La AMEDI llama a defender las reformas que limitan la capacidad de las empresas de radio y televisión para influir en los procesos electorales

Ciudad de México, 13 de julio de 2008

Servicios informativos núms. 475 y 476

Sumario:

I. La AMEDI llama a defender las reformas constitucionales que limitan la capacidad de las empresas de radio y televisión para influir en los procesos electorales

II. Lucha cívica por nueva ley de medios: ¿quiénes son los dueños del “cielo” radioeléctrico?, por Jorge Alonso
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LA AMEDI LLAMA A DEFENDER LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE LIMITAN LA CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA INFLUIR EN LOS PROCESOS ELECTORALES Y EN LA VIDA PÚBLICA NACIONAL

La siguiente carta ha sido remitida a la redacción del servicio de noticias ISA por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información para su difusión. Dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representa una respuesta de periodistas, artistas e intelectuales de primer orden a los recientes amparos que se han presentado ante el Poder Judicial en contra de las reformas a la Constitución aprobadas en noviembre de 2007. Dichas reformas, cabe recordar, mientras sigan vigentes representarán la limitación del poder del dinero en las campañas electorales en beneficio de la equidad electoral y la democracia.

C. Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señores ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
P r e s e n t e s.

En los meses recientes varias organizaciones sociales y, por otra parte, algunos ciudadanos, han presentado demandas de amparo en contra de una de las disposiciones contenidas en la reforma constitucional promulgada el martes 13 de noviembre de 2007. Se trata de la adición al artículo 41 Constitucional en donde se establece que, además de los partidos políticos, “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

A quienes suscribimos este documento, miembros de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, nos parece que esa disposición es saludable para la democracia. A diferencia de quienes, con argumentos que rechazamos, han sostenido que se trata de un atentado a la deliberación democrática y a la libertad de expresión, a nosotros nos parece que la mencionada adición Constitucional:

1. Contribuye a la equidad en la competencia electoral. La posibilidad de que algunos particulares quieran influir en la decisión de los ciudadanos a través de la contratación en televisión o radio de anuncios de carácter político, ha sido un factor que altera la equidad de oportunidades que, de acuerdo con su presencia electoral, deben tener los partidos y candidatos.

2. Impide que aquellos que tengan dinero para contratar spots puedan hacer política electoral en detrimento de quienes no cuentan con recursos para realizar ese gasto. Hay quienes consideran que la libertad de expresión se ejerce en la compra de espacios que no resultan demasiado costosos, como los que se pueden contratar en estaciones locales. Sin embargo, ante esa opción se encuentra la imposibilidad que la gran mayoría de los mexicanos tiene para pagar las tarifas de los medios de alcance nacional. Más allá de la desigual capacidad de compra que en ese como en todos los sentidos padece nuestra sociedad, resulta adecuado liberar al ejercicio de la política, y a la construcción de la democracia, de la dominación que imponen tarifas, intereses y exigencias de los consorcios comunicacionales.

3. Limita la capacidad de las empresas de radio y televisión para influir en los procesos electorales y en la vida pública nacional. Hasta ahora, la posibilidad de vender a precios inferiores —o superiores, a veces— a sus tarifas comerciales les ha permitido a esas empresas favorecer a algunos y discriminar a otros ciudadanos interesados en contratar espacios de esa índole.

4. Propicia que el debate público acerca de los temas que interesan a los ciudadanos sea a partir de propuestas, posiciones políticas e ideas y no solamente en función de consignas propagandísticas y escuetas como las que hay en los spots.

5. No obstaculiza la deliberación pública, que seguirá desenvolviéndose en espacios institucionales y partidarios, así como en medios de comunicación de toda índole. Los medios de radiodifusión cuentan ya con programas abiertos a la discusión política y no tendrán impedimento alguno para abrir otros más.

6. Las únicas limitaciones para el ejercicio de la libertad de expresión en la radio y la televisión serán las que establezcan los concesionarios de esos medios. La disposición constitucional a la que nos referimos únicamente impide la compra de espacios para difundir mensajes políticos en radio y televisión. No hay que confundir la libertad de expresión con esa vertiente de la libertad de mercado.

