miércoles, 30 de enero de 2008

Desplegado público del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas

Ciudad de México, 30 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 334



DESPLEGADO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS


Con el actual modelo neoliberal, la sociedad mexicana presenta graves problemas de inequidad para alcanzar los satisfactores mínimos consagrados en la Constitución. El desempleo, la pobreza y la falta de libertades son constantes en detrimento de las clases marginadas y mayoritarias del campo y la ciudad. Con el creciente deterioro del medio ambiente y entrega de los recursos naturales, el problema social se agrava, ha llegado el momento de revertirlo.

Ante la demanda de modificar la política neoliberal, expresada en diversas movilizaciones realizadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, sociales, populares y civiles, se ha profundizado la agresividad e insistencia del gobierno en mantener esta política depredadora, privatizadora y excluyente que privilegia los intereses de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.

La entrada en vigor de la última etapa de desgravación de las importaciones agropecuarias del TLCAN, la imposición del ASPAN, la escalada de precios derivada de la aplicación del incremento a los combustibles y el riesgo que representa para nuestro país la inminente recesión de la economía de Estados Unidos, agudizan el estancamiento de la economía nacional, el deterioro del campo y aceleran la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. A lo que se añade una reforma fiscal que, con nuevos impuestos, vulnera la libertad de asociación de los mexicanos al considerar a las organizaciones ciudadanas como empresas mercantiles.

Durante años las propuestas de los campesinos no han sido tomadas en cuenta y se han aplicado políticas contrarias al interés del campo y la Nación. La alimentación es la primera condición de vida de 107 millones de mexicanos, dos millones de niños que anualmente hay que alimentar, el sector primario es el sustento de supervivencia para 30 millones de ciudadanos del campo: la alimentación es un asunto de Seguridad Nacional. La Soberanía Agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, es inseparable de la Soberanía Energética y son requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. La política neoliberal y el TLCAN, han traído al país y al campo, dependencia agroalimentaria, pobreza, desempleo, descapitalización, falta de productividad, rentabilidad y competitividad, migración, despojo y destrucción de nuestros recursos nacionales.

Ante las movilizaciones sociales, el gobierno ha optado por la cerrazón y el autoritarismo, violentando gravemente los derechos humanos de la población. Se dejan en la impunidad delitos graves perpetrados por efectivos del ejército y las policías. Suman ya decenas de demandas por violación de mujeres y asesinatos de civiles inocentes, Se arremete contra organizaciones sindicales, como en los casos de los nucleares, sobrecargos y mineros, quebrantando sus derechos adquiridos y sobre todo, el derecho de Huelga.

La aprobación de reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública que, con el pretexto de combatir al crimen organizado, cancelan derechos ciudadanos al lesionar libertades y garantías individuales y al criminalizar la protesta social. Además se cierran los espacios de los periodistas cuya labor resulta incómoda para el gobierno o los círculos empresariales que le son afines.

La nula disposición del Ejecutivo para impulsar la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, y para atender y resolver las demandas planteadas por la sociedad, dan cuenta de una situación en la que la mayor parte de la clase política y las oligarquías empresariales expresan su decisión de mantener y profundizar una política económica y social excluyente, para beneficio de los intereses de los capitales trasnacionales y de sus socios mexicanos. Ello explica el anuncio de reformas que revelan un profundo desprecio por nuestra historia, lesionan los derechos de los trabajadores y comprometen severamente la Soberanía Energética de la Nación.

La reforma energética, promovida por el gobierno federal, ratifica la aplicación de las políticas que imponen los organismos financieros internacionales para sustraer los recursos naturales del país. La privatización de instituciones y servicios públicos de seguridad social y del sector energético, juega un papel fundamental para reducir la inversión del gobierno y abrir nuevas oportunidades de negocio a las voraces transnacionales. Para cumplir sus compromisos, al gobierno mexicano poco le ha importado renunciar a sus obligaciones consagradas en nuestra Carta Magna en materia de Soberanía Nacional. Privatizan, aunque digan lo contrario, a través de modificaciones a leyes secundarias, con recortes presupuestales a las empresas e instituciones públicas, con el otorgamiento de contratos y permisos que violentan las actividades reservadas exclusivamente al Estado por la Constitución.

