jueves, 31 de enero de 2008

Expresa López Obrador su apoyo a los participantes en la movilización por la soberanía alimentaria y los derechos de los trabajadores

Ciudad de México, 31 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 336



EXPRESA LÓPEZ OBRADOR SU APOYO A LOS PARTICIPANTES EN LA MOVILIZACIÓN POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS


Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo a los miles de campesinos y productores nacionales que este día participan en una megamovilización para demandar al gobierno de facto de Felipe Calderón una renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y la eliminación de la cláusula que permite la libre importación de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar.

Al iniciar un recorrido de trabajo por 25 municipios del Estado de México, el presidente legítimo de México informó que envió una misiva a los representantes del sector productivo que marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, en donde manifiesta que el mencionado acuerdo comercial perjudica a los trabajadores del campo, al sector primario de la economía nacional.

En la gira que realizó por municipios en donde se cultiva maíz, López Obrador subrayó que el campo está empobrecido y en el abandono. Posteriormente, en la asamblea informativa con los habitantes de Soyaniquilpan, afirmó que “al gobierno espurio de Calderón no le importa el campo, porque está al servicio de una minoría que lo impuso en el cargo y que quiere mantener privilegios. Con la apertura comercial —enfatizó— van a arruinar al campo porque los agricultores compiten en condiciones de desventaja frente a sus similares de Canadá y Estados Unidos”.

Sobre el mismo tema, el dirigente de la izquierda mexicana señaló que “los campesinos de los países del Norte reciben subsidios de sus respectivos gobiernos, equivalentes al cien por ciento del costo de producción de sus mercancías, mientras que los trabajadores agrícolas de nuestro país no reciben ningún tipo de apoyo gubernamental. Con la apertura comercial e indiscriminada y sin límites, sólo se favorece a los productores extranjeros”, aseguró al criticar a las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en particular a su titular, Alberto Cárdenas Jiménez, por expresar que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos no quieren renegociar el tratado trilateral.

“¡Claro que no quieren los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! La iniciativa tiene que surgir de las autoridades nacionales, para defender los intereses de miles de campesinos y productores”, exigió.

Ante los ciudadanos de San Bartolo Morelos, Timilpan, Chapa de Mota y Soyaniquilpan, López Obrador manifestó que los mexicanos no permitiremos que nos despojen de nuestro patrimonio nacional, ni la privatización de la industria petrolera y destacó que los candidatos a traidores a la Patria —Calderón, Mouriño, Beltrones, Gamboa, Reyes Heroles, Labastida y Creel— “no han querido dar la cara” para debatir de frente a la nación la llamada reforma energética.

López Obrador reiteró que en el momento en que se presente al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar cualquier ley que facilite la privatización de Petróleos Mexicanos, “convocaremos a una movilización nacional hasta parar al país, aunque nos critiquen y nos califiquen de revoltosos”.

El presidente legítimo de México vaticinó que “no habrá fuentes de empleo, ni posibilidad de desarrollo nacional, si se permite la entrega del petróleo a particulares extranjeros, los mexicanos nos convertiremos en esclavos en nuestro propia tierra”.

Explicó también a los mexicanos reunidos en las asambleas informativas que preside en cada cabecera municipal que la extracción de cada barril de petróleo tiene un costo de 4 dólares y que, posteriormente, se vende hasta en 80 dólares, y recordó que 40 centavos de cada peso del presupuesto nacional proviene del petróleo.

“México obtendrá este año recursos extraordinarios por 200 mil millones de pesos, a causa de los altos precios del petróleo; con la mitad de esa millonaria cantidad se podrían construir las tres refinerías que necesita el país para dejar de importar gasolina”, agregó.

En Jilotepec, el presidente legítimo de los mexicanos invitó al pueblo de México a participar el próximo 18 de marzo en el acto conmemorativo por el 70 aniversario de la expropiación petrolera, en el Zócalo del Distrito Federal.

En otro orden de ideas, aseguró que enero sí fue un mes negro para millones de familias, a pesar de que los columnistas y editorialistas insistan en señalar que no se presentó dicho fenómeno. Detalló que enero fue un mes negro porque entró en vigor el aumento a los precios de la gasolina y el diesel, que desató una escalada de precios, y fundamentalmente porque el precio de la tortilla pasó de 8 a 10 y hasta 12 pesos por kilogramo en los últimos tres meses.

Otro factor que contribuyó a que enero fuese un mes negro —prosiguió— fue el hecho de que se abrieron las fronteras a la libre importación de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, que lesionará indudablemente la economía de millones de agricultores y de productores.

“Y todavía falta la imposición de la llamada reforma fiscal, que significa la creación de nuevas contribuciones que impactarán negativamente en los bolsillos de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes”, concluyó.

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Contra el alza de precios a productos básicos, es preciso que el Senado de la República apruebe la Ley de Precios Competitivos, por Mario di Costanzo

Ciudad de México, 31 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 335


Sumario:

I.
Contra el alza de precios a productos básicos, es preciso que el Senado de la República apruebe la Ley de Precios Competitivos, por Mario di Costanzo

II. Carteristas de cuello blanco, por Laura Itzel Castillo

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CONTRA EL ALZA DE PRECIOS A PRODUCTOS BÁSICOS, ES PRECISO QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA APRUEBE LA LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS
por Mario di Costanzo

secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México

Si bien es cierto que a nivel mundial, los precios de los alimentos han registrado incrementos que durante el año pasado, en promedio, alcanzaron 36%, también lo es que al menos en el caso de nuestro país, el crecimiento observado en el precio de muchos granos básicos, frutas, legumbres, hortalizas y cárnicos se explica en buena medida por las tremendas imperfecciones del mercado de comercialización de estos productos y en especial a la existencia de grandes y poderosas empresas, que debido a la capacidad económica que tienen actúan como monopolios o bien se ponen de acuerdo entre varias ejerciendo un control oligopolio del mercado en el que operan.