7. Esa disposición ya existía en el Código Federal Electoral. Ahora los legisladores la incorporaron además a la Constitución Política y, en la ley reglamentaria, establecieron sanciones para quienes transgredan la prohibición a la compra de espacios políticos en medios electrónicos.

La AMEDI, convencida defensora de la libertad de expresión, sabe que no existe ninguna libertad absoluta y que todas ellas, para ser productivas, deben conjugarse con otros valores positivos, en este caso el de la equidad en la contienda electoral que tanto ha costado construir en nuestro país.

Si hoy en día existen riesgos para la libertad de expresión en México, no se deben a la reforma constitucional sino, entre varios factores, a la violencia que afecta a los periodistas en diferentes sitios del país y, por otra parte, a la concentración que al dejar muchos medios de comunicación en pocas manos se ha constituido en una de las principales limitaciones para la diversidad en los espacios de comunicación mexicanos. Precisamente, la Corte se ha manifestado contra esa concentración y está pendiente la legislación que recupere esa y otras definiciones de los Ministros que la integran. El Congreso ha demorado injustificablemente la aprobación de una nueva Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Invitamos a que los promotores de las demandas de amparo para que, de la misma manera que han apremiado a la Corte a fin de que examine sus puntos de vista, lo hagan con el Congreso de la Unión para urgirlo a que resuelva las muchas lagunas que existen en la legislación para los medios.

Como estamos persuadidos de la pertinencia de la reforma constitucional a la que nos hemos referido, nos preocupan la confusión y las distorsiones que se han propalado, acerca de ella, a partir de demandas de amparo como las ya mencionadas. Una de esas demandas ha sido suscrita por 15 intelectuales y periodistas. Queremos manifestar nuestra disposición a discutir este tema con ellos, de manera abierta y pública. Si las empresas televisoras que tan interesadamente han difundido la demanda de amparo de esos ciudadanos abren espacios, en emisiones en directo o sin edición, para examinar las implicaciones de la mencionada adición Constitucional, estaremos en la mejor disposición para discutir con ellos en esos medios.

Por otra parte, si la Suprema Corte resuelve celebrar audiencias para conocer opiniones sobre este asunto, también expresamos nuestro mayor interés para participar en ellas.

Nos parece que las presiones por parte de algunos medios de comunicación inconformes con la reforma constitucional —algunas de ellas sustentadas en infundios e intimidaciones— que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros han recibido en fechas recientes, son absolutamente inaceptables. La autonomía y soberanía de la Corte no deben ser vulneradas por poder alguno. También nos parece que los plazos legales y los ritmos de trabajo de la Corte y sus ministros tienen que ser respetados en este, como en cualquier otro tema que sea puesto a su consideración.

México D.F., viernes 11 de julio de 2008.

Atentamente

Carmen Aristegui Flores, Alberto Aziz Nassif, Jorge Carpizo MacGregor, Jaime Cárdenas Gracia, Felipe Cazals, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo, Javier Corral Jurado, Denise Dresser, Raúl Trejo Delarbre, Beatriz Solís Leree, Jesús Cantú Escalante, Lorenzo Cordova Vianello, Francisco José Paoli Bolio, Pedro Salazar Ugarte, José Woldenberg Karakovsky, Luis Javier Solana, Gustavo Reyes Terán, Francisco Toledo, Cristina Romo, Nestor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Miguel Concha Malo, Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho, Carlos Ortiz Tejeda, Loretta Ortiz Ahlf, Raúl Padilla López, Alejandro Madrazo Lajous, Inna Payán, Aleida Calleja, Gabriel Sosa Plata, Mónica Lozano, Gustavo Reyes Terán, Virgilio Caballero Pedraza, Ernesto Velásquez, Carlos Padilla, Jorge Fernando Negrete, Agustín Ramírez, Elena Poniatowska, Ricardo Raphael de la Madrid, Gustavo Esteva, Néstor García Canclini, Luis Miguel Carriedo, Aimée Vega Montiel.