La reforma laboral, auspiciada por el Poder Ejecutivo busca: autorizar con cambios en varias leyes secundarias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo; legalizar la intromisión de la Secretaria del Trabajo y de los patrones en la organización autónoma y exclusiva de los trabajadores; nulificar el derecho de huelga; legitimar los contratos de protección patronal; sustituir la jornada de ocho horas por el trabajo por hora; impedir la estabilidad en el empleo; desaparecer la antigüedad laboral con contratos temporales; ampliar el tiempo de servicios para obtener la pensión o la jubilación; abaratar la mano de obra nacional. Por ello, reiteramos nuestra exigencia de discusión y consenso con todos los trabajadores a partir del pleno respeto a los derechos adquiridos, ante cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo. Para hacer frente a la crisis del país, las organizaciones que suscribimos el presente Acuerdo Político, hacemos un llamado a todos los sectores sociales comprometidos en la lucha por la democratización y transformación de nuestro país, a participar en el "MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS" , será un amplio movimiento social, plural y solidario capaz de desarrollar la movilización indispensable para impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica y social Neoliberal.

Luchamos por la restitución de la legalidad constitucional porque en ese contexto es posible generar las condiciones para democratizar el régimen político y modificar la política económica.

Para consolidar nuestro movimiento asumimos los siguientes compromisos:

Modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos; por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales.

Renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones campesinas; expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. Defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación; aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; y, creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano.

Defender la propiedad social de la tierra -ejidos y comunidades- como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina. Ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, mediante la firma del Adendo acordado con los campesinos.

Cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.

Defender la economía popular; fortalecer el mercado interno, con la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la carestía por medio del control de precios de la canasta básica; impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, incrementando su participación en el ingreso nacional; exigiendo aumento general de emergencia; y, diseñar políticas de desarrollo social que superen la visión asistencialista.

Defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas, de la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE. Apoyaremos los procesos de revisiones contractuales y salariales, en especial los que involucran a los trabajadores de las universidades públicas.

Defensa de la soberanía energética revirtiendo las privatizaciones y acabando con participación privada abierta o simulada en el petróleo, gas, agua y electricidad. Respeto irrestricto de la legalidad constitucional.

Derogar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven el estado de excepción y la militarización, garantía integral de los derechos humanos, resolución de los casos de violación vinculados a la protesta social y aquellos en los que han sido señalados miembros del ejército y las policías, erradicación de toda violencia contra las mujeres, perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Liberación de los presos políticos.

Respetar la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información; freno a la concentración de los medios de comunicación social; nueva ley de medios electrónicos que incluya el otorgamiento de un sistema de concesiones de radio y televisión para las organizaciones sociales y civiles e instituciones de educación y cultura; impulso a la democracia participativa con el establecimiento de mecanismos de participación social en las políticas públicas en los diversos órdenes de gobierno. Demandamos el otorgamiento de concesiones para las organizaciones sociales de señales de televisión y de radio, abiertas y con alcance nacional.

Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, frenar las privatizaciones en el sector de la educación, impulsar la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así como la cultura y la investigación científica y tecnológica.

Por un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo. Rechazamos la siembra de transgénicos y exigimos la implementació n de programas de investigación con un sentido de desarrollo nacional que esclarezca los riesgos de su uso.

Los ejes fundamentales de nuestras acciones;

Convocar a todas las expresiones campesinas, sindicales, sociales, ciudadanas y al pueblo en general, agraviados por la actual política gubernamental a participar en nuestro plan de lucha cuyo punto de partida es la gran marcha Nacional del 31 de enero y que incluye las movilizaciones del 7 de febrero, del 6 de marzo, del 18 de marzo, del 10 de abril y del 1° de Mayo, entre otras acciones que llevaremos a cabo durante el año en curso.

Construir un movimiento que se extenderá a todos Estados y regiones de la República Mexicana, propiciando la articulación de estrategias y acciones entre las organizaciones participantes.

Impulsar una alianza entre los diversos sectores sociales democráticos del país con una perspectiva de largo plazo, que inicia con la suscripción del presente Acuerdo Político.

Promover la vinculación y solidaridad con organizaciones internacionales afines.

