"Traemos a mecate corto a Felipe Calderón y así lo vamos a traer": López Obrador

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2007

Servicio informativo núm. 210

“TRAEMOS A MECATE CORTO A FELIPE CALDERÓN Y ASÍ LO VAMOS A TRAER”: LÓPEZ OBRADOR

En el cuarto y último día de recorrido por territorio poblano, en su gira semanal número 43 de este año, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, evaluó el significado del movimiento de resistencia civil pacífica que encabeza y afirmó: “el gobierno espurio de Calderón habría cometido un mayor número de atrocidades y de injusticias en caso de que después del fraude electoral del 2 de julio de 2006 hubiese tomado la decisión de retirarme del movimiento de transformación, para dejarle libre el camino al presidente pelele”.

En ese contexto de razonamientos fue que el dirigente de la izquierda mexicana declaró que “desde hace 10 meses, cuando usurpó la Presidencia de la República, traemos a mecate corto a Felipe Calderón y así lo vamos a traer”.

Al concluir el cuarto recorrido del año por la entidad, López Obrador manifestó que los mexicanos no vamos a permitir el alza a las tarifas de la gasolina y el diesel, por que representan un duro golpe a la raquítica y enclenque economía de millones de familias. Precisó que los mexicanos nos convertiríamos en esclavos en nuestro propio país, “si no nos paramos firmes” en la defensa del patrimonio de la nación y en la protección de los intereses de la mayoría de los mexicanos, que se encuentran en situación de pobreza. Mientras se adelgaza cada vez más el ingreso de las clases populares, los burócratas panistas de primer nivel mantienen privilegios y reciben un salario que ofende la dignidad de la gente humilde”, puntualizó.

Por la tarde de este domingo, en Cañada Morelos preguntó a los asistentes a la asamblea informativa de ese municipio: “¿Qué ha hecho el pelele de Calderón a favor del pueblo? Nada”, repuso de inmediato. Por el contrario, aclaró, Calderón ha perjudicado al pueblo con la autorización de aumentos a los precios de la tortilla y el pan blanco, además de la leche, el huevo, el pollo, la carne de res y otros alimentos de consumo básico.

Antes, a los ciudadanos de Santiago Miahuatlán les dijo: “ya es tiempo de que se pongan las pilas —como dicen los jóvenes— y de que no otorguen ni un solo voto al PRI, ni un solo voto al PAN en las elecciones locales del próximo 11 de noviembre”. Al rechazar a ambas agrupaciones políticas de derecha, el presidente legítimo de México analizó: “el partido tricolor permaneció 70 años en el poder y no hizo nada a favor de la gente, mientras que los panistas resultaron ser más rateros que los priistas, a pesar de que se dicen gente decente y de bien”.

Puso de ejemplo al ex presidente Vicente Fox, quien acompañado de su esposa Marta Sahagún, posó para una revista del corazón, con la intención de mostrar la riqueza mal habida que acumuló durante su mandato y con la cual convirtió su rancho en una mansión, con alberca, lago artificial, canchas de tenis y hasta ganado de alto registro.

Habló entonces para las generaciones presentes, pero observando en el horizonte a las generaciones futuras: “nuestro país se encuentra en estado de descomposición y degradación y si los mexicanos de ahora no hacemos nada, porque me daba miedo y pena, porque les creía a los medios de comunicación que decían que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México y en las elecciones me daban hasta dinero por el voto, nuestros hijos nos van a mandar por un tubo, nos van a decir: ustedes permitieron que se destruyera el país”.

Durante su encuentro con el pueblo de Chapulco, afirmó que Calderón está al servicio de los intereses del capital extranjero, de los potentados de México y de los integrantes de la mafia de la política. Hizo énfasis en que sí hay salida a la actual crisis económica que vive México, “que no es fruto de la casualidad, sino de que sólo se han beneficiado unos cuantos con la riqueza que genera nuestro país” y recordó que la clase gobernante ya vendió los ferrocarriles, las minas, los bancos y las empresas públicas, y ahora tiene la intención de vender la industria petrolera.

Luego, en el municipio Esperanza, reiteró que los mexicanos tomaremos la decisión de parar el país si la derecha panista mantiene su intención de entregar el petróleo al capital extranjero.

En entrevista posterior que concedió a la radiodifusora Radio Esmeralda (La que manda), subrayó que mantendrá la lucha por la auténtica transformación del país e informó que el próximo 4 de noviembre informará a los habitantes de Puebla sobre la situación que impera en el estado, aunque adelantó que el “góber precioso y mañoso está utilizando el presupuesto público para afianzar su imagen pública, en vez de canalizarlo a obras de reconstrucción de los caminos del estado, que en su mayoría están destruidos e intransitables”.

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Entre diálogos con la gente sobre sus problemas más urgentes y críticas al trabajo de los diputados, pasa López Obrador su tercer día en Puebla

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2007

Servicio informativo núm. 209

ENTRE DIÁLOGOS CON LA GENTE SOBRE SUS PROBLEMAS MÁS URGENTES Y CRÍTICAS AL TRABAJO DE LOS DIPUTADOS, PASA LÓPEZ OBRADOR SU TERCER DÍA DE ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN LA SIERRA DE PUEBLA

Desde uno de los municipios más pobres del estado y del país, el de Tlacotepec de Díaz, en Puebla, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, afirmó que el movimiento de transformación de México tiene ahora más fuerza que la que adquirió durante la campaña presidencial, debido el amplio respaldo de la ciudadanía que se sigue mostrando día a día.

Ante los ciudadanos de esa población —que está gobernada por el PAN— denunció que la derecha panista pretende privatizar la industria petrolera y eléctrica, mediante una reforma constitucional, por lo que ratificó su decisión del luchar hasta lograr un cambio real en materia económica, política y social y subrayó que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

El tercer día de recorrido por la geografía poblana inició por la mañana en Tlacotepec de Díaz, municipio enclavado en la sierra negra y que está comunicado por carreteras que se encuentran en malas condiciones, incluso con algunos tramos destruidos por los torrenciales aguaceros de los últimos días. Ahí, subrayó que los mexicanos no vamos a permitir que ambos energéticos se entreguen a particulares, sean nacionales o extranjeros, e informó que el 18 de noviembre se realizará la Asamblea de la Convención Nacional Democrática (CND), en donde se decidirá sobre las acciones que se tomarán si los panistas mantienen su intención de vender un bien propiedad de la nación.

Luego manifestó extrañeza porque el PAN gobierne un municipio tan pobre como Tlacotepec, “si Acción Nacional es un partido que desprecia a la gente humilde y que está al servicio de los potentados”. Recordó que el partido blanquiazul se fundó en 1939, un año después de que el general Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de la industria petrolera, y que desde entonces ese partido se opuso “a la política popular y patriótica de uno de los mejores presidentes de México”.

López Obrador destacó la necesidad de frenar la escalada de precios, provocada por el alza a la gasolina y el diesel, y afirmó que las reformas a la Ley del ISSSTE y la que en fechas recientes se aprobó en materia fiscal son impuestas por organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional.

Al final del mensaje que dirigió al pueblo de Tlacotepec, un vecino le preguntó al presidente legítimo de los mexicanos sobre qué deben hacer para impedir que suban los precios de la canasta básica. Además de insistir en la necesidad de la organización como representantes del gobierno legítimo y como Convención Nacional democrática, en su respuesta, López Obrador explicó que en 10 meses de administración de gobierno espurio, Felipe Calderón autorizó alzas a los precios de la tortilla y del pan blanco, además de la leche, la carne de res, el pollo, el gas, y el huevo. Mencionó también que criticó en su momento a los legisladores del Frente Amplio Progresista, formado por el PRD, PT y Convergencia, “porque no fueron lo suficientemente firmes en la defensa de la economía de las clases populares”.

Señaló que durante una reunión que sostuvo con diputados de las tres fuerzas políticas, les recomendó que recurrieran a actos de resistencia civil pacífica, que incluía la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados, “pero nuestros legisladores se quedaron apanicados, se cuidaron de los medios de comunicación, prefirieron que no los tacharán de revoltosos y de escandalosos”.

“Los representantes del pueblo —enfatizó— debieron fajarse los pantalones, sin importarles lo que dijeran sus adversarios políticos y los medios de comunicación. Durante la aprobación legislativa a los precios de la gasolina y el diesel no hubo una protesta suficiente”, remató.

Consideró inmoral e injusto que mientras se incrementan los precios de los productos de la canasta básica hasta en 35 por ciento en lo que va del año, la alta burocracia panista “se siga dando la gran vida”, con salarios que ofenden la dignidad de la gente pobre y humilde, y puso como ejemplo el que un ministro de la Corte gana 500 mil pesos “sin hacer nada y no sirve para nada, los ministros son unos holgazanes”, agregó.

Una situación similar ocurre con los ex presidentes de México que reciben una pensión mensual equivalente a 5 millones de pesos, en tanto que más de la mitad de la población de nuestro país son pobres y cada día les aprietan más el cinturón.

En Eloxochitlán, recordó de manera respetuosa a las víctimas de la tragedia del pasado 4 de julio a causa del desgajamiento de un cerro y envió su más sentido pésame a las familias de los ciudadanos que fallecieron. Calificó de lamentable que una tragedia de tal magnitud, que ocurrió en la carretera que une a este municipio con Tlacotepec, se presente en las zonas más pobres de nuestro país y destacó que cada vez que hay un siniestro, una inundación o un terremoto siempre resultan perjudicados los pobres y los humildes.

Ante familiares de los desaparecidos en la tragedia del 4 de julio se preguntó: “¿por qué ocurrió el derrumbe de tierra que sepultó a un autobús de pasajeros? Porque cuando el gobierno estatal o federal construye una carretera “lo hace al ai se va”, aclaró.

