jueves, 28 de febrero de 2008

Postura del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) en relación con la aprobación de la llamada reforma judicial

Ciudad de México, 28 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 364

Sumario:

I.
Postura del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) en relación con la aprobación de la llamada reforma judicial

II. Que Mouriño aclare si firmó los contratos de su empresa para el traslado de combustible de Pemex, exige López Obrador

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POSTURA DEL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN (FNCR) EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LA LLAMADA REFORMA JUDICIAL


Una vez que la reforma judicial fue sometida nuevamente a la consideración de la Cámara de Diputados, y votada el día martes 26 de febrero, y frente a la discusión del día de hoy en la Cámara de Senadores, el FNCR expresa lo siguiente:

1. Desde que nuestra Asamblea Nacional tomó el acuerdo de luchar contra la aprobación de las Reformas a la Constitución en materia de Justicia Penal, en el mes de diciembre, el FNCR hizo público un pronunciamiento en el que rechaza de manera integral la iniciativa de reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 porque significa elevar a rango constitucional la violación a garantías ya establecidas en nuestra Carta Magna.

2. Desde entonces hemos venido denunciando que con el argumento de hacer más eficaz el combate a la delincuencia, la llamada reforma judicial está dirigida a consolidar los cambios al marco jurídico destinados a legalizar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales. La tendencia en estos últimos años así lo demuestra: cientos de luchadores sociales se encuentran encarcelados, procesados y perseguidos por su participación en las luchas sociales pero acusados injustamente de cargos y delitos del fuero común. En este sentido, las modificaciones a la Constitución se constituyen en un verdadero retroceso en materia de derechos humanos y acentúan el carácter autoritario y policiaco del Estado mexicano.

3. Definitivamente nos oponemos al allanamiento, al cateo y el ingreso a un domicilio sin orden judicial, por la gravedad y el carácter fascista de esta medida, por lo cual la eliminación de la figura del allanamiento, en todo caso, la percibimos como el resultado de la movilización de un amplio sector de la sociedad que se pronunció en contra y, de manera particular, de la movilización de los ciudadanos y las organizaciones agrupadas en el FNCR.

4. Pero esto último también es la demostración de que no todo se define en el interior del Congreso y de acuerdo con los cálculos políticos de los partidos. La lucha por la defensa de los derechos humanos y de las garantías consagradas en nuestra Carta Magna es una lucha de toda la sociedad y también se da en la calle y desde todas las tribunas a nuestro alcance. Por ello, ante el anuncio de que en los próximos días la llamada reforma judicial será nuevamente sometida a la consideración del Senado, exigimos nuevamente que sea desechada en su totalidad.

5. La reforma debe ser desechada porque eleva a rango constitucional la figura del arraigo, y el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y el artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personales. Ambos instrumentos jurídicos señalan, además, que “toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”.

6. La reforma debe ser desechada porque contempla la prisión preventiva, y de acuerdo al párrafo tercero del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Esa disposición determina que la prisión preventiva debe ser “excepcional y breve”. También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: “la prisión preventiva como regla de aplicación general en los procesos penales es contraria a las normas de la Convención Americana, pues viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia”.

7. La reforma debe ser desechada porque intencionalmente y no por descuido define con ambigüedad a la delincuencia organizada. En este sentido, el mismo representante de la ONU señala que: “El proyecto al no especificar todos los elemento contenidos en la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional introduce una definición abierta mediante la cual se podría extender a otras situaciones u otras personas ajenas a la delincuencia organizada”. Consideramos que en ese sentido basta con la reunión de tres o más ciudadanos comunes y corrientes para que puedan ser catalogados como delincuencia organizada, lo cual es un peligro para toda la sociedad desde cualquier punto de vista, por la discrecionalidad y la politización que permea la administración de la justicia en nuestro país. En síntesis:
a) Se pretende elevar a nivel constitucional las graves violaciones a las garantías individuales y derechos humanos, que ya se han materializado en la hasta hoy inconstitucional Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada y,
b) Se legaliza el hasta hoy inconstitucional régimen de exterminio que existía ya en los Centros de Readaptación Social.

8. La reforma debe ser desechada porque la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 27 establece que “una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Ello supone que los Estados deben adecuar su normatividad interna con el derecho internacional y no realizar reformas que puedan contravenir y comprometer la responsabilidad del Estado mexicano en el ámbito internacional. Por estas razones:

9. Anunciamos desde ahora que, en caso de consumarse la aprobación en el Senado, mantendremos nuestra lucha en el Distrito Federal y en todos los estados de la República para exigir a los Congresos locales el rechazo a la reforma. Además, si fuese necesario, acudiremos a todas los recursos jurídicos, como son: la controversia o la acción de inconstitucionalidad, los amparos y, finalmente, llevaremos el caso a las instancias internacionales que correspondan.

Para el FNCR, la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados es un triunfo de Calderón, el cual junto con su partido y los que votaron a favor de esta ley transformaron la Constitución muy a su modo para ya no tener que ser juzgados, por llevar a cabo crímenes de lesa humanidad, sino llevarlos a cabo con la ley en la mano: “reforma judicial”, “ley contra el terrorismo”, etcétera. Y dentro de esta lógica, introducen términos y conceptos como narcotráfico y otros, que son utilizados como instrumentos para justificar una guerra, y es así como los militares entran en funciones de seguridad y vigilancia interna, que correspondían constitucionalmente a las policías, y con esta ley a éstas se les dará capacidad y autoridad ilimitadas, además de que nunca especifican a cuales policías, teniendo esto como resultado la generalización de detenciones arbitrarias y violentas. Por otra parte, también estas funciones podrán recaer en “civiles” con el poder de utilizar armas y en consecuencia se legalizan los grupos paramilitares, los escuadrones de la muerte, las brigadas blancas, se permite el camuflaje de los unos en los otros sin la responsabilidad de ninguno; su denominador común de todos ellos es, como bien sabemos, acabar con la disidencia organizada, con los movimientos sociales y con la misma sociedad civil si toma partido, como son los casos de Chiapas, Atenco, Oaxaca, Guerrero, etcétera.

Por otra parte, la reforma judicial permite que si un acusado acepta su culpabilidad, se concluya el juicio y se le ofrezcan al acusado beneficios, tal hecho favorece por sí mismo la tortura.

Además, con esta reforma se favorece la agudización del marco legal represivo, ya que actualmente en la Cámara de Diputados se va a discutir la aprobación de un decreto para reglamentar el artículo 29 constitucional, con el objeto de incluir la figura de Estado de excepción que permitiría a Calderón limitar aún más las garantías individuales.

Esta ley aprobada por mayoría, al igual que la ley contra el terrorismo y la perversa y oscura Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, se suma a los sombríos planes del gobierno de Calderón llevados a cabo en la Cámara de Diputados y cierran el circulo para formar un Estado de terror, constitucionalmente hablando en sus justos términos jurídicos, un Estado policiaco, con el cual los grupos en el poder podrán en consecuencia: justificar desapariciones, limitar y socavar la libertad de expresión, de reunión y de movilización de la sociedad en torno a sus intereses.

Para diseñar un plan articulado de movilizaciones en todo el país, el FNCR celebrará su Cuarta Asamblea Nacional el próximo 9 de marzo, en la comunidad de Aguascalientes, del municipio de Acapulco, Guerrero, donde los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) alojarán este encuentro nacional.

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QUE MOURIÑO ACLARE SI FIRMÓ LOS CONTRATOS DE SU EMPRESA PARA EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE DE PEMEX, EXIGE LÓPEZ OBRADOR

Desde el norte del país, donde hoy inició un recorrido por 20 municipios del estado de Nayarit, Andrés Manuel López Obrador emplazó a Juan Camilo Mouriño a aclarar públicamente si firmó o no convenios de adjudicación directa con Petróleos Mexicanos, para beneficio de su empresa familiar, cuando se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, posteriormente, como asesor y subsecretario de la Secretaría de Energía, cuyo titular era Felipe Calderón.

“No hace falta que Mouriño proporcione toda la documentación a las instancias federales, como lo informó. Lo único que tiene que aclarar es si hubo o no un conflicto de intereses, porque todos los contratos, de pura casualidad, se entregaron sin mediar una licitación, como lo ordena la ley”, señaló el presidente legítimo de México.

En el municipio de Jala, López Obrador afirmó que Mouriño Terrazo hizo negocios con Pemex a favor de la empresa de su familia, cuando fungía como presidente de la mencionada comisión legislativa y luego, como asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón. Ahora, “dice Mouriño que no, que renunció a las acciones de la empresa familiar, porque se dedica a la actividad política, pero todavía busco al tonto que se lo crea”, señaló al insistir en que el ahora secretario de Gobernación del gobierno de facto que preside Calderón debe aclarar cuál es su relación con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad.

Horas después de que Mouriño dijera que entregaría toda la información correspondiente sobre las empresas de su familia, en respuesta a una solicitud que planteó López Obrador para practicar una auditoria a la gestión de Mouriño en ámbitos legislativo y de la administración pública, el presidente legítimo de los mexicanos le preguntó desde Ixtlán del Río: “¿a qué instancias federales va a enviar toda la documentación? Seguro que el pelele de Calderón no va a hacer justicia, porque es su socio, sería como pedirle peras al olmo”, anticipó.

