domingo, 30 de diciembre de 2007

Pakistán, tras el asesinato de Bhutto: la distorsionada percepción de Occidente

Ciudad de México, 30 de diciembre de 2007

Servicio informativo núm. 304


PAKISTÁN, TRAS EL ASESINATO DE BHUTTO: LA DISTORSIONADA PERCEPCIÓN DE OCCIDENTE
por Tariq Alí

(difundido por SINPERMISO. Traducción: Amaranta Sus)

“Los matrimonios apalabrados pueden ser asunto complicado. Concebidos primordialmente como instrumento de acumulación de riquezas, no sirven, sin embargo, para superar escarceos amorosos indeseables o para evitar historias amorosas clandestinas. Si es notorio que los contrayentes se detestan mutuamente, sólo un padre despiadado, de sensibilidad embotada por la perspectiva del beneficio inmediato, insistirá en un proceso cuyo infeliz y aun violento final conoce a la perfección. Que eso vale también para la vida política, es cosa que ha revelado cristalinamente la reciente tentativa de Washington de unir a Benazir Bhutto con Pervez Musharraf. De firme resuelto padre único ha hecho en este caso las veces un desesperado Departamento de Estado —con John Negroponte en el papel de diabólico intermediario y Gordon Brown en el de damisela azorada— poseído por el temor de no conseguir imponerse a los potenciales contrayentes y hacerse demasiado viejo para reciclarse”.

Escribí este párrafo inicial en un largo ensayo para la London Review of Books a comienzos de este mes. Que la violencia haya llegado a tal punto tan pronto no ha dejado de sorprenderme. El choque inicial del asesinato de Benazir Bhutto va quedando atrás y es preciso valorar desapasionadamente sus probables consecuencias, evitando el pietismo que invade las columnas de los grandes medios de comunicación globales. Prácticamente todo lo que se escribe en los periódicos o muestran las pantallas televisivas es engañoso y se diría concebido para eludir la discusión de lo que anda verdaderamente en juego.

¿Por qué Bush, Negroponte y los acólitos británicos estaban tan resueltos a poner precisamente ese remedio a la crisis pakistaní? ¿Qué pensaban lograr? ¿Qué “mundo nuevo” habían fantaseado? Casi todos sus supuestos se fundaban en hechos sistemáticamente y selectivamente retocados, distorsionados o exagerados, a fin de evitar cualquier responsabilidad occidental en la actual crisis. Puesto que, con insignificantes variaciones, todo eso lo vienen repitiendo hasta la náusea los medios de comunicación globales, no será ocioso examinar específicamente cada uno de los principales argumentos esgrimidos:

a) Pakistán es un estado nuclear, el único país musulmán en posesión de armas atómicas y que ha realizado pruebas nucleares. Si los jihadistas/Al Qaeda metieran mano en esas armas, existe el peligro de que pudieran desencadenar un holocausto nuclear. Hay que apoyar a Musharraf porque se opone vigorosamente a esa posibilidad.

Hay que recordar que Pakistán ha perfeccionado su armamento nuclear en los años ochenta bajo la dictadura del general Zia ul Haq, ínclito aliado de Occidente y pieza central de la entonces llamada guerra contra el Imperio del Mal (la URSS) en Afganistán. Los EEUU estaban a tal punto obsesionados con el conflicto con los rusos, que decidieron organizar una red jihadista global para reclutar militantes en la guerra santa de Afganistán y mirar para otro lado durante la poco disimulada construcción de los silos nucleares pakistaníes.

Las instalaciones nucleares están sujetas a un control militar muy rígido. No hay la menor posibilidad de que un grupo extremista pueda sustraerse al control de un ejército de medio millón de soldados. La única manera que tendrían los extremistas religiosos de hacerse con el poder es por la decisión del ejército de que eso es lo que ha de pasar. El Pentágono y la DIA (la inteligencia militar de EEUU) saben muy bien que la estructura de mando militar de Pakistán jamás ha sido derrotada, y que los generales dependen de la financiación y del armamento americanos. Mes tras mes, el ejército pakistaní rinde cuentas al CENTCOM de Florida (el mando central estadounidense para operaciones en el extranjero) acerca de sus actividades en la frontera afgano-pakistaní. Es el ejército como institución el que responde a esas exigencias, no sólo los generales. A Musharraf no le resta la menor legitimidad en este asunto, por cuanto ha abandonado el uniforme. De aquí la insistencia de Bush en que el proceso electoral siga su curso, a pesar del boicoteo masivo, de los procesos judiciales parados, del chitón de los medios de comunicación, de políticos clave bajo arresto domiciliario y de la ejecución pública de la señora Bhutto. De haberse decidido Benazir a boicotear las elecciones (lo que habría significado romper con Washington), seguiría viva.

b) Pakistán es un Estado en bancarrota, a pique del colapso y circundado de resueltos jihadistas furiosos al acecho. De aquí la exigencia de una alternativa no religiosa y el papel de Benazir Bhutto para ayudar a Musharraf a conseguir un poco de la legitimidad que necesita desesperadamente.

Pakistán no es un “Estado fracasado” en el sentido en que lo son el Congo o Ruanda. Es un Estado que funciona mal, y en esa condición se ha mantenido durante casi cuatro décadas. A veces, la situación es mejor, a veces, peor. En el corazón de su mal funcionar está la dominación del país por parte del ejército, y cada nuevo gobierno militar no ha hecho sino empeorar las cosas. Eso es lo que ha impedido la estabilidad política y ha hecho imposible la aparición de instituciones consolidadas. De eso traen los EEUU responsabilidad directa, puesto que siempre han considerado —y siguen considerando— al ejército como la única institución del país con la que se puede tratar, el rocallar que contiene las agitadas aguas de la impetuosa torrentada.

Económicamente, el país se apoya desequilibradamente en una elite corrupta y ultrarrica, pero eso, ciertamente, resulta grato al Consenso de Washington. Y el Banco Mundial siempre fue próvido en elogios para las políticas económicas de Musharraf.

La última crisis es resultado directo de la guerra y de la ocupación de Afganistán por las fuerzas de la OTAN, que han desestabilizado la frontera noroccidental de Pakistán, generando una crisis de conciencia en el seno del ejército. Una fuente de desdicha, eso de ser pagado para matar a camaradas musulmanes en las áreas tribales fronterizas con Pakistán y Afganistán. La conducta arrogante y humillante de los soldados de la OTAN no ha ayudado, desde luego, a resolver los problemas entre ambos países. El envío de tropas estadounidenses para adiestrar a los militares pakistaníes en labores de contrainsurrección provocará con toda probabilidad una ulterior inflamación de los ánimos. Afganistán sólo podrá ser estabilizado mediante un acuerdo regional que implique a India, Rusia, Irán y Pakistán y que venga acompañado de la retirada total de las tropas de la OTAN. Las tentativas de EEUU por evitar precisamente eso refuerzan la crisis en ambos países.

Musharraf ha fracasado en su papel de hombre clave de EEUU en Pakistán. Su incapacidad para proteger a Benazir Bhuto ha tenido mala acogida en Washington, que podría cambiar de posta el año próximo y volver a depositar sus esperanzas en el general Ashfaq Kayani, quien ha relevado ya a Musharraf como jefe del ejército. Menos fácil será hallarle un sustituto a Benazir. Los hermanos Sharif no son de fiar, y son demasiado cercanos a los sauditas. Las elecciones serán manipuladas groseramente, lo que las privará de verdadera legitimidad. La noche oscura está muy lejos de su fin.

