domingo, 31 de agosto de 2008

Convoca López Obrador a dar el Grito de Independencia en el Zócalo el 15 de septiembre

Ciudad de México, 31 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 511

CONVOCA LÓPEZ OBRADOR A DAR EL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL ZÓCALO EL 15 DE SEPTIEMBRE

· Se pospone el anuncio del plan de acción en defensa del petróleo para no advertir al gobierno sobre las acciones que se realizarán
· Llama, no obstante, a brigadistas y pueblo en general a declararse en estado de alerta y estar atentos a los llamados a la acción

Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la Asamblea Informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, en el Monumento a la Revolución, el 31 de agosto de 2008

Amigas y amigos brigadistas de la Ciudad de México:

Nos volvemos a congregar para seguir defendiendo el petróleo y evitar que se convierta de lleno en un negocio privado para el lucro de una minoría rapaz de nacionales y extranjeros.

En los últimos tiempos este ha sido el tema central de nuestro movimiento: desde enero venimos celebrado asambleas informativas; se crearon los comités en toda la República para la defensa del petróleo; nos hemos organizado en brigadas; y con la resistencia civil pacífica, en el mes de abril, a finales del periodo ordinario de sesiones del Congreso, se logró impedir el madruguete que intentaban llevar a cabo las cúpulas del PRI y del PAN.

No debemos dejar de reconocer la participación tan importante que tuvieron en este proceso, las senadoras y senadores, diputadas y diputados de los tres partidos del Frente Amplio Progresista, que tomaron las tribunas y obligaron a detener la aprobación apresurada de las reformas entreguistas del usurpador Felipe Calderón.

También nuestro agradecimiento a quienes salieron a las calles para apoyar a nuestros legisladores, de manera especial, nuestro respeto y admiración a las mujeres brigadistas.

En la segunda etapa de la resistencia civil pacífica, iniciada en el mes de mayo, se consolida la organización: se llegó a 200 mil brigadistas, que se dedicaron, con mucho convencimiento, a transmitir información casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo, para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera. Vuelvo a recordar que se distribuyeron 368 mil copias de videos, 3 millones de volantes, 18 millones 500 mil folletos con artículos de análisis y reflexión y 19 millones 560 mil historietas. Todo el contenido de estos materiales y su elaboración estuvo a cargo de escritores, artistas, y técnicos que ayudaron de manera voluntaria, con inteligencia y entusiasmo.

Al mismo tiempo, expertos de distintas disciplinas, muchos de ellos de la sociedad civil, pero con definido patriotismo, participaron en los 21 foros de debate que se realizaron en el Senado. En estas intervenciones, con suficientes argumentos, quedó de manifiesto que las reformas de Calderón y sus socios son violatorias de la Constitución y buscan privatizar la industria petrolera y profundizar la corrupción en Pemex. No está demás señalar que al término de los debates, el PRI presentó sus iniciativas de reforma, que son en esencia iguales a las de Calderón. Incluso, en su proyecto de ley de administración de Pemex copiaron íntegramente 28 de los 49 artículos de la iniciativa presentada por Calderón. Es más: hace unos días los dirigentes del PRI cambiaron sus estatutos para abandonar el compromiso de mantener la industria petrolera bajo el dominio de la nación y dar pie a la privatización demandada por los potentados nacionales y extranjeros.

También en este periodo, por iniciativa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, se llevó a cabo en todo el país, una consulta para recoger la opinión de la gente sobre dos preguntas del tema en cuestión. En este ejercicio democrático participaron alrededor de 2 millones 800 mil ciudadanos y más del 90 por ciento voto en contra de la intervención de la iniciativa privada en la industria petrolera y de las reformas propuestas por Calderón al Congreso.

De igual manera, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el Gobierno Legítimo de México y el Frente Amplio Progresista, solicitamos a un grupo muy amplio de profesionales, expertos, intelectuales y académicos, la elaboración, con toda libertad, de una Propuesta Ciudadana de Reforma Energética que tuviera como único propósito, el interés nacional y el beneficio de México.

Cuando se nos dio a conocer esta propuesta, hubo consenso y fue aceptada por todos. También la apoyan más de 100 personalidades, expertos, intelectuales y académicos, un grupo plural de diversas ideologías y disciplinas, de lo mejor que hay en el país.

La propuesta ya se presentó formalmente al Senado y tiene como objetivo establecer una política energética de Estado que se sustenta en la soberanía y seguridad nacional, basada en el respeto a la Constitución y en el fortalecimiento de Pemex.

El trabajo de los expertos incluye un análisis detallado de las iniciativas de Calderón y del PRI, así como los dictámenes para rechazarlas porque están orientadas a pulverizar y privatizar la industria petrolera, violando la Constitución.

Esta reforma alternativa contiene también un Plan de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de Pemex que consiste en otorgarle recursos a partir de 2009 para ampliar su capacidad de refinación, petroquímica y restitución de reservas de petróleo y gas.

Aquí abro un paréntesis para decir que el gobierno usurpador ha venido mintiendo en toda su costosa campaña publicitaria en medios de comunicación. Empezaron con el engaño del tesoro de las aguas profundas y, actualmente, están transmitiendo un comercial por televisión, en el que se afirma “que en México la ley prohíbe hacer refinerías”, lo cual es absolutamente falso. El marco legal no prohíbe que se hagan refinerías; se impide que las haga el sector privado y los extranjeros. Calderón no las construye, no porque no pueda legalmente o porque no haya dinero, sino porque tiene compromisos inconfesables con organismos y empresas internacionales para privatizar la refinación del petróleo.

Con la propuesta elaborada por los técnicos, expertos e intelectuales se comprueba que no se requieren grandes cambios legales para reforzar las actividades de Pemex y reducir la importación de gasolinas, gas y petroquímicos. Queda claro que existen recursos humanos y económicos en el país para fortalecer a Pemex, sin ceder a la iniciativa privada la renta petrolera ni el manejo de sus áreas estratégicas exclusivas. En suma, la propuesta ciudadana asumida por el Frente Amplio Progresista demuestra que sí hay una alternativa, que sí hay otro camino.

De modo, amigas y amigos, que hemos avanzado considerablemente. Pero como es obvio, esto todavía no termina. Hay gente muy poderosa que ambiciona quedarse con la renta petrolera y cuenta con el apoyo de Calderón y de las cúpulas del PRI y del PAN. Esta confabulación de intereses se articula mediante el reparto de contratos, la complicidad y la corrupción.

Tengo información y pruebas que me han hecho llegar, de contratos de servicios, obras y adquisiciones en Pemex que fueron otorgados con sobreprecios escandalosos. Me voy a referir sólo a uno de ellos para demostrar que detrás de la privatización está la corrupción de la que, por cierto, nunca se habla, ni el la propuesta de Calderón, ni en la del PRI.

Veamos: En diciembre de 2004, Pemex solicitó a la Secretaría de Hacienda una autorización por 207 millones de dólares para la adquisición de un buque tanque petrolero. Meses después pidió una ampliación presupuestal para la misma operación por un total de 507 millones de dólares, 300 más de lo presupuestado originalmente.

Como la Secretaría de Hacienda tardó en autorizar la operación, no obstante no contar con suficientes recursos presupuestales, indebidamente los funcionarios de Pemex publicaron la licitación tomando recursos de un Fideicomiso de Pemex en Nueva York, que contiene dinero destinado al pago de Pidiregas, de las deudas de Pemex.

En un principio la licitación era para la operación y el mantenimiento de un buque tanque, pero Pemex terminó adquiriendo uno usado con 28 años de antigüedad. El barco japonés fue bautizado con el nombre del “Señor de los Mares”, que había sido reconfigurado para transportar hidrocarburos, pero no cumple con las normas internacionales de seguridad.

En los informes financieros de la empresa que vendió el barco, la noruega Bergensen, El Señor de los Mares aparece con un valor nominal y en libros de 227 millones de dólares. La Auditoría Superior de la Federación cotizó el valor de diversas barcos con características similares al barco en cuestión y encontraron precios de alrededor de 230 millones de dólares.

Sin embargo, Pemex acabó pagando mil 135 millones de dólares por toda la operación: 758 millones de dólares por la compra del barco y 377 millones más para su mantenimiento. Pero lo más escandaloso del caso es que del dinero destinado al barco, 346 millones 500 mil dólares fueron para “gastos administrativos”. O sea, que erogaron más en los trámites que en el barco mismo que tuvo un costo neto de 266 millones 600 mil dólares según la propia información de Pemex. Para colmo, los auditores encontraron que China vendió en 2007 un buque tanque nuevo a la empresa Conoco-Phillips, definido como “el más grande construido en China y uno de los más grandes del mundo”, a un precio de 230 millones de dólares. Por “El Señor de los Mares”, repito, Pemex pagó 527 millones de dólares por encima de su precio. Este es el tamaño de los negocios inmorales que hacen los panistas en Pemex.

Este es sólo un botón de muestra, hay muchos más. Por eso voy a entregar a los legisladores del Frente Amplio Progresista un expediente, en el cual se detallan éste y muchos casos más de corrupción. Todos ellos cuentan con pruebas documentadas para que se proceda a levantar una denuncia penal en contra de Vicente Fox y del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, que era además presidente del Consejo de Administración de Pemex, por estos ilícitos cometidos durante su gestión.

Amigas y amigos:

Tengamos muy claro que detrás de este intento de privatización está el interés de una minoría por apropiarse de los beneficios del petróleo. A ellos no les importa el destino del país, ni mucho menos el sufrimiento del pueblo. Están enfermos de codicia: son insaciables. Si fueran responsables estarían pensando que es tiempo de rectificar y aplicar una nueva política económica, más justa y más humanitaria. Pero no, al contrario, quieren seguir despojando al pueblo de su patrimonio y de su porvenir. No son capaces de entender y aceptar que si se privatiza la industria petrolera habrá más pobreza y desempleo, pero también más frustración, inseguridad y violencia. Por eso sostengo que si ellos no actúan con responsabilidad, a nosotros nos toca evitar que se consuma este despojo al pueblo y a la nación. Vamos a luchar para vivir en un país con alegría y bienestar para todos, incluidas las nuevas generaciones, queremos vivir en un país libre de miedos y temores.

Ayer precisamente hubo una marcha de miles de ciudadanos protestando por la inseguridad y la violencia que impera en el país. Claro que a todos nos preocupa lo que está pasando; sólo que tenemos maneras distintas de analizar y enfrentar el problema. Hay quienes no ven las causas y piensan que todo depende de aplicar medidas coercitivas. Ahí está el caso de Calderón, quien, después de cometer el grave error de pegar, a lo tonto, un palazo al avispero, para tratar de ganar la legitimidad que no obtuvo en las elecciones, ahora que se desató la inseguridad y la violencia, lo único que se le ocurre es seguir amenazando con el discurso propagandístico de la “mano dura”.

