Propone López Obrador que el Congreso convoque a un acuerdo para llevar a cabo un Plan de Emergencia y de Salvación Nacional

Ciudad de México, 17 de febrero de 2009

Servicio informativo núm. 630

Sumario:

I. En mitin frente a la Cámara de Diputados, propone López Obrador que el Congreso convoque a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores económicos y sociales a la celebración de un acuerdo para llevar a cabo un Plan de Emergencia y de Salvación Nacional

II. Autopréstamos para desempleados a costa de sus pensiones, demagógica iniciativa de modificación de la Ley del Seguro Social: Laurell

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EN MITIN FRENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PROPONE LÓPEZ OBRADOR QUE EL CONGRESO CONVOQUE A TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS Y A TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES A LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO PARA LLEVAR A CABO UN PLAN DE EMERGENCIA Y DE SALVACIÓN NACIONAL
Carta urgente a senadores y diputados

Como es evidente, la crisis económica está causando estragos en el país. En los últimos tres meses, según datos oficiales, han perdido el empleo 541 mil trabajadores; hay decrecimiento económico y se encuentra paralizada la industria de la construcción; el peso se ha devaluado 40 por ciento en relación con el dólar; la inflación está creciendo por encima de los aumentos salariales; en fin, millones de mexicanos padecen por la falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable.

Y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta gubernamental para proteger al pueblo ante la crisis. Es notoria la ineptitud y la irresponsabilidad de quien se ostenta como presidente de México. En el mejor de los casos, están pasando por alto que el Estado no puede incumplir su responsabilidad económica y social, como ha quedado demostrado ante el fracaso del modelo neoliberal en el mundo.

Por ello, sostenemos que el Congreso debe intervenir para evitar un mayor deterioro en todos los órdenes de la vida pública del país. Si no se actúa de inmediato, habrá mayor mortandad de pequeñas y medianas empresas, más desempleo, más pobreza y, en consecuencia, más inseguridad y violencia.

Nuestra propuesta es muy concreta: consiste en que el Congreso convoque a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores económicos y sociales a la celebración de un acuerdo para llevar a cabo un Plan de Emergencia y de Salvación Nacional.

Sostenemos que en una primera etapa, el Plan de Emergencia, debe considerar reducir en 200 mil millones de pesos el gasto corriente del gobierno, que ha aumentado en los últimos dos años en 437 mil millones, y se ha destinado, básicamente, a sostener estructuras burocráticas improductivas y a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos.

Volvemos a reiterar que es un insulto que haya funcionarios públicos que ganen 600 mil pesos mensuales y que gocen de servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Este comportamiento es inmoral y nada tiene que ver con el recto proceder y la justa medianía a que debe sujetarse el funcionario público, según la recomendación del presidente Juárez.

El ahorro de 200 mil millones de pesos se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; a la mitad las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores. Suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia. Cancelando las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario. Reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, congresos y convenciones, viajes al extranjero, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.

Con un ahorro de 200 mil millones de pesos, se podrá incrementar a más del doble el presupuesto del Procampo; derogar el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU); apuntalar con créditos baratos y a la palabra, a pequeñas y medianas empresas; reducir hasta en un 15 por ciento, en promedio, los precios de las gasolinas, el gas, el diesel y las tarifas eléctricas para consumidores domésticos; y alcanzaría para destinar recursos a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.

Todo esto lo tenemos bien analizado, sabemos que es posible aplicar una política de austeridad republicana y liberar fondos para el desarrollo económico y social del país. Inclusive, señoras y señores legisladores, si ustedes así lo consideran, en aras del interés nacional los economistas y técnicos del Gobierno Legítimo, podrían participar en los trabajos de ajuste y de reorientación del presupuesto público.

Diputados y senadores:

Es el momento de actuar como verdaderos representantes populares, de hablarle al pueblo de México con la verdad, de decirle que la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 26 años sólo ha beneficiado a traficantes de influencias y a políticos corruptos; que durante todo este tiempo, la economía nacional ha permanecido estancada; que no se han generado empleos; que se abandonó el campo; que somos el país del mundo que más mano de obra expulsa al extranjero; y que la inseguridad y la violencia que padecemos, es el resultado de la política de corrupción y pillaje que ha imperado en el país.

Un dato: En 1987, cuando se desataron las privatizaciones, en la lista de la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, sólo había un mexicano con mil millones de dólares. Al finalizar el sexenio de Salinas, ya eran 22. Y actualmente, sólo diez acumulan 100 mil millones de dólares, mientras la mayoría del pueblo ha sido condenada al destierro o a la sobrevivencia.

El país ya no aguanta más de lo mismo. Hay que acabar con la política del agandalle. Es el momento de poner un alto a la rapiña del presupuesto, de los recursos naturales y de los bienes de la nación; de terminar con los monopolios y de rescatar al Estado y a las instituciones de manos de la mafia para ponerlas al servicio del pueblo y construir una convivencia social más justa, más humana, y más igualitaria.

Señoras y señores legisladores:

Aunque nosotros creemos que sin una transformación de fondo de la vida pública de México, no vamos a poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, mucho se puede hacer en esta circunstancia de incertidumbre, si cuando menos se construye un acuerdo nacional para atemperar los afectos más nocivos de la actual crisis económica y se detiene la descomposición social.

Por eso volvemos a insistir en una respuesta formal a la carta-propuesta que les enviamos el día 3 de febrero del presente año, y una vez más dejamos de manifiesto que, a pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a contribuir en todo aquello que realmente vaya en beneficio del pueblo. Por encima de nuestras posiciones políticas siempre estará el interés de las mayorías y de la nación.


ATENTAMENTE

Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México

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AUTOPRÉSTAMOS PARA DESEMPLEADOS A COSTA DE SUS PENSIONES, DEMAGÓGICA INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL: LAURELL

La modificación a la Ley del Seguro Social que presentó el gobierno de usurpador, Felipe Calderón a la Cámara de Diputados es demagógica, porque no resuelve la problemática de la protección de los desempleados en México e incluso aleja la perspectiva de contar con una pensión y servicios médicos en el futuro, afirmó la secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell.

Asa Cristina Laurell recordó que como parte de su “plan anticrisis” Calderón presentó el jueves pasado una iniciativa de modificación a la Ley del Seguro Social (LSS) a la Cámara de Diputados para permitir que los trabajadores despedidos saquen más dinero de sus Afores para sobrevivir durante 6 meses. Se presenta en la exposición de motivos como una iniciativa de un “seguro de desempleo” que no desincentiva a los trabajadores conseguir un empleo estable con prestaciones (sic). Habría que contemplar los siguientes datos.

Según fuentes oficiales, detalló, la Población Económicamente Activa (PEA) es de alrededor de 42.5 millones de personas (SHCP). De ellas 17 millones, en número redondos, están asegurados por algún instituto de seguridad social (INEGI) y 5 millones total o parcialmente desempleados (8.15 por ciento de los hombres y 14.28 por ciento de las mujeres). Es decir hay 25.5 millones de mexicanos fuera de la seguridad social y es insostenible plantear que sea por evadir el pago para gozar de las prestaciones sociales de un empleo regular, señaló.

Indicó que las Afores reportaron en febrero de 2009 que tenían 39 millones de cuentas registradas (CONSAR) pero con un máximo de 17 millones de cuentas activas (incluyendo al PENSIONISSSTE), es decir con cotización, y 22 millones inactivas. Este misterio administrativo parece deberse a que hayan trabajadores que tengan varias cuentas con pequeñas variaciones en sus datos personales y a que los trámites para unificarlas son infranqueables. Sin embargo, a todas las cuentas, sean éstas activas o inactivas, las Afore cobran una comisión sobre su monto que va del 1.17 al 3.3% (CONSAR).

Por ejemplo, detalló, si una cuenta tiene 100 mil pesos la Afore cobra entre mil 170 pesos y 3 mil 300 pesos se hagan depósitos o no. Es importante conocer que la llamada “densidad de cotización” media es de 45.4, lo que significa que, en promedio, los trabajadores sólo depositan dinero 24 de las 52 semanas del año.

Este comportamiento se debe a que el resto de las semanas no tienen un empleo con las prestaciones de ley y no a que evaden el pago. Adicionalmente es importante señalar que el 57 por ciento de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ganan hasta tres salarios mínimos y otros, 13 por ciento obtienen cuatro salarios mínimos (Informe de Gestión IMSS, 2008). “Estos datos deben leerse a la luz de que se calcula que el límite de la pobreza son cinco salarios mínimos, o sea, 70 por ciento de los asegurados del IMSS son pobres”, manifestó.

Por otra parte, la secretaria de Salud añadió que debe señalarse que actualmente existe un consenso de que la mayoría de los trabajadores no podrán obtener con su fondo siquiera la pensión mínima garantizada de un salario mínimo cuando cumplan 65 años debido a la baja densidad de cotización, los bajos salarios y las altas comisiones.

“El Estado se verá entonces obligado a completar el fondo con recursos fiscales para cumplir con la LSS, tendrá que dedicar parte de los impuestos a este fin. Como se aprecia el esquema de capitalización individual con administración privada es un fracaso y ahora el gobierno quiere sacar más dinero de las cuentas de los trabajadores” señaló.