En el primer día de gira por la geografía nayarita, el dirigente de la izquierda mexicana denunció que Calderón, Mouriño y el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, están metidos en negocios que tienen que ver con la privatización de la industria eléctrica y ahora pretenden entregar el petróleo a empresas particulares, tanto nacionales, como extranjeras.

Al reiterar la necesidad de que Mouriño aclare si firmó los contratos de su empresa para el traslado de combustible de Pemex, cuando ocupaba una curul en el recinto de San Lázaro o cuando era funcionario de la Secretaría de Energía, el presidente legítimo de México puntualizó que los convenios de referencia se adjudicaron de manera directa o “que me digan en qué ley se basaron para concretar una asignación sin licitar”.

Luego sostuvo que la ambición al dinero es el único argumento que justifica la intención de privatizar los sectores eléctrico y petrolero, y parafraseando al poeta Bertold Brecht, subrayó: “el peor de los ladrones es el político corrupto, lacayo de empresas nacionales y multinacionales”.

En su encuentro con el pueblo de Jala, López Obrador informó que está por lanzarse en los medios de comunicación electrónicos una campaña para difundir las supuestas bondades que implica abrir Pemex al sector privado. Se trata de un documental bien hecho, de aproximadamente cinco minutos, en donde se recurre a la psicología y a imágenes de niños, señoras embarazadas y hasta a la bandera nacional para decir que tenemos un tesoro en el Golfo de México, que es el petróleo, pero que no tenemos tecnología para extraerlo desde 3 mil metros de profundidad y que por esa razón es necesaria la asociación con empresas extranjeras.

Al respecto, López Obrador advirtió: “si se asocia Pemex con compañías particulares y se comparte la renta petrolera, ya no habrá posibilidades de desarrollo y el país retornará a tiempos del Porfiriato”.

En Ahuacatlán reiteró su solicitud de derecho de réplica a la empresa Televisa, en particular al programa de análisis en donde participan los principales conductores de los noticiarios del citado medio. “Siempre se ocupan de nosotros, pero no nos dan derecho de réplica; por qué no me invitan a su programa y me permiten dar nuestros argumentos, sobre la intención de privatizar el petróleo”, señaló.

La misma solicitud de espacio televisivo solicitó al conductor del matutino “Primero Noticias”, Carlos Loret. Ahora que hicieron uso de los micrófonos la secretaria de Energía, Georgina Kessel; uno de los principales promotores de la iniciativa de privatización, el senador priista, Francisco Labastida, y hasta el ex candidato presidencial, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, “que me inviten y espero una respuesta del propietario de Televisa, Emilio Azcárraga, a la carta que le envié para solicitarle espacios en su empresa”, señaló López Obrador, quien finalmente recordó que el próximo 18 de marzo se realizará una asamblea nacional para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera y para reiterar que el petróleo es de los mexicanos.

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miércoles, 27 de febrero de 2008

El Servicio de Noticias ISA se solidariza con El Sendero del Peje y con Víctor Hernández

Ciudad de México, 27 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 363


Sumario:

I.
El servicio de noticias ISA se solidariza con El Sendero del Peje y con Víctor Hernández

II. La reforma judicial debe ser desechada y la sociedad debe mantener su movilización y su firme oposición a la misma: José Antonio Almazán

III. Cita el Frente Nacional Contra la Represión a concentración de protesta contra la reforma judicial, mañana frente al Senado

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Nuestra palabra:
EL SERVICIO DE NOTICIAS ISA SE SOLIDARIZA CON EL SENDERO DEL PEJE Y CON VÍCTOR HERNÁNDEZ


El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD): Francisco Santos Arreola (quien durante los años noventa y hasta cerca del 2005 fuese miembro del derechista Partido Acción Nacional), acompañado del también diputado perredista Antonio Ortega Martínez (hermano del dirigente principal de la corriente Nueva Izquierda del PRD y candidato a la presidencia nacional de este partido, Jesús Ortega Martínez) presentó hoy una denuncia penal en contra de Víctor Hernández, fundador y principal promotor del blog El Sendero del Peje.

Dentro de esta denuncia penal, se esconde un nuevo ataque a la libertad de expresión, un ataque en particular a los medios de comunicación alternativa que mantienen su independencia en su labor informativa y se esconde también una nueva reacción de quienes desearían que el cerco informativo tendido hacia el movimiento lopezobradorista no fuera burlado por nadie.

El Sendero del Peje representa, sin duda, el medio informativo que con más éxito ha logrado romper ese cerco informativo, manteniendo informados a cientos de miles sobre lo que realmente pasa en México. Su número de lectores supera por mucho a medios de información, tradicionales o alternativos. La sapiencia de quienes le dan vida y el libre despliegue de su información por internet lo han hecho prácticamente intocable. No depende de nadie para actuar ni le debe nada a nadie para poder hacerlo. Su compromiso, reiteradamente explicitado, es con el movimiento social mexicano de resistencia civil pacífica en contra del gobierno usurpador y en contra de las elites económicas y políticas que mal gobiernan a México. También explícitamente, El Sendero del Peje ha expresado no tener compromiso con partido político alguno, ni siquiera con el partido de El Peje, Andrés Manuel López Obrador.

Lo escribimos en ocasión del tercer aniversario de este peculiar y ya famoso blog: “La fuerza de El Sendero del Peje radica en su carácter ciudadano, lo que lo ha hecho mal visto para los políticos profesionales; El Sendero del Peje es representante de ese ciudadano que hace política, pero que no convierte a la misma en su modus vivendi; de ese ciudadano que asume que lo político, lo público, no es materia de un oficio de pocos sino responsabilidad de todos y que, por lo mismo, lo primero que hay que hacer es quitarle a los llamados políticos el monopolio del quehacer político”.

El ataque a El Sendero del Peje no se da casualmente; su contexto es muy preciso. En el terreno nacional, se acerca el momento de las grandes definiciones, cuando la afrenta de la privatización del petróleo empieza a encontrar del otro lado a ciudadanos organizados y decididos a impedir tales planes del mal gobierno. En el terreno de la izquierda, sectores de esta corriente política que se han mantenido dentro del PRD se preparan a dar la batalla definitiva para tratar de rescatar ese organismo político e intentar que pueda ser una herramienta de lucha en manos del movimiento social y no botín repleto de beneficios personales para políticos mercenarios.

Es entonces cuando los ataques a los medios de comunicación ciudadanos aparecen y las corrientes afines al gobierno calderonista dentro del perredismo encuentran ocasión propicia para tratar de destruir a El sendero del Peje. Ilusos, ingenuos, no lo lograrán. Lo repetimos: ¡NO LO LOGRARÁN! No sólo por la sapiencia de los senderopejistas que sabrán defenderse de tales ataques, sino porque en su defensa y solidaridad se expresarán muchas voces.

Los del servicio de noticias ISA nos sumamos a esas voces.

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LA REFORMA JUDICIAL DEBE SER DESECHADA Y LA SOCIEDAD DEBE MANTENER SU MOVILIZACIÓN Y SU FIRME OPOSICIÓN A LA MISMA: JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN

La siguiente declaración fue dada a conocer hoy por el diputado federal José Antonio Almazán González, quien representa al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y es miembro de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Violentando el proceso de reforma constitucional establecido en el artículo 72 inciso E de la Constitución Política y con hipócritas consideraciones de “mostrarse sensibles al reclamo popular”, los promotores de la reforma judicial tuvieron que recular en uno de los aspectos más controvertidos y más violatorio de los derechos humanos y las garantías individuales: la inviolabilidad del domicilio.

Es necesario precisar, con todo detalle, el sentido de la votación realizada el día de ayer para evidenciar las contradicciones, absurdos y la turbiedad con que se mueven, tanto el PRI como el PAN, con el fin de imponer su engendro de reforma judicial. El día de ayer no se votó la reforma judicial en lo general; se discutieron las observaciones enviadas por el Senado al proyecto de dicha reforma enviado por esta Cámara de Diputados, aprobada el 12 de diciembre del año pasado, y, en un hecho insólito y fuera del procedimiento constitucional, se votó otra cosa, es decir: eliminar las reformas hechas tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado al párrafo 11 del artículo 16 constitucional. Este procedimiento está señalado, con toda precisión, en el inciso E del artículo 72 constitucional que a la letra dice “E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados”.

Es decir, la Cámara de Diputados sólo podía aceptar o rechazar los dos párrafos enviados por la Cámara de Senadores: 1.- la supresión del párrafo décimo del artículo 16 que otorga facultades al Procurador General de la República para tener acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga carácter reservado o confidencial, cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito.”, 2.- la modificación del nuevo párrafo duodécimo del artículo 16, que aprobó la Cámara de Diputados el 12 de diciembre, que faculta a la policía para ingresar sin orden judicial a un domicilio, modificando en dicho párrafo las palabras “información o conocimiento de”.

El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría de dos tercios, la supresión del párrafo décimo del artículo 16, tal y como lo envió la Cámara revisora del Senado; pero en el caso de la modificación enviada por el Senado para el nuevo párrafo duodécimo, en lugar de aceptar o rechazar dicha modificación, aprobó la supresión de dicha modificación, violentando con ello el proceso de Iniciativas y formación de Leyes.