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LUCHA CÍVICA POR NUEVA LEY DE MEDIOS: ¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DEL “CIELO” RADIOELÉCTRICO?

por Jorge Alonso, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y corresponsal de la revista Envío en México
(publicado en el número 315 de la revista Envío, de la Universidad Centroamericana [UCA] de junio de 2008

Pablo González Casanova ha planteado que en la defensa de sus proyectos, el gobierno está haciendo una labor de “expropiación de la razón, del derecho y de la palabra”. Denunció que el arte de mentir había adquirido proporciones extraordinarias: “Tartufo se queda corto” en la capacidad de engañar e influir con mentiras a la población. Estas apreciaciones del intelectual mexicano se evidenciaron con creces en un episodio que ahondó aún más la polarización que ya existe en México.

Para impedir que la decisión presidencial de privatizar la industria petrolera —un acuerdo tomado en lo oscuro y cupularmente— repercutiera en una aprobación sin discusión parlamentaria, el Frente Amplio Progresista (integrado por el PRD, PT y Convergencia) se tomó las tribunas del Congreso durante 15 días y obligó al gobierno a acordar un período de discusiones públicas en torno a las propuestas calderonistas sobre el petróleo.

“Campaña monstruosa”
La toma del Congreso enfureció al partido gobernante y a los poderes fácticos del gran dinero y de los medios electrónicos de comunicación y reapareció la guerra sucia. En esta ocasión, los ultraderechistas, utilizando métodos aprendidos del fascismo, quisieron desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, uno de los dirigentes más tenaces en la defensa del petróleo mexicano. Sacaron anuncios pagados en la televisión en que lo comparaban con Hitler, Mussolini y Pinochet. Y el organismo electoral, en vez de actuar como establece la nueva legislación —ordenar de inmediato salir del aire este mensaje político contratado por particulares— esperó varios días.

El obispo Raúl Vera declaró que si la Secretaría de Gobernación no detenía e investigaba “las campañas mediáticas de linchamiento” sería cómplice de estas acciones. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advirtió que esos mensajes sembraban el odio y la intolerancia. El Centro Nacional de Comunicación Social —organismo que ha estado del lado de los que no tienen voz desde hace décadas— advirtió que la campaña no era ética y que en lugar de propiciar el diálogo incitaba a la polarización. Muchos académicos analizaron cómo estos mensajes dañaban la democracia y el derecho a la información, yendo más allá de la libertad de empresa. El escritor Carlos Monsiváis afirmó que se trataba de una “campaña de odio monstruosa, producto de una prepotencia difamatoria que quiere hacerse pasar como libertad de expresión”.

La larga lucha por la información
Este proceder de los adinerados y de los dueños de las dos televisoras con cobertura nacional puso de nuevo en la discusión pública la urgencia de una nueva legislación de medios.

Existe una larga lucha que muchos grupos han venido dando por hacer realidad el derecho de los ciudadanos a la información. Aunque el movimiento estudiantil mexicano de 1968 fue reprimido a sangre y cárcel, provocó en los siguientes años una ola de organización popular ante la cual la clase política se vio en la necesidad de responder con una reforma política que incluía el reconocimiento de ese derecho. Pero, mientras en el ámbito político se abrieron espacios a nuevos partidos políticos, el derecho a la información no pasó de ser letra muerta, pues de eso se encargaron los dueños de los grandes medios. Después, con la política neoliberal se privatizaron de manera corrupta los más importantes medios públicos. Así nació Televisión Azteca como un remedo de Televisa.

Con la alternancia presidencial del año 2000 y el desplazamiento del PRI los grupos cívicos que habían venido luchando por impulsar el derecho a la información pensaron que había llegado un momento propicio, sobre todo porque en los primeros meses de su gestión el nuevo gobierno convocó a una Mesa para la reforma integral de los medios electrónicos.

