Ciudad de México, 20 de mayo de 2009
Servicio informativo núm. 691
Sumario:
I. Tormentas del sistema, por Luis Linares Zapata
II. Salvemos a la gente, más que a las finanzas públicas, por Mario Di Costanzo Armenta
III. La iniciativa no aprobada, por Laura Itzel Castillo
IV. Recuento de daños, por José Agustín Ortiz Piinchetti
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TORMENTAS DEL SISTEMA
por Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 20 de mayo de 2009)
El sistema político, económico y social que rige la vida organizada en México, además de su visible decrepitud, es por completo disfuncional y hasta peligroso para la paz colectiva. Cualquier vientecillo en contra puede derribarlo. Las propias tormentas, pasadas y actuales, lo han erosionado a tal grado que su deterioro sólo pasa desapercibido para los incautos o para aquellos que se benefician de él. Quienes lo dirigen, sus elites respectivas, incluidas las religiosas (la jerarquía católica al menos) y varios de sus integrantes culturales, no quieren cejar en su empeño de mantenerlo con respiración artificial, aun a costa de su mayúscula injusticia. El costo de su prolongación pasa íntegro a las capas más desprotegidas de la sociedad, al tiempo que hipoteca el futuro de todos.
Los recientes escándalos generados por un libelo traído de Argentina y los exabruptos de un ex presidente con crisis de conciencia, auxiliados por los intentos de la cúpula priista por cauterizar sus efectos, causaron rachas huracanadas entre las burocracias partidistas, en interesadas capas de comentaristas de medios electrónicos con sus respectivas audiencias (bastante mermadas también), algunos académicos conscientes y aquellos, más ilustrados, lectores asiduos de diarios escritos. Los segmentos populares y masivos de la población del país, ensartados en la lucha por la sobrevivencia y en medio de la catástrofe económica que se les coagula encima, apenas han podido registrar alguno de sus detalles más grotescos o chuscos. No por eso dejarán, tirios, norteños o mazatecos, de padecer sus consecuencias, muchas veces fraguadas y ejecutadas contra su bienestar. Los favorecidos de siempre retozan alegres en sus yates de cincuenta metros de largo, revolotean las ciudades en sus helicópteros o se reúnen en cenáculos para discernir (sólo a veces) cómo minimizar el escándalo propio o cómo acrecentar el que afecta a los rivales y salir ilesos del sainete.
Más para allá de los avatares difusivos, poco queda si se quiere recomponer el sistema establecido. Éste sigue su ruta inevitable hacia su propia consumación. No hay, en efecto, algún mecanismo, institución o actor principal que, desde su interior, pueda aliviarlo, menos aún introducir los antídotos que este sistema solicita para su correcto desenvolvimiento. Partidos, funcionarios de nivel dorado, empresarios adheridos al usufructo de los haberes públicos, obispos atentos a Roma y sus canonjías, analistas orgánicos a los medios electrónicos, legisladores bien o mal intencionados, jueces comunes, magistrados de birrete y concesionarios radiotelevisivos, elite cómplice al fin, sólo desean una pequeña vuelta de tuerca, la introducción de un paliativo momentáneo o la excusa en forma de justificante de buena conducta, aunque ésta sea aparente, para salir airosos del atolladero momentáneo. Una vez conseguido cierto olvido popular o, al menos, bajos decibeles del vendaval crítico, se volverá —esperan— a la usanza cotidiana de sus lucrativos asuntos. Nadie de los conjurados de arriba saldrá herido, si acaso algunos moretones faciales, menos aún perderán la libertad o quedarán bajo investigación judicial. La impunidad es la mezcla que amalgama al conjunto, casi armónico, de complicidades que rige en las alturas decisorias. El castigo sólo se endereza y dirige hacia los de abajo y hacia las desviaciones grotescas de ciertos criminales que rondan en el entorno. Los pocos, los que, bien perfumados desayunan juntos para intercambiar ideas (si las tienen) y valores (que no los tienen) entendidos; los que comen en lugares refinados para chismear o hacer negocios; los que se invitan a bodas de hijo(a)s para sellar compromisos o vacacionan en recluidos retiros para compartir placeres; esos continuarán, por tiempo inmemorial, departiendo de similar manera. Unos obtendrán más que otros, otros envidiarán más todavía a otros, pero todos —esperan no sin ansias e inquietos desvelos— seguirán gozando de lo mucho que hay para repartirse. Aunque no falta alguno que quiera quedarse con todo.