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sábado, 29 de diciembre de 2007

El "patio trasero" se emancipa. Nuevo desafío regional a Estados Unidos

Ciudad de México, 29 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 303


EL “PATIO TRASERO” SE EMANCIPA. NUEVO DESAFÍO REGIONAL A ESTADOS UNIDOS
Janette Habel*
(publicado en Le Monde Diplomatique en diciembre de 2007)

¿Por qué abrió la embajada estadounidense una serie de “consulados satélites” en cinco estados de Venezuela productores de hidrocarburos? ¿Por qué intenta el Pentágono reactivar el aeropuerto militar Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, a unas decenas de minutos de vuelo de Bolivia? Desde fines de los años noventa, viene siendo puesto en apuros en América Latina. El proyecto del gran mercado que va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, la Zona de Libre intercambio de las Américas, no tuvo éxito. En su lugar aparecieron gobiernos de izquierda, moderados y radicales, una alianza energética Venezuela-Bolivia-Argentina, el Banco del Sur que pone en jaque al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, la Alternativa Bolivariana de las Américas (Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela), el esbozo de un socialismo del siglo XXI en Caracas, La Paz y Quito… Washington intenta encauzar esta iniciativa promoviendo numerosos tratados de libre comercio, legitimando un “derecho de injerencia democrático” y reforzando la cooperación militar en nombre de la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, en defensa de… la democracia de mercado.

“América Latina es un continente perdido”. La afirmación pertenece a Moises Naim, director de la revista Foreign Policy. Menos categórico, el presidente del Inter-American Dialogue, Peter Hakim, no formula en menor grado la misma inquietud cuando se pregunta: ¿Washington está perdiendo a América Latina? [i]. Desde hace un decenio los Estados Unidos tuvieron que soportar varios reveses en este rincón del mundo. El rechazo de las políticas neoliberales llevó al poder a coaliciones de izquierda, radicales o moderadas, marcando en diferentes grados su independencia. En abril de 2002, fracasó el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez. Luego, a pesar de las presiones del departamento de Estado, la fuerza del movimiento indígena llevó a Evo Morales al poder en Bolivia. A pesar de haber ejercido presiones de todo tipo, Estados Unidos no pudo impedir la elección de Daniel Ortega en Nicaragua o en Ecuador la de Rafael Correa [ii].

¿Entonces será necesario intervenir de forma más enérgica? El fracaso de la expedición en Irak hace poco probable, al menos por un tiempo, una envestida militar directa en otro frente.

Sin embargo, a pesar del rechazo generalizado que sufre, lo esencial del marco neoliberal permanece instalado. No es menos cierto que, lanzada con gran pompa por William Clinton durante una cumbre de las Américas realizada en Miami a fines del año 1994, la zona de libre comercio de las Américas (ALCA), el gran mercado americano, no ha podido ver el día. No obstante, según Carlos Gutiérrez, secretario estadounidense de Comercio, las empresas estadounidenses invirtieron 353 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe en el año 2005. Sus filiales emplean a 600 mil personas. En el 2006, las exportaciones estadounidenses aumentaron 12.7% y las importaciones 10.5%.

El fracaso del ALCA no debe ocultar los avances en acuerdos bilaterales o multilaterales, en particular a través de los tratados de libre comercio (TLC). Puesto que la atracción del mercado estadounidense constituye una poderosa ventaja “nuestro país debe encontrar en las relaciones con todos los países del mundo, y particularmente con los EEUU, la fuerza que su tamaño no le otorga” afirma el ministro uruguayo de Economía, seducido por un TLC con los EEUU, del cual una de las consecuencias sería un conflicto con el Mercosur, lo que no dejaría de agradar a los EEUU. Aun clasificadas de centro izquierda, las elites latinoamericanas están dispuestas a capitular frente a la ofensiva neoliberal.

Con el tiempo el campo político de los TLC se amplió. Una nueva etapa en la integración continental –versión norteamericana– fue superada el 23 de marzo del 2005 en Waco, Texas. La Asociación para la Seguridad y la Prosperidad norteamericana consagra la creación de una comunidad económica de seguridad entre los EEUU, Canadá y México. Para el jurista Guy Mazet, “la novedad de este acuerdo radica en la introducción de la noción de seguridad en la lógica de los procesos económicos y comerciales, y en la institucionalización del poder de las empresas y del sector privado que se imponen a las políticas públicas” [iii].

Podemos preguntarnos cuál legitimidad jurídica tiene este acuerdo negociado al margen de los parlamentos nacionales. “El sector privado utiliza el marco internacional para obtener una influencia más importante sobre las políticas nacionales” constata Mazet.

El investigador estadounidense Craig Van Grasstek ha establecido que todos los países que integraron la coalición de voluntarios (coalition of the willing) en Irak se benefician de un TLC con los EEUU. También es el caso de países de América Latina que, como Colombia, Ecuador antes de la elección de Rafael Correa, Perú, Costa Rica o Guatemala se retiraron del grupo de los 20 (G20) [iv]. La publicación por el periódico El País del proceso verbal de las conversaciones entre George W. Bush y José Maria Aznar [v], en febrero del 2005, reveló la brutalidad del chantaje del presidente estadounidense hacia los países reticentes a apoyar una intervención militar en Irak. “Lo que está en juego es la seguridad de los Estados Unidos, declaraba entonces Bush. Lagos (el presidente chileno) debe saber que el TLC con Chile espera su confirmación en el Senado. Un actitud negativa podría poner en peligro su ratificación”.

Una dominación más consensual
También Michelle Bachelet, a pesar de ser favorable a una alianza estratégica con Washington, está expuesta a sanciones, debido a que el Congreso chileno ratificó el tratado que crea la corte penal internacional y no quiere garantizar la inmunidad de los soldados estadounidenses ante esta jurisdicción. La ayuda militar podría ser suspendida. Chile tendría entonces que pagar una suma importante al Pentágono por el entrenamiento de sus militares para el pilotaje de los aviones F16 que acaba de adquirir. Brasil, Perú, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Uruguay vieron la suspensión de sus entrenamientos militares y sus programas de ayuda por las mismas razones.

El desplome soviético contribuyó a dar a la retórica democrática de Washington una gran autoridad. Parece que quedó atrás aquella época cuando, siguiendo los pasos de Ronald Reagan, Jeane Kirkpatrick polemizaba contra James Carter acusándolo de haber, al hablar de “derechos humanos” a diestra y siniestra, socavado las bases de regímenes autoritarios no comunistas que eran, sin embargo, “más compatibles con los interés estadounidenses”; con el auge del liberalismo, la convicción de que la disciplina impuesta por la mundialización y el mercado limita el riesgo de desvío “populista” se impuso. Así como lo constata el investigador William I. Robinson, esgrimiendo la bandera de la democracia, se puede “penetrar la sociedad civil con el fin de garantizar el control social” a través de formas de dominación más consensuales. “Los estrategas estadounidenses se convirtieron en buenos gramscianos al comprender que el lugar real del poder es la sociedad civil” [vi], siempre y cuando, no obstante, se fragmente en grupos y comunidades con intereses divergentes.

Un consenso se fue estableciendo en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de los atentados del 11 de septiembre: la defensa del orden democrático va a la par con el derecho de intervención contra toda “alteración” de ese orden. La adopción (por aclamación) de la carta democrática de la OEA, en el 2001, resumió esta ambición bajo la vigilancia estrecha del secretario estadounidense de la defensa Donald Rumsfeld. La preservación de la democracia, incluso por la fuerza, no es idea nueva. Lo que sí lo es, es que desde ahora esa idea la comparten algunos sectores de la izquierda en nombre del “derecho a injerencia humanitario”.

