Divorcio, por Alejandro Encinas

Ciudad de México, 15 de febrero de 2009

Servicio informativo núm. 627

Sumario:

I. Divorcio, por Alejandro Encinas

II. Ante catarrito de Calderón, la propuesta del CDV, por Laura Itzel Castillo

III. ¿Cuál es la catástrofe?, por José Agustín Ortiz Pinchetti

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DIVORCIO
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 14 de febrero de 2009)

Una función fundamental de los partidos es la disputa legítima por el poder político a través de la competencia electoral. En ella todos los partidos se encuentran inmersos y buscan mantener y ampliar su electorado.

La lógica electoral y la búsqueda de mayores posiciones han copado los rincones del trabajo partidario, al extremo que todos, sin excepción y con una gran dosis de pragmatismo, plantean la necesidad de “moverse al centro”, diluyendo su discurso y por tanto las diferencias entre los proyectos que cada uno dice representar.

Son muchos los ejemplos: en 2006, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de bajar los precios de luz, gas, gasolinas y de ampliar los apoyos para adultos mayores, antes satanizadas como populistas, fue retomada por los candidatos del PRI y del PAN, o el caso reciente de la campaña oficial del PRD con relación a la reforma energética, que sostiene que “jugamos en equipo con los demás partidos” y que “la receta es de todos los partidos, pero la mayoría de los ingredientes los puso el PRD”, con la que se mantiene la lerda idea de que “cogobernamos desde el Congreso” y, en consecuencia, se es copartícipe de las políticas que han llevado al colapso de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de las políticas económicas. Esto, además de crear confusión, desalienta al elector para quien todos son lo mismo.

Así, los partidos se empantanan en un discurso que olvida, como sostiene Arnoldo Martínez Verdugo, que “el centro político es la gobernabilidad, mientras el centro ideológico es el pantano”.

Algo similar sucede con los gobiernos locales, que en su mayoría, buscando su continuidad, privilegian mantenerse en el poder por encima de impulsar transformaciones que pudieran afectar los intereses de los grupos beneficiarios del estatus vigente. Así vemos cómo muchos gobiernos locales y municipales, incluso de la izquierda, asumen posiciones conservadoras, administran y palian la crisis, cuando no viven el embeleso de un poder efímero.

En tanto, la sociedad permanece ajena a estas dinámicas y demanda definiciones y respuestas fuertes, lo que da cuenta del profundo divorcio entre los partidos políticos, sus gobiernos y la sociedad.

La actual campaña electoral abre la posibilidad de impulsar nuevos paradigmas y alternativas. La izquierda no necesita más diagnósticos o explicaciones; requiere diferenciarse con claridad, tomar iniciativas, impulsar cambios que permitan rescatar al país desde la raíz de su vida comunitaria, vinculando la acción de los partidos con la autoridad local y los movimientos sociales, y desde ahí definir las agendas en el Parlamento.

Se requiere del replanteamiento de las políticas hasta ahora seguidas; de nuevas alianzas y formas de participación en la comunidad y el territorio en que se insertan; de una nueva relación entre autoridades locales y movimientos sociales desde el territorio.

La crisis obliga a adaptarse a la nueva situación y el territorio es un nuevo protagonista en la creación del nuevo paradigma, no sólo para enfrentar la crisis y promover el desarrollo de la economía local, sino para un ejercicio democrático distinto, que admita el desarrollo de comunidades fuertes, articuladas con los poderes locales, que permitan la democratización de la vida pública y el desarrollo de una cultura que aliente la vida comunitaria, y que reconozca su diversidad y refuerce las acciones por el bien vivir y la redistribución del ingreso.

Asistimos a un nuevo proceso electoral. No es posible reproducir la percepción de que todos somos lo mismo. Esta es una oportunidad para ofrecer al elector una opción que motive su participación y supere el divorcio con la sociedad, cultivando un electorado maduro y con memoria.

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ANTE CATARRITO DE CALDERÓN, LA PROPUESTA DEL CDV
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicado en El Gráfico el 11 de febrero de 2009)

Cada día que pasa son más las voces de diversos personajes que pronostican un panorama muy difícil para México en los meses venideros. En realidad la crisis en nuestro país ha existido desde hace tres décadas, pues la economía no ha crecido. Lo más grave es que Felipe Calderón sigue insistiendo en curar este mal —al que inicialmente llamó catarrito— con remedios espurios.

Ayer, se anunció que presentaría al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley del Infonavit. Por los datos que publicaron algunos medios de comunicación, se puede advertir que se trata de propuestas que no representan una alternativa real para los cientos de miles de trabajadores que tienen algún problema de crédito, a consecuencia de los altos montos que les cobran o porque han perdido el empleo.