Exigir al Ejecutivo Federal y convocar al Poder Legislativo, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los distintos órdenes de gobierno, para que conforme a sus atribuciones constitucionales resuelvan nuestras propuestas.

Articular las principales demandas de las organizaciones campesinas, sindicales, y ciudadanas para construir una agenda integral, no fragmentable, que exigiremos por medio de la movilización. Elaboraremos propuestas y alternativas para solucionar la grave crisis política y social del país.

¡BASTA YA, RENEGOCIACIÓN DEL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLCAN! ¡RESCATEMOS AL CAMPO PARA RESCATAR A MÉXICO! ¡LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE!

Fraternalmente

México, D. F., a 28 de enero de 2008

Confederación Nacional Campesina; Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas; Central Campesina Independiente; Unión Campesina Democrática; Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo, "Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!", Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo
Nacional, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior; Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano.

Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas

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Documenta Almazán la sangría fiscal a Pemex

Ciudad de México, 30 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 333


Sumario:

I.
Documenta Almazán la sangría fiscal a Pemex

II. Convoca el gobierno legítimo de México a la movilización en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, Sin Maíz no hay País

III. Rescatar al campo 2, por Alejandro Encinas Rodríguez

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DOCUMENTA ALMAZÁN LA SANGRÍA FISCAL A PEMEX


El panorama polí­tico y social no favorece la pretensión de Calderón de privatizar Pemex. Las puertas de una reforma constitucional están prácticamente cerradas y su intención de privatizar por la ví­a de una reforma a leyes secundarias enfrenta serias dificultades políticas en el Congreso de la Unión, pese a los cabildeos del español Mouriño.

Así lo señaló este día el diputado federal José Antonio Almazán, quien agregó que diversos hechos apuntan a que el gobierno pospondrá hasta después del 18 de marzo la presentación de cualquier iniciativa sobre el tema en el Poder Legislativo, una vez que concluyan las elecciones para renovar la dirigencia del PRD y que en el PRI logren aplacar a una corriente de base y dirección que se opone a la privatización del petróleo.

El también dirigente de los trabajadores electricistas destacó entre los obstáculos que enfrentan “los privatizadores de ultraderecha que encabeza Calderón, las crecientes movilizaciones y conflictos sociales que han estallado a raí­z del gasolinazo, el rechazo nacional al capítulo agropecuario del TLC que terminará por arruinar al campo mexicano, la oposición fortalecida a la ley del ISSSTE y el repudio a la reforma judicial constitucional que busca criminalizar a la resistencia social al neoliberalismo”.

Almazán interpreta así la reciente declaración de Felipe Calderón, demandando un diagnóstico “honesto y objetivo” sobre Pemex, con lo que “busca ganar tiempo para sortear el temporal de conflictos sociales que tiene encima e implí­citamente es un reconocimiento de que su estrategia inicial de imponer por vía de un fast track la reforma energética ha fracasado”.

El representante del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Cámara de Diputados agregó que el diagnóstico que solicita Calderón “es una muletilla que utiliza con frecuencia para salir al paso, como ocurrió hace un año, el 18 de marzo de 2007, cuando al escuchar el informe del director general de Pemex, en Ixhuatlán, Veracruz, reconoció el diagnóstico objetivo de la situación que guarda la principal paraestatal de México. Por lo visto, de nada le sirvió a Felipe Calderón su meteórico paso por la Secretarí­a de Energí­a de septiembre de 2003 a mayo de 2004”, indicó Almazán.

Al ahondar sobre la situación objetiva que guarda la paraestatal, José Antonio Almazán señaló que “las propias cifras oficiales echan por tierra las principales falacias privatizadoras, como es el caso de la mentira de que Pemex no cuenta con los recursos de capital suficientes para resolver su crisis y afrontar su modernización”.

Según el diputado electricista, “un somero recuento de la historia financiera de Pemex, de 1938 a la fecha, conforme a datos oficiales, nos muestra que la situación de crisis financiera de Pemex obedece a una deliberada polí­tica neoliberal para descapitalizar a la empresa más importante de México y de América Latina en el ramo energético, para después utilizarla como un argumento a favor de la participación del capital privado en materia de petróleo y contradiciendo lo que establece el párrafo sexto del artí­culo 27 constitucional”.

