Ciudad de México, 6 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 441
I. La seguridad energética nacional, el proyecto de reforma de Pemex. Intervención de Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en los debates del Senado de la República sobre la reforma energética
II. Se busca entregar una legislación permisiva a la enajenación del patrimonio petrolero a la ya agonizante administración del presidente Bush. Intervención de Gustavo Iruegas, secretario de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de México durante los debates del Senado de la República sobre la reforma energética
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LA SEGURIDAD ENERGÉTICA NACIONAL, EL PROYECTO DE REFORMA DE PEMEX
Intervención de Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas en los debates del Senado de la República sobre la reforma energética
Presentación
Una cuestión nos queda clara. Los argumentos utilizados para proponer la reforma a Pemex son los mismos de las empresas extranjeras para criticar la expropiación de sus bienes por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas.
Se dijo entonces: México no tendría ni capacidad financiera, ni elementos tecnológicos, y, por supuesto, los trabajadores —técnicos, profesionistas, administrativos y obreros— llevarían a la quiebra a la industria petrolera. Sólo las empresas trasnacionales podrían salir avante en la extracción, producción, distribución y comercialización del petróleo mexicano.
Hoy se nos repite en forma incesante esos mismos argumentos: Pemex no podrá ni tiene capacidad técnica y para “fortalecerlo” se requiere de la participación de las empresas extranjeras. Ésa es la salida actual, se insiste.
Desde aquella época, quedó más que demostrada la capacidad plena de los mexicanos en Pemex, gracias a lo cual se ha convertido en la empresa por excelencia del país y genera el sustento económico del crecimiento y el desarrollo nacional. El mayor aporte al PIB es de Pemex.
De los propósitos indicados resalta el desdén hacia el trabajo de profesionistas, técnicos y obreros de nuestro país. La iniciativa de reforma a Pemex los olvida. Peor aún, nos agravia, cuando nos asecha.
Durante todo el siglo pasado más lo que llevamos de éste, es notoria la calificación de los trabajadores petroleros para alcanzar los objetivos de producción y servicio en la industria; en todos los ámbitos esa capacidad dio cuenta de su crecimiento, expansión y consolidación; sólo gracias al trabajo de los petroleros, Pemex se ha convertido en la industria estratégica que es.
Desde nuestra perspectiva, desde la industria eléctrica notamos y anotamos estas cuestiones, pues buena parte de los calificativos están basados en ese desdén. Las descalificaciones empiezan con los trabajadores para culminar con sus derechos, con el contrato colectivo y con la aparente improductividad. En los momentos cruciales de nuestras industrias estratégicas, se menciona a los trabajadores para descalificarlos; para atacar sus derechos como prerrogativas o como privilegios. Cuando no es desdén es ataque.
Nuestro reclamo va en ese sentido. Antes que los administradores y directores de las empresas, siempre transitorios o sexenales, queda el conjunto de obreros, de técnicos, profesionistas, especialistas y trabajadores, todos permanecen en estas nuestras empresas, son base, sustento y razón de la eficiencia, calidad y productividad de la industria estratégica nacional.
Desde 1938 como desde 1960, los recursos estratégicos de la nación se respaldan, se fundamentan y proyectan con el esfuerzo, calidad, esmero y convicción de las trabajadoras y los obreros mexicanos. Los contratos colectivos son el mecanismo idóneo, donde cantidad y calidad del trabajo se adecuan a las exigencias productivas, a las de la demanda como a las del medio social y a la ecología; responden al cumplimiento cabal de los objetivos de ser empresas al servicio del crecimiento económico y palanca del desarrollo social.
México tendrá proyección a partir del sentido constitucional otorgado a sus recursos estratégicos. Independencia económica, desarrollo social y soberanía política logrados por su industria nacional de energía. Siendo esta la cuestión, tan sencilla de entender, nos preguntamos: ¿Qué se están proponiendo? ¿Se trata de un asunto de seguridad energética nacional o es un asunto de seguridad geopolítica del vecino del norte?
Nuestra respuesta es clara: Por supuesto, se trata de la seguridad energética nacional y, por lo mismo, de mantener para el país los recursos estratégicos en la esfera de dominio directo, exclusivo y excluyente que tiene el Estado mexicano sobre ellos.
