Ciudad de México, 19 de agosto de 2007
Servicio informativo núm. 169
LAS VOCES LEGÍTIMAS
En esta entrega, las voces legítimas seleccionadas por el servicio de noticias ISA son las de: Luis Linares Zapata y José Agustín Ortiz Pinchetti, secretarios de Desarrollo Económico y Ecología, y de Relaciones Políticas del gobierno legítimo, respectivamente, y las de los analistas Alejandro Encinas, Luis Javier Garrido, Miguel Concha y Arturo Alcalde.
De la celebración del X Congreso Nacional del PRD —el primero durante la administración calderonista—, Encinas, Garrido y Ortiz Pinchetti coinciden en señalar que ese organismo político atraviesa un momento de definiciones, las que serían un sinsentido si no se apunta hacia un partido con valores: ética, democracia, tolerancia y pluralidad. Se requiere de acuerdos consensuados que garanticen en los hechos normas de acción consecuentes con el espíritu y vocación de los principios que le dieron origen, actuando con independencia y autonomía del poder público.
La contraparte del análisis la aporta Zapata, quien poda el árbol genealógico de la derecha en México y relata la relación simbiótica que a lo largo de la historia han mantenido el PRI y el PAN en su afán por mantener el “poder por poder”. Piñeyro aborda los matices y ambigüedades con que el gobierno utiliza el término “amenaza a la seguridad nacional”, en aras de crear una artificial imagen de estabilidad y, por ende, de gobernabilidad.
Siguiendo con el tema de las ambigüedades del lenguaje y, en este caso, de la psiquiatría, Concha expone cómo es cobijada la violación de los derechos humanos en Oaxaca bajo sui géneris interpretación de la ley: la de que el gobierno no puede violentar la libertad y soberanía de los estados. Por último, Alcalde reflexiona sobre los recientes conflictos sindicales en los que es notoria la ausencia de un árbitro confiable que resuelva con legalidad e imparcialidad las diferencias. Puntualiza que es tiempo de retomar la propuesta de contar con jueces laborales imparciales fuera del control del Ejecutivo.
Aquí sus voces, sintetizadas bajo la estricta responsabilidad del servicio de noticias ISA.
Alejandro Encinas Rodríguez. Un partido con valores (El Universal). Esta semana el PRD celebrará su décimo Congreso Nacional. En éste se debatirán diversos temas, entre los que, a mi juicio, se plantearán tres definiciones fundamentales:
1. El principal reto de este Congreso es garantizar la unidad del propio partido, y ésta deberá materializarse en el acuerdo que se alcance en la línea política y en las reglas a las que sujetará su vida interna y su práctica política. El PRD debe ratificarse como un partido de la izquierda democrática, cuyo objetivo es la transformación profunda de nuestra sociedad y del sistema político y económico imperante. Un partido con independencia y autonomía del poder público y de los poderes de facto, que tiene como prioridades el combate a la exclusión y la desigualdad social, la democratización política del país y la construcción de un modelo de desarrollo alternativo a las políticas neoliberales. Tiene que capitalizar la fuerza que representan su posicionamiento electoral y los gobiernos que encabeza; asumirse como un partido con vocación de poder, capaz de consolidar la mayoría que conduzca al país.
2. Requiere una profunda renovación y fortalecimiento de su vida interna, por lo que es indispensable desmantelar los mecanismos que han permitido el surgimiento de grupos de interés, que más allá de lo que originalmente se concibió como corrientes de opinión, han traído consigo prácticas clientelares, así como la injerencia de grupos económicos y gobiernos ajenos al partido. Prácticas inherentes al dinero, a la corrupción y a la pérdida de valores democráticos. Para evitar esta regresión, el Congreso Nacional debe fortalecer los mecanismos a través de los cuales sus miembros participan en la vida interna; erradicar la militancia corporativa para dar lugar a la militancia partidaria; fortalecer los mecanismos de elección de dirigentes y candidatos (el voto universal, directo y secreto); garantizar la afiliación individual y no mediante los grupos; impedir la formación de estructuras paralelas, con relaciones políticas y financiamiento propios, y eliminar la intermediación que las corrientes hacen de la vida partidaria, con lo que se desplaza la toma de decisiones fuera del ámbito institucional y se conculcan los derechos de los militantes.
