jueves, 21 de agosto de 2008

"La inseguridad no se soluciona con reuniones demagógicas como la de hoy", advierte López Obrador

Ciudad de México, 21 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 508

“LA INSEGURIDAD NO SE SOLUCIONA CON REUNIONES DEMAGÓGICAS COMO LA DE HOY”, ADVIERTE LÓPEZ OBRADOR

Desde esta ciudad fronteriza en donde se ha recrudecido la violencia, Andrés Manuel López Obrador calificó a la sesión de este día del Consejo Nacional de Seguridad Pública como un acto de “pura propaganda, de pura demagogia y de pura faramalla”.

“La inseguridad no se soluciona con un aumento del número de policías y de soldados, ni con amenazas de mano dura, ni con leyes más severas, ni con penas más largas, tampoco con reuniones demagógicas como la de hoy, del presidente pelele, Felipe Calderón, con los gobernadores y los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública y de las Procuradurías”, aclaró.

Al iniciar un recorrido de trabajo por 17 municipios del estado, el presidente legítimo de México afirmó que los índices de violencia e inseguridad no disminuirán mientras no se atienda el origen de ambos flagelos, que es el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades de estudio para millones de jóvenes.

Tanto en entrevistas que concedió en Ciudad Juárez y Praxedis, como en las asambleas informativas que sostuvo con los ciudadanos de Guadalupe y Villa Ahumada, declaró que en la agenda nacional del gobierno usurpador están excluidos los graves y grandes problemas que enfrenta el país, como el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

En cambio, “Calderón privilegia los asuntos que sólo arrojan privilegios a una minoría rapaz, como las reformas a la seguridad social y la aprobación de nuevos impuestos que afectan a los pequeños y medianos comerciantes y empresarios”, precisó el dirigente de la izquierda mexicana.

Acompañado por la secretaria del Trabajo de su gabinete, Bertha Elena Luján Uranga, y de dirigentes locales de los partidos que constituyen el Frente Amplio Progresista, López Obrador explicó que esta tarde se reúne Calderón con los gobernadores para supuestamente acordar medidas encaminadas a enfrentar el problema de la violencia e inseguridad que azota al país, “pero todo es pura faramalla. Si en verdad quisiera el gobierno espurio enfrentar la crisis de seguridad, debería retirar de inmediato la iniciativa de reforma energética, que es a todas luces privatizadora”, resaltó.

En Guadalupe, subrayó que “el presidente pelele debería otorgar apoyos a los jóvenes y garantizarles oportunidades de empleo y de educación, así como entregar becas a aquellos que estudian el nivel medio superior”.

Como tercer punto, “que obviamente no se planteará ni se abordará en la reunión de este día —dijo—, Calderón debería solicitarle la renuncia a Juan Camilo Mouriño, porque la titularidad de la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de la conducción de la política interna, no puede estar en manos de un delincuente confeso. De la misma manera, Calderón tiene la obligación de separar de sus cargos al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y al procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, porque ambos funcionarios ocuparon la dirección de la Agencia Federal de Investigación y del CISEN en la administración foxista y desde ese entonces sólo han demostrado ser ineficientes y carecer de integridad”, enfatizó.

En la entrevista que concedió a los representantes de los medios de comunicación en el Aeropuerto de Ciudad Juárez, el presidente legítimo de los mexicanos informó que recorre el país para explicar a los ciudadanos los motivos por los cuales no se debe privatizar la industria petrolera.

Al calificar de lamentable la ola de violencia y de crímenes que se reportan a diario en esta ciudad fronteriza, “en donde empieza la patria”, aseguró que la inseguridad es fruto de 26 años de imposición de una política económica neoliberal, antipopular y entreguista, que sólo beneficia a un grupo que no quiere perder privilegios y que mantiene en la pobreza a millones de familias.

“Yo sostengo que el gobierno usurpador debe atender este asunto, el de la inseguridad y de la violencia, con seriedad, porque nada más se ha dedicado a la faramalla; todo es pura propaganda y pura publicidad”, insistió.

Recordó que la paz es fruto de la justicia y destacó la necesidad de cambiar el modelo económico por un sistema que garantice la generación de suficientes fuentes de empleo, buenos salarios y el bienestar de todos los mexicanos, en especial de los jóvenes. Advirtió que habrá una mayor descomposición social y una mayor desintegración familiar si no se atienden las causas, los orígenes de la violencia y de la inseguridad.

Cuando los reporteros le pidieron su opinión sobre la participación de efectivos del ejército mexicano en las tareas de seguridad pública, López Obrador manifestó su acuerdo, “pero siento que sacaron al ejército de sus cuarteles sin ninguna estrategia, nada más para hacer presencia, porque no hay ningún plan”.

También le preguntaron si la violencia había rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades. Aclaró que sí y resaltó que nunca en la historia de México, después del movimiento revolucionario de 1910, se han registrado tantos asesinatos, como en los últimos años. “La situación de inseguridad que impera en todos los rincones de la nación viene a confirmar que Felipe Calderón no existe, que es un cero a la izquierda y que es un inepto”, agregó.

Por la tarde, el presidente legítimo de México se reunió con los habitantes de Villa Ahumada y Galeana; en ambos municipios hizo una invitación al pueblo de Chihuahua para participar en la consulta popular sobre la llamada reforma energética y para expresar su rotundo rechazo al intento de privatizar el sector petrolero, que es patrimonio de la nación, misma que se realizará este domingo 24 de agosto en los estados del norte de la República.

Al dar a conocer que ha visitado más de mil 500 municipios de los aproximadamente 2 mil 500 en que está divido el país, detalló que están inscritos 2.4 millones de mexicanos como representantes del gobierno legítimo de México y que alrededor de 200 mil brigadistas están dispuestos a defender el petróleo.

También mencionó que el próximo domingo, 31 de agosto, se realizarán asambleas informativas en las plazas de los 2 mil 500 municipios, para dar a conocer el plan de acción que se desarrollará en el momento en el cual los legisladores del PRI y del PAN dictaminen la llamada reforma energética presentada por Calderón o por la cúpula priista. “Vamos a convocar a una movilización nacional y, si es necesario, vamos a parar al país” señaló.

Por la mañana, el vehículo que transporta a López Obrador se detuvo en el poblado de San Agustín, que se encuentra entre Ciudad Juárez y Guadalupe. Los habitantes del lugar expresaron su respaldo a las acciones de resistencia civil pacífica en la defensa del petróleo y le entregaron a Andrés Manuel López Obrador documentos con las memorias de don Benito Juárez.

Tanto en Praxedis, como en Guadalupe, los ciudadanos encargados de darle la bienvenida al presidente legítimo de México informaron que en ambas localidades estuvo presente el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, en su caminar hacia Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez.

Para mañana, 22 de agosto, Andrés Manuel López Obrador recorrerá los municipios de Gómez Farías, Temósachic, Matachic, Bachíniva y General Trías.

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miércoles, 20 de agosto de 2008

Gobierno atorado, por Rogelio Ramírez de la O

Ciudad de México, 20 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 507

Sumario:

I.
Gobierno atorado, por Rogelio Ramírez de la O

II. Visitará López Obrador 17 municipios de Chihuahua esta semana.

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GOBIERNO ATORADO
por Rogelio Ramírez de la O

(publicado en El Universal el 20 de agosto de 2008)


Tomó menos de dos años al gobierno quedar atorado en dos áreas fundamentales: la seguridad y la economía.

En la seguridad su error de origen fue declarar una guerra que no podía ganar y dedicar a ese fin la última carta de todo gobierno, el Ejército. La imposibilidad de mostrar progreso tangible en esta guerra se ha magnificado inexorablemente, como era de prever. Sin embargo, hasta hace poco no causaba gran preocupación, porque los medios no estaban difundiendo su desarrollo. Empero, resulta imposible para los medios no ocuparse de casos sobresalientes.

En la economía, los signos de desgaste apenas fueron evidentes este año, a pesar de que los fundamentos están en deterioro desde principios de 2007. Hoy la conciencia sobre crecientes dificultades económicas va en aumento y cuatro ejemplos sirven como señales. La primera fue el reconocimiento humillante de las cifras de empleo del IMSS, lo que borró de un plumazo más de 1 millón de empleos a la cifra que el gobierno implícitamente reclamaba como su logro, si extrapolamos su anuncio de 800 mil nuevos empleos hasta septiembre de 2007. De paso se perdió la confianza en los indicadores del IMSS.

La segunda señal viene con el aumento de tarifas de electricidad de 64% anual en agosto en horarios bajo e intermedio de alta y media tensión para la industria. Según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el costo de electricidad para la industria es hoy 75% mayor que en Estados Unidos.

La tercera señal es que las tres empresas mexicanas que desde hace más de cuatro años trataban de convencer al gobierno de que dándoles precios competitivos de gas podrían invertir 2 mil millones de dólares fabricando productos petroquímicos que hoy se importan están hoy pensando en mejor invertirlos en Perú, donde el gas sí es competitivo.

La cuarta señal es la remoción del secretario de Economía, siendo ésta toral para el cumplimiento de la promesa del gobierno de ser “el gobierno del empleo”.

Estas cuatro señales sólo confirman lo que la mayoría de indicadores muestran: la caída progresiva del crecimiento de ventas, producción, servicios e inversión. Al mismo tiempo, hay mayores precios para los consumidores y mayores costos para los productores.

Los datos negativos aparecen como diluvio cada semana y son los mismos empresarios los que los difunden. Ya sea la alta dependencia que tenemos de alimentos importados, los aumentos de costos de electricidad o la inversión de empresas mexicanas en Perú. El indicador que surgirá pronto será el recorte de personal, pues éste ya comenzó en la mayoría de empresas.

De ahí que sólo estando ciego no se vea la brecha creciente de entendimiento y confianza entre el gobierno y las empresas. Ésta sólo se va a ampliar, porque no hay manera como el gobierno les cumpla.

Lo importante, sin embargo, vendrá, cuando los empresarios vean que la mayoría de los problemas están conectados por las mismas causas.

Así, la falta de seguridad ya afecta el ánimo de los empresarios, pero apenas comienzan a ligarla con la falta de empleo, con la falta de eficacia de la estrategia económica, con la sustitución del secretario del ramo y con la falta de sensibilidad oficial ante los altos precios de la energía.