Explicó que la carretera de referencia se construyó hace tres años, pero en los próximos tres años no servirá y estará totalmente destruida, si no recibe mantenimiento. “Por robarse el dinero, el camino está mal hecho, nada más lo pintaron, no está firme, no tiene un aplanado suficiente y tampoco tiene la emulsión asfáltica requerida”, señaló. “Los responsables de la obra —prosiguió— no tomaron en cuenta que construyeron una carretera en una zona que es de derrumbes y por esa razón la gente pobre resulta siempre afectada”.

En su encuentro con el pueblo de Santa María Coyomeapan, López Obrador volvió a abordar el tema del cambio auténtico y real, porque no deben repetirse casos como la escandalosa y ofensiva riqueza del ex presidente Vicente Fox. “Hace una semana que ese cínico y desvergonzado apareció en una revista acompañado de su mujer, Marta Sahagún, para mostrar la riqueza mal habida que amasó durante seis años de gestión. La chachalaca ladrona —como se refirió a Fox— presumió su alberca, un lago artificial y hasta el ganado, pero no se trataba de la raza cebú criolla, sino de especies de alto registro”.

Manifestó que “los panistas dijeron hace siete años, cuando arribaron al poder, que ellos concretarían el cambio en México, aunque no hubo transformación alguna; por el contrario, resultaron ser más ladrones y rateros que los priistas”.

En Coxcatlán, el presidente legítimo de los mexicanos reiteró su decisión de que convocará a todo el pueblo de México a la movilización si el gobierno del presidente pelele toma la decisión de entregar el petróleo al capital privado extranjero. “Estamos dispuestos incluso a parar al país”, advirtió.

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La asamblea de la CND del 18 de noviembre resolverá las acciones por realizar para frenar el gasolinazo de enero

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2007

Servicio informativo núm. 208

LA ASAMBLEA DE LA CND DEL 18 DE NOVIEMBRE RESOLVERÁ LAS ACCIONES POR REALIZAR PARA FRENAR EL GASOLINAZO DE ENERO

Por considerarlos injustos e inmorales, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, informó que el domingo 18 de noviembre, se propondrán, en la Asamblea de la Convención Nacional Democrática (CND), las acciones que se tomarán para frenar los aumentos de precios a la gasolina y el diesel.

Adelantó que insistirá en su demanda de que se eliminen los privilegios de los burócratas panistas de primer nivel y que se reduzca en 50 por ciento el salario de cada uno de ellos, además de que se retiren las pensiones millonarias que reciben los ex presidentes de México, como Carlos Salinas y “el flojo, traidor a la democracia y chachalaca mentirosa” de Vicente Fox.

Desde el municipio de Zapotitlán Salinas, en Puebla, el presidente legítimo de México expresó: “no vamos a permitir que se apliquen los aumentos a la gasolina y vamos a frenar el incremento”.

En el segundo día de recorrido por 26 municipios del estado, exigió que se acaben los privilegios para unos cuantos, privilegios que contrastan con el hecho de que la mayoría de los mexicanos sobreviven en condiciones de pobreza, debido a la aplicación de políticas económicas antipopulares y entreguistas.

Dijo también que durante la Asamblea General de la Convención Nacional Democrática, que se realizará el próximo 18 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, propondrá medidas por seguir para detener la entrada en vigor de las alzas a las tarifas de las gasolinas.

En esta localidad, destacó que la película La Ley de Herodes —que fue filmada en este municipio— es fiel reflejo del cacicazgo que impera en el mayor número de los municipios de Puebla y de otros estados de la República.

Ante los ciudadanos de Zapotitlán, aseguró que “el presidente pelele, Felipe Calderón, es un mentiroso porque durante la campaña ofreció reducir los precios del gas, la gasolina y hasta de la energía eléctrica. Sin embargo, desde que usurpó la Presidencia de la República, hace 10 meses, sólo se dedica a autorizar aumentos de precios a los productos de la canasta básica, desde la tortilla hasta el pan blanco, pasando por el huevo, el pollo, la carne de res y otros alimentos de primera necesidad”, destacó.

En San Antonio Cañada, citó el nombre de la película La Ley de Herodes para comentar que si se grabara una nueva producción para reflejar la actual situación económica de nuestro país, debería de titularse La Ley del embudo, “porque unos cuantos, una minoría rapaz, se queda con la mayor parte del presupuesto público nacional, mientras que el grueso de la población carece de un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas”.

En San Gabriel Chilac, López Obrador denunció que Calderón pretende entregar el petróleo y la energía eléctrica al capital privado, tanto nacional, como extranjero. Desde este municipio reiteró a Calderón que el petróleo es patrimonio de todos los mexicanos y que “la patria no se vende, se defiende”.

Al convocar a los ciudadanos de Puebla a participar como representantes del gobierno legítimo de México, manifestó su seguridad de que tarde que temprano triunfará el movimiento auténtico de transformación de México y sus instituciones.

Durante la gira de este día, acusó al llamado “gober precioso”, Mario Marín, de utilizar el presupuesto público para fortalecer su imagen, mientras que el pueblo poblano carece de servicios públicos, como carreteras. Pero, subrayó, “el próximo 4 de noviembre, se presentará un balance general sobre la situación en que se encuentra el estado. Cabe mencionar que Caltepec, el primer punto del recorrido de este día, está comunicado por una carretera que se encuentra en malas condiciones físicas, incluso un tramo es de terracería y así esta desde hace 6 años.

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¡Ebrard, amarra a tus perros!

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2007
Servicio informativo núm. 207

Sumario:

I. ¡Ebrard, amarra a tus perros!

II. Reporta La verdad sea dicha la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “En nuestro territorio mandamos nosotros y decidimos nosotros y esto ya está decidido”, señalan en La Parota.

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¡EBRARD, AMARRA A TUS PERROS!

El día de ayer, con motivo de la inauguración de la exposición Epopeya mural, de Diego Rivera, en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, el actual habitante de Los Pinos, Felipe Calderón, se animó a salir a la calle para asistir a tal evento cultural. Puntual como lo han sido desde hace ya más de un año, contingentes de la resistencia civil pacífica contra la usurpación estuvieron ahí para darle una probadita de resistencia. Así lo reseña, oportuno como siempre, el blog La lámpara de Diógenes (http://lamparadediogenes.blogspot.com), en donde además del texto que aquí reproducimos, podrán ver las fotografías del caso.

Una vez más la resistencia civil pacífica se dio cita alrededor del Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México para obligar al presidente usurpador a entrar y salir a escondidas y por la puerta de servicio.

Al acostumbrado circo de siempre cuando el presidente espurio intenta dar un paso fuera de Los Pinos, cientos y cientos de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) más cientos y cientos de miembros de la Policía Federal Preventiva (PFP), se le sumaron en esta ocasión cientos y cientos más de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

La resistencia civil pacífica se había agrupado frente a las diversas entradas a través de las vallas metálicas resguardadas por el EMP. En el costado poniente, el público “B” se formaba en hilera esperando entrar a la inauguración de la exposición “Diego Rivera. Epopeya Mural”, mientras que el público “A” intentaba ingresar por un punto de acceso a unos sesenta metros. Algunos de ellos, sintiéndose a salvo tras vallas, elementos del EMP y la PFP, miraban las protestas curiosos.

Otros dos puntos habían sido cubiertos por la resistencia civil pacífica sobre Av. Juárez: uno cercano a la entrada al estacionamiento y otro casi al frente del edificio del Palacio. Sorpresivamente, elementos del agrupamiento de granaderos de la SSP del Gobierno del Distrito Federal rodearon al primero de estos grupos, impidiéndoles salir del “encapsulado” formado por los escudos.

Cuando llegó Gerardo Fernández Noroña, se ubicó frente a la entrada principal del Palacio de las Bellas Artes, sobre Av. Juárez. Rápidamente fue semirrodeado por granaderos de la SSP del GDF. Desde ahí lanzó varias consignas en contra de las políticas inflacionarias del régimen usurpador y puso en evidencia, una vez más, el ridículo despliegue de fuerza para intentar callar una protesta ciudadana.

En un momento dado, Fernández Noroña, seguido por varias decenas de miembros de la resistencia civil pacífica, corrieron hacia la esquina de Eje Central con Av. Juárez, al tiempo que elementos del EMP corrían cargando vallas metálicas e intentando evitar que la resistencia civil pacífica pasara. Fue algo violento, ya que lanzaban las vallas a quien intentara colarse; aun y así, la mayoría los sorprendió y rebasó, dando vuelta hacia el norte sobre el Eje Central hasta llegar a la entrada que está frente a la Av. 5 de Mayo, donde ahora granaderos de la PFP violentamente bloqueaban con sus escudos el paso de la gente.

Dos grupos de la resistencia civil pacífica se posesionaron a los lados de la entrada de servicio en el costado oriental del Palacio de las Bellas Artes, mismos que rápidamente fueron retenidos por las vallas metálicas del EMP y los granaderos de la PFP de un lado, mientras que, del otro, granaderos de la SSP del GDF “encapsulaban” a los grupos aislándolos. De tal manera que en un grupo quedó el compañero Molina, mientras que en el otro Gerardo Fernández Noroña y una veintena más permanecimos sin poder salir del cerco por transcurso de más de una hora.

El presidente usurpador entró rápidamente por la entrada lateral, entre gritos y consignas de ambos lados de la entrada, a bordo de un automóvil genérico color blanco.

Cuando Fernández Noroña quiso salir del cerco de granaderos de la SSP del GDF, fue violentamente rechazado con los escudos; al protestar, un oficial le respondió diciendo que no nos iba a dejar salir.

Varios minutos más pasaron, el acto en el interior del Palacio de las Bellas Artes había acabado y los invitados se retiraban. El presidente espurio tuvo que salir rápido y a escondidas por la puerta trasera del teatro. Gerardo Fernández Noroña intentó salir de nuevo del cerco junto con la veintena que lo acompañábamos. La agresión por parte de los granaderos de la SSP del GDF fue mayor, lastimando a varias compañeras.

