Sumario:
LAS VOCES DEL GABINETE LEGÍTIMO
I. Hospitales públicos, nuevo negocio privado, por Asa Cristina Laurell
II. ¿El país donde no pasa nada?, por José Agustín Ortiz Pinchetti
III. No es lo mismo, pero es igual, por Mario di Costanzo
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HOSPITALES PÚBLICOS, NUEVO NEGOCIO PRIVADO
por Asa Cristina Laurell
secretaria de Salud del gobierno legítimo de México
Vivimos una contradicción en nuestro sistema de salud. Tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la infraestructura médica pública más importante de América Latina, que fue el ejemplo a seguir para muchos países durante años. Sin embargo, durante más de dos décadas, la inversión en hospitales, clínicas o centros de salud ha sido mínima, tanto en los institutos de seguridad social como en la Secretaría de Salud federal. Con esta política social regresiva, México llegó a tener una cama por mil habitantes, incluyendo las instituciones privadas, mientras el promedio de América Latina es de dos. Esa carencia de unidades médicas es el meollo de muchas tragedias y frecuentes quejas de los pacientes. Estar asegurado ha dejado de ser una garantía para acceder oportunamente a la atención. Esta situación es particularmente común entre los afiliados al Seguro Popular. Se les da un seguro, ciertamente restringido, pero no hay dónde hacerlo efectivo.
Al mismo tiempo que el secretario de Hacienda excluye a las instituciones públicas de salud del presupuesto para inversión, la Secretaría de Salud está contratando con empresas privadas, bajo el nombre “proyectos para prestación de servicio (PPS)”, la construcción y servicios de mantenimiento de hospitales que venderán servicios al sector público y privado. Eso es, se está privatizando la infraestructura de salud con el mismo mecanismo, pero con otro nombre, usado en el sector eléctrico y carretero con los tristemente célebres Pidiregas. Éstos no son aprobados en el presupuesto, pero implican el endeudamiento del país durante aproximadamente un cuarto de siglo, y son nuevos ámbitos de negocios privados.
Hasta la fecha, hay dos contratos firmados para este tipo de hospitales: el Hospital de Especialidades del Bajío y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Tamaulipas. Están en planeación otros seis. Ya se inauguró el hospital del Bajío, inclusive dos veces, pero casi no está funcionando. Sirve de ejemplo de este modelo de hospital. En total, va a costar al erario 7 mil 749 millones de pesos en un plazo de 25 años. Este monto es aproximadamente ocho veces el costo de construcción de 970 millones, que en sí es muy alto. Este gasto no incluye el costo de la atención médica, y sólo de personal está prevista una nómina anual de 278 millones de pesos.
La condición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aprobar la firma de los contratos PPS es que los gastos se absorban dentro del presupuesto regular de la Secretaría de Salud. Es decir, el hospital debe ser económicamente autosuficiente, y si no lo logra, la Secretaría deberá quitar dinero a otros hospitales u otros rubros de salud. No puede dejar de pagar a la empresa privado, porque el incumplimiento acarrea multas. En 2007 está programado un pago de 260 millones al consorcio español Acciona SA, a pesar de que el hospital ha prestado pocos servicios.
Este hospital-empresa-pública está pensado para tres “clientes”: el Seguro Popular, los institutos de seguridad social y las aseguradoras privadas. Aunque el Seguro Popular ha sido el pretexto para construir los PPS, es de subrayar que muchos de sus servicios especializados no están cubiertos por éste y tendrían que ser pagados por el paciente. No queda claro de dónde sacarían el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fondos para pagar al hospital-empresa, ya que su presupuesto no alcanza para sus propios servicios. Los clientes preferidos de estos servicios subsidiados por el gobierno serán entonces las aseguradoras. Los ganadores de los PPS son los consorcios constructor-administradores y las aseguradoras.
Junto con el Banco Mundial, el país promotor de este tipo de hospitales es Inglaterra, que ya tiene más de 15 años de experiencia con ellos. En una reciente evaluación de estos hospitales, la Federación Española de Defensa de la Salud Pública encontró que: son mucho más caros, condicionan y reducen la capacidad de inversión y los presupuestos de salud públicos durante muchos años, limitan la adaptación a los cambios tecnológicos y poblacionales, reducen el nivel de información y transparencia y empeoran la calidad asistencial. Sus conclusiones coinciden con varios estudios publicados en la literatura científica internacional. Los medios de comunicación ingleses han hecho denuncias sistemáticas sobre estos problemas, y últimamente se han parado varios proyectos PPS en aquel país. El más notorio fue el Complejo de Salud Paddington, en 2005, porque su costo proyectado subió de 360 a mil 100 millones de libras, mientras el número de camas bajó de mil a 800.
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¿EL PAÍS DONDE NO PASA NADA?
por José Agustín Ortiz Pinchetti
secretario de Relaciones Políticas del gobierno legítimo
Calderón está afrontando el problema social… para exacerbarlo. No hay un solo sector que no tenga que afrontar una crisis en este principio de año. El 90 por ciento de la población va a resentir el alza en los artículos de primera necesidad. Todos vamos a salir afectados por los aumentos a la electricidad y a las gasolinas y el diesel. Están frescas las promesas de Calderón de reducir su precio. La baja en las ventas está obligando a despidos. El desempleo llega a extremos que no se veían desde mediados de los noventas. No se quisieron utilizar las salvaguardas para impedir que la importación de productos agrícolas acabara con nuestros productores. Es una provocación el acuerdo con el PRI para permitir a la iniciativa privada entrar al negocio del petróleo, y otra el aumento de impuestos a los pequeños y medianos productores. La cancelación del programa de Carmen Aristegui ha sido interpretada como una concesión de Televisa a Los Pinos. Las clases trabajadoras tienen un poder de compra 45 por ciento menor que hace 20 años. Los incrementos de salarios mínimos son una afrenta. ¡Muchos fierros en la lumbre!