Hace unos días, en una “cumbre” sobre seguridad se limitó a decir que habrá un nuevo modelo policiaco, como si eso bastara para enfrentar un problema que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por la falta de empleo y educación para los jóvenes, por la impunidad y la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites a través de los medios de comunicación, donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo.

Aquí reitero: la delincuencia y la convulsión social son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Si en una sociedad hay oportunidades para todos habrá tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, desposeída en lo económico y sin esperanzas, es mayor la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales.

Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La única solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la impunidad, la corrupción, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas.

Por eso lo primero que tenemos que hacer es evitar la privatización, abierta o disfrazada, de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso. Esta es la mejor medida preventiva para que no se agrave el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Y no dejar de luchar hasta llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública. Nada bueno se logrará mientras se mantenga el régimen de corrupción y privilegios.

Amigas y amigos:

Hoy, a esta misma hora, al igual que nosotros, están reunidos en las plazas públicas de las capitales de los estados del país, mujeres y hombres brigadistas en defensa del petróleo.

Se convocó a estas asambleas para informar y dar inicio a una nueva etapa de la resistencia civil pacífica.

Desde ahora les pido que estemos atentos porque si las cúpulas del PRI y del PAN, deciden no tomar en cuenta el debate, ni la consulta, ni la propuesta de los expertos e intelectuales, y tratan de imponer una reforma privatizadora, abierta o disfrazada, nos vamos a ver en la necesidad de movilizarnos.

Ya se integró una comisión para elaborar el plan de acción de ésta que será la tercera etapa de la resistencia civil pacífica. La comisión la integran: Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum, Jesusa Rodríguez y Ricardo Ruiz.

Les propongo que a partir de hoy nos declaremos en estado de alerta y estemos atentos a cualquier llamado.

Amigas y amigos:

En abril logramos detener el primer intento de privatización de la industria petrolera. Este mes de septiembre es el mes de la patria y lo vamos a celebrar defendiendo el petróleo.

Por eso convoco desde ahora a todos los brigadistas y a los simpatizantes de este movimiento en todo el país, para reunirnos el 15 de septiembre, a las 9 de la noche, en el Zócalo de la Ciudad de México, y conmemorar un aniversario más de nuestra Independencia. Estaremos allí de manera pacífica hasta las 10 de la noche.

Será la ocasión para volver a expresar que queremos seguir siendo un país libre, independiente y soberano. Que no aceptaremos jamás convertirnos en una colonia del extranjero.

Amigas y amigos:

Es un hecho indudable que todos los gobiernos neoliberales han querido destruir a la industria petrolera nacional. La han tratado con saña: ha padecido de ineficiencia, intervencionismo extranjero y pillaje. Y ahora quieren aniquilarla por completo y con ello dejar sin futuro al pueblo de México.

Por eso, no tenemos más opción que evitar que se consuma este acto de felonía y de traición a la patria. De la salvación de esta industria depende el destino del país y de nuestro pueblo.

Sigamos adelante con determinación y firmeza. Es tiempo de definiciones, de demostrar que somos consecuentes y realmente patriotas.

¡La patria no se vende, se ama y se defiende!
¡Viva la resistencia civil pacífica!
¡Viva el pueblo de México!
¡Viva México!

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sábado, 30 de agosto de 2008

Pemex, viable sin privatizar, por Alejandro Encinas

Ciudad de México, 30 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 510

Sumario:

I.
Pemex, viable sin privatizar, por Alejandro Encinas

II. ¿Con este Estado?, por José Luis Piñeyro

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PEMEX, VIABLE SIN PRIVATIZAR
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 30 de agosto de 2008)

Si algún mérito tienen las iniciativas acogidas por los legisladores del FAP en materia energética es conjugar experiencias, capacidades y talentos en un ejercicio sin precedente, cuyo valor adicional fue recoger los diagnósticos y propuestas presentados en el debate en el Senado al margen de visiones partidistas, así como los resultados de la consulta pública nacional y de encuestas de opinión en las que se manifestó el rechazo a la privatización y a la intervención de empresas transnacionales en las actividades de Pemex.

Es una iniciativa plural que incorpora las visiones de dirigentes políticos a quienes se busca presentar confrontados (Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador); de académicos (John Ackerman, Rolando Cordera, Rene Drucker); periodistas (Rafael Barajas, Eduardo del Río, Helguera); especialistas (Mario Di Constanzo, Eduardo Beltrán); el mundo de la cultura (Guadalupe Loaeza, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska); ex funcionarios federales (Carlos Tello, David Ibarra, Javier Jiménez Espriú); constitucionalistas (Arnaldo Córdova), e incluso antiguos adversarios (Manuel Bartlett).

Considera reformas jurídicas y propuestas que mantienen la rectoría y la exclusividad del Estado en la industria petrolera para articular un plan de acción inmediata, que sin privatizar permita crear un fondo de recursos (300 mil millones de pesos) para llevar a cabo un programa de inversiones públicas para que Pemex corrija el actual régimen fiscal al que es sometido; atienda labores de exploración, refinación y petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico; y adopte acciones que garanticen transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción en contratos, adquisiciones y licitaciones, así como en las relaciones entre empresa y sindicato.

Garantiza que la reforma se apegue a la norma constitucional, promoviendo medidas correctivas al deterioro de la industria y sus finanzas; la creación de una comisión que elabore una política energética de Estado y defina la seguridad energética; el aprovechamiento de los recursos para el desarrollo del país, limitando la plataforma de exportación y promoviendo nuevas fuentes de energía. Se busca dotar a Pemex de los recursos que no ejerce, al modificar los controles que le impone el Ejecutivo. Establece una reforma hacendaria que elimina el actual régimen de derechos y libera las rentas de Pemex para la inversión, el desarrollo y la investigación.

Se pretende reanudar las exploraciones, recuperar la petroquímica, construir refinerías e incrementar la capacidad de las existentes, fortalecer el IMP como pilar en investigación, desarrollo e innovación de la industria, e incorporar a las universidades públicas y centros académicos en este proceso. Redefine los términos de la explotación en aguas profundas y yacimientos fronterizos, sin ceder a la presión de las transnacionales, e impide la intervención de tribunales foráneos. Cancela contratos de riesgo bajo cualquier forma que viole la Constitución, la adjudicación directa y la invitación restringida en los contratos por obras y prestación de servicios a empresas privadas, e impide que particulares se apropien de la renta petrolera en las actividades del sector.

Se trata de recuperar el carácter original de la empresa, acotar a la burocracia, acabar con la discrecionalidad, así como con la corrupta dirigencia sindical, para disponer de recursos para inversión, desarrollo tecnológico e incremento en la productividad, sin violar la Constitución, privatizar ni empeñar un patrimonio fundamental de nuestra nación. Hagamos votos para que los legisladores estén a la altura de su investidura y de la responsabilidad histórica que les corresponde cumplir en estos tiempos cruciales para definir el destino de México.

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¿CON ESTE ESTADO?
por José Luis Piñeyro

(publicado en El Universal el 30 de agosto de 2008)

Sobre las limitaciones de la extensa lista de los 75 compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL) se ha dicho casi todo, críticas que van desde considerar que son buenos deseos de las autoridades, pasando por señalar que son acciones que ya se están realizando y otras que ya se habían anunciado, hasta quienes señalan que si bien hay una delimitación de responsabilidades entre los poderes y actores firmantes, de objetivos y tiempos para su ejecución, no se apunta cómo se impulsarán dichos objetivos.

He insistido en otras entregas que predomina en la estrategia anticriminal una lógica represiva sobre una preventiva de delitos, de rehabilitación de drogadictos y de presos y de participación social. Si bien el ANSJL incluye referencias a estas tres tácticas, son bastante genéricas; además, la mayoría de los compromisos sólo reconfirman la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública aunque a veces se hable de corresponsabilidad de la ciudadanía en este problema nacional.

Congruente con esta visión, Germán Martínez, dirigente del PAN, considera que el desprecio a la política y a las instituciones del Estado es casi un golpe de Estado. Agrega: “No estoy defendiendo un respaldo ciudadano ciego… Defiendo el orden democrático… para hacer rendir cuentas a los gobernantes, y ese orden exige lealtad al Estado, a la política y a los procedimientos electorales de participación ciudadana para deslindar responsables. Tampoco niego la crítica, no sólo indispensable en democracia, sino justificada… esa crítica tiene que hacerse cargo de la defensa de nuestras instituciones (no de los resultados, errores y equívocos, obvio) del Estado. Despreciar al Estado y a la política en la lucha contra el crimen no sólo es un balazo en el propio pie, sino abono al terreno de la revuelta, donde todos los ciudadanos queden a mereced de un ciudadano más fuerte” (“¿Sin Estado?”, El Universal, 26/VIII/08).

Raros razonamientos, pues existe un orden social, pero dista mucho de ser democrático; la rendición de cuentas es la gran ausente en la política; la participación social vía elecciones termina al día siguiente de los comicios; la lealtad y la defensa de las instituciones al margen de sus errores y complicidades es un sinsentido; el solo desprecio al Estado por fortuna no provoca revueltas y la indefensión de la ciudadanía es frente a los pocos y poderosos ciudadanos con enorme poder económico y político.

La reducida seguridad, justicia y legalidad reconocida por el mismo ANSJL nos lleva a otro problema central: la escasa legitimidad de las instituciones estatales. Éstas requieren cambios radicales vía desalojo electoral o político de sus ocupantes, la clase gobernante, y de sus representados, la oligarquía dominante. Nadie ha hablado de desaparecer al Estado sino de darle otro contenido y orientación social, democrático y redistributivo de la insultante concentración del ingreso y la riqueza, sustrato de la criminalidad, la corrupción e impunidad; uno en el que la ciudadanía participe y decida para satisfacer sus hoy reducidos derechos políticos, económicos y sociales. En el que la distancia del Estado frente a las necesidades de la nación se reduzca vía un nuevo pacto nacional, y no mediante uno como el ANSJL, en el que con certeza señala Alberto Aziz que fue “una reunión de políticos, pero no necesariamente un pacto político” (“‘Si no pueden, renuncien’”, El Universal, 26/VIII/08).

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miércoles, 27 de agosto de 2008

Iniciativas inconstitucionales, por José Antonio Almazán

Ciudad de México, 27 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 509

Sumario:

I.
Iniciativas inconstitucionales, por José Antonio Almazán

II. Que se vaya Felipe porque no puede, por Laura Itzel Castillo

III. Realizará López Obrador recorrido por 19 municipios de Nuevo León

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INICIATIVAS INCONSTITUCIONALES
por José Antonio Almazán González

(publicado en La Jornada el 25 de agosto de 2008)

Empecinados en no dar marcha atrás, pese a la derrota que sufrieron en el Senado el 20 y 22 de mayo, y promoviendo anticipadamente la venta de Petróleos Mexicanos (Pemex), los “argumentos” de Calderón y de quienes pretenden entregar el patrimonio nacional petrolero al capital extranjero se centran fundamentalmente en mutilar, ignorando deliberadamente el proceso histórico-jurídico constitucional que le dio origen, el alcance del párrafo sexto del artículo 27 constitucional en materia de petróleo: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Los émulos de Santa Anna dicen que la explotación del petróleo y sus productos por la nación se reduce a su extracción y que al entregar al capital extranjero la exploración, refinación, transporte, almacenamiento y distribución del petróleo y el gas no violan la Constitución. ¿No? Veamos los antecedentes jurídicos constitucionales.