Esta situación, que desde hace mucho tiempo ha existido en nuestro país, se ha manifestado más duramente por el “efecto aparente” del incremento de los alimentos a nivel mundial.

De esta manera, si revisamos los precios al mayoreo de diversos productos que se pueden adquirir en la Central de Abasto y los comparamos con los que se pueden encontrar en la diferentes tiendas de autoservicio como Wall Mart, Chedraui, Comercial Mexicana o Soriana, nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos existen diferencias que pueden ser hasta de 500%.

Así, por ejemplo, se observa que mientras que el maíz blanco, el frijol, la zanahoria y el pollo entero se cotizaron la semana pasada en la Central de Abasto del DF en 3.40, 7.60, 2.86 y 7.60 pesos por kilogramo, respectivamente, en las principales tiendas de autoservicio del DF y de la zona metropolitana, sus precios por kilogramo se ubicaron en 16.69, 18.00, 9.99 y 26.0 pesos por kilogramo; lo que significa una diferencia de 390.8%, 136.84%, 249.30%, 242.1%, respectivamente.

Por ello, es preciso que el Senado de la República apruebe la iniciativa de Ley de Precios Competitivos (el texto íntegro de tal iniciativa puede consultarse en: http://secretariadelahaciendapublica.blogspot.com/2006/11/ley-de-precios-competitivos.html) que a finales de noviembre de 2006 Andrés Manuel López Obrador envió a los senadores del Frente Amplio Progresista.

Conviene recordar que dicha ley no persigue retornar a las políticas de “fijación o control de precios” sino más bien busca el combate a las prácticas monopólicas u oligopólicas en su manifestación en “precios exagerados” en la economía.

Para ello, la Ley de Precios Competitivos busca el establecimiento de una Comisión de Precios que estaría analizando con base en diversos indicadores, como índices de precios, costos, etc., el nivel que deben tener los precios al público, y cuando esta Comisión determinara que existen elementos suficientes para determinar que el precio de un bien o servicio es “exagerado” se tomarían las medidas conducentes.

Finalmente, conviene mencionar que la Comisión de Precios no estaría suplantando o duplicando las funciones de la Comisión Federal de Competencia, ya que mientras la primera combatiría la existencia de prácticas monopólicas u oligopólicas por sus efectos, la segunda continuaría combatiendo las prácticas monopólicas u oligopólicas por sus causas, es decir, por la concentración del mercado o la dominancia.

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CARTERISTAS DE CUELLO BLANCO
por Laura Itzel Castillo

secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicado en El Gráfico el 30 de enero de 2008)

Los efectos antipopulares de la política mercantil en materia habitacional se agravan día con día en todo el país. Hace poco salió de la cárcel el primer preso político del Infonavit. Me refiero al luchador social Juan Murguía, de Ciudad Obregón, quien permaneció tras las rejas 49 días por orden directa de dicho instituto. Para pedir su liberación, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) se movilizó en 12 entidades de la República.

Llama la atención que a últimas fechas hasta funcionarios municipales tengan que intervenir directamente para defender a los derechohabientes.

El mes pasado fui invitada a Monclova por el regidor Leonardo Rodríguez, quien encabeza una lucha en defensa de los acreditados del Infonavit que padecen la intimidación de las administradoras de cartera y de los despachos jurídicos contratados especialmente para amedrentar a los trabajadores.

A convocatoria de Leonardo Rodríguez y del ingeniero Luis Fernando Galaz, se reunieron más de 250 afectados, los cuales denunciaron a los despachos IBCE, Acser y Muñoz y Asociados, que han amenazado a las familias con supuestas notificaciones de desalojo para despojarlas de su vivienda. Con ello se pretende extorsionar a la gente mediante la cobranza, haciéndose pasar por juzgados, con lo que se configuraría el delito de usurpación de funciones.

A principios de enero, el presidente municipal de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez, encabezó una marcha de más de 2 mil personas contra la venta de cartera vencida que realizó Víctor Manuel Borrás, director general del Infonavit, a Capmark y Scrap II, mediante un proceso amañado, donde se presume corrupción y manejo privilegiado de información, entre otras cosas.

Por ello, el CDV realizó una auditoría ciudadana y presentó un amparo contra la destrucción de los archivos de dicha venta. Ahora podemos aseverar que hubo graves irregularidades que ameritan acciones penales. Por ejemplo, en 2006, el Infonavit favoreció con la venta de dicha cartera y fuera de subasta pública a la empresa Scrap II, cuyo actual presidente, Enrique Colliard, fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del Fobaproa. Este personaje pagó al Infonavit con un cheque de caja de mil 173 millones de pesos el mismo día que la firma se constituyó, y varios meses después de que se publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo tanto, la empresa no estaba dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el día en que le fue adjudicada la cartera. De ahí que quienes realizan este tipo de transacciones respondan a la categoría de carteristas de cuello blanco.

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miércoles, 30 de enero de 2008

Desplegado público del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas

Ciudad de México, 30 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 334



DESPLEGADO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS


Con el actual modelo neoliberal, la sociedad mexicana presenta graves problemas de inequidad para alcanzar los satisfactores mínimos consagrados en la Constitución. El desempleo, la pobreza y la falta de libertades son constantes en detrimento de las clases marginadas y mayoritarias del campo y la ciudad. Con el creciente deterioro del medio ambiente y entrega de los recursos naturales, el problema social se agrava, ha llegado el momento de revertirlo.

Ante la demanda de modificar la política neoliberal, expresada en diversas movilizaciones realizadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, sociales, populares y civiles, se ha profundizado la agresividad e insistencia del gobierno en mantener esta política depredadora, privatizadora y excluyente que privilegia los intereses de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.

La entrada en vigor de la última etapa de desgravación de las importaciones agropecuarias del TLCAN, la imposición del ASPAN, la escalada de precios derivada de la aplicación del incremento a los combustibles y el riesgo que representa para nuestro país la inminente recesión de la economía de Estados Unidos, agudizan el estancamiento de la economía nacional, el deterioro del campo y aceleran la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. A lo que se añade una reforma fiscal que, con nuevos impuestos, vulnera la libertad de asociación de los mexicanos al considerar a las organizaciones ciudadanas como empresas mercantiles.