Hubo entonces dos procesos paralelos: por una parte sesionaba una mesa de los organismos civiles, y por otra la mesa oficial, donde los organismos civiles tenían una representación. Este proceso avanzaba en la discusión del tema y en la adopción de algunos acuerdos. Pero la ambición de la esposa del Presidente Fox rompió una dinámica de catorce meses. Creyendo que complaciendo a los medios aseguraba su candidatura presidencial, Martha Sahagún convenció a su esposo de que renunciara a la mayor parte del tiempo aire del Estado, que pasó de 12.5% a sólo 1.5%. Así, lo que era tiempo que correspondía a la comunicación pública con fines sociales se convirtió en una dádiva para fines comerciales de los dueños de los medios.

Los intelectuales, periodistas y comunicadores que estaban en la mesa oficial la abandonaron en protesta por el acto abusivo y unilateral del gobierno. Pero el trabajo realizado fue aprovechado por los grupos civiles para presentarlo como un proyecto de ley a un grupo se senadores sensibilizados con este tema. El proyecto, que intentaba democratizar la radiodifusión, abrir el duopolio televisivo (Televisa y Televisión Azteca), integrar nuevas voces y fortalecer la radiodifusión pública y social fue avanzando en el Senado. No obstante, las televisoras además de tener sus propios personeros entre los legisladores, compraron voluntades y consiguieron que la legislación no llegara a la discusión del pleno del Senado.

La abusiva “Ley Televisa”
En la otra acera, la instancia jurídica de Televisa redactó en silencio una formulación de ley que días antes de iniciarse la campaña presidencial fue aprobada en un trámite de sólo siete minutos y sin ninguna discusión en la Cámara de Diputados. En ese momento, todos los partidos querían congraciarse con las televisoras para ser bien tratados por ellas en la campaña. Esta ley, que se conoció como la Ley Televisa, pretendía todo lo contrario a la ley que se había preparado en el Senado. Las televisoras conseguían un trato privilegiado, y el derecho ciudadano a la información quedaba conculcado.

Habiendo sido aprobada dicha ley en la Cámara baja, necesitaba la aprobación del Senado. Cuando llegó allí los senadores que habían estado trabajando en una ley democratizadora se opusieron, pero estaban en minoría. No obstante, como la nueva ley contenía muchos elementos anticonstitucionales, más del 33% de los senadores (de varios partidos) propusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Estos senadores no estaban solos. Tenían el apoyo de una gran gama de grupos cívicos que exigían la intervención de la Corte para echar atrás la abusiva ley Televisa.

Uno de esos grupos ha sido la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que ha señalado que todos los ciudadanos deben participar en el ejercicio de este derecho, aunque en la práctica se encuentre condicionado por el mercado y por la discrecionalidad de los dueños de los medios. Ha insistido en la necesidad de la actualización del marco jurídico, que considere como eje fundamental la armonía entre la libertad de expresión y el derecho a la información.

La agenda necesaria
La AMEDI se sustenta en una variedad de organizaciones civiles que comparten experiencias y proyectos. Proclama que la libertad de información representa la posibilidad efectiva y real de toda persona a investigar, recibir, producir y difundir información de toda índole por medio de cualquier procedimiento. Explica que para ello se requiere de la plena garantía del derecho a la información, entendido como la facultad de toda persona a solicitar y recibir información oportuna, veraz, plural y suficiente sobre cualquier asunto de interés público.

La AMEDI se ha propuesto:
— Promover el reconocimiento de la información como un bien y un derecho público.
— Garantizar el respeto al libre ejercicio profesional del informador.
— Garantizar el acceso a la información de la gestión pública.
— Garantizar el derecho de réplica en todos los medios de comunicación como mecanismo de defensa ciudadana.
— Promover en los medios de comunicación la definición explícita y pública de códigos de ética que vinculen el ejercicio de la libertad de expresión a parámetros de responsabilidad social.
— Exigir el ejercicio transparente de la función gubernamental de comunicación social, en beneficio de la sociedad en general.
— Promover los derechos y obligaciones del Estado, usuarios, comunicadores, propietarios y concesionarios de medios de comunicación.
— Exigir el uso transparente y equitativo de tiempos de Estado en radio y televisión (legales, fiscales y electorales).
— Demandar el acceso de todos los ciudadanos a cualquier tipo de información de interés público tanto de entidades públicas como privadas.
— Promover el rescate y preservación de la memoria histórica como parte del derecho a la información.
— Promover la constitución de órganos plurales con participación social en la vigilancia de la normatividad relacionada con los medios de comunicación.