El tronco común es que no tiene una estrategia integral viable ni un equipo bien coordinado. Y estando frente a un ciclo económico inmisericorde, no hay manera de que pueda cumplir con empresarios y con trabajadores en seguridad o en economía.

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VISITARÁ LÓPEZ OBRADOR 17 MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA ESTA SEMANA

Del 21 al 24 de agosto, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, convivirá con los habitantes de 17 municipios del estado de Chihuahua, al continuar con sus recorridos semanales por la totalidad de los municipios del país, objetivo en el que ha tocado ya más de 1 500 de los casi 2 500 municipios.

Mañana jueves, 21 de agosto, sostendrá reuniones informativas con habitantes de Praxedis, Guadalupe, Villa Ahumada y Galeana. Durante el segundo día de gira de trabajo por Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador recorrerá los municipios de Gómez Farías, Temósachic, Matachic, Bachíniva y General Trías.

Para el sábado, 23 de agosto, acudirá a las comunidades de Manuel Benavides, Ojinaga, Coyame y Santa Eulalia. En el último día de gira de trabajo por Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador visitará a los habitantes de San Francisco de Conchos, La Cruz, Rosales y Julimes.
Su plan de reuniones prevé los siguientes horarios:

Jueves 21 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en Praxedis
11:00 horas Mitin en Guadalupe
14:00 horas Mitin en Villa Ahumada
18:00 horas Mitin en Galeana

Viernes 22 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en Gómez Farías
11:50 horas Mitin en Temósachic
13:10 horas Mitin en Matachic
14:45 horas Mitin en Bachíniva
18:00 horas Mitin en General Trías

Sábado 23 de agosto de 2008
11:00 horas Mitin en Manuel Benavides
12:50 horas Mitin en Ojinaga
16:40 horas Mitin en Coyame
19:10 horas Mitin en Santa Eulalia

Domingo 24 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en San Francisco de Conchos
11:20 horas Mitin en La Cruz
13:10 horas Mitin en Rosales
16:00 horas Mitin en Julimes

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Se guanajuatiza la lucha en defensa del petróleo y contra la impunidad

Ciudad de México, 18 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 506

SE GUANAJUATIZA LA LUCHA EN DEFENSA DEL PETRÓLEO Y CONTRA LA IMPUNIDAD

Quienes suponían que todo Guanajuato es Foxilandia se equivocaron: cuatro días de recorridos de López Obrador por municipios de esa región del Bajío mostraron que el rechazo a la privatización del petróleo y también otras políticas que el gobierno legítimo de México impulsa para defender la economía popular y el patrimonio nacional encuentran apoyo y resonancia entre los guanajuatenses.

Entre el jueves 14 y el domingo 18 de agosto, el presidente legítimo de México presidió asambleas informativas en 24 municipios guanajuatenses, mostrándose las plazas concurridas por igual en Jerécuaro que en Tarandácuaro, en Salvatierra que en Uriangato, o en los Apaseos, el Alto y el Grande, que en Juventino Rosas o en Maravatío.

Si bien eje central de los diálogos de López Obrador con sus simpatizantes siguió siendo la crucial lucha que depara al pueblo mexicano la defensa del petróleo ante los intentos de la derecha de entregarlo a manos privadas, nacionales y extranjeras, en la gira guanajuatense del dirigente de la izquierda mexicana ocupó también lugar destacado la referencia al clima de inseguridad pública que priva en buena parte del país.


Nueva carta de López Obrador al pueblo de México

Por tal razón, al cierre de su recorrido semanal, Andrés Manuel dirigió una carta al pueblo de México (ver el servicio de noticias ISA núm. 505 en: http://www.informativoisa.org/index.php?n=505&lang=es) en la que trató de manera específica este tema y planteó propuestas concretas para enfrentar dicho problema.

Desde Santa Cruz de Juventino Rosas, López Obrador dio a conocer esa carta en donde categóricamente señala que “el país está secuestrado por una minoría rapaz que sólo ha provocado una creciente inseguridad y violencia”. El presidente legítimo de México propuso, en un texto de cuatro cuartillas, “cinco acciones para que el gobierno usurpador frene el proceso de degradación progresiva que afecta a la sociedad en su conjunto y a la vida pública de México”.

Expresó que “la solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas, pero ninguna de ellas ha iniciado el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón”.

“En primer lugar —subrayó—, se debe evitar la privatización, abierta, o disfrazada, de la industria petrolera nacional y mantener la lucha hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI a consideración del Congreso”.

“La segunda propuesta —prosiguió—, consiste en que la Cámara de Diputados autorice un mayor presupuesto a las universidades públicas, para que los jóvenes, que son rechazados, tengan la oportunidad de estudiar y no se les orille a tomar el camino de las conductas antisociales”. Además, sugirió que se otorguen becas a todos los jóvenes que estudian en el nivel medio superior, como lo hace el Gobierno del Distrito Federal, “porque es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social”.

Como tercer punto, demandó la renuncia de los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública y del procurador general de la República del gobierno usurpador, Juan Camilo Mouriño, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, respectivamente. Comentó que la solicitud de separación del cargo se sustenta en los siguientes motivos: “Mouriño es un delincuente confeso, mientras que García y Medina ocuparon durante el gobierno foxista los cargos de director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y secretario de Seguridad Pública federal. Y durante todo este tiempo, ambos han demostrado falta de integridad e ineficiencia”.

“La cuarta acción —especificó—: el presupuesto público se debe canalizar al impulso de las actividades productivas, a la creación de empleos y a garantizar el bienestar de la población. En tanto, el gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo 2 años sumará 404 mil millones de pesos”, sostuvo. A su vez, en 2007, los excedentes por precios altos del petróleo de exportación fueron de 12 mil millones de dólares y en 2008 serán 20 mil millones más, especificó.

“La última acción —señaló— es continuar insistiendo hasta lograr una renovación tajante de la vida pública. Nada o poco se logrará mientras se mantenga este régimen de opresión, corrupción y privilegios”, estimó.

Previamente a la difusión de esta nueva carta dirigida al pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador explicó que la crisis social que persiste en el país tiene como antecedente inmediato “la aplicación de la política salinista que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos”. Señaló que a partir de la creación de una red de intereses y complicidades, “todas las acciones de gobiernos neoliberales, tanto priistas como panistas, se orientaron a mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.

Al abundar sobre este tema, López Obrador señaló que “con la llegada de Vicente Fox, se fortaleció y se hizo más vulgar la red de complicidades. Actualmente, ha quedado suficientemente claro que quienes urdieron y llevaron a cabo el fraude electoral del 2006, lo hicieron para seguir imponiendo una política económica contraria al interés popular y a la soberanía nacional”.

La referencia a las complicidades entre políticos priistas y panistas había sido tema de los discursos lopezobradoristas desde el inicio de su gira guanajuatense, pues el jueves, desde Coroneo, había afirmado que “los responsables del clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país tienen nombre y apellido. Se llaman: Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas, Roberto Hernández, Elba Esther Gordillo, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y dueños de medios de comunicación. La violencia se incrementó en México porque la mafia de la política, que impuso a Felipe Calderón en la Presidencia de la República, continúa aplicando una política económica antipopular y entreguista que ha desatado una descomposición social”.

De esta forma, el problema de la inseguridad pública fue ubicado por López Obrador como producto del mismo fenómeno de ruptura del orden legal que significió el fraude electoral: “El fraude causó un daño inmenso, lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República no sólo carece de autoridad moral, sino que su ineptitud es cada vez más evidente, expresó el domingo en su misiva al pueblo de México.

Sobre este mismo asunto, el político tabasqueño expresó que la delincuencia y la convulsión social son producto de la injusticia y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres, e hizo énfasis en que “habrá tranquilidad social cuando haya oportunidades para todos. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad, mediante las drogas y la violencia”.

Por lo mismo, ese domingo el presidente legítimo de México advirtió también sobre lo que representará una posible privatización del petróleo en el ya de por sí grave deterioro del nivel de vida de los mexicanos: “Aquellos que se creen amos y señores de México no se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas que propone Calderón para privatizar la industria petrolera, conllevará a una mayor pobreza y desempleo, así como a una mayor frustración y violencia. Un escenario de ese tipo ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social”, estimó.


Gozará de impunidad Romero Deschamps con la reforma petrolera calderonista

Recurrente por su importancia, el tema del petróleo no sólo fue abordado por López Obrador en su gira por municipios de Guanajuato en relación con los riesgos de un empobrecimiento generalizado en la población; también señaló las componendas que se dibujan entre la corrupta dirigencia del sindicato petrolero y la administración calderonista.

Así, el sábado 16, desde el municipio de Pueblo Nuevo, el tabasqueño señaló: “Pese a actuar con impunidad y corrupción, Carlos Romero Deschamps no será destituido como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) porque lo protege el presidente pelele, Felipe Calderón, a cambio de que apoye la llamada reforma energética. Calderón tiene compromisos con Romero Deschamps, a tal grado que en la iniciativa de privatización del petróleo no se toca el tema de la corrupción en el sindicato de Pemex. Hay un acuerdo entre Calderón Hinojosa y Romero Deschamps para mantener la corrupción en el organismo sindical, a cambio de que apoye la reforma calderonista”, reiteró al conceder una entrevista a los representantes de los medios de comunicación ese día.

En esa ocasión, mencionó que “los sindicalizados de Pemex tienen que soportar a su líder corrupto, como también el pueblo de México tiene que soportar, desgraciadamente, a un presidente usurpador, que no tiene autoridad moral y además no tiene capacidad para enfrentar grandes y graves problemas del país”.

Los reporteros le preguntaron si habría riesgo de que Calderón insista en sostener a Romero Deschamps a pesar de la protesta de los trabajadores sindicalizados, y López Obrador expresó: “lo va a seguir sosteniendo” como líder corrupto del sindicato de Pemex. Por ello, pidió a los trabajadores disidentes de Petróleos Mexicanos que sigan luchando y tener presente que Carlos Romero está apoyado por Calderón.

Recordó entonces que Felipe Calderón, en la llamada reforma energética, indica que cinco de los quince integrantes del Consejo de Administración de Pemex los proponga Romero Deschamps, además de que cuenten con fianzas para que en caso de que comentan algún acto de corrupción no se les pueda hacer nada.