De tal forma que, para restablecer el procedimiento constitucional y reconociendo que la votación de la Cámara de Diputados violentó este procedimiento, la Cámara de Senadores puede: a) dejar en suspenso todo el artículo 16, b) si insiste en su modificación al párrafo duodécimo “…todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones y c) “…a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

Existe una obvia explicación política de todo este embrollo parlamentario. El profundo descontento que ha desatado entre la población el intento del gobierno espurio de establecer un estado policiaco y violatorio de los más elementales derechos humanos y garantías individuales. Este descontento se ha expresado en múltiples movilizaciones y críticas emitidas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que destaca el Frente Nacional Contra la Represión, José Luis Soberanes (presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), organizaciones sindicales y campesinas, numerosos intelectuales y artistas e incluso el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.

Ante esta andanada de reclamos, y teniendo tan cerca el año electoral de 2009, la mayoría priista y panista tuvo que realizar una maniobra de último momento, retirando uno de los aspectos más impopulares de dicha reforma, pero dejando intactos aspectos tan abominables como la inclusión de figuras como el arraigo domiciliario, las facultades extraordinarias al Ministerio Público y la ambigua definición de “delincuencia organizada”.

En mi carácter de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados y por elemental congruencia con mi compromiso con los movimientos sociales y vocación democrática, mantengo mi firme rechazo al conjunto de este engendro de “reforma judicial” y hago un llamado a todos los senadores, comprometidos con estas mismas causas, para que utilicen todos los recursos a su alcance a fin de desechar esta iniciativa y a la sociedad para que mantenga su movilización y su firme oposición.

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CITA EL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN A CONCENTRACIÓN DE PROTESTA CONTRA LA REFORMA JUDICIAL, MAÑANA FRENTE AL SENADO

Mañana jueves 28 de febrero, en el Senado de la República, en la calle de Xicotencatl 9, en el Centro Histórico (a media cuadra del metro Allende), en punto de las 9:00 horas, ha citado el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) a fin de que se exprese con la mayor energía posible el rechazo ciudadano a la reforma judicial que los partidos de derecha PRI y PAN pretenden aprobar.

Después de la aprobación que dicho proyecto legislativo recibió el día de ayer en la Cámara de Diputados, el FNCR ha insistido en que la “rasurada” del proyecto original que llevó a retirar la pretensión de legalizar el allanamiento de morada sin orden de cateo es del todo insuficiente y que se requiere rechazar en su conjunto dicha iniciativa de ley.

Cabe recordar que, entre otros aspectos, el FNCR ha señalado que la también conocida como Ley Gestapo incorpora a la Carta Magna la figura de arraigo, que ha sido definida como una forma arbitraria de detención preventiva por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Asimismo, se argumenta en la Ley Gestapo que el propósito es combatir al “crimen organizado”; sin embargo, este concepto se mantiene en la más absoluta ambigüedad. Basta con que tres o más personas se pongan de acuerdo para presionar a algún funcionario o institución, con la intención legítima de resolver reivindicaciones de carácter social, para que eso se tipifique comoe “delincuencia organizada”. Como dice Amnistía Internacional, esto va más allá de la Convención de Palermo e implica un proceso judicial con garantías limitadas, una contravención al principio universal del Debido Proceso.

En resumen, el FNCR considera que en la práctica, esta contrarreforma constitucional echa abajo derechos históricos del pueblo mexicano, de ahí su llamado a que la ciudadanía se pronuncie mañana frente al Senado en contra de su aprobación.

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lunes, 25 de febrero de 2008

Huelga legislativa, cercos y bloqueos ciudadanos y paro patriótico nacional: el Plan de Acción para detener la privatización de Pemex

Ciudad de México, 25 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 362

Sumario:

I. Huelga legislativa, cercos y bloqueos ciudadanos y paro patriótico nacional: presenta la Comisión Coordinadora en Defensa del Petróleo el Plan de Acción para detener la privatización de Pemex

II. Contra los rapaces y sus aliados, crónica de La Lámpara de Diógenes

III. Siempre presentes, crónica de La Lámpara de Diógenes

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HUELGA LEGISLATIVA, CERCOS Y BLOQUEOS CIUDADANOS Y PARO PATRIÓTICO NACIONAL: PRESENTA LA COMISIÓN COORDINADORA EN DEFENSA DEL PETRÓLEO EL PLAN DE ACCIÓN PARA DETENER LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX

Discurso de la senadora Rosalinda López, en la Asamblea General por la Defensa de la Constitución y del Petróleo, realizada frente a la Torre de Petróleos el 24 de febrero de 2008

El día de hoy, el movimiento en defensa del petróleo vislumbra una nueva etapa que ratificará nuestra firme decisión de proteger el patrimonio de la nación a través de acciones de resistencia civil pacífica.

Nuestro movimiento pacífico se inscribe en el marco de las acciones admitidas en una auténtica democracia, porque ésta no se agota con el simple ejercicio del voto; eso quisieran los adversarios políticos: que el pueblo se mantuviera callado, sumiso, sereno ante la entrega irresponsable, inmoral del patrimonio nacional.

Por el contrario, quienes libremente formamos parte de este movimiento estamos obligados a ejercer en forma integral nuestros derechos civiles y políticos, sí por la vía pacífica, pero sin ceder ni un centímetro en la defensa de la riqueza energética.

Sabemos que los riesgos de la represión estarán presentes y que los medios de comunicación dominados por la mafia arreciarán sus vulgares ataques para tratar de desacreditarnos.

Pero contamos con el apoyo popular, nos anima que después de casi 70 años de la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas del Río, el pueblo de México mantenga la firme convicción de que el petróleo debe seguir bajo dominio de la nación y de que Pemex genera los recursos suficientes para su fortalecimiento.

Privatizar la riqueza del país ofende doblemente al pueblo de México, primero porque se trata de un acto de traición a la patria, y segundo, porque la intentona privatizadora proviene de un gobierno usurpador, de esa minoría voraz que se siente dueña de México y que en el 2006 robó la voluntad popular.

No nos engañan: bursatilización, asociación, coinversión, autonomía de gestión y demás propuestas similares que se hacen en nombre de la modernización de Pemex no son otra cosa que una privatización disfrazada, que busca sacar al Estado de la toma de decisiones con respecto a la paraestatal.

¡Pobre modernización, cuántos crímenes y atracos se comenten en su nombre!

Ante esta situación de emergencia en que se encuentra el país y en nombre de la Comisión Coordinadora en Defensa del Petróleo, ponemos a consideración de esta Asamblea la propuesta de acciones de resistencia civil pacífica que se pondrían en marcha progresivamente en todo el país.

Como parte de esta primera etapa continuaremos con las jornadas de constitución de los Comités Coordinadores Estatales, de Brigadas Patrióticas y Brigadas Permanentes de Información en plazas públicas, universidades, foros, municipios, villas, pueblos, rancherías, colonias y barrios.

En el momento en que sea presentada la iniciativa privatizadora, nuestra segunda etapa consistirá en:

1. Huelga Legislativa, a cargo de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de la Unión de los partidos políticos que integran el Frente Amplio Progresista;
2. Inmediatamente, se instalarán cercos ciudadanos en las instalaciones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados;
3. En los Estados, reforzaremos las acciones de los legisladores federales con cercos ciudadanos en los palacios de gobiernos estatales y Congresos locales.

En caso de que la iniciativa privatizadora no sea retirada, el movimiento será convocado por el Frente Amplio Progresista, legisladores federales, y la Comisión Coordinadora en Defensa del Petróleo a iniciar las siguientes acciones escalonadamente:

1. Cercos ciudadanos a los aeropuertos del país;
2. Cercos ciudadanos a las instalaciones administrativas estratégicas petroleras y financieras;
3. Bloqueos ciudadanos a carreteras en todo el país; y
4. Paro Patriótico Nacional

Mexicanos y mexicanas:

No hay de otra. Es la única opción que nos dejan quienes mantienen una alianza vergonzante en contra de la nación.

Hoy les decimos a los enemigos de México que, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, la resistencia civil pacífica crecerá y no dejará de movilizarse hasta que cesen los intentos de entregar el patrimonio del país al capital privado, nacional y extranjero.
La historia nos llama, el destino de la patria está en nuestras manos.

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CONTRA LOS RAPACES Y SUS ALIADOS
crónica de La Lámpara de Diógenes

La gran sombra que proyectaba la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las 11 de la mañana cubría a los miles de ciudadanos que asistieron a la Asamblea General por la Defensa de la Constitución y el Petróleo para escuchar los planes y las acciones que se llevarán a cabo si se llega a presentar una iniciativa para privatizar la paraestatal.

El acto comenzó con los oradores del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, los cuales refrendaron su apoyo para impedir la privatización del petróleo; luego le llegó el turno al diputado Javier González Garza, pero en cuanto comenzó a hablar, los chiflidos y abucheos no se hicieron esperar, a tal grado que su discurso tuvo que ser interrumpido por el mismo Andrés Manuel López Obrador para acallar los gritos de la gente que crecían más y más: “Tenemos por encima de todo estar unidos y ser respetuosos con nuestros compañeros. Nada de gritos, aquí todos nos vamos a escuchar porque todos nos hacemos falta en esta lucha para sacar adelante al país. Yo les pido a ustedes que escuchemos con atención y con respeto al compañero Javier González Garza”. Se hizo el silencio y González Garza pudo continuar con su discurso.