Pero el avance de la crisis económica no parece obedecer a los designios de continuidad de las elites. Tampoco respeta o hace exclusivo el daño. La caída en picada es cierta y dolorosa, asfixiante, mortal para muchos. No podrá ya valer la insistente excusa de su proveniencia externa para mitigar heridas, preservar imagen o para rebajar las furias. Ésta es una crisis que no pasará simplemente porque la minimicen o ignoren en la televisión o la radio, porque la intente disfrazar el discurso del oficialismo. Esta crisis es la que ocasionó la elite nacional en su desventurada carrera al precipicio. Los resultados ya empiezan a cuantificarse en desempleados, en enfermos, en muertos a causa de un sistema de salud pulverizado por la corrupción, por una política suicida de contención salarial que destruyó gran parte de las redes protectoras (IMSS, ISSSTE y demás) que defendían, un tanto siquiera, la retórica popular del régimen imperante. El vendaval se lo está llevando todo, hasta las apariencias de tranquilidad, ya muy tiroteadas por lo demás. Una salida queda en pie, aunque muy tambaleante: el voto colectivo que apunte hacia el recambio de actores y de visión con aquellos que no tienen ataduras con las elites y ofrezcan, con bases creíbles, una ruta honesta para una construcción equitativa de futuro.
Tal recambio tendrá que buscarse por fuera de lo establecido. Es posible, y deseable, que la energía, la determinación y el empuje para la transformación se encuentren en las entrañas del pueblo. Que incuben entre aquellos segmentos que, o bien no han participado en el diseño actual del modelo ni en su tramposa operación, o han llegado, después de muchos tropiezos, angustias y penosos avatares, a la conciencia de lo necesaria, indispensable, que es su participación decidida, y organizada, para sustituir lo dañado y encontrar nuevos acomodos donde las mayorías quepan y decidan.
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SALVEMOS A LA GENTE, MÁS QUE A LAS FINANZAS PÚBLICAS
por Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 17 de mayo de 2009)
El viernes 8 de mayo, en medio de la “crisis por la influenza” y con la intención de que pasara desapercibido, Agustín Carstens reconoció que el “catarrito” se convirtió ya en una formal recesión económica y que este fenómeno viene además acompañado por una mayor inflación; es decir, que el incremento en el costo de la vida continuará durante el presente año.
Por ello, la Secretaría de Hacienda consideraba desde ahora tanto para la Ley de Ingresos como para el Presupuesto de 2010 la posibilidad de incrementar impuestos, reducir gasto social y aumentar el endeudamiento público.
En otras palabras, si Felipe Calderón se convirtió en el “salvador de la humanidad” por sus medidas contra la “influenza porcina”, el brillante titular de la Secretaría de Hacienda quiere convertirse en el “salvador de las finanzas públicas”, eso sí, ambos sacrificando a la gente y a su economía.
Así, en vez de pensar en cómo rescatar la economía de la gente sin la necesidad de seguir incrementando el costo de la vida, el titular de Hacienda propone desde ahora más impuestos.
Y vale la pena señalarlo porque si bien es cierto que los ingresos públicos han disminuido por el “catarrito”, también lo es que el gobierno continúa con grandes deficiencias tanto en el gasto público como en la recaudación de impuestos.
Así, por ejemplo, de acuerdo con cifras del Informe de Finanzas Públicas al primer trimestre del presente año, se observa que el llamado gasto corriente representó 77 por ciento del gasto realizado por el gobierno, es decir, que de cada peso que el gobierno gastó, 77 centavos fueron para el gasto corriente.