Mencionó que la modificación más importante a la Ley del Seguro Social, presentada por el Ejecutivo, consiste en incrementar el monto que los trabajadores puedan retirar de su fondo de pensión en el caso de perder su trabajo, esto equivale a que el trabajador se hace un préstamo asimismo disminuyendo el monto de su cuenta desde antes insuficiente para garantizar su pensión.

“No solamente disminuye el monto de su cuenta con este préstamo sino además el número de semanas cotizadas tal como se establece en al artículo 198. Esta disminución prolongará el tiempo de trabajo para acceder a los servicios médicos y a la pensión”, comentó.

Incluso, explicó que en un estudio del ITAM (Valencia) anterior a esta iniciativa concluye que el 58 por ciento de los trabajadores no podrán cubrir el tiempo mínimo de cotizaciones para una pensión de retiro y el 45 por ciento no tendrá acceso a la salud una vez concluida su vida activa. Con esta iniciativa incrementarán estos porcentajes.

Por otra parte, Asa Cristina Laurell explicó que los incrementos en dinero son bastante exiguos si se contrastan con la estructura de ingreso de los trabajadores que cotizan al IMSS y la baja densidad de cotización. La condición para retirar dinero de una cuenta que se abrió hace 3 años es tener 96 semanas de cotización que correspondería a una densidad de cotización de 63 porcentaje muy por encima del promedio sostuvo al señalar que en este caso el trabajador podría retirar la cantidad correspondiente a un mes de su salario base.

Asimismo explicó que la iniciativa establece que al haber abierto su cuenta hace 5 o más años, el trabajador tendrá derecho a retirar la cantidad que resulta menor de tres meses del salario base (15 días más que actualmente) o el 11.5 por ciento (1.5 por ciento más que actualmente) de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Expuso que precautoriamente la iniciativa señala que, en todo caso, el trabajador pudiera acogerse a lo que rige quien abrió su cuenta hace tres años y tenga 98 semanas de cotización; disposición que es una confesión de parte de que así será en la mayoría de los casos. Explica la iniciativa: “un trabajador que gana tres salarios mínimos recibiría en total 4 mil 932 pesos para paliar su pérdida de ingreso durante el periodo que tarde en colocarse de nuevo”.

“Si nos remitimos a la estructura salarial de los trabajadores cotizantes al IMSS esto quiere decir que el 23.5 por ciento de los trabajadores que cumplan con estos requisitos tendrían como tope esta cantidad repartido entre un máximo de seis meses lo que corresponde aproximadamente al 50 por ciento de su salario base; el 30.7 por ciento con un salario base de dos salarios mínimos recibirían 3 mil 288 pesos.

Por otra parte, la secretaria de Salud manifestó que la iniciativa presenta un ejemplo ilusorio de un trabajador con un salario base de 12 salarios mínimos (0.9 por ciento de los trabajadores) y cotización durante 9 años (el tiempo máximo de cotización es ahora 10.5 años) que recibiría 56 mil 722 pesos. Este cálculo es objetable en dos aspectos. Por una parte este trabajador tendría que tener más que medio millón en su cuenta para que los tres meses de su salario resultara menor al 11.5 por ciento de su cuenta. Por la otra esta cantidad sólo correspondería al 0.9 por ciento de los trabajadores.

“El Ejecutivo tiene la obligación de presentar junto con la iniciativa una calculadora para que los legisladores y los trabajadores puedan determinar cuál es el monto que le corresponde a cada trabajador dados su salario base, el saldo en su cuenta y el tiempo de cotización y cómo afectará su futura pensión. Sin esta calculadora es imposible verificar la autenticidad de los datos y transparentar el impacto de la iniciativa pero seguramente no se presente porque pondría a descubierto la demagogia de la propuesta”, indicó.

Por otra parte, advirtió que es falso sostener que las 39 millones de cuentas registradas con las Afores puedan acceder a un pago por desempleo, porque la mayoría de ellas tienen problemas en el registro de los datos personales del trabajador a parte de las dificultades de la unificación de las cuentas. De esta manera es de esperar que pocos trabajadores vayan a intentar hacer efectivo su autopréstamo y en todo caso serán aquellos que han mantenido estabilidad en su empleo que son generalmente aquellos que se encuentren en los niveles más altos de ingreso.

“La iniciativa de modificar la LSS no resuelve la problemática de la protección de los desempleados en México e incluso aleja la perspectiva de contar con una pensión y servicios médicos en el futuro. La situación que vivimos requiere de actos serios y eficientes, no de demagogia”, finalizó.

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En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de Estado. Declaración de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

Ciudad de México, 16 de febrero de 2009
Servicio informativo núm. 629

Sumario:

I. En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de Estado. Declaración de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

II. Atenco y el 97 constitucional, por Bernardo Batiz

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En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de Estado

Declaración de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, a expensas de su redacción final, cierra toda posibilidad de impartir justicia y consuma una vez más la impunidad con que el Estado responde a las graves violaciones a los derechos fundamentales, violaciones que, paradójicamente, han sido ampliamente documentadas por la misma Corte en su investigación.

Estas conclusiones confirman la negación de justicia como patrón de respuesta del Estado, como la CCIODH ha venido constatando a lo largo de 10 años de observación por los derechos humanos en México: así ha ocurrido en un crimen de Estado como es el caso Acteal, en la denuncia de Lydia Cacho y ahora en el caso Atenco. En todos ellos se imputa a funcionarios de bajo nivel y se exonera a los responsables policiales y políticos, justificando actuaciones del poder cuyo principal objetivo es la represión de los movimientos sociales.

Como también sucedió en su decisión sobre la ley indígena en el 2003, la SCJN cierra de nuevo las aspiraciones legítimas de obtener justicia.

El fracaso de la administración de justicia en México deja a los denunciantes la justicia internacional como única vía.

En su resolución, la mayoría de la SCJN exonera a los responsables políticos del operativo por falta de pruebas, es decir, les aplica el principio de presunción de inocencia, un principio que, aplicado a los servidores públicos en casos de violaciones de derechos humanos, sólo puede tener como resultado la impunidad.

En el mismo proyecto del dictamen presentado por el ministro Gudiño, la Corte contaba con elementos suficientes que justificarían la apertura de una nueva investigación específica sobre la actuación de los responsables políticos.

El comportamiento de los agentes durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, visto en conjunto, no puede entenderse si no existían instrucciones previas de cómo debía desarrollarse el operativo. La manera en como se desarrollaron las detenciones y los traslados a los centros de detención en momentos y lugares distintos a lo largo de dos días, responden a un patrón tan parecido que, en caso contrario, no sería racionalmente comprensible.

La Corte no ha tenido en cuenta algo que queda constatado en su propia investigación: en el desarrollo del operativo de Atenco, las autoridades responsables permitieron la existencia de tiempos y espacios fuera de derecho y todo tipo de prácticas colectivas violentas.

¿Cómo pueden atribuir a comportamientos individuales y espontáneos el hecho de que 85% de los detenidos y detenidas presentaran lesiones no atribuibles a la detención o el elevadísimo porcentaje de mujeres que han denunciado abusos sexuales como lo constata la misma investigación de la Corte?

En este sentido, tampoco tiene en cuenta la Corte la resistencia tenaz de las autoridades municipales, estatales y federales a realizar la menor investigación sobre los delitos cometidos por los agentes participantes en el operativo: las autoridades públicas han encubierto las agresiones, las han negado reiteradamente, han dificultado las denuncias y la investigación y han manifestado de diversas maneras su intención de proteger a las responsables directos.

Esto es así hasta el punto de que, como se mencionaba en nuestro anterior boletín (http://cciodh.pangea.org/?q=es/node/276), dos años y medio después, no existe ni un solo agente procesado pese a la gravedad de las denuncias, que la misma Corte, al parecer, reconocerá en su dictamen final, lo que contrasta con las duras penas de prisión —algunas prácticamente de por vida— dictadas contra 13 miembros del movimiento social.

La Suprema Corte ha pasado de puntillas sobre un nuevo caso flagrante que ilustra una vez más la total impunidad del ejercicio del poder en México.

Ante la disyuntiva de elegir entre procurar establecer mecanismos de justicia o consagrar la impunidad, la mayoría de la Suprema Corte ha decidido dar carpetazo al asunto.

El mensaje es claro: los poderes políticos de México pueden volver a planear otro operativo como el de Atenco, pero ahora sabiendo de antemano que el máximo órgano judicial de la República les exonerará por falta de pruebas. Ni siquiera les exigirá realizar una investigación seria sobre los delitos cometidos por servidores públicos, aunque la misma Corte los reconozca en su investigación.

En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de Estado.

Después de agotarse la última instancia de la justicia mexicana, la pregunta que cabe hacerle a la mayoría de magistrados es simple: ¿dónde queda la justicia?

Barcelona, a 15 de febrero de 2009.

Comisión de Prensa

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Atenco y el 97 constitucional

por Bernardo Batiz, secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 16 de febrero de 2009)

Atenco, dice el doctor Antonio Peñafiel en su Diccionario de jeroglíficos de nombres geográficos (1885), tiene un glifo peculiar, unos labios o boca semiabierta, hacia el agua o rodeada de agua. Atenco es un pueblo muy antiguo, prehispánico, situado en la ribera de ese mar interior que fue el gran lago de Texcoco, lo imagino poblado por pescadores y cazadores de aves acuáticas, con chinampas en las orillas y milpas en las tierras más altas, casas humeantes y un teocali en el centro; su historia debe ser muy parecida a la de otros tantos pueblos que sucumbieron a la conquista española, primero incuria, después abandono, aislamiento y luego, con la desecación de los lagos, pobreza y trabajo agotador para sobrevivir.

