Transición frustrada, por Alejandro Encinas

Ciudad de México, 5 de julio de 2008
Servicio informativo núm. 467

Sumario:

I. Transición frustrada, por Alejandro Encinas

II. Corrupción e impunidad comprometen la atención médica, por Asa Cristina Laurell

III. El IETU no afectó los paraísos fiscales para las grandes empresas, por Mario di Costanzo

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TRANSICIÓN FRUSTRADA
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 5 de julio de 2008)

Iniciar una transición a la democracia y alcanzar niveles de competitividad electoral que permitan la alternancia no asegura arribar al destino deseado, menos en regímenes que se han sustentado en una cultura autoritaria.

En muchos países, la alternancia en el poder trajo la transición a la democracia; en otros, los nuevos líderes continuaron e intensificaron las prácticas autoritarias de sus predecesores. En este último caso se inscribe México. Como señala Larry Diamond: si en las democracias de reciente creación no se avanza en su profundización, se retrocede. ¿Puede hablarse de transición en México cuando se ha impedido que la izquierda llegue a ocupar el cargo público de mayor envergadura? En 2006 se asestó un fuerte golpe a la transición mexicana. Pero el escenario adverso venía configurándose desde antes:

2000: La oportunidad histórica desaprovechada. Tras su victoria, Fox lejos de confrontar al sistema representado por el PRI, lo convocó a cogobernar “el cambio”, con lo que el modelo económico y los pilares del autoritarismo no se vieron afectados.

2003: La renovación de las autoridades electorales resultado de un acuerdo unilateral del bloque PRI-PAN trajo un vicio de origen que puso en duda su imparcialidad, objetividad e independencia.

2004: El desafuero de López Obrador descubrió la intención de las elites en el poder de acotar las opciones electorales a sólo las alternativas que no modifiquen el estatus de privilegios, confiriendo a nuestra democracia un carácter excluyente.

2006: La campaña electoral privilegió el odio y el miedo. La falsa disyuntiva entre “defensores de las instituciones y quienes representan un peligro para México”, la inequidad en la contienda, la intromisión ilegal de empresarios y alto clero, el corporativismo sindical, el activismo de Fox y la falta de imparcialidad en la mayoría de los medios dejaron una sociedad agraviada y una profunda polarización.

El IFE, además de sus omisiones, negligencia y limitaciones, mostró su parcialidad al negar durante los cómputos distritales la apertura de los paquetes electorales que presentaban inconsistencias en el llenado de actas (por dolo o accidente), incumpliendo la ley. Y el fallo del TEPJF sentó el precedente de que en el sistema electoral mexicano es más redituable incumplir las reglas que acatarlas. El fallo reconoce la inequidad de la contienda, la participación ilegal del presidente y los empresarios y la presencia de una guerra sucia que pusieron en riesgo la elección. Pero convalida la rentabilidad de violar la ley al declarar triunfador a quien la transgredió, erosionando la confianza de una gran parte de la ciudadanía en las instituciones y en los procesos democráticos.

2008: El déficit de legitimidad de la autoridad de facto emanada de la contienda, el pago de favores, las tentaciones hegemónicas de la derecha, las iniciativas de reforma vinculadas a negocios y privilegios, la falta de mando en la conducción del país y la violencia criminal mantienen a México en una creciente tensión y ahondan la polarización.

Sería irresponsable desconocer los avances políticos que había alcanzado nuestro país, pero también es absurda la complacencia y la simulación cuando se ha violado el voto libre y efectivo. Las interrupciones en los procesos de transición no son permanentes, pero para que nuestra transición camine se requiere que partidos y ciudadanos asuman, desde la pluralidad, un papel más activo en la transformación de los asuntos públicos que demanda el país.

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CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD COMPROMETEN LA ATENCIÓN MÉDICA
por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México
(publicada en La Jornada el 3 de julio de 2008)

Durante la última década la sociedad mexicana ha exigido transparencia en el manejo de los recursos públicos y el combate enérgico a la impunidad. Para tal efecto se ha ampliado la legislación sobre el derecho a la información que obliga a las instituciones públicas a proporcionarla y a establecer institutos de acceso a la información. La consecución de la transparencia y el fin de la impunidad son acciones críticas para que los recursos públicos sean usados en beneficio del público y para el fortalecimiento de las instituciones públicas. Inclusive ha llegado a ser una propuesta central de los Bancos Mundial y el Interamericano de Desarrollo para la Segunda Generación de Reformas a raíz de la corrupción e ineficiencia detectadas en las reformas privatizadoras. El combate a la corrupción es un tema de la ética en la función pública pero es ante todo esencial para recuperar miles de millones de pesos y para proporcionar los beneficios a los que tienen derecho los ciudadanos. Por ello, es un tema central de política social.