De manera igualmente inexplicable, los granaderos del SSP del GDF tomaron la decisión de cerrar la circulación del Eje Central, creando un fuerte embotellamiento con los vehículos que transitaban en esos momentos por la avenida y por Av. 5 de Mayo. Otra escaramuza de empujones y de palabras altisonantes por parte de Fernández Noroña lograron el efecto esperado y nos dejaron salir del cerco.

Sin embargo, la línea de granaderos que seguían bloqueando la circulación del Eje Central nos impedía llegar hasta donde estaba el otro grupo de miembros de la resistencia civil pacífica. Gerardo Fernández Noroña les habló clara y contundentemente: no había razón para impedirnos el paso y anunciábamos que en tres minutos íbamos a pasar a reunirnos con los demás.

La fila de granaderos de la SSP del GDF reculó varios metros, hasta permitirnos acercarnos con los demás. En ese momento, el oficial a cargo comprendió que era idiota mantener una línea de granaderos entre nuestros compañeros y nosotros y rápidamente hicieron mutis. Gerardo Fernández Noroña tomó nuevamente el altavoz para denunciar la irresponsable actuación de los granaderos de la SSP del GDF y recordó que a nadie, ni al gobierno federal ni al gobierno de la Ciudad de México, se les va a permitir pasar sobre los derechos de los ciudadanos.

Al final, se entonó el Himno Nacional y todos nos fuimos contentos de haber logrado nuestro cometido de recordarle al presidente espurio que para él no habrá ni perdón ni olvido y de que nos veremos el próximo lunes, como cada inicio de mes, en la residencia oficial de Los Pinos para recordárselo una vez más.

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REPORTA LA VERDAD SEA DICHA LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

“En nuestro territorio mandamos nosotros y decidimos nosotros y esto ya está decidido”, señalan en La Parota

A dos décadas de debates y lucha del movimiento indígena internacional, el 13 de septiembre de 2007 fue aprobada la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la 61 Asamblea General de las Naciones Unidas. Votaron a favor 143 países; en contra sólo cuatro: Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda; y 11 países se abstuvieron: Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federación Rusa, Samoa y Ukrania.

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas beneficiará a 370 millones de indígenas en 70 países del mundo, al establecer derechos tanto individuales como colectivos: el derecho a la cultura, la identidad, el idioma propio, el empleo, la educación y la salud. La declaración acentúa el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus propias instituciones, cultura y tradiciones para lograr un desarrollo en función de sus propias aspiraciones y necesidades.

En México, más allá de lo que hoy la legislación internacional reafirma, cabe destacar luchas y frutos recientes en la materia, como la cristalización del proyecto de creación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), cuyo objetivo fundamental es la recuperación del pensamiento indígena y la promoción de una educación que surja de las comunidades, para que conserven sus valores culturales y la formación de intelectuales capaces, desde su propio universo cultural, de generar soluciones a los problemas de su comunidad (véase al respecto el servicio de noticias ISA núm. 194).

Asimismo, resalta la reciente victoria de los habitantes de La Parota, al oponerse a la construcción de una presa que inundaría sus comunidades destruyendo no sólo físicamente, sino cultural e históricamente ese patrimonio indígena.

En este contexto, el programa televisivo del gobierno legítimo de México La Verdad sea dicha del pasado martes 25 de septiembre abordó este tema.

La emisión televisiva indicó que “resulta ofensivo que, mientras la legislación internacional reconoce por primera vez en la historia plenos derechos a los pueblos indígenas del mundo, en México los gobiernos neoliberales continúan el genocidio indígena iniciado hace 500 años. Cada día se atropellan sus garantías, se les relega a la marginación y la miseria, se les despoja de sus recursos y se les somete a un régimen de injusticias”.

Rodolfo Stanvenhagen, relator especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por la ONU, señaló al respecto: “el día de ayer fue reafirmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al aprobar después de 20 años de debates y de luchas, la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; un instrumento más de lucha y defensa de los derechos humanos”. Enfatizó que no existe razón alguna para que un Estado miembro de la ONU, que ha suscrito todos esos instrumentos internacionales y que declaró su intención de cumplir con ellos, no tome en cuenta los derechos de la población afectada.

Stanvenhagen se refería a que, en su artículo 10, la declaración de la ONU establece que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, no se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados.

Por eso, fue importante que el programa La verdad sea dicha ligara este acontecimiento con el caso de La Parota, pues, como ahí se señaló, con el pretexto del progreso se despoja a los pueblos indígenas. En la actualidad en nuestro país hay 22 proyectos hidroeléctricos que amenazan los derechos de miles de ellos.

Para Felipe Flores Hernández, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto de La Parota, lo que está ocurriendo ahí se reduce a que el gobierno federal y el gobierno estatal han querido imponer un proyecto que las comunidades nunca solicitaron y nunca desearon, por lo que apuntó: “hemos descubierto que ese proyecto no nos trae desarrollo a las comunidades. Lo único que trae es desplazamiento de 25 mil personas, afectaría a cinco municipios pero el más afectado es el nuestro, que es Acapulco, donde pretendían inundar 17 mil 500 hectáreas; son 36 comunidades que desaparecerían; se perdería nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro pueblo. Hemos ido a varias hidroeléctricas y nunca encontramos lo que ellos llaman desarrollo. Por eso nos hemos opuesto a ese megaproyecto”.

La investigadora Patricia Ávila expresó que por parte del Estado se promueve un proyecto de desarrollo con altos costos sociales, económicos y ambientales que pone en riesgo la paz social y la estabilidad política en una región rural de México.

Según el investigador Mario Gómez, hasta ahora los gobiernos federal y estatal, y la Comisión Federal (CFE) no han demostrado que el proyecto aumentará el beneficio colectivo de los mexicanos, incluido el de todos y cada uno de los desplazados y afectados por la presa.

Además, Felipe Flores Hernández planteó que “acabamos de darnos cuenta de que ayer tuvimos un amparo definitivo hasta que no se resuelva el caso, donde la CFE no puede entrar a nuestro territorio; de por sí ya habíamos tenido cuatro amparos anteriores. Pero el gobierno y la CFE no han respetado la decisión del Tribunal, la decisión de los magistrados. Creo que hoy vamos a obligar al gobierno, que respete esa decisión que ha dado la jueza”.

Stanvenhagen afirmó que si no está vinculado el desarrollo a los derechos humanos de la gente, no se puede llamar desarrollo. Esto lo ha decidido la ONU en varias resoluciones y México como otros países está obligado, por su pertenencia a la Organización, a cumplir con esta nueva manera de ver el desarrollo.

Con respecto a La Parota, Felipe Flores Hernández concluyó que “hay resistencia y que los pueblos han tomado esa decisión de decir no al proyecto, y esto lo tiene que respetar, tiene que respetar la voluntad de los pueblos de las comunidades, porque nosotros somos los dueños de las tierras. En nuestro territorio mandamos nosotros y decidimos nosotros y esto ya está decidido. El proyecto no va a pasar a menos que quieran implementarlo a sangre y fuego, pasarían por encima de nuestros cadáveres.

“Después de la decisión de la ONU, México debe reconocer los Acuerdos de San Andrés y aprobar una ley indígena acorde con las leyes internacionales; es una deuda que debemos como nación a los pueblos originarios: derechos plenos y justicia” fue la conclusión del programa La verdad sea dicha sobre este tema.

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“No queremos gasolinazo, ni en octubre ni en enero; que se baje el salario el presidente pelele”: AMLO

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2007

Servicio informativo núm. 206

Sumario:

I. “No queremos gasolinazo, ni en octubre ni en enero; que se baje el salario el presidente pelele”: AMLO.

II. Propone el diputado Almazán volver a nacionalizar la energía eléctrica.

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“NO QUEREMOS GASOLINAZO, NI EN OCTUBRE NI EN ENERO; QUE SE BAJE EL SALARIO EL PRESIDENTE PELELE”: AMLO

Al iniciar su gira número 43 en lo que va del año y cuarta por el estado de Puebla, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, puso en el centro de sus discursos el anunciado y luego pospuesto gasolinazo: “Los mexicanos no queremos aumentos de precios a la gasolina y al diesel ni en octubre, ni en enero; en cambio, queremos que se baje el salario al presidente pelele”, manifestó López Obrador, al demandar que esa reducción en 50 por ciento a los salarios abarque a toda la alta burocracia panista.

“El presidente pelele, Felipe Calderón, se equivoca sí cree que los ciudadanos nos conformamos con el anuncio de que se aplaza hasta el primer día del año próximo los incrementos a las tarifas de los mencionados combustibles” precisó y apuntó las siguientes cifras: el presupuesto de este año de 2.2 billones de pesos es suficiente para atender las demandas del pueblo, pero, desafortunadamente, 70 por ciento se destina al pago de salarios de los servidores públicos de la administración panista, mientras que 20 por ciento se canaliza a proyectos de obra pública y 10 por ciento se orienta al pago de la deuda pública.

La misma explicación detalló a los habitantes de los municipios de Xochitlán de Todos los Santos, Palmar de Bravo, Yehualtepec y Tlacotepec de Benito Juárez. En Palmar de Bravo, el primer punto de la gira que lo llevará a tocar 26 municipios de la entidad en cuatro días, el dirigente de la izquierda mexicana destacó la necesidad de bajar a la mitad los jugosos sueldos de los burócratas de primer nivel, así como eliminar los millonarios bonos anuales, los gastos médicos privados y el fondo de ahorro en caso de retiro del servidor público.

Por tratarse de un asunto que representa un insulto para millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza, López Obrador exigió que se cancelen las pensiones de 5 millones de pesos mensuales que reciben los ex presidentes, como Carlos Salinas de Gortari y “ese traidor a la democracia y chachalaca mentirosa de Vicente Fox”.