El papel de la OEA, sin embargo, es cada vez más complejo debido a las nuevas relaciones de fuerza en el continente.

El que todas las amenazas hacia la democracia no sean tratadas de la misma forma provoca tensiones. Luego de la trigésima séptima asamblea general de la organización, reunida en Panamá en el mes de junio 2007, la secretaria de Estado de los EEUU Condoleeza Rice, pidió el envío a Venezuela de una comisión de investigación con la finalidad de analizar la no renovación por parte del gobierno de Chávez de la concesión (que había llegado a término) de Radio Caracas Televisión (RCTV). La proposición fue rechazada y la secretaria de Estado, aislada, tuvo que abandonar la reunión.

Frente a las dificultades de las relaciones multilaterales, la administración estadounidense cuenta con sus propios relevos: las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las fundaciones. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (United States Agency for Internacional Development, USAID) es el eje articulador, especialmente en cuanto a ayudas financieras. Esta es “el instrumento más apropiado cuando la diplomacia es insuficiente o cuando la utilización de la fuerza militar presenta riesgos”, declaraba su administrador Andrew Natsios, el 8 de mayo 2001. Dicha constatación se aplica perfectamente a Venezuela, donde la USAID financia numerosas iniciativas y donde los democracy builders (constructores de democracia) trabajan a tiempo completo. El Instituto Republicano Internacional (IRI) dirigido por John McCain, candidato a la Casa Blanca, forma parte de las cinco ONG que otorgan los fondos del USAID a las organizaciones y programas políticos de la oposición venezolana.

Así, después del fracasado golpe de Estado del 2000 contra Chávez, que George W. Bush había aprobado, el Departamento de Estado creó en Caracas una “oficina de la transición”, la cual declara que uno de sus objetivos es “fomentar la participación de los ciudadanos en el proceso democrático”. La “resistencia no violenta” se presenta como el método más eficaz para desestabilizar a los gobiernos, preludio a su derrocamiento.

Podemos preguntarnos cuál es el objetivo real de la campaña de “defensa de la libertad de expresión” en Venezuela y también a propósito de la instrumentalización política de las reivindicaciones separatistas de la oposición de derecha que en Bolivia controla cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) e impide el trabajo de la Asamblea Constituyente. “Una derecha racista, separatista, violenta y antidemocrática”, comenta el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. Que los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador hayan recuperado el control de sus recursos estratégicos, petróleo y gas, los dos primeros a través de nacionalizaciones parciales, no es nada ajeno a la actitud de Washington.

En cuanto a Cuba, luego de que G. W. Bush reforzara otra vez el embargo, el escenario de la “transición democrática” se prepara en una comisión encargada de elaborar propuestas –de las cuales varias son secretas “por razones de seguridad nacional”– en la perspectiva del postcastrismo.

Transferido desde Panamá a Miami en 1998, el comando sur de la armada de los EEUU (Southern Command, Southcom) es el principal dispositivo militar en América Latina. Entre el Southcom y los gobiernos latinoamericanos, los contactos implican sólo a militares y excluyen a los interlocutores civiles. El Southcom define la agenda de la región de manera unilateral, sin informar directamente al Departamento de Estado. Al relegar las agencias de ayuda al desarrollo o a la agricultura a un segundo plano (la ayuda bilateral ha disminuido a un tercio en relación con la época de la Guerra Fría), ahora es el Departamento de la Defensa el que se encarga de una parte importante de los programas de asistencia al subcontinente. Esta transferencia no es neutra, el presupuesto de la Defensa es mucho menos controlado por el Congreso que el de la ayuda externa. Entre 1997 y el 2007, los EEUU habrán consagrado 7.3 mil millones de dólares en ayuda militar y policiaca a América Latina [vii].

Estados violentos replegados sobre ellos mismos
En ausencia de una definición común y universal del terrorismo, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) no se molesta en precisar, la guerra que le declararon es definida como “una empresa global de una duración incierta”, “que posee una alcance global”. En esta guerra asimétrica los enemigos son diversos: islamistas, contrabandistas y narcotraficantes refugiados en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay; “populistas radicales” que se encuentran en primer lugar en Venezuela y Bolivia; “organizaciones terroristas” FARC, ELN y paramilitares en Colombia; movimientos sociales. Asimismo, bandas de delincuentes juveniles, refugiados, inmigrantes clandestinos y otros “potenciales” terroristas…

Para los responsables del Southcom, los intereses estadounidenses ya no son amenazados por una potencia extranjera, el subcontinente es una zona desnuclearizada exenta de armas de destrucción masiva. La amenaza central que emerge, según el general James Hill, antiguo comandante del Southcom, “es el populismo radical que socava el proceso democrático y que restringe los derechos individuales en lugar de protegerlos”. Este populismo radical (encarnado por Hugo Chávez) se reforzaría explotando las “frustraciones profundas” provocadas por el fracaso de las “reformas democráticas” y “estimulando un sentimiento antiestadounidense” [viii].

Por su parte, el general Bantz J. Cradock acusa a los “demagogos anti-EEUU, antiglobalización y hostiles al libre intercambio” de ser los responsables de la inestabilidad política. Enfrentar eso requiere, según él, reforzar las fuerzas de seguridad de la región y aumentar el presupuesto militar del Southcom, ya que “no es posible dejar convertirse a América Latina y el Caribe en un hoyo perdido donde los Estados violentos, replegados sobre ellos mismos, son aislados del mundo que los rodea por gobiernos populistas autoritarios” [ix].

En paralelo a este compromiso del Pentágono, conviene señalar la presencia de consejeros militares estadounidenses y el papel creciente que juegan en Colombia operadores militares privados y actores civiles no estatales de la misma nacionalidad. Las misiones ejecutadas por estos subcontratistas no pueden ser ejecutadas por las fuerzas armadas a causa de los límites de involucramiento de las tropas estadounidenses fijadas por el Congreso. Las empresas privadas de seguridad pueden, en cambio, estar implicadas en operaciones militares sin su acuerdo.

En otro plano, notaremos que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands fue condenada, en septiembre 2007, por un tribunal de Washington, a una multa de 25 millones de dólares por haber dado 1.7 millones de dólares a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004 con la finalidad de asegurar la protección de sus plantaciones. Los abogados de 173 personas asesinadas en las regiones bananeras demandaron legalmente a Chiquita. Pero un acuerdo fue negociado con el gobierno estadounidense, en el cual se exime de acusaciones a los dirigentes de la empresa. “Estoy sorprendido de que por algunos millones se pueda comprar la impunidad en los Estados Unidos”, no pudo dejar de afirmar el ministro colombiano de Justicia.