Contundente, José Antonio Almazán señaló: “El diagnóstico que solicita Calderón para ganar tiempo y sortear la crisis que enfrenta, está a la vista de todos y su solución radica en terminar con la criminal sangrí­a a la que se ha sometido a Pemex”, a lo cual agregó las siguientes cifras, que confrontan los ingresos de Pemex con el monto de impuestos que se le ha obligado aportar al erario, mismos que han llegado a ser de hasta 60%.

Conforme a datos de los Anuarios Estadísticos de Pemex, en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1938-1940), sus ingresos fueron de 938 millones de pesos y aportó por concepto de impuestos 196 millones, es decir, 20.5 por ciento de sus ingresos. Con Ávila Camacho (1941-1946), Pemex tuvo ingresos por 2 770 millones de pesos, y pagó 608 millones de pesos en impuestos, 22.1%. Con. Alemán 1947-1952), los ingresos de la paraestatal fueron de 9 303 millones y sus impuestos de 1 636 (17.9%). En el periodo presidencial de Ruiz Cortines (1953-1958), ese porcentaje siguió disminuyendo, a 15.6%, con ingresos de 19 144 millones e impuestos de 2 939 millones.

La disminución continuó con López Mateos (1959-1964), cuando pagó en impuestos sólo 13.1% de sus ingresos (5 109 millones de pesos de 38 879 que tuvo de ingresos) y con Díaz Ordaz (1965-1970), cuando la paraestatal registró ingresos por 64 397 millones de pesos y pagó 8 292 millones de impuestos, 12.9%.

A partir de esa fecha, el porcentaje de impuestos que pagó Pemex en relación con sus ingresos empezó a crecer: con Echeverría (1971-1976) pagó 16.3% de sus ingresos, es decir, 29 345 millones de pesos de un total de 165 529. Con López Portillo (1977-1982), la sangría empezó a ser grave, pues pagó 37.3% de sus ingresos por concepto de impuestos, es decir, 840 796 millones de pesos de un total de 2 284 981.

Establecidas las políticas neoliberales en materia económica, la dinámica de empobrecer a Pemex por la vía fiscal continuó, con porcentajes de impuestos de 48.3% con De la Madrid (1983-1988), de 51.9% con Salinas (1989-1994), de 59.5% con Zedillo (1995-2000) y de 60% con Fox (2001-2006). En esos sexenios, ingresos e impuestos fueron: 70 304 y 32 793, 413 869 y 217 099, 1 756 290 y 1 051 525, y 4 342 702 y 2 593 121, respectivamente.

Este panorama de permanente y creciente sangría fiscal es con el que se quiere justificar la entrada de inversión privada a Pemex, concluyó José Antonio Almazán.

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CONVOCA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO A LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO MEXICANO, SIN MAÍZ NO HAY PAÍS

Al anunciar que los secretarios del gobierno legítimo de México Laura Itzel Castillo, Mario di Costanzo, Asa Cristina Laurell, Bernardo Bátiz, Raquel Sosa y Gustavo Iruegas estarán presentes en la movilización convocada para mañana 31 de enero, que tiene como propósito rechazar las alzas de precios en los productos básicos y la desgravación del maíz, frijol, leche en polvo y caña de azúcar, en el contexto de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno legítimo de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los mexicanos a incorporarse a esta acción, para lo cual anunció que sus representantes estarán citados en esa fecha, a las 3 de la tarde, en el Monumento a la Revolución frente al Frontón México.

Cabe señalar que la marcha ha sido convocada por una gran cantidad de organizaciones políticas y sociales, algunas de ellas provenientes desde la frontera norte del país, y partirá a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino.

Igualmente importante es informar que la cita para los miembros de la Resistencia Civil Pacifica es también a las 3 de la tarde en el Monumento a la Revolución, donde está el campamento de la CNTE, desde donde partirá la Gran Mazorca que llevará la actriz Jesusa Rodríguez.

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RESCATAR AL CAMPO 2
por Alejandro Encinas Rodríguez

(publicado en El Universal el 29 de enero de 2008)


Como apunté anteriormente, no basta revisar el capítulo agropecuario del TLC, como tampoco el frustrado Acuerdo Nacional para el Campo e incluso el programa emergente para la producción de frijol y maíz que propuse la semana pasada. Estos son urgentes y necesarios, pero insuficientes para superar la crisis económica y social que enfrenta el agro mexicano.