También aseguró que la gestión de Calderón es similar al régimen de Antonio López de San Anna: “El presidente espurio —explicó— es el autor intelectual de aplicar 5.5 por ciento de incremento a las gasolinas y de la llamada reforma fiscal, que se traduce en un aumento a los impuestos, mientras que el dictador López de Santa Anna impuso un impuesto especial a todos los ciudadanos que eran dueños de una vivienda. Se trató de que pagarán una contribución por cada ventana que hubiese en todas las casas-habitación de las familias mexicanas”, agregó.

En los seis municipios que visitó este día, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que los productos de la canasta básica tuvieron un alza de 35 por ciento, en tanto que los salarios tan sólo crecieron 4 por ciento; es decir, los alimentos aumentaron 7 veces por encima de los salarios.

Advirtió a los ciudadanos de Puebla que “el gobierno del presidente pelele tiene la intención de promover una reforma energética, que no es otra cosa que la entrega del petróleo al capital privado extranjero. Luego de que Calderón cumplió al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario Internacional para concretar las reformas a la Ley del ISSSTE y en materia fiscal, ahora los organismos financieros internacionales quieren que México entregue un patrimonio propiedad de la nación a empresas multinacionales”, aseveró.

Acompañado por los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales, convocó a los habitantes de Puebla a formar parte de la red de representantes del gobierno legítimo de México y anunció que el próximo 4 de noviembre se realizará una asamblea general en el Zócalo de la capital poblana, en donde se hará un balance de la actual situación que prevalece en el estado y en particular de la gestión del llamado “gober precioso”, Mario Marín.

También dio a conocer que la asamblea de la Convención Nacional Democrática se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, dos días antes de conmemorarse un aniversario más del inicio de la Revolución mexicana. En esa fecha, dijo, se presentará un balance de lo que sucede actualmente en el país y se tomarán decisiones importantes con la intención de seguir protegiendo al pueblo y defendiendo el patrimonio de la nación.

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PROPONE EL DIPUTADO ALMAZÁN VOLVER A NACIONALIZAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA

El pasado 3 de septiembre, cercano un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica, medida que adoptó el gobierno de Adolfo López Mateos hace 47 años, el diputado federal José Antonio Almazán —quien llegó a dicho puesto de elección popular en representación del Sindicato Mexicano de Electricistas tras una alianza con el Partido de la Revolución Democrática— presentó al Poder Legislativo una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta iniciativa legislativa busca “el restablecimiento de la legalidad constitucional en materia eléctrica, derogando todas las reformas en las leyes secundarias que contravienen lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y, al ya no ser necesario otorgar permisos de generación a particulares, eliminar las facultades que sobre esta materia posee la Comisión Reguladora de la Energía”.

José Antonio Almazán ha señalado al fundamentar su propuesta: “La reforma que propongo a esta soberanía parte de la misma perspectiva histórica, de recuperar y fortalecer la soberanía nacional en materia energética, que en 1960 llevó al gobierno del presidente Adolfo López Mateos a adquirir la casi totalidad de los bienes de las dos grandes empresas eléctricas extranjeras que en ese momento operaban y que en octubre de ese año eleva a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en México. Las razones aducidas fueron semejantes a las de la nacionalización del petróleo, reconociendo el papel expoliador y ajeno al desarrollo económico independiente que la Nación mexicana demandaba y al papel injerencista que las dos poderosas empresas eléctricas asumían en la vida interna de México. Al igual que en el caso de la nacionalización del petróleo, la razón para elevar a rango constitucional la nacionalización eléctrica fue con el propósito de cerrar el paso a cualquier tentación de que en el futuro regresaran las empresas privadas”.

¿Por qué plantear un proceso de “renacionalización” para la industria eléctrica, que fue nacionalizada hace 47 años? En la exposición de motivos de su iniciativa de ley, Almazán da 12 elementos a considerar:

1. La Nación sufre una acelerada pérdida de exclusividad en la generación de electricidad para el servicio público, al estarse realizando una privatización furtiva, y el Estado pierde rectoría en la planeación y conducción de la industria eléctrica en favor de un puñado de empresas trasnacionales. Hasta ahora se han otorgado 639 permisos de generación de electricidad (cifra de la Comisión Reguladora de Energía a junio del 2007), 21 de ellos bajo la figura, contraria a la constitución, de Productor Independiente de Energía, 20 de los cuales están en operación y generan el 27 por ciento de la energía que consume el servicio público, si se incluyen los proyectos en operación de autoabastecimiento y cogeneración, obtenemos que los particulares generan aproximadamente el 30 por ciento de energía eléctrica, dentro de las cuales están incluidas las ilegales sociedades de autoabastecimiento y cogeneración.

2. El abasto eléctrico está dejando de ser considerado un “servicio público” para convertirse en una “mercancía”, que solo será disponible para aquellos sectores de la población que puedan pagarla y sujeta a la voraz especulación de las empresas privadas que no tienen otra motivación que el lucro para la prestación del servicio. De continuar esta tendencia se producirá una importante afectación al consumo doméstico y a las pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad, que se convertirá en traba del desarrollo social y nacional, cancelando toda expectativa para un futuro con libertad, justicia y democracia.

3. El desmedido incremento en las tarifas eléctricas, y que tantas y tan justificadas protestas ha desatado a lo largo y ancho del país en los últimos años, esta totalmente relacionado con los dos puntos anteriores. Para asegurar la pronta recuperación de su inversión, los inversionistas privados recurren a la generación a base de plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural como materia prima. Durante los últimos tres sexenios se ha privilegiado el uso de gas natural como energético primario, esta decisión estratégica ha llevado a que ahora dependamos de un combustible –importado– que ha triplicado su precio en este periodo.

4. La Comisión Federal de Electricidad, sometida por el gobierno federal a los intereses de las empresas generadoras, está obligada a pagarles un cargo fijo, independientemente de que se adquiera o no la energía, y por lo tanto de adquirir grandes volúmenes de esa energía para lograr un precio promedio del kilowatt/hora comparable con el costo de sus plantas de generación para así justificar su adquisición. Lo anterior, da como resultado que las plantas de Comisión operen a bajos factores de carga o, incluso, se mantengan en reserva, lo que ocasiona incrementos en los costos operativos y en las tarifas.

5. Actualmente el margen de reserva con que opera el sector eléctrico público es del 48 por ciento (diferencia entre la capacidad de generación eléctrica instalada y la demanda máxima), reconocido en los informes del sector, cuando el recomendado por la propia Secretaría de Energía es de 27 por ciento; ello significa que tenemos una alta inversión innecesaria, ociosa, que genera altos intereses que se transfieren a los costos de las tarifas. Es por esta misma razón que CFE esta cerrando plantas de generación, que aún están lejos de terminar su vida útil y que utilizan diversos tipos de combustibles, en general, más baratos.

6. La expedición –por parte de la administración de Vicente Fox– del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 2002, mediante el cual se reduce el subsidio para los usuarios domésticos, también contribuyó a elevar la facturación eléctrica con grave afectación a las economías familiares y con mayor severidad para los habitantes de climas extremosos.

7. El hecho de que el precio del Kilowatt-hora en México, en algunos servicios y en algunas regiones, sea ahora más caro que en los Estados Unidos es una clara demostración de lo absurdo e irracional de la política económica neoliberal. Reducir el monto de las tarifas de energía eléctrica no solo es posible sino que es una apremiante necesidad para los consumidores domésticos y para impulsar el desarrollo económico nacional. Los medios para lograr este objetivo son técnicamente racionales y económicamente factibles: terminar con la irresponsable explotación de nuestro petróleo en aras de mantener una política fiscal solo benéfica para un puñado de multimillonarios nacionales y extranjeros, impulsar la construcción de refinerías energéticas, sustituir las plantas de generación a base de gas por las de combustóleo, asignar a este energético un precio preferente y no de mercado y, finalmente, reestructurar las tarifas asignando un precio mayor para aquellos que obtienen un beneficio con su consumo y una tarifa social para las familias de escasos recursos. Reducir el precio de las tarifas eléctricas no requiere más que de voluntad política y de un elemental sentido nacionalista y de equidad social.

8. El papel desempeñado por las empresas privadas de generación, en relación a CFE, es altamente parasitario, crecen y se consolidan a su costa. Cada día se anuncian nuevos contratos de abastecimiento con los grandes consumidores particulares, que aportan aproximadamente el 60 por ciento de las utilidades, utilizando además las líneas de transmisión y distribución de CFE y de Luz y Fuerza del Centro, pagando ridículos precios por el porteo.

9. Con la clara intención de aparentar una desastrosa crisis financiera en las empresas eléctricas (CFE y Luz y Fuerza del Centro), sin que exista causa o motivo real, los diferentes gobiernos neoliberales han combinado un saqueo fiscal en contra de estas empresas, con absurdos criterios contables que hacen recaer en los libros de estas empresas el costo de los subsidios y reducen al mínimo los rubros destinados a su inversión y modernización. Provocando así una grave reducción en su eficiencia, en su capacidad para atender contingencias y poniendo en riesgo la seguridad de sus trabajadores.

10. Esa asfixia financiera ha obligado tanto a PEMEX como a CFE a recurrir al esquema de financiamiento denominado Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto Público (Pidiregas). Propuestos por la administración de Ernesto Zedillo y aprobados por el Congreso de la Unión en 1995, los Pidiregas constituyen otro engendro neoliberal que tiene por objeto abrir las puertas del sector energético al capital privado, disfrazar deuda pública en deuda de PEMEX y de CFE, y ahora (cuando su monto alcanza un billón 956 mil 560.3 millones de pesos y que crece sin cesar), contar con un argumento adicional para justificar la privatización de estas empresas. La pesada carga financiera que ahora representan los Pidiregas es un asunto que debe ser resuelto por el Congreso de la Unión cuanto antes. Lo mismo que la realización de una Auditoria que investigue posibles malos manejos, sobre todo en lo relacionado con desvío de recursos y de beneficios ilegales a monopolios extranjeros.