Bajo la iniciativa de Washington, los ejércitos latinoamericanos están nuevamente implicados en tareas de policía interna. En diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón envió a 7 mil soldados al estado de Michoacán para combatir el tráfico de drogas. El ejército interviene igualmente en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil; contra las pandillas de jóvenes (las maras) en América Central y para controlar la inmigración en la frontera mexicana. Esta militarización de la seguridad pública, que no es una novedad pero sí propiciada por una demanda de protección frente al incremento del crimen organizado, contradice la tendencia de regreso a los cuarteles que se podía observar desde el fin de las dictaduras. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas, los “agitadores” a menudo son los indígenas, los jóvenes sin trabajo, los desempleados marginados. La intervención del ejército puede estigmatizar a estas categorías sociales, resucitar al viejo “enemigo interno” y de esta forma permitir a los militares recobrar una capacidad de presión política que recuerda un pasado siniestro. [x]

En este contexto fue cuando en octubre del 2007 G. W. Bush pidió al Congreso la aprobación del Plan México de ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Su presupuesto provisional (1400 millones de dólares) está destinado a la compra de material militar (helicópteros, medios de inteligencia) y al entrenamiento conjunto de los ejércitos de los dos países. Los peligros de la militarización de la lucha antidrogas son evidentes, en el momento preciso cuando México atraviesa graves conflictos sociales en varios estados. Por otro lado, un complemento presupuestario de 50 millones de dólares debería extender la “guerra contra el narcotráfico” hacia América Central. La reacción del Congreso estadounidense, en su mayoría demócrata, es incierta.

Los Estados Unidos preconizan desde hace mucho tiempo una reforma del rol tradicional de las fuerzas armadas latinoamericanas. El acento ha sido puesto sobre la cooperación regional y la interoperabilidad, mientras que durante el periodo de la Guerra Fría, la ayuda militar estaba destinada casi exclusivamente a la colaboración bilateral. El Southcom tiene por objetivo crear una fuerza de reacción rápida capaz de enfrentar los nuevos peligros. En 2007, durante la reunión de la trigésima séptima asamblea general de la OEA en Panamá, Condoleeza Rice propuso la formación de una alianza de defensa mutua contra las amenazas hacia la seguridad del continente con el fin de vigilar la política interior de los Estados y de asegurar que éstos respetaran las normas democráticas. La proposición fue rechazada, los latinoamericanos no quisieron avalar lo que juzgaron como una estratagema estadounidense para castigar a Venezuela [xi].

Washington necesita estar presente en el terreno y tener aliados para legitimar su intervención, la puesta en marcha de una fuerza de intervención regional parece incierta teniendo en cuenta los actuales equilibrios regionales. Sin embargo, el caso haitiano podría servir de ejemplo. William LeoGrande ha analizado el papel de la administración Bush en la caída del presidente Jean Bertrand Aristide [xii]. Si bien LeoGrande estima que la salida forzada fue facilitada por la deriva del que otrora fuera sacerdote, no es desdeñable el hecho de que fueron antiguos miembros de una fuerza paramilitar, el Frente por el Avance y el Progreso en Haití (FRAPH), quienes con el apoyo de la administración Bush, llevaron a cabo el derrocamiento. Una manipulación del “derecho de injerencia” muy bien lograda… De hecho podemos sorprendernos de que algunos ejércitos del continente participen en el Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (Minustah) [xiii] luego de que las condiciones de la salida forzada del ex presidente están en tela de juicio: Dante Caputo, antiguo representante del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Haití, ha cuestionado el papel de la CIA en la caída de Aristide [xiv]. Una “fuerza de estabilización” como la Minustah puede ser utilizada como modelo para el futuro.

El Southcom dispone de muchos otros instrumentos de convencimiento. Los países miembros de la OEA adoptaron la noción de “seguridad cooperativa” en el 2001, en Santiago de Chile. Esta favorece la “transferencia de los procedimientos militares” [xv]. Además los encuentros regulares de los ministros de Defensa del continente (DMA) refuerzan la confianza recíproca. La internacionalización de las operaciones armadas, los ejercicios navales conjuntos, el entrenamiento por parte de Washington de 17 mil militares latinoamericanos (cifra del 2005) y las ventas de armas crean los vínculos.

Opiniones discrepantes en la izquierda
El rol directivo del Pentágono y el peso del complejo militar-industrial se confirmaron con el levantamiento oficial del embargo sobre la venta de armas hacia América Latina, teniendo en cuenta que los EEUU ya eran el proveedor más importante de equipos de este tipo en la región. Este tipo de decisión puede provocar una carrera armamentista: la venta de aviones de combate F-16 a Chile puede llevar a otros ejércitos de la región a querer “modernizarse” [xvi]. El ministro de Defensa brasileño anunció que en el año 2008 Brasil aumentará en más de 50% el presupuesto de gastos e inversiones de sus fuerzas armadas, y eso que el país mantiene relaciones “consolidadas y pacíficas” con todos los países de Sudamérica.

Frente a Washington las izquierdas latinoamericanas se encuentran divididas entre los partidarios de una asociación económica negociada que obligue a limitar las reformas sociales y los defensores de la integración política latinoamericana, de la cual la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) [xvii] sería un primer paso. “El imperialismo de hoy no es el mismo que el de hace 30 años” constata Atilio Borón [xviii]. Las políticas de izquierda deben tener en cuenta estos cambios recordando al mismo tiempo que la administración estadounidense no está dispuesta a tolerar la reapropiación de los recursos nacionales, el rechazo de los tratados de libre intercambio ni la independencia política que reivindican los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela.

* Janette Habel es colaboradora del Le Monde Diplomatique y profesora universitaria en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), París.

Notas

[i] Foreign Affairs, Palm Coast (Florida), enero-febrero 2006.
[ii] Bajo diversas formas y con políticas muy diferentes, la izquierda se encuentra en el poder en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela. También se consideran como socialdemócratas los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú (este último aplica una política muy conservadora).
[iii] Guy Mazet, Centro de Investigación y de Documentación sobre América Latina (Credal)-CNRS, Mimeo Coloquio, Ivry, abril 2007.
[iv] Nacido en 1999, el G20 reúne al G8 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia), a los países emergentes (Sudáfrica, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del sur, India, Indonesia, México, Turquía) más la Unión Europea.
[v] El País, Madrid, 27 septiembre 2007.
[vi] William I.Robinson, “Democracy or polyarchy?”, NACLA Reports on the Americas, vol. 40, núm. 1, Nueva York, enero-febrero 2007.
[vii] Washington Office on Latin America (Wola), “US military programs with Latin America 1997-2007”, Below the Radar, Center for International Policy, Latin America Working group Education fund, marzo 2007.
[viii] General James Hill, House Armed Services Committee, Washington, 24 marzo 2004.
[ix] “Posture statement of general Bantz J. Cradock befor the house armed service committee”, Washington, 9 marzo 2004.
[x] Lucia Dammert y John Bailey, “¿Militarización de la seguridad pública en América latina?”, Foreign Affairs en español, Palm Coast, abril-junio 2007.
[xi] William LeoGrande, “A poverty of imagination: George W. Bush’s policy in Latin American”, Journal of Latin American Studies, Cambridge University Press, Reino Unido, 2007.
[xii] Ibid.
[xiii] Ejército de las Naciones Unidas, la Minustah se encuentra bajo el mando brasileño y el delegado del secretario general es un chileno. La Minustah está integrada por militares brasileños, uruguayos, chilenos, argentinos, peruanos y ecuatorianos.
[xiv] Le Monde, 18 noviembre 2004.
[xv] Cf. Richard Narich, “Tendances en matière de sécurité en Amérique latine”, y Cristina López, “La politique extérieure des Etats Unis envers l’Amérique latine”, Défense nationale et sécurité collective, París, noviembre 2007.
[xvi] Si por una parte los EEUU venden aviones F-16 a Chile, en cambio niegan la venta a Caracas de repuestos para estos mismos aparatos, que utiliza la aviación venezolana.
[xvii] Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela.
[xviii] Atilio Borón, Empire et impérialisme, L’Harmattan, París, 2003.



