Saldos del modelo al descubierto, por Luis Linares Zapata

Ciudad de México, 6 de mayo de 2009

Servicio informativo núm. 686

Sumario:

I. Saldos del modelo al descubierto, por Luis Linares Zapata

II. La Gloria, o el infierno, por Miguel Ángel Granados Chapa

III. El decreto de Calderón, por Laura Itzel Castillo

IV. Decreto inconstitucional, por John M. Ackerman

-------------------------

SALDOS DEL MODELO AL DESCUBIERTO

por Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 6 de mayo de 2009)

La presencia del oficialismo en los medios de comunicación masiva ha sido, simplemente, apabullante: juzgaron que una pandemia en ciernes no sólo la justificaba, sino que era indispensable. La ciudadanía guardará el concomitante recelo por el exceso y la creciente manipulación. Pero la sociedad ha tolerado, a pie firme, la terrible andanada difusiva de las acciones emprendidas, pues, al menos en un inicio, fueron valoradas como necesarias. Una enorme dosis de miedo ante lo desconocido inundó pechos, conciencias, calles, hogares, plazas y sitios de trabajo. Y el miedo también quedó como sustrato del sálvese el que pueda. Adjunto al proceso, etiología y vicisitudes de la originalmente llamada fiebre porcina (hoy humana o A/H1N1) se fueron sembrando dudas, confusiones numéricas varias, análisis independientes disonantes, críticas rabiosas contra disidentes, fantásticas suposiciones, así como los infaltables apoyos personalizados de los difusores orgánicos de los medios y del gobierno. Pero, al mismo tiempo, se gestaban los antivirus sociales: la resistencia al autoritarismo desatado, la búsqueda de información precisa, cuantificada, consecuente y creíble, así como revisiones de hechos y actuaciones del gobierno federal en el pasado.

La emergencia fue real, no cabe la menor duda ni se ningunea el riesgo inicial. La lentitud para la detección del peligro fue tardía, sin alegato que valga para disculparla. Se estaba frente a una cepa mutante desconocida y la literatura de la infectología, que circulaba por el mundillo especializado, apuntaba, con creciente urgencia, hacia una feroz pandemia de inminente surgimiento. La reacción del gobierno, aun con su escasa información y previsiones, fue drástica y se prendieron las alarmas, tanto en organismos mundiales (OMS) como en los centros de salud y poder de los países. Días después, el panorama quedó despejado. La naturaleza del virus de origen porcino resultó benigna y la infección se controlaba con los retrovirales existentes.

Las imágenes fantasmagóricas, azuzadas por reportes de plagas bubónicas, pestes negras y catástrofes pasadas, con sus cientos de miles (quizá millones) de infectados implorando ayuda en las calles desiertas o en las afueras de los sitiados hospitales y clínicas, se fueron esfumando con los días. No habría muertos insepultos diseminados por los barrios o pequeñas caravanas de creyentes rezando por sus familiares muertos a la vera de humeantes caminos. Tampoco se verían escenas de violencia reprimidas con bayonetas ante la desesperación y el pánico masivo. Todo se apaciguó tan de súbito como se prendieron las aullantes alarmas mediáticas y las sirenas de las ambulancias, en este caso innecesarias. Los capitalinos se fueron, a pesar de todo y en carretadas, a caleta y caletilla (Aca, Gerrero) y ahí se dieron prolongados baños de asiento colectivos ignorando el peligro al contagio. La clase media acomodada (con su egoísta autosuficiencia a cuestas) se refugió, cómodamente, en sus acostumbrados lugares de descanso en espera de tiempos mejores. Las capas de urbanitas, incapaces de fondear algún tipo de retiro, permanecieron, con sus limitadas facilidades de desahogo, sin mitigar los miedos ya bien injertados en el cuerpo social. Los marginados fueron, como casi siempre, los que quedaron al final de la cola. A ellos les pegó el coletazo de la epidemia, agravada por el inclemente e injusto (al menos para ellos) oficial cierre de llave a sus ya muy precarios recursos de sobrevivencia. El cuadro, entonces, estaba puesto para las pretensiones gubernamentales de aparecer en control de la situación y para su aprovechamiento electoral y de imagen.

