viernes, 4 de julio de 2008

Llama López Obrador a las bases priistas a oponerse a los acuerdos PRI-PAN que buscan privatizar Pemex

Ciudad de México, 4 de julio de 2008
Servicio informativo núm. 466

Sumario:

I.
Llama López Obrador a las bases priistas a oponerse a los acuerdos PRI-PAN que buscan privatizar Pemex

II. La exportación del modelo de vivienda mexicano a Centroamérica generará allá un problema social, declara el gobierno legítimo de México

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LLAMA LÓPEZ OBRADOR A LAS BASES PRIISTAS A OPONERSE A LOS ACUERDOS PRI-PAN QUE BUSCAN PRIVATIZAR PEMEX


Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los priistas que están en desacuerdo con la privatización del petróleo para que exijan a Carlos Salinas de Gortari, Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto que no hagan acuerdos con los panistas de arriba ni con intereses extranjeros para privatizar el petróleo.

El presidente legítimo de México indicó que los citados dirigentes priistas deben explicarle a la base de su partido las razones por las cuales están en negociaciones con los panistas de arriba, como Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño, y recomendó a la militancia priista tener cuidado y estar pendientes, porque las cúpulas del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional preparan un nuevo plan para quitarles a los mexicanos la industria petrolera.

Lo anterior fue declarado por López Obrador en el marco de su recorrido del día de hoy por municipios yucatecos. Tanto en Tekit, como en Mama, donde temprano inició sus actividades, el dirigente de la izquierda mexicana explicó que en la madrugada del 29 de junio, Carlos Salinas y Juan Camilo Mouriño se reunieron para acordar cómo van a lograr que los legisladores aprueben en el Congreso de la Unión la llamada reforma energética. “Los priistas de abajo me dicen que no están de acuerdo con la privatización del petróleo, porque viola los estatutos del PRI”, señaló.

López Obrador expresó que los potentados han establecido un modelo económico que sólo permite a los mexicanos sobrevivir. Mencionó que “el gobierno usurpador aplica programas sociales para que la gente la vaya pasando, mientras que los que se creen amos y señores de México se hacen más ricos”.

En el segundo día de gira por 24 municipios de los estados de Campeche y Yucatán, López Obrador comentó que en México existe una monstruosa desigualdad económica y social, con más pobreza y desempleo. Por ello, convocó a los yucatecos a crear un movimiento popular para evitar que el PAN y el PRI sigan hundiendo en la pobreza al pueblo de México.

En otro orden de ideas, el presidente legítimo de México destacó que el próximo 27 de julio se realizará la consulta popular sobre la llamada reforma energética en el Distrito Federal y en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.

Asimismo, detalló, el 10 de agosto se hará una acción similar en los estados del sur del país y el 24 de agosto se efectuará la consulta en los estados del norte.

En Chumayel, el López Obrador explicó a los yucatecos que hay que defender el petróleo, porque 40 por ciento del presupuesto nacional proviene de la factura petrolera y, sin ese apoyo, los gobiernos estatales no pueden construir infraestructura y apoyar las actividades productivas.

Para mañana, sábado, Andrés Manuel López Obrador recorrerá los municipios de Tahmek, Hoctún, Xocchel, Cantamayec, Sotuta, y Yaxcabá.

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LA EXPORTACIÓN DEL MODELO DE VIVIENDA MEXICANO A CENTROAMÉRICA, GENERARÁ ALLÁ UN PROBLEMA SOCIAL, DECLARA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO

En vez de solucionar el gravísimo problema de cartera vencida y desalojos que se ha venido acrecentando en nuestro país, Felipe Calderón pretende exportar a Centroamérica “nuestro” modelo habitacional, con lo cual extendería a toda la región el conflicto social creciente que aquí ha significado. Los 33 millones de dólares que México aportará a la construcción de vivienda, según anuncio oficial, es sólo un gancho para que las naciones presuntamente beneficiadas importen este modelo de vivienda que, además de ser un agente de depredación ambiental y agraria, excluye a los sectores más pobres y sólo favorece a los constructores privados mexicanos.

