Ciudad de México, 17 de febrero de 2009
Servicio informativo núm. 630
Sumario:
I. En mitin frente a la Cámara de Diputados, propone López Obrador que el Congreso convoque a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores económicos y sociales a la celebración de un acuerdo para llevar a cabo un Plan de Emergencia y de Salvación Nacional
II. Autopréstamos para desempleados a costa de sus pensiones, demagógica iniciativa de modificación de la Ley del Seguro Social: Laurell
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EN MITIN FRENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PROPONE LÓPEZ OBRADOR QUE EL CONGRESO CONVOQUE A TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS Y A TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES A LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO PARA LLEVAR A CABO UN PLAN DE EMERGENCIA Y DE SALVACIÓN NACIONAL
Carta urgente a senadores y diputados
Como es evidente, la crisis económica está causando estragos en el país. En los últimos tres meses, según datos oficiales, han perdido el empleo 541 mil trabajadores; hay decrecimiento económico y se encuentra paralizada la industria de la construcción; el peso se ha devaluado 40 por ciento en relación con el dólar; la inflación está creciendo por encima de los aumentos salariales; en fin, millones de mexicanos padecen por la falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable.
Y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta gubernamental para proteger al pueblo ante la crisis. Es notoria la ineptitud y la irresponsabilidad de quien se ostenta como presidente de México. En el mejor de los casos, están pasando por alto que el Estado no puede incumplir su responsabilidad económica y social, como ha quedado demostrado ante el fracaso del modelo neoliberal en el mundo.
Por ello, sostenemos que el Congreso debe intervenir para evitar un mayor deterioro en todos los órdenes de la vida pública del país. Si no se actúa de inmediato, habrá mayor mortandad de pequeñas y medianas empresas, más desempleo, más pobreza y, en consecuencia, más inseguridad y violencia.
Nuestra propuesta es muy concreta: consiste en que el Congreso convoque a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores económicos y sociales a la celebración de un acuerdo para llevar a cabo un Plan de Emergencia y de Salvación Nacional.
Sostenemos que en una primera etapa, el Plan de Emergencia, debe considerar reducir en 200 mil millones de pesos el gasto corriente del gobierno, que ha aumentado en los últimos dos años en 437 mil millones, y se ha destinado, básicamente, a sostener estructuras burocráticas improductivas y a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos.
Volvemos a reiterar que es un insulto que haya funcionarios públicos que ganen 600 mil pesos mensuales y que gocen de servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Este comportamiento es inmoral y nada tiene que ver con el recto proceder y la justa medianía a que debe sujetarse el funcionario público, según la recomendación del presidente Juárez.
El ahorro de 200 mil millones de pesos se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; a la mitad las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores. Suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia. Cancelando las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario. Reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, congresos y convenciones, viajes al extranjero, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.
Con un ahorro de 200 mil millones de pesos, se podrá incrementar a más del doble el presupuesto del Procampo; derogar el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU); apuntalar con créditos baratos y a la palabra, a pequeñas y medianas empresas; reducir hasta en un 15 por ciento, en promedio, los precios de las gasolinas, el gas, el diesel y las tarifas eléctricas para consumidores domésticos; y alcanzaría para destinar recursos a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.
Todo esto lo tenemos bien analizado, sabemos que es posible aplicar una política de austeridad republicana y liberar fondos para el desarrollo económico y social del país. Inclusive, señoras y señores legisladores, si ustedes así lo consideran, en aras del interés nacional los economistas y técnicos del Gobierno Legítimo, podrían participar en los trabajos de ajuste y de reorientación del presupuesto público.
Diputados y senadores:
Es el momento de actuar como verdaderos representantes populares, de hablarle al pueblo de México con la verdad, de decirle que la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 26 años sólo ha beneficiado a traficantes de influencias y a políticos corruptos; que durante todo este tiempo, la economía nacional ha permanecido estancada; que no se han generado empleos; que se abandonó el campo; que somos el país del mundo que más mano de obra expulsa al extranjero; y que la inseguridad y la violencia que padecemos, es el resultado de la política de corrupción y pillaje que ha imperado en el país.
Un dato: En 1987, cuando se desataron las privatizaciones, en la lista de la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, sólo había un mexicano con mil millones de dólares. Al finalizar el sexenio de Salinas, ya eran 22. Y actualmente, sólo diez acumulan 100 mil millones de dólares, mientras la mayoría del pueblo ha sido condenada al destierro o a la sobrevivencia.