11. El gobierno mexicano al permitir la instalación de plantas de generación y regasificación en la frontera norte, para su exportación al sur de los Estados Unidos, que por cierto no cumplen con las normas ambientales de ese país, pone en grave riesgo el equilibrio ecológico de nuestro territorio y también nuestra soberanía. La sola existencia de dichas plantas, propiedad de empresas norteamericanas, las convierte en “asunto de seguridad interna” para el gobierno de los Estados Unidos, y serán causa y motivo para una mayor injerencia de este país en nuestros asuntos internos.

12. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 17 de diciembre de 1992, aún antes de aprobar las contrarreformas a la LSPEE de diciembre de ese mismo año, ya contemplaba en el Capítulo VI titulado “Energía y petroquímica básica” anexo 602.3, la participación del capital privado, nacional y extranjero, en la generación de electricidad, iniciándose así una creciente subordinación de los subsecuentes gobiernos mexicanos a los dictados de Estados Unidos en materia energética y de acuerdos celebrados a espaldas del congreso y del pueblo mexicano. El caso del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, también conocido como TLC plus), es aún peor, contempla la completa integración de los recursos energéticos de los tres países firmantes (México, Canadá y Estados Unidos) y bajo control de los monopolios privados de la electricidad y el petróleo. Estos acuerdos, repetimos, son inmorales e ilegítimos, violentan y pisotean la Constitución, las facultades del Congreso de la Unión y, sobre todo, se realizan sin el conocimiento y la aprobación del pueblo de México.

El documento completo presentado por José Antonio Almazán puede consultarse en: http://prdleg.diputados.gob.mx/diputado/jose_antonio_almazan/intervenciones/ver2659.html

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“La crisis de legitimidad no se resolverá con un pacto en la cúpula si se excluye la participación social de millones de personas": Rosario Ibarra

Ciudad de México, 26 de septiembre de 2007

Servicio informativo núm. 205

Sumario:

I. “La crisis de legitimidad no se resolverá con un pacto en la cúpula si se excluye la participación social de millones de personas que están exigiendo ser tomadas en cuenta y respetadas”: Rosario Ibarra

II. En vísperas del 47 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, convoca el diputado José Antonio Almazán a la defensa del patrimonio nacional energético

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“LA CRISIS DE LEGITIMIDAD NO SE RESOLVERÁ CON UN PACTO EN LA CÚPULA SI SE EXCLUYE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MILLONES DE PERSONAS QUE ESTÁN EXIGIENDO SER TOMADAS EN CUENTA Y RESPETADAS”: ROSARIO IBARRA

En el marco de los trabajos legislativos de análisis del informe presentado por el Poder Ejecutivo sobre el estado que guarda la nación, el día de ayer correspondió a Francisco Ramírez Acuña, responsable de la Secretaría de Gobernación del gobierno de facto de Felipe Calderón, asistir ante los legisladores. Ahí, entre otras voces escuchó la de la senadora de la República, Rosario Ibarra de Piedra, cuyo discurso reproducimos a continuación.

La discusión y evaluación de un informe de gobierno debería ser un ejercicio democrático comprometido con la transparencia y el rendimiento de cuentas, así como el marco para la crítica, el señalamiento de errores y los caminos para corregir el rumbo. Durante años se fue transformando en un rito de exaltación de la figura presidencial y de los “grandes logros”.

En esta ocasión, sin embargo, no puede hacerse una discusión y valoración en abstracto de un informe escrito entregado para cumplir una “obligación constitucional”. Lo que aparentemente sería el ejercicio de un derecho democrático de discusión y balance de lo realizado se convertiría en su opuesto si no se abordara el contexto, las circunstancias en que se llega a este informe de gobierno. Quedarse en la valoración de lo que se informa olvidando cómo se llega a este informe sería solapar y eludir el fondo del problema: la falta de legitimidad de un gobierno que existe de hecho.

Juzgar la política interior y exterior del gobierno no puede separarse del problema de origen y de la contradicción existente.

No es cierto que una falta de legitimidad de origen se supera con el ejercicio de la práctica. El origen marca toda la evolución y se arrastra la crisis todo el camino. El problema es la crisis política que implica hoy el ejercicio del poder que no puede resolverse pretendiendo olvidarlo, ponerlo debajo del tapete, negarlo y supuestamente haciendo política “realista”. Ese “realismo” es aceptar lo injustificable y es un “realismo” utópico porque así no se superará la crisis.

Por eso es que hoy sería limitativo hacer simplemente un ejercicio de evaluación y comparación entre lo prometido y lo alcanzado, aun cuando incluso en ese terreno se pudieran hacer graves señalamientos. Como un ejemplo, solamente hay que recordar aquella oferta de convertirse en el “presidente del empleo” y la realidad actual del galopante desempleo. El balance de la administración está marcado por la búsqueda del reconocimiento y la legitimidad que socialmente no ha conseguido.

En esa desesperada búsqueda de legitimidad se ha escogido un peligroso camino. El camino que lleva a depender de las fuerzas armadas. Con la excusa del “combate al narcotráfico” se ha abierto un proceso de militarización en el país que tiene más bien un objetivo político de control, amedrentamiento y desarticulación de la crítica y la protesta social: Acostumbrar a la sociedad a la presencia militar y pretender convencer de que más allá de las críticas sobre un gobierno políticamente débil, se tiene un gobierno fuerte y de mano dura que debe ser aceptado de hecho. Como si no bastara con la militarización del país se acompaña el proceso con iniciativas como las que el gobierno ha enviado, en lo que se conoce como reforma judicial, que pretende legalizar lo ilegal para criminalizar la protesta social.

La militarización del país es volver a un camino ya conocido de usar a las fuerzas armadas para los objetivos y necesidades políticas del régimen en turno. A una semana del 2 de octubre, cuando se cumplen 39 años de Tlatelolco, tienen ustedes la evidencia del triunfo de la memoria. Se equivocan quienes piensan que con el tiempo y la práctica de gobierno se olvidan los crímenes y los delitos de origen. Y usar al ejército para los objetivos políticos del régimen y para imponer una legitimidad y reconocimiento de hecho tarde o temprano arrastrará a toda la institución a mayor desprestigio. Abrir “la guerra al narcotráfico” usando simplemente al ejército ya muestra sus contradicciones y desgaste para el propio ejército. Usarlo en función de intereses políticos y como sustituto de la falta de legitimidad, será peor.

Porque la militarización está implicando también estimular y solapar la violación de derechos humanos como una política de control, amedrentamiento, represión y desmoralización de las luchas sociales. No se trata de algunos excesos personales u ocasionales de algunos militares como quisiera entenderlo una parte de las recomendaciones del Presidente de la CNDH. Se trata de una política de contrainsurgencia por lo que los casos de violaciones a derechos humanos y de solapamiento cuando estos ocurren a manos de militares se repiten peligrosamente.

Hay una constante en el trato a hombres y mujeres presos en Atenco o en Oaxaca o en los casos de Castaños, de Sinaloa o el de Zongolica con la señora Ernestina Ascensio en que el propio “titular del Ejecutivo” ejerce como forense para dar la línea de protección a la imagen de los soldados involucrados en el caso. Una línea que, por cierto, es seguida puntualmente por el Presidente de la CNDH que, aunque ahora recomiende el retiro paulatino del ejército, con su falta de autonomía y su subordinación a los intereses políticos dominantes, ha evidenciado la crisis de esa institución; una crisis similar a la de la otra institución representada por el IFE de Ugalde. El fondo del problema es el mismo: la falta de legitimidad que marca todo. En el caso de la CNDH porque la falta de autonomía y su subordinación política hacen evidente su falta de legitimidad, de credibilidad y autoridad moral y política.

Es cierto, sin embargo, que la falta de legitimidad no responde simplemente a las ambiciones personales de una figura gris que se disfraza a sí mismo y a sus hijos con símbolos del poder, olvidando que el hábito no hace al monje. Más allá de ambiciones personales responde a la obsesión por imponer una política y programa neoliberales que benefician a un pequeño grupo social y hunde a la mayor parte del pueblo en la miseria. El objetivo real es ese programa como lo ha mostrado este gobierno en estos primeros 9 meses con ejemplos terribles como la reforma al ISSSTE que arranca conquistas históricas de los trabajadores y continúa la dinámica de privatizaciones que obsesiva y dogmáticamente se quieren imponer. Es la misma dinámica que se quisiera completar en el terreno energético y en la reforma laboral. Es consecuencia de esa política también el aumento a precios de productos básicos como la tortilla y la nueva alza que se abre con el precio de la gasolina y la reforma fiscal.

Esa política tiene también su vínculo con la política exterior, que pretende alinear a México con la política hegemónica en el gobierno de Estados Unidos. No es solamente ya el alineamiento que vimos en el sexenio pasado obsesionado con la confrontación, a punto de ruptura de relaciones con Cuba o Venezuela, sino también en aspectos que tienen más claramente implicaciones para la política interior como es el acuerdo hacia el ASPAN, la intención de una suerte de Plan Colombia para México y por tanto reformas legales ya aprobadas como la ley contra el terrorismo y las que se pretenden para autorizar cateos, intercepciones telefónicas y otras acciones policíacas que echan atrás derechos conquistados y reconocidos constitucionalmente. Estas reformas van en consonancia también con las que en Estados Unidos se han venido imponiendo en la ola patriotera y xenofóbica desatada después del 11 de septiembre y que tienen en el Plan Patriot la punta de lanza de los ataques contra los derechos humanos. Nuestra oposición a estas reformas y políticas es también oposición a una política de subordinación a esos intereses extranjeros.