Andrés Manuel López Obrador expresó también que Felipe Calderón, el PAN y los priistas de arriba, como Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Enrique Peña Nieto, actúan irresponsablemente al insistir en privatizar el petróleo que es un bien de los mexicanos.

En Villagrán, Pueblo Nuevo y Huánimaro, destacó que los mexicanos “no permitiremos que entreguen la industria petrolera, porque el petróleo es garantía para sacar adelante a México. Tenemos yacimientos petrolíferos en la costa del Golfo de México, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. Además, la extracción de un barril de 160 litros cuesta 40 pesos y Petróleos Mexicanos lo vende en mil 120 pesos, lo que significa que obtiene mil 160 pesos por cada unidad y Pemex produce 3 millones de barriles diarios de petróleo”.

Frente al pueblo de Guanajuato, informó que el gobierno legítimo de México, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el Frente Amplio Progresista están llevando a cabo la consulta popular sobre la reforma energética. Y agregó: “Si al final de la consulta popular, el PRI y el PAN insisten en aprobar la iniciativa calderonista, de ser necesario vamos a movilizarnos a nivel nacional, vamos a parar al país, pero no vamos a permitir la entrega del petróleo”, expresó, al recordar que el próximo 31 de agosto, en las plazas principales de los dos mil 500 municipios de la República se dará a conocer el plan de acción para defender la industria petrolera del país.


Guanajuato: laboratorio para el modelo de corrupción panista

Un día antes, el viernes 15 de agosto, cuando López Obrador recorrió los municipios de Santiago Maravatío, Yuriria, Uriangato, Moroleón, Valle de Santiago, Jaral del Progreso y Cortázar, el tema central del discurso lopezobradorista fue la propia situación del estado de Guanajuato. “Los panistas de arriba quieren poner de ejemplo a Guanajuato como una forma de gobernar en todo el país, pero lo único que harán es ampliar el modelo de corrupción que prevalece en esta entidad”, expresó Andrés Manuel López Obrador.

El presidente legítimo de México indicó que en tan sólo dos días de recorrido de trabajo por el estado había escuchado del pueblo una lluvia de quejas sobre la comisión de actos de corrupción de presidentes municipales de extracción panista.

Como ejemplo se refirió al caso del presidente municipal de Acámbaro, César Larrondo Díaz, quien adquirió un terreno para realizar una obra pública en 16 millones de pesos y, según un evalúo, el costo del predio no rebasa los 3 millones de pesos, lo cual indica que el alcalde panista “se va a clavar 9 millones de pesos”.

Recordó también otro acto de corrupción, el que representó el fraude en la elección presidencial del 2006. “Los mapaches panistas de Guanajuato contribuyeron de manera fraudulenta con 300 mil votos a favor de Felipe Calderón, como lo reconociera el actual secretario de Gobierno de la entidad, Gerardo Mosqueta. En resumen, los panistas de arriba son unos cínicos, son unos descarados, son más corruptos que los priistas y se caracterizan por predicar una doble moral, aunque su verdadera doctrina es la hipocresía”, aclaró.

En ese segundo día de recorrido por la geografía guanajuatense, López Obrador puntualizó: “Ahora que dicen los panistas que este estado lo van a agarrar de ejemplo a nivel nacional, la verdad que eso es ofensivo, porque el pueblo de Guanajuato es un pueblo trabajador y noble. Un pueblo tan trabajador, bueno y honrado, como el de Guanajuato, nada tiene que ver con la camarilla del PAN, ni con el ratero de Vicente Fox y su esposa Martha Sahún”, declaró.

Acompañado por el representante del Gobierno Legítimo de México en Guanajuato, Jesús Martín del Campo y por dirigentes estatales del PRD y PT, sostuvo: “Una cosa es el pueblo de Guanajuato y otra la caterva de delincuentes de cuello blanco que se incrustaron en Acción Nacional”.

En entrevista posterior, los representantes de los medios de comunicación le pidieron su opinión sobre si el PRD va a pactar con el gobierno espurio una iniciativa de reforma energética. El presidente legítimo de los mexicanos precisó que “lo primero es convencer a los jefes de Calderón para que cambien la política económica y para que no privatice el petróleo, porque de lo contrario habrá mayor inseguridad y violencia”.


La tercera etapa de la Consulta va, ahora en el norte del país, incluido Guanajuato

Sobre el mismo tema de la lucha en defensa del petróleo, en los municipios de Santiago Maravatío, Yuriria, Uriangato y Moroleón, López Obrador recordó que el próximo 24 de agosto se realizará la tercera fase de la consulta popular sobre la reforma energética en los estados del norte del país. Infprmó que en las primeras dos consultas, que se realizaron el 27 de julio y el 10 de agosto, votaron 2.5 millones de ciudadanos en contra de la privatización de la industria petrolera.

Destacó que “los mexicanos no permitiremos la entrega del petróleo a empresas extranjeras, porque sin ese hidrocarburo no se podrá sacar adelante al país y las nuevas generaciones serían esclavas en su propia tierra”, y alertó acerca de que “si se privatiza el petróleo, no habría recursos suficientes para pagar los sueldos de maestros, enfermeras, y mucho menos para financiar los programas sociales como Procampo y Oportunidades”.

Así se desarrolló el recorrido lopezobradorista por tierras guanajuatenses, en la que representó una nueva gira del presidente legítimo de México en su meta de recorrer cada uno de los casi 2 mil 500 municipios del país, objetivo que ya ha cumplido en más de la mitad de esa cifra y que continuará esta semana por municipios del norteño estado de Chihuahua.

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domingo, 17 de agosto de 2008

Contra la delincuencia, combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas: AMLO

Ciudad de México, 17 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 505

Sumario:

I.
La solución de fondo en el combate a la delincuencia es combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas: AMLO

II. Hechos, no palabras, por José Luis Piñeyro

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LA SOLUCIÓN DE FONDO EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ES COMBATIR EL DESEMPLEO, LA POBREZA, LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, LA PÉRDIDA DE VALORES Y LA AUSENCIA DE ALTERNATIVAS: AMLO


Al pueblo de México:

En la actualidad, muchos mexicanos están sufriendo o viven angustiados por la violencia imperante en todo el país. Por eso he decidido dar a conocer mi opinión sobre este grave problema y proponer al mismo tiempo algunas medidas para enfrentar el flagelo de la delincuencia.

En primer término, tenemos que preguntarnos y aclarar cómo fue que llegamos a estos extremos de inseguridad.

Desde mi punto de vista, esta descomposición social viene de lejos, se acentuó en los últimos tiempos y se precipitó después del fraude electoral.

Esta crisis tiene su antecedente inmediato en la política salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, todas las acciones del gobierno se orientaron a mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.

En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones de las empresas públicas en beneficio de una minoría. También en este contexto debe verse el asunto del Fobaproa, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, desde la época colonial. Recordemos que Ernesto Zedillo, con el apoyo del PRI y del PAN, del PRIAN, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública.

A la llegada de Vicente Fox se fortaleció y se hizo más vulgar esta red de complicidades, al grado que un empleado del banquero Roberto Hernández pasó a ser el encargado de la Hacienda Pública. Pero lo más grave fue que Fox dio al traste con la incipiente democracia mexicana.

A estas alturas, ha quedado suficientemente claro que quienes urdieron y llevaron a cabo el fraude electoral del 2006 lo hicieron para seguir imponiendo una política económica contraria al interés popular y a la soberanía nacional.

El fraude causó un daño inmenso: lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República no sólo carece de autoridad moral, sino que su ineptitud es cada vez más evidente.

El fraude nos llevó a más pobreza, desempleo, carestía, crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia. Todo lo cual, si se hubiese respetado el voto ciudadano, no se estaría padeciendo o, cuando menos, habría la esperanza de salir adelante y no la sensación de frustración que empieza a dominar en amplios sectores de la sociedad.

Además, la falta de sensibilidad y la hipocresía de los potentados, y de su representante en la Presidencia, es cada vez más notoria. Por ejemplo, ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se les ocurre es amenazar con el discurso propagandístico de “la mano dura”, y quieren resolver el problema con más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, y condenas más largas. Como si ello bastara para enfrentar una situación que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por falta de empleo y educación para los jóvenes, por la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites, a través de los medios de comunicación, donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo.

La delincuencia y la convulsión social son producto de la injusticia y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos, también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad mediante las drogas y la violencia.

Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Pero nada de eso están haciendo los hombres del poder en México.

Tampoco están dispuestos a rectificar ni practican la autocrítica. Por el contrario, a pesar de que el país está hundido en una profunda crisis económica y de bienestar social, insisten en seguir saqueando, en despojar al pueblo de su patrimonio y de su porvenir.

No se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas que propone Calderón para privatizar la industria petrolera, habría más pobreza, más desempleo, pero también más frustración y violencia, lo cual ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social. A menos que por la codicia estén dispuestos a permanecer como rehenes en casas amuralladas, a viajar en carros blindados y a moverse con nubes de guardaespaldas, pero a eso, francamente, no se le puede llamar vivir.

De modo que si ellos no alcanzan a entender que el petróleo en manos de la Nación es un factor de estabilidad política y social, a nosotros nos corresponde actuar con responsabilidad y hacer todo lo que podamos para frenar el proceso de degradación progresiva que afecta a la sociedad en su conjunto y a la vida pública.

No puede ser que por la enajenación que produce la ambición al dinero, se destruya lo más preciado para todos que es la tranquilidad y la paz social o se obliga a algunos mexicanos a abandonar al país. Todos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan caminar por las calles, libres de miedos y temores.

Por lo anterior, propongo de manera concreta lo siguiente:

1. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la privatización, abierta o disfrazada, de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso. Entre otras razones, nos oponemos a la privatización, porque queremos vivir en paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia. El despojo de la renta petrolera creará un ambiente de insatisfacción y farsa, que nos mantendrá en constante riesgo de confrontación y habrá más inseguridad e inestabilidad política.

2. Es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social. La Cámara de Diputados debe autorizar mayor presupuesto a las universidades públicas con el propósito de que los 300 mil jóvenes que cada año son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, tengan la oportunidad de estudiar y no se les orille a tomar el camino de las conductas antisociales. Asimismo, deben otorgarse becas a todos los jóvenes que estudian en el nivel medio superior, como lo está haciendo el Gobierno del Distrito Federal.