En este punto cabe señalar que mientras que la recaudación por el impuesto sobre la renta (ISR) y del engendro llamado IETU mostraron una disminución de casi 10 mil millones de pesos, el pago de sueldos en el gobierno se incrementó en 20 mil 750 millones de pesos, lo cual equivale al doble de lo que se perdió en recaudación. Cabe decir que este comportamiento atenta contra “las más elementales prácticas de salud mental”.
Claro que si revisamos el destino del pago de prestaciones que reciben los funcionarios públicos, tan sólo en el primer trimestre del año el “sector hacienda” se gastó un mil 403 millones de pesos por este concepto, y dentro de este rubro se encuentra tanto el seguro de separación individualizado como el seguro de gastos médicos mayores, destinados a funcionarios de muy alto nivel.
Por si esto fuera poco, y contrariamente a lo que había anunciado desde hace mucho tiempo “Felipe el Salvador” de adelantar el gasto público en inversión física, el gobierno registró un subejercicio, es decir, dejó de gastar 7 mil 543 millones de pesos, de los cuales la mitad fueron en inversión física. Así, por ejemplo, de un total de 32 mil millones de pesos aprobado como gasto para construcción, conservación y mantenimiento de carreteras en el Presupuesto de Egresos, al primer trimestre de este año se habían gastado sólo 5 mil 315 millones de pesos, es decir 16 por ciento.
Mas aún: de los 180 mil millones de pesos aprobados en “programas para la superación de la pobreza” (como abasto Diconsa, Oportunidades, Alianza para el campo, etcétera,) se han gastado 32 mil 125 millones de pesos, cifra que representa sólo 17 por ciento del total asignado.
Cabe señalar que esta cantidad resulta inferior a los 4 mil millones de dólares (54 mil millones de pesos) destinados hace unos meses para el rescate de Cementos Mexicanos (Cemex) empresa que muy probablemente durante el presente año “no pagará impuestos”.
Pero hay más: al primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó 122 mil 661 millones de pesos de impuestos con una “baja probabilidad de cobro” debido a juicios contra grandes contribuyentes que seguramente perderá, a lo cual hay que añadir las devoluciones que ha realizado por concepto del ISR, nuevamente a grandes empresas y que ascendieron a 3 mil 875 millones de pesos.
Hay que añadir lo que se dejará de recaudar durante el presente año debido a los “regímenes especiales” que son utilizados por los “grandes holdings” para “eludir impuestos” (como “la depreciación acelerada de activos o el régimen de consolidación fiscal”) y que este año se estima permitirán la elusión aproximada de 60 mil millones de pesos.
Es un hecho que durante los próximos meses Agustín Carstens, “el salvador de las finanzas públicas”, propondrá el establecimiento del IVA a los alimentos y medicinas, junto con incrementos en la tasa del impuesto para depósitos en Efectivo (IDE) y del ya engendro llamado IETU.
Claro que para lograr este propósito deberá contar con el apoyo de los diputados que integren la próxima legislatura y de la composición de ésta dependerá su éxito o fracaso.
Por ello, en sus campañas políticas los actuales candidatos deberían dar pronunciamientos claros y contundentes sobre este tema y otros de índole económica.
Más aún: si los “actos públicos” se encuentran suspendidos, deberían sustituirse por “debates públicos” en universidades, en la televisión, en los periódicos y en las plazas. Deberían tener una amplia difusión en horarios accesibles para la gente, ya que los que promueve el IFE son insuficientes.
Porque a los electores le gustaría saber si de resultar ganadores los actuales candidatos de los partidos políticos optarán por salvar a la gente o preferirán seguir salvando las finanzas públicas.
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LA INICIATIVA NO APROBADA
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicado en El Periódico, http://elperiodicoenlinea.com.mx, el 17 de mayo de 2009)
En los últimos días del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, se intentó aprobar la iniciativa de reforma a la ley del Infonavit, enviada por Felipe Calderón en febrero.