Durante la Revolución es muy posible que los atenquenses hayan luchado por sus tierras al lado de las fuerzas zapatistas que tuvieron gran influencia en los rumbos de Tlaxcala y el estado de México. No hay que olvidar que fue muy cerca de este poblado, donde don Andrés Molina Enríquez lanzó en 1911 su celebre Plan de Texcoco, encaminado a reivindicar las tierras de los campesinos despojados por las haciendas y a rescatarlos de la esclavitud de las tiendas de raya y de la arbitrariedad de mayordomos y administradores.

Atenco, como tantos otros pueblos, valora sus tierras, que le dan el magro sustento, pero que también le proporcionan identidad, sentido de pertenencia e inspiran un patriotismo local que no fácilmente entienden los extraños; la tierra es sagrada para el campesino, no se concibe sin ella, y si un pueblo la pierde, pierde su razón de ser. Por eso la resistencia al proyecto del aeropuerto invasor que se pretendía en sus campos de cultivo, por eso los machetes y la tenacidad heroica de sus habitantes que con tanto empeño resistieron primero y al final impidieron el despojo.

Pero todo eso, por supuesto, lo ignoraron Fox, el gobernador, el secretario de Seguridad y sus respectivos cortesanos y operadores; para ellos los terrenos de Atenco eran tan sólo la perspectiva de un gran negocio, de oportunidad de contratos, inversiones y riquezas, y por ello no pueden perdonar a los tercos campesinos que les echaron a perder todo. No pudieron adueñarse del espacio a cambio de migajas, quedaron muy mal ante la opinión pública, y por lo tanto tenían que vengarse con el primer pretexto que tuvieron a la mano; lo hicieron, enviaron a sus policías a castigar a los reos del delito ya extinguido hace siglos, de "lesa majestad", pero restablecido para el efecto de dar un escarmiento a esos alzados y desobedientes.

Para escarmentarlos a ellos y para asustar a otros posibles reclamantes en otros sitios y en otros momentos, se recurrió a la persecución bárbara, a las golpizas, a las detenciones arbitrarias y a los abusos de todo tipo. En otro momento o quizás en otra entidad, con ese escarmiento, las cosas hubieran regresado a su curso y la población estaría dolida y resentida, pero calmada.

En Atenco no sucedió así; sus habitantes siguieron su lucha, con sus líderes principales presos o escondidos, no han dejado de reclamar que se haga justicia y que se sancione a los responsables de la desalmada agresión, pero esto no es posible cuando los investigadores del delito habían sido nombrados por quienes tendrían que investigar.

El asunto, después de tiempo, tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia, por vía de la investigación de violaciones a garantías individuales, reconocida en el artículo 97 constitucional, inspiración invaluable del Constituyente del 17; para cuando las instituciones regulares y locales no pueden o no quieren hacer justicia, al menos queda ese último recurso, que es la investigación del tribunal federal de mayor rango. Fue ésa la última esperanza de una condena adversa a los autores intelectuales y materiales de los hechos de Atenco, lástima que sólo tres de los integrantes del alto tribunal estuvieron a la altura de su papel de juzgadores de nivel superior, con autoridad moral para señalar culpables con nombres y apellidos; la mayoría, en defensa de su propia clase social y quizás de sus amigos y anfitriones, rebajó la resolución y sólo se atrevió a decir que sí hubo violación a garantías individuales, pero que sólo eran condenables los ejecutores materiales, mientras que quedaron impunes y tranquilos los más encumbrados.

A pesar de ello, el baldón es difícil de quitar, para quienes aun exonerados en la fórmula de la resolución fueron señalados por parte importante de la opinión pública y por la minoría de ministros durante el debate. Helioflores, el agudo caricaturista, hace unos días fue más elocuente que mil palabras. Aparecen en el cartón, publicado en El Universal, el gobernador Peña Nieto y el procurador Medina Mora con caras de niños incapaces ni de una travesura, bien peinados, pero atrás, sobre las sombras de sus cabezas, destacan las cruces de las tumbas que se supondrían de los jóvenes asesinados en los hechos; el título del editorial gráfico es por demás concluyente: "Sombras nada más", pero añado, también nada menos: de esas sombras es difícil liberarse.

El 97, a pesar de la reticencia de quienes no gustan emplear las facultades que les otorga, volvió a funcionar.

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Convoca AMLO a diputados a "entrarle al quite" ante la nulidad del Poder Ejecutivo

Ciudad de México, 15 de febrero de 2009

Servicio informativo núm. 628

CONVOCA AMLO AL PODER LEGISLATIVO A “ENTRARLE AL QUITE” ANTE LA NULIDAD DE LAS ACCIONES DEL PODER EJECUTIVO
Este martes encabezará mitin frente a la Cámara de Diputados

“A pesar de la crisis, no hay ni una sola propuesta del gobierno usurpador para reactivar la economía nacional, defender las fuentes de empleo y apoyar a los sectores productivos del país; el presidente pelele, Felipe Calderón, no aparece por ningún lado, no hace nada, ni va a hacer nada. Da hasta pena ajena”. Así se expresó Andrés Manuel López Obrador durante su cuarto y último día de actividades en el estado de Sonora, este domingo 15 de febrero.

“Por tratarse de un presidente espurio que fue impuesto por la mafia de la política, Calderón Hinojosa no existe, es un cero a la izquierda y sólo representa los intereses de los de mero arriba, de la banda de los 30 barones del dinero y no puede hacer nada para sacar adelante a México y a su pueblo del actual periodo de crisis y recesión económica”, explicó el presidente legítimo de México.

En su recorrido por municipios de la sierra de Sonora, López Obrador declaró a los habitantes del municipio de Onavas, uno de los más pequeños en cuanto a extensión territorial se refiere: “miren nada más la situación de Calderón. Está atado de pies y manos” por quienes lo impusieron en la Presidencia de la República, por aquellos que se creen amos y señores de México, por aquellos que realmente mandan en el país. Ahora que está entrando el huracán de la recesión económica, ¿dónde está el plan anticrisis y dónde está el plan para apuntalar las actividades productivas? No hay nada”, enfatizó al convocar al Congreso de la Unión “a entrarle al quite” y aprobarse por consenso de las fuerzas políticas representadas en esa soberanía popular, un plan anticrisis para evitar una mortandad de miles de pequeñas y medianas empresas y comercios.

Al informar que el próximo martes se llevará a cabo un mitin del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular en el Palacio Legislativo de San Lázaro para solicitar a los diputados una respuesta a su petición de aplicar un plan de austeridad, el dirigente de la izquierda mexicana manifestó que se reactivaría la economía con aproximadamente 200 mil millones de pesos por concepto de ahorros y se evitaría una mayor descomposición social y un incremento en los niveles de violencia e inseguridad.

Acompañado por representantes del Gobierno Legítimo de México de la entidad, destacó que la situación económica “está peor que hace dos años, desde que Calderón usurpa el cargo de presidente de México. Ahora hay más pobreza, desempleo y se tiene un registro histórico de 8 mil asesinatos relacionados con el crimen organizado”.

También recordó que durante la pasada campaña presidencial se desató una guerra sucia en su contra, principalmente en la televisión, en donde se le presentaba como un peligro para México y se decía que, si ganaba la elección, habría crisis, devaluación, pérdida de empleos y hasta transmitían imágenes con bardas y bicicletas cayendo de manera estrepitosa.

“Los operadores de dicha campaña sucia en medios de comunicación fueron el norteamericano Dick Morris y el español Antonio Solá, precisamente los mismos publicistas que prestaron sus servicios al candidato republicano John McCain en la guerra sucia contra el demócrata y ahora presidente de los Estados Unidos, Barack Obama”, explicó.

En las asambleas informativas con los habitantes de Suaqui Grande y La Colorada, López Obrador afirmó que “el movimiento por la transformación de México está haciendo historia y va a triunfar, tarde que temprano, la causa de la justicia, la lucha por una verdadera democracia. También dejó en claro que no se trata de una lucha del poder por el poder, ni por el arribo a cargos públicos. “No somos politiqueros ni estamos buscando cargos públicos, sino que luchamos por la transformación del país”, añadió.

Antes en Onavas, dijo que si el presupuesto se ejerciera con transparencia y bajo los principios de justicia y equidad, México saldría adelante y puso de ejemplo que si los 3 billones de presupuesto anual se dividiera entre las 26 millones de familias, a cada una le tocaría alrededor de 10 mil pesos mensuales.

Tanto en Onavas, Suaqui y La Colorada, el presidente legítimo de los mexicanos dio a conocer que está por concluir el recorrido por los 2 mil 38 municipios de régimen de partidos y aclaró que ha representado una experiencia extraordinaria, porque está observando lo que está ocurriendo en cada rincón de la geografía nacional.

Ahora que recorre todo el territorio nacional ha intercambiado puntos de vista y ha dialogado con los ciudadanos de cada municipio sobre los grandes y graves problemas nacionales y “no es lo mismo estar arriba que recorrer el país a ras de tierra”, agregó.

Un día antes, el sábado 14 de febrero, López Obrador había manifestado ya su preocupación ante la situación económica. Indicó que la crisis mundial provocará una mayor pobreza y, en consecuencia, se incrementarán los niveles de inseguridad y de violencia en todos los rincones del país.