3. En materia de política de alianzas, el PRD debe asumirse como un instrumento para la lucha política y como un medio al servicio de las transformaciones sociales, abrirse al conjunto de la sociedad. Las alianzas son un medio legítimo para generar consensos y posiciones políticas con distintas organizaciones o individuos, y éstas deben fundarse en coincidencias políticas y en programas comunes. Si bien se han obtenido logros electorales y se ha posibilitado la creación del Frente Amplio Progresista, el partido ha mantenido una errática política de alianzas. Poco o nada sirven alianzas que ven al partido como franquicia y concluyen al día siguiente de la elección, o con organizaciones o personajes que dañan la imagen del partido. El PRD debe mantenerse como la columna vertebral del gobierno “legítimo”, de la Convención Nacional Democrática y del Frente Amplio Progresista y, al mismo tiempo, abrir sus alianzas al movimiento social, a la academia, a los intelectuales, a los trabajadores de la cultura, a los jóvenes, a los ciudadanos y organizaciones que participan en espacios afines a nuestras causas y propósitos.
En suma, se requiere un partido que recupere los principios que le dieron origen y se aleje del pragmatismo que rige su práctica política. Que sea contrapunto a la lógica de acumulación y exclusión del actual sistema y que no se limite al despropósito de buscar compensaciones al modelo neoliberal. Un partido con valores: ética, democracia, tolerancia, pluralidad. Con iniciativa en las acciones que promueven la equidad social y de género, el reconocimiento a la diversidad, el respeto a la naturaleza, y con una política de alianzas al servicio de la sociedad, no de la burocracia partidaria.
Luis Javier Garrido. La definición (La Jornada). El décimo Congreso Nacional del PRD, en el primer año de un gobierno panista de facto cuyo único proyecto es ahondar la entrega de los recursos estratégicos del país al capital trasnacional, sin importarle que para alcanzar esos objetivos deba cancelar derechos básicos del pueblo mexicano, en medio de la crisis moral por la que atraviesa la burocracia gobernante, tiene, por lo mismo, una responsabilidad fundamental: la de su definición.
Los poderes fácticos le han dejado muy pocas atribuciones reales a Calderón, y entre ellas, además de la de fungir como figurón en saraos y ceremonias, está la de actuar como jefe de partido o de facción, los que ha empleado estos meses tanto para controlar el aparato de Acción Nacional en manos de la facción foxista de El Yunque, que le es hostil, como para combatir al PRD y sobre todo tratar de aniquilar a AMLO. Y su fracaso no ha hecho más que fortalecer al PRD, que llega a su reunión fortalecido internamente en torno a quien fuera su candidato presidencial, pero en medio de innumerables contradicciones y débil ante la sociedad.
El PRD tiene múltiples y gravísimos defectos y limitaciones, pero éstos no son aquellos que una y otra vez se denuncian en las campañas en los medios, derivadas del pánico de los panistas ante la popularidad de AMLO y el creciente repudio social a Calderón. En consecuencia la obsesión del gobernante de facto por responsabilizarlo del fracaso absoluto que ha tenido al tratar de gobernar de manera espuria al país, y que los locutores de Televisa y de TV Azteca, entre otros, enuncian de continuo, reiterando hasta la saciedad que si no hay acuerdos en las Cámaras ello es responsabilidad del PRD, está, por lo mismo, destinada al fracaso. ¿Por qué iba una formación política a apoyar los programas neoliberales cuando éstos son contrarios a sus tesis?