Pero si el fondo de estos problemas evidenciados y exacerbados en estos 9 meses tienen su origen en el gobierno y el problema de la legitimidad, no es posible quedarse como ante un Muro de Lamentaciones. Algunas voces nos llaman a ser “realistas”, a enfrentar la crisis logrando conquistas democráticas y populares por medio de la negociación y el pacto con el poder que, como sea, existe. En realidad no es un llamado a ser realistas, sino es un llamado a capitular, a rendirse. Pero además no es realista porque la crisis de legitimidad no se resolverá con un pacto en la cúpula si se excluye la participación social que en millones de personas están exigiendo ser tomados en cuenta y respetados. Respetadas su opiniones y sus votos. Es un ascenso en el protagonismo social que no puede hacerse retroceder con un pacto en la cúpula. Porque no es que nos neguemos a la política, al diálogo y discusión y los acuerdos. Precisamente defendemos y reivindicamos métodos democráticos como la consulta popular y el voto y exigimos que esos derechos sean respetados. Entonces no es a nosotros a quienes pueden acusarnos de no respetar los métodos democráticos. El problema es que el pacto, la negociación, en la que pueden obtenerse concesiones o conquistas democráticas —recién lo vimos con la reforma electoral y la relación con los medios electrónicos— es prácticamente a cambio del abandono del reclamo original de respeto a reglas democráticas para las decisiones del pueblo, del electorado. Por eso reformas electorales y otras, aunque contengan aspectos positivos, progresivos o democráticos, serán limitadas mientras no resolvamos el problema de origen.

Y si el año pasado no se quiso volver a contar los votos, entonces hay que pensar una vía de solución que regrese el protagonismo a la sociedad y que no se atrinchere en medidas de fuerza para apagar o hacer olvidar el reclamo. Desde el movimiento, por ejemplo, surgen propuestas en esa dirección como es la de un referéndum presidencial que no está contemplado legalmente en la actualidad, pero que sería una medida audaz para apelar nuevamente a la sociedad a resolver el problema. O ¿cuánto tiempo creen que podrá mantenerse la crisis, la confrontación, el encono? Se equivocan quienes piensen que con el tiempo y un poquito el pueblo olvidará. Tarde o temprano o en forma periódica la crisis reaparece. Hace 39 años el régimen pensó que el control de los medios de comunicación le aseguraba dar la vuelta a la hoja y durante 39 años el grito de “2 de octubre no se olvida” fue imponiéndose, rescatando la memoria y exigiendo la verdad. Hoy también los medios y los políticos “realistas” apuestan al olvido. Es una apuesta equivocada.

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EN VÍSPERAS DEL 47 ANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, CONVOCA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL ENERGÉTICO

Advierte sobre los avances legislativos para la privatización en marcha de Pemex y CFE

El siguiente es un texto que el diputado José Antonio Almazán González, representante del Sindicato Mexicano de Electricistas y miembro del Frente Amplio progresista ha circulado con fecha 21 de septiembre de 2007. En él, da cuenta de lo que los diputados panistas y priistas preparan en los entretelones de los debates legislativos para avanzar en la privatización de la industria petrolera y de la industria eléctrica.

A raíz de la aprobación de la reforma fiscal y electoral, Calderón, el PAN y sus aliados del PRI (no todos), consideran que cuentan no sólo con los 2/3 de los votos de los diputados, sino también con el capital político suficiente y calculan que ha llegado la hora de las reformas estructurales, comenzando por la energética.

No les ha bastado que la privatización de facto, por la vía de permisos inconstitucionales en generación, autoabastecimiento y otros (656 permisos otorgados hasta julio de 2007); le otorga ya al capital privado la propiedad y el control de aproximadamente 30% de la capacidad de generación a nivel nacional. Tampoco se conforman con licitaciones y contratos de riesgo inconstitucionales que siguen entregando nuestros hidrocarburos y la infraestructura petrolera a las empresas trasnacionales. Quieren la certeza jurídica en el texto constitucional para legalizar lo ilegal, para cumplir debidamente las instrucciones del Banco Mundial y calmar las preocupaciones de las empresas trasnacionales, pues saben bien que la venta del patrimonio nacional energético puede ser revertida en juicios jurídico-constitucionales.

Mientras tanto, Calderón y su corte de vendepatrias que se pasean en el recinto legislativo de San Lázaro avanzan de manera acelerada en la privatización de facto, como puede leerse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 (PEF). Independientemente de la aspirina de los 30 mil millones de pesos a las finanzas de Pemex, el PEF está orientado a impulsar la privatización a partir de hechos consumados. El mecanismo favorito sigue siendo la llamada inversión financiada, que permite la participación del capital privado, fundamentalmente trasnacional, en la obra pública de Pemex y CFE, que para el 2008 ascenderá a 1 billón, 969 millones de pesos. Este tipo de inversión privada en el sector de energía, conocido como “Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto” (Pidiregas), alcanzó en 2007 la suma de 2 billones 324 mil millones de pesos (capital más intereses), representando un riesgo enorme para las finanzas públicas. Tan sólo en el 2007 se pagarán con cargo al PEF 102,029 millones de pesos en intereses.

En cambio, para las empresas públicas energéticas, el PEF considera cantidades ridículas frente a los montos destinados a la inversión privada. A Pemex le asignan 72,260 millones de pesos en inversión física y se le sigue condenando a una sangría brutal por la vía de impuestos directos e indirectos, que en el 2006 sumaron 582,855 millones de pesos (un 55% del total de sus ingresos). A CFE le asignan 28,695 millones y se le obliga a depender de la inversión privada a través de los Productores Independientes de Energía, y a Luz y Fuerza del Centro, pese a las denuncias del Sindicato Mexicano de Electricistas en cuanto al riesgo inminente de un colapso eléctrico en la región central del país por falta de inversión productiva, le asignan 1,972 millones de pesos, condenándola prácticamente a la muerte por inanición.

Frente a este sombrío panorama energético, las declaraciones de Calderón de que no privatizarán Pemex, CFE y a Luz y Fuerza del Centro son sólo demagogia pura, para distraer a la opinión pública, mientras en los pasillos del Poder Legislativo continúan los cabildeos para amarrar la contrarreforma al artículo 27 constitucional.

No es de extrañar entonces que la nacionalización de la industria eléctrica haya sido borrada del calendario cívico oficial. Poco les importa a los neoliberales la conmemoración de la fecha en que la nación mexicana recuperó el dominio exclusivo en la prestación del servicio público de la energía eléctrica, que durante 57 años estuvo en manos de empresas eléctricas extranjeras. Para los émulos de Santa Anna, la celebración del 47 aniversario del acto nacionalizador eléctrico es un hecho que contradice en su esencia la desnacionalización y venta del patrimonio nacional energético que han venido impulsando a partir de 1992, en que Salinas de Gortari, en los marcos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, abrió las puertas al capital privado en el sector eléctrico nacional. Por el contrario, para la mayoría del pueblo mexicano, este 27 de septiembre, además de festejo nacionalizador, constituye la ocasión propicia para un Pacto Nacional, con todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales, de hombres y mujeres, conscientes de que la Patria no se vende, en defensa del patrimonio nacional energético y en rechazo rotundo a la privatización.

Palacio Legislativo, a 21 de septiembre de 2007

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Vamos hacia delante, vamos a trabajar en la organización y, más temprano que tarde, va a triunfar nuestro movimiento: AMLO

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2007

Servicio informativo núm. 204

Sumario:

I. Vamos hacia delante, vamos a trabajar en la organización y, más temprano que tarde, va a triunfar nuestro movimiento: AMLO.

II. Continuará esta semana López Obrador recorridos por municipios de Puebla.

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VAMOS HACIA DELANTE, VAMOS A TRABAJAR EN LA ORGANIZACIÓN Y, MÁS TEMPRANO QUE TARDE, VA A TRIUNFAR NUESTRO MOVIMIENTO: AMLO

Critica López Obrador la insensibilidad social del gobierno usurpador que se refleja en los aumentos a la gasolina y al diesel

Como cada martes a la 1 de la mañana, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió un mensaje a los mexicanos desde uno de los pocos espacios que se ha logrado construir para este fin: el programa de televisión “La verdad sea dicha”, que con el esfuerzo de muchos donantes es pagado a Televisión Azteca para que se transmita por el Canal 13 y sus repetidoras en todo el país.

Esta vez, López Obrador insistió en que, a pesar de los golpes a la economía de los más pobres que significa el alza a la gasolina y la previsible escalada de precios, ele camino del movimiento lopezobradorista debe ser el de seguir avanzando en la organización para, más temprano que tarde, triunfar.

He aquí sus palabras televisivas, recuperadas en versión escrita por el servicio de noticias ISA para que alcancen una mayor difusión.

Acaban de aprobar la reforma de Calderón o, mejor dicho, la reforma del Fondo Monetario Internacional impulsada por el pelele de Calderón, y avalada por el PRI y por el PAN en la Cámara de Diputados.

¿Qué significa esta reforma fiscal? Vamos a repetir: aumentar impuestos a todo el sector productivo de México, algo que es totalmente incongruente, porque si hay algo que hay que apoyar en esta circunstancia de estancamiento económico, es precisamente al sector productivo, y es un contrasentido, por decir lo menos, el aumentar los impuestos cuando lo que necesitamos es incrementar la actividad productiva y, sobre todo, crear empleos.

Si se aumentan los impuestos, ni va a haber crecimiento de la economía, ni se van a generar empleos. Pero esto no les importa a los del Fondo Monetario Internacional ni le importa al gobierno usurpador ni al espurio de Felipe Calderón; ellos, con tal de proteger la política económica y, sobre todo, de estar privilegiando la especulación financiera, con eso es más que suficiente.