La AMEDI ha declarado que el derecho a la información, al ser un derecho de carácter social, tiene que ser promovido, vigilado y estimulado por la propia sociedad.

Un fallo histórico
Primeramente, la Suprema Corte rechazó la petición del Poder Ejecutivo federal para que desestimara la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo plural de senadores que terminaban su periodo en agosto de 2006. Examinando con cuidado el caso después de casi un año, resolvió que la Ley Televisa reducía la capacidad del Estado para tomar decisiones en cuanto al espectro radioeléctrico: ondas por las que se transmite la información, usado por la televisión, la radio y la telefonía celular. La Ley Televisiva también concedía a Televisa y a Televisión Azteca un estado privilegiado de renovación automática de sus concesiones. La Corte vio que esto era inconstitucional, pues el Estado siempre tiene la facultad de revisar el uso que hace del espectro, que es de propiedad pública.

El fallo de la Suprema Corte, que echaba por tierra lo fundamental de la ley Televisa, fue considerado por los grupos defensores del derecho a la información como un acontecimiento histórico. Obligaba al Poder Legislativo a realizar una reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión. En el Senado se formó un grupo de trabajo con representantes de todos los partidos para preparar la reforma.

De octubre de 2007 a enero de 2008 se realizaron varias jornadas públicas de análisis, en las que expusieron sus puntos de vista la Cámara de la Industria de Radio y Televisión —representaba a los dueños de los grandes medios—, la Secretaría de Gobernación y la de Comunicaciones —daban el punto de vista gubernamental—, el Sistema Nacional de Productoras de Instituciones de Educación Superior, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la Asociación Internacional de Radiodifusores y la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Entre las agrupaciones que fueron escuchadas estuvo la AMEDI.

Lucro, privilegio y poder
Al participar en el grupo de trabajo del Senado, la AMEDI resaltó que luchaba por una reforma a la medida de las aspiraciones de los demócratas de México. Afirmó que la reforma no tendría sentido si no contribuía a construir una auténtica sociedad de la información. Denunció que los grandes medios de comunicación habían sido acaparados por un puñado de concesionarios. Enfatizó que el privilegio de difundir por radio y televisión había estado supeditado al capricho y conveniencia del poder político. Explicó y probó cómo los contenidos de muchos de esos medios habían estado definidos por el afán del lucro y no por la responsabilidad social y cómo el acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad habían llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propiciara la competencia, especialmente en la televisión abierta.

La acumulación de muchos recursos de la comunicación en pocas manos había reforzado el poder que confería el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Esa capacidad de influencia había convertido a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se habían colocado al margen del Estado y habían querido sobresalir por encima de las instituciones legales.

Públicos y comunitarios
La AMEDI recordó que ese afán acaparador había permitido a los consorcios de la comunicación lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían. Fustigó también los excesos cuando trataban de subordinar a sus designios a segmentos importantes de la clase política. Con la intervención de la Suprema Corte eso se había revertido, y era el momento de lograr una auténtica reforma.

La AMEDI puntualizó que el avance tecnológico de los últimos años había propiciado la existencia de nuevos recursos de información. No obstante, en México el desarrollo de estos recursos era limitado y desigual. No habían existido políticas públicas suficientemente amplias y capaces de proporcionar a la mayoría de los mexicanos acceso franco, constante y de calidad. La brecha digital se había añadido a otros factores de escisión social. Señaló que la nueva legislación debía orientarse a buscar un proyecto de sociedad incluyente. Se debían poner normas que aseguraran la equidad y la participación. La nueva legislación tenía que fundamentarse en el derecho de los ciudadanos. Tenía que definir la función de servicio público de la radio y la televisión. El espectro radioeléctrico debía seguir siendo propiedad de la nación. Había que aprovechar a plenitud la convergencia digital y debía haber para ello un órgano regulador, autónomo.