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miércoles, 26 de diciembre de 2007

La crisis de 2008, por Rogelio Ramírez de la O.

Ciudad de México, 26 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 302


Sumario:

I. La crisis de 2008, por Rogelio Ramírez de la O.

II. El programa anual de gastos de la SHCP para 2008, ejemplo de despilfarro en el gasto público, por Mario di Costanzo

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LA CRISIS DE 2008
por Rogelio Ramírez de la O
(publicado en El Universal el 26 de diciembre de 2007)

En 2007 comenzó una nueva crisis de lento desenvolvimiento, causada por una gran burbuja de crédito en Estados Unidos asociado a su exceso de consumo.

Al avanzar esta crisis, el potencial crecimiento de México seguirá debilitándose, agravado por otras limitantes creadas por nosotros mismos. Inevitablemente viviremos otro año más de estancamiento o reducción en el ingreso por habitante. Será el cuarto año de los últimos siete en los que se estanca la economía, un pésimo récord para un país petrolero.

En Estados Unidos, sus autoridades esperaban que las hipotecas arrojaran 100 mil millones de dólares de pérdidas para bancos e inversionistas, o poco menos de 1% de su Producto Interno Bruto (PIB). Hoy las estimaciones son cuando menos 400 mil millones de dólares, o más de 3% del PIB.

Los bancos se han visto obligados a reconocer las primeras pérdidas por 80 mil millones. De repente, la aparente solidez del sistema bancario del que hacían gala gobierno y banqueros se ha transformado en una aplastante falta de capital.

Ello explica que Citigroup, el banco más grande del mundo, haya tenido que aceptar una inyección de capital del fondo soberano de inversiones de Abu Dhabi por 7 mil 500 millones de dólares, después de reconocer pérdidas por 11 mil millones. Sin embargo, esta inyección vino en forma de deuda convertible con un interés de 11%, más de dos y media veces la tasa de fondos federales de 4.25%.

Esto ilustra que la procuración de fondos frescos por los bancos será frenética y, por lo tanto, que la profundidad de sus problemas es mucho mayor que lo que hoy conocemos. Morgan Stanley obtuvo 5 mil millones de dólares del fondo de China. UBS, banco suizo que es el más grande manejador de riqueza privada en el mundo, obtuvo 9 mil 600 millones, 9% de su capital, del fondo de Singapur. El mismo fondo se prepara para tomar una posición muy grande en Merril Lynch.

No es desde luego ninguna casualidad que los presidentes de Citigroup, UBS y Merril Lynch, entre otros, hayan sido despedidos aen el momento de reconocerse las pérdidas de los bancos.

A la pérdida de credibilidad de los bancos se suma la de las agencias calificadoras, en especial Standard & Poor’s y Moody’s, por haber clasificado como calidad triple a muchos de los créditos que eran poco más que chatarra.

Las autoridades, desde Ben Bernanke hasta Henry Paulson, el presidente de la Reserva Federal y el secretario del Tesoro, respectivamente, han perdido también gran parte de la credibilidad que tenían en agosto. Y el hombre llamado como “el maestro” por los inversionistas de Wall Street, Alan Greenspan, ahora es atacado en uno de cada dos artículos escritos en la prensa estadunidense por haberse rehusado a regular los créditos hipotecarios cuando era tiempo de evitar la burbuja.

En suma, en Estados Unidos la pérdida no será solamente económica, sino también de confianza, y sus dimensiones se van a reflejar más tarde o más temprano en mayores pérdidas en la bolsa y menor disponibilidad de crédito.

México sufrirá en 2008 por su estrategia económica, basada en la premisa de que sólo crecemos cuando Estados Unidos crece. En segundo lugar, por el encarecimiento de crédito para proyectos, principalmente infraestructura y vivienda. En tercer lugar, por la mayor selectividad de los mercados al juzgar riesgos. Dos sectores que ya despiertan sospecha por sus agresivos modelos de negocios (y ya era tiempo) son la vivienda y los microcréditos. Desde luego, el crédito a empresas tendrá que esperar cuando menos un año más a que se restablezca algo la confianza.

La respuesta del gobierno a este ambiente económico adverso será muy probablemente populista con el acompañamiento de la reforma energética, a la que atribuirá el poder de contrarrestar el mal ambiente económico externo. El contenido populista vendrá en dos vías: por una parte, los acuerdos de mantener precios bajo cierto control; y por la otra, el gasto público en aumento, en especial para los gobiernos estatales y con dedicatoria para los gobiernos del PRI.

Esta respuesta será insuficiente para corregir las expectativas negativas de las empresas, pues éstas ya han sido suficientemente afectadas por el clima adverso. Tampoco mejorará las expectativas de los trabajadores, porque éstos ya sufren la falta de empleo.

El año 2008 transcurrirá entre el deterioro de expectativas y la retórica gubernamental, anunciando más gasto público y controles de precios en lo que acabará siendo un barril sin fondo, que va a dañar aún más las bases fundamentales de la economía.

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EL PROGRAMA ANUAL DE GASTOS DE LA SHCP PARA 2008, EJEMPLO DE DESPILFARRO EN EL GASTO PÚBLICO
por Mario di Costanzo

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno de facto de Felipe Calderón contará con un presupuesto de 36 mil 139 millones de pesos, de los cuales casi 6 000 millones de pesos los ejercerá directamente esta dependencia (sector central) y el resto serán gastados por sus organismos descentralizados, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto de Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

De esta manera, tan sólo esta dependencia, sin incluir las demás entidades, ejercerá un gasto corriente para 2008 de más de 4 mil 153 millones de pesos, de los cuales 2 mil 572 millones de pesos serán para el pago de salarios y el resto será destinado al pago de materiales y suministros y servicios generales de esta secretarìa.

Estos gastos supuestamente son realizados para cumplir con las tareas que la dependencia realiza; sin embargo, si revisamos el Programa Anual Estimado de Adquisiciones para 2008 de la SHCP, nos damos cuenta del despilfarro y la mala aplicación del gasto público.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que, de acuerdo con la revisión del documento que esta dependencia ha publicado en su página de internet, se observan diversos conceptos de gasto que nada tienen que ver con el funcionamiento de ésta secretaría y muestra cómo se dilapida los recursos de los contribuyentes.

De esta manera, se observa en el documento publicado el pasado 30 de noviembre que esta secretaría, entre otras cosas, adquirirá o erogará recursos por los siguientes conceptos: 318 cerraduras para puertas y cajones, 100 chapas, más de 500 pilas “AA” y “AAA”, 8 botiquines de primeros auxilios, además de un extenso surtido de medicamentos en donde destacan, aspirinas, Melox, Alka Seltzer, neomelubrina, Pepto Bismol, buscapina, Desenfriol, así como otros muchos antigripales y ungüentos para torceduras, como el Lonol.

En la lista de artículos por adquirir, figuran también cafeteras, ollas, cacerolas, abrelatas, rayadoras, batidoras, rebanadoras, platos, tazas, vasos, cubiertos, así como vasijas de porcelana y barro.

A esto se añaden los lápices, fólder, carpetas, hojas blancas, plumas, plumones, engrapadoras, clips, tijeras, lápiz adhesivos de todos tipos y colores, además de papel de china, toner y tintas para impresoras, así como todo un amplio y basto equipo de papelería en general.