Durante años las propuestas de los campesinos no han sido tomadas en cuenta y se han aplicado políticas contrarias al interés del campo y la Nación. La alimentación es la primera condición de vida de 107 millones de mexicanos, dos millones de niños que anualmente hay que alimentar, el sector primario es el sustento de supervivencia para 30 millones de ciudadanos del campo: la alimentación es un asunto de Seguridad Nacional. La Soberanía Agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, es inseparable de la Soberanía Energética y son requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. La política neoliberal y el TLCAN, han traído al país y al campo, dependencia agroalimentaria, pobreza, desempleo, descapitalización, falta de productividad, rentabilidad y competitividad, migración, despojo y destrucción de nuestros recursos nacionales.

Ante las movilizaciones sociales, el gobierno ha optado por la cerrazón y el autoritarismo, violentando gravemente los derechos humanos de la población. Se dejan en la impunidad delitos graves perpetrados por efectivos del ejército y las policías. Suman ya decenas de demandas por violación de mujeres y asesinatos de civiles inocentes, Se arremete contra organizaciones sindicales, como en los casos de los nucleares, sobrecargos y mineros, quebrantando sus derechos adquiridos y sobre todo, el derecho de Huelga.

La aprobación de reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública que, con el pretexto de combatir al crimen organizado, cancelan derechos ciudadanos al lesionar libertades y garantías individuales y al criminalizar la protesta social. Además se cierran los espacios de los periodistas cuya labor resulta incómoda para el gobierno o los círculos empresariales que le son afines.

La nula disposición del Ejecutivo para impulsar la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, y para atender y resolver las demandas planteadas por la sociedad, dan cuenta de una situación en la que la mayor parte de la clase política y las oligarquías empresariales expresan su decisión de mantener y profundizar una política económica y social excluyente, para beneficio de los intereses de los capitales trasnacionales y de sus socios mexicanos. Ello explica el anuncio de reformas que revelan un profundo desprecio por nuestra historia, lesionan los derechos de los trabajadores y comprometen severamente la Soberanía Energética de la Nación.

La reforma energética, promovida por el gobierno federal, ratifica la aplicación de las políticas que imponen los organismos financieros internacionales para sustraer los recursos naturales del país. La privatización de instituciones y servicios públicos de seguridad social y del sector energético, juega un papel fundamental para reducir la inversión del gobierno y abrir nuevas oportunidades de negocio a las voraces transnacionales. Para cumplir sus compromisos, al gobierno mexicano poco le ha importado renunciar a sus obligaciones consagradas en nuestra Carta Magna en materia de Soberanía Nacional. Privatizan, aunque digan lo contrario, a través de modificaciones a leyes secundarias, con recortes presupuestales a las empresas e instituciones públicas, con el otorgamiento de contratos y permisos que violentan las actividades reservadas exclusivamente al Estado por la Constitución.

La reforma laboral, auspiciada por el Poder Ejecutivo busca: autorizar con cambios en varias leyes secundarias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo; legalizar la intromisión de la Secretaria del Trabajo y de los patrones en la organización autónoma y exclusiva de los trabajadores; nulificar el derecho de huelga; legitimar los contratos de protección patronal; sustituir la jornada de ocho horas por el trabajo por hora; impedir la estabilidad en el empleo; desaparecer la antigüedad laboral con contratos temporales; ampliar el tiempo de servicios para obtener la pensión o la jubilación; abaratar la mano de obra nacional. Por ello, reiteramos nuestra exigencia de discusión y consenso con todos los trabajadores a partir del pleno respeto a los derechos adquiridos, ante cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo. Para hacer frente a la crisis del país, las organizaciones que suscribimos el presente Acuerdo Político, hacemos un llamado a todos los sectores sociales comprometidos en la lucha por la democratización y transformación de nuestro país, a participar en el "MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS" , será un amplio movimiento social, plural y solidario capaz de desarrollar la movilización indispensable para impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica y social Neoliberal.

Luchamos por la restitución de la legalidad constitucional porque en ese contexto es posible generar las condiciones para democratizar el régimen político y modificar la política económica.

Para consolidar nuestro movimiento asumimos los siguientes compromisos:

Modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos; por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales.

Renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones campesinas; expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. Defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación; aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; y, creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano.

Defender la propiedad social de la tierra -ejidos y comunidades- como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina. Ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, mediante la firma del Adendo acordado con los campesinos.

Cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.

Defender la economía popular; fortalecer el mercado interno, con la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la carestía por medio del control de precios de la canasta básica; impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, incrementando su participación en el ingreso nacional; exigiendo aumento general de emergencia; y, diseñar políticas de desarrollo social que superen la visión asistencialista.

Defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas, de la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE. Apoyaremos los procesos de revisiones contractuales y salariales, en especial los que involucran a los trabajadores de las universidades públicas.

Defensa de la soberanía energética revirtiendo las privatizaciones y acabando con participación privada abierta o simulada en el petróleo, gas, agua y electricidad. Respeto irrestricto de la legalidad constitucional.

Derogar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven el estado de excepción y la militarización, garantía integral de los derechos humanos, resolución de los casos de violación vinculados a la protesta social y aquellos en los que han sido señalados miembros del ejército y las policías, erradicación de toda violencia contra las mujeres, perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Liberación de los presos políticos.

Respetar la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información; freno a la concentración de los medios de comunicación social; nueva ley de medios electrónicos que incluya el otorgamiento de un sistema de concesiones de radio y televisión para las organizaciones sociales y civiles e instituciones de educación y cultura; impulso a la democracia participativa con el establecimiento de mecanismos de participación social en las políticas públicas en los diversos órdenes de gobierno. Demandamos el otorgamiento de concesiones para las organizaciones sociales de señales de televisión y de radio, abiertas y con alcance nacional.

Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, frenar las privatizaciones en el sector de la educación, impulsar la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así como la cultura y la investigación científica y tecnológica.

Por un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo. Rechazamos la siembra de transgénicos y exigimos la implementació n de programas de investigación con un sentido de desarrollo nacional que esclarezca los riesgos de su uso.

Los ejes fundamentales de nuestras acciones;

Convocar a todas las expresiones campesinas, sindicales, sociales, ciudadanas y al pueblo en general, agraviados por la actual política gubernamental a participar en nuestro plan de lucha cuyo punto de partida es la gran marcha Nacional del 31 de enero y que incluye las movilizaciones del 7 de febrero, del 6 de marzo, del 18 de marzo, del 10 de abril y del 1° de Mayo, entre otras acciones que llevaremos a cabo durante el año en curso.

Construir un movimiento que se extenderá a todos Estados y regiones de la República Mexicana, propiciando la articulación de estrategias y acciones entre las organizaciones participantes.

Impulsar una alianza entre los diversos sectores sociales democráticos del país con una perspectiva de largo plazo, que inicia con la suscripción del presente Acuerdo Político.

Promover la vinculación y solidaridad con organizaciones internacionales afines.

Exigir al Ejecutivo Federal y convocar al Poder Legislativo, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los distintos órdenes de gobierno, para que conforme a sus atribuciones constitucionales resuelvan nuestras propuestas.

Articular las principales demandas de las organizaciones campesinas, sindicales, y ciudadanas para construir una agenda integral, no fragmentable, que exigiremos por medio de la movilización. Elaboraremos propuestas y alternativas para solucionar la grave crisis política y social del país.

¡BASTA YA, RENEGOCIACIÓN DEL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLCAN! ¡RESCATEMOS AL CAMPO PARA RESCATAR A MÉXICO! ¡LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE!

Fraternalmente

México, D. F., a 28 de enero de 2008

Confederación Nacional Campesina; Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas; Central Campesina Independiente; Unión Campesina Democrática; Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo, "Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!", Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo
Nacional, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior; Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano.

Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas

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Documenta Almazán la sangría fiscal a Pemex

Ciudad de México, 30 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 333


Sumario:

I.
Documenta Almazán la sangría fiscal a Pemex

II. Convoca el gobierno legítimo de México a la movilización en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, Sin Maíz no hay País

III. Rescatar al campo 2, por Alejandro Encinas Rodríguez

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DOCUMENTA ALMAZÁN LA SANGRÍA FISCAL A PEMEX


El panorama polí­tico y social no favorece la pretensión de Calderón de privatizar Pemex. Las puertas de una reforma constitucional están prácticamente cerradas y su intención de privatizar por la ví­a de una reforma a leyes secundarias enfrenta serias dificultades políticas en el Congreso de la Unión, pese a los cabildeos del español Mouriño.

Así lo señaló este día el diputado federal José Antonio Almazán, quien agregó que diversos hechos apuntan a que el gobierno pospondrá hasta después del 18 de marzo la presentación de cualquier iniciativa sobre el tema en el Poder Legislativo, una vez que concluyan las elecciones para renovar la dirigencia del PRD y que en el PRI logren aplacar a una corriente de base y dirección que se opone a la privatización del petróleo.

El también dirigente de los trabajadores electricistas destacó entre los obstáculos que enfrentan “los privatizadores de ultraderecha que encabeza Calderón, las crecientes movilizaciones y conflictos sociales que han estallado a raí­z del gasolinazo, el rechazo nacional al capítulo agropecuario del TLC que terminará por arruinar al campo mexicano, la oposición fortalecida a la ley del ISSSTE y el repudio a la reforma judicial constitucional que busca criminalizar a la resistencia social al neoliberalismo”.

Almazán interpreta así la reciente declaración de Felipe Calderón, demandando un diagnóstico “honesto y objetivo” sobre Pemex, con lo que “busca ganar tiempo para sortear el temporal de conflictos sociales que tiene encima e implí­citamente es un reconocimiento de que su estrategia inicial de imponer por vía de un fast track la reforma energética ha fracasado”.

El representante del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Cámara de Diputados agregó que el diagnóstico que solicita Calderón “es una muletilla que utiliza con frecuencia para salir al paso, como ocurrió hace un año, el 18 de marzo de 2007, cuando al escuchar el informe del director general de Pemex, en Ixhuatlán, Veracruz, reconoció el diagnóstico objetivo de la situación que guarda la principal paraestatal de México. Por lo visto, de nada le sirvió a Felipe Calderón su meteórico paso por la Secretarí­a de Energí­a de septiembre de 2003 a mayo de 2004”, indicó Almazán.

Al ahondar sobre la situación objetiva que guarda la paraestatal, José Antonio Almazán señaló que “las propias cifras oficiales echan por tierra las principales falacias privatizadoras, como es el caso de la mentira de que Pemex no cuenta con los recursos de capital suficientes para resolver su crisis y afrontar su modernización”.

Según el diputado electricista, “un somero recuento de la historia financiera de Pemex, de 1938 a la fecha, conforme a datos oficiales, nos muestra que la situación de crisis financiera de Pemex obedece a una deliberada polí­tica neoliberal para descapitalizar a la empresa más importante de México y de América Latina en el ramo energético, para después utilizarla como un argumento a favor de la participación del capital privado en materia de petróleo y contradiciendo lo que establece el párrafo sexto del artí­culo 27 constitucional”.

Contundente, José Antonio Almazán señaló: “El diagnóstico que solicita Calderón para ganar tiempo y sortear la crisis que enfrenta, está a la vista de todos y su solución radica en terminar con la criminal sangrí­a a la que se ha sometido a Pemex”, a lo cual agregó las siguientes cifras, que confrontan los ingresos de Pemex con el monto de impuestos que se le ha obligado aportar al erario, mismos que han llegado a ser de hasta 60%.