Afirmó que la recesión económica “agarra” a México con una economía debilitada, con un pronóstico de cero crecimiento y un sector productivo endeble. En ese tercer día de recorrido por 22 municipios sonorenses, el presidente legítimo de México se manifestó por garantizar mínimos de bienestar y de justicia, “si queremos vivir en paz, si queremos tranquilidad social” y adelantó que el problema de la inseguridad y de la violencia no se resolverá con más militares, más policías, amenazas de mano dura, leyes más severas ni más cárceles.

Durante las asambleas informativas que encabezó este sábado en los municipios de Soyopa, Bacanora y Sahuaripa, reiteró la necesidad “de ajustar el gasto público en la administración del gobierno espurio de Felipe Calderón, para obtener ahorros por 200 mil millones de pesos. Sí hay dinero de donde recortar”, afirmó al mencionar que los ahorros se obtendrían de reducir a 50 por ciento los sueldos de los zánganos, como los ministros, los jueces, los magistrados, los diputados, los senadores, los directores generales, los subsecretarios y los secretarios”.

Por considerar que representa un privilegio, demandó la supresión de la partida presupuestal por 6 mil millones de pesos para atención médica privada de lo que llamó la clase parasitaria; es decir, los servidores públicos de primer nivel. “Los funcionarios de arriba no se atienden ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, tampoco en el denominado Seguro Popular, que i es seguro ni es popular”, subrayó.

En Sahuaripa, hizo énfasis en la necesidad de eliminar el rubro del presupuesto destinado al pago de las pensiones de los ex presidentes de México. “No es justo que Carlos Salinas, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Luis Echeverria y la chachalaca ladrona de Vicente Fox reciban una pensión equivalente a 5 millones de pesos mensuales, mientras la mayoría del pueblo carece hasta de lo indispensable para sobrevivir”, argumentó.

Para llegar al municipio de Soyopa, el vehículo que traslada a López Obrador tuvo que recorrer alrededor de 16 kilómetros de caminos de terracería. Ante los habitantes del municipio, manifestó que la migración es la principal fuente de escape al desempleo que aumenta diariamente en nuestro país, por la falta de oportunidades para miles de jóvenes que egresan cada año de las escuelas de nivel superior.

Luego de mencionar que alrededor de 10 cabeceras municipales de Sonora están comunicadas por caminos de terracería, López Obrador explicó que los recursos presupuestales que se obtuvieran de la aplicación de un plan de austeridad se destinarían a las actividades productivas, para apuntalar al campo y a los productores, debido a que el agro mexicano se encuentran en el olvido desde hace más de 26 años.

“Con los 200 mil millones de pesos de ahorros presupuestales se podrían financiar y ampliar los programas sociales, como la entrega de becas a madres solteras, personas con discapacidad y jóvenes que cursan estudios de preparatoria, así como el de adultos mayores e incluso alcanzaría el dinero para entregarles 820 pesos mensuales, en lugar de los 500 actuales, y reducir de 70 a 65 años la edad para ser beneficiados”, afirmó el presidente legítimo de México.

En Sahuaripa y en Yécora, López Obrador calificó de ladrón al gobernador del estado, Eduardo Bours, “porque se robó la elección presidencial del 2006 para favorecer al presidente usurpador. En julio de hace dos años, Bours le hizo el favor a Felipe Calderón”, agregó. Asimismo, señaló que “Bours es un mandatario que desprecia al pueblo, que tiene una mentalidad porfirista, que es un ejemplo del conservadurismo y que considera que el pueblo es pobre y no progresa porque es flojo. Entonces es una desdicha tener un gobernador de esa talla. Para decirlo en otras palabras: es mucho pueblo el de Sonora para tan poco gobernador”.

Luego afirmó que los priistas y panistas de arriba son lo mismo y sustentó su dicho en que legisladores del PRI y del PAN aprobaron en el Congreso el Fobaproa, la nueva Ley del ISSSTE y la creación de nuevos impuestos que afectan a los pequeños y medianos comerciantes, así como a los profesionistas independientes.

En su jornada sabatina, el presidente legítimo de los mexicanos llamó al pueblo de Sonora a no emitir un solo voto a favor de los candidatos que postulen los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por considerar que “son los verdaderos verdugos del pueblo, que han sumido al país en la pobreza y en la marginación”.

Un día antes, el viernes 13 de febrero le tocó al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, la crítica del dirigente de la izquierda mexicana. “Por tratarse del precandidato presidencial de la mafia de la política y de la empresa Televisa, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió otorgarle impunidad al gobernador mexiquense, Enrique Peña, y exonerarlo de cualquier responsabilidad penal en el caso de las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de San Salvador Atenco”, aseguró Andrés Manuel López Obradory aseguró que en México no hay justicia, ni apego a la legalidad, ni tampoco se respeta el texto de la Constitución.

“En nuestro país, se castiga a quien no tiene dinero para comprar su inocencia ni influencias, ni agarraderas políticas”, sostuvo el presidente legítimo de México en la asamblea informativa con los habitantes de Banámichi.

Después de que el pleno de la Corte determinó dejar totalmente libre de culpa al mandatario del Estado de México, López Obrador se refirió al caso Atenco. “Se cometió una gran injusticia, hubo violaciones a los derechos humanos y el asunto se llevó a la Corte, porque había la esperanza de que se impartiría justicia”, detalló. Luego subrayó: “Pues no. Los ministros, en su mayoría, resolvieron darle impunidad a Peña Nieto”. Y explicó por qué el Poder Judicial libró de toda culpa al gobernador mexiquense. “A Peña lo están proyectando los de la mafia de la política, lo están lanzando hacia adelante, es el candidato de la mafia de la política y de Televisa”. López Obrador afirmó que tanto la mafia de la política como la mencionada televisora están fabricando una especie de “Barbie masculino. Es otro muñeco. Es otro pelele”, cuyo único atributo es su copete.

Posteriormente, en Huépac, López Obrador reiteró que la policía golpeó, torturó y violó los derechos humanos de los pobladores de Atenco y que los ministros del máximo tribunal dejaron totalmente libre de culpa a Peña Nieto.

“En su resolución, los ministros dijeron que no hay castigo para ningún funcionario de primer nivel porque la mafia de la política ya está proyectando al gobernador mexiquense, a ese muñequito. Toda la ideología de Peña Nieto la tiene en su copete, y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, se ha convertido en su jefe de campaña anticipada”, enfatizó.

Durante la jornada de ese viernes, el presidente legítimo de los mexicanos destacó la necesidad de aplicar un plan de austeridad y de apoyo a los sectores productivos del país y destacó que representa un insulto para millones de mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza que un ministro de la Corte tenga un sueldo de casi 600 mil pesos mensuales, cantidad superior a la percepción del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

En Huepac y Arispe, así como en Aconchi y Baviácora, López Obrador extendió una invitación al pueblo de Sonora para asistir el próximo martes 17 de febrero al Palacio Legislativo de San Lázaro para solicitar a los diputados federales una respuesta a la propuesta que presentó para aplicar un plan de austeridad republicano.

El jueves 12 de febrero, López Obrador había iniciado su recorrido por municipios de la sierra sonorense refiriéndose a las declarciones del acaudalado empresario Carlos Slim. “Las declaraciones de Slim sobre la crisis económica del país son ciertas, aunque el mismo pronóstico de desempleo y de decrecimiento ya lo habíamos dicho nosotros antes. Entonces, por qué hacen tanto escándalo en el gobierno usurpador de Felipe Calderón si es la realidad”, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

“Pero en la actual situación de adversidad económica no se ve a Calderón por ninguna parte. No se sabe qué se hizo, no existe y, en consecuencia, no hay conducción en México”, precisó al declarar que es tiempo de actuar, porque “el huracán que está entrando va a provocar mucho daño, en la economía nacional, en las pequeñas y medianas empresas o comercios y en los bolsillos de millones de familias” aseguró.

En entrevista que concedió a su arribo a esta entidad, el presidente legítimo de México se refirió a las afirmaciones hechas por Slim Helú durante su participación en el foro “México ante la crisis ¿qué hacer para crecer?”, que organiza el Congreso de la Unión, en donde presentó un diagnóstico de la economía mexicana e hizo una serie de recomendaciones para enfrentar la crisis.

De entrada, López Obrador respaldó las expresiones de Slim en el sentido de que no habrá crecimiento económico. Luego preguntó: ¿que acaso es una mentira, si este año no sólo no habrá crecimiento económico, sino que habrá decrecimiento? También cuestionó: ¿que acaso es una mentira decir que hay desempleo en el país. Que acaso es una mentira decir que se ha devaluado el peso en 40 por ciento?

Un reportero le preguntó: ¿Si no puede que renuncie Calderón, porque cada vez son más las voces en ese sentido? La respuesta de López Obrador fue clara: “Pues ya es como si hubiese renunciado, porque no manda ni gobierna”. Y añadió: “Calderón es un inepto, por decir lo menos; no tiene capacidad para resolver los grandes y graves problemas nacionales”.

Antes, el presidente legítimo de los mexicanos manifestó su confianza de que en las elecciones federales del próximo 5 de julio los candidatos del Frente Amplio Progresista obtendrán el voto ciudadano. “Hay esperanza porque los ciudadanos ya están hartos del PRI y del PAN, que a final de cuentas son lo mismo”, argumentó.