Desde el 18 de junio de 2007, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) presentó al Frente Amplio Progresista (FAP) una iniciativa para modificar por completo la Ley del Infonavit, cuyo eje central establece claramente el orden público de la ley, es decir rescata el carácter público del instituto. Basta decir que el Infonavit es el único organismo público descentralizado que no es fiscalizado por nadie y que maneja un presupuesto de miles de millones de pesos de aportaciones de los trabajadores, ¡vaya Estado de excepción! Hasta los fideicomisos privados tienen la posibilidad de ser auditados.

La propuesta del CDV pretende reivindicar la obligación del instituto de proveer de viviendas dignas a los trabajadores, frente a los llamados “pies de casa” que acaban siendo “dedo de casa”, “uña de casa” y hasta “mugre de casa” con dimensiones menores a los 20 metros cuadrados.

El CDV propone también que las actividades de la dependencia se sujeten a una política de desarrollo urbano sustentable, debido a que por todo el país el Infonavit ha contribuido a la depredación del medio ambiente.

La iniciativa exige que las aportaciones de los trabajadores se destinen al servicio público de previsión social, con el propósito de garantizarles crédito barato y suficiente para la adquisición de viviendas adecuadas, como lo marca la Constitución. Entre otros criterios destaca el que los préstamos se den en pesos y no en veces salarios mínimos, pues esta última opción ocasiona que las deudas crezcan sin control.

La propuesta del CDV busca eliminar la llamada bursatilización de los fondos de los trabajadores, es decir, que no se coloquen en la Bolsa de Valores bajo el pretexto de ser aprobados por organismos internacionales como un ente “financieramente sano”.

Desde este espacio hacemos un llamado a los legisladores federales a no caer en el engaño de Calderón y a retomar la iniciativa del CDV, que sí va al fondo del problema.

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¿CUÁL ES LA CATÁSTROFE?
por José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 15 de febrero de 2009)

Buena semana para la Unión Nacional de Catastrofistas y Similares (UNACE). El discurso del ingeniero Carlos Slim en un foro estratégico provocó una reacción un poco histérica de Calderón, su equipo y su partido. Slim dijo unas cuantas verdades: el actual proyecto de política económica no ha podido hacer crecer al país. Nuestro crecimiento es peor que mediocre. Requerimos una visión del desarrollo de la nación de amplio consenso. La recesión causará la caída del empleo (ya se está derrumbando) quiebras de muchas empresas pequeñas, medianas y grandes (ya empezaron). Hay que rediseñar el sistema financiero, reorientar la economía al mercado interno, proteger el empleo, el salario, el campo y las empresas pequeñas y medianas.

Estas verdades no han sido refutadas con datos duros (como dirían los elegantes), sino con diatribas. Con la exigencia de que mantengamos el “optimismo”. Nada más odioso que la verdad para un régimen asentado en el fraude, la impunidad y la mentira repetida millones de veces por los medios electrónicos para adormecer a la población. El disimulo y la simulación denunciados por Manuel Gómez Morín para justificar la fundación del PAN son la divisa de sus sucesores que administran la descomposición final del régimen priísta que ahora pretende ser heredero de sí mismo, gracias a la debilidad y perversidad del blanquiazul.

Jóvenes politólogos de la Universidad de Cultura China de Taipei, Taiwán, me preguntaron cuál era el peor de los males de México: ¿por qué las cosas estaban cada vez peor, el país había dejado de crecer?; la riqueza y las oportunidades están más concentradas; la violencia crece cada día, y por qué nuestra democracia es un fracaso.

La respuesta para mí es obvia: la corrupción ancestral de México ha prendido con más fuerza que nunca como una enfermedad que revive y agrede. La corrupción, es decir, el uso de las instituciones y los recursos públicos para el enriquecimiento privado y para el engaño colectivo, ha debilitado y desarticulado los mecanismos del Estado en forma gradual, a pesar de que suscita críticas, sermones, retórica, caricaturas y un río de tinta no se detiene. Camina sin prisa ni pausa desquiciando el armazón institucional, quebrantando nuestros juicios; avanzando maligna para aumentar la desigualdad; abriendo el campo al crimen organizado; volviendo inoperantes las decisiones de política económica; alimentando una violencia sangrienta, disolviendo el tejido social. En el fondo intuimos que la corrupción es la causa de nuestros males, pero no lo aceptamos como un síntoma fatal; incluso a veces respondemos con “un optimismo trágicamente irreal”.

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