Conforme a datos de los Anuarios Estadísticos de Pemex, en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1938-1940), sus ingresos fueron de 938 millones de pesos y aportó por concepto de impuestos 196 millones, es decir, 20.5 por ciento de sus ingresos. Con Ávila Camacho (1941-1946), Pemex tuvo ingresos por 2 770 millones de pesos, y pagó 608 millones de pesos en impuestos, 22.1%. Con. Alemán 1947-1952), los ingresos de la paraestatal fueron de 9 303 millones y sus impuestos de 1 636 (17.9%). En el periodo presidencial de Ruiz Cortines (1953-1958), ese porcentaje siguió disminuyendo, a 15.6%, con ingresos de 19 144 millones e impuestos de 2 939 millones.

La disminución continuó con López Mateos (1959-1964), cuando pagó en impuestos sólo 13.1% de sus ingresos (5 109 millones de pesos de 38 879 que tuvo de ingresos) y con Díaz Ordaz (1965-1970), cuando la paraestatal registró ingresos por 64 397 millones de pesos y pagó 8 292 millones de impuestos, 12.9%.

A partir de esa fecha, el porcentaje de impuestos que pagó Pemex en relación con sus ingresos empezó a crecer: con Echeverría (1971-1976) pagó 16.3% de sus ingresos, es decir, 29 345 millones de pesos de un total de 165 529. Con López Portillo (1977-1982), la sangría empezó a ser grave, pues pagó 37.3% de sus ingresos por concepto de impuestos, es decir, 840 796 millones de pesos de un total de 2 284 981.

Establecidas las políticas neoliberales en materia económica, la dinámica de empobrecer a Pemex por la vía fiscal continuó, con porcentajes de impuestos de 48.3% con De la Madrid (1983-1988), de 51.9% con Salinas (1989-1994), de 59.5% con Zedillo (1995-2000) y de 60% con Fox (2001-2006). En esos sexenios, ingresos e impuestos fueron: 70 304 y 32 793, 413 869 y 217 099, 1 756 290 y 1 051 525, y 4 342 702 y 2 593 121, respectivamente.

Este panorama de permanente y creciente sangría fiscal es con el que se quiere justificar la entrada de inversión privada a Pemex, concluyó José Antonio Almazán.

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CONVOCA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO A LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO MEXICANO, SIN MAÍZ NO HAY PAÍS

Al anunciar que los secretarios del gobierno legítimo de México Laura Itzel Castillo, Mario di Costanzo, Asa Cristina Laurell, Bernardo Bátiz, Raquel Sosa y Gustavo Iruegas estarán presentes en la movilización convocada para mañana 31 de enero, que tiene como propósito rechazar las alzas de precios en los productos básicos y la desgravación del maíz, frijol, leche en polvo y caña de azúcar, en el contexto de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno legítimo de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los mexicanos a incorporarse a esta acción, para lo cual anunció que sus representantes estarán citados en esa fecha, a las 3 de la tarde, en el Monumento a la Revolución frente al Frontón México.

Cabe señalar que la marcha ha sido convocada por una gran cantidad de organizaciones políticas y sociales, algunas de ellas provenientes desde la frontera norte del país, y partirá a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino.

Igualmente importante es informar que la cita para los miembros de la Resistencia Civil Pacifica es también a las 3 de la tarde en el Monumento a la Revolución, donde está el campamento de la CNTE, desde donde partirá la Gran Mazorca que llevará la actriz Jesusa Rodríguez.

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RESCATAR AL CAMPO 2
por Alejandro Encinas Rodríguez

(publicado en El Universal el 29 de enero de 2008)


Como apunté anteriormente, no basta revisar el capítulo agropecuario del TLC, como tampoco el frustrado Acuerdo Nacional para el Campo e incluso el programa emergente para la producción de frijol y maíz que propuse la semana pasada. Estos son urgentes y necesarios, pero insuficientes para superar la crisis económica y social que enfrenta el agro mexicano.

Superar esta situación requiere en primer término asumir que la seguridad alimentaria, la recuperación productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos son asuntos estratégicos en la agenda de la seguridad nacional. Se trata de establecer una política de Estado y de restablecer las funciones y responsabilidades a las que el neoliberalismo abdicó.

El Estado debe reponer y rediseñar los instrumentos públicos para el fomento de la actividad productiva; la atención especial a la investigación y desarrollo tecnológico; a la infraestructura en educación, salud y servicios rurales; reconocer la diversidad de unidades productivas, en particular del ejido y de la economía campesina, que han demostrado su profundo arraigo en nuestra cultura y capacidad de resistencia frente a los embates que promovieron su extinción; y desterrar las tentaciones del nuevo corporativismo para debilitar las organizaciones campesinas.

Dirán los defensores del neoliberalismo que lo aquí planteado busca restaurar el viejo Estado paternalista. Por el contrario, se trata de que al igual que en los países socios se establezcan mecanismos de compensación a los productores. Por ejemplo, datos proporcionados por organizaciones campesinas señalan que en México el crédito al sector agropecuario se redujo —en términos reales— de 1994 a 2007 de 51 mil millones de pesos a 5 mil 200 millones; sólo 15 de cada 100 productores tuvieron acceso al crédito de avío y cinco de cada 100 a crédito refaccionario. El crédito de la banca comercial al campo representa apenas 1.6% de su cartera y 0.3% de la banca de desarrollo. Las tasas de interés que pagan los productores mexicanos están hasta 200% por encima de las que pagan en EU.

El segundo lugar, el rescate del campo tiene que ver con sus actores sociales y organizaciones. Nos encontramos ante el eventual resurgimiento del movimiento campesino. Los acuerdos recientes han permitido el acercamiento de diversas agrupaciones, que ante la apertura comercial han logrado posicionar la problemática del campo en el debate nacional y al mismo tiempo han construido los primeros acuerdos para su reencuentro, como el Plan Chamizal presentado el primer día del año.

Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas indica que ello tampoco es suficiente. El golpe asestado al movimiento y a muchas de sus organizaciones que significaron las reformas legales del salinismo, el desmantelamiento y privatización de las instituciones públicas para el desarrollo rural y la cooptación de dirigentes en esos años lo debilitaron y dividieron, por lo que es necesario un esfuerzo mayor para avanzar hacia una nueva organicidad democrática y la definición de una agenda común que garanticen su unidad de acción.

Si bien esta agenda atraviesa por la exigencia de revisar el capítulo agropecuario del TLC y el Acuerdo Nacional para el Campo, y por la demanda de una política de Estado que permita establecer condiciones de equidad con los productores de los países asociados, ésta debe incluir además la defensa de la economía campesina y la sociedad rural, partiendo de reconocer que la apertura de los mercados requiere de la competitividad de las cadenas productivas y las redes de valor, que pueden alcanzar los productores mexicanos.

Ello demanda políticas de incremento a la productividad de los diferentes sistemas producto; la inversión en infraestructura y la ampliación de las superficies de riego; el mejoramiento tecnológico y de la calidad genética de las plantas, impidiendo la presencia de maíz y otros productos transgénicos; la reconversión productiva, respetando la vocación agroecológica de las regiones, la conservación de suelos, la cosecha de agua y la protección a los bosques del país; la creación de redes de comercialización; y programas de desarrollo regional que permitan creación de empleos, intercambio comercial y cohesión social en el campo.

De manera primordial, se requiere la organización de productores. Es impensable hoy el desarrollo de organizaciones campesinas sujetas a prácticas clientelares del pasado; se necesita asociar la organización al fortalecimiento de las unidades productivas campesinas y al esquema de sistema producto, con apoyos públicos transparentes y respeto a su autonomía.

Lo que se antoja difícil ante un gobierno que, ausente de legitimidad, carece de una visión de Estado, más interesado en los negocios y el pago de favores desde el poder público. De ahí la importancia de la marcha campesina del próximo jueves, en un nuevo intento por ubicar al campo en el sitio que le corresponde en el devenir nacional.

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martes, 29 de enero de 2008

En la calle y con la huelga legislativa impediremos entregar el petróleo: López Obrador

Ciudad de México, 29 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 332



NOSOTROS VAMOS A ESTAR EN LA CALLE, SI ES NECESARIO, Y LOS LEGISLADORES NUESTROS CON LA HUELGA LEGISLATIVA, PARA IMPEDIR QUE SE LLEVE A CABO CUALQUIER REFORMA QUE SIGNIFIQUE ENTREGAR EL PETRÓLEO A EXTRANJEROS: LÓPEZ OBRADOR


Como informamos en su momento, el día de ayer, Andrés Manuel López Obrador presentó en conferencia de prensa una serie de propuestas que permitan reencauzar con un sentido social la economía nacional y hacer frente a las consecuencias del proceso de recesión económica iniciado en Estados Unidos. Al texto dado a conocer hoy se agrega la sesión de preguntas y respuestas que a continuación reproducimos.


P: Licenciado, me gustaría saber si con este segundo llamado que le hace al gobierno federal o al Ejecutivo, le está de alguna manera reconociendo, porque le hace usted recomendaciones, señala… qué ha sucedido respecto al llamado que ha hecho a diferentes personas, incluyendo a Felipe Calderón para tener un debate, no sé si haya algo más en firme?

R: Nosotros no vamos a reconocer nunca al gobierno surgido del fraude electoral del 2 de julio de 2006; eso debe de quedar claro; sin embargo, están usurpando el gobierno y están manejando el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, y están ostentando la representación del gobierno de México.

Entonces, están obligados a responderle a la gente, no sólo pueden estar usurpando el gobierno, desde luego que son espurios, pero deberían de ser cuando menos un poco responsables, porque se están proyectando como espurios y como inútiles, y son todavía más dañinos para el país.

Nosotros estamos actuando de cara a la nación; si no dijéramos nada, pues menos harían, si estamos advirtiendo y no hacen absolutamente nada, mandan a sus jilgueros, mandan a sus conductores de radio, especialistas en temas financieros, a decir que exageramos, si no hiciéramos esto, pues habría más descuido y más desamparo para la población. Entonces, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad.

En cuanto al otro tema, estoy convencido de que hay un acuerdo en las cúpulas del PRI y el PAN para llevar a cabo la privatización de la industria petrolera, que es lo que más ambicionan, quedarse con el petróleo y, como lo expresé la pasada conferencia de prensa, hay siete candidatos a traidores a la Patria: Calderón, Mouriño, Santiago Creel, Jesús Reyes Heroles hijo, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida y el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Emilio Gamboa.

Y para demostrarles que no hay ninguna razón técnica, administrativa, financiera para entregar el petróleo y que simplemente se trata de un acto de traición a la Patria, que quieren despojar al pueblo de México de esta riqueza, los convoque a un debate.

Ninguno se atrevió a dar la cara, porque no tienen argumentos, quieren imponer esta reforma; el único que balbuceó que estaría de acuerdo fue Santiago Creel, pero ahora se ha echado para atrás, porque piensan que van a poder llevar a cabo esta reforma con el control que ejercen con los medios de comunicación, ésa es la realidad.

Piensan que con una campaña propagandística van a convencer al pueblo de México de que conviene entregar el petróleo a particulares, nada más que no les va a funcionar su estrategia, por varias razones.

Primero, porque no todos los medios de comunicación se prestan a la manipulación, afortunadamente; hay todavía medios de comunicación que ejercen el periodismo de manera independiente y que se preocupan por decir la verdad, que no están del todo apergollados por el régimen.

Tampoco van a poder, porque la gente, de una u otra manera, está informada, sabe de lo que se trata. No es posible que nos regresen al Porfiriato, no es posible que el petróleo, que es de todos los mexicanos, se entregue a particulares. La gente no va a permitir esta felonía, este acto de traición a la Patria.