¿Qué diálogo se puede tener con un individuo que aceptó llegar a la Presidencia por medios ilegales, que no ha hecho otra cosa que acatar órdenes del exterior y cumplir compromisos económicos y políticos con una mafia de empresarios y políticos de tercera?
Los partidos políticos menos deleznables de otros países no han dejado de ser vistos como la expresión de un “mal necesario”, y el PRD no ha sido la excepción. Los defectos del PRD son, sin embargo, aquellos rasgos derivados de la derechización de muchas de sus tesis, de sus cuadros y de sus prácticas, y no como pretende la derecha en el poder los que provienen de su resistencia a adoptar tesis neoliberales. Le vienen de que las corrientes internas lejos de ser espacio para un debate de las ideas aparecen con autonomía financiera y política como grupos de interés, de que muchos dirigentes actúan sin principios éticos, de que la democracia interna no se ha ampliado, de que el partido no ha desarrollado una cultura de respeto por los movimientos sociales y, sobre todo, de que no se ha definido como una organización de izquierda diferente de los corruptos partidos de la socialdemocracia europea: de ser demasiado neoliberal y no poco neoliberal.
El gobierno calderonista, a pesar de su recurso a las amenazas y al dinero, ha fracasado en su obsesión por “dividir al PRD” y lograr que dirigentes perredistas de diversas corrientes, y en especial los de Nueva Izquierda, se alejasen de AMLO y avalasen las políticas del gobierno espurio o simplemente que se tomasen una foto con el gobernante ilegítimo que pudiera ser utilizada como un argumento de que México vive “una normalidad democrática”. La “campaña negra” calderonista contra AMLO parece olvidar que la gran fuerza social del ex candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos reside en el pueblo y no en el PRD, y que no a todos los mexicanos se les puede comprar o confundir.
En las páginas de su libro La mafia nos robó la Presidencia AMLO recuerda que el país necesita de una nueva ética para hacer política y que estamos en un momento de definiciones. Los actuales dirigentes del PRD, que se hallan sin duda en un momento difícil, pueden tener aún un papel fundacional en el México que viene, pero para no ser rebasados por el movimiento social tendrán que aceptar que el momento de las definiciones ha llegado.
José Agustín Ortiz Pinchetti. PRD: muerte y transfiguración (La Jornada). Crisis es una mutación que puede conducir a la muerte, a la quiebra o a la salvación y al triunfo. Una coyuntura radical. El PRD está en crisis, pero puede dar un giro favorable. Está afrontando indicios de descomposición y severas derrotas electorales. Pero tiene una fuerza mayor gracias a haberse montado en la ola de la candidatura presidencial de AMLO.
¿Relación conflictiva con AMLO? No lo creo. Puede decirse que las tribus o corrientes están conflictuadas entre ellas, que dañan al partido y que algunas de ellas resisten el papel protagónico del tabasqueño. Es lícito, como parte de la vida parlamentaria, entrar en negociación con las otras fuerzas. Pero sería un error fatídico reconocer o apoyar al gobierno de Calderón. No sólo es espurio, está vinculado con la irremediable decadencia de un sistema que apenas satisface con plenitud las exigencias de 9% de la población. Calderón no necesita del PRD, le basta con la alianza convenenciera del PRI. AMLO fue recibido con entusiasmo en el congreso perredista ¿Cuál ruptura? No sería justo que el PRD lo traicionara.
Sin recursos organizó al partido en Tabasco. Logró posicionarlo en el sureste. Como su presidente lo sacó de la depresión de 1994 e hizo posible en 1997 el triunfo de Cárdenas en el DF y convirtió al PRD en la segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Su gestión como jefe de Gobierno llevó al partido a las puertas del triunfo en la elección presidencial. AMLO está contribuyendo a la causa progresista en México formando un gran caudal político con el registro de sus simpatizantes. Ni el PRD ni ningún otro partido podrían haber acumulado más de un millón de adherentes en siete meses.
