañar a todos todo el tiempo”. Un ejemplo: la matanza del 2 de octubre de 1968 nunca se esclareció. Pero la mala conciencia penetró a fondo. El régimen perdió su legitimidad y su decadencia parece estar fuertemente vinculada a la noche de Tlatelolco. Jorge Chavat dice que gran parte de la población (más de 65%) cree en las declaraciones de Ye Gon porque se vinculan con el fraude electoral de 2006. Si no se esclarece a fondo lo que sucedió, el nudo acumulado del gobierno entramparía las relaciones entre los partidos.
Por ello es atendible la iniciativa de Carlos Navarro (PRD Sonora) para crear una comisión de la verdad integrada por personalidades independientes y confiables, y la de Julio Scherer Ibarra, que exige preservar las boletas electorales como documentos fuente de la elección. Se trata de investigar y revelar lo que sucedió durante el proceso electoral y en la jornada del 2 de julio. Algunos diputados del PRI y las bancadas completas de los partidos del FAP están dispuestos a apoyar estas iniciativas.
No soy optimista: Calderón no tiene visión de Estado. No puede ni quiere afrontar la realidad. Preferirá garantizar su propia impunidad y apoyarse en embustes. El PAN se negará y el apoyo oficial del PRI dependerá de las ventajas que pudiera sacar. La verdad no llegará y la vida pública de México continuará envenenándose.
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