Así, la situación se fue clarificando en sus variadas vertientes. Una de ellas de la cual partir es trágica: los únicos muertos de la llamada pandemia fueron connacionales. Y, lo concomitante: el sistema de salud mexicano quedó al descubierto en toda su precaria y hasta criminal existencia. El IMSS y el ISSSTE, columnas del sistema, y como desde hace ya años, incapaces de responder a una emergencia realmente masiva. Las instalaciones hospitalarias públicas mal surtidas de medicamentos, sin toallas suficientes, sábanas raídas y subatendidas por un personal mermado en número, capacitación y sin equipo ni vestimenta adecuados. Los equipos de diagnóstico, sobrepasados, acentuaron su inutilidad para detectar sucesos distintos, fenómenos desconocidos. Pero, y en especial en estos casos de epidemias, enlazados con deficientes procesos informáticos. Los planes elaborados con anterioridad resultaron sin consistencia alguna con la práctica cotidiana. Las inversiones en instalaciones y equipo, como puede fácilmente observarse en la crítica especializada (ver Di Costanzo, La Jornada, 3/5/09, p. 28) reducida a su mínima expresión.

La indolencia de los tomadores de decisión, que corre al parejo de su escasa preparación, ha salido a relucir en la misma Secretaría de Salud (ver currícula del secretario y, sobre todo, de la subsecretaria recién nombrada) sin olvidar a los directivos del IMSS o del ISSSTE (¿qué pasó con el DIF?, por cierto). Todos estos elementos son productos señeros de la incapacidad del panismo para gobernar o de su partidista visión de grupúsculo. Desde el año 2000, la OMS emitió consejos e instrucciones para que se redoblaran esfuerzos en el sector ante pandemias por venir. El panismo los ha desoído y continuó con el desmantelamiento de laboratorios, empresas de antígenos y vacunas y confinó a los otrora eminentes centros de investigación a su mínima expresión, proceso que iniciara, por cierto, el priísmo neoliberal decadente. De lo que presume el panismo, el Seguro Popular, es un adefesio que se monta sobre la precaria infraestructura que se tiene y no ha desplegado una nueva, a pesar de los recursos que se le asignan. Con estos terribles saldos del modelo productivo y de gobierno se apareció el virus porcino. Afortunadamente, esta vez al menos, no fue lo mortal que se esperaba.

---------------------

LA GLORIA, O EL INFIERNO

por Miguel Ángel Granados Chapa

(publicado en Reforma el 5 de mayo de 2009)

El primer caso confirmado de influenza porcina fue el de Édgar Hernández, un niño de cuatro años que vive —porque sobrevivió al ataque del virus— en La Gloria. Hace un mes exactamente, el primero de abril, presentó síntomas parecidos a los de una infección respiratoria aguda que en las semanas recientes había afectado a sus vecinos del propio poblado perteneciente al municipio de Perote, en Veracruz. Al día siguiente, la empresa verificadora Veratect reportó desde ese mismo lugar, a la Organización Panamericana de la Salud la aparición de un virus desconocido que después sería identificado como el de esa enfermedad que ha adquirido ya el rango de pandemia.

Aunque pocos días después, el cuatro de abril, se produjo en Oaxaca el que resultó ser el segundo caso confirmado de influenza porcina en México, en la persona de una empleada del SAT que falleció, varias indicaciones apuntan a que fue La Gloria el lugar donde el virus de esa nueva modalidad de la gripe pasó de animales a seres humanos. Uno de esos indicios es el funcionamiento en La Gloria misma, y en otras comunidades próximas, de la empresa Granjas Carroll de México.

Notablemente, el doctor Miguel Ángel Lezana, director general de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades de la Secretaría de Salud (uno de los dos voceros designados el martes por el secretario Córdova Villalobos) no reparó en esa proximidad al aventurar una explicación de por qué habría surgido en La Gloria el virus que tanto estremece a los mexicanos. Dijo que la zona es expulsora de migrantes que vuelven a su lugar de origen en la Semana Santa, y que en ese mismo lapso hubo quienes vacacionaron en la comarca, y que unos y otros podrían haber llevado consigo el virus. Y aun conjeturó que el clima podría ser la causa del surgimiento del mal. (Por cierto que Lezana ha adquirido relevancia internacional porque dijo al diario español El País que no usa cubrebocas porque es ineficaz, pero que se ha repartido por millones a “la gente” por que así se siente más segura).

El brote de neumonía, o de una infección respiratoria semejante afectó en marzo a unas cuatrocientas personas (un número altísimo teniendo en cuenta que en La Gloria viven tres mil habitantes) y causó la muerte de dos niños. Ése es otro indicador de que probablemente allí se gestó la malandanza que ahora nos afecta de tantos modos. Y es que, según algunos lugareños, la comarca está inficionada por la operación de la empresa Granjas Carroll de México, SA,, que es propietaria de 16 establecimientos ubicados en municipios de Veracruz y Puebla, en comunidades como La Gloria misma, Xaltepec, El Águila, Achichica, Chichicuautla, Maravillas, etcétera.