Ciertos grupos del PRD han querido aprovecharse de esta fuerza ciudadana o la han rechazado en forma mezquina; algunos acusan a AMLO de una posición radical. Quien lea con cuidado su discurso del jueves pasado, se dará cuenta que su propuesta no sólo es moderada, sino es todo un programa viable e inteligente de modernización del país. El partido debería impulsarla en lugar de perder su energía en querellas internas.
El partido y AMLO se necesitan. La fuerza obradorista y las estructuras del PRD, del PT y de Convergencia se necesitan. Más que nunca los que apostamos a la confluencia estamos seguros que encontrarán fórmulas para colaborar. El partido del sol azteca debe abandonar la política rapaz del reparto de cuotas y arriesgarse a la conquista del poder por la vía democrática, empezando por la base. En cierta forma el PRD debe morir y transfigurarse en un gran polo progresista que pueda competir con ventaja en las elecciones intermedias de 2009 y ganar la Presidencia en 2012.
Luis Linares Zapata. Malformaciones de la derecha (La Jornada). Para los hombres y mujeres con vocación derechista el arribo a las cumbres del poder público en México se dio de manera casi natural. Una parte de ese contingente lo empolló el PRI. Desde esas posiciones de mando, y por derivación obligada o gentil, ha permeado su influencia hacia otras organizaciones partidarias o civiles. En Acción Nacional, desde su fundación, se han desarrollado a sus anchas. Posteriormente aceptaron en su interior, con entusiasmo no exento de tiranteces, a los llamados bárbaros del norte: empresarios con ambiciones políticas que han trastocado al PAN de las familias tradicionales de abogados. La simiente así concebida les posibilitó, primero, la conquista de gubernaturas y, luego, durante la fase media del extravío priísta, a meterse a Los Pinos.
La derecha empezó su ascenso formal al poder público durante la administración de Luis Echeverría. Prestaron sus conocimientos en los numerosos fideicomisos que este maligno presidente fue creando para paliar ingentes problemas sociales. Durante la presidencia de López Portillo aparecieron en los primeros lugares de los círculos decisorios. La matriz que los parió fue la Secretaría de Hacienda y de ahí se desparramaron por varios ámbitos neurálgicos del Ejecutivo. Fue en el gris y titubeante turno de Miguel de la Madrid cuando coparon no sólo los puestos de autoridad, sino que incidieron en el enfoque primordial de su gobierno. A partir de ese momento no tuvieron contrapesos ni rivales de consideración e impusieron, con las urgencias que exigen los mandatos ilegítimos (como el que marcaría por siempre a Salinas de Gortari) sus enfoques ideologizados bajo un recubrimiento tecnocrático-financiero aprendido en las universidades estadunidenses.
La derecha, en su normalidad demográfica, no agrupa un nutrido contingente de ciudadanos. Forma, más bien, una rala capa de la población nacional. Su influencia, sin embargo, permea hacia abajo y se arraiga en estratos inferiores de ingreso que los observan con ansias de igualarlos. Las elites de la derecha, en cambio, se integran por la flor y nata económica de la sociedad. Son, generalmente, frívolos, entreguistas, imitadores del exterior, medianamente preparados. Son furiosos racistas, a veces, encubiertos. Desconocen el país que habitan, lo depredan con ambiciosa pasión.
Amparada por el poder público, la derecha empresarial se ha posesionado de efectivos medios de comunicación y los usa, sin escrúpulos éticos, para mantener y acrecentar sus masivos intereses. En un principio colaboraba con el sistema político establecido del que dependía. Hoy es un capataz que dicta instrucciones a diestra y siniestra, acompasada por una masa crítica de intelectuales orgánicos, locutores, columnistas, articulistas enardecidos y conductores de radio y televisión. Un basamento de apoyo informativo al que, en el fondo, desprecia y usa a su antojo.