¿Calderón y su equipo suponen que no habrá respuesta importante a estas agresiones? Quizás piensen que la pirámide social construida durante la colonia y mantenida hasta nuestros días ha educado el pueblo en la sumisión en un temor reverencial al gobierno. Hablan además de la “adaptabilidad del mexicano”. De su capacidad para resignarse. Del efecto de la televisión y sus inteligentes mensajes apaciguadores. De este país donde nunca pasa nada.
No soy catastrofista, pero creo que estos cálculos son peligrosos. La urbanización, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a la política, el aumento exponencial de la participación ciudadana de la información política del debate son elementos que pueden encender la inconformidad ante el incentivo de tiempos difíciles y de ineptitud e ilegitimidad del gobierno. Habrá programas populistas, pero no hay dinero suficiente para contener la inconformidad cuando se acelera.
Es improbable que la gente asalte los supermercados, pero no tanto que la guerrilla amplíe sus actividades. La alternativa está en la oposición democrática. Les guste o no, su núcleo es el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Tendrá mucho por hacer: consolidar su estructura, rebasar sus 2 millones de afiliados, crear grupos en todo el país, atraer fuerzas emergentes. Profundizar su acción en los estados del norte y del centro. Se ha posicionado bien contra el aumento de impuestos, es buena causa la defensa del petróleo y de la economía popular. La organización es la única esperanza para hacer triunfar la resistencia pacífica que pudiera llevar a México a la democracia. Las otras alternativas son la sumisión o la violencia.
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NO ES LO MISMO, PERO ES IGUAL
por Mario di Costanzo
secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo
De acuerdo con la teoría económica, la inflación es la disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de productos y servicios que se pueden comprar con ese dinero.
Para medirla se construye un indicador llamado “índice de precios” que debe incluir la totalidad de los precios de los productos y servicios que existen en la economía; es decir, los que la gente adquiere, mismos que van desde los productos que todos los ciudadanos “comunes” diariamente compran, como alimentos básicos o el uso del transporte público, hasta aquellos que los ciudadanos “no tan comunes” pueden adquirir, como son los diamantes, oro, aviones, caviar, etcétera.
Sin embargo, ya que es mucho más común que la gente compre alimentos en vez de diamantes, la importancia de la comida dentro del “índice de precios” debe ser mayor, que la de los diamantes, por ello, un aumento en el precio de los alimentos debe hacer crecer mucho más el “índice de precios” que un alza en el precio de los diamantes.
Esta situación se confirma con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), según los cuales las familias mexicanas gastan en promedio 30 por ciento de su ingreso en alimentos, 18 por ciento en transporte, 15 por ciento en educación (a pesar de que debe ser gratuita), 9 por ciento en vivienda y el 6 por ciento en vestido, 6.5 por ciento en enseres domésticos, 4 por ciento en salud y el restante en otros gastos.
Esto cobra importancia porque durante los últimos días, muchos doctores en economía, analistas financieros, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y hasta el gobernador del Banco de México, con el mayor descaro del mundo, han señalado que durante 2007 la inflación fue de apenas 3.76 por ciento, “cifra menor en 29 centésimas a la registrada durante 2006”.
Esto, en otras palabras, quiere decir que según ellos, este “índice de precios” creció, entre enero y diciembre del año pasado, solamente en 3.76 por ciento.
Sin embargo, recientemente, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial señalaron que durante 2007 el crecimiento promedio de los alimentos fue de 36.7 por ciento, el de los energéticos de 48 por ciento, tan sólo productos como el frijol, trigo, harina de soya o el maíz, tuvieron alzas hasta del ciento por ciento.
Más aún, el propio gobernador del Banco de México, queriendo componer la farsa, aceptó que algunos alimentos y productos agrícolas habían registrado incrementos en sus precios de más de 86 por ciento.
Lo que es un hecho es que mientras en diciembre de 2006, el costo de una canasta básica de 42 productos era de 818 pesos, para diciembre de 2007 este conjunto de productos costaba ya mil 105 pesos; es decir, creció 35 por ciento.
Luego entonces, es absolutamente válido señalar que la inflación para muchos millones de mexicanos fue de 35 por ciento, ya que ésta se define como la disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de productos y servicios que se pueden comprar.
Y que conste que enfatizo lo “que se pueden comprar” ya que, de acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI, 70 por ciento de los 22 millones y medio de familias que existen en el país, viven con un ingreso mensual menor a 10 mil 600 pesos, es decir, con menos de nueve salarios mínimos. Por ello, lo que pueden comprar no va más allá de los productos popularmente conocidos como básicos o necesarios.
De esta manera, mientras que para muchos economistas este razonamiento no es lo mismo que lo que ellos entienden por “inflación”, para millones de familias la situación que enfrentan es igual a que el costo de la vida se hubiera encarecido en 35 por ciento, o bien que su dinero ahora le alcance para 35 por ciento menos de lo que hace un año podían comprar.
En otras palabras; mientras que para el gobierno no es lo mismo, para millones de mexicanos, es igual.
Ahora bien, si lo que he señalado no es cierto, entonces por qué Eduardo Sojo firmó un convenio con las tiendas de autoservicio para reducir en hasta 30 por ciento diversos productos básicos. Por cierto, dicho convenio será de muy corto alcance ya que todos sabemos lo que sucederá con los precios, cuando éste llegue a su fin en el mes de marzo.
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