La senadora Rosalinda López, una de las coordinadoras del movimiento, dio a conocer que, de presentarse una iniciativa para privatizar Pemex, iniciarán una huelga legislativa en San Lázaro y en el Senado; esta acción irá a la par con actos de resistencia civil pacífica, realizando cercos en ambas cámaras, así como en los palacios legislativos de cada estado para exigir a sus legisladores y gobernadores que se manifiesten en contra de la privatización; y en caso de no ser retirada dicha iniciativa, se realizarán cercos ciudadanos en aeropuertos, carreteras y oficinas estratégicas administrativas y financieras de Pemex; sin embargo, si con todo y eso no retiran la iniciativa de privatización, se convocará a un paro patriótico nacional.

Estas propuestas, junto con otras, como la de formación de brigadas patrióticas y concentraciones en plazas públicas para difundir información por la defensa del petróleo, fueron aprobadas en unanimidad, a mano levantada, por la Asamblea ahí reunida y conformada por cerca de cinco mil ciudadanos.

En esta Asamblea, Andrés Manuel López Obrador denunció a Juan Camilo Mouriño Terrazo como el principal promotor de la privatización de Pemex y entregó a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) minutas, documentos y datos técnicos de los contratos millonarios que Mouriño obtuvo como subsecretario de Energía, para que impulsen la realización de las auditorías correspondientes.

A pesar de las incomodidades del lugar y de la extraña disposición del templete, pues mucha gente quedó detrás de la reja que divide la avenida Marina Nacional, se pudo escuchar, lejos y fuerte; todo el mundo estuvo atento al discurso y al llamado del presidente legítimo para defender lo que es de los mexicanos, formando brigadas de información para la defensa del petróleo.

Casi al finalizar, López Obrador expresó absoluto desacuerdo con la reforma judicial y solicitó a los dirigentes que integran el FAP a explorar y a agotar todas las posibilidades legales para lograr la libertad de los presos políticos de Atenco, de Flavio Sosa y de todos aquellos hombres y mujeres encarcelados por razones políticas o sociales. En ese instante, las miles de banderitas se levantaron y estallaron los gritos: “¡Presos políticos libertad!”, mientras, se veía cómo doña Rosario aplaudía, unos pasos atrás del presidente legítimo.

Para concluir, recordó la cita para el 18 de marzo a las 5:00 de la tarde, si no es que antes, en la Plaza de la Constitución para conmemorar los 70 años de la expropiación petrolera y se hizo el firme compromiso de no permitir que la derecha, esa minoría rapaz y sus aliados, cancelen el futuro de los mexicanos.

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SIEMPRE PRESENTES
crónica de La Lámpara de Diógenes

El día de ayer, mientras el resto de la resistencia civil pacífica ondeaba sus banderas al pie de la torre de Pemex, en la Asamblea General por la Defensa de la Constitución y del Petróleo, unos cuantos compañeros, enterados de que el presidente usurpador aprovecharía la ocasión para estar presente durante la inauguración de la CXXX Asamblea Ordinaria de la CTM, en la cerrada de Vallarta, en la colonia Tabacalera, fueron a recordarle que para él no hay ni perdón ni olvido por haberse robado la presidencia de la República.

Tal vez el Estado Mayor Presidencial (EMP) supuso que en esta ocasión no estarían los ubicuos miembros de la resistencia civil pacífica, ya que la hora del evento al que asistiría el presidente espurio coincidía con el mitin con Andrés Manuel López Obrador a sólo dos mil doscientos metros de ahí.

No estaban los siempre presentes miembros del EMP con sus overoles, botas y cachuchas color negro; tampoco estaban los granaderos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y ni siquiera los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del DF que acostumbran “encapsular” a los manifestantes que quieren expresar su repudio a quien usurpa el cargo de presidente del país. Tal vez pensaron que el día de ayer se podría ahorrar ese gasto.

Pero para sorpresa de todos, incluido el presidente usurpador, la resistencia civil pacífica sí estuvo ahí, y directamente le gritaron en su cara que era un espurio, un falso, un mero pelele.

Y así, una vez más, el usurpador saludó “como reina de la primavera” a quienes le increpaban, al tiempo que a los altos mandos del EMP les quedaba claro que, al haber fallado en la acción de impedir que el presidente espurio vea o escuche cualquier protesta, no se librarían de la segura reprimenda y castigo. Mientras, los valientes miembros de la resistencia civil pacífica eran fotografiados por elementos del EMP.

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domingo, 24 de febrero de 2008

“Sólo los tecnócratas acomplejados y vendepatrias pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que su entrega al sector privado es la salvación": AMLO

Ciudad de México, 24 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 361

“SÓLO LOS TECNÓCRATAS ACOMPLEJADOS Y VENDEPATRIAS PUEDEN ARGUMENTAR QUE HOY PEMEX NO PUEDE Y QUE SU ENTREGA AL SECTOR PRIVADO, NACIONAL Y EXTRANJERO, ES LA ÚNICA SALVACIÓN”: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Pide que se auditen los negocios de Mouriño relacionados con energéticos ante la evidencia de tráfico de influencias


* Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Asamblea General por la Defensa de la Constitución y del Petróleo, realizada frente a la Torre de Petróleos, el 24 de febrero de 2008.


Amigas y amigos:

Estamos aquí, una vez más, en este día de la bandera nacional, símbolo de la libertad y de la independencia de nuestro país, para reafirmar la decisión de millones de mexicanos de no permitir bajo ninguna circunstancia que se privatice la industria petrolera en beneficio de particulares, nacionales o extranjeros.

Hace 70 años, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río expropió la industria petrolera y con esa decisión histórica, ese gran estadista, no sólo hizo valer la soberanía nacional, sino que abrió un nuevo horizonte a la economía del país. Desde entonces, en buena medida, México se ha desarrollado por el dominio que la nación ejerce sobre el petróleo y de eso, también, dependerá el futuro de nuestro pueblo.

Para sacar adelante al país y a nuestro pueblo del atraso y la pobreza, es indispensable desterrar la corrupción de la que se alimentan y nutren mutuamente el poder económico y el poder político de México.

Pero también es posible darle nueva viabilidad a la nación y garantizar el bienestar de los mexicanos, utilizando dos recursos fundamentales: la vocación de trabajo de nuestro pueblo y el uso racional de los energéticos, en particular del petróleo.

El principal recurso del país es su pueblo, es su gente: noble, generosa, creativa y trabajadora. No olvidemos que somos herederos de una cultura milenaria y de ahí dimana la mística de trabajo de nuestro pueblo.

Tengamos presente el ejemplo de los que por necesidad se han tenido que ir a Estados Unidos, allá logran con esfuerzo salir adelante. Ya están enviando remesas, cada año, a sus familiares por 25 mil millones de dólares. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no mejoraría en ninguna parte.

Desgraciadamente, aquí no hay oportunidades; desde hace mucho tiempo no hay movilidad social; antes, el hijo del campesino, el hijo del obrero, del comerciante, del profesionista, podían progresar con el estudio o con el trabajo. Ahora se ha cancelado el futuro para la mayoría de los mexicanos.

Sin embargo, estamos seguros de que cuando transformemos a México y se termine la opresión, nuestro pueblo desatará toda su creatividad, su talento y laboriosidad para engrandecer a nuestra pPatria.

Pero esta cultura extraordinaria de responsabilidad y trabajo, aunque es muy importante, no es suficiente. Hace falta también apoyarnos en la utilización del petróleo como palanca del desarrollo nacional. Con el petróleo bien administrado, podemos industrializar a México, crear empleos, abaratar el precio del gas, de la gasolina y de la electricidad, fortalecer nuestro mercado interno y garantizar el bienestar de la población.

Ahora bien, conviene preguntarnos: ¿por qué si contamos con este recurso estratégico, que pocas naciones poseen y que es el motor de la economía mundial, los gobiernos neoliberales en vez de convertir a México en una potencia energética, han dejado de invertir en exploración, en refinación, en petroquímica, en investigación y desarrollo tecnológico, y nuestro país se ha convertido en exportador de crudo e importador de productos con mayor valor agregado?

La respuesta, aunque parezca increíble es que, desde hace 25 años, desde que vienen imponiendo esta política neoliberal, todos los gobernantes han mantenido como dogma, la idea fija de privatizar a Pemex y no les ha importado arruinar a la industria petrolera para tener el pretexto de convertirla en un negocio de particulares.

Tengamos en cuenta que la política económica neoliberal no sólo ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos, sino que ha propiciado la entrega de recursos y de empresas públicas para provecho de unos cuantos.

Desde 1983, han pasado a manos de particulares más de mil empresas públicas. Muchas de ellas de gran importancia; ya entregaron Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, las minas, los aeropuertos, las dos líneas aéreas, los bancos. Han privatizado 35 por ciento de la industria eléctrica nacional y ahora quieren montarse en el negocio del petróleo.