El priísmo que los cobijó en sus inicios, ha quedado, por su debilidad extrema, sometido a sus caprichos y necesidades. Similar fenómeno aqueja a otras formaciones partidarias. Al panismo lo mangonean sin miramientos ni calma. El panismo les cobija cuanta ilegalidad cometen: Fobaproa, rescate carretero, exención de impuestos, nula transparencia impositiva, leyes adecuadas (Televisa), tráfico de valores e información privilegiada.
Tendría que encaramarse en la Presidencia, de manera por demás irregular, el más acabado producto del neoliberalismo globalizador (Ernesto Zedillo) para que la derecha hiciera y tornara a sus anchas. El Estado benefactor, que durante años se pretendió instaurar en el país (con todo y sus cortedades) casi fue desmantelado. Los componentes básicos, la oferta política y toda la red protectora de la seguridad social está siendo golpeada desde sus raíces por los personeros del zedillismo (Téllez, Levy, Ortiz et al). El resto del trabajo corrió a cargo de ese ranchero rencoroso, tonto, derrochador y corrupto que heredó la obra neoliberal y a sus principales labradores. Lo que atisba a pergeñar Calderón son ya los restos del naufragio. Entre tanto, una nación exhausta se debate en la más cruenta de las miserias, la falta de oportunidades y la esperanza estrellada contra un horizonte cerrado en espera de su redención.
Miguel Concha. Esquizofrenias (La Jornada). Echando mano del significado que tiene en el lenguaje ordinario una metáfora tomada del campo de la psiquiatría, el 7 de agosto la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, afirmó que la política del gobierno mexicano en materia de derechos humanos es “esquizofrénica”, pues mientras en el ámbito internacional México es un “campeón” en la promoción de esas garantías, en lo interno se continúan violando. En eso coincide con el diagnóstico de las organizaciones civiles mexicanas que desde el sexenio pasado vienen reclamando coherencia entre las políticas exterior e interna, sobre todo en materia de derechos humanos, incorporando estándares internacionales a la normatividad nacional, a las instituciones y a las prácticas de gobierno.
México mantiene la apertura para que el país sea visitado por cuanto mecanismo de la ONU o la OEA lo pretenda, así como por organizaciones civiles internacionales, como AI, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas... Sin embargo, ha venido acumulando una cantidad enorme de recomendaciones que no logran que el gobierno dé pasos decididos para proteger los derechos humanos en la vida cotidiana, sino todo lo contrario.
Ahora el especioso argumento —que desde el sexenio pasado se viene manejando también para justificar el no cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales— es que el gobierno de la República no puede violentar la libertad y soberanía de los estados.
Es pertinente repetir, sobre todo para quienes se precian de ajustar siempre sus actuaciones a derecho, que de conformidad con el párrafo XIII del art. 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la SEGOB no sólo “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales”, sino “dictar medidas administrativas necesarias para tal efecto”. Hay que recordarles a todas las autoridades del país que de acuerdo con dos resoluciones del pleno de la SCJN vigentes (2000 y 2006), los tratados internacionales —que según el art. 133 de la Constitución son también ley suprema de la Unión— se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales, y todavía únicamente después de la Constitución.
Uno de estos tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga en su art. 28 al gobierno de la República a “tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades (componentes de la Federación) puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta convención”. La misma Convención de Viena sobre la Celebración de Tratados, aprobada también por México, refiere en su art. 27 que una parte “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, y en su art. 29 señala que un tratado “será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio”.
Arturo Alcalde Justiniani. Árbitro parcial (La Jornada). El gobierno federal apuesta demasiado al apoyar a Grupo México en su afán de imponer a sangre y fuego un sindicato sometido a éste. No es una exageración, desde hace cinco años hemos presenciado una política gubernamental de abdicación en su papel de árbitro para convertirse en cómplice de esta empresa, pagando un inmenso costo que incluye pérdida de vidas; su último capítulo, el artero asesinato de Reynaldo Hernández González, en Nacozari, Sonora. Heridos, detenidos, centros de trabajo extinguidos artificialmente para después recontratar nuevos trabajadores con otras condiciones laborales, todo ello ha creado un parteaguas, exhibiendo el auténtico rostro de gobiernos de corte empresarial que entienden la política laboral como un simple “ajuste de cuentas” con los trabajadores.
