Subrogación de la responsabilidad social del Estado, por Asa Cristina Laurell

Ciudad de México, 4 de julio de 2009

Servicio informativo núm. 702

Sumario:

I. Subrogación de la responsabilidad social del Estado, por Asa Cristina Laurell

II. Manifiesto a la nación del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio

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SUBROGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO

por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 3 de julio de 2009)

La tragedia de la guardería ABC en Hermosillo ha sacado a la luz pública el tema de la subrogación de ese tipo de centros, que no se restringe a éstos, sino que abarca a todos los servicios sociales y se inscribe en un proceso general de privatización. Su lógica es abatir costos, generar ganancias e impulsar que las instituciones se deshagan de la prestación de servicios. La subrogación es compra-venta de servicios.

Este proceso ya tiene tiempo en nuestro país y se observa con especial nitidez respecto de la seguridad social y la salud, cuyo objetivo es convertir este ámbito en un campo de creación de ganancias privadas con fondos públicos, como lo son los de pensiones. El ejemplo más conocido es el de los fondos de jubilación y retiro en el que las Afore cobran comisiones muy altas (1.7 por ciento en promedio sobre el total del fondo), al tiempo que las futuras pensiones en la mayoría de los casos no llegarán siquiera a un salario mínimo.

En el sector salud este proceso parte de la separación entre las funciones de regulación del sistema en la materia, su financiamiento y la prestación de servicios. Este modelo empezó en 1995 con la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siguió con el Seguro Popular y culminó con la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se busca dejar al Estado sólo la regulación del sistema de salud y abrir el mercado de compra-venta de la atención médica, lo que supone uno o varios pagadores o administradoras de fondos, idealmente lucrativas, al igual que las Afore.

Este modelo se ha probado en Chile y Colombia, donde ha tenido malos resultados; en vez de bajar costos los ha subido y en lugar de mejorar los servicios y el acceso los ha deteriorado. Hace un año, la Suprema Corte de Colombia (Sentencia T-760/08) concedió una suerte de amparo colectivo a 81 mil personas que obliga a las administradoras de fondos de salud, públicas y privadas, a garantizar la prestación de servicios médicos a sus asegurados que no habían podido acceder a ellos. Además es muy reconocido que el modelo colombiano ha acumulado una enorme deuda y trabajaba con un déficit de 2.1 por ciento del PIB en 2006 (IMF WP/09/58, 2009). Incluso, el Banco Mundial (Health financing revisited, 2006, p. 264) sostiene que la separación de funciones no ha demostrado eficiencia. En Chile no se ha podido desmontar la privatización de los años ochenta y las aseguradoras privadas manejan, dentro del aseguramiento obligatorio, 34 por ciento del presupuesto de salud y atiende a 16 por ciento de la población (Fondo Nacional de Salud, 2008).

En México, las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa), el IMSS y el ISSSTE han declarado sistemáticamente que se requiere incluir al sector privado como prestadores de servicios médicos; es decir, subrogarlos. Y no buscan disminuir las patentes carencias de infraestructura y personal del sistema público. Existe un Plan Maestro de Infraestructura Física de Salud, pero carece artificialmente de recursos financieros, ya que el IMSS tiene reservas actuariales congeladas del orden de 40 mil millones de pesos y el Fideicomiso del Seguro Popular (SP) otros 14 mil millones ahorrados. Y mientras tanto los beneficiarios no pueden acceder a los servicios cuando los necesitan. Esto crea una opinión pública favorable a los servicios privados.

El problema del acceso a los servicios se refleja en los datos. Un estudio recién publicado (Lancet/8/4/09) demuestra que los beneficiarios del Seguro Popular (SP) no tienen mayor acceso a los servicios que los que no beneficiarios, dato que se confirma en los informes anuales de la Comisión de Protección Social en Salud. La información proporcionada por el ISSSTE sobre sus listas de espera al imponer la reforma también lo revela y el rezago no ha sido resuelto.

La regulación de los prestadores privados, función reservada a la Ssa, es muy compleja y, por ejemplo, Estados Unidos no la ha podido manejar, a pesar de su amplia experiencia. La propuesta de la Secretaría de Salud es la acreditación de los prestadores, pero no ha concluido este proceso siquiera de los establecimientos públicos en los que se atienden los beneficiarios del Seguro Popular, acreditación que además debe repetirse cada tres años.