Toda esta venta de activos del patrimonio nacional ni siquiera se ha traducido en mayor crecimiento económico ni en mejores condiciones de vida para los mexicanos; por el contrario, la economía ha permanecido estancada y no se han generado empleos. Por ello, nos hemos convertido en el país del mundo que más mano de obra exporta, expulsa, al extranjero.

Hoy el salario mínimo es menor, en términos reales, que en 1980. De entonces a la fecha, la deuda pública pasó de 80 mil millones de dólares a 300 mil millones de dólares. Y lo más dramático es que se padece de una monstruosa desigualdad económica y social.

A la luz de estos hechos debemos entender por qué, sin ninguna justificación técnica, financiera o administrativa, el gobierno usurpador ahora pretende privatizar el petróleo.

Aquí reiteramos que es falso que falte dinero o tecnología para modernizar la industria petrolera. Debe saberse que Pemex, a pesar de la corrupción y del mal manejo, es la empresa más rentable del país (extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se vende hasta en 80 dólares). Pemex es la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo del mundo. Los impuestos que pagó el año pasado, fueron de 60 mil millones de dólares, equivalentes a 38 por ciento del presupuesto del gobierno federal, y a más de tres veces lo que pagaron de Impuesto Sobre la Renta todas las empresas privadas del país.

En cuanto a la tecnología, es mentira que irremediablemente tengamos que asociarnos con empresas extranjeras y no se pueda contratar. Además hay trabajadores, técnicos, geólogos e ingenieros petroleros mexicanos con mucha experiencia. No olvidemos que en 1938, cuando se expropió el petróleo, las empresas extranjeras sentenciaron que íbamos a salir a buscarlos, porque no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera.

En ese entonces, los trabajadores, los técnicos mexicanos, hicieron todo su esfuerzo, se emplearon a fondo y salió adelante Petróleos Mexicanos. Con más razón ahora, que hay más experiencia y que tenemos más capacidad técnica y capacidad científica.

Sólo los tecnócratas acomplejados y vendepatrias pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que su entrega al sector privado, nacional y extranjero, es la única salvación.

No aceptamos —que se oiga bien y que se oiga lejos— nada que tenga que ver con privatizar Pemex o compartir la renta petrolera. Tampoco aceptamos eufemismos —porque disfrazan las palabras y los términos y los conceptos— que pretendan ocultar ese propósito.

Para nosotros, asociación con empresas extranjeras, bajo el pretexto de que no hay tecnología, es privatización; el poner acciones de Pemex en la Bolsa de Valores o la llamada democratización del capital, es privatización. Es cosa nada más de preguntarnos o de consultarles a ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí participan, apuestan, en la Bolsa de Valores? Que levanten la mano. No es posible que se quiera poner acciones en la Bolsa de Valores, para beneficio de unos cuantos. El petróleo es de todos, hasta de la gente más humilde de este país. No es para una minoría, es de todos los mexicanos.

Permitir la entrada del capital, nacional o extranjero, en la refinación, es privatización; y aquí quiero también dejar en claro que la socorrida autonomía de gestión para que un consejo de administración “profesional” decida, supuestamente con independencia, el futuro de Pemex, también es privatización.

Es más, esto huele a lo que querían hacer con el Sistema de Administración Tributaria, con todo lo que tiene que ver con los ingresos del gobierno, antes de las elecciones de 2006; es decir, dejar la política de ingresos en manos de los potentados para evitar que desde el Poder Ejecutivo se promoviera una verdadera reforma fiscal.

O a lo mejor quieren una especie de IFE, que supuestamente se maneja con independencia, cuando todos sabemos que sus integrantes no son más que empleados del PRIAN.

Y por si fuera poco, todo ello es violatorio de la Constitución. Que se entienda bien, que no lo olvidemos: Los recursos energéticos no son del Estado ni mucho menos del gobierno, pertenecen a la nación. Son recursos de todos los mexicanos.

Si realmente quieren fortalecer a Pemex, no hace falta modificar el marco legal, es cosa de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, para destinarle a Pemex más recursos económicos o, cuando menos, entregarle los excedentes que se obtienen por los precios altos del petróleo, lo cual significaría aumentar al doble la inversión actual de este organismo, sin recurrir al endeudamiento.

No olvidemos que en el sexenio de Fox fue cuando más dinero se recibió por la venta de petróleo. Fox obtuvo en su sexenio 335 mil millones de dólares y nada más de excedentes por precios altos del petróleo, en los últimos tres años, recibió 10 mil millones de dólares por cada año; es decir, hay dinero.

Como ahora, el año pasado, también por excedentes del petróleo, se recibieron más de 10 mil millones de dólares y este año lo mismo, porque se fijó un precio por barril, en la Cámara de Diputados, de 49 dólares y, como todos sabemos, se está vendiendo en 80 dólares. Ese excedente significa más de 10 mil millones y si todos esos excedentes se destinan a fortalecer la industria petrolera, con eso es más que suficiente.

Pero ¿qué es lo que ha venido pasando? Que todo ese dinero se ha ido por el caño de la corrupción o se ha utilizado para garantizar los privilegios de los altos funcionarios públicos.

De modo que es falso que no haya dinero. Sí hay recursos suficientes para incrementar sustancialmente la inversión en Petróleos Mexicanos.

Pero sobre todo, lo que realmente hace falta es combatir la corrupción, empezando por hacer una auditoría, en la cual, entre otras cosas, se aclare la relación que existe de Felipe Calderón, Mouriño y Elías Ayub con empresas extranjeras. Eso es lo que se debe hacer.

Ahí está el caso del reciente contrato de compra de gas a Repsol de España, por 15 mil millones de dólares, asignado sin que se presentara ninguna otra oferta y con gas extraído en Perú y revendido a la Comisión Federal de Electricidad, a precios elevadísimos.

Al mismo tiempo, se están quemando en la sonda de Campeche, en el complejo Cantarell, 700 millones de pies cúbicos de gas por día, porque no han querido ni les conviene resolver el problema de la contaminación originada por la inyección de nitrógeno a los pozos petroleros. Esta irracionalidad no sólo ocasiona un daño ecológico, sino la pérdida de gas equivalente a 70 por ciento de todo lo que se compra en el extranjero.

Ante todo esto, vale la pena que se sepa quién es Juan Camilo Mouriño, el actual secretario de Gobernación y principal promotor de la privatización de Pemex. ¿Quién es Mouriño?

Este funcionario es un traficante de influencias, como lo demuestra el hecho de que siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y posteriormente subsecretario en la Secretaría de Energía, con Felipe Calderón, obtuvo de Pemex contratos millonarios, mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar.

Al respecto, voy a entregar en estos momentos a los Coordinadores Parlamentarios del Frente Amplio Progresista toda la documentación que poseo: minutas, contratos y datos técnicos que demuestran lo que estoy afirmando y que deben servir a nuestros legisladores para pedir, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la realización de las auditorías correspondientes.

Asimismo, convoco a servidores públicos, trabajadores petroleros, técnicos, empresarios y a todos los ciudadanos, a que aporten información sobre estos negocios realizados al amparo del poder público.

Amigas y amigos:

No le demos vuelta al asunto. Detrás de la pretensión de privatizar a Pemex, está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos.

Estos derechistas inmorales ignoran lo que decía don Jesús Reyes Heroles. Don Jesús afirmaba que: “Los únicos negocios que a los políticos o funcionarios nos deben interesar son los negocios públicos”.

Nunca, como ahora, es tan aplicable la frase de Bertold Brecht según la cual “el peor de todos los ladrones es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.

Amigas y amigos:

Defendamos el petróleo y la Constitución. Apoyemos el plan de resistencia civil pacífica que se ha dado a conocer y que se ha aprobado, para actuar de inmediato en caso de que quieran privatizar el petróleo. No nos confiemos.

Aunque estén diciendo que no va a haber privatización, recordemos que eso mismo decían con el Fobaproa y cuando el desafuero; actuemos mejor de manera precavida; no olvidemos que recientemente, con la reforma a la Ley del ISSSTE, en 72 horas los legisladores del PRI y del PAN llevaron a cabo este agravio a los trabajadores al servicio del Estado, incluidos todos los maestros.

Por eso, desde ahora, hagamos asambleas públicas, informemos a la gente y formemos las brigadas para la defensa del Petróleo.

Si antes no es necesario, el 18 de marzo, a las 5 de la tarde, nos volveremos a reunir en el Zócalo de esta ciudad.

Les pido, a todas y a todos, que nos ayuden a convocar, porque a veces se dificulta la comunicación, el invitar a la gente. Hay veces que no se alcanza a avisar a todos.

Además, y eso es lo más importante, yo les recuerdo a ustedes que sin su apoyo, sin la participación de ustedes, no avanzamos. Como decía el presidente Juárez: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Por eso, les pido a ustedes que se convoque para el día 18 a más gente, que hagamos el compromiso de que cada uno de los que están aquí, en esta asamblea, invite cuando menos a tres personas más y, desde luego, que para entonces, para el 18 de marzo, para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera, estén ya también presentes todos los brigadistas.

Nosotros queremos la paz y, por eso, vamos a defender el petróleo. Si se entrega la renta petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, no habrá forma de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo y se estaría cancelando en los hechos la posibilidad de transformar a México por la vía pacífica.

El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad política y social, al predominio del uso de la fuerza y no necesariamente a la emancipación del pueblo.