La AMEDI se pronunció por la promoción de medios auténticamente públicos. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas propuso que se otorgaran de acuerdo con los principios constitucionales bajo un régimen transparente y simplificado. Recalcó que la figura de autorización más cercana a las necesidades de los ciudadanos en comunidad era el de medios comunitarios, que daban respuesta a necesidades específicas del entorno inmediato y que partían de un principio de autogestión en la creación, operación y sostenimiento de las emisoras, características que ya era hora fueran reconocidas por el Estado mexicano.

No al monopolio
Como la Cámara de la Industria de Radio y Televisión estaba recomendando al Poder Legislativo que ignorara el compromiso que tenía frente a las opiniones de los ministros de la Suprema Corte en su respuesta a la acción de inconstitucionalidad, la AMEDI hizo ver que el Senado no tenía otro camino sino atender la Sentencia de la Suprema Corte.

La nueva legislación debía regular la administración del espacio radioeléctrico, que es propiedad de la nación, y también debía enfrentar el tema de los contenidos. Era importante la pluralidad de medios y prohibir todo monopolio. Debía haber más canales en manos de muchos actores con diversos enfoques. Si los ciudadanos tenían varias opciones para informarse sabrían distinguir entre televisoras que intencionalmente distorsionan y manipulan acontecimientos —como lo acostumbran hacer Televisa y Televisión Azteca— de las que se comportaran con parámetros profesionales. La AMEDI denunció que el reglamento vigente de radio y televisión indica que la propaganda comercial no debe ocupar más del 18% del horario total de transmisión de televisión y el 40% en radio, pero que esos porcentajes, especialmente en televisión, no se cumplían. Para que la nueva legislación sea eficaz debe tener mecanismos legítimos de coacción. AMEDI hizo propuestas concretas de sanciones: multas y pérdida de la concesión.

Nace un frente nacional
En las discusiones se aportaron muchos elementos para la nueva legislación. Pero la presión de los poderes fácticos fue muy fuerte para impedir que esa legislación llegara a buen término. En febrero de 2008, medio centenar de organizaciones civiles decidieron formar el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios. En la constitución de este frente la AMEDI instó al Senado a cumplir la palabra empeñada: entregar a finales de febrero la nueva legislación de radio y televisión. Denunció la intención de posponer el debate que tenían algunos legisladores atados a las televisoras.

Mientras tanto, las televisoras burlaban las reformas electorales y metían propaganda pagada por políticos disfrazadas de telenovelas, programas especiales o entrevistas. Se enfatizó que la resolución de la Corte era ineludible, no sólo para corregir y subsanar disposiciones anuladas, sino para legislar atendiendo el conjunto de las 23 recomendaciones que contenían el debate y la sentencia de la Corte. Se hizo hincapié en que la verdadera amenaza a la libertad de expresión está en la concentración de los medios en unas cuantas manos.

Televisa: un caso único
El caso de Televisa es único en el mundo por tan alta concentración de frecuencia. Posee cuatro canales de televisión abierta en la capital del país, tiene el espacio necesario de salida para otras cadenas nacionales, cuenta con el 56% de las estaciones comerciales del país, posee el 100% de la televisión satelital, el 35% de la de fibra óptica y el 38% de la de cable. Dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, controlan a toda la audiencia nacional. Hay en México 461 estaciones de televisión comercial, de las que el 94% son propiedad de estas dos empresas. Dos tercios de la inversión publicitaria beneficia a Televisa y el resto corresponde a Televisión Azteca. Por el comportamiento de las televisoras, que se negaban a cumplir con lo establecido en la nueva ley electoral, se vio que no estaban dispuestas a ceder en nada, y que las sanciones ante el incumplimiento propuestas por la nueva ley electoral eran ineficaces. Entre las acciones acordadas por los integrantes del Frente estaban: envío de correos electrónicos a los legisladores, también cartas físicas, llamadas a sus teléfonos celulares, visitas, etc. Se propuso hacer un cuestionario a los legisladores en las que se les preguntara su postura ante una nueva ley de medios. Otras acciones tenían que ver con recolección de firmas entre la población.