Para el 27 de abril estaba programado un foro de discusión con la participación de Mario di Costanzo, Jaime Cárdenas, Lauro Sol y la que esto escribe, para analizar dos proyectos de iniciativa: el enviado desde Los Pinos y, por otro, el elaborado por el Consejo de Defensa de la Vivienda y el Grupo Patria, integrado por algunos miembros del PRD, PT y Convergencia.
Sin embargo, a causa de la alerta sanitaria decretada por el virus de la influenza, se suspendieron los eventos programados, mas no se cancelaron las cochinadas legislativas.
Sin contar con el quórum requerido, las comisiones unidas de Vivienda y de Hacienda y Crédito Público aprobaron el dictamen de la propuesta de Calderón, desconociendo así el artículo 71 constitucional que otorga el derecho de iniciativa al Poder Legislativo. El diputado priista Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pasó a firma el proyecto sin discusión, omitiendo la propuesta alternativa presentada con el aval de más de 100 diputados y diputadas de diversos grupos parlamentarios.
Ya tenían todo cocinado. El dictamen se encontraba listo para aparecer en el orden del día de la sesión plenaria, para ser votado favorablemente por el PRI y el PAN. Esto a pesar de que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política era que sólo se llevarían al pleno los asuntos consensuados. El PRIAN tramposamente intentaba someter a discusión y votación la reforma.
El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Javier González Garza, y la tabasqueña Mónica Fernández, entre otros, no bajaron la guardia, por lo que finalmente la iniciativa calderonista no fue agendada.
Sabemos que no podemos cantar victoria. Seguramente intentarán aprobarla en un periodo extraordinario de sesiones o en la siguiente legislatura. Lamentablemente, si eso sucede, a los trabajadores no les quedará más que elegir entre “pensión o vivienda”.
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RECUENTO DE DAÑOS
por José Agustín Ortiz Piinchetti, secretario de Relaciones Políticas del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 17 de mayo de 2009)
Las revelaciones contenidas en el libro de Carlos Ahumada y en la magnífica entrevista de Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid han sacudido la atmósfera cortesana de la ciudad de México y después su efecto se ha extendido. ¿Qué significado tendrán al final de cuentas?
El testimonio-confesión de Ahumada confirma lo que sabíamos: Carlos Salinas, exasperado por el posible triunfo de AMLO, consiguió videos que inculpaban a gente del PRD y se los “vendió” a Fox. Salinas instruyó a Televisa para que los divulgara. La novedad: la moneda de pago que recibió Salinas.
Miguel de la Madrid ratifica una certeza pública: Salinas es un delincuente, cómplice de sus hermanos y encubridor del narcotráfico. Su corrupción llegó hasta robarse la mitad de la partida secreta.
Impunidad para que funcione el sistema
Lo interesante del asunto Ahumada: ver cómo opera la mafia, cómo se vinculan, se encubren, se comunican. Inaudito el poder que conserva Salinas. Formidable por cínica la declaración de De la Madrid: la impunidad es indispensable para que funcione el sistema.
¿Quiénes serán más afectados? El PRI, identificado con la cleptocracia. Será difícil que sus electores se traguen su dignidad para votar por ellos. Al PAN-gobierno también le irá mal: están coludidos con los peores priistas. Forman con ellos un cuerpo operativo. Daños a todo el sistema de partidos, a la credibilidad de Televisa y del gobierno. Constatación del naufragio de nuestra democracia.
Lo peor: el desprestigio de la procuración e impartición de justicia. Los graves delitos que trascienden de las revelaciones no han sido ni serán investigados. Fox pudo comprometerse a liberar a Raúl Salinas porque sabía que podía manipular a los jueces. Es seguro que hizo presión sobre los ministros de la Corte para que éstos, a su vez, la hicieran sobre los magistrados que exoneraron a Raúl. He aquí la ruina del estado de derecho.
Al corto plazo las cosas se van a diluir. Sin embargo, estos hechos terribles, acumulados con otros miles, tienen un efecto de erosión sobre el aparato. Tarde o temprano se manifestará.
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