Por eso es preferible actuar ahora y no permitir que la derecha termine por desestabilizar al país. Nosotros no queremos la violencia. Nosotros vamos a transformar a México por la vía pacífica. Nosotros vamos a seguir actuando de manera responsable, pero con firmeza y patriotismo.

Antes de terminar, quiero expresar mi más absoluto desacuerdo con la reforma judicial que, entre otras barbaridades, pretende autorizar el allanamiento a los domicilios, desapareciendo garantías individuales que consagra la Constitución.

También solicito, de manera respetuosa, a los dirigentes de los tres partidos del Frente Amplio Progresista, que se exploren todas las posibilidades legales hasta lograr la libertad de los presos de Atenco, de Flavio Sosa y de todos aquellos, hombres y mujeres, que están encarcelados por motivos políticos o sociales.

Amigas y amigos:

En 1938, el pueblo no sólo respaldó políticamente al general Cárdenas, sino que contribuyó con sus recursos para el pago de las indemnizaciones. Por eso, más allá de lo que establece el artículo 27 constitucional, está muy arraigada en la conciencia popular la idea de que el petróleo es de todos los mexicanos.

A nosotros nos corresponde defender esta conquista histórica. Hagamos el compromiso de no permitir que la derecha y sus aliados del PRI nos regresen al porfiriato y nos conviertan en colonia.

¡El pueblo tiene la palabra! ¡La patria no se vende, se defiende! ¡En la democracia el pueblo manda! ¡Viva México! ¡Viva la Bandera Nacional! ¡Viva la Expropiación Petrolera! ¡Viva el Pueblo de México!

Muchas gracias.

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viernes, 22 de febrero de 2008

En México existen precios más caros de energía eléctrica y de derivados del petróleo que en países con menos potencial energético señala López Obrador

Ciudad de México, 22 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 360


Sumario:

I.
En México existen precios más caros de energía eléctrica y de derivados del petróleo que en países con menos potencial energético, señala López Obrador

II. Las razones por las que no conviene a México abrir el sector petrolero a la inversión privada

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EN MÉXICO EXISTEN PRECIOS MÁS CAROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO QUE EN PAÍSES CON MENOS POTENCIAL ENERGÉTICO, SEÑALA LÓPEZ OBRADOR


Andrés Manuel López Obrador expresó que los mexicanos pagan las tarifas más caras por consumo de energía eléctrica, gas y gasolinas, en comparación con los habitantes de Rusia, China, Estados Unidos y Ecuador, debido a que los gobiernos de extracción priista y panista no han invertido en las industrias eléctrica y petrolera.

“Optaron por contratar con la empresa española Repsol los servicios de suministro de gas, por 15 mil millones de dólares, en vez de invertir en tecnología para separar el gas del nitrógeno que se extrae de la sonda de Campeche”, resaltó durante el segundo día de recorridos por municipios del Estado de México.

El presidente legítimo de México ejemplificó que en Ecuador el litro de gasolina se vende en 4 pesos, mientras que en México se comercializa al doble, es decir en 8 pesos, a pesar de que la nación sudamericana no produce 3 millones 200 mil barriles anuales del combustible, como lo hace nuestro país.

López Obrador explicó que desde hace 25 años, “los que se creen amos y dueños de México han apostado al abandono de Pemex para privatizar el sector. En el 2007, México compró gasolina por un monto equivalente a 10 mil millones de dólares, en vez de construir tres refinerías en territorio nacional”, mencionó.

Asimismo, indicó que desde hace 25 años los gobiernos priistas y panistas han entregado mil empresas públicas a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera y la gente no tiene conocimiento porque los medios de comunicación no informan sobre la intención del gobierno de facto de Felpe Calderón de privatizar el petróleo o de entregar la energía eléctrica.

En las siete asambleas informativas de este día, López Obrador invitó a los mexiquenses a participar en la reunión nacional del próximo domingo 24 de febrero en la Torre de Pemex, a las 11 de la mañana, en donde se dará a conocer el plan de acción que se llevará a cabo, “si el presidente pelele presenta una reforma a la Constitución o a leyes secundarias para entregar el petróleo al extranjero”.

Ante los ciudadanos de Zacualpan y Almoloya de Alquisiras, solicitó al diputado local del PRD Higinio Martínez y a la senadora Yeidckol Polevnsky que realicen las gestiones necesarias para que se entreguen los subsidios a los campesinos para la compra de fertilizante.

Dijo que en los últimos 14 meses, el costal del abono pasó de 150 a 400 pesos y expresó que los mexicanos no podemos aceptar el proceso de degradación progresiva que se vive en los sectores económico, político y social del país, que ha provocado el abandono de las actividades productivas y el descuido en el campo.

“Una prueba de ello es que en enero pasado entró en vigor la cláusula del TLC para América del Norte para importar sin arancel alguno maíz, fríjol, leche en polvo y azúcar”, señaló.

En Sultepec, advirtió que aquellos que se creen amos y señores del país no van a poder destruir el movimiento de transformación, porque ya cambió la mentalidad del pueblo. Aseveró que sí se puede cambiar la situación económica del país, porque México cuenta con dos importantes recursos: el pueblo y los recursos naturales.

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LAS RAZONES POR LAS QUE NO CONVIENE A MÉXICO ABRIR EL SECTOR PETROLERO A LA INVERSIÓN PRIVADA
Documento tomado de la página de internet de la Secretaría del Patrimonio Nacional del gobierno legítimo de México


1.- El petróleo tiene una importancia estratégica.
El sector petrolero tiene una importancia una posición decisiva en la producción nacional y en el desarrollo del país por las siguientes razones:

a).- No sólo por el petróleo crudo, sino por los productos que se derivan de él, pues sin esos productos (gas, gasolina, diesel, y productos básicos para la industria) las economías no se mueven.
b).- Por lo limitado de las reservas mundiales. En virtud de lo cual, la nueva tendencia en el mundo es que cada vez más la propiedad del petróleo está bajo control de empresas del estado.
c).- Por que el nuevo énfasis de las empresas petroleras estatales es aprovechar mejor los productos básicos para aumentar el valor agregado y empleo.
d).- Por que, desde la primera década del Siglo XX, el petróleo ha sido estratégico porque la posesión de reservas siempre ha dado lugar a conflictos entre naciones, o entre particulares y el gobierno que atentan la soberanía nacional, es decir en contra de la capacidad de un país – particularmente de uno en desarrollo- de decidir su futuro e insertarse con las mayores ventajas posibles en la economía global.

Por todo ello, exponer de nuevo a México a la posibilidad de estos conflictos al comprometer activos o concesiones con entidades privadas nacionales o extranjeras, sería un grave retroceso que compromete la soberanía y el futuro de nuestra economía. Esas fueron las razones de fondo por las que, primero, el Constituyente de 1917 con el objetivo de asegurar el futuro de la Patria, estableció que los yacimientos de petróleo y demás hidrocarburos son propiedad inalienable de de la Nación; es así, por que ningún gobierno puede tener facultades para ceder en general y perpetuamente los derechos que corresponden a una Nación sobre los bienes que forman y han formado siempre el acervo de su patrimonio. Y, por las que, años después, en 1938 el Presidente Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, precisamente, ante la negativa de las compañías petroleras extranjeras a acatar las leyes mexicanas.

2.- Muchas de las actividades de PEMEX están integradas como cadena productiva: si se abren al sector privado, se crearían monopolios privados que generarían graves consecuencias a la sociedad.
La producción de crudo, su refinación y el transporte en cada región en donde se realiza representa un monopolio natural, pues nadie más puede perforar y extraer crudo en la misma zona, refinar productos o transportarlos en los mismos ductos. PEMEX obtiene así economías considerables, las cuales se reflejan en sus ingresos. El alto pago de impuestos refleja estas ventajas, las cuales son transferidas a la sociedad en forma de altos impuestos.

Al abrir partes de PEMEX al sector privado se provocaría un perjuicio contra la sociedad, pues se crearía un monopolio privado que no transferiría las ventajas del monopolio natural a la sociedad, vía ingreso fiscal, como PEMEX hoy lo hace, sino que se realizaría una apropiación privada de sus ventajas.

3.- El sector petrolero es una industria integrada.
Esta abarca desde la exploración de reservas de crudo y gas hasta la petroquímica básica según lo marcan la Constitución y las leyes. Su operación y desarrollo es a partir de esta integración. Las altas utilidades que se obtienen de la exportación de crudo en periodos de altos precios se pueden así invertir en ampliar la capacidad de la refinación y de la petroquímica básica. Estas inversiones se pueden hacer independientemente de los márgenes de utilidad que en cualquier momento existan en esas industrias. Si esas industrias estuvieran bajo una administración privada, las inversiones y, por lo tanto, la ampliación de la capacidad de refinación y petroquímicos quedarían sujetas a los márgenes de utilidad y podrían no realizarse. Esto crearía desabasto en mercados como el de la gasolina y nos obligaría a importar. Si más tarde los precios suben mucho, estaríamos importando creciente volúmenes a precios altos y dependiendo del exterior para un producto esencial, como es la gasolina.

Esto ya nos ha pasado en México por errores y falta de visión de los gobiernos en los últimos 25 años.