(Por su extensión, reproducimos aquí sólo el inicio de la ponencia de Martín Esparza, secretario general del SME. El documento completo puede consultarse en: http://www.senado.gob.mx/reforma_energetica/content/foros/docs/27mayo2008_4.pdf)
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SE BUSCA ENTREGAR UNA LEGISLACIÓN PERMISIVA A LA ENAJENACIÓN DEL PATRIMONIO PETROLERO A LA YA AGONIZANTE ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE BUSH
Intervención de Gustavo Iruegas, secretario de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de México durante los debates del Senado de la República sobre la reforma energética
Aunque en el texto de las iniciativas de reforma al régimen legal del petróleo en México aparece el tema de los yacimientos transfronterizos, es en el documento titulado “Diagnóstico. Situación de Pemex”, presentado el día 30 de marzo de este mismo año por la secretaria de Energía y el director general de la empresa, en el que se le dedican unas páginas aparentemente sustantivas.
Sin embargo, de lo anterior, en todo el expediente que propone la desincorporación del petróleo mexicano, de la soberanía y del patrimonio nacionales, al igual que en los motivos de las iniciativas de ley que han dado origen a este debate, descansan tres argumentos enfáticamente planteados a lo largo del diagnóstico.
Han sido muchos los alegatos acerca de la cuestionable veracidad de estos argumentos; y seguramente se escucharán más a lo largo de estas sesiones. Yo me detendré brevemente en ellos, porque hacerlo sirve para explicar la presencia del tema de los yacimientos transfronterizos en este debate.
El primero sostiene que las reservas nacionales de hidrocarburos probadas, probables y posibles han entrado en fase de declinación y que para el año 2018 ya no será posible mantener la plataforma de producción de 3 millones de barriles diarios.
Las dos partes de esta afirmación deben analizarse separadamente. La primera. Las reservas nacionales han entrado en fase de declinación, se respalda precariamente con la cuenta estadística de las reservas en los últimos 25 años; pero carece de información acerca de los esfuerzos y gastos de exploración realizados en ese mismo plazo. El dramático acierto tendría que sostenerse en los estudios de prospección sobre el territorio nacional que demuestren la inexistencia de otros yacimientos. De otra manera, lo que hay que explicar son las razones por las que se abandonó o se redujo esa importante actividad.
La segunda parte del argumento asegura que ya no será posible mantener la plataforma de producción actual, dando como un hecho indiscutible que producir más de 3 millones de barriles diarios es una meta irrenunciable.
Todos los elementos de la gestión petrolera son variables: Las reservas, la tecnología, los costos y los precios. Igualmente lo es la plataforma de producción que año con año determina la Ley de Ingresos. Lamentablemente, esa determinación se hace con propósitos fiscales cuando debiera hacerse en función del Plan Nacional de Desarrollo, si éste tuviera aplicación efectiva.
La plataforma de producción del país no es otra cosa que la cantidad de petróleo que se autoriza extraer en un año para satisfacer la demanda interna y la que se destina a la exportación. Como los precios están vertiginosamente al alza y siendo que las reservas mundiales empiezan a agotarse, es de esperarse que el petróleo, cada vez más escaso, siga subiendo de precio.
La renta petrolera es una función del costo de producción, la cantidad de aceite que se vende y el precio al que se vende. De modo que en la medida en que los precios suban, la producción puede bajar sin afectar la renta petrolera del país.
La tendencia a subir de los ya altos precios del petróleo debería aprovecharse para vender cada vez menos petróleo al extranjero y preservar el que aún queda para el consumo interno en el futuro. Todo el petróleo que ahora vendamos lo compraremos mañana a los precios crecientes de la escasez y la especulación.
Aterroriza pensar a qué precio tendremos que importar la gasolina que ahora compramos a más de 400 dólares porque ya no somos capaces de producirla. Una investigación, quizá social, de por qué ya no somos capaces de producir la gasolina que antes producíamos nos llevaría, sin duda, a un dictamen de negligencia culposa.
Como se ve, los temores de que se ponga en riesgo la plataforma de producción del país no tienen fundamento sólido y se desvanecen fácilmente porque la idea misma de una plataforma no es sólida. Pero la decisión de acreditar las iniciativas de ley que modifiquen la propiedad del petróleo y el régimen de la industria petrolera mexicana subsiste a lo largo del documento y alrededor de ese falso concepto.