3. Deben renunciar, de inmediato, los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna, respectivamente, así como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Los motivos son obvios: el primero es un delincuente confeso y los otros dos ya fueron, durante el gobierno de Fox, titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y secretario de Seguridad Pública federal. Y durante todo este tiempo, han demostrado su falta de integridad e ineficiencia.

4. Debe orientarse el presupuesto público a impulsar actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar de la población. El gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo 2 años sumará 404 mil millones de pesos. A su vez, en 2007, los excedentes por precios altos del petróleo de exportación fueron de 12 mil millones de dólares y en 2008 serán 20 mil millones más.

Por eso proponemos que se lleve a cabo una reducción del gasto burocrático de por lo menos 200 mil millones de pesos y que estos recursos, junto con los excedentes petroleros, se destinen a la inversión en infraestructura y desarrollo social. En particular, estos recursos deben orientarse a fortalecer a Pemex, a garantizar la soberanía alimentaria y a crear empleos sobre todo para los jóvenes.

5. Debemos seguir insistiendo hasta lograr una renovación tajante de la vida pública. Nada o poco se logrará mientras se mantenga este régimen de opresión, corrupción y privilegios. El país está secuestrado por una minoría rapaz. No se pueden enfrentar los graves y grandes problemas nacionales si continúa el predominio de una mafia política tanto o más peligrosa que la delincuencia organizada.

Sí hay salidas, sigamos organizándonos. Sigamos defendiendo al pueblo y al patrimonio de la Nación. Sigamos trabajando en la transformación de la vida pública de México.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente legítimo de México

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HECHOS, NO PALABRAS
por José Luis Piñeyro

(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)

Hay dos rasgos de conducta de las élites económica y política de México y América Latina con sus gobernados: uno, entre ellas son complacientes con sus abusos y flexibles en sus reglas, pero férreas contra la participación popular autónoma que impugne la legalidad e institucionalidad; otro, recurren a la ciudadanía de manera dosificada sólo en elecciones o cuando toman decisiones coyunturales que requieren legitimar. Esto parece que va a repetirse después de que el trágico secuestro del joven Fernando Martí obligó a las autoridades a reconocer que este ilícito y otros habían aumentado.

Así, de los mutuos reproches del gobierno federal y el capitalino, y del Ejecutivo al Legislativo y del Judicial a ambos, se pasó a la calma de la clase política, como lo muestra el reciente Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad suscrito por Legislativo y Ejecutivo. Reformas a leyes federales, a instancias de seguridad pública que delimiten nuevas facultades y penas por delitos graves, y el presupuesto para impulsarlas, más un mecanismo de seguimiento y evaluación de la sociedad civil. Más legalidad y presupuesto, y búsqueda de legitimidad con mínima intervención social.

También la clase económica dominante bajó la crítica al Estado como irresponsable en su función central de dar seguridad física, patrimonial y jurídica para luego señalar que el problema era de coordinación interinstitucional e impunidad. El dirigente del CCE reconoció que no sólo la impunidad propicia delitos, sino también la desesperación por el desempleo dada la ausencia de incentivos para invertir y generar empleos. El inicio del acuerdo cupular queda más claro si agrupamos notas periodísticas por Estado, economía y sociedad.

Estado. La penetración del crimen organizado la reconoce la PGR al informar que el narco controla 80 municipios y diversas actividades delictivas (protección a empresas y a prostitutas), en especial en Michoacán y Tamaulipas. Unos expertos van más allá y señalan que el narco financió las elecciones de más de un tercio de los alcaldes del país. ¿Y a cuántos gobernadores, diputados y senadores?

Además, recién se informó del arresto de tres militares y dos civiles de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por colusión con el cártel de los Beltrán Leyva (El Universal, 11 y 12/VIII/08).

Economía. Santiago Creel declaró: “Que no nos engañen. El dinero del narco no anda viajando en maletas. Está en los bancos”. Un reporte del Departamento de Estado de EU revela que entre 2003 y 2008 los narcos repatriaron a México 22 mil millones de dólares al sistema financiero. La Asociación de Bancos de México rechazó esto dados los estrictos controles financieros, ya que hoy el pago entre narcos, afirmó, es en efectivo y se lava comprando inmuebles, autos y joyas. Un experto destaca el fracaso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y un ex funcionario afirma que los bancos y casas de bolsa a menudo reportan “información basura” por la falta de regulaciones que los obliguen (La Jornada 12 y 13/VIII/08).

Sociedad. El secretario de la Defensa reveló que 500 mil personas apoyan al narco (sembradores: 300 mil; comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas: 160 mil; capos de diverso rango: 40 mil); a este narcoejército habría que agregar otras bases de apoyo social de actividades criminales: tráfico de autos, armas, migrantes, mujeres, niños, órganos humanos, mercancías. Además, en 2007 se cometieron un millón 578 mil delitos en un contexto de deterioro de empleo, ingreso y seguridad laboral, más el millón 300 mil nuevos pobres extremos que reporta el Banco Mundial por la crisis alimentaria de 2008 (El Universal, 9/VIII/08).

El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad es posible que incluya reclutamiento riguroso de personal; depuración radical de las policías municipales, estatales y federales; control interno sistemático de las mismas; capacitación técnica y logística de la tropa; restructuración de mandos, saneamiento del sistema judicial (MP y jueces) y penitenciario (custodios y directores) que reduzca la impunidad basada en la corrupción e ineficiencia. Pero si no incorpora formas de participación ciudadana vía grupos de expertos y organismos de contraloría social; campañas permanentes de prevención de delitos (drogadicción, narcotráfico, contrabando); campañas masivas de participación social y de rehabilitación de drogadictos, seguirá dominando la lógica represiva sobre la preventiva, la participativa y la de rehabilitación. Continuará la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública, la sociedad debe legitimar los acuerdos de las élites y mantenerse pasiva frente a sus acciones y omisiones, como no atacar el vital nervio financiero del crimen organizado.

Si la estrategia anticriminal no es acompañada de una política económica de generación masiva de empleo bien remunerado y una social de combate real a la generalizada pobreza, la descomposición moral y material de la nación avanzará, se debilitará más el Estado y la economía dependerá más de los narcoflujos financieros. Serán más palabras que hechos la inclusión ciudadana.

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sábado, 16 de agosto de 2008

Olimpiadas y política, por Alejandro Encinas

Ciudad de México, 16 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 504

Sumario:

I.
Olimpiadas y política, por Alejandro Encinas

II. Juegos en Pekín, por Ignacio Ramonet

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OLIMPIADAS Y POLÍTICA
por Alejandro Encinas

(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)

Para un importante sector de mexicanos de las generaciones de jóvenes en los 60 y 70, los Juegos Olímpicos están asociados a la represión de que fue objeto el movimiento estudiantil que en 1968 demandaba cambios profundos en la vida política del país, dominada por un régimen autoritario que inhibía el ejercicio de las libertades democráticas elementales.

Este no es un hecho aislado. Desde que en 1896 en Atenas se reviviera su celebración, la política está ligada a estos juegos. La misma motivación de Pierre de Coubertin para retomar estas competencias tenía un propósito político al pretender reunir en un mensaje de paz a atletas de todo el mundo. Está claro: las Olimpiadas, además de ser la más importante manifestación deportiva del orbe, tienen una connotación política y se han convertido en un buen negocio.

Desde la preguerra, la disputa por la sede olímpica tiene que ver con la búsqueda de legitimidad de los gobiernos convocantes para demostrar —más allá de la capacidad económica que exige la organización y construcción de la infraestructura deportiva y logística necesaria— gobernabilidad y diplomacia.

Lo pretendió Hitler en Berlín 1936, al querer utilizar la justa como medio de propaganda de la Alemania nazi, demostrar la superioridad aria y cambiar la percepción internacional adversa ante la supresión de libertades, la violencia antijudía y la represión a los comunistas y socialistas alemanes. Jesse Owens derrumbó tal propósito. Esta situación condujo al primer boicot a los juegos, cuando se organizaron de manera alternativa las Olimpiadas Populares en Barcelona, evento que fue suspendido al estallar la guerra civil en España en julio de 1936.

El boicot se hizo patente en Montreal 1976: 33 países abandonaron las Olimpiadas en protesta porque el COI no sancionó a Nueva Zelanda, cuya escuadra de rugby había competido en Sudáfrica, país excluido del movimiento olímpico por su política de segregación racial. Más adelante el boicot adoptó una más de las caras de la guerra fría, como sucedió en Moscú 1980 tras la invasión soviética a Afganistán, y en Los Ángeles 1984, cuando el bloque hizo lo propio aduciendo una campaña anticomunista.

El acontecimiento más lamentable en la historia olímpica fue, en Munich 1972, la irrupción del comando Septiembre Negro que, demandando la liberación de 234 palestinos presos en cárceles de Israel y Alemania, secuestró y asesinó a 11 integrantes de la delegación israelí tras un fallido intento de rescate. Los juegos continuaron hasta su clausura.

En México 1968, tras el milagro mexicano y una reconocida política exterior, el gobierno buscaba ocultar su rostro autoritario. Pero como en otros países, ese año emergió un movimiento político y cultural que cuestionó al establishment y demandaba reconocer el agotamiento de un régimen negado a asumir la diversidad y conformar una nueva sociedad. La protesta estudiantil fue sofocada “para evitar afectar la imagen de México en el exterior”. No obstante, los estadounidenses John Carlos y Tommie Smith levantaron sus puños en guantes negros, símbolo de los Black Panthers, organización que reivindicaba los derechos de los afroestadounidenses, durante la ceremonia de premiación en pruebas de atletismo. Al igual que el movimiento de los estudiantes, ambos atletas fueron castigados a su regreso.

China no es la excepción. El despliegue económico, tecnológico, diplomático y la fuerza de una cultura milenaria no ha ocultado las inconformidades por la intervención en el Tíbet, las disidencias e incluso los atentados en el marco de la contienda, que pese a la consolidación de ese país como potencia mundial y su irrupción en el siglo XXI como era de modernidad de los países asiáticos, reclaman libertades democráticas, como a lo largo de todas las justas olímpicas.

