Contra el alza de precios a productos básicos, es preciso que el Senado de la República apruebe la Ley de Precios Competitivos, por Mario di Costanzo

Ciudad de México, 31 de enero de 2008

Servicio informativo núm. 335

Sumario:

I. Contra el alza de precios a productos básicos, es preciso que el Senado de la República apruebe la Ley de Precios Competitivos, por Mario di Costanzo

II. Carteristas de cuello blanco, por Laura Itzel Castillo

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CONTRA EL ALZA DE PRECIOS A PRODUCTOS BÁSICOS, ES PRECISO QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA APRUEBE LA LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS
por Mario di Costanzo
secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México

Si bien es cierto que a nivel mundial, los precios de los alimentos han registrado incrementos que durante el año pasado, en promedio, alcanzaron 36%, también lo es que al menos en el caso de nuestro país, el crecimiento observado en el precio de muchos granos básicos, frutas, legumbres, hortalizas y cárnicos se explica en buena medida por las tremendas imperfecciones del mercado de comercialización de estos productos y en especial a la existencia de grandes y poderosas empresas, que debido a la capacidad económica que tienen actúan como monopolios o bien se ponen de acuerdo entre varias ejerciendo un control oligopolio del mercado en el que operan.

Esta situación, que desde hace mucho tiempo ha existido en nuestro país, se ha manifestado más duramente por el “efecto aparente” del incremento de los alimentos a nivel mundial.

De esta manera, si revisamos los precios al mayoreo de diversos productos que se pueden adquirir en la Central de Abasto y los comparamos con los que se pueden encontrar en la diferentes tiendas de autoservicio como Wall Mart, Chedraui, Comercial Mexicana o Soriana, nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos existen diferencias que pueden ser hasta de 500%.

Así, por ejemplo, se observa que mientras que el maíz blanco, el frijol, la zanahoria y el pollo entero se cotizaron la semana pasada en la Central de Abasto del DF en 3.40, 7.60, 2.86 y 7.60 pesos por kilogramo, respectivamente, en las principales tiendas de autoservicio del DF y de la zona metropolitana, sus precios por kilogramo se ubicaron en 16.69, 18.00, 9.99 y 26.0 pesos por kilogramo; lo que significa una diferencia de 390.8%, 136.84%, 249.30%, 242.1%, respectivamente.

Por ello, es preciso que el Senado de la República apruebe la iniciativa de Ley de Precios Competitivos (el texto íntegro de tal iniciativa puede consultarse en: http://secretariadelahaciendapublica.blogspot.com/2006/11/ley-de-precios-competitivos.html) que a finales de noviembre de 2006 Andrés Manuel López Obrador envió a los senadores del Frente Amplio Progresista.

Conviene recordar que dicha ley no persigue retornar a las políticas de “fijación o control de precios” sino más bien busca el combate a las prácticas monopólicas u oligopólicas en su manifestación en “precios exagerados” en la economía.

Para ello, la Ley de Precios Competitivos busca el establecimiento de una Comisión de Precios que estaría analizando con base en diversos indicadores, como índices de precios, costos, etc., el nivel que deben tener los precios al público, y cuando esta Comisión determinara que existen elementos suficientes para determinar que el precio de un bien o servicio es “exagerado” se tomarían las medidas conducentes.

Finalmente, conviene mencionar que la Comisión de Precios no estaría suplantando o duplicando las funciones de la Comisión Federal de Competencia, ya que mientras la primera combatiría la existencia de prácticas monopólicas u oligopólicas por sus efectos, la segunda continuaría combatiendo las prácticas monopólicas u oligopólicas por sus causas, es decir, por la concentración del mercado o la dominancia.

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CARTERISTAS DE CUELLO BLANCO
por Laura Itzel Castillo
secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicado en El Gráfico el 30 de enero de 2008)

Los efectos antipopulares de la política mercantil en materia habitacional se agravan día con día en todo el país. Hace poco salió de la cárcel el primer preso político del Infonavit. Me refiero al luchador social Juan Murguía, de Ciudad Obregón, quien permaneció tras las rejas 49 días por orden directa de dicho instituto. Para pedir su liberación, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) se movilizó en 12 entidades de la República.

Llama la atención que a últimas fechas hasta funcionarios municipales tengan que intervenir directamente para defender a los derechohabientes.

El mes pasado fui invitada a Monclova por el regidor Leonardo Rodríguez, quien encabeza una lucha en defensa de los acreditados del Infonavit que padecen la intimidación de las administradoras de cartera y de los despachos jurídicos contratados especialmente para amedrentar a los trabajadores.

A convocatoria de Leonardo Rodríguez y del ingeniero Luis Fernando Galaz, se reunieron más de 250 afectados, los cuales denunciaron a los despachos IBCE, Acser y Muñoz y Asociados, que han amenazado a las familias con supuestas notificaciones de desalojo para despojarlas de su vivienda. Con ello se pretende extorsionar a la gente mediante la cobranza, haciéndose pasar por juzgados, con lo que se configuraría el delito de usurpación de funciones.

A principios de enero, el presidente municipal de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez, encabezó una marcha de más de 2 mil personas contra la venta de cartera vencida que realizó Víctor Manuel Borrás, director general del Infonavit, a Capmark y Scrap II, mediante un proceso amañado, donde se presume corrupción y manejo privilegiado de información, entre otras cosas.

Por ello, el CDV realizó una auditoría ciudadana y presentó un amparo contra la destrucción de los archivos de dicha venta. Ahora podemos aseverar que hubo graves irregularidades que ameritan acciones penales. Por ejemplo, en 2006, el Infonavit favoreció con la venta de dicha cartera y fuera de subasta pública a la empresa Scrap II, cuyo actual presidente, Enrique Colliard, fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del Fobaproa. Este personaje pagó al Infonavit con un cheque de caja de mil 173 millones de pesos el mismo día que la firma se constituyó, y varios meses después de que se publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo tanto, la empresa no estaba dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el día en que le fue adjudicada la cartera. De ahí que quienes realizan este tipo de transacciones respondan a la categoría de carteristas de cuello blanco.

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