El segundo argumento es que la última opción mexicana está en los yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, cuya explotación Pemex es incapaz de practicar, por lo que debe llevarse a cabo por empresas extranjeras. La propuesta de compartir los yacimientos con la empresa extranjera capaz de extraerlos no toma en cuenta, o quizá deliberadamente evita mencionar, que al comprometer los yacimientos bajo los abusivos contratos de riesgo y otros modelos similares, automáticamente las reservas y la producción disponible para México se verá reducida, al igual que la renta petrolera, en la proporción prevista en el contrato.
Por lo tanto, si se autorizaran contratos de riesgo a 50%, las reservas nacionales se verían reducidas en la práctica en 50%. Y lo mismo sucedería con la renta petrolera. En esas condiciones, ¿se podría mantener la sagrada plataforma petrolera? Seguramente no, porque para que México pudiera disponer de 3 millones de barriles diarios, se tendrían que extraer 6.
El tercer argumento es la prisa impuesta por el cálculo de que en 10 o 12 años ya no se cumplirá la plataforma de producción actual y que estar en condiciones de explotar los yacimientos en aguas profundas tomaría ésos o mayores plazos, por lo que hay que iniciar los trabajos ahora mismo.
El diagnóstico dice al respecto, que: de no iniciar en este momento una actividad intensa de exploración y explotación en aguas profundas del Golfo de México, para el año 2021 México vería reducida su plataforma de producción en cerca de 500 mil barriles diarios respecto a sus niveles actuales. Y continua: “Aún disponiendo de los recursos financieros sin restricción, la complejidad de esos campos, los riesgos geológicos asociados, las necesidades tecnológicas involucradas y la incipiente experiencia que se tiene en esas áreas impedirían a Pemex realizarlos por sí mismo en el periodo que se requiere para sostener la producción del país”.
Es decir, que si tuviera más tiempo sí podría, pero como la prioridad es sostener la producción, pues no se puede. No se trata, entonces, de capacidad. Se trata de que hay prisa. ¿Cómo se vincula, entonces, la cuestión de los yacimientos transfronterizos con la prisa? El tema atiende a diversas clases de mantos acuíferos, de hidrocarburos o minerales que trascienden el territorio de dos o más Estados.
En México, tenemos varias clases de esos yacimientos: acuíferos, de hidrocarburos y seguramente de minerales. Lógicamente, los yacimientos de esa clase que tiene México, en tierra o bajo el mar, se extienden a los países aledaños. Vale decir: Estados Unidos, Guatemala, Belice, Cuba y Honduras. Con los tres primeros se trata de fronteras en mar y tierra; y con los dos restantes, las hay solamente marítimas.
Los yacimientos transfronterizos más importantes que tiene México son, mientras no se descubran otros, los que ocupan territorio mexicano y americano. Y consisten en mantos acuíferos y yacimientos de hidrocarburos y minerales.
En los más de 15 tratados con tema fronterizo entre México y Estados Unidos, no había previsiones sobre los yacimientos transfronterizos. Fue hasta que en el año 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que el Derecho Internacional pudo dar el respaldo jurídico suficiente para que ambas naciones firmaran en el año 2000 un tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas.
Además de determinar la anchura del mar territorial, de la zona contigua y de la zona económica exclusiva, la Convención estipuló la anchura de la Plataforma Continental que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas hasta el bordo exterior del margen continental; o hasta 350 millas, si este margen las excede, y 200 si no lo alcanza, contadas a partir de la base de medida del mar territorial. Sobre esta plataforma, el Estado ribereño mantiene derechos exclusivos para exploración y explotación.
La Convención prevé en su artículo 83 que la delimitación de la Plataforma Continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos, sobre la base del Derecho Internacional Aplicable.
Aunque Estados Unidos no es parte de la Convención, de esos dos artículos, 76 y 83, surgen los derechos de plataforma continental en el Golfo para México, Estados Unidos y Cuba. Esas delimitaciones dejan dos espacios que por analogía podríamos llamar “realengo”, pero que se han dado en llamar “Hoyos de Dona”. Uno de ellos es un polígono irregular que se forma entre los límites de la plataforma continental de México y Estados Unidos, que mide aproximadamente 17 mil kilómetros cuadrados, de los cuales, 10 mil 500 corresponden a México y 6 mil 500 a Estados Unidos.
El otro es un triángulo entre Cuba, Estados Unidos y México, con una superficie aún no delimitada, pero cercana a los 20 mil kilómetros cuadrados.
