Ciudad de México, 25 de marzo de 2009
Servicio informativo núm. 664
Servicio informativo núm. 664
Sumario:
I. Ley de Salarios Máximos y austeridad republicana demanda López Obrador
II. En la cooperación para el desarrollo y no en el uso de medidas coercitivas debe sustentarse la relación Estados Unidos-México: AMLO
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LEY DE SALARIOS MÁXIMOS Y AUSTERIDAD REPUBLICANA DEMANDA LÓPEZ OBRADOR
Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular en la Cámara de Diputados el 25 de marzo de 2009.
Amigas y amigos:
Como lo acordamos el domingo pasado en la asamblea informativa del Zócalo, hoy nos congregamos para exigir que se apruebe la iniciativa de Ley sobre Salarios Máximos, aplicable a todos los funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno.
Para nosotros la transformación que necesita el país debe darse a partir de cuatro lineamientos básicos: rescatar al Estado, que está secuestrado y al servicio de una oligarquía; cambiar el modelo económico; moralizar al gobierno y crear una nueva corriente de pensamiento.
En esta ocasión, estamos aquí para insistir en la urgente necesidad de moralizar al gobierno de la República.
Como es sabido, la llamada clase política se ha corrompido y vive distanciada de los ciudadanos. Uno es el mundo de los políticos y otro muy distinto es el de la gente que, día a día, tiene que luchar por la sobrevivencia y por su bienestar.
La política, como lo hemos dicho en otras ocasiones, se ha convertido en sinónimo de corrupción, prepotencia y cinismo. La mayor parte de los que ocupan cargos públicos no son más que empleados del grupo minoritario que realmente manda y decide en el país; es decir, han pasado a ser simples piezas del engranaje que legaliza e impone, mediante el influyentismo, la voluntad de los potentados.
Pero el colmo o la burla mayor es que estos funcionarios, aunque trabajan para la mafia del dinero y de la política, cobran sueldos elevadísimos y gozan de muchos privilegios a costa del presupuesto público, que es dinero del pueblo.
Tal es el caso de los ministros de la Corte que ganan hasta 600 mil pesos mensuales y que no imparten justicia en beneficio del pueblo, sino que están al servicio de los traficantes de influencia o de los capos del poder económico y político en el país.
Por esta razón, desde hace mucho tiempo hemos venido insistiendo en la necesidad de aplicar un plan de austeridad republicana, bajo el criterio juarista de que los funcionarios públicos deben aprender a vivir en la justa medianía. Incluso recientemente, ante el agravamiento de la crisis económica, presentamos a esta Cámara de Diputados una propuesta para eliminar el gasto superfluo del gobierno y ahorrar hasta 200 mil millones de pesos que deben destinarse a impulsar actividades productivas, proteger el empleo y a garantizar el bienestar de la población.
Este ahorro puede lograrse: reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo federal; las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores; suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia; cancelando las pensiones millonarias a los ex presidentes de México; eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario; reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.
Por eso ahora, que a propuesta de nuestros legisladores se está discutiendo una iniciativa de Ley Sobre Salarios Máximos para funcionarios públicos, venimos a expresar nuestro apoyo para la aprobación de inmediato de esta reforma constitucional.
Desde luego, los legisladores del PRI y del PAN deben saber que no aceptaremos el truco de que aprueben una reforma sin contenido, nada más porque se ven obligados a hacerlo dado que son tiempos electorales. Queremos que dicha ley incluya la reducción de sueldos a ministros de la Corte, senadores, diputados, gobernadores y a otros altos funcionarios públicos y que entre en vigor de inmediato.
También vamos a seguir demandando la aplicación del plan de austeridad. No sólo hay que reducir los sueldos de la alta burocracia, también hay que eliminar la partida de servicios médicos privados. Es ofensivo que se estén destinando 5 mil millones de pesos anuales para atender en clínicas particulares a la llamada sociedad política, cuando en los centros de salud de los pueblos no hay ni médicos ni medicamentos. Asimismo, debe desaparecer de inmediato la caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos, que significa una erogación al año de otros 5 mil millones de pesos del presupuesto y no vamos a dejar de insistir hasta que se suspendan las pensiones millonarias a los ex presidentes de México.