Al expresar su respeto por los militantes priistas y panistas de abajo, “porque ellos están igual de esperanzados que millones de mexicanos”, dejó en claro que las cúpulas de los partidos tricolor y albiazul son lo mismo, “es lo mismo Beltrones que Felipe Calderón, Bours que Elba y Fox que Salinas. Es la misma mafia, son lo mismo”.

López Obrador hizo énfasis en que el electorado de Sonora y del resto del país no va a seguir votando por los verdugos del pueblo. “Ni modo que los ciudadanos sigan votando por quienes los han llevado a la pobreza, a esta grave crisis económica y de bienestar social”, mencionó.

Posteriormente, en las asambleas informativas con los habitantes de Rayón, Carbo, Mazatán y el poblado de Querobabi (Opodepe), llamó a los sonorenses a no emitir un solo voto a favor del PAN y del PRI.

Al iniciar su recorrido de cuatro días por 22 municipios de Sonora, López Obrador explicó que tanto los abanderados de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional empiezan con la “repartidera” de materiales de construcción y hasta dinero en efectivo en periodos electorales, pero una vez que arriban al cargo se divorcian del pueblo y se convierten en una clase exquisita.

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Divorcio, por Alejandro Encinas

Ciudad de México, 15 de febrero de 2009

Servicio informativo núm. 627

Sumario:

I. Divorcio, por Alejandro Encinas

II. Ante catarrito de Calderón, la propuesta del CDV, por Laura Itzel Castillo

III. ¿Cuál es la catástrofe?, por José Agustín Ortiz Pinchetti

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DIVORCIO
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 14 de febrero de 2009)

Una función fundamental de los partidos es la disputa legítima por el poder político a través de la competencia electoral. En ella todos los partidos se encuentran inmersos y buscan mantener y ampliar su electorado.

La lógica electoral y la búsqueda de mayores posiciones han copado los rincones del trabajo partidario, al extremo que todos, sin excepción y con una gran dosis de pragmatismo, plantean la necesidad de “moverse al centro”, diluyendo su discurso y por tanto las diferencias entre los proyectos que cada uno dice representar.

Son muchos los ejemplos: en 2006, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de bajar los precios de luz, gas, gasolinas y de ampliar los apoyos para adultos mayores, antes satanizadas como populistas, fue retomada por los candidatos del PRI y del PAN, o el caso reciente de la campaña oficial del PRD con relación a la reforma energética, que sostiene que “jugamos en equipo con los demás partidos” y que “la receta es de todos los partidos, pero la mayoría de los ingredientes los puso el PRD”, con la que se mantiene la lerda idea de que “cogobernamos desde el Congreso” y, en consecuencia, se es copartícipe de las políticas que han llevado al colapso de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de las políticas económicas. Esto, además de crear confusión, desalienta al elector para quien todos son lo mismo.

Así, los partidos se empantanan en un discurso que olvida, como sostiene Arnoldo Martínez Verdugo, que “el centro político es la gobernabilidad, mientras el centro ideológico es el pantano”.

Algo similar sucede con los gobiernos locales, que en su mayoría, buscando su continuidad, privilegian mantenerse en el poder por encima de impulsar transformaciones que pudieran afectar los intereses de los grupos beneficiarios del estatus vigente. Así vemos cómo muchos gobiernos locales y municipales, incluso de la izquierda, asumen posiciones conservadoras, administran y palian la crisis, cuando no viven el embeleso de un poder efímero.

En tanto, la sociedad permanece ajena a estas dinámicas y demanda definiciones y respuestas fuertes, lo que da cuenta del profundo divorcio entre los partidos políticos, sus gobiernos y la sociedad.

La actual campaña electoral abre la posibilidad de impulsar nuevos paradigmas y alternativas. La izquierda no necesita más diagnósticos o explicaciones; requiere diferenciarse con claridad, tomar iniciativas, impulsar cambios que permitan rescatar al país desde la raíz de su vida comunitaria, vinculando la acción de los partidos con la autoridad local y los movimientos sociales, y desde ahí definir las agendas en el Parlamento.

Se requiere del replanteamiento de las políticas hasta ahora seguidas; de nuevas alianzas y formas de participación en la comunidad y el territorio en que se insertan; de una nueva relación entre autoridades locales y movimientos sociales desde el territorio.

La crisis obliga a adaptarse a la nueva situación y el territorio es un nuevo protagonista en la creación del nuevo paradigma, no sólo para enfrentar la crisis y promover el desarrollo de la economía local, sino para un ejercicio democrático distinto, que admita el desarrollo de comunidades fuertes, articuladas con los poderes locales, que permitan la democratización de la vida pública y el desarrollo de una cultura que aliente la vida comunitaria, y que reconozca su diversidad y refuerce las acciones por el bien vivir y la redistribución del ingreso.

Asistimos a un nuevo proceso electoral. No es posible reproducir la percepción de que todos somos lo mismo. Esta es una oportunidad para ofrecer al elector una opción que motive su participación y supere el divorcio con la sociedad, cultivando un electorado maduro y con memoria.

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ANTE CATARRITO DE CALDERÓN, LA PROPUESTA DEL CDV
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicado en El Gráfico el 11 de febrero de 2009)

Cada día que pasa son más las voces de diversos personajes que pronostican un panorama muy difícil para México en los meses venideros. En realidad la crisis en nuestro país ha existido desde hace tres décadas, pues la economía no ha crecido. Lo más grave es que Felipe Calderón sigue insistiendo en curar este mal —al que inicialmente llamó catarrito— con remedios espurios.

Ayer, se anunció que presentaría al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley del Infonavit. Por los datos que publicaron algunos medios de comunicación, se puede advertir que se trata de propuestas que no representan una alternativa real para los cientos de miles de trabajadores que tienen algún problema de crédito, a consecuencia de los altos montos que les cobran o porque han perdido el empleo.

Desde el 18 de junio de 2007, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) presentó al Frente Amplio Progresista (FAP) una iniciativa para modificar por completo la Ley del Infonavit, cuyo eje central establece claramente el orden público de la ley, es decir rescata el carácter público del instituto. Basta decir que el Infonavit es el único organismo público descentralizado que no es fiscalizado por nadie y que maneja un presupuesto de miles de millones de pesos de aportaciones de los trabajadores, ¡vaya Estado de excepción! Hasta los fideicomisos privados tienen la posibilidad de ser auditados.

La propuesta del CDV pretende reivindicar la obligación del instituto de proveer de viviendas dignas a los trabajadores, frente a los llamados “pies de casa” que acaban siendo “dedo de casa”, “uña de casa” y hasta “mugre de casa” con dimensiones menores a los 20 metros cuadrados.

El CDV propone también que las actividades de la dependencia se sujeten a una política de desarrollo urbano sustentable, debido a que por todo el país el Infonavit ha contribuido a la depredación del medio ambiente.

La iniciativa exige que las aportaciones de los trabajadores se destinen al servicio público de previsión social, con el propósito de garantizarles crédito barato y suficiente para la adquisición de viviendas adecuadas, como lo marca la Constitución. Entre otros criterios destaca el que los préstamos se den en pesos y no en veces salarios mínimos, pues esta última opción ocasiona que las deudas crezcan sin control.

La propuesta del CDV busca eliminar la llamada bursatilización de los fondos de los trabajadores, es decir, que no se coloquen en la Bolsa de Valores bajo el pretexto de ser aprobados por organismos internacionales como un ente “financieramente sano”.

Desde este espacio hacemos un llamado a los legisladores federales a no caer en el engaño de Calderón y a retomar la iniciativa del CDV, que sí va al fondo del problema.

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¿CUÁL ES LA CATÁSTROFE?
por José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 15 de febrero de 2009)

Buena semana para la Unión Nacional de Catastrofistas y Similares (UNACE). El discurso del ingeniero Carlos Slim en un foro estratégico provocó una reacción un poco histérica de Calderón, su equipo y su partido. Slim dijo unas cuantas verdades: el actual proyecto de política económica no ha podido hacer crecer al país. Nuestro crecimiento es peor que mediocre. Requerimos una visión del desarrollo de la nación de amplio consenso. La recesión causará la caída del empleo (ya se está derrumbando) quiebras de muchas empresas pequeñas, medianas y grandes (ya empezaron). Hay que rediseñar el sistema financiero, reorientar la economía al mercado interno, proteger el empleo, el salario, el campo y las empresas pequeñas y medianas.

Estas verdades no han sido refutadas con datos duros (como dirían los elegantes), sino con diatribas. Con la exigencia de que mantengamos el “optimismo”. Nada más odioso que la verdad para un régimen asentado en el fraude, la impunidad y la mentira repetida millones de veces por los medios electrónicos para adormecer a la población. El disimulo y la simulación denunciados por Manuel Gómez Morín para justificar la fundación del PAN son la divisa de sus sucesores que administran la descomposición final del régimen priísta que ahora pretende ser heredero de sí mismo, gracias a la debilidad y perversidad del blanquiazul.

Jóvenes politólogos de la Universidad de Cultura China de Taipei, Taiwán, me preguntaron cuál era el peor de los males de México: ¿por qué las cosas estaban cada vez peor, el país había dejado de crecer?; la riqueza y las oportunidades están más concentradas; la violencia crece cada día, y por qué nuestra democracia es un fracaso.