Por esa razón el sector petrolero debe mantenerse como una sola unidad bajo el dominio exclusivo del estado. Sólo el estado puede ejecutar planes de inversión a muy largo plazo para productos necesarios para el país, mismos que el sector privado no siempre puede hacer, ya que sus decisiones de inversión son guiadas por márgenes de utilidad y con horizontes de tiempo mucho más cortos.

4.- La apertura parcial de Pemex no es realista.
No es válido el argumento de que el estado va a mantener la propiedad de los yacimientos, pero el sector privado puede participar en las actividades de refinación y petroquímica.

En primer lugar, porque al tratarse de actividades ligadas entre sí por el flujo de materias primas y productos elaborados, el sector privado tendría un incentivo permanente para exigir la apertura de otras actividades porque de éstas depende su suministro de materias primas. Ello en virtud de que integrar cada vez más las distintas partes de la cadena de valor permitiría a las empresas privadas desarrollarse con ventajas frente a sus competidores. Así como esta integración es atractiva para las empresas privadas, así lo es para Pemex como empresa del estado.

Así, una apertura parcial previa declaración del Estado de incompetencia financiera y tecnológica, equivale a una invitación abierta al capital privado a participar paso por paso en todo el sector, hasta llegar a la propiedad privada de los yacimientos. Ya que se trata de procesos progresivos, es decir, es ilusorio pensar que puede haber una apertura parcial y que todo lo demás queda fijo, cuando las empresas privadas, por su propia naturaleza, requieren todo el tiempo optimizar su productividad.

Eso explica el atractivo para las empresas privadas de participar en refinación y petroquímica, aún cuando se trata de márgenes de utilidad bajos o volátiles, es decir, porque se entiende, que es solo un primer paso hacia la posesión de los yacimientos.

Particularmente en el caso de la tecnología para exploración en aguas profundas, lo que de manera abierta piden las empresas que la ofrecen no es recibir una contraprestación económica a cambio de este servicio, sino participar como dueños de los yacimientos que se descubran, de las enormes ganancias que generará su explotación. Cabe señalar que aprobar cualquier modificación a la ley secundaria para permitir “alianzas estratégicas” con este fin, significaría enajenar el patrimonio inalienable de los mexicanos y la ruptura del pacto constitutivo de la Nación.

5.- El gobierno tiene malos antecedentes como privatizador de entidades estatales.
El gobierno ha privatizado empresas con muy malas experiencias. Por una parte, ha hecho más ricos a los ricos, pues en la mayoría de los casos les ha entregado empresas que son monopolios y que sólo se transformaron de monopolios públicos ineficientes en monopolios privados altamente productivos para sus dueños y altamente nocivos para los consumidores o usuarios de los servicios. En otros casos privatizó empresas que luego tuvo que rescatar de la quiebra, gastando más en su rescate que lo que había obtenido por ellas. El gobierno mexicano ha demostrado ser incapaz de regular los monopolios, asegurar precios competitivos o impedir abusos contra los consumidores. Con esos antecedentes plantear una apertura en el sector más lucrativo de todos los que tenemos como país, es simplemente venir a ofrecernos más de lo mismo, mayores abusos, mayor desigualdad y mayor concentración de la riqueza en unas cuantas manos.

6.- La apertura, aun parcial, haría perder la posibilidad de integrar a Pemex con el sector de generación de electricidad
Esta integración es factible y es deseable en la medida en que Pemex fabrica combustibles que el sector eléctrico consume y con los cuales podría sustituir parte de sus compras de gas, lo que ahorraría importaciones de gas y a la vez permitiría aprovechar mejor la capacidad de producción de Pemex. Lo anterior facilitaría una planeación racional de la producción futura y sus insumos y así fincar inversiones de largo plazo sobre una base de mayor certidumbre que es imposible tener con inversiones del sector privado.

7.- Hay una sinergia entre la industria nacional, la ciencia y la tecnología, que se perdería con la apertura de Pemex
El sector petrolero integrado es tan amplio y tiene tales necesidades de ingeniería y ciencia, que se puede y debe aprovechar para impulsar proyectos de investigación y desarrollo en muchos campos: la geofísica, la energía, la ingeniería de diseño y de proceso, el desarrollo de materiales y la investigación sobre fuentes alternativas de energía. Hoy estas labores están reducidas a un mínimo de su potencial, pero esto ha sido una decisión equivocada de los gobiernos recientes más que un desarrollo natural. Lo lógico es, por el contrario, que como industria nacional se convierta en el centro de la sinergia entre el sector productivo y la comunidad científica. La apertura al sector privado haría perder este potencial porque las empresas privadas llevarían su investigación y desarrollo a sus propios laboratorios, posiblemente del extranjero, y no a la comunidad nacional. Cuando las patentes y los procesos de la comunidad nacional pasarían a ser un activo nuevo de México y de los mexicanos, en el caso de la apertura se convertirían y marcas y patentes privadas, a las que les deberíamos pagar regalías. De hecho, esa política equivocada es la principal causa del rezago en el desarrollo de tecnologías y de fuentes alternativas de energía.

8.- El sector petrolero contribuye una gran parte del ingreso fiscal.
La contribución fiscal del sector petrolero es vital para la estabilidad de las finanzas públicas. En 2007 el ingreso petrolero que fluyo hacia el presupuesto federal fue de 863 mil millones de pesos, 37 por ciento de todo el ingreso presupuestal. El porcentaje se ha mantenido alto en los últimos 25 años. En 1982, cuando se acusaba al gobierno de haber petrolizado la economía, fue el 34 por ciento del ingreso total. Aun en años de precios de petróleo bajos (como en 2001), el porcentaje fue el 30 por ciento del ingreso.

Cualquier apertura a la inversión privada debilitaría gradualmente la capacidad de PEMEX para generar un alto flujo de efectivo y contribuir fiscalmente, ya que ninguna empresa privada podría pagar los impuestos que PEMEX paga, mismos que fueron 63 por ciento de sus ingresos por ventas hasta la última información contable de septiembre de 2007.

Lo anterior no significa que PEMEX pueda seguir contribuyendo estos montos tan altos sin aumentar su gasto de inversión sustancialmente para nuevas exploraciones y desarrollos. La solución optima para las condiciones particulares de México, sin embargo, no es vender partes de PEMEX o pedirle al sector privado que aporte capital en ellas, sino hacer un ajuste verdadero en el ingreso fiscal no petrolero con una auténtica reforma fiscal y reducir el gasto corriente y a la vez, dar a PEMEX autonomía de gestión como empresa estatal para que desarrolle y financie los proyectos prioritarios de manera integrada y con visión de largo plazo.

9.- La contribución de Pemex al desarrollo nacional es susceptible de mejorarse con una nueva política que le permita a la empresa mayor eficiencia y mejores prácticas, sin reformas encaminadas a la privatización.
Esta mejora ha estado esperando por décadas y no se ha materializado por la inacción de los gobiernos y los intereses personales y de grupo, en lugar de al desarrollo nacional. Pero esto no quiere decir que no se pueda lograr, lo que redundaría en un inmenso beneficio para todos los mexicanos, dada la alta participación que tiene Pemex en la economía y su gran incidencia con múltiples procesos de la industria y los servicios. Una mayor eficiencia, menos dispendio, prácticas laborales más modernas y mayor honestidad en su administración son todos susceptibles de lograrse para beneficio de todos los mexicanos. En contraste, con la participación de empresas privadas en el sector, este tipo de mejoras daría frutos solo para sus accionistas y no para todos.

10.- Mantener al sector petrolero como industria integrada refrendaría la unidad y el orgullo nacional
Tanto se ha dicho sobre la supuesta ineficiencia de Pemex y la necesidad de que las empresas privadas vengan a sacar adelante esta industria de México, que proteger este patrimonio y a la vez potenciar su desarrollo y modernización nos uniría más como nación y comprobaría que los mexicanos somos capaces de superar cualquier problema. Por el contrario, enajenar este patrimonio valioso a intereses privados como resultado de nuestra incapacidad técnica y administrativa, enajenaría el patrimonio de nuestros hijos y causaría una mayor desmoralización. El reto es rescatar al sector energético, no venderlo al mejor postor.

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jueves, 21 de febrero de 2008

Se compromete López Obrador a demandar a los legisladores del FAP a que hagan suya la lucha por la libertad de los presos políticos de Atenco

Ciudad de México, 21 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 359


Sumario:

I.
Se compromete López Obrador a demandar a los legisladores del FAP a que hagan suya la lucha por la libertad de los presos políticos de Atenco

II. Pemex: la presa sitiada, por Luis Linares Zapata

III. Petróleo: quién manda en México, por Adolfo Gilly

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SE COMPROMETE LÓPEZ OBRADOR A DEMANDAR A LOS LEGISLADORES DEL FAP A QUE HAGAN SUYA LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO


Desde San Salvador Atenco, donde inició hoy en la mañana su gira semanal que lo llevará, esta vez, a presidir asambleas informativas en 18 municipios del Estado de México, Andrés Manuel López Obrador exigió “al gobierno espurio y a las autoridades mexiquenses la pronta puesta en libertad de los presos políticos encarcelados hace seis años por evitar que el gobierno de Vicente Fox los despojara de sus tierras para construir un aeropuerto”.