La Secretaría de Asentamientos Humanos del Gobierno Legítimo de México deplora que Felipe Calderón actúe como representante de los intereses económicos que lo llevaron al poder de manera fraudulenta, y alerta a las naciones hermanas de los riesgos que implicaría adoptar el modelo inmobiliario que en nuestro país se ha convertido en un problema social.

En realidad, el “modelo” habitacional mexicano no es propio. Corresponde a un conjunto de políticas impuestas desde el exterior. México lleva 25 años siendo el laboratorio de las medidas económicas propagadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). A pesar de que se ha insistido hasta el hastío de su bondad y éxito, nuestro país prácticamente no ha experimentado crecimiento económico en las últimas tres décadas. El desempeño de nuestro país en 2007 y los pronósticos para 2008 no son distintos. Según datos del propio FMI, la economía nacional se ha colocado a la zaga de América Latina y el Caribe. En estos dos años registrará un crecimiento promedio del 3%, mientras que las economías de los países de esta región crecerán a una tasa de 5%.

Entre las recomendaciones de estos órganos neoliberales que México ha seguido ciegamente están la liberación del mercado de bienes mediante la desregulación de la economía; la privatización de empresas públicas; los controles de precio, eliminación de subsidios y la liberación de las tasas de interés. Uno de los propósitos fundamentales de estas medidas fue reducir la intervención del Estado en la producción y actividades financieras.

Estos lineamientos se tradujeron en reformas estructurales que han impactado a distintos ámbitos. En el sector de la vivienda, produjeron profundos cambios en los preceptos sociales y de regulación financiera de las leyes y normatividades que rigen a los organismos encargados de promover esta prerrogativa constitucional de los mexicanos. Las dependencias federales del ramo perdieron su carácter social que les dio origen y se transformaron en entidades bancarias. Así, el Estado mexicano pasó de ser un promotor de habitaciones a un simple facilitador, bajo un esquema de intermediarismo financiero que favorece a entidades privadas, monopolios inmobiliarios y a trasnacionales que lucran con la cartera vencida hipotecaria.

Bajo esta misma lógica de sumisión incondicional, México ha implantado el esquema de créditos hipotecarios que ha sumido a Estados Unidos y a buena parte de las entidades financieras del mundo en una crisis inmobiliaria mayúscula. Se trata de préstamos que otorgan tanto dependencias públicas como entidades privadas a personas cuya capacidad de endeudamiento es nula o baja, los llamados subprime o créditos de riesgo. Estos préstamos neutrones —como los llama el destacado economista estadounidense James Galbraith, pues destruyen a las familias— han generado una crisis de tal magnitud en esa nación que apenas la semana pasada el Senado tuvo que autorizar una garantía de Estado por cerca de 300 mil millones de dólares para créditos inmobiliarios a menores costo para los contribuyentes y así evitar que más de 500 mil personas pierdan sus viviendas y frenar la ola de juicios contra los deudores. Según The Wall Street Journal, 80 por ciento de la deuda de los consumidores estadounidenses —más de 12 billones de dólares— corresponde a créditos hipotecarios. Por si fuera poco, el volumen de las pérdidas en el sistema bancario global a partir del colapso de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos asciende a 500 mil millones de dólares, según Francisco González propietario en México de Bancomer, el mayor banco comercial del país.

Como es de advertirse, este modelo bancario que el presidente de facto pretende implantar en Centroamérica con 50 mil acciones de vivienda en una primera etapa y 500 mil en el largo plazo, ha sido un fracaso total y se ha convertido en un problema social que crece día con día en nuestro país. Se citan tres ejemplos. Primero, de acuerdo con el INEGI, en octubre de 2007, el 14 por ciento de las viviendas del país —30.4 millones—, es decir, 4.3 millones, estaban deshabitadas. Las entidades con mayor número de estos casos son el Estado de México y Jalisco, con 318 mil y 259 mil, respectivamente.