La respuesta para mí es obvia: la corrupción ancestral de México ha prendido con más fuerza que nunca como una enfermedad que revive y agrede. La corrupción, es decir, el uso de las instituciones y los recursos públicos para el enriquecimiento privado y para el engaño colectivo, ha debilitado y desarticulado los mecanismos del Estado en forma gradual, a pesar de que suscita críticas, sermones, retórica, caricaturas y un río de tinta no se detiene. Camina sin prisa ni pausa desquiciando el armazón institucional, quebrantando nuestros juicios; avanzando maligna para aumentar la desigualdad; abriendo el campo al crimen organizado; volviendo inoperantes las decisiones de política económica; alimentando una violencia sangrienta, disolviendo el tejido social. En el fondo intuimos que la corrupción es la causa de nuestros males, pero no lo aceptamos como un síntoma fatal; incluso a veces respondemos con “un optimismo trágicamente irreal”.

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El seguro popular, mitos y realidades, por Asa Cristina Laurell

Ciudad de México, 14 de febrero de 2009

Servicio informativo núm. 626

Sumario:

I. El seguro popular, mitos y realidades, por Asa Cristina Laurell

II. Mariguana: ¿legalizada?, por José Luis Piñeyro

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EL SEGURO POPULAR, MITOS Y REALIDADES
por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 13 de febrero de 2009)

Cuando empezó el Seguro Popular (SP) se insistió en que era una política pública, basada en evidencias científicas y ajena a los postulados partidistas. Asimismo, uno de los ejes declarativos del gobierno de Fox era que habría transparencia en las acciones gubernamentales. El uso directo del SP en la propaganda del PAN y la aprobación del Instituto Federal Electoral de esta conducta coloca —una vez más— en la discusión pública a este programa.

La instrumentación del SP durante cuatro años ha revelado que ambas aseveraciones son ilusorias; no se ha basado en evidencias, ni ha sido transparente. Interesa particularmente ahondar en cuatro hallazgos del análisis de esta política: la tergiversación de la Ley General de Salud, la manipulación del contenido del SP, la ausencia de un seguimiento veraz de su operación y resultados, y su uso político reiterado.

La condición del PRI —los diputados del PRD votaron en contra— para aprobar el SP era la exclusión del sector privado en la prestación de servicios. Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo expidió un reglamento que vuelve a incluir al sector privado sin respetar la ley. El PRI no impugnó esta violación.

La manera de presentar el SP ha causado confusión respecto de tres aspectos básicos: sólo es gratuita para el 20 por ciento de la población más pobre, todos los demás pagan prima; su cobertura médica es limitada al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que no cubre algunas enfermedades comunes pero caras de tratar, por ejemplo, infartos al corazón o accidentes graves, cuyos tratamientos son pagados por el paciente; además hay restricciones en la afiliación: sólo 14.3 por ciento puede registrarse al año.

La administración del SP ha sido ineficiente y poco transparente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó el programa en la Cuenta Pública de 2005 y presentó los resultados en 2007. Encontró que faltaron por transferir a las entidades 632 millones de pesos. Observó además que existían irregularidades al rededor de 2.1 millones de pesos.

Adicionalmente, la valuación actuarial encargada por la ASF para verificar la sustentabilidad económica del SP llegó a la conclusión de que su déficit financiero alcanzaría los 38 mil millones en 2007, si se prestaran los servicios comprometidos en el CAUSES. Por otra parte, se hizo una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por un daño patrimonial de mil millones en 2007, la cual no se ha resuelto hasta la fecha.

A partir de estas irregularidades, la Secretaría de Salud ha declarado “reservada” toda la información relacionada. Nadie ha sido sancionado administrativamente, mucho menos penalmente, a pesar de que están involucrados miles de millones de pesos.

Uno de los grandes éxitos del SP —según sus promotores— es que ha permitido incrementar el presupuesto de salud. Sin embargo, en 2005 y 2006 se hizo a costa del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que debilitó todavía más este pilar del sistema público de salud.

En 2007, el subejercicio del SP fue de cerca de 5 mil millones, y en 2008, según datos preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 3.4 millones de pesos. Además se han acumulado 14 mil millones en su fideicomiso. O sea, tan sólo durante los dos años anteriores no se han utilizado 22.4 millones, mientras se registra un grave déficit de infraestructura, personal, medicamentos e insumos médicos, situación que se oculta de manera sistemática.

Por último, en 2006 el PAN capitalino utilizó el SP con fines electorales. Esta transgresión fue impugnada, y el Instituto Electoral del Distrito Federal, a diferencia del actual IFE, multó al PAN. Esta sanción fue ratificada por unanimidad de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en enero de 2007. Estamos ante la reincidencia del PAN en una conducta previamente castigada por el tribunal.

La falta de escrúpulos no termina ahí. Ahora, la propaganda del PAN asegura que sus gobiernos luchan por garantizar “servicios y atención médica gratuitos” para todos los que no cuentan con seguridad social. Bienvenido, si fuera cierto, pero no sería el SP, que no es gratuito y tampoco garantiza servicios y medicamentos. Sería la política del Gobierno del Distrito Federal, legislada durante el gobierno de López Obrador en la capital, promovida en su campaña presidencial y apoyada por el movimiento que encabeza.

Si, como sostienen algunos analistas políticos al justificar el fallo del IFE, es sano que las campañas electorales sirvan para dar a conocer los planteamientos de los partidos, habría que exigir que sean verídicos. La ética en la política tendría que ser la pauta y no la mentira a conveniencia.

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MARIGUANA: ¿LEGALIZADA?
por José Luis Piñeyro
(publicada en El Universal el 14 de febrero de 2009)

En varias ocasiones he planteado en este espacio de opinión lo impostergable que es iniciar un debate nacional sobre la despenalización de la mariguana.

Debate que convoque a especialistas de diversas disciplinas (sociólogos, abogados, economistas, médicos, toxicólogos, agrónomos, entre otros), representantes de la sociedad civil (empresarios, comunicólogos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, ecologistas) y, por supuesto, a autoridades civiles y militares de los tres niveles del gobierno y del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Debate que debe partir del abandono de dogmatismos políticos o morales, en el que prive una discusión basada en análisis científicos desde una perspectiva interdisciplinaria que sopese cuáles han sido y seguirán siendo los costos (humanos, económicos y ecológicos) y los beneficios de mantenerse el enfoque represivo contra el narcotráfico.

En México, los costos sociales de las narcoejecuciones han sido crecientes: 2006 (2 mil 221 personas), 2007 (2 mil 561) y 2008 (5 mil 612), a lo que habría que agregar las personas heridas o traumadas por la guerra a las drogas. Los costos económicos son multimillonarios: una estimación supone 94 mil 300 millones de dólares gastados de 1994 a 2007. De los costos ecológicos (por uso de herbicidas) creo que nadie ha hecho cálculos, mas no han de ser pocos.

Los beneficios que apunta el gobierno son los de siempre: cultivos destruidos, drogas confiscadas, desmembramiento de cárteles, confiscación de armas, vehículos y dinero.

Hace una década, personalidades de las más diversas profesiones e ideologías (Gabriel García Márquez, Milton Fridman, Mario Vargas Llosa, entre otros) se pronunciaron a favor de despenalizar las drogas como la estrategia más efectiva de combate al narcotráfico. Ya ha corrido desde entonces mucha sangre y dinero.

Días atrás, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, dirigida por los ex presidentes Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia y Zedillo de México, concluyó que la estrategia represiva y de criminalización del consumo de drogas ha fallado en la erradicación de plantíos y en combatir los distribuidores.

Plantean la despenalización de la mariguana, acompañada de campañas de prevención y rehabilitación de adicciones. Propuesta que presentarán al presidente Obama y a los mandatarios de la Unión Europea, confiando en que éste es pragmático y tiene informes de la ineficacia de estrategia represiva: no ha logrado disminuir el precio de las drogas y sólo ha multiplicado por 10 el número de presos. Las campañas propuestas pretenden reducir la demanda potencial y real de drogas y disminuir el precio de la mariguana como formas de golpear el poder económico de los narcos, además llenar las prisiones con narcotraficantes y no con drogadictos.

¿Habrá sensibilidad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los partidos políticos y en las agrupaciones empresariales y sindicales para discutir y mejorar la anterior propuesta? Quiero pensar que sí, aunque si nos atenemos a la falta de pragmatismo e imaginación para cambiar la política económica frente a la catastrófica crisis en curso, el optimismo se acaba.

¿Será que al igual que con la crisis económica no se quiere reconocer que hay una crisis de seguridad pública? De hecho, es de seguridad nacional, dadas sus dimensiones territoriales, sociales, económicas e institucionales. Pragmatismo y pacto nacional es la única senda de fortalecimiento de la nación y del Estado.

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Que Calderón responda si se agravará o no la situación económica de México, emplaza López Obrador

Ciudad de México, 6 de febrero de 2009

Servicio informativo núm. 625

QUE CALDERÓN RESPONDA SI SE AGRAVARÁ O NO LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO, EMPLAZA LÓPEZ OBRADOR

Andrés Manuel López Obrador acusó a Felipe Calderón, “calderoncito”, de minimizar los efectos colaterales de la crisis económica en el país y de dedicar el tiempo a calificar de catastrofista y alarmista a la gente que difunde la verdad, la realidad que impera el país, en lugar de aplicar un plan de austeridad republicano.