Los grandes medios electrónicos se han convertido en inmensos poderes reales que nadie ha elegido y que se colocan por encima de poderes constitucionales, mercantilizando y denigrando la política e imponiendo la agenda pública y sin rendir cuentas a nadie.

Para salvar la democracia hay que democratizar los medios con una necesaria legislación que sea garante del interés público y con ciudadanos organizados que hagan contrapeso a esos poderes fácticos. No habrá democracia si no se ejerce a plenitud el derecho ciudadano a estar bien informado, si no se evita la actual censura invisible de la televisión y su manejo distorsionador de los hechos.

Abril: la ocasión es ahora
La lucha cívica exhortó a aprovechar la oportunidad histórica de promover una nueva legislación de medios, subrayando la urgencia de legislar pronto, en el período de sesiones que terminaba en abril, pues si se llegaba al período de sesiones de septiembre, el país estaría ante el inicio de las contiendas electorales federales de 2009, lo cual impediría acuerdos. Los análisis de AMEDI indicaban que de no legislarse en el sentido de las sólidas propuestas cívicas que ya existían, los ciudadanos seguirían padeciendo el despotismo de los medios poderosos y de la clase política, ahora temerosa y obsequiosa con ellos, y al final sólo recibiría desprecio y un mayor sometimiento.

Era la ocasión: o se proseguía bajo la dictadura de las grandes corporaciones de medios, que se fortalecería, o al liberarse de ella, se caminaría hacia la democracia. Los legisladores debían decidir si contribuían a la recuperación de la democracia o si cargaban con la ignominia de ser cómplices y esclavos de esa oprobiosa dictadura.

Mientras el PRD se esforzaba por llevar a buen término en el período de sesiones de abril la nueva ley en materia de radio y televisión, el priísta que presidía la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía decía que ya no había tiempo para hacerlo.

A principios de abril el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios se reunió con la convicción de que abril era determinante. Diseñaron la estrategia de repartirse los nombres de los senadores y adoptar a cada senador para darle un seguimiento estrecho en todo lo relativo a la ley de medios. A mediados de abril decidieron comprometer públicamente a los legisladores, invitarlos a foros y eventos en donde públicamente tuvieran que manifestar cuál era su postura al respecto. AMEDI, junto con la Fundación Konrad Adenauer y la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Senadores, organizó un foro internacional para tratar la reforma de medios.

México vivía un momento trascendental para una reforma moderna, democrática y plural, que fomentara la diversidad y fuera acorde con las innovaciones tecnológicas. En el foro se comparó la situación de los medios públicos en diversos países. Se habló sobre el pluralismo en los medios, de la concentración o competencia en el mercado de los medios y de medios públicos y del Congreso para frenar medios comunitarios. No pudo ser...

Fue entonces cuando sobrevino la toma de las tribunas del Congreso para la amenaza de una aprobación inmediata de las reformas privatizadoras del petróleo. Y el tema del petróleo fue el que prevaleció. AMEDI exhortó a que la estridencia mediática sobre la reforma energética no ahogara el tema de la nueva ley de medios. Recomendó que no se cayera en el escenario de hacer intercambiables las iniciativas. AMEDI se vio ante el reto de colocar en medio de la polémica sobre Pemex el tema de un sistema democrático de comunicación, porque era por ahí por donde transitaban los grandes debates nacionales.

Terminó abril y no se legisló sobre los medios. AMEDI consideró que el Senado había incumplido su promesa de reformar la ley. A pesar de esto, junto con el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios diseñó una nueva estrategia para seguir impulsando esta ley.

Inicia una etapa de difusión señalando que los senadores están obligados a hacer una nueva ley. En los volantes que entregan a la gente afirman que los dueños de las empresas televisivas, no conformes con todo el poder y la riqueza que han concentrado, siguen presionando al Congreso para obtener más poder y más riqueza, y lograron que la nueva legislación de medios se aplace otra vez hasta septiembre. Llaman a que no se permita que la garantía del derecho a la comunicación se siga posponiendo indefinidamente.