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JUEGOS EN PEKÍN
por Ignacio Ramonet

(publicado en Le Monde Diplomatique en español, núm. 154 de agosto de 2008)

Con el lema “Un mundo, un sueño”, los Juegos Olímpicos de Pekín deberían ofrecer a los dirigentes chinos, del 8 al 24 de agosto, la ocasión de una rehabilitación internacional después de la condena mundial de la que fueron objeto tras la matanza de la plaza Tiananmen en 1989. Por eso el éxito de las Olimpiadas es tan primordial para ellos y, por eso, el primer ministro Wen Jiabao insiste en las consignas de “armonía” y de “estabilidad”. Ello explica también la brutalidad de la represión contra la revuelta del Tíbet en marzo pasado. Así como el furor de las autoridades contra las manifestaciones que perturbaron, en algunos países, el paso de la antorcha olímpica. O la rapidez en enviar auxilio a los damnificados del terremoto de Sichuan del 12 de mayo. Nada debe perturbar la consagración mundial de China en este año olímpico.

Asimismo, estos Juegos celebran los treinta años del inicio de las reformas impulsadas en 1978 por Deng Xiaoping que han permitido el milagro económico y el excepcional renacimiento de China. Cierto es que sus triunfos impresionan. Su PIB duplica cada ocho años y, en 2008, debería rebasar el 11%. Con una población de 1 350 millones de habitantes —igual a la suma de la de las Américas (900 millones) más la de Europa (450 millones) —, este país es ya la tercera economía del planeta. Ha aventajado a Alemania, sobrepasará en 2015 a Japón y debería superar a Estados Unidos en 2050. Se ha convertido en el primer exportador mundial y en el principal consumidor del planeta.

Pero ese “milagro” presenta varios lados ocultos. En primer lugar, las graves violaciones en materia de derechos humanos que contradicen los valores del olimpismo. China, por ejemplo, lleva a cabo más de 7 000 ejecuciones capitales al año, o sea el 80% de todas las penas de muerte aplicadas en el mundo. Además, la estabilidad de este coloso se ve amenazada por otros peligros: un previsible desplome bursátil, una inflación desmedida, un desastre ecológico y motines sociales que se están multiplicando.

El propio vicepresidente de la Asamblea popular, Cheng Siwei ha alertado: “Se está formando una burbuja especulativa. Los inversores deberían preocuparse por los riesgos” (1). Y Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, acaba de afirmar que los mercados bursátiles chinos están “sobrevalorados” y han alcanzado niveles “insostenibles”. El índice de la Bolsa de Shanghai se ha multiplicado por cinco desde 2006, y su crecimiento desde principios de 2008 es del 106%. Cuando una Bolsa alcanza semejantes picos, su hundimiento pocas veces está lejos.

Por el momento, el número de ricos no cesa de aumentar. China ya posee unos 250 000 millonarios en dólares. Pero las políticas liberales del sistema también han aumentado las desigualdades entre ricos y pobres, entre ganadores y perdedores. Unos 700 millones de chinos —47% de la población— viven con menos de dos euros diarios, y, de ellos, unos 300 millones con menos de un euro diario.

Porque el “milagro” está basado en la represión y la explotación de una inmensa hueste de trabajadores (los que fabrican para el mundo entero toda clase de bienes de consumo baratos). A veces trabajan entre sesenta o setenta horas semanales por sueldos inferiores al salario mínimo. Más de 15 000 obreros mueren cada año en accidentes laborales. Los conflictos sociales están aumentando anualmente un 30%: huelgas salvajes, revueltas de pequeños campesinos, además de escándalos de los niños esclavos.

El actual contexto es propicio al descontento. Pues en China, como en muchos países, el incremento de los precios de los alimentos y de la energía (el 19 de junio pasado, el Gobierno aumentó el precio de los carburantes un 18%) se traduce en una subida de la inflación —que ya alcanzaba el 7,7% en mayo— y una consiguiente degradación del nivel de vida. Las autoridades temen la amenaza de una inflación desestabilizadora que podría provocar manifestaciones de masas semejantes a las que fueron aplastadas por el ejército en la plaza Tiananmen en junio de 1989.

A todo ello se añade el peligro de una catástrofe ecológica que cada día preocupa más a los ciudadanos. El propio ministro del Medio Ambiente, Pan Yue, ha admitido la enormidad del desastre: “Cinco de las ciudades más contaminadas del planeta se hallan en China; las lluvias ácidas caen sobre un tercio de nuestro territorio; la mitad de las aguas de nuestros siete principales ríos son inutilizables; un tercio de nuestra población respira un aire muy contaminado. En Pekín, entre el 70 y el 80% de los cánceres tienen por causa el medio ambiente degradado” (2).

Todos los descontentos de China van a querer aprovechar la gran cita de las Olimpiadas y la presencia de unos 30 000 periodistas extranjeros para expresar sus iras. Las autoridades se hallan en estado de máxima alerta. Sueñan con poder desactivar a tiempo el gigantesco barril de pólvora social a punto de estallar. Para que los Juegos de Pekín no le prendan fuego a toda China.

Notas:
(1) Financial Times, Londres, 30 de enero de 2007.
(2) Der Spiegel, Hamburgo, abril de 2005.


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viernes, 15 de agosto de 2008

En defensa del petróleo

Ciudad de México, 15 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 503

EN DEFENSA DEL PETROLEO

Con la participación de destacados expertos en materia constitucional y del petróleo —Dr. Raúl Jiménez Vázquez, Dr. Raúl Carrancá y Rivas, Dr. Jaime Cárdenas Gracia, Lic. Rodrigo Olvera Briseño y el Ing. Rafael Decelis Contreras— el pasado 10 de julio, en el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, se llevo a cabo el Foro: “El Debate Constitucional sobre la reforma de Pemex: Conclusiones y Propuestas”. Por la importancia fundamental que el tema constitucional tiene en la discusión nacional, generada a partir de las iniciativas de ley para una reforma de Pemex presentadas por el Ejecutivo Federal, la oficina del diputado federal José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD, ha difundido los aspectos relevantes de las conclusiones y propuestas presentadas en torno al contenido inconstitucional, privatizador y entreguista de las Iniciativas de Ley de Felipe Calderón, documento que aquí publicamos.


CONCLUSIONES

a) Los argumentos vertidos en el Foro Senatorial a fin de apuntalar la constitucionalidad de las iniciativas privatizadoras carecen de validez jurídica, además de que no tienen arraigo ni precedente alguno dentro de la doctrina nacional y están totalmente divorciados de la historia de las luchas del Pueblo Mexicano cristalizadas en los cuatro principios rectores de los derechos de la Nación sobre los hidrocarburos.

b) Las iniciativas en cuestión no pueden, ni deben, ser aprobadas por el Poder Legislativo Federal.

c) Serían inconstitucionales las reformas legislativas que llegaran a aprobarse por su contradicción, principalmente, con los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) El poder revisor de la Constitución previsto en el artículo 135 de la Constitución es un poder subordinado a la Constitución y al constituyente originario. Se trata de un órgano constituido y limitado por decisiones políticas fundamentales cuyos actos deben estar sujetos al control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

e) El fraude a la Constitución o golpe de Estado constitucional se produciría al utilizar la formalidad constitucional y legal para trastocar la legitimidad constitucional representada en los principios constitucionales que establecen los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que son decisiones políticas fundamentales del pueblo de México.

f) En su defecto, es preciso promover y dar curso legislativo a una verdadera reforma energética:
· Que esté a la altura de las luchas históricas del Pueblo de México.
· Que sea rigurosamente apegada a los mandatos constitucionales.
· Que tenga un carácter acendradamente nacionalista.
· Que esté imbuida de una visión de Estado.
· Que no esté alimentada de un espíritu privatizador.
· Que se oriente hacia el genuino fortalecimiento de la industria petrolera nacionalizada y de las cadenas productivas nacionales que giran a su alrededor.
· Que le permita a Pemex desarrollar el potencial que le ha llevado a ser la segunda empresa a nivel mundial en materia de captación de ingresos brutos.
· Que preserve la propiedad, el control y el usufructo de la renta petrolera a favor de los mexicanos.
· Que auspicie la construcción del andamiaje que se requiere para que las mayorías populares puedan ejercer el derecho humano al desarrollo, el derecho humano al futuro.
· Que sea fruto de una consulta popular cuyos resultados sean atendidos por el Congreso de la Unión.

La pretensión de Calderón de abrir áreas estratégicas, reservadas en exclusividad a la Nación a la participación del capital privado, específicamente extranjero, atendiendo a la geopolítica mundial del petróleo, sería devastadora en términos de soberanía y seguridad nacional.

Los problemas que enfrenta Pemex son el resultado del saqueo criminal al que ha sido sometido durante décadas de neoliberalismo en México. La solución a la problemática de Pemex no requiere de la privatización del petróleo y de PEMEX. Pueden y deben ser resueltas respetando el marco constitucional vigente. Fundamentalmente se requiere un Plan Nacional de Energía. La propuesta del gobierno federal debe rechazarse por inconsistente. No es una reforma energética ya que no incluye la petroquímica, ni el gas y tampoco a la electricidad.

Las iniciativas de Calderón responden a los compromisos y acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, particularmente a los compromisos contraídos desde el sexenio de Fox en la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Es decir, para garantizar la seguridad y prosperidad de nuestros vecinos del norte, que conciben a México y a nuestro petróleo como un elemento clave de su seguridad energética y como un apetecible botín de las grandes trasnacionales del petróleo.

PROPUESTAS

Los trabajos de este Foro se orientaron a desarrollar una serie de propuestas que, desde el ángulo de la defensa constitucional, permitan a los Legisladores del Congreso de la Unión y a millones de ciudadanos mexicanos, contar con instrumentos jurídicos necesarios para evitar el quebrantamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

JUICIO POLÍTICO

El artículo 27 de la Constitución prescribe en su párrafo sexto que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”. A su vez el artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que propone el Presidente dice a la letra en lo conducente: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros”. El citado mandato constitucional prohibitivo es categórico, no admite excepciones ni interpretaciones. Se refiere a concesiones y contratos in extenso, o sea, no es alegable que sí se pueden otorgar contratos de obras y de prestación de servicios. En lo tocante a que no subsistirán los que se hubiesen otorgado cabe señalar que el artículo 6º de la vigente Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (Diario Oficial, noviembre 29 de 1958), ordena en lo conducente que: “Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere”. Ley, la anterior, anticonstitucional y que ha favorecido la subsistencia de concesiones y contratos que expresamente prohíbe el artículo 27 de la Constitución. El texto que rige determina que “la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos” y el que propone el Presidente emplea la palabra exploración. Pero al margen de las disquisiciones gramaticales acerca de una palabra y otra lo claro y evidente es que están prohibidos por la Carta Magna concesiones y contratos. Y eso de “los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva” obliga a ésta a reglamentar, o sea, a determinar las reglas para la ejecución del mandato constitucional; siendo un desatino mayúsculo suponer siquiera que “las disposiciones constitucionales vigentes en materia de petróleo admiten diversas variantes en la reglamentación secundaria, que derivan del margen de interpretación que corresponde al legislador”, confundiendo lamentablemente la interpretación auténtica (propia de legislador) con la interpretación constitucional (propia del órgano de control de la Carta Magna).