Le siguen los artículos deportivos en donde la SHCP adquirirá desde balones de futbol, pelotas de tenis y ligas cortas y largas para practicar pilates hasta caminadoras con inclinación. Aquí destacan 17 bicicletas para spining cuyo costo será de 323 mil pesos y 4 barras olímpicas con peso integrado cuyo costo será de 164 mil pesos.

A lo anterior se añaden artículos y prendas de vestir para caballero y dama, donde figuran los trajes sastre, y el calzado para dama y caballero, así como galletas, azúcar, café, té y refrescos.

Figuran también los lotes de productos alimenticios y gastos de alimentación para funcionarios, videocasetes y 8 dominós en inglés, refrigeradores de diversas capacidades, hornos de microondas, aires acondicionados y ventiladores.

De manera adicional se observa también, los pagos de tenencia y mantenimiento de vehículos oficiales, viáticos, así como la adquisición de televisiones de plasma y la contratación de servicios de televisión privada como SKY con sus paquetes Movie City y Fun, así como el pago de la impresión de tarjetas de presentación de funcionarios públicos.

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martes, 25 de diciembre de 2007

A diez años de Acteal, es hora de que se haga justicia a los indígenas, y se les permita un futuro de bienestar y libertad: La verdad sea dicha

Ciudad de México, 25 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 301


Sumario:

I. A diez años de la matanza de Acteal, es hora de que se haga justicia a los indígenas, y se les permita un futuro de bienestar y libertad: La verdad sea dicha

II. ¡Me quedé corta!, por Rosario Ibarra

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A DIEZ AÑOS DE LA MATANZA DE ACTEAL, ES HORA DE QUE SE HAGA JUSTICIA A LOS INDÍGENAS, Y SE LES PERMITA UN FUTURO DE BIENESTAR Y LIBERTAD: LA VERDAD SEA DICHA

En el programa La verdad sea dicha de este martes 25 de diciembre, se presentó un reportaje acerca de la matanza de Acteal, sucedida hace diez años en el municipio de Chenalhó, en Chiapas. El reportaje presenta material inédito filmado hace diez en el lugar de los hechos y que contiene testimonios de sobrevivientes a escasas horas de la tragedia. El servicio de noticias ISA reproduce a continuación en palabras lo que en el programa televisivo se relata, sin dejar de recomendar a nuestros lectores el que vean la versión original en la dirección electrónica http://www.laverdadseadicha.org

Locutora: El 22 de diciembre de 1997, fueron asesinados brutalmente 21 mujeres, 16 niños y ocho hombres que rezaban por la paz en Acteal, un paraje pobre de las montañas de Chenalhó. No hay palabras para describir la barbarie que se cometió.

(Imágenes del 23 de diciembre de 1997 registran gráficamente el espacio donde ocurrió la matanza; se ven aún una gran cantidad de restos de ropa y calzado por doquier. El reportero entrevista a varios sobrevivientes).

Entonces, ¿los balazos vinieron de allá y toda la gente estaba reunida aquí?

Aquí estábamos amontonados todos: hombres, mujeres y niños. Nosotros tenemos que huir un poco. Nosotros estamos en total de como 360.

¿Pero aquí como cuántos se quedaron atrapados?

Aquí, como 250.

¿Aquí mismo, en este arroyito? Sí.

¿O sea, estaban todos amontonados?

Sí, pues. Aquí entramos todos, hasta allá abajo.

Locutora: En Acteal se hallaban refugiados cientos de personas que habían huido de sus comunidades por la violencia de los grupos armados priistas que sembraron el terror en los pueblos de Chenalhó contra cualquier disidente. El crimen fue ejecutado por unos 60 a 90 hombres que dispararon durante siete horas sobre 350 indígenas que rezaban dentro de un claro junto a una ermita. Los atacantes eran miembros de grupos paramilitares que fueron armados y protegidos por autoridades estatales y federales.

(Un indígena traduce las palabras de otro que habla en su lengua natal). Estaban en un campamento cerca de la iglesia cuando llegaron a las 10 de la mañana de los grupos priistas. Esa persona estaba en el campamento y donde están orando al señor. Entonces, ya después, cuando llegaron los agresores, entonces los mataron y ya después los llevaron a esa red. Por eso, estaban todos en su campamento de la iglesia y después, cuando llegaron esos agresores, se fueron a esconder a un ladito del templo, como en forma de un arroyito, de una lomita, entonces para esconderlo. Pero entonces, ¿qué va a ser? Que llegaron ahí y entonces más fácil mataron a esa gente.

(Un niño, sobreviviente de la matanza narra la forma en que mataron a sus padres. El indígena traductor relata sus dichos). Cuando llegaron los agresores, salieron abajo de la ermita, o sea, subiéndose abajito de la ermita, unos bajándose en la carretera y tirando muchas balas. Este muchachito se escondió rápido. Dice que cuando vieron que había más muertos, entonces vio que entró otra persona, se dieron cuenta de que había otros vivos y echaron otras balas más para que quedaran bien muertos. Y lo vio este muchachito, lo vio todo lo que pasó porque ahí estaba, pues, escondido. Así pasó, cuando llegaron, ahí estaba, pues, escondido. Lo vio quiénes son.

Locutora: Los refugiados escucharon una gran cantidad de balazos desde varias direcciones; cuando empezaron a caer los primeros heridos, los indígenas corrieron a esconderse en sitios cercanos. La mayoría corrió cañada abajo y se refugió dentro de una pequeña barranca. El ataque sobre la gente indefensa comenzó como a las 10 y media de la mañana. El terror acabó a las cinco y media de la tarde. En todo ese tiempo, ninguna autoridad intervino, pero uno de los hechos más claros de la complicidad oficial con el crimen es que a unos 200 metros del lugar, permanecieron durante el ataque al menos 40 policías de seguridad del estado y, junto con ellos, el general de brigada retirado Julio César Santiago, uno de los principales funcionarios de la policía estatal, así como varios comandantes policiacos. El general admitió ante el Ministerio Público haber permanecido cuatro horas en ese lugar, mientras se producía el ataque y se asesinaba impunemente. Ni siquiera pidió refuerzos.

(Un policía declara a la cámara el 23 de diciembre de 1997). Puras mujeres y niños. Ellas no hablan nunca con nosotros. Como a las dos horas, llegaron tres jóvenes, hombres ya, jóvenes, por aquel lado. Paisano, ¿qué pasó? No, dice, es que nos estaban tirando y nos mataron a unos allá y ahí vienen unos heridos. Luego llegaron heridos, fueron llegando heridos, 17 heridos. Más o menos eran unos siete adultos y diez pequeños. ¿Y muertos, paisano? Dice, no.

(Un miembro de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desmiente la versión del policía sobre los hechos que le tocó atestiguar). En primera vez fuimos cuatro de mis compañeros, de las bases de apoyo. Y fui a pedir permiso con el comandante. Y ahí me dio un clave: Cuando vengas, gritas ¡Cóndor!, me dijo. Subíamos y subíamos con los heridos y veníamos gritando: ¡Cóndor! ¿Pero ustedes subían con los heridos?, ¿la policía subía heridos? (pregunta el reportero). No, la policía ahí están, alrededor de la cancha. Nosotros con mis compañeros fuimos a rescatar a los heridos, y dice la policía que dije que no hay muertos, le dije cuando llegué. ¿Oye, hay muertos? Sí, hay como cien o 50 muertos, le dije.