El incremento del presupuesto del sector salud, particularmente al Seguro Popular (SP), se presenta como un gran logro de la política de esa área. Sin embargo, visto desde el ángulo de la transparencia y la impunidad de los funcionarios que lo manejan, aparecen problemas graves que han sido denunciados por ciudadanos y confirmados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En noviembre de 2006 un grupo ciudadano pidió información a la Secretaría de Salud (SSa) sobre la contratación de un sistema de credencialización de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) a Image Technology. Desde la primera solicitud ha sido nula la disposición de la SSa de proporcionar la información solicitada y en 12 ocasiones los solicitantes han tenido que quejarse ante el IFAI, que ha resuelto a su favor.

En mayo de 2007 la Secretaría de Salud del Gobierno Legítimo denunció ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el presunto daño patrimonial por 368.5 millones de pesos en esta contratación; denuncia que fue ampliada en diciembre de 2007 por un incremento en el contrato en 24.9 millones de pesos, así como por el monto de 558.6 millones de pesos de otro contrato en 2006. Es decir, entre ambos contratos el monto asciende a 952 millones de pesos. A pesar del tiempo trascurrido la SFP no ha dictaminado el caso y los titulares en turno de esta secretaría, Germán Martínez y Salvador Vega, han encubierto a los altos funcionarios.

La impunidad continúa a pesar de que la ASF confirma graves irregularidades en el cumplimiento del contrato de la CNPSS con Image Technology en su revisión de la Cuenta Pública de 2006, hecha pública en mayo de este año. En su auditoría no encontró evidencias de la correcta entrega de los bienes contratados ni la documentación probatoria requerida.

En cambio, están las pruebas de que la Comisión pagó 443.7 millones de pesos a esta empresa entre abril de 2006 y mayo de 2007 a cuenta del contrato de 2006. Además había pagado a esta empresa 119.4 millones de pesos en diciembre de 2005 y marzo de 2007 correspondientes al contrato de 2005. Por tanto, el Seguro Popular ha pagado, por medio de la CNPSS un total de 553.1 millones de pesos por servicios tecnológicos y credenciales sin utilidad ninguna. La ASF no relata que el contrato de 2006 estaba bajo investigación por la SFP y que se rescindió anticipadamente dos días después de un pago por 104.0 millones de pesos.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2005 la ASF ya había encontrado anomalías serias en el ejercicio de los recursos del SP. Todavía hoy, dos años y medio después, están en investigación 327 millones de pesos de cuotas, que el SP debería haber pagado a las entidades federativas y la documentación probatoria de otros 1,116 millones de pesos. Además sin mayor explicación la ASF dio por buena la aclaración sobre el déficit de 11,560 millones de pesos para prestar los servicios ofrecidos en el SP.

Las irregularidades y la probable corrupción han quitado al presupuesto de salud casi dos mil millones y están en la impunidad absoluta los funcionarios responsables. La nueva legislación y las nuevas instituciones no han cambiado nada respecto de la corrupción y la impunidad, pero nos cuestan mucho dinero a cargo del gasto social.

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EL IETU NO AFECTÓ LOS PARAÍSOS FISCALES PARA LAS GRANDES EMPRESAS
por Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México

En el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se establece la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en su página de internet y entregar a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Este presupuesto comprende, en términos generales, los montos que deja de recaudar el erario federal por disposiciones establecidas en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

De esta manera y a pesar de que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón, en su momento señalaron que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) tenía como objetivo “acabar con los paraísos fiscales en que tributaban las grandes empresas”, la realidad refleja que no fue así y que la falta de recaudación por este concepto es lo que en realidad ha impedido disminuir de manera significativa “el régimen fiscal confiscatorio” que Pemex enfrenta.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que de los 772 mil 364 millones de pesos que se dejarán de recaudar por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, 26%, es decir, 202 mil 144 millones de pesos, corresponde directamente a conceptos relacionados con “grandes empresas”, lo que supera por mucho a los 122 mil 192.5 millones de pesos que se dejarán de recaudar por la aplicación de la tasa cero en alimentos.