El artículo 71 de la Constitución concede al Presidente de la República “el derecho de iniciar leyes o decretos”. Al respecto una cosa es tener un derecho y otra ejercerlo. Al ejercerlo el Presidente ha llevado a cabo, un acto de autoridad, el que como todo acto de autoridad o de particular se puede realizar en una de dos vertientes: ser conforme a la Constitución y a la ley o no serlo, violando una, otra, o ambas. Y el Ejecutivo Federal ha violado el artículo 27 constitucional en su párrafo sexto. El artículo 87 de la Constitución obliga al Presidente a prestar la protesta de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, manifestando inmediatamente: “y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

¿Cómo demandárselo? El Título Cuarto de la Constitución, denominado De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, es un maremágnum lleno de contradicciones. El Presidente sin duda es un servidor público y un representante de elección popular (artículo 108), pero protegido por una inmunidad e impunidad odiosas ya que “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común” (artículo 108 en su párrafo segundo). La contradicción, que no excepción, reviste suma gravedad habida cuenta de que otros servidores públicos e incluso representantes de elección popular, de menor jerarquía jurídica y política que el Presidente, “serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales (artículo 108 en su párrafo tercero y artículo 110). En otras palabras, se les impondrán mediante juicio político las sanciones procedentes “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (artículo 109 en su fracción I). Acoto que desde mi punto de vista tales actos u omisiones pueden ser equivalentes a violaciones a la Constitución y a las leyes federales, a lo cual se refiere el artículo 108 en su párrafo tercero.

¿Qué hacer? La Constitución es un órgano jurídico vivo, dinámico, sujeto siempre al desentrañamiento de su ratio legis, de su espíritu. La Constitución se puede y debe interpretar con base en la hermenéutica jurídica. Son varias las interpretaciones que se utilizan en la ciencia constitucional: la gramatical, la auténtica, la declarativa o estricta, la restrictiva, la extensiva, la histórica, la lógica, la sistemática, la progresiva, la teleológica o finalista, entre otras. Y es precisamente ésta última la que ofrece una perspectiva mayor partiendo de la pregunta “¿cuál es el telos o fin de la Constitución? Entonces preguntémonos: ¿habrá querido el constituyente (el juicio político se introdujo en el cuerpo constitucional en 1982) que el Presidente de la República goce de inmunidad e impunidad en los casos de la especie? Si la respuesta es afirmativa dejémoslo allí, concediéndole al “depositario del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión” (artículo 80) un privilegio antidemocrático y superado ya en la historia junto con el absolutismo. Si la respuesta es negativa no hay más camino que recurrir a la interpretación teleológica o finalista, sin exclusión de las otras, y concluir que un Presidente de la República que viola la Constitución o las leyes federales, o que incurre en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, debe ser sujeto de juicio político para todos los efectos del Título Cuarto constitucional.

En el caso de legisladores, los que voten a favor, incurrirían en la hipótesis de procedencia política establecido en el capítulo IV, y reglamentada en la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, “cuando éstos lleven a cabo actos u omisiones que afectan los intereses públicos fundamentales o su buen despacho” o cuando se efectúen violaciones graves a la norma constitucional y este sería el caso.

AMPAROS Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Si se llegare a aprobar esta aberrante reforma, los millones de ciudadanos que estamos en contra de tal pretensión interpondremos sendos juicios de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, vía los correspondientes Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Nuestra legitimación procesal activa, nuestro interés jurídico para activar dicho medio de defensa jurisdiccional de la Norma Constitucional, se haría consistir en el hecho de que con la privatización en cita se vulneraría de manera flagrante, directa e inmediata nuestra esfera de intereses jurídicamente tutelados, los cuales emanan de los derechos constitucionales que nos asisten en nuestra condición de integrantes de la Nación en materia del dominio directo, inalienable e imprescriptible sobre el petróleo y los demás carburos de hidrógeno, y de la explotación directa, absoluta, exclusiva y excluyente de dichos recursos estratégicos, en forma de una industria petrolera nacionalizada de carácter integral a cargo de organismos públicos sujetos a la propiedad y el control del Gobierno Federal, mismos en los que no puede tener intervención alguna el sector privado.

En su oportunidad procesal, en grado de revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que asumir la responsabilidad jurídica, histórica y política de revertir ese magno atropello a una de las decisiones políticas fundamentales consagradas en el Pacto Constitucional de los Mexicanos.

Los principales Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos) reconocen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país, a través de sus representantes y directamente. De igual manera, la Carta Democrática Interamericana, suscrita por México, reconoce que la participación ciudadana en los asuntos trascendentales de un país, es un derecho de toda persona y es un elemento indispensable para considerar democrático a un Estado.

Otra vía, sobre la que no hay duda en su procedencia, es la acción de inconstitucionalidad que pueden promover los legisladores del Frente Amplio Progresista en contra de la aprobación de las leyes. Los legisladores del Frente en la Cámara de Diputados o en el Senado con el apoyo de legisladores de otras fuerzas políticas podrían tener el 33% necesario para interponer la acción prevista en la fracción II del artículo 105 de la Constitución. En este caso, el reto al que se enfrentarían los legisladores radica en el conservadurismo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los vínculos que tienen muchos de ellos con el PAN y con el PRI.

México, D. F., a 14 de agosto de 2008

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miércoles, 13 de agosto de 2008

Sin comida no hay vida, por Laura Itzel Castillo

Ciudad de México, 13 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 502

Sumario:

I.
Sin comida no hay vida, por Laura Itzel Castillo

II. Se reunirá López Obrador con pobladores de 24 municipios guanajuatenses en esta semana

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SIN COMIDA NO HAY VIDA
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicado en El Gráfico el 13 de agosto de 2008)

La Fundación Heberto Castillo Martínez, en coordinación con el Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya y la organización Sin Maíz no Hay País, organizaron el ciclo de mesas redondas “México en la crisis alimentaria global”, donde destacados intelectuales, especialistas y representantes sociales debaten acerca del futuro del campo en nuestro país.

Es claro, a 25 años de aplicación de las recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial los resultados son alarmantes. La crisis alimentaria previsible y largamente anunciada por la que atravesamos actualmente, es consecuencia de la política aplicada desde la derecha, que ha dejado en el absoluto abandono al campo.
Para lograrlo, han venido desmantelando paso a paso las estructuras y apoyos que daban sustento al sistema agroalimentario mexicano, paralelamente a la apertura de nuestra frontera para la importación de alimentos altamente subsidiados en sus países de origen.

La creciente dependencia al exterior se traduce en que, siendo México la cuna del maíz, importamos actualmente 10.7 millones de toneladas de este producto, lo cual representa ¡una tercera parte de lo que consumimos!

En el año de 1993, antes del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, solamente importábamos 250 mil toneladas. Y si vamos más para atrás (aunque ahora parezca increíble) en los años 60 éramos un país exportador de granos.

Pero si en las Olimpiadas de Beijing es casi imposible ganar algo para México, en materia de importación alimentaria en cambio tenemos el primer lugar en el mundo, por ejemplo en la importación de leche en polvo.

Desde hace años, diversos informes de la Organización de las Naciones Unidas han venido señalando que no existía escasez de alimentos en el planeta, sino que éstos estaban mal distribuidos.

En 37 países se han registrado disturbios por la carestía de los alimentos. En el caso de Egipto y de Haití se produjeron protestas por la falta de harina de trigo para la elaboración del pan.

El problema es de escala mundial, pero en México se necesita que haya un plan que fortalezca realmente al campo y no las medidas propuestas por Felipe Calderón, que profundizan aún más la problemática.

Se requiere dar certeza a la producción rural y que se asuma la soberanía alimentaria como el centro de las políticas dirigidas al agro mexicano. El problema alimentario es un asunto de seguridad nacional. Sin comida no hay vida.

El ciclo de mesas redondas se efectuará durante el mes de agosto, cada jueves a las 18.00 horas en el Centro Cultural Veracruzano, ubicado en Miguel Ángel de Quevedo número 687, en Coyoacán. La entrada es libre.

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SE REUNIRÁ LÓPEZ OBRADOR CON POBLADORES DE 24 MUNICIPIOS GUANAJUATENSES EN ESTA SEMANA

A partir de mañana y hasta el próximo domingo, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá reuniones informativas con habitantes de 24 municipios pertenecientes al estado de Guanajuato.

Este jueves, 14 de agosto, el presidente legítimo de los mexicanos comenzará su recorrido de trabajo por los municipios de Coroneo, Jerécuaro, Tarandácuao, Acámbaro, Salvatierra y Tarimoro.

Para el viernes, 15 de agosto, López Obrador visitará a las comunidades de Santiago Maravatío, Yuriria, Uriangato, Moroleón, Valle de Santiago, Jaral del Progreso y Cortázar.

En el penúltimo día de gira por Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador acudirá a los municipios de Villagrán, Pueblo Nuevo, Huanimaro, Abasolo, Pénjamo y Cueramo.

El domingo, 17 de agosto, López Obrador visitará a los habitantes de Villa Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort y San José de Iturbide.

Con esta gira, el dirigente de la izquierda mexicana habrá recorrido más de mil 500 municipios de los 2 mil 500 correspondientes a las 32 entidades de la República Mexicana y para mediados del mes de febrero del próximo año terminará de visitar todas las alcaldías del país.