Recordó que el año pasado el presidente pelele, de forma irresponsable, comentó a los mexicanos que Estados Unidos padecería pulmonía con la crisis financiera, mientras que México enfrentaría una simple gripe, “cuando todos sabemos que la economía nacional está debilitada y que sí nos afectará la recesión mundial”.

Y afirmó: “Felipe Calderón quisiera que fuésemos como los de Televisa, que se dedican a quemarle incienso. Quisiera que nos quedáramos callados, cuando viene un huracán que le hará daño a los millones de mexicanos”.

Exigió al presidente usurpador que responda la interrogante que se plantean millones de familias mexicanas, en especial las amas de casa: ¿Se va a agravar o no la situación económica de México?

En el segundo día de gira de trabajo por 27 municipios de la región de Los Altos de Jalisco, el presidente legítimo de México lanzó otro cuestionamiento a Calderón: ¿Cómo dice que no hay que alarmarse, si todos los pronósticos señalan que México mantendrá un decrecimiento en su economía?

Explicó que un ejemplo es que, al tener una proyección de cero crecimiento, no se podrá generar el millón de empleos que se necesitan anualmente.

Acompañado por el representante del Gobierno Legítimo de México en la entidad, Enrique Ibarra, manifestó que la gente no tiene conocimiento del proceso devaluatorio del peso frente al dólar, de los altos niveles de desempleo y de la creciente pobreza en todas las regiones de la geografía nacional, porque los medios de comunicación, en particular la televisión, sólo difunden aquellas notas que favorecen a los potentados, a la camarilla, a la mafia de la política, a los 30 barones del dinero.

Desde Acatic López Obrador urgió al presidente usurpador para que aplique un plan de austeridad, para proteger la economía de la mayoría del pueblo y “no sólo se dedique a declarar que no pasa nada en el país”.

Resaltó que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió al Congreso de su país que autorice una partida presupuestal para reducir los efectos de la recesión económica; en cambio, en México no hay un plan real para sacar adelante a la Nación, aclaró.

En San Ignacio expresó que recurrió al Poder Legislativo para solicitar que intervenga en la búsqueda de soluciones a la crisis, porque el presidente pelele no hace nada para remediar la situación y, con esa actitud de desenfado, sólo demuestra que es un reverendo inútil.

Mientras Obama, detalló, se preocupa sobre la grave situación en su país, Calderón no informa a los mexicanos sobre el panorama real de nuestra Nación.

Y, por ello, el pasado martes dijo que envió una carta a los diputados y senadores para que aprueben medidas encaminadas a obtener ahorros presupuestales por 200 mil millones de pesos.

Destacó que si el gobierno usurpador distribuyera con justicia los tres billones de pesos del presupuesto público, repartiría alrededor de 10 mil pesos cada mes entre los 26 millones de familias del país.

Sin embargo, aclaró que los tres billones de pesos se utilizan para mantener a un aparato oneroso, que es la alta burocracia panista, y consideró un insulto que un ministro de la Corte tenga un sueldo de 600 mil pesos mensuales.

Detalló que en la misiva que dirigió a los legisladores, les pidió que se promueva un reajuste al gasto corriente de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, mediante una reducción de 50 por ciento a los salarios de los servidores públicos de primer nivel.

También les solicitó que se elimine la partida presupuestal para gastos médicos particulares de la alta burocracia y las millonarias pensiones que reciben los ex presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

“Con la eliminación de los privilegios y atenciones que tiene la casta del gobierno panista, se podrían ahorrar 200 mil millones de pesos, para paliar los efectos de la crisis”, consideró.

En Arandas, los reporteros le preguntaron si tiene previsto contender por un cargo de elección popular en la jornada del próximo 5 de julio. Expresó que no buscará ninguna postulación, porque actualmente cumple con su encargo que le confirió el pueblo de México: Que es encabezar el movimiento de transformación del país.

En Jesús María, el presidente legítimo de México calificó como un hipócrita a Calderón, por asegurar que la reforma energética impide que se construyan al mismo tiempo las tres refinerías que necesita el país para dejar de importar gasolinas.

“Si Calderón quisiera, no sólo construiría una refinería, sino hasta 10, al mismo tiempo, pero no logrará edificar ni una sola en todo el sexenio”, adelantó.

López Obrador continuará mañana su recorrido por el territorio jalisciense. Se reunirá con los habitantes de San Julián, San Miguel El Alto, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz.

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“Es un insulto que la administración del presidente pelele, Felipe Calderón, no ordene una reducción de los salarios de la burocracia panista”: AMLO

Ciudad de México, 22 de enero de 2009

Servicio informativo núm. 624

Sumario:

I. “Es un insulto que la administración del presidente pelele, Felipe Calderón, no ordene una reducción de los salarios de la alta burocracia panista”: AMLO

II. ¿Sólo seis meses de recesión?, por Rogelio Ramírez de la O

III. El católico señor Calderón, por Luis Linares Zapata

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“ES UN INSULTO QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE PELELE, FELIPE CALDERÓN, NO ORDENE UNA REDUCCIÓN DE LOS SALARIOS DE LA ALTA BUROCRACIA PANISTA”: AMLO

Ante la decisión del presidente número 44 de Estados Unidos de aplicar un plan de austeridad en su gobierno, López Obrador expresó que “es un insulto que la administración del presidente pelele, Felipe Calderón, no ordene una reducción de los salarios de la alta burocracia panista y que utilice el presupuesto público, de aproximadamente tres billones de pesos para este año, para pagar atención médica privada a aquellos que se creen de sangre azul”.

Al iniciar un recorrido de tres días por 15 municipios de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador expresó que esperará a que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dé a conocer su plan migratorio “porque todavía no hay indicios de que se vayan a endurecer” las medidas para cruzar la frontera norte.

Al conceder una entrevista a los medios de comunicación en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, el presidente legítimo de México aclaró, sin embargo, que un eventual cierre de la frontera común implicaría cerrar la puerta a los 600 mil mexicanos que cada año se van a trabajar y a vivir por necesidad al país vecino.

Recordó que en días anteriores dio a conocer una carta dirigida a Obama, en donde le expresa que la cooperación es la base de una buena relación bilateral y que sería un grave error poner en marcha, por parte de su futuro gobierno, una política que impida el flujo migratorio hacia Estados Unidos

Reiteró también su rechazo para contender por una candidatura a una diputación federal: “eso es lo que quisieran nuestros adversarios”, que se alejara del movimiento nacional en defensa de la economía popular, al cual dedica su tiempo completo.

Cuando los reporteros le preguntaron si participará en las elecciones federales del 2012, López Obrador manifestó: “No sabemos qué nos depara el destino y vamos a esperar”.

En otro orden de ideas, denunció ante los medios de comunicación que “el gobierno espurio de Calderón Hinojosa no ha puesto en marcha acciones encaminadas a atemperar los efectos de la crisis económica y todo ha sido pura simulación y mentira”. Recordó que Calderón presentó un plan anticrisis que “es un refrito” de lo que viene pregonando desde la pasada campaña presidencial y que nunca cumplió una sola letra.

Puso de ejemplo que “el presidente pelele ofreció durante la campaña reducir los precios de la energía eléctrica, la gasolina y el diesel; sin embargo, autorizó aumentos a las tarifas de los mencionados combustibles, desde el momento en que usurpó el cargo”.

El presidente legítimo de los mexicanos informó que el próximo domingo se llevará a cabo una asamblea nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se darán a conocer las acciones en defensa de la economía popular. Adelantó que en la gran concentración ciudadana se exigirá al gobierno calderonista que baje las tarifas del diesel, la energía eléctrica y las gasolinas, porque resulta insuficiente un congelamiento de precios.

“Se demandará que se protejan los fondos de pensiones de los trabajadores y que se garantice la aplicación de los programas sociales en toda la República”, añadió.

En Hostotipaquillo, subrayó que el país vive en pobreza, inseguridad y violencia, debido a los malos gobiernos que sólo se han dedicado a proteger a los varones del dinero y dejaron a su suerte a millones de familias. Es indispensable la transformación de la vida pública del país, porque “los panistas después de haber enarbolado la bandera del cambio, solo se han dedica a aplicar la misma política económica neoliberal”.

A medio año de la contienda electoral, López Obrador llamó al pueblo de Jalisco a “no votar por los verdugos” del PRI y del PAN, porque “son quienes le han puesto una soga en el cuello de la gente”.

En Magdalena, fue recibido por el presidente municipal Gonzalo Bañuelos Ríos, quien le dio la bienvenida. En correspondencia, López Obrador agradeció el gesto del alcalde de extracción priista y le dijo: “Independientemente de los partidos políticos, somos mexicanos y luchamos porque el país sea cada vez mejor”.

Después de mediodía, se reunió con los habitantes de Tequila –la capital de esa generosa bebida alcohólica, según los productores de la región–, Amatitlán, El Arenal y Zapopan.

En los mensajes que dirigió a simpatizantes del movimiento por la defensa de la economía popular, el presidente legítimo de México subrayó la necesidad de concretar un cambio real y verdadero en nuestro país, por la vía pacífica, pero con la participación de millones de ciudadanos libres y conscientes de que el actual régimen, de privilegios y de corrupción, debe modificarse.

Para mañana, López Obrador visitará los municipios de Guachinango, Mixtlán, Atenquillo, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián y Puerto Vallarta.

