Ciudad de México, 27 de octubre de 2007
Servicio informativo núm. 238
El gobierno espuriete de Felipe Calderón, antes de cumplir un año está entregando el control del territorio mexicano y de nuestros recursos vitales a Estados Unidos.
1. El Plan México, como se le conoce en Washington y en la prensa internacional, conocido desde hace por lo menos seis años, y cuya nueva etapa fue anunciada por George W. Bush el 22 de octubre al incluirlo en el paquete de ayuda solicitado al Congreso estadunidense para la guerra contra Irak, no es otra cosa que una expresión formal más de la estrategia definida por la Casa Blanca en función de los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales ante la crisis energética y financiera que ha gestado el capitalismo neoliberal, y que luego del 11 de septiembre de 2001 se enuncia como una lucha “contra el terrorismo internacional”.
2. El Plan México supone tanto a) el control absoluto por parte de consorcios trasnacionales, en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos, de los recursos básicos de México, y en particular de los energéticos (petróleo y electricidad), de la minería y hasta del agua; y b) el control directo de agencias del gobierno estadunidense sobre las fronteras, las costas, el Istmo, el mar territorial y el espacio aéreo mexicano, todo ello con el argumento de que Washington está en guerra permanente contra el terrorismo internacional, de que nuestros recursos son vitales para ellos y de que, por otro lado, los aparatos del Estado mexicano no son confiables y resultan incapaces de generarles la supuesta seguridad que requieren.
3. La administración de Bush busca, en otras palabras, conforme a la nueva doctrina hegemónica de Estados Unidos, establecer en México un más pleno y abierto sistema de dominación, similar al que está buscando en Irak y en Afganistán y pretende hacerlo en Irán, en función también de su petróleo y de su interés geopolítico, nada más que aquí no por la vía de una guerra, sino por la dócil sumisión del gobernante espurio Felipe Calderón ante George W. Bush y por la complicidad de la burocracia gobernante, en este caso de las elites del PAN y el PRI en el poder (y también de un sector del PRD), lo cual les está resultando una tarea mucho más fácil que la que llevan a cabo en Medio Oriente y en Asia.
4. El proceso se había ya profundizado con el primer gobierno panista encabezado por Vicente Fox, que fue permitiendo gradualmente la injerencia de agentes estadunidenses encubiertos en territorio mexicano, en aeropuertos, aduanas y oficinas públicas, hasta culminar con Calderón que, con profunda indignidad, ha puesto abiertamente al Ejército Mexicano a cumplir tareas decididas por la Agencia de Control de Drogas de Washington, la tristemente célebre DEA.
5. La prensa mexicana está teniendo ahora la “misión estratégica” de ocultar las dimensiones de todo, pretendiendo, por una parte, que es un simple plan antinarco cuando en realidad es una cesión de la soberanía nacional y el narco es sólo la cobertura que hace posible la injerencia, y hablando, por la otra, de una supuesta iniciativa “mexicana”, llamándolo de manera eufemística Iniciativa Mérida, cuando en el Congreso estadunidense y en la prensa de todo el mundo se le llama el Plan México.
6. El “acuerdo”, que ya se sabe que no es acuerdo, según El País del domingo 21 es el plan más ambicioso de Estados Unidos en el continente y supone “la participación militar de diversos organismos de seguridad estadunidenses” en México y el entrenamiento futuro de las tropas mexicanas en Fort Bragg (Carolina del Norte) y Fort Benning (Georgia).
7. El engaño de la prensa mexicana no ha durado mucho, pues en todas partes se le reconoce como Plan México y se habla de lo que entraña, porque al comparecer el miércoles 24 ante comisiones del Senado la canciller Patricia Espinosa hubo de reconocer que no conoce el documento que se nos está imponiendo, pero que sabe que lo que se busca es “proteger del terrorismo” a Estados Unidos y porque, poniendo la cereza en el pastel, el subsecretario de Defensa, Stephen Johnson, informó que esa protección de México a Estados Unidos costará a nuestro país 7 mil millones de dólares, lo que confirmó el embajador mexicano Sarukhán, llevándose severa regañada.
8. La gravísima situación que se está produciendo no es más que consecuencia de las políticas entreguistas de Carlos Salinas, que aparece hoy más que nunca como un poder fundamental tras el trono, pues la ex canciller Rosario Green, senadora del PRI, se ha limitado a actuar como comparsa, al igual que sus compañeros de bancada, y a avalar todo.
9. El TLC de Bush padre y Salinas significó en 1993 el desmantelamiento del campo mexicano y de la planta productiva nacional, la migración de millones de campesinos mexicanos a Estados Unidos y la cancelación de una vía propia de desarrollo para el país; el Plan México de Bush hijo y Calderón sienta en 2007 las bases para el desmantelamiento del Estado nacional, convierte al pueblo mexicano en objetivo estratégico en las futuras guerras de Estados Unidos y culmina el distanciamiento de nuestro país con el resto de pueblos de América Latina.