Segundo, en junio de 2007 la cartera del Infonavit – dependencia que a partir de la década de los setenta ha construido más del 70 por ciento de las habitaciones en el territorio nacional – era de 110 mil créditos. Para mayo de este año, el número de créditos quebrados ascendió a 130 mil. Es decir, en menos de 12 meses la cartera vencida de ese Instituto aumentó en 18%. Esto se debe a dos factores básicos: al diseño mercantil de los créditos que los vuelve impagables y al creciente desempleo, porque cabe precisar que el crédito del Infonavit es una presentación cuya principal garantía es el empleo. Pero esta problemática no es privativa del Infonavit sino que se trata de una crisis general. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cartera vencida del sistema financiero mexicano aumentó 2 mil millones de pesos en tres meses, colocándose en 27 mil 200 millones de pesos en marzo de este año. Asimismo, la cartera vencida de los créditos hipotecarios de la banca suma ya 9 mil millones de pesos, es decir casi el 10% del total de los créditos bancarios vencidos.

Finalmente, otro indicador contundente del fracaso social de la “política” de vivienda que ha intensificado los gobiernos de derecha es el creciente número de asentamientos irregulares en todo el país debido a la ausencia de una visión integral de desarrollo urbano que, entre otras cosas, garantice reserva territorial y la dotación de suelo a la población. De acuerdo con datos de Corett hay 53 millones de personas que no cuentan con vivienda escriturada y cada año se integran a zonas urbanas 300 mil hogares, de los cuales 125 mil ocupan el suelo de manera irregular. Esto se debe en buena medida a que las 9 desarrolladoras inmobiliarias que controlan el mercado en México —como Homex, Sare, Geo, Ara, Urbi— acaparan prácticamente la mayoría del suelo de las principales ciudades del país. De acuerdo con Jaime del Río, ex funcionario del Infonavit y actual director de Relación con Inversionistas de Ara, la reserva territorial de estas empresas se incrementó 36.4% para la construcción de un poco más de un millón de viviendas. “En México, 60% de la vocación de tierra para vivienda es ejidal, por lo que nosotros nos hemos vuelto expertos en este tipo de adquisiciones” declaró dicho empresario en el diario El Porvenir.

Como se ve este modelo favorece a estas desarrolladoras inmobiliarias en todos los sentidos, cuyos directivos, por cierto, a ratos son funcionarios de gobierno y a ratos sus gerentes; como es el caso que denunció el Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, acerca del español David Sánchez Tembleque, que como subdirector de Finanzas del Infonavit vendió 55 mil créditos quebrados a dos empresas de capital extranjero y después fue gerente de Homex, empresa que casualmente creció 900% durante su gestión. Si a esto le sumamos los recursos públicos que reciben estas 9 compañías a través de la Sociedad Hipotecaria Federal con los que aseguran la rentabilidad de sus proyectos, entre otros tantos privilegios, entonces nos explicamos su crecimiento de mil 118 por ciento, de acuerdo con el Índice Habita (IH) de la Bolsa Mexicana de Valores ¿Será por eso que los directivos de estas corporaciones estuvieron presentes en este acto en el que fue rebautizado el abortado Plan Puebla Panamá como Proyecto Mesoamérica?

A estos efectos hay que sumarle la depredación del medio ambiente y el despojo de ejidos y tierras comunales que se dan en todo el territorio nacional para beneficiar a macroproyectos turísticos, comerciales y habitacionales. La edificación de nuevos fraccionamientos obedece a un brutal proceso de urbanización que avanza aceleradamente sobre importantes extensiones de tierra de cultivo, áreas de reserva natural y zonas de recarga y de abastecimiento acuífero, lo que pone en riesgo la actividad productiva agropecuaria de buena parte del país, su equilibrio ambiental y la viabilidad de las comunidades afectadas.

El derecho constitucional a una vivienda digna implica el respeto al hábitat y ello obliga al estado a desarrollar políticas públicas que garanticen esta armonía social y ambiental. Lejos de ello, las autoridades no sólo se han convertido en avaladoras de este tipo de proyectos, sino en furiosas promotoras con claros intereses financieros para saldar facturas políticas y seguirse enriqueciendo al amparo del poder público.