Locutora: Había otros cien policías y un destacamento militar en las cercanías y tampoco actuaron. Las autoridades estatales y federales fueron informadas y no hicieron nada. Con inexplicable lentitud, llegaron al lugar hasta las 3 o 4 de la madrugada del 23. Funcionarios estatales y federales propiciaron la violencia en Chenalhó y alentaron conflictos intercomunitarios y de tierras para dividir a las comunidades. La autoridad judicial nunca investigó la responsabilidad del gobierno estatal y federal. Durante meses, los medios difundieron las imágenes de la violencia y de los refugiados en ese municipio de Chiapas, pero el gobierno no la detuvo. Al contrario.

(Otro sobreviviente relata). Estamos ahí, en nuestra casa cuando llegó los priistas con sus armas y ahí echaron balazo en la casa.

(Otro más cuenta acerca de los meses anteriores a la matanza, cuando abandonaron su pueblo para refugiarse en Acteal). Desde 21 de septiembre salimos y vinimos, prestando el lugar acá. No tenemos qué comer ya y ya la gente ya quiere morir de hambre.

(Uno más señala).Como nosotros somos pobres, no tenemos algo, no tenemos con qué defendernos, pero los compañeros de los priistas son por parte del gobierno. Pues, hicieron acuerdo de sus presidentes; dicen, pues, no sé. Qué no sé cuántos cienes de armas los trajeron, los repartieron en las comunidades, con eso los están amenazando a las pobres gentes, hombres y mujeres, niños. Sí.

Locutora: La matanza de Acteal fue consecuencia de una política gubernamental para castigar y desarticular a los indígenas de Chenalhó que habían adoptado el camino de construir la autonomía indígena y la resistencia zapatista iniciada en 1994, con la rebelión indígena en Chiapas. Ese “Ya basta” contra la centenaria injusticia, un grito desesperado de los pueblos indios por ser incluidos en el México de hoy. La justicia sigue pendiente. Existen evidencias suficientes para afirmar que en Acteal se cometió un crimen de Estado. Si las Naciones Unidas han reconocido derechos plenos a los pueblos indios, ya es hora de que nuestro país también los reconozca, y haga justicia a los indígenas, y les permita un futuro de bienestar y libertad. Ya es hora.

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¡ME QUEDÉ CORTA!
por Rosario Ibarra

(publicado en El Universal el 25 de diciembre de 2007)

Hace poco, durante la última sesión del Senado, al referirme a esa odiosa ley que se pretende aprobar. Sí, esa monstruosidad que llevaría al marco constitucional toda la ilegalidad que por años hemos sufrido; expresé con vehemencia lo que esas formas de actuar de policías y soldados (“por órdenes superiores”) han hecho al pueblo mexicano.

Hablé también de la anticonstitucional Dirección Federal de Seguridad, la fatídica DFS, y de quienes eran sus sádicos jefes. Torturaban allá por la Circular de Morelia 8 o en “ranchitos” (como decía Nazar Haro.) También en los campos militares, el Número Uno, el de Torreón, al que llamaban La Joya, el de Monterrey, y en todos los lugares en donde detenían “subversivos”, como solían calificar a quienes secuestraban.

¡Y qué decir de las instalaciones militares y de la Armada en Guerrero! Recuerdo los testimonios de lo que solían hacerles en la temida Base Naval de Icacos, en Acapulco, en las cárceles improvisadas en los antiguos talleres de la SAHOP, donde no pocos murieron. Algunos hablaban de la sevicia de Acosta Chaparro y muchos mencionaban la aquiescencia de los “jefes de zona”, que eran “señores generales de alto rango”.

En el Senado no mencioné algunos nombres de jóvenes que murieron an la tortura, como Ignacio Olivares Torres y Salvador Corral García, cuyos cuerpos destrozados fueron tirados como fardos inservibles, el primero en Guadalajara y el segundo en Monterrey, de los que hay fotografías en periódicos de la época, que horrorizaron a quienes los vieron.

En la DFS murió Sofonías González Cabrera, por estallamiento de vísceras, porque lo golpearon hasta que se le fue la vida. Fue testigo, compañero de celda, Domingo Estrada Ramírez, que fue liberado y más tarde emboscado en un pueblo de Guanajuato; lo asesinaron y jamás entregaron el cadáver a su familia, y una hermana de éste está desaparecida desde hace años… alguien la vio en la Base Naval de Icacos, también hace mucho tiempo.

Podría seguir en esta descripción de terror, pero me duele la memoria al hacerlo y, además, a cualquiera se le encrespa la ira al darse cuenta de que el mal gobierno quiere acomodar la ilegalidad en la Constitución para no tener reclamo alguno de lo que han hecho (como los del pasado “tricolor”).

¿Qué enmienda se ha hecho en Atenco? ¿Cuándo pondrán atención en el sufrido pueblo de Oaxaca? ¿Qué va a pasar con las escuelas normales rurales, todos los alumnos serán tratados como los de Ayotzinapa?

¿Y La Parota? ¿Como la Normal, también en Guerrero… y San Luis Potosí, con la amenaza de la tristemente célebre Minera de San Javier? ¿Y Madera, Chihuahua, con otra minera haciendo estragos? ¿Y la ofensa y el daño terrible a la gente de Zimapán con el horrible “basurero tóxico” que ha instalado una empresa española con la anuencia del actual gobierno?

¿Y qué castigo tendrán quienes golpearon a muchas personas, entre ellos menores de edad? ¿Quién dará respuesta a los familiares de los trabajadores de Pemex desaparecidos? ¿Quién investigará la razón por la que Vicente Fox, siendo aún presidente, viajó hasta Cadereyta Jiménez, NL, para “hablar” con uno de los hoy desaparecidos? Y… ¿quién detendrá a quienes amenazan, allanan el domicilio y roban pertenencias del obispo Raúl Vera?... ¡Y se dicen católicos los del “gobierno”!

¿Y lo que nos deben a quienes lloramos la ausencia de nuestros hijos y familiares secuestrados por los matones de los malos gobiernos? Ojalá nunca les toque a ellos, porque entonces sabrán de “el rechinar de dientes y el crujir de huesos”.

Todo lo aquí escrito es apenas una débil muestra de la horrible realidad que este noble pueblo sufrió y sigue sufriendo: aún me he quedado corta…

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domingo, 23 de diciembre de 2007

Inútil e ineficiente aplicar un programa de descuentos a productos de consumo básico, asegura Mario di Costanzo

Ciudad de México, 23 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 300

Sumario:

I. Inútil e ineficiente aplicar un programa de descuentos a productos de consumo básico, asegura Mario di Costanzo

II. Andrés tenía razón: no a la privatización de Pemex, por Martí Batres Guadarrama.

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INÚTIL E INEFICIENTE APLICAR UN PROGRAMA DE DESCUENTOS A PRODUCTOS DE CONSUMO BÁSICO, ASEGURA MARIO DI COSTANZO

“La Secretaría de Economía y el gobierno espurio eluden su verdadera responsabilidad al anunciar un pacto para establecer descuentos en 300 productos de consumo básico en vez de atacar los problemas de fondo, a la vez que reconocen tácitamente que la mal llamada reforma fiscal y los incrementos en la gasolina, diesel, energía eléctrica y en los granos básicos han tenido y tendrán un efecto negativo sobre el poder adquisitivo y en el bienestar de la gente”.