Pero hay algo muy grave en todo esto. La insensibilidad, el desprecio hacia la gente, y sobre todo el desprecio hacia la gente humilde, hacia la gente pobre, el no tocarse el corazón, el no entender que hay mucha gente que no tiene ingresos ni siquiera para lo más indispensable; que el que logra tener trabajo, el salario no le alcanza; que con estos aumentos que están desatando, porque al aumentar la gasolina y al aumentar el diesel va aumentar todo, la gente va a padecer más para poder juntar el dinero que se requiere para el pasaje, el dinero que se requiere para curarse, el dinero que se requiere para comer. Eso no les importa a estos usurpadores insensatos.

Esto es lo que estamos padeciendo, lo que estamos viviendo; me duele decir que teníamos la razón. ¿Qué es lo que nos queda? Y vuelvo a repetir también. Seguirnos organizando. Vamos a darnos prisa, vamos a organizarnos, que no se apague la llama de la esperanza, vamos a transformar al país. Sí se puede. Vamos a lograr la transformación de México.

Han intentado destruirnos políticamente; eso también lo informo, porque es alentador: no han podido. Llevan, bueno, mucho tiempo, pero en esta nueva etapa un año atacándonos en todos los medios de comunicación: el gobierno usurpador, el pelele de Calderón, los verdaderos dueños de la franquicia del PAN y del PRI, quieren acabar con nuestro movimiento, pero no han podido. A mí me da mucho gusto, mucha satisfacción, por eso estoy muy optimista, que hay millones de mexicanos, mujeres hombres, concientes y dispuestos a seguir adelante. Yo sé cómo se sienten con todos estos aumentos, con la aprobación de la reforma fiscal, sé que la gente está molesta, pero, aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría. Vamos hacia delante, vamos a trabajar en la organización y, más temprano que tarde, va a triunfar nuestro movimiento. Se los aseguro.

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CONTINUARÁ ESTA SEMANA LÓPEZ OBRADOR RECORRIDOS POR MUNICIPIOS DE PUEBLA

En la que representará su gira número 43 en lo que va de este año, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, visitará por segunda semana consecutiva suelo poblano, al programar la visita a 26 municipios del estado de Puebla entre el jueves 27 y el domingo 30 de septiembre de 2007.

El siguiente es su itinerario de mítines para esta semana.

Jueves 27 de septiembre

11:00 horas. Mitin en Palmar de Bravo

12:20 horas. Mitin en Yehualtepec

13:25 horas. Mitin en Tlacotepec de Benito Juárez

16:00 horas. Mitin en Xochitlán de Todos los Santos

17:20 horas. Mitin en Tepanco de López

18:30 horas. Mitin en Tehuacán

Viernes 28 de septiembre

11:00 horas. Mitin en Caltepec

12:35 horas. Mitin en Zapotitlán Salinas

14:10 horas. Mitin en San Antonio Cañada

16:30 horas. Mitin en San Gabriel Chilac

17:25 horas. Mitin en Atepexi

18:30 horas. Mitin en Ajalpan

Sábado 29 de septiembre

10:30 horas. Mitin en Tlacotepec de Díaz

11:40 horas. Mitin en Eloxochitlán

13:00 horas. Mitin en Zoquitlán

14:10 horas. Mitin en Santa María Coyomeapan

16:20 horas. Mitin en Coxcatlán

17:40 horas. Mitin en San José Miahuatlán

18:40 horas. Mitin en San Sebastián Zinacatepec

Domingo 30 de septiembre

10:00 horas Mitin en Santiago Miahuatlán

11:00 horas Mitin en Chapulco

12:20 horas Mitin en Santa María del Monte

13:25 horas Mitin en Nicolás Bravo

14:30 horas Mitin en Cañada Morelos

16:35 horas Mitin en Esperanza

17:35 horas Mitin en Atzizintla

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Las voces legítimas

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2007

Servicio informativo núm. 203

LAS VOCES LEGÍTIMAS

Cuatro voces legítimas hemos escogido dentro de la gran cantidad de interesantes artículos de opinión que, por limitaciones de espacio, debemos dejar sólo leídos pero no difundidos mediante el servicio de noticias ISA.

De las cuatro elegidas, dos retoman el tema de la reforma constitucional en materia electoral: Luis Linares, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México, destaca el retrato de familia de quienes recientemente se enfrentaron al Poder Legislativo para obstruir la citada reforma y el de quienes hace un año unieron también fuerzas para frenar la llegada a la presidencia de López Obrador; son los mismos: delincuentes electorales es el nombre del retrato. Por su parte, Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas, polemiza con Jesús Silva Herzog-Márquez y subraya lo que de reconocimiento implícito del fraude tiene la reforma electoral que ahora ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Por su parte, Rogelio Ramírez de la O., asesor en materia económica del gobierno legítimo, y Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública lopezobradorista, abordan la otra reforma legislativa en proceso: la fiscal. El primero cuestiona una reforma fiscal que no aporta al crecimiento económico, como quienes sus propios creadores lo reconocen. El segundo coincide también en la inomerancia de la reforma, augurando la cascada de amparos que provocará uno de sus pilares: el impuesto empresarial de tasa única (IETU).

Aquí sus voces, resumidas bajo la responsabilidad del servicio de noticias ISA.

Luis Linares Zapata. Delincuentes electorales (La Jornada). En cadena nacional, se reunieron en la sede de la CIRT buena parte de los delincuentes electorales de la contienda por la Presidencia de la República. Se veían decididos a escenificar una más de sus tropelías, difundidas por los medios a su cabal y díscolo servicio. Pretendió ser masiva demostración de poderío, de los mismos que incidieron, de manera gandalla e ilegal, en contra del entonces candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, en la intentona de restarle oportunidades de triunfo.

No lograron su cometido, AMLO fue el vencedor en las trastocadas urnas. Así lo atestiguan crecientes conjuntos de mexicanos, muchos más de los que por él votaron el 2 de julio de 2006, a pesar de los miedos difundidos, de las mentiras que se apadrinaron desde oficinas de potentados, de los cuantiosos recursos comprometidos, de la histeria colectiva que despertaron entre gruesas capas de la población, sobre todo entre ésas que usualmente responden a sus desplantes y llamados de clase. Lo que sí ocasionaron con su alevosa intervención fue dar contenido, veracidad, denso cuerpo, al fraude electoral. Fenómeno crucial en la historia reciente del país que ahora se expresa de varias formas, algunas a manera de trágicas consecuencias para la vida organizada de México y donde la ruptura, la desunión entre los mexicanos es sólo una de sus derivadas.

Ahí se encontraban el Consejo Coordinador Empresarial, como el personero del más concentrado organismo cupular, el Consejo de Hombres de Negocios, que se sienten y han sido señalados como dueños de México S.A. Les seguía una lista adicional de actores de reparto: la Confederación de Cámaras Industriales y la CIRT en pleno.

Los concesionarios y sus comparsas darán sucesivas patadas de ahogado. Han amenazado con influir en gobernadores con ellos contratados en la creación de imágenes para alentar ambiciones de liderazgos y futuras candidaturas. No prosperará su embestida. Se estrellarán con lo que llaman la partidocracia, en realidad muestra tibia, aunque decorosa, de soberanía. Al menos ésa que resta al Congreso.

Una reciente versión, propalada por un grupo de comunicadores e intelectuales con acceso irrestricto a los medios electrónicos, habla de los efectos perniciosos que pueden tener algunas reformas constitucionales aprobadas. En especial la que deja al albedrío de los consejeros del IFE la interpretación de lo que será catalogado como guerra sucia. ¡Es una bomba!, exclaman. Dejar en la capacidad de nueve consejeros la potestad de decidir entre lo que debe ser prohibido o lo que será permitido difundir en las campañas electorales es peligroso. Nada se ha dicho de esa forma atrabiliaria de libertad que ejercieron otros cuantos poderosos en contra de muchos millones de electores, dejados al arbitrio de autoridades medrosas, cómplices, que dejaron pasar los ataques arteros y mentirosos contra su coco preferido: AMLO. La censura reglamentada versus el libertinaje de partidos, asesores de campañas sucias y candidatos que aspiran a triunfar al estilo y ética del famoso “haiga sido como haiga sido”.

Las reformas aprobadas y en vías de ser concretadas adolecen de varias cortedades. Unas porque dejaron fuera muchas peticiones de mejoras, otras porque la mejor legislación se estrella contra la voluntad de los que operan las campañas, contra los que interpretan la norma a su favor, contra los que, al final de la línea, desvían, apegados a intereses estrictamente personales, partidarios o de grupo, lo que dicta la mejor ley de los reformadores. La manera de prevenirse contra los futuros fraudes es impulsando la organización del electorado. Movilizar la energía ciudadana, darle cauce, entrenamiento, vigorizar su consciente disposición por llevar a los cargos públicos a sus efectivos representantes. Ese es el antídoto contra lo que ha sido una constante del poder en México: la violencia al voto, la falta de respeto a la voluntad popular, el usufructo de las oportunidades por unos cuantos y que dejan fuera a la mayoría.

José Agustín Ortiz Pinchetti. Dejar “atrás” el fraude (La Jornada). Contesto por este medio a Jesús Silva-Herzog Márquez, quien ha hecho público nuestro cambio de impresiones (confidencial) sobre la posición política de AMLO. Aclaro, jamás he pensado que Jesús tenga odio contra el tabasqueño por desequilibrio emocional. Creo que él tiene sus fobias y respeto su derecho a tenerlas y a cultivarlas. Me voy a concretar a dos temas: lo que él llama el gigantesco engaño sobre el fraude electoral de 2006 y mi crítica a los analistas políticos por sus juicios sobre AMLO, su movimiento y su relación con el PRD.

Por lo que toca al fraude, valdría la pena conocer la verdad partiendo de hechos conocidos, sin condenas apocalípticas. Nadie puede negar la maquinación fraudulenta de Fox y de un grupo oligárquico para impedir la candidatura de AMLO. La cadena de abusos y agresiones desde marzo de 2004 hasta el mismo día de la elección son hechos públicos notorios. El proceso violentó los principios de ley: imparcialidad, certeza, independencia y equidad. El Congreso lo ha reconocido implícitamente al volver a prohibir, ahora de manera más enfática, todos los actos fraudulentos que torcieron el proceso electoral. La destitución de Ugalde pone en evidencia que los partidos saben la verdad: este personaje es un personero de Elba Esther Gordillo; poder tras el trono en el IFE.