1. El decreto de expropiación del 18 de marzo de 1938, en su artículo 1º, estableció con meridiana claridad: “Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, SA, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Economía Nacional, para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera”.

2. Por supuesto que dentro de los bienes muebles e inmuebles expropiados se encontraban las concesiones petroleras otorgadas a estas empresas extranjeras, como puede leerse en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 22 de julio de 1943, en rechazo al amparo de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila.

3. Estas concesiones petroleras, conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, de diciembre de 1925, abarcaban toda la cadena productiva de la explotación del petróleo y sus productos, como puede leerse en sus artículos 4, 7, 8, 9, 10, y reconociendo en su artículo 3 que la industria petrolera comprende toda la cadena productiva desde “el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoductos y la refinación del petróleo”.

A este Decreto de Expropiación y a la ley del petróleo de 1925 se remite la amplia exposición de motivos de la iniciativa de ley con la que el presidente Lázaro Cárdenas elevó a rango constitucional la expropiación del petróleo, en cuyos párrafos 11 y 14 precisó:

“La situación apuntada, antes de la expropiación acordada el 18 de marzo último, hubiera sin duda podido corregirse mediante una simple modificación de la Ley del Petróleo que alterara el régimen de las concesiones ordinarias fijado en 1925. Después de la expropiación el problema notoriamente es distinto. Una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte, las de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llagaran a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales, cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y energía.

“Esto independientemente de que incorporando al texto constitucional el principio de la explotación directa del petróleo que a la nación corresponde, se le da una mayor fijeza y autoridad.”

A estos antecedentes históricos y jurídicos se remitió la reforma constitucional de enero de 1960, cuando al párrafo sexto del artículo 27 constitucional se adiciona, después de “no se otorgarán concesiones”, el complemento de “ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.

Queda claro entonces que al prohibirse tajantemente el régimen de concesiones y de contratos, la nación asume la explotación directa del petróleo y sus productos, de toda la industria petrolera, en lo que hace a toda la cadena productiva, desde la exploración, extracción, oleoducción, almacenamiento, refinación-petroquímica y distribución del petróleo y gas. En esto consiste la inconstitucionalidad de las iniciativas de Calderón: en violar flagrantemente uno de los principios políticos fundamentales de nuestra Constitución, al pretender legalizar lo ilegal, abriendo las puertas al capital extranjero en la explotación del petróleo, que está reservada de forma exclusiva a la nación mexicana.

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QUE SE VAYA FELIPE PORQUE NO PUEDE
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México

(publicado en El Gráfico el 27 de agosto de 2008)

Causa pena ajena que los escribanos del régimen descubran, hasta hoy, que las instituciones de la República son inoperantes e ineficaces. Pero el derrumbe data de tiempo atrás, como muchos lo dijeron, a riesgo de ser linchados mediáticamente.

La crisis en materia de seguridad pública que vive el país tiene verdaderamente aterrada a la población, y sobre todo a la élite económica. Por eso, diversas voces identificadas con el oficialismo se han visto obligadas a variar posturas y asumir posiciones más críticas, aunque siguen omitiendo el nombre del responsable de la catástrofe, es decir, del presidente espurio Felipe Calderón Hinojosa.

Pero ya están hartos, igual que todos. Algunos de quienes creían que no se requería de legitimidad para gobernar se están dando cuenta de su error. No falta mucho para que varias de esas voces, que antes apoyaban el ascenso al poder del panista haiga sido como haiga sido —según confesión de su parte—, griten a los cuatro vientos que abandonan ese barco a la deriva.

El panista lo sabe. Por eso quiso convertir en fortaleza su debilidad. Se valió de la indignación ciudadana que provocó el secuestro y asesinato del menor Fernando Martí, para convocar a una cumbre de seguridad en la que reunió a casi toda la clase política del país —con sus honrosas excepciones—, que a primera vista parecía acumular varios años de cárcel, penalidades no purgadas a causa del mal mayor de México: la impunidad.

Calderón creyó que con una buena escenografía y con la complicidad de los medios, podía transformar la realidad. Pero no pudo. El riesgo de la manipulación es que en cualquier momento se le revierte al manipulador.

La exigencia del empresario Martí de que renunciaran quienes no pudieran con el paquete de la seguridad pública, no le gustó en lo más mínimo al usurpador. Y es que las cifras que ahí se dieron pusieron de relieve el tamaño de su fracaso. Ebrard le tomó la palabra posteriormente. Lo propio hizo Amalia García. Ambos gobernantes ofrecieron someterse a referéndums revocatorios de mandato. El panista, en cambio, guardó silencio. Hasta hoy guarda un ruidoso silencio, porque seguramente no pasaría la prueba de las urnas.

Si el Estado no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos es un Estado fallido. En todo caso, su vigencia es materia de debate. Consecuentemente, la chamba del jefe de facto del país, Felipe Calderón, puede y debe de estar en riesgo.

En 2006 un chiste circulaba entre jóvenes de clase acomodada. Decían que votarían por AMLO porque sus papás les habían anticipado que si el tabasqueño ganaba, se irían a vivir a Miami. Desafortunadamente eso es lo que está pasando hoy en día con Felipe Calderón. Y eso ya no es un chiste. Sí, que se vaya Felipe porque no puede.

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REALIZARÁ LÓPEZ OBRADOR RECORRIDO POR 19 MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN

En los días previos a la jornada del domingo 31 de agosto, en la que se realizarán asambleas informativas en las plazas públicas de los 2 mil 500 municipios del país para dar a conocer el plan de acción a seguir en el momento en que se someta a consideración del pleno del Senado o de la Cámara de Diputados los dictámenes de las propuestas presentadas por el PRI y el PAN sobre la industria petrolera mexicana, Andrés Manuel López Obrador se reunirá con habitantes de 19 municipios de Nuevo León.

El jueves 28 de agosto se reunirá con ciudadanos de Linares, Hualahuises, General Terán, Montemorelos, Allende y Santiago. Al día siguiente, el viernes, sostendrá reuniones informativas con los habitantes de Villa García, Santa Catarina, Garza García, Guadalupe, Ciudad Benito Juárez, Apodaca y San Nicolás. Y el sábado se reunirá con los vecinos de Mina, Hidalgo, Abasolo, Villa del Carmen, Salinas Victoria y General Escobedo.

El programa detallado de actividades es el siguiente:

Jueves 28 de agosto de 2008
11:00 horas Mitin en Linares
12:15 horas Mitin en Hualahuises
14:00 horas Mitin en General Terán
16:30 horas Mitin en Montemorelos
17:50 horas Mitin en Allende
19:10 horas Mitin en Santiago

Viernes 29 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en Villa García
11:20 horas Mitin en Santa Catarina
12:30 horas Mitin en Garza García
13:50 horas Mitin en Guadalupe
16:00 horas Mitin en Ciudad Benito Juárez
17:30 horas Mitin en Apodaca
19:00 horas Mitin en San Nicolás

Sábado 30 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en Mina
11:15 horas Mitin en Hidalgo
12:30 horas Mitin en Abasolo
13:45 horas Mitin en Villa del Carmen
16:00 horas Mitin en Salinas Victoria
17:30 horas Mitin en General Escobedo

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jueves, 21 de agosto de 2008

"La inseguridad no se soluciona con reuniones demagógicas como la de hoy", advierte López Obrador

Ciudad de México, 21 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 508

“LA INSEGURIDAD NO SE SOLUCIONA CON REUNIONES DEMAGÓGICAS COMO LA DE HOY”, ADVIERTE LÓPEZ OBRADOR

Desde esta ciudad fronteriza en donde se ha recrudecido la violencia, Andrés Manuel López Obrador calificó a la sesión de este día del Consejo Nacional de Seguridad Pública como un acto de “pura propaganda, de pura demagogia y de pura faramalla”.

“La inseguridad no se soluciona con un aumento del número de policías y de soldados, ni con amenazas de mano dura, ni con leyes más severas, ni con penas más largas, tampoco con reuniones demagógicas como la de hoy, del presidente pelele, Felipe Calderón, con los gobernadores y los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública y de las Procuradurías”, aclaró.

Al iniciar un recorrido de trabajo por 17 municipios del estado, el presidente legítimo de México afirmó que los índices de violencia e inseguridad no disminuirán mientras no se atienda el origen de ambos flagelos, que es el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades de estudio para millones de jóvenes.

Tanto en entrevistas que concedió en Ciudad Juárez y Praxedis, como en las asambleas informativas que sostuvo con los ciudadanos de Guadalupe y Villa Ahumada, declaró que en la agenda nacional del gobierno usurpador están excluidos los graves y grandes problemas que enfrenta el país, como el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

En cambio, “Calderón privilegia los asuntos que sólo arrojan privilegios a una minoría rapaz, como las reformas a la seguridad social y la aprobación de nuevos impuestos que afectan a los pequeños y medianos comerciantes y empresarios”, precisó el dirigente de la izquierda mexicana.

Acompañado por la secretaria del Trabajo de su gabinete, Bertha Elena Luján Uranga, y de dirigentes locales de los partidos que constituyen el Frente Amplio Progresista, López Obrador explicó que esta tarde se reúne Calderón con los gobernadores para supuestamente acordar medidas encaminadas a enfrentar el problema de la violencia e inseguridad que azota al país, “pero todo es pura faramalla. Si en verdad quisiera el gobierno espurio enfrentar la crisis de seguridad, debería retirar de inmediato la iniciativa de reforma energética, que es a todas luces privatizadora”, resaltó.

En Guadalupe, subrayó que “el presidente pelele debería otorgar apoyos a los jóvenes y garantizarles oportunidades de empleo y de educación, así como entregar becas a aquellos que estudian el nivel medio superior”.

Como tercer punto, “que obviamente no se planteará ni se abordará en la reunión de este día —dijo—, Calderón debería solicitarle la renuncia a Juan Camilo Mouriño, porque la titularidad de la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de la conducción de la política interna, no puede estar en manos de un delincuente confeso. De la misma manera, Calderón tiene la obligación de separar de sus cargos al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y al procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, porque ambos funcionarios ocuparon la dirección de la Agencia Federal de Investigación y del CISEN en la administración foxista y desde ese entonces sólo han demostrado ser ineficientes y carecer de integridad”, enfatizó.