Laura Itzel Castillo Juárez
Secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo de México

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En reunión Mouriño-Salinas, prepara el PRIAN nueva estrategia para la privatización de Pemex, denuncia López Obrador

Servicio informativo núm. 465

Sumario:

I.
En reunión Mouriño-Salinas, prepara el PRIAN nueva estrategia para la privatización de Pemex, denuncia López Obrador

II. Informa la CCIODH al Parlamento Europeo sobre la grave situación de los derechos humanos prevaleciente en México

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EN REUNIÓN MOURIÑO-SALINAS, PREPARA EL PRIAN NUEVA ESTRATEGIA PARA LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX, DENUNCIA LÓPEZ OBRADOR

Desde el sureste mexicano, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, el día de ayer, que “el gobierno espurio de Felipe Calderón prepara una nueva estrategia encaminada a la pronta aprobación de la denominada reforma energética, que se diseñó la madrugada del pasado domingo en una reunión que sostuvieron Carlos Salinas y Juan Camilo Mouriño”.

“El ex presidente y el delincuente confeso —como llamó el presidente legítimo de México a Mouriño— se dieron cita el pasado sábado en el enlace matrimonial de una hija del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y por espacio de 45 minutos dialogaron en privado para abordar el tema petrolero”, detalló.

Al reanudar los recorridos por los dos mil 500 municipios del país, después de una suspensión de tres y medio meses, López Obrador dio cuenta del encuentro Salinas-Mouriño. Ante los habitantes del municipio de Palizada, Campeche, expresó que la nueva maniobra se trazó a partir de las 3.45 horas, en los pasillos del Colegio de San Ignacio de Loyola, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El dirigente de la izquierda mexicana afirmó que “ante el creciente rechazo social a la iniciativa de reforma energética del gobierno usurpador de Calderón Hinojosa y socios, principalmente en los foros que ha organizado el Senado sobre el tema, Salinas de Gortari aparece y está dispuesto a prestar sus servicios de mediación y convencimiento. Con la ayuda e influencia que ejerce entre la cúpula y militancia del partido tricolor, debido a la red de complicidades que tejió durante su gestión al frente de la Presidencia de la República, Calderón y los panistas tendrían la posibilidad de aprobar la iniciativa de reforma que pretende trasladar el dominio del petróleo a manos de las compañías multinacionales”, explicó.

López Obrador aclaró que Salinas ha colaborado y apoyado en anteriores ocasiones a gobiernos emanados del PAN. “Por ejemplo, Salinas prestó sus servicios al gobierno de Vicente Fox para lograr la aprobación del proyecto de modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, añadió.

Más adelante, el presidente legítimo de México, en entrevista que concedió al término de una asamblea informativa con habitantes de Candelaria, reiteró que Salinas y Mouriño concretaron un acuerdo, un pacto, en materia de reforma petrolera, y que el escenario fue la boda de una hija de Beltrones Rivera. Hizo énfasis en que “Salinas ofreció que va a apoyarlos —al gobierno usurpador y a los panistas— para que se aprueben las reformas en materia petrolera, porque sigue teniendo mucha influencia en el interior del PRI”.

López Obrador aclaró, sin embargo, que la nueva estrategia de corte panista-salinista “no les va a funcionar, porque la gente no quiere la entrega del petróleo a extranjeros, no quiere la privatización del petróleo”.

A un año de los comicios campechanos, en donde se renovarán la gubernatura, 34 curules del Congreso y 11 alcaldías, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que el pueblo de Campeche “está harto de la corrupción del PRI y del PAN”.

En la tierra en donde la familia Mouriño amasó una fortuna al amparo del poder público, señaló: “Ni modo que aquí, en Campeche, vayan a votar por el PAN, si tienen el ejemplo de la familia Mouriño, que en escasos 20 años se convirtió en la más rica del estado. En tan sólo 20 años”. Aseguró que el mencionado número de años representa todo un “récord” y que la riqueza de los Mouriño no es fruto del trabajo ni de conformidad con las leyes, “porque toda su riqueza es mal habida. Se hizo con corrupción y con tráfico de influencias”.

Entonces, se preguntó: “¿Quién va a votar aquí, en Campeche, por el PAN? Con un poco de luz en la frente, no se votaría por el PAN. Tampoco el PRI representa una opción, porque votar a favor del partido tricolor es retornar a la misma corrupción de siempre. Yo creo que los campechanos van a optar por un cambio, como en todo el país. La gente ya está harta del PRIAN y quieren un cambio”, consideró.