Así lo señaló Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Publicadle gobierno legítimo de México, quien afirmó que los encargados de las políticas económicas tendrían que retomar las propuesta lopezobradoristas en la materia, que se basan en el combate frontal a los monopolios y oligopolios mediante la aprobación de la Ley de Precios Competitivos y la aplicación de un vasto programa emergente de producción y subsidios a granos básicos en el campo mexicano, cuya estrategia completa fue propuesta desde febrero de 2007, en el Programa denominado “Cuidado de la Economía Nacional y Defensa de la Economía Familiar Frente a la Carestía” (puede consultarse este documento en: http://secretariadelahaciendapublica.blogspot.com/2007/02/el-cuidado-de-la-economa-nacional-y-la.html).

El miembro del equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador indicó que “es claro que el pacto o acuerdo anunciado por Eduardo Sojo resultará ineficiente y económicamente inviable, ya que en la mayoría de los comercios establecidos y en las tiendas de autoservicio, la retiquetación de precios se ha mantenido vigente a lo largo del año que está por concluir, por ello no se logrará revertir el incremento en los precios de los productos que integran la canasta básica y que entre diciembre de 2006 y la primera quincena de 2007 mostraron un crecimiento de 35%”.

“Más aún —agregó Di Costanzo—, la medida implementada por Sojo causará distorsiones en la economía, ya que desde hace muchos años se estableció la liberalización de los precios, por lo que cualquier intento de control de precios implicará importantes desajustes en las cadenas productivas, al mandar señales equivocadas en los precios del mercado, tal y como sucedió en el caso de la tortilla, cuando se formalizó su incremento a principios de 2007 en vez de haber recurrido a políticas de subsidio y de fomento a la producción y comercialización del maíz”.

El funcionario lopezobradorista recordó que estos pactos u acuerdos se establecieron en nuestro país en épocas de Miguel de la Madrid y al principio de la administración de Carlos Salinas de Gortari, y formaron parte de los llamados “planes de choque” que buscaban contener la elevada inflación; se aplicaron en México y en algunos países, sobre todo de Latinoamérica, por ejemplo el Plan Austral en Argentina o el Plan Cruzado en Brasil.

Sin embargo, estos programas se acompañaban de otro tipo de medidas encaminadas a reducir el déficit público, y de fuertes restricciones monetarias que limitaban fuertemente el crecimiento económico, el poder adquisitivo de la gente y el empleo.

Di Costanzo aseveró que a lo anterior hay que añadir que dicho acuerdo o pacto se llevará a cabo durante la segunda quincena de enero de 2008, mientras que los comerciantes y productores, así como las tiendas de autoservicio habrán incrementado los precios desde la primera quincena de ese mes.

“De manera adicional, es importante señalar que en el caso del gasolinazo, prácticamente la totalidad de los productores y comerciantes ya reflejaron en sus precios el efecto que tendrá esta medida, por lo que, en teoría, no tendrían que modificar sus precios en el mes de enero de 2008”, indicó.

Para corroborar lo anterior, el secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo aportó los siguientes datos. En julio de este año, cuando se lanzó la propuesta de incrementar el precio de la gasolina, el costo de una muestra de 42 productos básicos se ubicó en 1 045.15 pesos y para la primera quincena de octubre, cuando se formalizó su aprobación en el Congreso, el costo de esta canasta ya ascendía a 1 102.28 pesos.

De esta manera, entre julio y octubre se observaron incrementos que reflejaban ya el impuesto a la gasolina; por ejemplo, el frijol pasó de $16.0 a $20.0 el kg, la lenteja de 7.90 a 8.91 la bolsa de 500 grs, el paquete con 12 huevos de $14.70 a $ 16.00, el pan de caja de $18.90 a $ 20.00, el kilogramo de pollo entero pasó de $23.95 a $ 26.00.

“Esto muestra claramente que entre julio y la primera quincena de octubre, el crecimiento en costo de esta canasta básica registró un incremento de 5.46%, cifra que es prácticamente similar al incremento total que tendrá la gasolina, gracias al impuesto propuesto por Acción Nacional y avalado por los diputados del PRI”, subrayó Mario di Costanzo.

“El solo anuncio del incremento que tendrán la gasolina y diesel, aunque sea hasta enero del 2008, ya se ha reflejado en los incrementos en los precios de prácticamente todos los productos, ya que esta situación es una cuestión de expectativas del público en general, pues quienes perciben que en algún momento los precios se incrementarán, prefieren adelantarse y llevar a cabo el ajuste de inmediato; por ello, los comerciantes y productores de servicios, se previenen incrementando los precios hoy, y no hasta mañana”, insistió.

Conforme al análisis y perspectivas señaladas por Di Costanzo, diversos productos alimenticios, como la carne, el huevo, la leche y el pan bolillo, ya aumentaron y de seguro volverán a incrementar su precio en enero del 2008. Asimismo, se esperan para el primer mes de 2008 incrementos en la mayoría de los granos básicos (maíz, arroz, fríjol), así como de la gasolina y de la energía eléctrica, por lo que se estima que la canasta básica tendrá un incremento de cuando menos 15% en el primer mes del próximo año.

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ANDRÉS TENÍA RAZÓN: NO A LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX
Por Martí Batres Guadarrama

(publicado en El Gráfico, el 21 de diciembre de 2007)

Lo dijo Andrés Manuel López Obrador desde el 25 de marzo de este año en el Zócalo de la ciudad de México y no faltaron quienes se mofaron de él. Su llamada de atención, dijeron, sólo trataba de generar problemas y nuevos conflictos. Es un pretexto para mantenerse en la palestra, únicamente pretende llamar la atención, censuraron otros.

Sin embargo la alerta resultó cierta: el gobierno federal quiere abrir el proceso de privatización de Petróleos Mexicanos y realiza distintos esfuerzos en ese sentido.

Nos dirán los voceros panistas que no se trata de vender Pemex. Sin embargo no toda privatización se da a través de un proceso de venta de una paraestatal. Hoy en día lo que se busca es imponer un proceso continuo de sustitución en tan importante empresa pública. Así, la privatización de Pemex está a la vista. Se planea abrirla a la inversión privada.

La propuesta resulta criminal porque teniendo México a Pemex, única empresa mexicana entre las cien más exitosas del mundo, se pretende entregar a capitales extranjeros el mejor negocio con que cuenta el país.

Esta no es cualquier reforma, es la más peligrosa. Es más grave, incluso, que aumentar los impuestos. Es más grave que los incrementos salariales que se dará el gobierno federal. Porque reducir impuestos o aumentar salarios se pude hacer en otro momento, pero recuperar una riqueza valiosa —como la petrolera—, sería casi imposible sin generar una enorme turbulencia política y social.

Hoy vemos que en Sudamérica por una cuantas tímidas y parciales nacionalizaciones aumentó la tensión política en algunos países. Y es que una vez que la oligarquía se hace de una nueva riqueza es impensable que esté dispuesta a soltarla más tarde.

Ya en el sexenio anterior desde el Senado de la República miembros de diferentes fuerzas políticas —especialmente senadores como Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y otros— hicieron una importante labor para impedir la privatización de la electricidad y del petróleo.

Pero la pregunta es: ¿dónde están los legisladores de la oposición para frenar la inminencia de este proyecto gubernamental? No los vemos cumplir con su responsabilidad social número uno, el bienestar colectivo, que implica rechazar la privatización de las riquezas y las industrias nacionales.

Los representantes populares están muy entretenidos con el Cofipe o la elección de los nuevos consejeros del IFE.

Desafortunadamente, en el Congreso de la Unión no se escuchan voces que están obligadas a frenar la amenaza de privatizar los energéticos.

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