Por último, habría que recordar que la seguridad sanitaria descansa sobre los servicios públicos y la experiencia de la epidemia de influenza demostró que ha sido muy debilitado con el nuevo modelo de atención. Era previsible ya que, por ejemplo, en Colombia un modelo semejante significó el regreso de epidemias de tuberculosis (TB) y paludismo. La subrogación o privatización de los servicios médicos es un peligro para la salud.

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MANIFIESTO A LA NACIÓN DEL MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO

Mañana 5 de julio, día de elecciones, se cumple exactamente un mes de la terrible tragedia que le arrebató sus tiernas vidas a nuestros 48 hijos, y les ha dejado terribles heridas en el cuerpo y en el espíritu a los sobrevivientes, a sus familias y a la sociedad entera, en Hermosillo, en Sonora y en todo México.

Un largo mes en el que la herrumbrosa maquinaria encargada de la procuración de justicia, tan ágil cuando de perseguir luchadores sociales y pobres se trata, ha demostrado hasta la ignominia la falta de voluntad política de los gobernantes y su completa inoperancia para castigar a los culpables de este espantoso crimen.

¿Qué es lo que tenemos después de un mes? Nada.

Tenemos un Estado que fracasa en la salvaguarda del tesoro más preciado de toda nación, que es su niñez. Tenemos un Estado fallido.

Tenemos un presidente de la República que dicta tardías órdenes a su procurador de justicia, “caiga quien caiga, tope en donde tope”, que de inmediato se estrellan en el muro de las complicidades y de la protección a los verdaderos culpables que no caen desde su pedestal de impunidad.

Tenemos un Seguro Social que subroga sus obligaciones y viola sus propias normas para alimentar la voracidad de familiares y socios pertenecientes al primer círculo del poder, para la obtención de dinero fácil proveniente de nuestras cuotas y de nuestros impuestos.

Tenemos los sonorenses a un gobernador que en vano pretende comprar nuestras conciencias, desesperado ante el derrumbe de su propia megalomanía, ofreciendo manzanas envenenadas, burlándose de nuestra pobreza.

¿Después de un mes, qué es lo que queremos? Todo.

Queremos justicia ejemplar, completa e imparcial a través de procesos penales transparentes a todos los culpables del asesinato y de las lesiones a nuestros niños y niñas.

Queremos reparación del daño moral a través del pago de indemnizaciones de acuerdo a la enorme magnitud de la pérdida sin condicionamiento alguno ni cesión de derechos.

Queremos atención médica especializada de la más alta calidad y de por vida, para todos los niños y niñas convalecientes y a sus familiares, a cargo del Estado y sus instituciones.

Queremos la cancelación inmediata de todos los contratos de subrogación de todas las guarderías del IMSS en manos de particulares.

Queremos la sustitución total del modelo neoliberal de salud y de seguridad social, que es la causa primigenia de esta desgracia, por uno nuevo que ponga por delante las necesidades del pueblo.

Queremos la revisión de los modelos de todo el sistema educativo, desde el infantil hasta el de posgrado.

Queremos, una vez realizadas las investigaciones, la demolición de las aberrantes instalaciones del sitio de la tragedia, la construcción de un hospital y la elevación de un monumento en memoria de los niños y niñas asesinados y heridos.

No vamos a esperar a los más que predecibles y nulos resultados de la investigación, adelantados por el propio procurador general desde su repugnante primera declaración de que en este caso se han cometido delitos “leves” que alcanzan fianza.

Por eso hemos acudido ante los magistrados de la Suprema de Corte Justicia de la Nación, para que hagan uso de sus facultades constitucionales de investigación e intervengan de manera definitiva para dar pleno cumplimiento a nuestras exigencias.

Somos la conciencia de todo un pueblo que despierta y eleva el metal resplandeciente de su cólera, de su indignación y reclamo de justicia ante el máximo tribunal de la República, ante la mirada expectante y vigilante de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo.

Una vez más reiteramos nuestro juramento solemne: no descansaremos hasta ver juzgados y condenados por este horrendo crimen a todos los verdaderos culpables.

Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio

Hermosillo, Sonora, y Ciudad de México, Distrito Federal, a 4 de julio de 2009.

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