En la entrevista que concedió a los representantes de los medios de comunicación en el Aeropuerto de Ciudad Juárez, el presidente legítimo de los mexicanos informó que recorre el país para explicar a los ciudadanos los motivos por los cuales no se debe privatizar la industria petrolera.

Al calificar de lamentable la ola de violencia y de crímenes que se reportan a diario en esta ciudad fronteriza, “en donde empieza la patria”, aseguró que la inseguridad es fruto de 26 años de imposición de una política económica neoliberal, antipopular y entreguista, que sólo beneficia a un grupo que no quiere perder privilegios y que mantiene en la pobreza a millones de familias.

“Yo sostengo que el gobierno usurpador debe atender este asunto, el de la inseguridad y de la violencia, con seriedad, porque nada más se ha dedicado a la faramalla; todo es pura propaganda y pura publicidad”, insistió.

Recordó que la paz es fruto de la justicia y destacó la necesidad de cambiar el modelo económico por un sistema que garantice la generación de suficientes fuentes de empleo, buenos salarios y el bienestar de todos los mexicanos, en especial de los jóvenes. Advirtió que habrá una mayor descomposición social y una mayor desintegración familiar si no se atienden las causas, los orígenes de la violencia y de la inseguridad.

Cuando los reporteros le pidieron su opinión sobre la participación de efectivos del ejército mexicano en las tareas de seguridad pública, López Obrador manifestó su acuerdo, “pero siento que sacaron al ejército de sus cuarteles sin ninguna estrategia, nada más para hacer presencia, porque no hay ningún plan”.

También le preguntaron si la violencia había rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades. Aclaró que sí y resaltó que nunca en la historia de México, después del movimiento revolucionario de 1910, se han registrado tantos asesinatos, como en los últimos años. “La situación de inseguridad que impera en todos los rincones de la nación viene a confirmar que Felipe Calderón no existe, que es un cero a la izquierda y que es un inepto”, agregó.

Por la tarde, el presidente legítimo de México se reunió con los habitantes de Villa Ahumada y Galeana; en ambos municipios hizo una invitación al pueblo de Chihuahua para participar en la consulta popular sobre la llamada reforma energética y para expresar su rotundo rechazo al intento de privatizar el sector petrolero, que es patrimonio de la nación, misma que se realizará este domingo 24 de agosto en los estados del norte de la República.

Al dar a conocer que ha visitado más de mil 500 municipios de los aproximadamente 2 mil 500 en que está divido el país, detalló que están inscritos 2.4 millones de mexicanos como representantes del gobierno legítimo de México y que alrededor de 200 mil brigadistas están dispuestos a defender el petróleo.

También mencionó que el próximo domingo, 31 de agosto, se realizarán asambleas informativas en las plazas de los 2 mil 500 municipios, para dar a conocer el plan de acción que se desarrollará en el momento en el cual los legisladores del PRI y del PAN dictaminen la llamada reforma energética presentada por Calderón o por la cúpula priista. “Vamos a convocar a una movilización nacional y, si es necesario, vamos a parar al país” señaló.

Por la mañana, el vehículo que transporta a López Obrador se detuvo en el poblado de San Agustín, que se encuentra entre Ciudad Juárez y Guadalupe. Los habitantes del lugar expresaron su respaldo a las acciones de resistencia civil pacífica en la defensa del petróleo y le entregaron a Andrés Manuel López Obrador documentos con las memorias de don Benito Juárez.

Tanto en Praxedis, como en Guadalupe, los ciudadanos encargados de darle la bienvenida al presidente legítimo de México informaron que en ambas localidades estuvo presente el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, en su caminar hacia Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez.

Para mañana, 22 de agosto, Andrés Manuel López Obrador recorrerá los municipios de Gómez Farías, Temósachic, Matachic, Bachíniva y General Trías.

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miércoles, 20 de agosto de 2008

Gobierno atorado, por Rogelio Ramírez de la O

Ciudad de México, 20 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 507

Sumario:

I.
Gobierno atorado, por Rogelio Ramírez de la O

II. Visitará López Obrador 17 municipios de Chihuahua esta semana.

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GOBIERNO ATORADO
por Rogelio Ramírez de la O

(publicado en El Universal el 20 de agosto de 2008)


Tomó menos de dos años al gobierno quedar atorado en dos áreas fundamentales: la seguridad y la economía.

En la seguridad su error de origen fue declarar una guerra que no podía ganar y dedicar a ese fin la última carta de todo gobierno, el Ejército. La imposibilidad de mostrar progreso tangible en esta guerra se ha magnificado inexorablemente, como era de prever. Sin embargo, hasta hace poco no causaba gran preocupación, porque los medios no estaban difundiendo su desarrollo. Empero, resulta imposible para los medios no ocuparse de casos sobresalientes.

En la economía, los signos de desgaste apenas fueron evidentes este año, a pesar de que los fundamentos están en deterioro desde principios de 2007. Hoy la conciencia sobre crecientes dificultades económicas va en aumento y cuatro ejemplos sirven como señales. La primera fue el reconocimiento humillante de las cifras de empleo del IMSS, lo que borró de un plumazo más de 1 millón de empleos a la cifra que el gobierno implícitamente reclamaba como su logro, si extrapolamos su anuncio de 800 mil nuevos empleos hasta septiembre de 2007. De paso se perdió la confianza en los indicadores del IMSS.

La segunda señal viene con el aumento de tarifas de electricidad de 64% anual en agosto en horarios bajo e intermedio de alta y media tensión para la industria. Según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el costo de electricidad para la industria es hoy 75% mayor que en Estados Unidos.

La tercera señal es que las tres empresas mexicanas que desde hace más de cuatro años trataban de convencer al gobierno de que dándoles precios competitivos de gas podrían invertir 2 mil millones de dólares fabricando productos petroquímicos que hoy se importan están hoy pensando en mejor invertirlos en Perú, donde el gas sí es competitivo.

La cuarta señal es la remoción del secretario de Economía, siendo ésta toral para el cumplimiento de la promesa del gobierno de ser “el gobierno del empleo”.

Estas cuatro señales sólo confirman lo que la mayoría de indicadores muestran: la caída progresiva del crecimiento de ventas, producción, servicios e inversión. Al mismo tiempo, hay mayores precios para los consumidores y mayores costos para los productores.

Los datos negativos aparecen como diluvio cada semana y son los mismos empresarios los que los difunden. Ya sea la alta dependencia que tenemos de alimentos importados, los aumentos de costos de electricidad o la inversión de empresas mexicanas en Perú. El indicador que surgirá pronto será el recorte de personal, pues éste ya comenzó en la mayoría de empresas.

De ahí que sólo estando ciego no se vea la brecha creciente de entendimiento y confianza entre el gobierno y las empresas. Ésta sólo se va a ampliar, porque no hay manera como el gobierno les cumpla.

Lo importante, sin embargo, vendrá, cuando los empresarios vean que la mayoría de los problemas están conectados por las mismas causas.

Así, la falta de seguridad ya afecta el ánimo de los empresarios, pero apenas comienzan a ligarla con la falta de empleo, con la falta de eficacia de la estrategia económica, con la sustitución del secretario del ramo y con la falta de sensibilidad oficial ante los altos precios de la energía.

El tronco común es que no tiene una estrategia integral viable ni un equipo bien coordinado. Y estando frente a un ciclo económico inmisericorde, no hay manera de que pueda cumplir con empresarios y con trabajadores en seguridad o en economía.

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VISITARÁ LÓPEZ OBRADOR 17 MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA ESTA SEMANA

Del 21 al 24 de agosto, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, convivirá con los habitantes de 17 municipios del estado de Chihuahua, al continuar con sus recorridos semanales por la totalidad de los municipios del país, objetivo en el que ha tocado ya más de 1 500 de los casi 2 500 municipios.

Mañana jueves, 21 de agosto, sostendrá reuniones informativas con habitantes de Praxedis, Guadalupe, Villa Ahumada y Galeana. Durante el segundo día de gira de trabajo por Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador recorrerá los municipios de Gómez Farías, Temósachic, Matachic, Bachíniva y General Trías.

Para el sábado, 23 de agosto, acudirá a las comunidades de Manuel Benavides, Ojinaga, Coyame y Santa Eulalia. En el último día de gira de trabajo por Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador visitará a los habitantes de San Francisco de Conchos, La Cruz, Rosales y Julimes.
Su plan de reuniones prevé los siguientes horarios:

Jueves 21 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en Praxedis
11:00 horas Mitin en Guadalupe
14:00 horas Mitin en Villa Ahumada
18:00 horas Mitin en Galeana

Viernes 22 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en Gómez Farías
11:50 horas Mitin en Temósachic
13:10 horas Mitin en Matachic
14:45 horas Mitin en Bachíniva
18:00 horas Mitin en General Trías

Sábado 23 de agosto de 2008
11:00 horas Mitin en Manuel Benavides
12:50 horas Mitin en Ojinaga
16:40 horas Mitin en Coyame
19:10 horas Mitin en Santa Eulalia

Domingo 24 de agosto de 2008
10:00 horas Mitin en San Francisco de Conchos
11:20 horas Mitin en La Cruz
13:10 horas Mitin en Rosales
16:00 horas Mitin en Julimes

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Se guanajuatiza la lucha en defensa del petróleo y contra la impunidad

Ciudad de México, 18 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 506

SE GUANAJUATIZA LA LUCHA EN DEFENSA DEL PETRÓLEO Y CONTRA LA IMPUNIDAD

Quienes suponían que todo Guanajuato es Foxilandia se equivocaron: cuatro días de recorridos de López Obrador por municipios de esa región del Bajío mostraron que el rechazo a la privatización del petróleo y también otras políticas que el gobierno legítimo de México impulsa para defender la economía popular y el patrimonio nacional encuentran apoyo y resonancia entre los guanajuatenses.

Entre el jueves 14 y el domingo 18 de agosto, el presidente legítimo de México presidió asambleas informativas en 24 municipios guanajuatenses, mostrándose las plazas concurridas por igual en Jerécuaro que en Tarandácuaro, en Salvatierra que en Uriangato, o en los Apaseos, el Alto y el Grande, que en Juventino Rosas o en Maravatío.

Si bien eje central de los diálogos de López Obrador con sus simpatizantes siguió siendo la crucial lucha que depara al pueblo mexicano la defensa del petróleo ante los intentos de la derecha de entregarlo a manos privadas, nacionales y extranjeras, en la gira guanajuatense del dirigente de la izquierda mexicana ocupó también lugar destacado la referencia al clima de inseguridad pública que priva en buena parte del país.


Nueva carta de López Obrador al pueblo de México

Por tal razón, al cierre de su recorrido semanal, Andrés Manuel dirigió una carta al pueblo de México (ver el servicio de noticias ISA núm. 505 en: http://www.informativoisa.org/index.php?n=505&lang=es) en la que trató de manera específica este tema y planteó propuestas concretas para enfrentar dicho problema.

