Servicio informativo núm. 241
Sumario:
I. Cuando el cemento nos alcance, por Laura Itzel Castillo
II. México presenta un rezago de 12 millones de viviendas
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CUANDO EL CEMENTO NOS ALCANCE
por Laura Itzel Castillo
Como todos los lunes, la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México, Laura Itzel Castillo, publicó su colaboración en el periódico El Gráfico. El tema de esta semana es el crecimiento sin control de manchas urbanas, a costa de terrenos de cultivo y de la destrucción de ecosistemas, y sólo para beneficio de grandes especuladores de vivienda, procesos que los institutos estatales de la vivienda social, el Infonavit y el Fovissste, no sólo solapan, sino en los que participan.
A continuación reproducimos el comentario de la funcionaria lopezobradorista, mismo que complementamos con una segunda nota, tomada del diario La Jornada, acerca del rezago de vivienda popular en el país, hecho de tal gravedad que organismos internacionales como la Alianza Internacional de Habitantes ya se ha comprometido a exponer ante la Organización de las Naciones Unidas.
Los pueblos de Morelos han demostrado su vocación por la libertad, la justicia y la democracia. En esa hermosa región han dejado sus huellas hombres de la talla de José María Morelos, Emiliano Zapata y Rubén Jaramillo. Durante la invasión de Estados Unidos en 1846-1847, durante la época de la Reforma y, más tarde, en la Revolución, el estado fue bastión de la libertad.
A pesar de ello, la constante en la entidad ha sido la lucha entre los hacendados, primero, y gobiernos, ahora, y los pueblos defensores de su libertad, de sus tierras, sus recursos naturales y su identidad histórica. En todas las disputas sociales hay elementos en común: una visión unilateral de los gobiernos que ignoran la voz de los pueblos, su cultura y el medio ambiente, y la falta de planeación desde una visión de desarrollo urbano integral.
Bajo esta lógica, en el surponiente del estado de Morelos se pretende desarrollar una ciudad de fines de semana, con la edificación de 50 mil viviendas en una zona donde se ubican cuatro mantos acuíferos. La construcción de fraccionamientos obedece a un brutal proceso de urbanización que avanza aceleradamente sobre importantes extensiones de tierra de cultivo, áreas de reserva natural y zonas de recarga y de abastecimiento acuífero, lo que pone en riesgo la actividad productiva agropecuaria de buena parte del estado y su equilibrio ambiental.
Estos desarrollos forman parte del llamado nicho comercial turístico de segunda vivienda que oferta, de manera masiva, casas de interés social de pésima calidad (claro, con alberca) en fraccionamientos fantasma, que son ocupados en menos de 30% de su capacidad como dormitorios de fin de semana. Ello representa, además, una competencia desleal para el sector turístico, ya que no pagan los impuestos hoteleros. El Infonavit y el Fovissste son parte de este esquema mercantil, ya que en lugar de dar vivienda digna a los trabajadores en su entidad, ofrecen créditos más económicos en zonas turísticas para viviendas que se encuentran deshabitadas durante la mayor parte del año y que en muchas ocasiones acaban siendo abandonadas por la imposibilidad de mantenerlas.
Este caos urbano se debe en buena medida al pago de facturas políticas a empresas como Ara, Mexhom, Urbasol, Sare y Geo, entre otras, y al programa de desarrollo urbano estatal que promueve la especulación inmobiliaria, la extracción insaciable del agua, el cambio radical de uso de suelo y un crecimiento urbano salvaje. Basta ver desde la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de Alpuyeca, un desarrollo semejante a un cementerio habitacional. ¿Hasta cuándo acabará este desorden? ¿Hasta que el cemento nos devore?
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INFONAVIT Y FOVISSSTE, REBASADOS POR LA DEMANDA. MÉXICO PRESENTA UN REZAGO DE 12 MILLONES DE VIVIENDAS. VENTILARÁN EL CASO EN ORGANISMO DE NACIONES UNIDAS
por Georgina Saldierna
El coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes, Cesare Ottolini, se comprometió ayer a presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la problemática que enfrenta México sobre vivienda, luego de escuchar que en el país se registran serias irregularidades, como la venta de cartera vencida a empresas recuperadoras de deuda y el desalojo de quienes no pueden saldar sus empréstitos hipotecarios.
En una reunión con integrantes del Consejo de Defensa de la Vivienda, aseguró que el gobierno federal no cumple con sus obligaciones legales en lo que se refiere al derecho de proporcionar a una casa-habitación digna, por lo cual consideró necesario llevar el caso ante la ONU, concretamente al Comité sobre Desalojos, que se reúne en enero próximo y del que forma parte desde hace dos años.
Con esta medida se busca que el organismo de Naciones Unidas organice una “misión de prevención” que visite México, además de abrir una mesa de negociación para reclamar a la administración de Felipe Calderón Hinojosa la responsabilidad legal que tiene en la materia e impedir que los ciudadanos sean obligados a desalojar sus hogares.
De manera paralela, Cesare Ottolini informó que la alianza internacional emitirá un “duro pronunciamiento” contra la política oficial de vivienda con el fin de generar apoyo entre organizaciones sociales de otros países.
Durante el encuentro, la secretaria de Desarrollo Urbano del “gobierno legítimo”, Laura Itzel Castillo, mencionó que en México hay un déficit de 12 millones de casas, de las cuales 5.3 millones forman parte del rezago en la materia y 6.7 millones corresponden a las nuevas necesidades de la población.
Fallas de las instituciones
Aunado a ello, refirió que los organismos nacionales de vivienda, principalmente Infonavit, Fovissste y Fonhapo, han perdido la orientación social que les dio origen y se han convertido en bancos o entes financieros.
Destacó que Fonhapo, cuyo objetivo primordial es atender a los sectores de la población sin empleo, sólo ha ejercido 37.7 por ciento de su presupuesto destinado a programas de subsidio, lo que representa mil 213 millones de un total de 3 mil 219 millones. Con el subejercicio, aseguró, se corre el riesgo de que el año próximo el presupuesto de esta dependencia se reduzca en 50 por ciento.
Sobre el Infonavit, Castillo sostuvo que en lugar de proveer de casa-habitación a la población de escasos recursos “se la está arrebatando”, debido a que vendió 56 mil créditos de su cartera vencida a empresas recuperadoras de deuda, a un costo de entre 6 y 10 por ciento de su valor real.
Dichas compañías, dijo, tratan de obtener el pago de los créditos, pero aumentan su monto hasta cuatro veces, y cuando no logran su propósito, desalojan a los propietarios originales. Frente a esta situación, Castillo Juárez demandó que cesen los desalojos, que se restructuren las deudas y que se aplique una tregua judicial.
Ottolini indicó que la problemática de la vivienda es de índole mundial y, por tanto, las organizaciones sociales también deben aplicar una estrategia global.
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