A pregunta expresa que le formularon los reporteros sobre la necesidad de construir una refinería en territorio campechano, López Obrador dijo que el estado es uno de los principales productores de petróleo en el país y que sí es necesario contar una planta en esta entidad para refinar el hidrocarburo y dejar de importar gasolinas.

Pero advirtió que si Calderón y la cúpula panista privatizan el sector petrolero, los empresarios extranjeros decidirán el sitio de construcción de una nueva refinería. También reiteró que no es necesario entregar el petróleo a las multinacionales. En el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo “estamos luchando para que no se entregue el petróleo a los extranjeros”.

Reconoció, no obstante, que son escasos los apoyos que se entregan a los estados productores de petróleo, “ahora que el sector está en manos de la nación, pero serán menores si se entrega la industria y no habrá esperanza para el pueblo de Campeche”.

López Obrador continuará mañana su recorrido por los municipios yucatecos de Tekit, Mama, Chuyamel, Mani, Teabo y Mayapan.

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INFORMA LA CCIODH AL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA GRAVE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PREVALECIENTE EN MÉXICO

Desde Bruselas, Bélgica, la Comisión de Prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación para los Derechos Humanos (CCIODH) ha informado que el pasado 1 de julio, una delegación de la CCIODH integrada por Iñaki García García, Bernard Riguet, Héléne Roux y Francoise Escarpit, presentó en el Parlamento Europeo el informe de la sexta visita de este organismo a México, referente a Chiapas, Oaxaca y Atenco.

La invitación para comparecer ante el Parlamento Europeo fue hecha por las y los diputados: Luisa Morgantini (GUE/NLG), vicepresidenta del Parlamento Europeo; Eva Lichtenberger, miembro de la comisión Unión Europea-México (Verde/ALE) y Willy Meyer (GUE/NLG).

Ante representantes del Parlamento Europeo, la delegación de la CCIODH hizo un recordatorio de su trabajo realizado en las anteriores visitas. Después, presentó los puntos más relevantes de su última visita, que tuvo lugar entre el 30 de enero y el 20 de febrero del 2008, así como sus conclusiones y recomendaciones.

Entre otros asuntos que afectan la situación de los derechos humanos en las citadas regiones de México, se señalaron los conflictos de tierra, la militarización, el papel de los grupos paramilitares, la falta de garantías en materia de justicia (con detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, malos tratos, tortura, agresiones sexuales), la impunidad generalizada, la falta de mecanismos satisfactorios de resarcimiento para las víctimas, la casi nula independencia del Poder Judicial y la criminalización de las luchas sociales.

Frente a esta gravísima situación de los derechos humanos en México y los riesgos de deterioro debido a una escalada de la violencia, los delegados de la CCIODH plantearon la necesidad de una evaluación cuidadosa de los programas de desarrollo y políticas en materia de derechos humanos implementados por la Unión Europea en colaboración con las instituciones mexicanas.

Se insistió en el hecho de que, de no efectuarse dicha evaluación, se pondría en entredicho la credibilidad de la UE ante la sociedad civil mexicana. Los diputados y representantes de distintas comisiones de trabajo del Parlamento presentes, entre ellos Antonio Masip Hidalgo (PSE), Willy Meyer (GUE/NLG), Gabriela Cretu (PSE) y Eva Lichtenberger (Verde/ALE), se comprometieron a poner en marcha los instrumentos adecuados para el seguimiento de la situación de los derechos humanos en México: preguntas parlamentarias, traducción del informe al ámbito legislativo, una posterior reunión interparlamentaria UE-México en Estrasburgo, así como la petición a la Comisión Europea de que establezca un mecanismo de seguimiento de la cláusula democrática del Tratado de Libre Comercio UE-México.

Se recibió positivamente el informe, quedó el compromiso de mantener el contacto y de hacer llegar el mismo informe a la Comisión Europea, a Erika Mann, presidenta de la delegación interparlamentaria UE-México, y a Héléne Flautre, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

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