El Grupo México ha actuado sin contrapeso alguno, rompiendo las bases elementales de un estado de derecho, embarcando en esta aventura al gobierno federal. Hoy pretende culminar su intento al promover siete demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo, cuyas audiencias se celebrarán del 23 al 27 del presente mes ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), exhibida en su parcialidad por la propia empresa en comunicado público (La Jornada, 14/08/07, p. 15), donde confiesa abiertamente que este tribunal le ha informado el número de trabajadores que se han afiliado al gremio apoyado por la empresa, por cierto integrante de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes y la Alianza Sindical Mexicana, claramente promovidas por los gobiernos panistas, identificadas como el sindicalismo azul. Por lo visto, sólo un reclamo social vigoroso y una denuncia de corte internacional activa podrían detener este despojo, que anuncia actos de violencia renovada al hacerse notorios grupos de golpeadores en los centros de trabajo, contratados para presionar en el amañado recuento orientado a forzar un cambio de representación sindical. ¿Por qué tanta complacencia a este grupo empresarial?
En el ámbito del sector aéreo, las y los sobrecargos de Mexicana de Aviación también sufren el embate del mal llamado tribunal laboral. En un procedimiento torcido, bajo la forma de un conflicto colectivo de naturaleza económica, se manipula la Ley Federal del Trabajo para despojar a los trabajadores de prestaciones, a pesar de que un panel de expertos nombrados por la propia JFCA dejó claro que la mala situación financiera de esta empresa no se deriva del costo laboral de este gremio, sino de la ausencia de inversión comprometida por parte de los compradores al adquirirla del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
En el espacio burocrático, los miembros del SUTDF sufren la intromisión de la FSTSE en represalia por su crítica a la Ley del ISSSTE, sus representantes ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje buscan destituir la directiva de esta organización que afilia a más de 100 mil trabajadores. Es obvio que estos supuestos árbitros mezclan la condición de jueces con su interés particular.
En otro lugar y dimensión, los 500 trabajadores al servicio de Vaqueros Navarra, SA de CV, en Tehuacán, Puebla, sufren el despido de 50 compañeros como represalia por la demanda de titularidad contractual planteada por el Sindicato 19 de Septiembre de la Confección, aquel que nació bajo los escombros del sismo de 1985 y que ahora los representa para deshacerse del yugo del sindicato impuesto por la empresa. Al no encontrar juez imparcial alguno, los trabajadores se movilizan en el plano internacional para presionar a los clientes de dicha empresa (GAP, Levis, Tommy Hilfiger) para que se respeten sus derechos laborales y se evite la intromisión de la empresa en el conflicto sindical. De nuevo tenemos la ausencia de un árbitro confiable.
En los conflictos que padecemos se intenta imponer un nuevo escenario en detrimento de los intereses y derechos de los trabajadores. El problema es que no hay juez confiable que resuelva con legalidad y de manera imparcial las diferencias. Más allá de la esperada reacción unitaria del movimiento sindical para enfrentar estos retos, es tiempo de retomar la propuesta de contar con jueces laborales imparciales fuera del control del Poder Ejecutivo. En este sentido, la legislatura de Chiapas reformó recientemente su Constitución local incluyendo una disposición sin precedentes en su artículo 49 “... el personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el de las juntas locales de conciliación, formará parte del Poder Judicial del estado...”. Hoy más que nunca necesitamos de árbitros que sin consigna resuelvan en el marco de la ley los crecientes conflictos laborales. Continuar con la simulación de tribunales sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo sólo incrementará el encono y la crispación social.
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