Carroll es una marca muy conocida en el mercado de carne de cerdo en los Estados Unidos, recientemente adquirida por Smithfield Foods, una empresa que toma su nombre de ese condado en Virginia. Como ha sucedido en otras industrias, las dificultades crecientes de Smithfields para operar en aquel estado de la Unión Americana la condujo a buscar un socio mexicano para ampliar sus actividades. En los condados de Wight, Sussex y Southampton ha tenido que pagar altas indemnizaciones a comunidades afectadas por el abuso del agua o el manejo de sus desechos industriales. De modo que le vino bien asociarse con Agroindustrias Unidas de México, SA de CV, esta empresa, de larga trayectoria en ese sector de la economía nacional (comenzó en 1948 en el mercado algodonero, y hoy se mueve intensamente en el de café, cacao y otros granos) tiene al parecer buenas relaciones políticas. Al menos queda el registro de que aportó medio millón de pesos, en octubre pasado, a una de las iniciativas propagandísticas del gobernador de Veracruz, la que se llama Fidelidad forestal.

De la asociación de Smithfields y Aumsa surgió Granjas Carroll, que a partir de los 56 mil vientres que cría y procesa en sus fincas produce un millón de kilos de carne de cerdo, la décima parte del consumo mexicano.

Ubicaron en el municipio de Perote su centro de operaciones y resistieron la presión de los pobladores contrarios a sus procedimientos de fabricación, especialmente las “lagunas de oxidación”, una suerte de enormes bateas con fondo de arcilla donde se depositan los detritus de la piara que crece en cada granja. La exposición al aire del excremento porcino lo elimina, aunque genera un hedor que molesta a los vecinos y, más gravemente aun, libera gérmenes que no pocos habitantes de La Gloria consideran dañinos para la salud.

Para protestar por eso, vecinos de esa localidad pretendieron el retiro de algunas granjas o que se sometieran a la legislación ambiental. Se movilizaron más de una vez, entorpecieron (que no interrumpieron) el tránsito entre Achichica y Perote y pretendieron comprobar el mal manejo, amontonados en carretillas, de cerdos muertos por enfermedad o aplastados por riñas en las zahúrdas. En connivencia (seguramente unidos en el propósito de asegurar las fuentes de trabajo en el estado, objetivo digno de seguimiento si se completara con la adjetivación de que respeten la ley) la empresa y las autoridades iniciaron en 2006 una persecución contra los líderes de quienes protestan.

Uno de ellos, Guadalupe Serrano, fue detenido con engaños de la autoridad municipal de Perote y está sometido a proceso por ataques a las vías generales de comunicación. En cambio, la Profepa permite a Granjas Carroll que se practique voluntariamente su auditoría ambiental.

------------------------

EL DECRETO DE CALDERÓN

por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gonierno legítimo de México

El artículo 73, fracción XVI, base 2 A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice textualmente: “En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República”.

El diccionario Larousse define indispensable como lo que es absolutamente necesario, lo que no se puede dispensar ni excusar. Sin embargo, el pasado 25 de abril, Felipe Calderón emitió un decreto con base en este artículo constitucional que, según el especialista René Sánchez Galindo, se presta a imprecisiones.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se utilizan frases como “cuando lo estime pertinente”, “acciones que resulten necesarias”, “actividades que estime necesarias”, “medidas atingentes” o “actividades dirigidas al control y combate”, sin que se defina con precisión lo que son las medidas indispensables. Con esto se le otorga una mayor facultad al secretario de Salud que las propias conferidas en nuestra Carta Magna, con lo que se pueden cometer, sin duda, abusos.

Es de preocupar que el decreto autorice el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia, pero en ninguna parte encontramos de nueva cuenta el término indispensable.

En estados como Oaxaca o Puebla, seguramente se vuelven más riesgosas que el virus AH1N1 las acciones que a nombre de éste se ejercen para violar las garantías individuales de la población.

Frente a la polarización política existente, un fantasma recorre el país: el de la incertidumbre. Naomi Klein, investigadora norteamericana, autora del libro La doctrina del shock, analiza cómo, posterior a los momentos de mayor crisis, es posible imponer las mayores restricciones a la población y encontrar la menor resistencia. Resulta altamente simbólica la imagen del ejército repartiendo tapabocas frente al Palacio de Bellas Artes, la noche del 25 de abril.