Asimismo, aprovechamos para decirles a los legisladores del PRI y del PAN que ya no sigan pretendiendo engañar a la gente con sus famosos exhortos al Ejecutivo para congelar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz. Ante esa burda maniobra electorera, les recordamos que los diputados y senadores, como parte del Poder Legislativo, tienen la facultad para presentar una iniciativa y aprobar una ley en defensa de la economía popular que obligue al gobierno usurpador a bajar los precios de estos energéticos. Si realmente quisieran, también pueden derogar el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), la tenencia vehicular, proteger los fondos de pensiones de los trabajadores y todo aquello que signifique proteger al pueblo ante el agravamiento de la crisis. En suma, les venimos a decir que basta de simulación y de engaños.
Amigas y amigos:
Nuestro movimiento tiene que seguir impulsando los cambios que necesita el país, vamos a seguir haciendo uso de nuestros derechos constitucionales de libre expresión de nuestras ideas y de manifestación. Aunque no les guste a los de la mafia del dinero y del poder y a sus achichincles, la libertad, como la justicia, como la democracia, no se implora, se conquista.
¡Viva el Movimiento en Defensa de la Economía Popular! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
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EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y NO EN EL USO DE MEDIDAS COERCITIVAS DEBE SUSTENTARSE LA RELACIÓN ESTADOS UNIDOS-MÉXICO: AMLO
Carta del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América, Hillary Clinton del 25 de marzo de 2009
Sra. Hillary Clinton
Secretaria de Estado
Gobierno de los Estados
Unidos de América
P r e s e n t e
Respetable señora Clinton:
Aunque sólo a los mexicanos nos corresponde enfrentar y resolver los asuntos internos de nuestra patria, consideramos pertinente, dado lo que usted representa, expresarle el sentir de millones de ciudadanos que luchamos cotidianamente por hacer realidad la justicia y la democracia en México.
Desde nuestra visión, el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país se ha originado por la corrupción y la impunidad imperantes, y porque desde hace 26 años no ha habido crecimiento económico y millones de jóvenes han sido marginados de la educación y no han tenido oportunidades de trabajo.
Usted seguramente sabe que todo esto comenzó cuando un grupo de alrededor de 30 traficantes de influencias y políticos corruptos, utilizando como parapeto a la llamada política económica neoliberal, se apoderó del Estado mexicano, así como de una buena parte de los bienes de la nación y del presupuesto público. Y esta política de pillaje que ha enriquecido a una minoría de manera exagerada y obscena, como no ha sucedido en ninguna otra parte del mundo, ha condenado al pueblo de México al destierro y a la sobrevivencia.
Por eso creemos que es un error querer enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia sólo con mano dura, con militares, con cárceles, con leyes más severas y con penas más largas. La solución al flagelo de la delincuencia pasa, necesariamente, por rescatar al Estado, por cambiar el actual modelo económico y por garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo a la población. No debe olvidarse que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia.
Señora Clinton: en consecuencia, como en su momento se lo hicimos saber al presidente Barack Obama, sostenemos que la solución al fenómeno migratorio y a la inseguridad no se encuentra en la construcción de muros ni en la militarización de la frontera, sino en el desarrollo económico y social de México.
Por eso es indispensable que la relación entre México y Estados Unidos se finque en la cooperación para el desarrollo y no en el uso de medidas coercitivas.
De igual modo, le manifestamos que aunque padecemos de un gobierno usurpador y fallido, cuya debilidad podría llevarlo a tomar acuerdos contrarios al interés nacional, existe también un movimiento ciudadano fuerte y la voluntad de muchos otros mexicanos, decididos a impedir cualquier actitud intervencionista y a defender nuestro derecho como nación libre y soberana.
Le saludamos de manera respetuosa y le deseamos una buena estancia en nuestro país.
Atentamente
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México
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