El país ya no aguanta más de lo mismo. Hay que acabar con la política del agandalle. Es el momento de poner un alto a la rapiña del presupuesto, de los recursos naturales y de los bienes de la nación; de terminar con los monopolios y de rescatar al Estado y a las instituciones de manos de la mafia para ponerlas al servicio del pueblo y construir una convivencia social más justa, más humana, y más igualitaria.
Señoras y señores legisladores:
Aunque nosotros creemos que sin una transformación de fondo de la vida pública de México, no vamos a poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, mucho se puede hacer en esta circunstancia de incertidumbre, si cuando menos se construye un acuerdo nacional para atemperar los afectos más nocivos de la actual crisis económica y se detiene la descomposición social.
Por eso volvemos a insistir en una respuesta formal a la carta-propuesta que les enviamos el día 3 de febrero del presente año, y una vez más dejamos de manifiesto que, a pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a contribuir en todo aquello que realmente vaya en beneficio del pueblo. Por encima de nuestras posiciones políticas siempre estará el interés de las mayorías y de la nación.
ATENTAMENTE
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México
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AUTOPRÉSTAMOS PARA DESEMPLEADOS A COSTA DE SUS PENSIONES, DEMAGÓGICA INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL: LAURELL
La modificación a la Ley del Seguro Social que presentó el gobierno de usurpador, Felipe Calderón a la Cámara de Diputados es demagógica, porque no resuelve la problemática de la protección de los desempleados en México e incluso aleja la perspectiva de contar con una pensión y servicios médicos en el futuro, afirmó la secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell.
Asa Cristina Laurell recordó que como parte de su “plan anticrisis” Calderón presentó el jueves pasado una iniciativa de modificación a la Ley del Seguro Social (LSS) a la Cámara de Diputados para permitir que los trabajadores despedidos saquen más dinero de sus Afores para sobrevivir durante 6 meses. Se presenta en la exposición de motivos como una iniciativa de un “seguro de desempleo” que no desincentiva a los trabajadores conseguir un empleo estable con prestaciones (sic). Habría que contemplar los siguientes datos.
Según fuentes oficiales, detalló, la Población Económicamente Activa (PEA) es de alrededor de 42.5 millones de personas (SHCP). De ellas 17 millones, en número redondos, están asegurados por algún instituto de seguridad social (INEGI) y 5 millones total o parcialmente desempleados (8.15 por ciento de los hombres y 14.28 por ciento de las mujeres). Es decir hay 25.5 millones de mexicanos fuera de la seguridad social y es insostenible plantear que sea por evadir el pago para gozar de las prestaciones sociales de un empleo regular, señaló.
Indicó que las Afores reportaron en febrero de 2009 que tenían 39 millones de cuentas registradas (CONSAR) pero con un máximo de 17 millones de cuentas activas (incluyendo al PENSIONISSSTE), es decir con cotización, y 22 millones inactivas. Este misterio administrativo parece deberse a que hayan trabajadores que tengan varias cuentas con pequeñas variaciones en sus datos personales y a que los trámites para unificarlas son infranqueables. Sin embargo, a todas las cuentas, sean éstas activas o inactivas, las Afore cobran una comisión sobre su monto que va del 1.17 al 3.3% (CONSAR).
Por ejemplo, detalló, si una cuenta tiene 100 mil pesos la Afore cobra entre mil 170 pesos y 3 mil 300 pesos se hagan depósitos o no. Es importante conocer que la llamada “densidad de cotización” media es de 45.4, lo que significa que, en promedio, los trabajadores sólo depositan dinero 24 de las 52 semanas del año.
Este comportamiento se debe a que el resto de las semanas no tienen un empleo con las prestaciones de ley y no a que evaden el pago. Adicionalmente es importante señalar que el 57 por ciento de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ganan hasta tres salarios mínimos y otros, 13 por ciento obtienen cuatro salarios mínimos (Informe de Gestión IMSS, 2008). “Estos datos deben leerse a la luz de que se calcula que el límite de la pobreza son cinco salarios mínimos, o sea, 70 por ciento de los asegurados del IMSS son pobres”, manifestó.
Por otra parte, la secretaria de Salud añadió que debe señalarse que actualmente existe un consenso de que la mayoría de los trabajadores no podrán obtener con su fondo siquiera la pensión mínima garantizada de un salario mínimo cuando cumplan 65 años debido a la baja densidad de cotización, los bajos salarios y las altas comisiones.
“El Estado se verá entonces obligado a completar el fondo con recursos fiscales para cumplir con la LSS, tendrá que dedicar parte de los impuestos a este fin. Como se aprecia el esquema de capitalización individual con administración privada es un fracaso y ahora el gobierno quiere sacar más dinero de las cuentas de los trabajadores” señaló.