El presidente legítimo de México expresó su solidaridad con el grupo de detenidos y con los pobladores del municipio; al mismo tiempo, los felicitó “porque no permitieron que los voraces de la derecha panista se salieran con la suya, es decir, que hicieran negocio a costa de despojar a los campesinos de Atenco de sus tierras”.

A petición expresa de los colonos en el sentido de que los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista pidan la amnistía de los presos políticos de Atenco, López Obrador se comprometió a solicitar a los legisladores del PRD, PT y Convergencia que tomen el caso y realicen las gestiones necesarias hasta lograr la liberación de los atequenses, y señaló que “resulta increíble que el ex jefe de la policía y responsable de reprimir a los ciudadanos del municipio, Wilfrido Robledo, haya sido exonerado de toda responsabilidad. Con la exculpación de Robledo, se confirma que en nuestro país sólo se castiga a quien no tiene con que comprar su inocencia”, manifestó.

López Obrador expresó que desde hace 25 años no ha habido autoridades responsables que realmente representen al pueblo y defiendan los bienes nacionales. “El gobierno se ha convertido en un comité al servicio de unos cuantos y lo representan una pandilla de rufianes que usurpó la Presidencia de la República; la banda más peligrosa que opera en el país se encuentra en Los Pinos”, resaltó.

En Teoloyucan, exigió a Felipe Calderón, a Juan Camilo Mouriño y a Alfredo Elías Ayub que ofrezcan una explicación pública por el contrato otorgado a Repsol, por 15 mil millones de dólares, para la compra de gas, sin que mediara licitación alguna. Mencionó que “el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón, ha privatizado silenciosamente la industria eléctrica, mediante la compra de 35 por ciento del recurso energético a empresas extranjeras, principalmente españolas”, recordó.

Trajo a colación también que el gobierno de Fox intentó despojar al pueblo de Atenco de sus tierras para construir un aeropuerto y realizar un negocio con la urbanización de 600 hectáreas en el mencionado municipio. “Y ahora —sostuvo—, la derecha panista tiene la intención de privatizar la industria petrolera; sin embargo los mexicanos evitaremos que se consuma una traición a la Patria”, aclaró.

En los municipios de San Salvador Atenco, Teoloyucan y Melchor Ocampo, Andrés Manuel López Obrador invitó a la gente a participar el próximo domingo a las 11 de la mañana en la asamblea nacional que se realizará en la Torre de Pemex de la Ciudad de México, en donde se dará a conocer el programa de acción a seguir en caso de que Calderón envíe al Congreso una iniciativa para facilitar la privatizar del sector petrolero.

Por la tarde, López Obrador se reunió con los habitantes de Coyotepec y Huehuetoca, a quienes informó que el gobierno legítimo de México tiene una red de representantes con aproximadamente dos millones de ciudadanos comprometidos con el cambio real y verdadero en nuestro país.

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PEMEX: LA PRESA SITIADA
por Luis Linares Zapata
(publicado en La Jornada el 20 de febrero de 2008)

Las elites decisorias del país han llegado a un acuerdo para la apertura de Pemex a la inversión privada. Por tal referencia se entiende, en verdad, la entrada del capital externo que, se alega, portan las empresas de energía internacionales que por años le han dado la vuelta a la noria de las presiones, los consejos y hasta los sobornos con tal de hacerse con una parte de la jugosa renta petrolera. El PAN y el gobierno federal, auxiliados por un conjunto de gobernadores ávidos de meterle el diente a los remanentes petroleros, han jalado a los dirigentes cupulares del PRI a este tinglado de intereses. Juntos, quieren modernizar a Pemex, eufemismo que trata de ocultar, ante los mexicanos de banqueta, las crudas intenciones que los empujan a trastocar o darle la tramposa vuelta a la misma Constitución.

Frente a ellos se mueve una fuerza popular de la magnitud suficiente para detener tan inicuo proyecto. Es la fuerza de los clasificados, con la malicia de los colmilludos, como duros, intransigentes, los trasnochados nacionalistas, los opositores irredentos. Pero lo que estos mexicanos sienten, saben por negativa y hasta trágica experiencia, es que sin el total control de los energéticos, tal como hoy ordena la Constitución en su artículo 27, México perderá la capacidad de decidir su destino. Sin el apego al espíritu nacionalizador que rescató los hidrocarburos nacionales de manos extranjeras, allá por el lejano 38 del siglo pasado, el futuro económico, tecnológico, industrial y hasta cultural del país entrará en un túnel sin salida. La cruzada para evitar la catástrofe planeada desde el poder no se detendrá hasta lograr el propósito que la anima. Se cuenta, para ello, con la lucidez de muchos mexicanos que van aportando análisis, estudios, experiencia pero, sobre todo por la creciente movilización del pueblo.

La compulsión privatizadora, entreguista, de esa elite burocrática es entendible. Lo es porque las personas que la integran cuidan, en primerísimo lugar, sus propias biografías. Carreras políticas que pretenden sean de éxitos continuos, asegurados desde las cúspides. Son hombres y mujeres timoratos, con muy pocos arrestos para enfrentar dificultades, para defender lo que los de abajo requieren. Siempre están atentos a los que sucede arriba de ellos, a veces voltean a sus lados pero sólo en raras ocasiones atisban abajo, menos aún hacia adelante para otear un futuro que siempre está plagado de incógnitas e inseguridades. Carecen de grandeza para emprender aventuras transformadoras, las de gran aliento que exigen la imaginación de la que carecen, duras luchas que esquivan a toda costa, desgastes y, en especial, solicitan perseverancia y trabajos múltiples difíciles de adoptar como cotidiana práctica.

Por estos días de pasiones e ilegitimidades angustiantes, las presiones de sus patrocinadores se han robustecido. Sostienen que el momento ha llegado. No se puede esperar más. Alegan que las reservas se agotan, los recursos escasean, la tecnología no se domina, la administración es deficiente, el sindicato asfixia, la necedad de algunos estorba y se alienta la resistencia al cambio. Han estudiado con detenimiento el tiempo preciso para actuar. Las encuestas de opinión les dicen que, a pesar de que la mayoría de los mexicanos no quieren abrir Pemex al capital trasnacional, la conciencia de la muchedumbre es débil, puede afectarse con una efectiva campaña publicitaria. Una donde se diga que no se puede aguantar más el declive de la empresa, que las alianzas no son contratos de riesgo, que no se privatizará ni un tornillo. Llegan a citar, con toda la alarma del enterado, que los estadunidenses recurrirán al estúpido método del popote para chuparse los veneros de chapopote de este lado de la frontera marítima. Y esto lo anuncia, con voz de salvador, un hombrecito del priísmo más decadente (Labastida) que pretende salvar a Pemex. Sin verse como un simple favorecido por la gracia de amistades, por la ayuda de subordinados encumbrados para terminar con una carrera sin lustre, sin logros, llena de escaladas inmerecidas y sonadas derrotas, ayuna de aportaciones a favor del pueblo o de cualquier causa noble.

La interesada compulsión privatizadora de esa clase de personajes que integran la elite oficialista actual sigue adelante, ahora con ímpetu renovado por las fuertes presiones que reciben de aquellos empresarios de gran calado que, para hacer negocios, para incrementar sus enormes fortunas, requieren del manto gubernamental. O por aquellas empresas y hasta gobiernos a los que les urge asegurar sus atentos proveedores confiables. Trasnacionales que desean, con ahínco, aprovechar los altos precios de los energéticos para engrosar sus obscenas utilidades a costa de los desprevenidos mexicanos que no saben cuidar y defender sus tesoros. Los legisladores del PRIAN, el presidente formal, con sus asesores y demás acompañantes de los medios, no pueden resistir las ambiciones del gran capital, ya sea éste local o foráneo. Es un peso enorme sobre sus timoratos espíritus.

El capital insaciable es la palanca que mueve al aparato establecido y no, como se sostiene con fingida veracidad, las intenciones de mejorar a la más importante empresa de los mexicanos, tal como difunden los preclaros líderes del momento burocrático. Pero tampoco se pueden descartar las complicidades individuales de los que intervienen en el diseño de la ruta privatizadora.

Las ambiciones de los que extienden sombras y tratan de ocultar las reales intensiones de la reforma energética y suavizan sus consecuencias flotan inocultables. Se trasluce el cinismo de los proponentes, los apoyos repletos de malicia sorprenden, la enjundia difusiva y las opiniones de enterados que ponen sus prestigios en la balanza abundan sólo para caer después en el vacío de los extraviados. El petróleo y la energía en general (eléctrica) es un tesoro que debe quedar bajo el dominio de la nación sin injerencia externa o privada. Se trata, en última instancia, de decidir quién manda: el capital externo o los mexicanos.

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PETRÓLEO: QUIÉN MANDA EN MÉXICO
por Adolfo Gilly
(publicado en La Jornada el 18 de febrero de 2008)

La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día —ni las compañías petroleras ni sus gobiernos— la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.

El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.

Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.

Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado —es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital—, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.

Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.

Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.

Estados Unidos necesita –necesitó siempre— subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.

Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos —no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación—. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.

Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).

Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.

El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.

Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.

¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México —y su timing preciso— por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?

¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?

Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.

Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.

El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.

En caso contrario, el gobierno nacional —y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo— se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.

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