10. La noticia de que Agustín Carstens, titular de Hacienda, había pactado en Washington con el FMI un seguro para proteger a las multinacionales con cargo al pueblo de México en caso de “riesgo político”, generó hace días un escándalo, acrecentado por la información de que varias naciones del continente están por romper con el Fondo. El Plan México, que se pretende apruebe el Senado, debe ser ahora repudiado por todos, sin olvidar que Calderón y sus colaboradores pueden ser enjuiciados, procesados y destituidos por traición a la patria conforme al artículo 108 constitucional.
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Lo que dijo Sarukhán, por Carmen Aristegui F.
El acuerdo entre México y Estados Unidos para incrementar los recursos y cooperación en el combate al narcotráfico finalmente se oficializó. Hasta que George Bush solicitó a su Congreso el paquete de recursos por 500 millones de dólares es que pudimos empezar a escuchar al gobierno mexicano dar algunas explicaciones. La canciller alcanzó a decir en su comparecencia con el Senado que las negociaciones que desembocaron en la llamada “Iniciativa Mérida” no habían sido secretas sino discretas. Bueno... El senador Monreal llegó al punto de pedirle “Por amor de Dios, dénos el documento, queremos analizarlo”. La política de comunicación social de Los Pinos, de tan errática, atenta ya contra el propio Presidente. Esta semana se dieron el lujo de desmentir al embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, sin la más mínima consideración (“Precisión” fue la palabra que usaron en la Presidencia para hacer circular una tarjeta, sin firma ni membrete, que distribuyeron entre la prensa). Se pretendía revertir el efecto causado por las declaraciones hechas por el embajador el martes por la mañana a W Radio, respecto a que México aportaría —si el Congreso los aprobaba— 7 mil millones de dólares durante los próximos tres años. No conformes con la tarjeta, el encargado del área de comunicación de la Presidencia se acercó a los periodistas que se encontraban en la Sala de Prensa de Los Pinos para decirles que Sarukhán se había equivocado. ¿De verdad se había equivocado el embajador o simplemente se había tomado la libertad de informar algo sobre lo que no le estaba autorizado a hablar? Ya se sabe que la mayoría del gabinete está sometido a un férreo, absurdo y, supongo que, humillante control sobre sus políticas de comunicación desde Los Pinos. Le enmendaron la plana al embajador pero tendrían que hacerlo también con la contraparte estadounidense que ha dicho básicamente lo mismo sobre lo que le correspondería a México poner para este plan antinarco. Vea si no. Transcribo una parte de lo dicho por Sarukhán a W Radio y, en seguida, las palabras del subsecretario del Pentágono, Stephen Johnson, el 16 de octubre en Washington, recogidas por AFP.
W. Varias preguntas, embajador Sarukhán, una de ellas tiene que ver con algo que la semana pasada informaba un funcionario de los Estados Unidos respecto a lo que pone cada país, digámoslo así. Si el Congreso de Estados Unidos aprueba la solicitud del presidente Bush, estamos hablando de un periodo de tres años donde la cifra sería de mil 400 millones de dólares, empezando por 500. ¿Es verdad que en el caso mexicano la aportación llegaría a los 7 mil millones de dólares?
A.S. A lo largo de ese proceso, así es. El gobierno mexicano este año, el 2007, incrementó 24 por ciento, con relación al año pasado, sus recursos canalizados a la lucha contra el narcotráfico, aproximadamente 2.5, 2.4 mil millones que a lo largo del periodo de entregas de fondos equivalentes, de entrega de equipo, equivalentes a los 1.4 mil millones de dólares, suman los 7 mil millones de dólares.
W. Entonces, a ver si entendí bien, embajador Sarukhán: Estados Unidos pondría mil 400, México pondría 7 mil millones de dólares, a lo largo de los tres años...
A.S. Correcto.
Más adelante Sarukhán dice: “...el gobierno mexicano sometió un presupuesto que fue aprobado por el Congreso, que efectivamente aumenta de esta manera sustancial los recursos que están siendo canalizados este año a las agencias que tienen como su responsabilidad en México la lucha contra el crimen organizado. Las proyecciones de ejercicio presupuestario y de compromiso presupuestario que el Presidente desearía imprimir a esto, nos da esa cifra (7mmdd)... El Congreso mexicano tendrá en su momento, a medida que vaya avanzando, se vaya llegando a la aprobación de otros ejercicios presupuestales en los próximos años, tendrá que ir aprobando o no esta proyección de recursos que el gobierno mexicano tenga la intención de dedicar o etiquetar a la lucha contra el crimen organizado.
W. De los 7 mil millones de dólares calculados para este propósito, ¿hay ya una parte aprobada en el presupuesto vigente o esto tendría que operar para el 2008?
A.S. Efectivamente, la parte con la que se ha estado operando en este momento, en este año fiscal que es... es de dos punto y pico (mdd), que están siendo ejercidos este año y que fueron aprobados en diciembre del año pasado y evidentemente para este diciembre el gobierno mexicano tendrá que someter nuevamente al Congreso de nuestra nación las proyecciones para el próximo año”.