Mencionó que la modificación más importante a la Ley del Seguro Social, presentada por el Ejecutivo, consiste en incrementar el monto que los trabajadores puedan retirar de su fondo de pensión en el caso de perder su trabajo, esto equivale a que el trabajador se hace un préstamo asimismo disminuyendo el monto de su cuenta desde antes insuficiente para garantizar su pensión.
“No solamente disminuye el monto de su cuenta con este préstamo sino además el número de semanas cotizadas tal como se establece en al artículo 198. Esta disminución prolongará el tiempo de trabajo para acceder a los servicios médicos y a la pensión”, comentó.
Incluso, explicó que en un estudio del ITAM (Valencia) anterior a esta iniciativa concluye que el 58 por ciento de los trabajadores no podrán cubrir el tiempo mínimo de cotizaciones para una pensión de retiro y el 45 por ciento no tendrá acceso a la salud una vez concluida su vida activa. Con esta iniciativa incrementarán estos porcentajes.
Por otra parte, Asa Cristina Laurell explicó que los incrementos en dinero son bastante exiguos si se contrastan con la estructura de ingreso de los trabajadores que cotizan al IMSS y la baja densidad de cotización. La condición para retirar dinero de una cuenta que se abrió hace 3 años es tener 96 semanas de cotización que correspondería a una densidad de cotización de 63 porcentaje muy por encima del promedio sostuvo al señalar que en este caso el trabajador podría retirar la cantidad correspondiente a un mes de su salario base.
Asimismo explicó que la iniciativa establece que al haber abierto su cuenta hace 5 o más años, el trabajador tendrá derecho a retirar la cantidad que resulta menor de tres meses del salario base (15 días más que actualmente) o el 11.5 por ciento (1.5 por ciento más que actualmente) de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Expuso que precautoriamente la iniciativa señala que, en todo caso, el trabajador pudiera acogerse a lo que rige quien abrió su cuenta hace tres años y tenga 98 semanas de cotización; disposición que es una confesión de parte de que así será en la mayoría de los casos. Explica la iniciativa: “un trabajador que gana tres salarios mínimos recibiría en total 4 mil 932 pesos para paliar su pérdida de ingreso durante el periodo que tarde en colocarse de nuevo”.
“Si nos remitimos a la estructura salarial de los trabajadores cotizantes al IMSS esto quiere decir que el 23.5 por ciento de los trabajadores que cumplan con estos requisitos tendrían como tope esta cantidad repartido entre un máximo de seis meses lo que corresponde aproximadamente al 50 por ciento de su salario base; el 30.7 por ciento con un salario base de dos salarios mínimos recibirían 3 mil 288 pesos.
Por otra parte, la secretaria de Salud manifestó que la iniciativa presenta un ejemplo ilusorio de un trabajador con un salario base de 12 salarios mínimos (0.9 por ciento de los trabajadores) y cotización durante 9 años (el tiempo máximo de cotización es ahora 10.5 años) que recibiría 56 mil 722 pesos. Este cálculo es objetable en dos aspectos. Por una parte este trabajador tendría que tener más que medio millón en su cuenta para que los tres meses de su salario resultara menor al 11.5 por ciento de su cuenta. Por la otra esta cantidad sólo correspondería al 0.9 por ciento de los trabajadores.
“El Ejecutivo tiene la obligación de presentar junto con la iniciativa una calculadora para que los legisladores y los trabajadores puedan determinar cuál es el monto que le corresponde a cada trabajador dados su salario base, el saldo en su cuenta y el tiempo de cotización y cómo afectará su futura pensión. Sin esta calculadora es imposible verificar la autenticidad de los datos y transparentar el impacto de la iniciativa pero seguramente no se presente porque pondría a descubierto la demagogia de la propuesta”, indicó.
Por otra parte, advirtió que es falso sostener que las 39 millones de cuentas registradas con las Afores puedan acceder a un pago por desempleo, porque la mayoría de ellas tienen problemas en el registro de los datos personales del trabajador a parte de las dificultades de la unificación de las cuentas. De esta manera es de esperar que pocos trabajadores vayan a intentar hacer efectivo su autopréstamo y en todo caso serán aquellos que han mantenido estabilidad en su empleo que son generalmente aquellos que se encuentren en los niveles más altos de ingreso.
“La iniciativa de modificar la LSS no resuelve la problemática de la protección de los desempleados en México e incluso aleja la perspectiva de contar con una pensión y servicios médicos en el futuro. La situación que vivimos requiere de actos serios y eficientes, no de demagogia”, finalizó.
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