Desde Santa Cruz de Juventino Rosas, López Obrador dio a conocer esa carta en donde categóricamente señala que “el país está secuestrado por una minoría rapaz que sólo ha provocado una creciente inseguridad y violencia”. El presidente legítimo de México propuso, en un texto de cuatro cuartillas, “cinco acciones para que el gobierno usurpador frene el proceso de degradación progresiva que afecta a la sociedad en su conjunto y a la vida pública de México”.

Expresó que “la solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas, pero ninguna de ellas ha iniciado el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón”.

“En primer lugar —subrayó—, se debe evitar la privatización, abierta, o disfrazada, de la industria petrolera nacional y mantener la lucha hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI a consideración del Congreso”.

“La segunda propuesta —prosiguió—, consiste en que la Cámara de Diputados autorice un mayor presupuesto a las universidades públicas, para que los jóvenes, que son rechazados, tengan la oportunidad de estudiar y no se les orille a tomar el camino de las conductas antisociales”. Además, sugirió que se otorguen becas a todos los jóvenes que estudian en el nivel medio superior, como lo hace el Gobierno del Distrito Federal, “porque es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social”.

Como tercer punto, demandó la renuncia de los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública y del procurador general de la República del gobierno usurpador, Juan Camilo Mouriño, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, respectivamente. Comentó que la solicitud de separación del cargo se sustenta en los siguientes motivos: “Mouriño es un delincuente confeso, mientras que García y Medina ocuparon durante el gobierno foxista los cargos de director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y secretario de Seguridad Pública federal. Y durante todo este tiempo, ambos han demostrado falta de integridad e ineficiencia”.

“La cuarta acción —especificó—: el presupuesto público se debe canalizar al impulso de las actividades productivas, a la creación de empleos y a garantizar el bienestar de la población. En tanto, el gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo 2 años sumará 404 mil millones de pesos”, sostuvo. A su vez, en 2007, los excedentes por precios altos del petróleo de exportación fueron de 12 mil millones de dólares y en 2008 serán 20 mil millones más, especificó.

“La última acción —señaló— es continuar insistiendo hasta lograr una renovación tajante de la vida pública. Nada o poco se logrará mientras se mantenga este régimen de opresión, corrupción y privilegios”, estimó.

Previamente a la difusión de esta nueva carta dirigida al pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador explicó que la crisis social que persiste en el país tiene como antecedente inmediato “la aplicación de la política salinista que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos”. Señaló que a partir de la creación de una red de intereses y complicidades, “todas las acciones de gobiernos neoliberales, tanto priistas como panistas, se orientaron a mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.

Al abundar sobre este tema, López Obrador señaló que “con la llegada de Vicente Fox, se fortaleció y se hizo más vulgar la red de complicidades. Actualmente, ha quedado suficientemente claro que quienes urdieron y llevaron a cabo el fraude electoral del 2006, lo hicieron para seguir imponiendo una política económica contraria al interés popular y a la soberanía nacional”.

La referencia a las complicidades entre políticos priistas y panistas había sido tema de los discursos lopezobradoristas desde el inicio de su gira guanajuatense, pues el jueves, desde Coroneo, había afirmado que “los responsables del clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país tienen nombre y apellido. Se llaman: Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas, Roberto Hernández, Elba Esther Gordillo, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y dueños de medios de comunicación. La violencia se incrementó en México porque la mafia de la política, que impuso a Felipe Calderón en la Presidencia de la República, continúa aplicando una política económica antipopular y entreguista que ha desatado una descomposición social”.

De esta forma, el problema de la inseguridad pública fue ubicado por López Obrador como producto del mismo fenómeno de ruptura del orden legal que significió el fraude electoral: “El fraude causó un daño inmenso, lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República no sólo carece de autoridad moral, sino que su ineptitud es cada vez más evidente, expresó el domingo en su misiva al pueblo de México.

Sobre este mismo asunto, el político tabasqueño expresó que la delincuencia y la convulsión social son producto de la injusticia y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres, e hizo énfasis en que “habrá tranquilidad social cuando haya oportunidades para todos. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad, mediante las drogas y la violencia”.

Por lo mismo, ese domingo el presidente legítimo de México advirtió también sobre lo que representará una posible privatización del petróleo en el ya de por sí grave deterioro del nivel de vida de los mexicanos: “Aquellos que se creen amos y señores de México no se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas que propone Calderón para privatizar la industria petrolera, conllevará a una mayor pobreza y desempleo, así como a una mayor frustración y violencia. Un escenario de ese tipo ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social”, estimó.


Gozará de impunidad Romero Deschamps con la reforma petrolera calderonista

Recurrente por su importancia, el tema del petróleo no sólo fue abordado por López Obrador en su gira por municipios de Guanajuato en relación con los riesgos de un empobrecimiento generalizado en la población; también señaló las componendas que se dibujan entre la corrupta dirigencia del sindicato petrolero y la administración calderonista.

Así, el sábado 16, desde el municipio de Pueblo Nuevo, el tabasqueño señaló: “Pese a actuar con impunidad y corrupción, Carlos Romero Deschamps no será destituido como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) porque lo protege el presidente pelele, Felipe Calderón, a cambio de que apoye la llamada reforma energética. Calderón tiene compromisos con Romero Deschamps, a tal grado que en la iniciativa de privatización del petróleo no se toca el tema de la corrupción en el sindicato de Pemex. Hay un acuerdo entre Calderón Hinojosa y Romero Deschamps para mantener la corrupción en el organismo sindical, a cambio de que apoye la reforma calderonista”, reiteró al conceder una entrevista a los representantes de los medios de comunicación ese día.

En esa ocasión, mencionó que “los sindicalizados de Pemex tienen que soportar a su líder corrupto, como también el pueblo de México tiene que soportar, desgraciadamente, a un presidente usurpador, que no tiene autoridad moral y además no tiene capacidad para enfrentar grandes y graves problemas del país”.

Los reporteros le preguntaron si habría riesgo de que Calderón insista en sostener a Romero Deschamps a pesar de la protesta de los trabajadores sindicalizados, y López Obrador expresó: “lo va a seguir sosteniendo” como líder corrupto del sindicato de Pemex. Por ello, pidió a los trabajadores disidentes de Petróleos Mexicanos que sigan luchando y tener presente que Carlos Romero está apoyado por Calderón.

Recordó entonces que Felipe Calderón, en la llamada reforma energética, indica que cinco de los quince integrantes del Consejo de Administración de Pemex los proponga Romero Deschamps, además de que cuenten con fianzas para que en caso de que comentan algún acto de corrupción no se les pueda hacer nada.

Andrés Manuel López Obrador expresó también que Felipe Calderón, el PAN y los priistas de arriba, como Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Enrique Peña Nieto, actúan irresponsablemente al insistir en privatizar el petróleo que es un bien de los mexicanos.

En Villagrán, Pueblo Nuevo y Huánimaro, destacó que los mexicanos “no permitiremos que entreguen la industria petrolera, porque el petróleo es garantía para sacar adelante a México. Tenemos yacimientos petrolíferos en la costa del Golfo de México, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. Además, la extracción de un barril de 160 litros cuesta 40 pesos y Petróleos Mexicanos lo vende en mil 120 pesos, lo que significa que obtiene mil 160 pesos por cada unidad y Pemex produce 3 millones de barriles diarios de petróleo”.

Frente al pueblo de Guanajuato, informó que el gobierno legítimo de México, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el Frente Amplio Progresista están llevando a cabo la consulta popular sobre la reforma energética. Y agregó: “Si al final de la consulta popular, el PRI y el PAN insisten en aprobar la iniciativa calderonista, de ser necesario vamos a movilizarnos a nivel nacional, vamos a parar al país, pero no vamos a permitir la entrega del petróleo”, expresó, al recordar que el próximo 31 de agosto, en las plazas principales de los dos mil 500 municipios de la República se dará a conocer el plan de acción para defender la industria petrolera del país.


Guanajuato: laboratorio para el modelo de corrupción panista

Un día antes, el viernes 15 de agosto, cuando López Obrador recorrió los municipios de Santiago Maravatío, Yuriria, Uriangato, Moroleón, Valle de Santiago, Jaral del Progreso y Cortázar, el tema central del discurso lopezobradorista fue la propia situación del estado de Guanajuato. “Los panistas de arriba quieren poner de ejemplo a Guanajuato como una forma de gobernar en todo el país, pero lo único que harán es ampliar el modelo de corrupción que prevalece en esta entidad”, expresó Andrés Manuel López Obrador.

El presidente legítimo de México indicó que en tan sólo dos días de recorrido de trabajo por el estado había escuchado del pueblo una lluvia de quejas sobre la comisión de actos de corrupción de presidentes municipales de extracción panista.

Como ejemplo se refirió al caso del presidente municipal de Acámbaro, César Larrondo Díaz, quien adquirió un terreno para realizar una obra pública en 16 millones de pesos y, según un evalúo, el costo del predio no rebasa los 3 millones de pesos, lo cual indica que el alcalde panista “se va a clavar 9 millones de pesos”.

Recordó también otro acto de corrupción, el que representó el fraude en la elección presidencial del 2006. “Los mapaches panistas de Guanajuato contribuyeron de manera fraudulenta con 300 mil votos a favor de Felipe Calderón, como lo reconociera el actual secretario de Gobierno de la entidad, Gerardo Mosqueta. En resumen, los panistas de arriba son unos cínicos, son unos descarados, son más corruptos que los priistas y se caracterizan por predicar una doble moral, aunque su verdadera doctrina es la hipocresía”, aclaró.

En ese segundo día de recorrido por la geografía guanajuatense, López Obrador puntualizó: “Ahora que dicen los panistas que este estado lo van a agarrar de ejemplo a nivel nacional, la verdad que eso es ofensivo, porque el pueblo de Guanajuato es un pueblo trabajador y noble. Un pueblo tan trabajador, bueno y honrado, como el de Guanajuato, nada tiene que ver con la camarilla del PAN, ni con el ratero de Vicente Fox y su esposa Martha Sahún”, declaró.

Acompañado por el representante del Gobierno Legítimo de México en Guanajuato, Jesús Martín del Campo y por dirigentes estatales del PRD y PT, sostuvo: “Una cosa es el pueblo de Guanajuato y otra la caterva de delincuentes de cuello blanco que se incrustaron en Acción Nacional”.

En entrevista posterior, los representantes de los medios de comunicación le pidieron su opinión sobre si el PRD va a pactar con el gobierno espurio una iniciativa de reforma energética. El presidente legítimo de los mexicanos precisó que “lo primero es convencer a los jefes de Calderón para que cambien la política económica y para que no privatice el petróleo, porque de lo contrario habrá mayor inseguridad y violencia”.