Por lo que toca a la jornada electoral, los indicios de anomalías son abrumadores y están documentados. A mí no me cuentan historias, fui observador en 18 procesos electorales reñidos. Y estuve en Puebla el 2 de julio de 2006. Por favor, Jesús, lee con mucho cuidado las conclusiones de la ímproba investigación de José Antonio Crespo.

¿Cómo afrontar la verdad de las elecciones de 2006? Se perdió una oportunidad de oro al negarse el recuento voto por voto. Cuando en la diligencia del Trife se descubrieron las irregularidades, el tribunal pudo ordenar la apertura de paquetes. No lo hizo. Hay el acuerdo de quemar las boletas. Debe impedirse. ¿De veras se quiere saber la verdad? ¿O prefieren olvidarse del fraude y de AMLO? Hay otra oportunidad de oro: una iniciativa de ley de Carlos Navarro, diputado sonorense del PRD, para crear una comisión investigadora. Reto públicamente a aquellos que creen que AMLO miente sobre el fraude, para que se integren en ella con expertos inobjetables de las distintas tendencias. La iniciativa no ha prosperado. Está esperando el olvido en la congeladora en la Cámara de Diputados.

Rogelio Ramírez de la O. Reforma fiscal sin crecimiento (El Universal). Un modelo económico que no genera suficientes ingresos siempre será inviable. Ese es el cuestionamiento que deben hacerse quienes hablan de que el “modelo” sí funciona.

Hay tres posibles explicaciones: 1) el crecimiento es muy bajo y el ingreso no alcanza para pagar muchos impuestos; 2) el ingreso está mal distribuido y el sistema fiscal no va a adonde está la mayor fuente de ingresos; 3) el gasto del gobierno es excesivo y cualquier ingreso siempre se quedaría corto.

En realidad las tres causas explican la insuficiencia de ingresos. Por ejemplo, sobre la tercera causa, en 2006 el ingreso petrolero presupuestal aportó 468 mil millones de pesos más que en 2000 (más de cuatro veces la reforma fiscal aprobada) y no por eso hubo grandes obras públicas.

Para escapar de la trampa presupuestal, el gobierno debe actuar sobre las tres causas; si no, sería como tener una mesa con sólo una pata. El hecho de que la carga fiscal sea baja con respecto al PIB no significa que sea viable aumentar impuestos. Si los contribuyentes perciben que el gasto es mal administrado, siempre se resistirán a pagar. En ese contexto, la ostentosa nueva propiedad del ex presidente Fox en su rancho de Guanajuato es la peor publicidad imaginable contra la reforma fiscal.

El sentimiento de justicia también es elemental. Si el gobierno ha insistido en reducir la tasa del Impuesto Sobre la Renta y aumentar los impuestos al consumo, es difícil reconciliar el éxito de las grandes empresas mexicanas en el mundo y de sus dueños con la recaudación del Impuesto Sobre la Renta habiendo disminuido con respecto al PIB.

Cuando esto ocurre, la insistencia oficial de gravar el consumo siempre será vista como un sesgo regresivo. Si el ingreso está mal distribuido porque un porcentaje muy bajo de la población tiene mucho ingreso y la mayoría tiene poco ingreso, gravar el consumo no va a aumentar de manera sostenible la recaudación. Primero, porque los que tienen mucho ingreso son pocos y su consumo nunca será proporcionalmente importante. Más aún, gran parte del mismo lo hacen en el exterior. En cambio, la mayoría nunca tendrá suficiente ingreso para consumir mucho. Por el contrario, buscará evadir el impuesto comprando lo que pueda en la economía subterránea.

Tiene que haber un balance entre impuestos al consumo y al ingreso. Pero el impuesto al ingreso debe resultar en cargas sobre las empresas que no estorben su crecimiento. La reforma recién aprobada se dirige a gravar a las empresas, pero va a estorbar el crecimiento. Un primer problema es su tasa única. Así como hay desigualdad de ingresos entre personas, hay desigualdad de ingresos entre empresas. Las empresas que enfrentan competencia tienen muy bajas tasas de utilidad, en tanto que los monopolios tienen muy altas utilidades. El IETU resultará alto para la mayoría de empresas que compiten y será bajo para los monopolios. Este impuesto va a fortalecer la actual estructura de los mercados, el dominio de los monopolios, debilitando al resto de empresas. Como estas empresas son más numerosas y son las mayores fuentes de empleo, entonces el IETU no va a ayudar al crecimiento ni al empleo.

El problema del gasto es mucho más apremiante que lo que generalmente se acepta, debido a su inercia. En primer lugar porque no guarda ninguna proporcionalidad con los ingresos y con el crecimiento, sino que crece independientemente. Más aún, como el gasto en gran medida existe por la decisión del gobierno, su nivel y trayectoria refleja mucho más que un problema administrativo. Refleja la simbiosis entre la política y el gasto.

Así parece comprobarse con los ejes fundamentales del gasto en salud, educación y desarrollo social, en los que la multiplicación de estructuras burocráticas regionales responde más a una motivación política que administrativa. Si la motivación política es la rectora del gasto, el modelo económico imperante que muchos creen que es de libre competencia y finanzas públicas sanas no tiene en realidad vigencia. La rectoría del gasto está divorciada de fundamentos económicos. Esto explicaría que ante la falta de ingresos el gobierno no haya dudado en golpear a las empresas y en especial a las que deberían ser la base genuina de su apoyo, es decir, la mayoría de ellas, con raíces regionales y alto empleo.

Mario Di Costanzo. El gasolinazo y la venganza de los contribuyentes (La Jornada). Mientras que en EU las autoridades financieras hacen esfuerzos para “palear” la crisis en la que ya están inmersos y la Reserva Federal redujo la tasa de interés en medio punto, y hasta el presidente Bush habla de no permitir que suban los impuestos, en nuestro país tanto el equipo de Calderón como los diputados prianistas se vanaglorian de los acuerdos obtenidos en materia fiscal que permitieron que se aprobara una serie de incrementos de impuestos para los contribuyentes.

Carstens y Calderón amenazan con aplicar el incremento a la gasolina desde octubre próximo, lo que le permitiría obtener una recaudación adicional de 623 mdp en lo que resta del año. Esto suena absurdo si consideramos los efectos que en los precios de prácticamente todos los artículos de consumo, particularmente los alimentos, tendrá un incremento en la gasolina y el diesel.

Resulta aberrante y negligente si a lo anterior añadimos que a julio de 2007 las finanzas públicas han registrado un superávit, es decir, más ingresos que gastos, superior en 127 mil mdp, es decir, a Carstens le habían quedado en las arcas nacionales hasta julio poco más de 12 mil mdd. Por ello, los contribuyentes y legisladores y hasta el propio Calderón deberían preguntarse ¿para qué, con tanto dinero en caja, se necesitan 623 mdp más?

Calderón y Carstens deben reflexionar, saben muy bien que los impuestos aplicados como dogma o capricho, como en el caso del IETU, pueden traer graves complicaciones. Los diputados fueron incapaces de eliminar el sesgo antiempleo que tiene este impuesto, ya que al final, en el IETU los salarios no serán deducibles, sólo será acreditable una pequeña parte del gasto de las empresas en salarios y prestaciones sociales.

Será muy difícil que el IETU aprobado la semana pasada por los diputados y senadores del PRIAN, genere los ingresos estimados, en virtud de que el impuesto es inconstitucional, por lo que generará un cúmulo de amparos que necesariamente la Corte tendrá que aceptar. Para corroborar lo anterior sólo basta señalar que la Constitución establece en su art. 31, la necesidad de que los ciudadanos contribuyan de manera proporcional y equitativa con los gastos públicos (impuestos). Conviene destacar que en materia tributaria, el concepto de “equidad” se refiere a que las personas o empresas con igual capacidad de pago (equidad horizontal) paguen lo mismo, mientras aquellas personas o empresas con mayores capacidades paguen o contribuyan con más (equidad vertical).

Un elemento adicional de inconstitucionalidad se observa al considerar que en el IETU se obliga a las empresas o personas a cubrir una tasa única sobre sus enajenaciones, prestación de servicios independientes y otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, menos algunas deducciones, esta situación provoca que la base impositiva (la base del impuesto) sea equivalente, si no es que igual a la del IVA. Esto quiere decir, que en realidad el IVA y el IETU son dos impuestos que tienen la misma “base”, por lo que la Suprema Corte de Justicia podría considerar al IETU como inconstitucional, puesto que la ley establece que dos impuestos no pueden tener la misma base.

El IETU tiene graves problemas de proporcionalidad, ya que al permitir la deducibilidad de prácticamente cualquier gasto en activos, como la inversión, o los inventarios, que se adquieran, serán las grandes empresas y los grandes grupos empresariales los que seguirán eludiendo una importante cantidad de impuestos. Provocará que las estrategias fiscales utilizadas por las grandes empresas para disminuir artificialmente su utilidad de operación continúen vigentes y en todo caso, sean las pequeñas y medianas empresas y las personas físicas con ingresos diferentes a salarios, las que aportarán la mayor parte de la recaudación proveniente del IETU, continuando con la inequidad del sistema tributario mexicano, por lo que también estas últimas podrán recurrir al amparo.

En el caso de las personas físicas que obtengan ingresos diferentes a salarios (honorarios o cualquier otro ingreso), serán las de los niveles intermedios, principalmente las que obtengan ingresos entre 10 mil y 35 mil pesos, las que mayor incremento tengan en su carga tributaria, lo que necesariamente atenta contra los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

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