Su itinerario de trabajo es el siguiente:

Jueves 14 de agosto de 2008
11:00 horas Mitin en Coroneo
12:15 horas Mitin en Jerécuaro
13:35 horas Mitin en Tarandácuaro
16:00 horas Mitin en Acámbaro
17:30 horas Mitin en Salvatierra
18:45 horas Mitin en Tarimoro

Viernes 15 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en Santiago Maravatío
11:15 horas Mitin en Yuriria
12:25 horas Mitin en Uriangato
13:35 horas Mitin en Moroleón
16:00 horas Mitin en Valle de Santiago
17:15 horas Mitin en Jaral del Progreso
18:30 horas Mitin en Cortázar

Sábado 16 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en Villagrán
12:00 horas Mitin en Pueblo Nuevo
13:20 horas Mitin en Huanimaro
16:00 horas Mitin en Abasolo
17:15 horas Mitin en Pénjamo
18:45 horas Mitin en Cueramo

Domingo 17 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en Villa Apaseo El Alto
11:15 horas Mitin en Apaseo El Grande
13:00 horas Mitin en Santa Cruz de Juventino Rosas
16:00 horas Mitin en Comonfort
17:45 horas Mitin en San José de Iturbide

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martes, 12 de agosto de 2008

Tres miradas sobre Bolivia

Ciudad de México, 12 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 501
Sumario:

Tres miradas sobre Bolivia


I.
Constitución versus estatutos autonómicos, la pugna postreferéndum. Evo concilia, Costas confronta

II. El presidente recibió mayor apoyo electoral que cuando fue elegido, en 2005. Rotundo respaldo a Evo, pero también a sus más duros rivales

III. Los obreros no votarán contra Evo

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TRES MIRADAS SOBRE BOLIVIA


El servicio de noticias ISA ha recogido el siguiente prisma de materiales sobre la situación reciente de Bolivia a partir del esfuerzo informativo que cotidianamente realizan los colegas de Correspondencia de prensa - Boletín solidario - Agenda Radical. Cada texto, a su vez, registra a su autor y a la fuente original que lo ha difundido.


Constitución versus estatutos autonómicos, la pugna postreferéndum. Evo concilia, Costas confronta

Redacción Bolpress
http://www.bolpress.com

El presidente Evo Morales convocó a los prefectos ratificados a garantizar la nacionalización de los recursos naturales respaldada por el voto popular, y a conciliar los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando con el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado por la Asamblea Constituyente en 2007. El Prefecto de Santa Cruz advirtió al “revocado” Estado centralista que no se atreva a imponer su Constitución “racista” y anunció que Santa Cruz tendrá un cuerpo policial y una oficina de impuestos autónomos.

Morales felicitó a los prefectos autonomistas ratificados en el referéndum revocatorio, reconoció su legitimidad como autoridades departamentales y, con un tono conciliador, se mostró dispuesto a reconciliarse con opositores y empresarios “patriotas”.

“Si me ratifican con más de 54 por ciento tendría cierta autoridad para convocar a todas las autoridades ratificadas o a las nuevas autoridades para buscar consensos junto con movimientos sociales, sean sindicales o cívicos, para que el pueblo pueda aprobar la Constitución”, declaró Morales el sábado.

Ante cientos de personas reunidas en la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz, el ratificado prefecto Costas advirtió al gobierno “autoritario” que no intente imponer la “ilegal y racista” Constitución porque si lo hace se meterá en “un callejón sin salida.

En un discurso confrontacional y profuso en adjetivos, Costas anunció que los retos impostergables de la autonomía consolidada en el referéndum de este domingo son la convocatoria a elecciones de representantes de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, la creación de un organismo de seguridad paralelo a la Policía Nacional que haga cumplir las normas y leyes departamentales y una Agencia Tributaria Departamental responsable de recaudar impuestos para beneficio de la región.

Según Costas, “el terrorismo de Estado” fue revocado en los departamentos autonomistas y se reafirmó la autonomía ejercida desde el 4 de mayo. En su criterio, el estatuto autonómico “adquiere la categoría de catecismo autonómico de un pueblo creyente”.

El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien todavía no tiene asegurada la victoria, declaró a Unitel que se fortaleció el Consejo Nacional Democrático (Conalde) integrado por opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca. La autoridad reconoció que es difícil conciliar autonomismo y centralismo, dos visiones de país antagónicas, pero hay que hacer el esfuerzo.

Un día antes del referéndum, el vicepresidente Álvaro García Linera declaró al diario La Razón que asumiría la victoria como una ratificación de los grandes lineamientos políticos del gobierno, pero a la vez como una convocatoria a reconocer la fuerza y los criterios de los oponentes en la perspectiva de articular un solo bloque histórico para remontar la crisis. Por eso volverá a convocar a la Iglesia y a las fuerzas políticas a retomar un diálogo auténtico en un nuevo escenario.

El vicepresidente explicó al diario argentino Clarín que el referéndum “sincera la geografía política en el país y la correlación de fuerzas”, y habilita nuevos escenarios de diálogo. En su criterio, se ha sobredimensionado el poder de grupos opositores que se atribuyen el derecho a veto a partir de una “inflación mediática”.

Paralela a esta línea concertadora, el gobierno anuncia que será firme y duro con los saboteadores y sediciosos que sobreestiman su fuerza política y electoral. No se aceptarán más chantajes de esa especie de dictadura de minorías que se impuso en la Asamblea Constituyente y en las regiones. García Linera advierte que se acabaron los cálculos electorales y llegó la hora de gobernar. Esto supone sancionar a pequeños grupos de provocadores y ser implacables en la aplicación de la ley y en el restablecimiento de la institucionalidad.

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El presidente recibió mayor apoyo electoral que cuando fue elegido, en 2005. Rotundo respaldo a Evo, pero también a sus más duros rivales

Pablo Stefanoni , corresponsal en La Paz
Clarín, Buenos Aires, 11-8-08
http://www.clarin.com

El 63% del país avaló el mandato del presidente, según conteos rápidos. Sin embargo, los gobernadores que quieren la autonomía también ganaron ampliamente. La oposición perdió La Paz y Cochabamba. El oficialismo peleaba en Oruro.

Los bolivianos apoyaron ayer masivamente la continuidad del presidente Evo Morales, quien fue ratificado en su cargo con cerca de 63% de los votos según conteos rápidos. Bastante por encima del 54% obtenido el 18 de diciembre de 2005. Sin embargo, pese a la contundencia de su victoria, la foto de Bolivia que surgió de la votación de ayer es la de un país profundamente dividido entre el occidente indígena, donde Morales literalmente arrasó, y el oriente autonomista que no sólo le dijo “No” al jefe de Estado sino que avaló a sus cuatro gobernadores con una avalancha de votos. Así, después de una jornada pacífica, todos festejaron y en este hecho en apariencia auspicioso reside el drama de Bolivia: el afianzamiento del “empate catastrófico” entre dos bloques étnico-regionales con visiones de país enfrentadas, ahora ratificado por las urnas.

Según datos preliminares, que coinciden en las tendencias pero no en los porcentajes, el gobernador Rubén Costas de Santa Cruz fue ratificado con alrededor de 70%; Mario Cosió de Tarija y Ernesto Suárez de Beni con más de 60% y Leopoldo Suárez de Pando con alrededor de 55%.

Como premio consuelo, el oficialismo logró echar al gobernador cochabambino Manfred Reyes Villa y al paceño José Luis Paredes, dos opositores que habían ganado la elección con corte de boleta en 2005 en dos bastiones del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS). Luis Alberto Aguilar, en Oruro, peleaba por retener su cargo por luchas en el interior del MAS, aunque en esta zona minera no está en cuestión el apoyo al gobierno. Mientras Paredes aceptó su derrota, Reyes Villa anunció que dará una pelea legal para mantenerse en su cargo, lo que parece improbable a la luz de la contundencia de su derrota.

“El presidente ha ganado pero la media luna ha ganado más aún. Se mantiene así el empate, que puede ser catastrófico si no se logra un acuerdo nacional”, reflexionó el analista político y asambleísta constituyente Jorge Lazarte. “Evo Morales ganó pero perdió”, leyó el historiador Alcides Parejas, parte del autonomismo radical cruceño.

Según el conteo rápido, Morales fue ratificado con 80% en La Paz, Oruro y Potosí, y con alrededor de 70% en Cochabamba, territorio recuperado por el oficialismo. Pero como un espejo de la línea divisoria —teñida de enconos étnicos— el “No” a Morales sumó más de 60% en Santa Cruz y Beni, y más de 50% en Tarija, Chuquisaca y Pando.

Es decir, se consolida el apoyo social a las autoridades de la “media luna” opositora. “Es un respaldo a la decisión popular tomada en los referendos autonómicos, que abre la puerta a la aplicación de los estatutos de autonomía”, evaluó el gobernador de Tarija, Mario Cossío. “Lo que fue planificado como una emboscada artera fue derrotada hoy en las urnas”, añadió el gobernador Costas, en huelga de hambre en protesta por un recorte impositivo del Estado central. Consideró que la consulta no resolverá los problemas de Bolivia y llamó “macaco” a Evo Morales, sin nombrarlo, y “macacón” a Hugo Chávez, artífices según él de un nuevo terrorismo de Estado. Anunció, además, la creación de una policía y una agencia tributaria locales, hoy sin base legal alguna.

En Santa Cruz, una multitud copó la céntrica plaza 24 de Septiembre con banderas verdes y blancas de la región al ritmo de música carnavalera, mientras los “evistas” cantaron canciones como “coca, coquita”. “Evo Morales no ha perdido, pero qué nos importa. Acá en Santa Cruz hemos ganado. Con este resultado él ya no va a poder seguir jodiendo la pava”, se sinceró en lenguaje local el alcalde cruceño Percy Fernández, famoso por sus exabruptos, quien días atrás convocó a los militares a un golpe de Estado. “(Evo) No pisa más (Santa Cruz)”, coreaban los manifestantes.

El presidente boliviano, que votó en la región cocalera del Chapare, en Cochabamba, retornó a La Paz en la tarde, y en la noche habló frente a sus seguidores desde el balcón del Palacio Quemado. Sin atacar a la oposición, pronunció un discurso breve en el que llamó a juntar la nueva Constitución con los estatutos autonómicos. También habló de unidad: “estamos convencidos de que es importante unir a los bolivianos, del campo y la ciudad, de oriente y occidente, y esa unidad se hará con la nueva Constitución y los estatutos autonómicos”. Consideró a la votación de ayer un triunfo de la “revolución democrática y cultural”, convocó a trabajar juntos en nuevas nacionalizaciones y les dedicó la victoria “a todos los revolucionarios del continente”. “Patria o Muerte... Venceremos”, convocó incorporando una fórmula novedosa en el lenguaje presidencial.