La tercera etapa de la Consulta va, ahora en el norte del país, incluido Guanajuato

Sobre el mismo tema de la lucha en defensa del petróleo, en los municipios de Santiago Maravatío, Yuriria, Uriangato y Moroleón, López Obrador recordó que el próximo 24 de agosto se realizará la tercera fase de la consulta popular sobre la reforma energética en los estados del norte del país. Infprmó que en las primeras dos consultas, que se realizaron el 27 de julio y el 10 de agosto, votaron 2.5 millones de ciudadanos en contra de la privatización de la industria petrolera.

Destacó que “los mexicanos no permitiremos la entrega del petróleo a empresas extranjeras, porque sin ese hidrocarburo no se podrá sacar adelante al país y las nuevas generaciones serían esclavas en su propia tierra”, y alertó acerca de que “si se privatiza el petróleo, no habría recursos suficientes para pagar los sueldos de maestros, enfermeras, y mucho menos para financiar los programas sociales como Procampo y Oportunidades”.

Así se desarrolló el recorrido lopezobradorista por tierras guanajuatenses, en la que representó una nueva gira del presidente legítimo de México en su meta de recorrer cada uno de los casi 2 mil 500 municipios del país, objetivo que ya ha cumplido en más de la mitad de esa cifra y que continuará esta semana por municipios del norteño estado de Chihuahua.

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domingo, 17 de agosto de 2008

Contra la delincuencia, combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas: AMLO

Ciudad de México, 17 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 505

Sumario:

I.
La solución de fondo en el combate a la delincuencia es combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas: AMLO

II. Hechos, no palabras, por José Luis Piñeyro

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LA SOLUCIÓN DE FONDO EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ES COMBATIR EL DESEMPLEO, LA POBREZA, LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, LA PÉRDIDA DE VALORES Y LA AUSENCIA DE ALTERNATIVAS: AMLO


Al pueblo de México:

En la actualidad, muchos mexicanos están sufriendo o viven angustiados por la violencia imperante en todo el país. Por eso he decidido dar a conocer mi opinión sobre este grave problema y proponer al mismo tiempo algunas medidas para enfrentar el flagelo de la delincuencia.

En primer término, tenemos que preguntarnos y aclarar cómo fue que llegamos a estos extremos de inseguridad.

Desde mi punto de vista, esta descomposición social viene de lejos, se acentuó en los últimos tiempos y se precipitó después del fraude electoral.

Esta crisis tiene su antecedente inmediato en la política salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, todas las acciones del gobierno se orientaron a mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.

En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones de las empresas públicas en beneficio de una minoría. También en este contexto debe verse el asunto del Fobaproa, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, desde la época colonial. Recordemos que Ernesto Zedillo, con el apoyo del PRI y del PAN, del PRIAN, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública.

A la llegada de Vicente Fox se fortaleció y se hizo más vulgar esta red de complicidades, al grado que un empleado del banquero Roberto Hernández pasó a ser el encargado de la Hacienda Pública. Pero lo más grave fue que Fox dio al traste con la incipiente democracia mexicana.

A estas alturas, ha quedado suficientemente claro que quienes urdieron y llevaron a cabo el fraude electoral del 2006 lo hicieron para seguir imponiendo una política económica contraria al interés popular y a la soberanía nacional.

El fraude causó un daño inmenso: lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República no sólo carece de autoridad moral, sino que su ineptitud es cada vez más evidente.

El fraude nos llevó a más pobreza, desempleo, carestía, crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia. Todo lo cual, si se hubiese respetado el voto ciudadano, no se estaría padeciendo o, cuando menos, habría la esperanza de salir adelante y no la sensación de frustración que empieza a dominar en amplios sectores de la sociedad.

Además, la falta de sensibilidad y la hipocresía de los potentados, y de su representante en la Presidencia, es cada vez más notoria. Por ejemplo, ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se les ocurre es amenazar con el discurso propagandístico de “la mano dura”, y quieren resolver el problema con más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, y condenas más largas. Como si ello bastara para enfrentar una situación que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por falta de empleo y educación para los jóvenes, por la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites, a través de los medios de comunicación, donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo.

La delincuencia y la convulsión social son producto de la injusticia y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos, también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad mediante las drogas y la violencia.

Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Pero nada de eso están haciendo los hombres del poder en México.

Tampoco están dispuestos a rectificar ni practican la autocrítica. Por el contrario, a pesar de que el país está hundido en una profunda crisis económica y de bienestar social, insisten en seguir saqueando, en despojar al pueblo de su patrimonio y de su porvenir.

No se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas que propone Calderón para privatizar la industria petrolera, habría más pobreza, más desempleo, pero también más frustración y violencia, lo cual ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social. A menos que por la codicia estén dispuestos a permanecer como rehenes en casas amuralladas, a viajar en carros blindados y a moverse con nubes de guardaespaldas, pero a eso, francamente, no se le puede llamar vivir.

De modo que si ellos no alcanzan a entender que el petróleo en manos de la Nación es un factor de estabilidad política y social, a nosotros nos corresponde actuar con responsabilidad y hacer todo lo que podamos para frenar el proceso de degradación progresiva que afecta a la sociedad en su conjunto y a la vida pública.

No puede ser que por la enajenación que produce la ambición al dinero, se destruya lo más preciado para todos que es la tranquilidad y la paz social o se obliga a algunos mexicanos a abandonar al país. Todos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan caminar por las calles, libres de miedos y temores.

Por lo anterior, propongo de manera concreta lo siguiente:

1. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la privatización, abierta o disfrazada, de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso. Entre otras razones, nos oponemos a la privatización, porque queremos vivir en paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia. El despojo de la renta petrolera creará un ambiente de insatisfacción y farsa, que nos mantendrá en constante riesgo de confrontación y habrá más inseguridad e inestabilidad política.

2. Es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social. La Cámara de Diputados debe autorizar mayor presupuesto a las universidades públicas con el propósito de que los 300 mil jóvenes que cada año son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, tengan la oportunidad de estudiar y no se les orille a tomar el camino de las conductas antisociales. Asimismo, deben otorgarse becas a todos los jóvenes que estudian en el nivel medio superior, como lo está haciendo el Gobierno del Distrito Federal.

3. Deben renunciar, de inmediato, los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna, respectivamente, así como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Los motivos son obvios: el primero es un delincuente confeso y los otros dos ya fueron, durante el gobierno de Fox, titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y secretario de Seguridad Pública federal. Y durante todo este tiempo, han demostrado su falta de integridad e ineficiencia.

4. Debe orientarse el presupuesto público a impulsar actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar de la población. El gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo 2 años sumará 404 mil millones de pesos. A su vez, en 2007, los excedentes por precios altos del petróleo de exportación fueron de 12 mil millones de dólares y en 2008 serán 20 mil millones más.

Por eso proponemos que se lleve a cabo una reducción del gasto burocrático de por lo menos 200 mil millones de pesos y que estos recursos, junto con los excedentes petroleros, se destinen a la inversión en infraestructura y desarrollo social. En particular, estos recursos deben orientarse a fortalecer a Pemex, a garantizar la soberanía alimentaria y a crear empleos sobre todo para los jóvenes.

5. Debemos seguir insistiendo hasta lograr una renovación tajante de la vida pública. Nada o poco se logrará mientras se mantenga este régimen de opresión, corrupción y privilegios. El país está secuestrado por una minoría rapaz. No se pueden enfrentar los graves y grandes problemas nacionales si continúa el predominio de una mafia política tanto o más peligrosa que la delincuencia organizada.

Sí hay salidas, sigamos organizándonos. Sigamos defendiendo al pueblo y al patrimonio de la Nación. Sigamos trabajando en la transformación de la vida pública de México.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente legítimo de México

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HECHOS, NO PALABRAS
por José Luis Piñeyro

(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)

Hay dos rasgos de conducta de las élites económica y política de México y América Latina con sus gobernados: uno, entre ellas son complacientes con sus abusos y flexibles en sus reglas, pero férreas contra la participación popular autónoma que impugne la legalidad e institucionalidad; otro, recurren a la ciudadanía de manera dosificada sólo en elecciones o cuando toman decisiones coyunturales que requieren legitimar. Esto parece que va a repetirse después de que el trágico secuestro del joven Fernando Martí obligó a las autoridades a reconocer que este ilícito y otros habían aumentado.

Así, de los mutuos reproches del gobierno federal y el capitalino, y del Ejecutivo al Legislativo y del Judicial a ambos, se pasó a la calma de la clase política, como lo muestra el reciente Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad suscrito por Legislativo y Ejecutivo. Reformas a leyes federales, a instancias de seguridad pública que delimiten nuevas facultades y penas por delitos graves, y el presupuesto para impulsarlas, más un mecanismo de seguimiento y evaluación de la sociedad civil. Más legalidad y presupuesto, y búsqueda de legitimidad con mínima intervención social.

También la clase económica dominante bajó la crítica al Estado como irresponsable en su función central de dar seguridad física, patrimonial y jurídica para luego señalar que el problema era de coordinación interinstitucional e impunidad. El dirigente del CCE reconoció que no sólo la impunidad propicia delitos, sino también la desesperación por el desempleo dada la ausencia de incentivos para invertir y generar empleos. El inicio del acuerdo cupular queda más claro si agrupamos notas periodísticas por Estado, economía y sociedad.

Estado. La penetración del crimen organizado la reconoce la PGR al informar que el narco controla 80 municipios y diversas actividades delictivas (protección a empresas y a prostitutas), en especial en Michoacán y Tamaulipas. Unos expertos van más allá y señalan que el narco financió las elecciones de más de un tercio de los alcaldes del país. ¿Y a cuántos gobernadores, diputados y senadores?

Además, recién se informó del arresto de tres militares y dos civiles de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por colusión con el cártel de los Beltrán Leyva (El Universal, 11 y 12/VIII/08).

Economía. Santiago Creel declaró: “Que no nos engañen. El dinero del narco no anda viajando en maletas. Está en los bancos”. Un reporte del Departamento de Estado de EU revela que entre 2003 y 2008 los narcos repatriaron a México 22 mil millones de dólares al sistema financiero. La Asociación de Bancos de México rechazó esto dados los estrictos controles financieros, ya que hoy el pago entre narcos, afirmó, es en efectivo y se lava comprando inmuebles, autos y joyas. Un experto destaca el fracaso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y un ex funcionario afirma que los bancos y casas de bolsa a menudo reportan “información basura” por la falta de regulaciones que los obliguen (La Jornada 12 y 13/VIII/08).

Sociedad. El secretario de la Defensa reveló que 500 mil personas apoyan al narco (sembradores: 300 mil; comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas: 160 mil; capos de diverso rango: 40 mil); a este narcoejército habría que agregar otras bases de apoyo social de actividades criminales: tráfico de autos, armas, migrantes, mujeres, niños, órganos humanos, mercancías. Además, en 2007 se cometieron un millón 578 mil delitos en un contexto de deterioro de empleo, ingreso y seguridad laboral, más el millón 300 mil nuevos pobres extremos que reporta el Banco Mundial por la crisis alimentaria de 2008 (El Universal, 9/VIII/08).