El subsecretario Stephen Johnson, por su parte, explicó durante una conferencia en el Diálogo Interamericano, un centro de análisis de Washington, que: “Mientras México pidió a Estados Unidos una contribución de mil 500 millones de dólares, está dispuesto a comprometer 7 mil millones de su propia parte en esta cooperación”. Calificó la cooperación “sin precedente e histórica”. “...Seguimos trabajando con México —dijo en aquella fecha— para definir mejor lo que será” el plan... Incluiría helicópteros, “una reforma de la policía (mexicana), material para los puestos fronterizos, entrenamiento para policías, barcos y material para la Marina”. ¿En qué quedamos pues? ¿Por qué corrigen al embajador? ¿Qué hay detrás de todo esto?
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Iniciativa sin política de Estado, por José Luis Piñeyro
Las últimas semanas ha habido una serie de declaraciones a medias y contradeclaraciones por parte de funcionarios públicos sobre el antes Plan México, hoy rebautizado como Iniciativa Mérida de asistencia policiaco-militar estadounidense. Lo único que queda claro es la descoordinación entre algunas secretarías de Estado mexicanas y estadounidenses, la secrecía de los compromisos políticos acordados con EU, el menosprecio de ambos presidentes por sus respectivos poderes legislativos y, por supuesto, de sus en principio representados, los pueblos de ambos países.
No abordaremos las muy posibles repercusiones negativas para la soberanía territorial, política e institucional mexicana, tema de anteriores ensayos nuestros y de otros colaboradores de este periódico; hoy sólo señalaremos brevemente cómo el Plan México no corresponde a una Política de Estado Democrática (PED) respecto de seguridad pública y nacional.
Rasgos de una PED son, entre otros, incorporar un visión temporal de largo plazo y espacial para todo el territorio, con una delimitación de objetivos precisos y permanentes, es decir, contempla el desarrollo regional y nacional y metas verificables sobre los avances contra el narcotráfico, no sólo golpes espectaculares (por cierto, el PM no incorpora sustitución de cultivos agrícolas de drogas, al inicio propuesta en el Plan Colombia); igualmente, es básico el consenso de las clases sociales, o sea, la firma del acuerdo nacional, inexistente no sólo en política de seguridad pública sino en política social, económica, comercial, industrial, militar; también debe contar con flexibilidad para cambiar ante escenarios de emergencia o imprevistos internos o internacionales; si el narcotráfico cambia de tácticas como aumentar las ejecuciones para generar temor entre las distintas policías y la ciudadanía o fomenta mayor drogadicción, debe confrontarse con campañas reales de participación social, prevención de la drogadicción y rehabilitación de adictos, y no insistir sólo en el enfoque represivo.
Asimismo, debe contar con instituciones estatales eficaces y transparentes con suficiente presupuesto para desempeñar sus misiones, pero honestidad, eficiencia y presupuesto no sólo para seguridad pública sino social, laboral y alimentaria; de igual manera, debe establecer alianzas estratégicas o tácticas con estados o bloques regionales afines al proyecto nacional; persistir en la condicionada asistencia policiaco-militar de EU sólo generará más dependencia técnica, tecnológica y política; existen otros países en América Latina y Europa para obtener esa asistencia.
Una PED debe contar con una contraloría gubernamental y social para supervisar al gobierno y a las instituciones estatales; los consejos ciudadanos deben ser efectivos y no máscaras de participación; igualmente, comprende un Poder Legislativo profesional y ágil con acuerdos básicos interpartidistas y con un poder presidencial que actúe como jefe de Estado y no de partido de gobierno.
Ayer Raymundo Riva Palacio mostró en su columna el pobre papel del Senado en la comparecencia de la canciller, mientras que Calderón actúa más como administrador semicolonial y de partido que como estadista; otra característica de una PED es la coordinación y cooperación interinstitucional estatal y no la complicidad interinstitucional donde una institución oculta a otra en sus errores de ejecución política; de igual modo, es central la vigencia de órganos del Poder Judicial autónomos y expeditos; el PM no es sólo dotación de equipo aéreo y de comunicación, sino modernización judicial, frente a lo que jueces anónimos señalan: “Nada más falta que nos capaciten para juzgar a migrantes, guerrilleros y narcotraficantes como terroristas”. Una PED que, sobre todo, responda a las necesidades materiales y morales de la nación y legitime y fortalezca las instituciones del Estado. Que responda a los verdaderos intereses nacionales.
A propósito de necesidades, el enfoque represivo antinarcóticos da prioridad al elemento técnico (más aeronaves, computadoras, entrenamiento) y subestima el elemento humano en el aspecto moral: de 2000 a 2006 desertaron 107 mil militares, un promedio de 45 diarios; en la Policía Federal Preventiva de 1999 a 2006 desertaron casi 5 mil militares, revela ayer la contribución de Jorge Luis Sierra en El Universal. La guerra antinarcóticos no se gana sólo con modernos elementos materiales, sino también con morales y amplia y permanente participación ciudadana. Romper con la visión estatocéntrica como solución exclusiva contra la inseguridad pública es fundamental, así como con la obsesiva subordinación estratégica a EU.
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