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¿SÓLO SEIS MESES DE RECESIÓN?
por Rogelio Ramírez de la O
(publicado en El Universal el 21 de enero de 2009)

Por alguna razón los organismos empresariales están pronosticando que la recesión que hoy sufre México sólo será aguda por seis meses y en el segundo semestre las cosas mejorarán. No es claro por qué los organismos se comprometen con algo tan irrealista.

La crisis estadounidense seguirá marcando la pauta de esta recesión en México, y en Estados Unidos aún falta mucho por empeorar. De ahí que Bank of America, que apenas el 1 de enero selló el acuerdo con su gobierno para absorber a Merrill Lynch condicionado a apoyo gubernamental de 25 mil millones de dólares, ahora menciona querer deshacer esta operación al asustarse por las enormes pérdidas de Merrill. Y solicita al gobierno otros 15 mil millones. Merrill Lynch es por cierto el banco que calificó la economía de México como más sólida que la de Japón, Inglaterra o Brasil.

Tanto este banco como Citigroup y otros se encaminan a una segunda ronda de pérdidas, en realidad una segunda bancarrota, pues la economía real ya comenzó a golpear sus balances no sólo con hipotecas, sino con otros créditos.

Las pérdidas que faltan son enormes:
— quiebras de municipios, golpeados por la caída de recaudación y las pérdidas de ingreso de sus contribuyentes;
— falta de pago de hipotecas hasta hace poco de bajo riesgo;
— quiebra de proyectos de bienes comerciales y desarrollos urbanos;
— quiebras corporativas, en especial las que compraron a otras empresas a precios altos con mucha deuda durante 2006-2007;
— quiebra de más bancos;
— caída de utilidades de empresas activando opciones de seguro contra riesgo de pago en un mercado de dichas opciones de 30 billones de dólares (más de dos veces el PIB de EU).

Y en el resto del mundo:
— riesgos para los bancos europeos en economías de Europa del Este;
— estallamiento de burbuja de vivienda en Irlanda y España, con grandes costos fiscales;
— la burbuja de sobreinversión en China, con gran exceso de capacidad y alto desempleo;
— otras burbujas en países del Medio Oriente, especialmente en bienes raíces;
— retiros masivos de los fondos de cobertura, tenedores importantes de acciones y bonos.

El programa económico del presidente Obama no podrá impedir que esta recesión se profundice. Pronto veremos que los 825 mil millones de gasto para dos años son insuficientes.

Con mucha mayor razón las políticas monetaria y fiscal en México no pueden generar una recuperación ni siquiera en 2010. El Banco de México ya comenzó a reducir las tasas de interés y eso está bien. Sin embargo, tendría que tolerar más inflación, pues la depreciación del peso va a empujarla.

En cuanto a la política fiscal, es fácil decir para algunos que nuestro déficit fiscal debe aumentar a 5% del PIB para acomodar más gasto público, pero no es realista. La razón es que no habrá financiamiento internacional para este monto. Tanto Estados Unidos como los países europeos van a inundar el mercado con sus emisiones de bonos, tan sólo el primero por cuando menos 2 billones de dólares (más de dos veces el PIB de México).

La única forma hoy factible de utilizar la política fiscal constructivamente es con un poco más de gasto público bien direccionado, pero sobre todo reasignando el gasto burocrático a inversión, vivienda, apoyos a empresas y empleos, y programas sociales. Cuando menos 10% de ese gasto es hoy dispendioso o improductivo en algún grado. El gobierno podría tener 300 mil millones de pesos tan sólo por esta vía. Esto es lo que los organismos empresariales deberían estarle pidiendo que hiciera, antes que pronósticos.

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EL CATÓLICO SEÑOR CALDERÓN
por Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 21 de enero de 2009)

El Vaticano envió a este país de otrora sumisos oyentes a sus maniobreros de alto rango para transmitir, con precisa corrección, sus anticuados e injustos criterios sobre la familia. Varios cardenales y rotundos obispos hicieron gala de sus maneras de comportarse en distantes estrados, ordenar y vestir con gala y dispendio. Fue una fiesta diseñada para el despliegue de la alta burocracia eclesiástica, fuera nacional o salida de la misma curia romana. La intolerancia, el fundamentalismo y el desfase de la realidad fueron los distintivos impresos después de varios días de cónclave. Y no sólo eso, sino que la acompasaron con otras visiones tanto o más inaceptables: sobre la mujer, el Estado laico, la cultura (evangélica la llamaron) y la homosexualidad, entre otras cuestiones centrales.

El Vaticano quiere apropiarse del núcleo básico de la sociedad como su distintivo señero sin detenerse a pensar que existía antes de la Roma histórica y, con segura esperanza, prevalecerá sobre su final desvanecimiento. Desde su muy particular sello reaccionario pretende definir su comportamiento, valores y normas, todo ello dictado por las concepciones que ha pergeñado desde hace centurias. La clerecía desea situarse en el centro del debate y ser, de nueva cuenta, árbitro indisputable e infalible de la disputa, el sanctórum que diga la primera, la siguiente y última palabra, la que formule las sentencias e imparta absoluciones urbi et orbi a los pecadores. Sesgan, de su definición familiar (padre-madre e hijos) a, cuando menos, un cuarto de los hogares monoparentales (madres solteras e hijos). Nada dicen de la común violencia que se despliega en su interior.

Pero la curería de elite también afirma que las mujeres son las que, con sus modas y formas provocativas de conducirse, incitan a los hombres para que las agredan o falten al respeto. El recato, la discreción y la obediencia deberán ser sus patrones de conducta. La homosexualidad, para esta clerecía, es una desviación malsana y no puede ser reconocida y menos integrada a la convivencia social. Puede, tal vez, ser practicada en lo íntimo. Pero de ello se tiene que dar cuenta en la confesión, es decir, es materia de pecado grave. Al pronunciar tan rotundas como hipócritas sentencias se muerden la lengua (o la cola) y olvidan a incontables correligionarios que ven al prójimo (hombre, niña o niño) con una mirada lasciva y perversa y acuden, presurosos, a ocultar sus tropelías y delitos.

Pero los diplomáticos enviados por el Papa alemán no se detienen en las minucias mencionadas. En el fondo, también desean darle un zarpazo más al Estado laico, su peor enemigo. La iglesia romana no ha quitado el dedo de este molesto renglón desde que la modernidad los arrasó. Lo sigue combatiendo con todas sus fuerzas disponibles. Quiere volver a tener la capacidad decisoria que, hace ya varias centurias, tuvo sobre creyentes, gentiles y soberanos. No se resigna a ocupar el lugar que la conformación de los estados actuales le deparan: ocuparse de los sentimientos de trascendencia, es decir, la íntima religiosidad de las personas. Saben, porque lo pueden hasta medir, que las sociedades siguen una ruta cada vez más secular y van formando nutrido rebaño, alejado de los mandatos, prédicas, bulas y encíclicas que tan a menudo lanza desde su sede romana.

La Iglesia católica ha puesto mucho de su parte para alejar de su seno a los otrora creyentes. Es notorio su desfase respecto de las conductas y valoraciones que van adoptando los distintos pueblos de todos los países. México no es excepción.

En este contexto se dio la presencia del señor Calderón en tal evento confesional. Hizo, para tan solemne ocasión, gala de su catolicismo provinciano y recibió su título por aclamación: “presidente católico”. Citó, para subrayar su entrega y pertenencia de credo, todo un santoral: su mal catalogado patrono y a los santos colectivos a los que describió como mártires de la persecución, es decir, los cristeros que mataban en el nombre de su Cristo.

Nunca estableció Calderón su distancia como jefe de un Estado laico, logrado a golpes de sangre, decisión y valentía por parte de varios miles de mexicanos, entre los que no se cuenta él mismo. Su actitud fue la de uno de tantos asistentes, feligreses sumisos a los dictados de su jerarquía. Ahí, cardenales y obispos hicieron gala de sus potestades que reclaman divinas. Curas privilegiados que lucieron, con el desparpajo acostumbrado, sus ornamentadas vestiduras, sus joyas, símbolos inequívocos de poder y riqueza. Siguen permitiendo o solicitando ante su presencia, genuflexiones y besos de anillo y mano, tal como lo obligaron a partir de la Edad Media.

La administración del señor Calderón, con seguridad, captó el mensaje de su jefe. Y lo usará para reafirmar los rasgos que ya la distinguen. Quizá por esas mismas razones y pareceres es que los panistas se desfasan tan a menudo y cancelan, por decreto local, los besos. O le exigen, a cualquier ciudadano, para identificarse, la fe de bautismo como sustituto del acta de nacimiento.

Parten, burócratas y políticos panistas, del citadino preconcepto según el cual todos los mexicanos confiesan la misma religión. Se olvidan, o desconocen, que hay muchos pueblos abandonados que no cuentan con los servicios de un párroco o notario público que actualice las actas que catalogan como viejas. Esta actitud monacal de los panistas se ha ido trasluciendo en sus maneras de gobernar. Se hacen más recalcitrantes cuando se declaran creyentes, cuando creen ser portadores de los valores tradicionales de la familia mexicana, cualquiera que esto pueda significar en el Guanajuato o en el Jalisco de las mafias extremistas que ahí se han entronizado.

Poco a poco, paso a paso, dicho a dicho, el señor Calderón va sembrando lo que él y su partido habrán de cosechar en poco tiempo.

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