El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad es posible que incluya reclutamiento riguroso de personal; depuración radical de las policías municipales, estatales y federales; control interno sistemático de las mismas; capacitación técnica y logística de la tropa; restructuración de mandos, saneamiento del sistema judicial (MP y jueces) y penitenciario (custodios y directores) que reduzca la impunidad basada en la corrupción e ineficiencia. Pero si no incorpora formas de participación ciudadana vía grupos de expertos y organismos de contraloría social; campañas permanentes de prevención de delitos (drogadicción, narcotráfico, contrabando); campañas masivas de participación social y de rehabilitación de drogadictos, seguirá dominando la lógica represiva sobre la preventiva, la participativa y la de rehabilitación. Continuará la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública, la sociedad debe legitimar los acuerdos de las élites y mantenerse pasiva frente a sus acciones y omisiones, como no atacar el vital nervio financiero del crimen organizado.

Si la estrategia anticriminal no es acompañada de una política económica de generación masiva de empleo bien remunerado y una social de combate real a la generalizada pobreza, la descomposición moral y material de la nación avanzará, se debilitará más el Estado y la economía dependerá más de los narcoflujos financieros. Serán más palabras que hechos la inclusión ciudadana.

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sábado, 16 de agosto de 2008

Olimpiadas y política, por Alejandro Encinas

Ciudad de México, 16 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 504

Sumario:

I.
Olimpiadas y política, por Alejandro Encinas

II. Juegos en Pekín, por Ignacio Ramonet

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OLIMPIADAS Y POLÍTICA
por Alejandro Encinas

(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)

Para un importante sector de mexicanos de las generaciones de jóvenes en los 60 y 70, los Juegos Olímpicos están asociados a la represión de que fue objeto el movimiento estudiantil que en 1968 demandaba cambios profundos en la vida política del país, dominada por un régimen autoritario que inhibía el ejercicio de las libertades democráticas elementales.

Este no es un hecho aislado. Desde que en 1896 en Atenas se reviviera su celebración, la política está ligada a estos juegos. La misma motivación de Pierre de Coubertin para retomar estas competencias tenía un propósito político al pretender reunir en un mensaje de paz a atletas de todo el mundo. Está claro: las Olimpiadas, además de ser la más importante manifestación deportiva del orbe, tienen una connotación política y se han convertido en un buen negocio.

Desde la preguerra, la disputa por la sede olímpica tiene que ver con la búsqueda de legitimidad de los gobiernos convocantes para demostrar —más allá de la capacidad económica que exige la organización y construcción de la infraestructura deportiva y logística necesaria— gobernabilidad y diplomacia.

Lo pretendió Hitler en Berlín 1936, al querer utilizar la justa como medio de propaganda de la Alemania nazi, demostrar la superioridad aria y cambiar la percepción internacional adversa ante la supresión de libertades, la violencia antijudía y la represión a los comunistas y socialistas alemanes. Jesse Owens derrumbó tal propósito. Esta situación condujo al primer boicot a los juegos, cuando se organizaron de manera alternativa las Olimpiadas Populares en Barcelona, evento que fue suspendido al estallar la guerra civil en España en julio de 1936.

El boicot se hizo patente en Montreal 1976: 33 países abandonaron las Olimpiadas en protesta porque el COI no sancionó a Nueva Zelanda, cuya escuadra de rugby había competido en Sudáfrica, país excluido del movimiento olímpico por su política de segregación racial. Más adelante el boicot adoptó una más de las caras de la guerra fría, como sucedió en Moscú 1980 tras la invasión soviética a Afganistán, y en Los Ángeles 1984, cuando el bloque hizo lo propio aduciendo una campaña anticomunista.

El acontecimiento más lamentable en la historia olímpica fue, en Munich 1972, la irrupción del comando Septiembre Negro que, demandando la liberación de 234 palestinos presos en cárceles de Israel y Alemania, secuestró y asesinó a 11 integrantes de la delegación israelí tras un fallido intento de rescate. Los juegos continuaron hasta su clausura.

En México 1968, tras el milagro mexicano y una reconocida política exterior, el gobierno buscaba ocultar su rostro autoritario. Pero como en otros países, ese año emergió un movimiento político y cultural que cuestionó al establishment y demandaba reconocer el agotamiento de un régimen negado a asumir la diversidad y conformar una nueva sociedad. La protesta estudiantil fue sofocada “para evitar afectar la imagen de México en el exterior”. No obstante, los estadounidenses John Carlos y Tommie Smith levantaron sus puños en guantes negros, símbolo de los Black Panthers, organización que reivindicaba los derechos de los afroestadounidenses, durante la ceremonia de premiación en pruebas de atletismo. Al igual que el movimiento de los estudiantes, ambos atletas fueron castigados a su regreso.

China no es la excepción. El despliegue económico, tecnológico, diplomático y la fuerza de una cultura milenaria no ha ocultado las inconformidades por la intervención en el Tíbet, las disidencias e incluso los atentados en el marco de la contienda, que pese a la consolidación de ese país como potencia mundial y su irrupción en el siglo XXI como era de modernidad de los países asiáticos, reclaman libertades democráticas, como a lo largo de todas las justas olímpicas.

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JUEGOS EN PEKÍN
por Ignacio Ramonet

(publicado en Le Monde Diplomatique en español, núm. 154 de agosto de 2008)

Con el lema “Un mundo, un sueño”, los Juegos Olímpicos de Pekín deberían ofrecer a los dirigentes chinos, del 8 al 24 de agosto, la ocasión de una rehabilitación internacional después de la condena mundial de la que fueron objeto tras la matanza de la plaza Tiananmen en 1989. Por eso el éxito de las Olimpiadas es tan primordial para ellos y, por eso, el primer ministro Wen Jiabao insiste en las consignas de “armonía” y de “estabilidad”. Ello explica también la brutalidad de la represión contra la revuelta del Tíbet en marzo pasado. Así como el furor de las autoridades contra las manifestaciones que perturbaron, en algunos países, el paso de la antorcha olímpica. O la rapidez en enviar auxilio a los damnificados del terremoto de Sichuan del 12 de mayo. Nada debe perturbar la consagración mundial de China en este año olímpico.

Asimismo, estos Juegos celebran los treinta años del inicio de las reformas impulsadas en 1978 por Deng Xiaoping que han permitido el milagro económico y el excepcional renacimiento de China. Cierto es que sus triunfos impresionan. Su PIB duplica cada ocho años y, en 2008, debería rebasar el 11%. Con una población de 1 350 millones de habitantes —igual a la suma de la de las Américas (900 millones) más la de Europa (450 millones) —, este país es ya la tercera economía del planeta. Ha aventajado a Alemania, sobrepasará en 2015 a Japón y debería superar a Estados Unidos en 2050. Se ha convertido en el primer exportador mundial y en el principal consumidor del planeta.

Pero ese “milagro” presenta varios lados ocultos. En primer lugar, las graves violaciones en materia de derechos humanos que contradicen los valores del olimpismo. China, por ejemplo, lleva a cabo más de 7 000 ejecuciones capitales al año, o sea el 80% de todas las penas de muerte aplicadas en el mundo. Además, la estabilidad de este coloso se ve amenazada por otros peligros: un previsible desplome bursátil, una inflación desmedida, un desastre ecológico y motines sociales que se están multiplicando.

El propio vicepresidente de la Asamblea popular, Cheng Siwei ha alertado: “Se está formando una burbuja especulativa. Los inversores deberían preocuparse por los riesgos” (1). Y Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, acaba de afirmar que los mercados bursátiles chinos están “sobrevalorados” y han alcanzado niveles “insostenibles”. El índice de la Bolsa de Shanghai se ha multiplicado por cinco desde 2006, y su crecimiento desde principios de 2008 es del 106%. Cuando una Bolsa alcanza semejantes picos, su hundimiento pocas veces está lejos.

Por el momento, el número de ricos no cesa de aumentar. China ya posee unos 250 000 millonarios en dólares. Pero las políticas liberales del sistema también han aumentado las desigualdades entre ricos y pobres, entre ganadores y perdedores. Unos 700 millones de chinos —47% de la población— viven con menos de dos euros diarios, y, de ellos, unos 300 millones con menos de un euro diario.

Porque el “milagro” está basado en la represión y la explotación de una inmensa hueste de trabajadores (los que fabrican para el mundo entero toda clase de bienes de consumo baratos). A veces trabajan entre sesenta o setenta horas semanales por sueldos inferiores al salario mínimo. Más de 15 000 obreros mueren cada año en accidentes laborales. Los conflictos sociales están aumentando anualmente un 30%: huelgas salvajes, revueltas de pequeños campesinos, además de escándalos de los niños esclavos.

El actual contexto es propicio al descontento. Pues en China, como en muchos países, el incremento de los precios de los alimentos y de la energía (el 19 de junio pasado, el Gobierno aumentó el precio de los carburantes un 18%) se traduce en una subida de la inflación —que ya alcanzaba el 7,7% en mayo— y una consiguiente degradación del nivel de vida. Las autoridades temen la amenaza de una inflación desestabilizadora que podría provocar manifestaciones de masas semejantes a las que fueron aplastadas por el ejército en la plaza Tiananmen en junio de 1989.

A todo ello se añade el peligro de una catástrofe ecológica que cada día preocupa más a los ciudadanos. El propio ministro del Medio Ambiente, Pan Yue, ha admitido la enormidad del desastre: “Cinco de las ciudades más contaminadas del planeta se hallan en China; las lluvias ácidas caen sobre un tercio de nuestro territorio; la mitad de las aguas de nuestros siete principales ríos son inutilizables; un tercio de nuestra población respira un aire muy contaminado. En Pekín, entre el 70 y el 80% de los cánceres tienen por causa el medio ambiente degradado” (2).

Todos los descontentos de China van a querer aprovechar la gran cita de las Olimpiadas y la presencia de unos 30 000 periodistas extranjeros para expresar sus iras. Las autoridades se hallan en estado de máxima alerta. Sueñan con poder desactivar a tiempo el gigantesco barril de pólvora social a punto de estallar. Para que los Juegos de Pekín no le prendan fuego a toda China.

Notas:
(1) Financial Times, Londres, 30 de enero de 2007.
(2) Der Spiegel, Hamburgo, abril de 2005.