En tercer lugar, no van a poder porque no tienen argumentos, no hay razón para privatizar la industria petrolera, es falso que no haya dinero. Si el precio del barril del petróleo está en 80 dólares y se estableció un precio en la Cámara de Diputados el año pasado de 42 dólares y este año de 49 dólares, nada más de excedentes por los altos precios del petróleo, calculamos que se van a recibir entre 15 mil y 20 mil millones de dólares anuales.

Para que tengan una idea, cuando más se invirtió en Pemex, en 1981, la inversión sin Pidiregas —porque no existía esto de los Pidiregas, fue creación de Lajous durante el gobierno de Zedillo—, pero en aquel entonces sin Pidiregas, lo más que se invirtieron fueron 18 mil millones de dólares y ahora nada más de excedentes, por altos precios del petróleo, se tiene esa cantidad.

De modo que no pueden decir que no hay recursos; también no tiene validez el decir que hace falta tecnología; hay tecnología en el mundo, que se contrata, no se tienen por qué entregar las reservas petroleras a cambio de tecnología.

Se puede contratar la tecnología y tenemos que tener presente que eso mismo decían las empresas extranjeras cuando la expropiación, que nos íbamos a hundir porque se iban a llevar su tecnología. Y la experiencia, la lección que tenemos es que los trabajadores petroleros, los técnicos petroleros, sacaron adelante a esa industria tan importante para el desarrollo de México.

Los trabajadores de México, no sólo los trabajadores petroleros, los trabajadores en general, son los mejores del mundo, los trabajadores y los técnicos de nuestro país. Lo que pasa es que estos tecnócratas acomplejados han despreciado siempre la calidad de la mano de obra mexicana.

Entonces, no hay argumento válido y también no van a poder, porque ya tomamos la decisión de llevar a cabo acciones de resistencia civil pacífica. No vamos a permitir que haya ninguna reforma que implique entregar los bienes de los mexicanos a extranjeros. El petróleo ya tiene dueño, el petróleo es del pueblo de México.

Me dio mucho gusto que la pasada reunión de los legisladores del PRD, y esto mismo han hecho legisladores del PT y Convergencia, tomaron la decisión de llevar a cabo una huelga legislativa, si es necesario, si se presenta una iniciativa para entregar el petróleo a particulares, fundamentalmente a extranjeros, porque esto de abrir la industria petrolera a la iniciativa privada es un decir, detrás de esa fachada, de ese dicho de que es a la iniciativa privada y que es a particulares, están las grandes empresas trasnacionales.

Me dio mucho gusto que los legisladores hayan tomado esa decisión de no permitir ante cualquier iniciativa, que se le dé curso en el Congreso y que si es necesario van a llevar a cabo una huelga legislativa.

Entonces estamos pendientes, estamos preparados. ¿Por qué creen que estamos preparados? Porque son muy obvios estos tecnócratas vendepatrias, están aplicando la agenda del Fondo Monetario Internacional desde hace tiempo y en esa agenda está lo de la llamada reforma a la seguridad social y ya impusieron la reforma a la Ley del ISSSTE.

En esa agenda estaba la llamada reforma fiscal y ya impusieron la reforma fiscal, que no es más que aumentos de impuestos, y en esa agenda está también la llamada reforma energética, que no es más que la entrega del petróleo a extranjeros. Entonces ya los veíamos venir y estamos preparados.

P: ¿Tiene alguna opinión de la reunión que tuvo hoy el secretario de Gobernación con la presidenta de la Cámara?

R: No, no tengo ninguna opinión, ninguna opinión, la única opinión que tengo es de que hacen pareja Mouriño y Calderón, los dos son igual de entreguistas, fueron funcionarios de la Secretaría de Energía y firmaron contratos con empresas extranjeras para permitirles generar energía en nuestro país, violando la Constitución. De que es un vendepatria Mouriño y Calderón, de eso no tengo ninguna duda, y de que actúan en pareja, tampoco.

P: ¿Va a ir a la marcha?

R: No, pero todo mi apoyo para los campesinos y para las organizaciones sociales que están defendiendo a los productores nacionales.

P: ¿Por qué no va?

R: Porque tengo compromisos ya. Ustedes saben, estoy recorriendo todo el país, llevo cerca de mil 200 municipios visitados, estoy trabajando en la Ciudad de México de lunes a miércoles y de jueves a domingo los estoy dedicando a recorrer los municipios del país, me toca de jueves a domingo visitar municipios, del Estado de México en esta semana.

P: ¿Pero no está tan lejos?

R: Pero no me da tiempo, porque son siete actos; por cierto, les invito, porque les extrañamos, son siete actos diarios, desde las 10:30 horas hasta la noche, acabo de estar este fin de semana, de jueves a domingo, en Morelos, visitamos 24 municipios.

Ahora me corresponde el Estado de México, vamos a visitar 26 municipios en cuatro días, están invitados, pero desde luego que el gobierno legítimo, los secretarios encargados de la defensa de la economía popular, de apoyar la actividad productiva en el campo, en la ciudad, van a estar presentes, está apoyando la Convención Nacional Democrática, porque es un resolutivo, todos tenemos que apoyar a los productores, que coman los que nos dan de comer y sin maíz no hay país.

Muchísimas gracias, muchas gracias. Es la tercera conferencia y les agradezco su presencia.

P: ¿Ustedes están vislumbrando una crisis de grandes proporciones, similar a la de 95…?

ROGELIO RAMIREZ DE LA O: Cada crisis es diferente, esto no quiere decir que vaya a ser menor o peor. Simplemente lo que estamos viendo ahorita es una crisis de corte mucho más grave que la de 2001 en Estados Unidos, porque en la de 2001 el epicentro de la crisis estaba centrado en las empresas de alta tecnología y las regiones eran muy concentradas, era California, parte de Nueva Inglaterra, en fin.