Somos los dueños del cielo
También dan las razones por las que se necesita esta nueva ley de medios. Porque casi el 100% de los canales comerciales están en manos de dos empresas. Porque el uso comercial olvida que son todos los mexicanos los dueños de su “cielo”, del espacio radioeléctrico, que al igual que los bosques, el mar, el petróleo son parte del territorio nacional. Porque mientras el espacio aéreo mexicano es usado sólo para hacer negocios, la mayoría de los mexicanos no tienen dónde expresarse y no pueden oírse unos a otros. Porque los padres de familia están preocupados porque en horarios infantiles sus hijos ven contenidos inadecuados (violencia, consumismo, discriminación, pornografía…). Porque debe preocupar que cada vez haya más publicidad, gran parte de ella engañosa, y menos programación. Porque los mexicanos tienen el derecho a opinar y a incidir en el tipo de información y entretenimiento que quieren y necesitan. Porque se quiere para México un sistema de radio y televisión pública, a nivel nacional y local, donde se respete a las audiencias, se eduque, se informe con pluralidad y sea un espacio real de comunicación de los ciudadanos.

El verdadero rostro
Otro hecho mostró el verdadero rostro del gobierno ante los temas y problemas de la nueva legislación de medios. La vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), mexicana que ha reivindicado el derecho de los pueblos indígenas a instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación, al ser parte de la Misión Internacional de Documentación sobre ataques en contra de periodistas y medios de comunicación, visitó la PGR, y al tratar el asesinato de dos comunicadoras indígenas, el subprocurador quiso desacreditar a las mujeres masacradas diciendo que no se acreditaba que fueran periodistas, sino simples amas de casa. Estas insultantes declaraciones las dio en los mismos momentos en que en otro lugar estas mujeres eran reconocidas con el Premio Nacional de Periodismo otorgado post mortem. Al replicar la Vicepresidenta de AMARC al subprocurador, éste argumentó que la estación donde hablaban las mujeres no tenía permiso y exaltado, acusó a la Vicepresidenta de AMARC de ser “enemiga del Estado”.

Son tiempos difíciles
El escenario es sombrío. Los poderes fácticos se han propuesto impedir que haya una legislación que favorezca los derechos de los ciudadanos. El gobierno se encuentra supeditado a esos poderes fácticos. Sólo una presión ciudadana firme puede empujar a los legisladores a tratar y a aprobar una nueva legislación como la que han propuesto los grupos cívicos.

En un encuentro celebrado en París a mediados de 2007, Jacques Juillard llamó a resistir la plutocratización de la sociedad. La constataba mirando lo que sucede en los medios electrónicos de comunicación, donde una formidable concentración del poder mediático en unas cuantas manos no tiene nada que ver con el periodismo. Señaló que no es el poder del dinero lo que es preciso combatir, sino la capacidad del dinero para ejercer el poder donde no tiene nada que hacer: en la ciencia, el arte, la educación, la religión, el deporte y la información. “Nuestro espíritu no es una mercancía”: ésa fue su conclusión.

En una entrevista que concedió el semiólogo Fernando Buen Abad en mayo de 2008 se quejó de que padecemos el gran embrollo de las mafias mercantiles que han secuestrado las herramientas para la producción de la comunicación. Tendríamos que expropiarlas, pues son usadas para censurar y asesinar el espíritu rebelde, en una agresión alienante que beneficia al capitalismo. Se trata de ejércitos mediáticos de las oligarquías, armados de calumnias, mentiras y corrupción. La intención no es brindar información a la gente, sino ganar más anunciantes en su guerra ideológica. Hay un terrorismo mediático que deforma conciencias y hay que ganar el territorio de la construcción de sentido.

La discusión legislativa se ha prolongado, llevándola a tiempos muy difíciles para conseguir acuerdos. El tema del presupuesto podría agotar todas las fuerzas de los legisladores. No obstante, no todo está perdido, porque hay legisladores de todos los partidos que han sido sensibilizados en el tema y los grupos ciudadanos siguen muy activos para hacer conciencia, tanto en los legisladores como en la sociedad. México necesita una nueva ley de medios como la que proponen estos grupos.

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