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Los obreros no votarán contra Evo

Econoticias
http://www.econoticiasbolivia.com

Hay quienes convocan a no asistir a las urnas, otros a votar en blanco o nulo y muchos otros a votar por el SÍ a Morales. Hay también quienes llaman a votar en contra de los prefectos derechistas. Ninguna de estas modalidades va en contra de la permanencia de Evo Morales en el poder.

A pesar de la dura represión contra los mineros, del persistente rechazo a las demandas laborales y del evidente incumplimiento de la “agenda de octubre”, la clase obrera boliviana no votará este domingo en contra del presidente indígena Evo Morales ni se sumará a la conjura de la derecha y la oligarquía, pero continuará en la lucha por conquistar sus derechos y con sus propias banderas.

Aunque acongojados por la muerte a bala de dos mineros de Huanuni, doloridos por el medio centenar de mineros heridos y decepcionados por el gobierno indígena-campesino que es blando con la oligarquía y feroz con los obreros, ni la Central Obrera Boliviana (COB) ni sus sindicatos más radicales convocaron a emitir el voto en contra de Morales en el referéndum revocatorio.

Nadie en las filas de los obreros revolucionarios se sumará al llamado de la oligarquía y de la derecha que convocan insistentemente al pueblo a revocar el mandato del “indio presidente”, votando por el NO a Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera.

A pesar de la traición
“Este es un gobierno traicionero. Los dirigentes no tenemos miedo a este gobierno traicionero. En su debida oportunidad le hemos dado el apoyo para que Evo Morales sea presidente de Bolivia, pero ahora nos manda a reprimir con gases y armas de fuego”, aseguró este jueves el principal dirigente de la Federación de Mineros de Bolivia, Guido Mitma, durante el entierro de los dos mineros de Huanuni acribillados por las tropas policiales. “El presidente Evo Morales está traicionando a los trabajadores del país, porque antes luchábamos lado a lado, pero ahora él está al frente y nos manda a reprimir con las fuerzas del orden (…) El presidente Evo Morales está rodeado de gente neoliberal, de gente que responde a los intereses de la derecha y no de los trabajadores. Quienes quieren boicotear, quienes quieren hacer caer a este gobierno son los mismos ministros, que son incapaces de solucionar el conflicto”, dijo Miltma al reafirmar que proseguirá la lucha de los trabajadores por una jubilación digna y un mejor salario, pero sin caer en el “juego de la derecha”.

Posiciones dentro de la COB
En el interior de la COB hay varias posiciones en torno al referéndum revocatorio del domingo, que definirá si Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y los prefectos (gobernadores) mantienen o no sus cargos por los siguientes dos años y medio. Hay quienes convocan a no asistir a las urnas, otros a votar en blanco o nulo y muchos otros a votar por el SÍ a Morales. Hay también quienes llaman a votar en contra de los prefectos derechistas. Ninguna de estas modalidades va en contra de la permanencia de Evo Morales en el poder.

Según establece el artículo 8 de la ley del referéndum revocatorio No. 3850 del 12 de mayo de 2008, se necesitan dos requisitos para que Morales y García Linera dejen de inmediato sus cargos y se llame a nuevas elecciones: que el voto por el NO sea superior al 53,74% de los votos válidos (contabilizando sólo los votos por el SÍ y NO, sin tomar en cuenta la abstención, los votos blancos y nulos) y que los votos por el NO sumen más de 1 544 374. La ley establece que se puede revocar el mandato únicamente si los votos en contra son superiores, en porcentaje y cantidad, a los obtenidos en la elección de diciembre del 2005.

Por ello, la abstención en las urnas o el voto en blanco, o el voto nulo, no cuentan a la hora de revocar el mandato de Morales, que parece totalmente asegurado ante la virtual imposibilidad de la derecha de reunir un millón y medio de votos en contra de Evo.

En las filas laborales, sólo los dirigentes sindicales que se han sumado a las autonomías regionales dirigidas por la oligarquía, como es el caso de las Centrales Obreras de Santa Cruz, Tarija y Sucre, convocan a los trabadores sindicalizados a votar NO a Morales y SÍ a los prefectos derechistas. Estos grupos, sin embargo, sólo tienen fuerza a nivel regional y no en el ámbito nacional.

Conciencia de clase
Y esto es producto de la notable conciencia de clase que tienen los trabajadores bolivianos insertos en la COB y que les permite identificar a la oligarquía, la burguesía y el imperialismo como al enemigo principal y causa de los grandes males nacionales y de la pobreza de los bolivianos.

Por ello, la COB postula la destrucción del poder económico del enemigo principal y lucha por el cumplimiento de la “agenda de octubre” del 2003 (arrebatándole las tierras, las minas, las agroempresas, el gas y el petróleo).

La COB y los sindicatos más radicales no quieren convivir con el enemigo principal ni tratan de cogobernar con él, como es la intención del gobierno de Evo Morales, que representa los intereses generales de los pequeños productores del campo y de la ciudad.

En el interior de la COB, los sindicatos más radicales, como mineros y maestros, consideran que una montaña de votos no es suficiente para liquidar a la oligarquía ni para obligar a Morales a poner mano dura contra la derecha y cumplir con la agenda de octubre (gas, petróleo y minas para el Estado, tierras para los campesinos y buen salario, empleo y jubilación digna para los trabajadores). Otros, en cambio, tienen aún esperanzas en que Evo deje de ser tan blando con la oligarquía y cumpla con las demandas populares.

Rechazo a las urnas
Desde la izquierda más radical, el trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR), que tiene influencia entre los sindicatos más radicales de maestros y mineros proletarios, convocó a los trabajadores a dar la espalda a las urnas.

“El rechazo del POR al circo burgués implica, por una parte, no hacerse ilusiones en la política conciliadora y de carácter pequeño burgués pro-capitalista de Evo Morales, pero también implica ayudar a que las masas desechen la creencia de que con su voto van a ‘castigar a la derecha’ o a derrotarla, implica trabajar para que se superen las ilusiones democrático-burguesas”.

“Las masas no debemos hacernos ninguna ilusión en el gobierno, en el voto y la farsa democrática burguesa”, dice al convocar al pueblo a “organizarnos de manera independiente y luchar por nuestras necesidades inmediatas, por la nacionalización sin indemnización de las empresas alimenticias para poder frenar la subida de los precios, por una nueva ley de pensiones que obligue a la patronal y al Estado a aportar para las jubilaciones de los trabajadores. Por la nacionalización, sin indemnización de las empresas mineras y petroleras, por la toma de tierras y colectivización del agro, por un salario mínimo vital con escala móvil”.

Confianza en Evo
Otros, en cambio, como el estalinista Partido Comunista de Bolivia (PCB) convocaron a votar por Morales y así “abrir el paso a una verdadera revolución”.

“Un triunfo será también la más legítima oportunidad para realizar el golpe de timón que los hombres y mujeres avanzados anhelan. Una inmejorable oportunidad para que se depure al gobierno de quienes no hacen otra cosa que representar velada, subrepticiamente, los intereses del neoliberalismo, de las transnacionales y la oligarquía”, dice el PCB que cree que la votación en las urnas “puede ser una inmejorable oportunidad para dirimir —con la derecha, los oligarcas y los agentes del imperialismo— nuestras diferencias, sin que la sangre llegue al río”.

En esta misma línea, la Alianza Revolucionaria Antiimperialista (ARA) asegura que “la batalla del 10 de agosto será decisiva para derrocar al fascismo que se encuentra en acción contra las legítimas aspiraciones del pueblo empobrecido hasta el extremo, gracias a las políticas impuestas por el imperio y sus agentes nacionales, en los últimos 50 años”. “El 10 de agosto ratificaremos con el SÍ al gobierno de los campesinos, indígenas y las clases populares antiimperialistas. Votaremos NO contra los prefectos reaccionarios y corruptos que representan la derecha, las oligarquías, el latifundio y el imperialismo”, agrega el ARA que agrupa a fracciones de comunistas estalinistas, maoístas, socialistas y nacionalistas de izquierda afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Otras agrupaciones menores convocan a votar en blanco en el caso de Morales y por el NO a los prefectos derechistas.

Los sindicalistas del gobernante MAS piden también dar un fuerte apoyo electoral a Morales, para que tenga la suficiente fuerza y legitimidad que obligue a los prefectos derechistas y a la oligarquía a lograr un gran acuerdo nacional.

Encuestas y resultados
A horas del referéndum, todas las encuestas difundidas por los grandes medios de comunicación confirman el vaticinio de que Evo, su vicepresidente Álvaro García Linera y varios de los prefectos derechistas serán ratificados en las urnas, con lo que se mantendrá la virtual existencia de dos gobiernos en Bolivia, el de Morales que tiene el control del altiplano y de las zonas rurales en los valles, y el de la oligarquía, que gobierna en el oriente y gran parte de los valles.

Concluido el referéndum, la proyección de Evo es lograr un gran acuerdo nacional con la oligarquía para preservar la democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del capitalismo andino. También quiere lograr la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas, impulse el desarrollo capitalista de Bolivia y abra paso a su reelección a partir del 2010.

La derecha, en cambio, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de cinco años.

En medio de estas dos grandes tendencias, los sectores más radicalizados de la COB postulan destruir el poder económico de la oligarquía y, al mismo tiempo, obligar a Evo Morales a ejecutar la agenda de la insurrección de octubre, que se sintetiza en gas, petróleo y minas para Estado, tierras para los indios y empleo y salarios para los trabajadores. La COB, por lo menos hasta ahora, quiere que Evo cambie de política, que sea blando con los sindicatos y trabajadores y que sea feroz con la oligarquía y el imperialismo.

“Los mineros vamos a hacer respetar las conquistas sociales, así sea enfrentándonos a los policías o militares, lo único que decimos es que Evo Morales se olvidó su pasado de dirigente sindical que bloqueaba, que hacia huelgas de hambre y apoyaba otras medidas de presión”, advirtió ayer (por el 8 de agosto) el dirigente minero Mitma.

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