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viernes, 15 de agosto de 2008

En defensa del petróleo

Ciudad de México, 15 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 503

EN DEFENSA DEL PETROLEO

Con la participación de destacados expertos en materia constitucional y del petróleo —Dr. Raúl Jiménez Vázquez, Dr. Raúl Carrancá y Rivas, Dr. Jaime Cárdenas Gracia, Lic. Rodrigo Olvera Briseño y el Ing. Rafael Decelis Contreras— el pasado 10 de julio, en el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, se llevo a cabo el Foro: “El Debate Constitucional sobre la reforma de Pemex: Conclusiones y Propuestas”. Por la importancia fundamental que el tema constitucional tiene en la discusión nacional, generada a partir de las iniciativas de ley para una reforma de Pemex presentadas por el Ejecutivo Federal, la oficina del diputado federal José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD, ha difundido los aspectos relevantes de las conclusiones y propuestas presentadas en torno al contenido inconstitucional, privatizador y entreguista de las Iniciativas de Ley de Felipe Calderón, documento que aquí publicamos.


CONCLUSIONES

a) Los argumentos vertidos en el Foro Senatorial a fin de apuntalar la constitucionalidad de las iniciativas privatizadoras carecen de validez jurídica, además de que no tienen arraigo ni precedente alguno dentro de la doctrina nacional y están totalmente divorciados de la historia de las luchas del Pueblo Mexicano cristalizadas en los cuatro principios rectores de los derechos de la Nación sobre los hidrocarburos.

b) Las iniciativas en cuestión no pueden, ni deben, ser aprobadas por el Poder Legislativo Federal.

c) Serían inconstitucionales las reformas legislativas que llegaran a aprobarse por su contradicción, principalmente, con los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) El poder revisor de la Constitución previsto en el artículo 135 de la Constitución es un poder subordinado a la Constitución y al constituyente originario. Se trata de un órgano constituido y limitado por decisiones políticas fundamentales cuyos actos deben estar sujetos al control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

e) El fraude a la Constitución o golpe de Estado constitucional se produciría al utilizar la formalidad constitucional y legal para trastocar la legitimidad constitucional representada en los principios constitucionales que establecen los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que son decisiones políticas fundamentales del pueblo de México.

f) En su defecto, es preciso promover y dar curso legislativo a una verdadera reforma energética:
· Que esté a la altura de las luchas históricas del Pueblo de México.
· Que sea rigurosamente apegada a los mandatos constitucionales.
· Que tenga un carácter acendradamente nacionalista.
· Que esté imbuida de una visión de Estado.
· Que no esté alimentada de un espíritu privatizador.
· Que se oriente hacia el genuino fortalecimiento de la industria petrolera nacionalizada y de las cadenas productivas nacionales que giran a su alrededor.
· Que le permita a Pemex desarrollar el potencial que le ha llevado a ser la segunda empresa a nivel mundial en materia de captación de ingresos brutos.
· Que preserve la propiedad, el control y el usufructo de la renta petrolera a favor de los mexicanos.
· Que auspicie la construcción del andamiaje que se requiere para que las mayorías populares puedan ejercer el derecho humano al desarrollo, el derecho humano al futuro.
· Que sea fruto de una consulta popular cuyos resultados sean atendidos por el Congreso de la Unión.

La pretensión de Calderón de abrir áreas estratégicas, reservadas en exclusividad a la Nación a la participación del capital privado, específicamente extranjero, atendiendo a la geopolítica mundial del petróleo, sería devastadora en términos de soberanía y seguridad nacional.

Los problemas que enfrenta Pemex son el resultado del saqueo criminal al que ha sido sometido durante décadas de neoliberalismo en México. La solución a la problemática de Pemex no requiere de la privatización del petróleo y de PEMEX. Pueden y deben ser resueltas respetando el marco constitucional vigente. Fundamentalmente se requiere un Plan Nacional de Energía. La propuesta del gobierno federal debe rechazarse por inconsistente. No es una reforma energética ya que no incluye la petroquímica, ni el gas y tampoco a la electricidad.

Las iniciativas de Calderón responden a los compromisos y acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, particularmente a los compromisos contraídos desde el sexenio de Fox en la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Es decir, para garantizar la seguridad y prosperidad de nuestros vecinos del norte, que conciben a México y a nuestro petróleo como un elemento clave de su seguridad energética y como un apetecible botín de las grandes trasnacionales del petróleo.

PROPUESTAS

Los trabajos de este Foro se orientaron a desarrollar una serie de propuestas que, desde el ángulo de la defensa constitucional, permitan a los Legisladores del Congreso de la Unión y a millones de ciudadanos mexicanos, contar con instrumentos jurídicos necesarios para evitar el quebrantamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

JUICIO POLÍTICO

El artículo 27 de la Constitución prescribe en su párrafo sexto que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”. A su vez el artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que propone el Presidente dice a la letra en lo conducente: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros”. El citado mandato constitucional prohibitivo es categórico, no admite excepciones ni interpretaciones. Se refiere a concesiones y contratos in extenso, o sea, no es alegable que sí se pueden otorgar contratos de obras y de prestación de servicios. En lo tocante a que no subsistirán los que se hubiesen otorgado cabe señalar que el artículo 6º de la vigente Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (Diario Oficial, noviembre 29 de 1958), ordena en lo conducente que: “Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere”. Ley, la anterior, anticonstitucional y que ha favorecido la subsistencia de concesiones y contratos que expresamente prohíbe el artículo 27 de la Constitución. El texto que rige determina que “la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos” y el que propone el Presidente emplea la palabra exploración. Pero al margen de las disquisiciones gramaticales acerca de una palabra y otra lo claro y evidente es que están prohibidos por la Carta Magna concesiones y contratos. Y eso de “los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva” obliga a ésta a reglamentar, o sea, a determinar las reglas para la ejecución del mandato constitucional; siendo un desatino mayúsculo suponer siquiera que “las disposiciones constitucionales vigentes en materia de petróleo admiten diversas variantes en la reglamentación secundaria, que derivan del margen de interpretación que corresponde al legislador”, confundiendo lamentablemente la interpretación auténtica (propia de legislador) con la interpretación constitucional (propia del órgano de control de la Carta Magna).

El artículo 71 de la Constitución concede al Presidente de la República “el derecho de iniciar leyes o decretos”. Al respecto una cosa es tener un derecho y otra ejercerlo. Al ejercerlo el Presidente ha llevado a cabo, un acto de autoridad, el que como todo acto de autoridad o de particular se puede realizar en una de dos vertientes: ser conforme a la Constitución y a la ley o no serlo, violando una, otra, o ambas. Y el Ejecutivo Federal ha violado el artículo 27 constitucional en su párrafo sexto. El artículo 87 de la Constitución obliga al Presidente a prestar la protesta de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, manifestando inmediatamente: “y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

¿Cómo demandárselo? El Título Cuarto de la Constitución, denominado De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, es un maremágnum lleno de contradicciones. El Presidente sin duda es un servidor público y un representante de elección popular (artículo 108), pero protegido por una inmunidad e impunidad odiosas ya que “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común” (artículo 108 en su párrafo segundo). La contradicción, que no excepción, reviste suma gravedad habida cuenta de que otros servidores públicos e incluso representantes de elección popular, de menor jerarquía jurídica y política que el Presidente, “serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales (artículo 108 en su párrafo tercero y artículo 110). En otras palabras, se les impondrán mediante juicio político las sanciones procedentes “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (artículo 109 en su fracción I). Acoto que desde mi punto de vista tales actos u omisiones pueden ser equivalentes a violaciones a la Constitución y a las leyes federales, a lo cual se refiere el artículo 108 en su párrafo tercero.

¿Qué hacer? La Constitución es un órgano jurídico vivo, dinámico, sujeto siempre al desentrañamiento de su ratio legis, de su espíritu. La Constitución se puede y debe interpretar con base en la hermenéutica jurídica. Son varias las interpretaciones que se utilizan en la ciencia constitucional: la gramatical, la auténtica, la declarativa o estricta, la restrictiva, la extensiva, la histórica, la lógica, la sistemática, la progresiva, la teleológica o finalista, entre otras. Y es precisamente ésta última la que ofrece una perspectiva mayor partiendo de la pregunta “¿cuál es el telos o fin de la Constitución? Entonces preguntémonos: ¿habrá querido el constituyente (el juicio político se introdujo en el cuerpo constitucional en 1982) que el Presidente de la República goce de inmunidad e impunidad en los casos de la especie? Si la respuesta es afirmativa dejémoslo allí, concediéndole al “depositario del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión” (artículo 80) un privilegio antidemocrático y superado ya en la historia junto con el absolutismo. Si la respuesta es negativa no hay más camino que recurrir a la interpretación teleológica o finalista, sin exclusión de las otras, y concluir que un Presidente de la República que viola la Constitución o las leyes federales, o que incurre en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, debe ser sujeto de juicio político para todos los efectos del Título Cuarto constitucional.

En el caso de legisladores, los que voten a favor, incurrirían en la hipótesis de procedencia política establecido en el capítulo IV, y reglamentada en la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, “cuando éstos lleven a cabo actos u omisiones que afectan los intereses públicos fundamentales o su buen despacho” o cuando se efectúen violaciones graves a la norma constitucional y este sería el caso.

AMPAROS Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Si se llegare a aprobar esta aberrante reforma, los millones de ciudadanos que estamos en contra de tal pretensión interpondremos sendos juicios de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, vía los correspondientes Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Nuestra legitimación procesal activa, nuestro interés jurídico para activar dicho medio de defensa jurisdiccional de la Norma Constitucional, se haría consistir en el hecho de que con la privatización en cita se vulneraría de manera flagrante, directa e inmediata nuestra esfera de intereses jurídicamente tutelados, los cuales emanan de los derechos constitucionales que nos asisten en nuestra condición de integrantes de la Nación en materia del dominio directo, inalienable e imprescriptible sobre el petróleo y los demás carburos de hidrógeno, y de la explotación directa, absoluta, exclusiva y excluyente de dichos recursos estratégicos, en forma de una industria petrolera nacionalizada de carácter integral a cargo de organismos públicos sujetos a la propiedad y el control del Gobierno Federal, mismos en los que no puede tener intervención alguna el sector privado.

En su oportunidad procesal, en grado de revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que asumir la responsabilidad jurídica, histórica y política de revertir ese magno atropello a una de las decisiones políticas fundamentales consagradas en el Pacto Constitucional de los Mexicanos.

Los principales Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos) reconocen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país, a través de sus representantes y directamente. De igual manera, la Carta Democrática Interamericana, suscrita por México, reconoce que la participación ciudadana en los asuntos trascendentales de un país, es un derecho de toda persona y es un elemento indispensable para considerar democrático a un Estado.

Otra vía, sobre la que no hay duda en su procedencia, es la acción de inconstitucionalidad que pueden promover los legisladores del Frente Amplio Progresista en contra de la aprobación de las leyes. Los legisladores del Frente en la Cámara de Diputados o en el Senado con el apoyo de legisladores de otras fuerzas políticas podrían tener el 33% necesario para interponer la acción prevista en la fracción II del artículo 105 de la Constitución. En este caso, el reto al que se enfrentarían los legisladores radica en el conservadurismo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los vínculos que tienen muchos de ellos con el PAN y con el PRI.

México, D. F., a 14 de agosto de 2008

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