Es oportuno señalar que el polígono occidental ya no existe, porque esa área ha sido incorporada a las plataformas de Estados Unidos y de México en las proporciones mencionadas; la que sí está trazada es la línea que la separa por virtud del tratado que dividió justamente el hoyo de la dona, con una línea que se prolonga por 129 millas.
Como el interés por esos espacios está en los yacimientos transfronterizos, el tratado prevé que a lo largo de esa línea de 129 millas, las partes no autorizarán ni permitirán la perforación ni la explotación petrolera de gas dentro de una milla náutica y cuatro décimas a cada lado de la línea durante diez años.
Esta moratoria abarca una superficie de 1 239 kilómetros cuadrados, y termina el 16 de enero del año 2011. No hay mucha información disponible sobre las razones de los negociadores del Tratado del Hoyo de la Dona por la que se decidió la distancia de 1.4 millas a lo largo de las 129 millas, pero hay dos respuestas informales.
La primera dice que las excavaciones horizontales no podrían rebasar esas distancias, y la otra, que los yacimientos son generalmente de menores proporciones, de manera que, los que resultaran transfronterizos quedarían dentro del área protegida.
Lo interesante es que ambas explicaciones acusan la intención de evitar una explotación abusiva por alguna de las partes.
En el diagnóstico se plantea que la superficie bajo aguas profundas en el Golfo de México sobre la que México tiene derechos es de 575 mil kilómetros cuadrados, sin contar las superficies en aguas someras. También asegura que en la línea fronteriza entre la desembocadura del Río Bravo y el punto de inicio del Hoyo de la Dona existen yacimientos transfronterizos en una zona llamada Cinturón Plegado de la región denominada Perdido, en la que ya se practican perforaciones del lado americano, y donde por un fenómeno de cambio de presión, quien extrae unilateralmente lo hace en todo el yacimiento en perjuicio de quien no ha perforado o a perforado tarde.
Advierte, además, que en la actualidad las perforaciones horizontales pueden alcanzar hasta 11 kilómetros, y que la existencia de esos yacimientos y la disponibilidad de la tecnología para explotarlos unilateralmente desde el lado americano —cito—: “implica un riesgo de pérdida de hidrocarburos aún en yacimientos ubicados totalmente en el lado mexicano”.
Empresas concesionarias de Estados Unidos, apoderándose indebidamente de hidrocarburos mexicanos no es un escenario improbable. Pero, ¿cuánto es lo que está en riesgo? Pues el máximo imaginable sería el que se pudiera extraer de una faja fronteriza de 200 millas por seis millas de ancho —11 kilómetros— área que resultaría en unas 1,200 millas salpicadas de yacimientos todavía indeterminados.
Aún quedarían para México 570 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental bajo aguas profundas. La preocupación suena desproporcionada en términos de las cantidades de hidrocarburos en riesgo de ser robada. Tampoco parece obedecer a loable prurito de no permitir el despojo de la nación, pues eso no parece preocuparle al gobierno de facto; así se deduce de que no manifiesta la misma preocupación en los yacimientos transfronterizos terrestres entre la cuenca de Burgos y la cuenca de Río Grande donde ya se aplica el criterio de Estados Unidos de que cada quien extraiga lo que pueda, y México permite la explotación por empresas extranjeras.
Por otra parte, las empresas que nos podrían robar en el cinturón plegado son las mismas o semejantes a aquellas con las que Pemex contrataría la explotación en nuestras aguas profundas. ¿Por qué piensa Pemex que asociado a las empresas ladronas, éstas no lo robarían? ¿Acaso cree la conseja de que socio no roba a socio? Seguramente no.
Es solamente que el verdadero propósito del planteamiento de la explotación abusiva de los yacimientos fronterizos se usa para abundar en la idea de urgencia de que está impregnado el diagnóstico. No se trata de salvar los yacimientos fronterizos, sino de compartir con las empresas extranjeras aquellos que están en los 575 mil kilómetros cuadrados de aguas profundas sobre las cuales México tiene derechos exclusivos de explotación. Depósitos a los que según el propio diagnóstico indica no se puede llegar rápidamente.
¿Cuál es la prisa, entonces? La prisa consiste en poder entregar una legislación permisiva a la enajenación del patrimonio petrolero a la ya agonizante administración del presidente Bush. Ésa es la verdadera motivación que vemos en el gobierno legítimo de México a las ansias extranjerizantes de los espurios.
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