Así, en lo que se refiere al IETU, de los 96 mil 309 millones de pesos que se dejarán de recaudar, casi la mitad, es decir, 42 mil 847.3 millones de pesos, se explican por concepto de las exenciones y tratamientos especiales que se otorgaron a las empresas en la fase final de aprobación de dicho impuesto; de esta manera, por consolidación fiscal se dejarán de recaudar en el caso del IETU 19 mil 993 millones de pesos, por deducción de la adquisición de automóviles nuevos, 3 mil 481 millones de pesos, y por las deducciones que se relacionan con la adquisición de activos (depreciación acelerada de activos), poco más de 18 mil 882.6 millones de pesos.

De manera adicional y por lo que toca al Impuesto Sobre la Renta (ISR), de los 252 mil 962.8 millones de pesos que no se recaudarán, más de 60% se explica por las exenciones y tratamientos especiales en materia del ISR empresarial cuyas posibilidades de elusión fiscal ascenderán a 159 mil 297.9 millones de pesos, donde destaca nuevamente el régimen de consolidación fiscal, con 31 mil 801 millones de pesos, así como la deducción inmediata de activos fijos con 23 mil 214 millones de pesos, la adquisición de automóviles nuevos con 9 mil 204 millones de pesos, que en conjunto ascienden a más de 64 mil 219 millones.

En resumen, se observa que por concepto de “consolidación fiscal”, régimen que supuestamente había desaparecido con la supuesta reforma fiscal aprobada, se observa que se dejarán de recaudar 51 mil 794 millones de pesos, y por conceptos relativos a la deducción acelerada de activos, “depreciación acelerada de activos”, 42 mil 96 millones de pesos.

Es decir que, de acuerdo con la propia dependencia que dirige Agustín Carstens, la existencia de estas 2 “facilidades” que son utilizadas sólo por las grandes empresas, le costará al fisco mexicano, en el 2008, 93 mil 890 millones de pesos; cabe destacar que si a lo anterior añadimos la deducción sobre la adquisición de automóviles nuevos, la elusión fiscal asciende a poco más de 106 mil millones de pesos, cifra tan sólo 14% inferior a lo que se deja de recaudar por la tasa cero en el IVA de los alimentos.

Esto explica las verdaderas razones del porque en nuestro país la recaudación tributaria es de las más bajas de los países miembros de la OCDE y confirma que mientras que las empresas aportan entre 55 y 60% del ingreso nacional, su contribución al pago sobre el impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.5% en promedio durante los últimos 7 años.

En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan 25% del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.25 por ciento, en ese mismo lapso.

Es decir, aunque la contribución de las empresas debería ser al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, no sucede así gracias a los “regímenes fiscales especiales” fundamentalmente dirigidos a las grandes empresas.

Si bien es cierto que lo que el fisco dejará de recaudar por la aplicación del IVA en alimentos ascenderá a 122 mil millones de pesos, no puede soslayarse que de acuerdo con la teoría económica y a pesar de que este tipo de impuestos resultan ser los más fáciles de administrar, en la realidad son altamente regresivos, es decir, gravan más a aquellos que menos tienen, por lo que necesariamente empeoran la distribución del ingreso.

Para mostrar lo anterior asumamos el siguiente ejemplo:

Una persona en situación normal necesita consumir cierta cantidad de alimentos diariamente, independientemente de sus ingresos, por ello entre menos ingresos tenga dicha persona, mayor será la proporción de su ingreso que le destine a sus alimentos; conforme aumenten sus ingresos la proporción de su ingreso que destina a adquirir alimentos será menor.

De esta manera, al gravar los alimentos se estaría dando una mayor carga fiscal a las personas de menores ingresos, y con ello se estaría empeorando la distribución del ingreso.

Más aún si consideramos que los mexicanos destinan en promedio 30% de sus ingresos para la adquisición de alimentos y cerca de 80% de las familias en el país viven con un ingreso inferior a 6 salarios mínimos.

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