--------------------

DECRETO INCONSTITUCIONAL

por John M. Ackerman

El sábado 24 de abril, el Ejecutivo pasó por encima de la Constitución al declarar unilateralmente un estado de excepción. Si bien las medidas que Calderón ha tomado para combatir la epidemia están plenamente justificadas, la forma en que éstas han sido implementadas implica un flagrante agravio al estado de derecho. Al negarse a conseguir la autorización del Congreso de la Unión o fijar una fecha límite para sus poderes extraordinarios, el Presidente ratifica una vez más sus propensiones dictatoriales.

El decreto presidencial violenta las garantías de libre tránsito y libre asociación, así como nuestros derechos a la privacidad y el respeto de la propiedad. Autoriza a la Secretaría de Salud la inspección de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes, así como de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos. Asimismo, permite el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia. También otorga facultades al gobierno para evitar las congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión.

El decreto permite a José Ángel Córdova Villalobos contravenir el artículo 16 constitucional, que a la letra señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esta salvaguarda constitucional es esencial para evitar el abuso de autoridad. Una situación en la que el gobierno pueda ingresar a nuestras casas, interrumpir nuestras reuniones o detenernos en las calles cuando se le antoje, convirtiendo a la totalidad de los ciudadanos en presuntos implicados en algún crimen, nos acercaría claramente a un sistema autoritario.

En el caso de la actual epidemia y en aras de proteger al bien público se justifica la suspensión temporal de algunas garantías. Sin embargo, habría que tener sumo cuidado en que la autoridad no convierta la actual emergencia en un burdo pretexto para consolidar su poder y erosionar los cimientos de la democracia.

George W. Bush, experto en este tipo de ejercicios, utilizó el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 como excusa para fortalecer los poderes de la presidencia y violentar los derechos básicos de propios y extraños. En América Latina también ha sido práctica común utilizar los estados de emergencia para justificar actos abiertamente autoritarios. Alberto Fujimori, en Perú, fue ampliamente conocido por este tipo de acciones, incluyendo la clausura del Congreso de su país.

Atento a estos peligros, los redactores de nuestra Constitución impusieron un par de candados muy sencillos para atender situaciones como la actual. El artículo 29 señala que para poder suspender garantías, el Presidente de la República obligatoriamente debe contar con la aprobación del Congreso y que el estado de excepción tiene que ser únicamente por un tiempo limitado. Calderón violó la Constitución al negarse a cumplir ambos requisitos.

El gobierno busca escudarse en el texto del artículo 73, fracción XVI, bases primera a cuarta de la Carta Magna, que señala a la letra que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. Pero este texto no hace ninguna mención de la suspensión de garantías constitucionales. Una cosa es tomar medidas preventivas como informar al público sobre alguna enfermedad o cerrar escuelas. Es otra cosa completamente irrumpir en la intimidad de nuestros hogares, detener arbitrariamente a ciudadanos y prohibir reuniones públicas.

Asimismo, habría que recordar que el artículo 73 de la Constitución enumera las facultades del Congreso de la Unión, no de la Presidencia de la República. Resultaría sumamente contradictorio y paradójico, para decir lo menos, que el constituyente permanente hubiera elegido precisamente este artículo como el lugar para hacer a un lado al mismo Congreso en un tema tan delicado como la protección de nuestros derechos fundamentales. De ninguna manera podemos interpretar estos párrafos del artículo 73 como una forma para darle la vuelta a los candados incluidos en el artículo 29 mencionados arriba.

Calderón no hubiera tenido ningún problema en conseguir la autorización de los diputados y los senadores para sus medidas de emergencia. El Congreso se encontraba todavía dentro de su periodo ordinario y la clase política en general ha demostrado una gran altura y unidad en su respuesta ante la emergencia sanitaria.

La participación del Congreso hubiera sido muy benéfica, ya que habría dejado que nuestros representantes populares fueran corresponsables de la respuesta del Estado Mexicano a la crisis. Además, le habría dejado claro al Presidente que cualquier abuso del estado de emergencia sería severamente castigado. Pero en lugar de seguir las disposiciones constitucionales, Calderón decidió irse por la libre y de paso abrió un boquete más en nuestro lastimado estado de derecho.

---------------------------------------

EL USO DE ESTE SERVICIO DE NOTICIAS ES ABSOLUTAMENTE GRATUITO Y AMPLIAMENTE PERMITIDO. PEDIMOS SOLAMENTE QUE EN TODOS LOS CASOS SE CITE A Servicio de Noticias ISA COMO LA FUENTE INFORMATIVA ORIGINAL Y NOS REPORTEN A NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS SU UTILIZACIÓN A FIN DE PODER EVALUAR EL ALCANCE DE ESTE ESFUERZO INFORMATIVO.