Superar esta situación requiere en primer término asumir que la seguridad alimentaria, la recuperación productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos son asuntos estratégicos en la agenda de la seguridad nacional. Se trata de establecer una política de Estado y de restablecer las funciones y responsabilidades a las que el neoliberalismo abdicó.

El Estado debe reponer y rediseñar los instrumentos públicos para el fomento de la actividad productiva; la atención especial a la investigación y desarrollo tecnológico; a la infraestructura en educación, salud y servicios rurales; reconocer la diversidad de unidades productivas, en particular del ejido y de la economía campesina, que han demostrado su profundo arraigo en nuestra cultura y capacidad de resistencia frente a los embates que promovieron su extinción; y desterrar las tentaciones del nuevo corporativismo para debilitar las organizaciones campesinas.

Dirán los defensores del neoliberalismo que lo aquí planteado busca restaurar el viejo Estado paternalista. Por el contrario, se trata de que al igual que en los países socios se establezcan mecanismos de compensación a los productores. Por ejemplo, datos proporcionados por organizaciones campesinas señalan que en México el crédito al sector agropecuario se redujo —en términos reales— de 1994 a 2007 de 51 mil millones de pesos a 5 mil 200 millones; sólo 15 de cada 100 productores tuvieron acceso al crédito de avío y cinco de cada 100 a crédito refaccionario. El crédito de la banca comercial al campo representa apenas 1.6% de su cartera y 0.3% de la banca de desarrollo. Las tasas de interés que pagan los productores mexicanos están hasta 200% por encima de las que pagan en EU.

El segundo lugar, el rescate del campo tiene que ver con sus actores sociales y organizaciones. Nos encontramos ante el eventual resurgimiento del movimiento campesino. Los acuerdos recientes han permitido el acercamiento de diversas agrupaciones, que ante la apertura comercial han logrado posicionar la problemática del campo en el debate nacional y al mismo tiempo han construido los primeros acuerdos para su reencuentro, como el Plan Chamizal presentado el primer día del año.

Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas indica que ello tampoco es suficiente. El golpe asestado al movimiento y a muchas de sus organizaciones que significaron las reformas legales del salinismo, el desmantelamiento y privatización de las instituciones públicas para el desarrollo rural y la cooptación de dirigentes en esos años lo debilitaron y dividieron, por lo que es necesario un esfuerzo mayor para avanzar hacia una nueva organicidad democrática y la definición de una agenda común que garanticen su unidad de acción.

Si bien esta agenda atraviesa por la exigencia de revisar el capítulo agropecuario del TLC y el Acuerdo Nacional para el Campo, y por la demanda de una política de Estado que permita establecer condiciones de equidad con los productores de los países asociados, ésta debe incluir además la defensa de la economía campesina y la sociedad rural, partiendo de reconocer que la apertura de los mercados requiere de la competitividad de las cadenas productivas y las redes de valor, que pueden alcanzar los productores mexicanos.

Ello demanda políticas de incremento a la productividad de los diferentes sistemas producto; la inversión en infraestructura y la ampliación de las superficies de riego; el mejoramiento tecnológico y de la calidad genética de las plantas, impidiendo la presencia de maíz y otros productos transgénicos; la reconversión productiva, respetando la vocación agroecológica de las regiones, la conservación de suelos, la cosecha de agua y la protección a los bosques del país; la creación de redes de comercialización; y programas de desarrollo regional que permitan creación de empleos, intercambio comercial y cohesión social en el campo.

De manera primordial, se requiere la organización de productores. Es impensable hoy el desarrollo de organizaciones campesinas sujetas a prácticas clientelares del pasado; se necesita asociar la organización al fortalecimiento de las unidades productivas campesinas y al esquema de sistema producto, con apoyos públicos transparentes y respeto a su autonomía.

Lo que se antoja difícil ante un gobierno que, ausente de legitimidad, carece de una visión de Estado, más interesado en los negocios y el pago de favores desde el poder público. De ahí la importancia de la marcha campesina del próximo jueves, en un nuevo intento por ubicar al campo en el sitio que le corresponde en el devenir nacional.

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