No era todo el país. Esta crisis, como es una crisis de hipotecas, abarca todo el país. Claro, hay unos estados más afectados que otros, entonces lo que estamos viendo es una crisis de mayor duración, porque como está basada en el mercado de hipotecas, antes de que haya una recuperación tiene que haber nueva venta de vivienda.

Y va a tomar por lo menos dos años para el mercado salir del inventario de vivienda que tiene, y para el crédito restablecerse, para que haya compradores de casas.

También necesita un proceso de reducción de precios. Entonces es un proceso largo, estamos esperando cuando menos dos años.

P: Inaudible.

R: Pues muy feas, también porque en México no está calibrada la economía para moverse independientemente de Estados Unidos. Entonces tenemos ese agravamiento, más el hecho que a diferencia de 2001, en este nuevo ciclo que estamos viendo que comenzó a finales del año pasado, no quieren a los trabajadores mexicanos, porque estaban muy enfocados en la construcción y ahora ya sobran esos trabajadores.

Entonces esto es un poco más grave que el fenómeno de 2001.

P: Si prácticamente se descarta el debate con Creel, ¿usted acudiría a la Cámara de Senadores o en su momento a la Cámara de Diputados…?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo creo que vamos a seguir actuando, todo depende de la presentación de la iniciativa, porque el acuerdo que han tomado los legisladores del Frente Amplio Progresista es que en el momento que se presente en el pleno esta iniciativa, se inicia una huelga legislativa.

Ellos van a actuar en contra, en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y nosotros vamos a convocar a los ciudadanos a actos de resistencia civil.

Entonces, si en ese marco se puede ir a las cámaras, pues asistiré, pero si hay huelga, pues ahora sí que no va a estar ahí ni Creel ni Beltrones ni Gamboa y menos Mouriño. Ellos van a estar en sus bunkers, ahí donde se refugian. Lo mismo que el pelele de Calderón.

Pero nosotros vamos a estar en la calle, si es necesario, y los legisladores nuestros con la huelga legislativa, para impedir que se lleve a cabo cualquier reforma que signifique entregar el petróleo a extranjeros.

Aquí también es importante decir que estamos preparados, porque quieren darle la vuelta. Como buenos simuladores, quieren hacer reformas a leyes secundarias, cuando dicen: “No hay nada que signifique reforma a la Constitución, no hay privatización”, pues lo que quieren es hacer lo que hicieron en el caso de la industria eléctrica nacional.

Violando la Constitución, reforman una ley secundaria y empiezan a entregar contratos a empresas extranjeras, como está sucediendo, y aquí aprovecho para volver a expresar mi desacuerdo con el comportamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ante la controversia de que las empresas extranjeras que han recibido permisos y concesiones para generar energía en nuestro país fuesen auditadas, resolvió la Corte que no.

Y esto precisamente fue promovido por Calderón y por Mouriño, cuando estaban en la Secretaría de Energía. Ahora ni siquiera van a rendir cuentas y acuérdense ustedes que la derecha era muy dada a hablar de la transparencia. ¿Se acuerdan de eso? El sexenio pasado fue una de las banderas de la derecha, de que había que transparentarlo todo.

Ahora lo estamos viendo en el reventón ese que hubo en Los Pinos, cuando cumplió años el pelele, se gastaron mucho dinero, no querían dar la información, porque el responsable del organismo de transparencia, Lujambio, estuvo también en la fiesta y es parte del mismo grupo.

Entonces una característica de la derecha es la hipocresía. La doctrina de la derecha es la hipocresía, sobre todo de los camajanes, de los machuchones.

P: ¿Sigue abierto….?

R: Sigue abierto, sí desde luego, estamos esperando, sería muy bueno que Mouriño, ahora que anda visitando, de afanosito, agarrándole la pierna a todo el que se deja, políticamente hablando. Sería muy bueno que de una vez aceptara debatir.

Muy bien. Muchísimas gracias.

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lunes, 28 de enero de 2008

En defensa del petróleo, por José Antonio Almazán González

Ciudad de México, 28 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 331


Sumario:

I.
En defensa del petróleo, por José Antonio Almazán González

II. Sobre advertencia no hay engaño, por Mario di Costanzo

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EN DEFENSA DEL PETRÓLEO
por José Antonio Almazán González

(publicado en La Jornada el 28 de enero de 2008)

Simulando estar en contra de la privatización de Pemex, el gobierno de Calderón consensúa en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a leyes secundarias para abrir la explotación del petróleo a la inversión del capital privado. Lo interesante del asunto es reflexionar si el marco constitucional vigente permite que leyes secundarias vulneren la primacía del concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera y eléctrica que establece el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución. Por lo mismo, aunque a los neoliberales les desagrade, es inevitable volver los ojos a la génesis del artículo 27 constitucional en materia de petróleo para reconocer que la Constitución puede ser reformada siempre y cuando no se trastoquen sus principios básicos. Por ende, cualquier reforma en leyes secundarias que atente contra la parte dogmática de la Constitución —como la que pretende Calderón— es de origen inconstitucional.

Como se sabe, 10 meses después de la expropiación petrolera, el 22 de diciembre de 1938, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 27, con el propósito de elevar a rango constitucional la exclusividad de la nación en materia petrolera, eliminando el régimen de concesiones. Lo que poco se conoce son los considerandos que fundamentaron dicha reforma constitucional, omitidos en la Gaceta Parlamentaria en razón de las condiciones político-militares de la época, que en la parte que nos interesa estableció: “La experiencia de todos conocida, relacionada con esta misma materia del petróleo, obliga al gobierno a obrar en lo sucesivo con gran cautela, máxime cuando según se reconoce ya que a través de las concesiones sobre los recursos naturales se crean con mayor facilidad vínculos cuya terminación constituye después un problema para el país que otorgó dichas concesiones, pues entonces inclusive sus buenas relaciones con otros pueblos se ponen en peligro.

“A esto obedece el propósito del Ejecutivo de que termine el régimen de las concesiones. En rigor, y dado el carácter discrecional que para la entrega de la explotación a los particulares ha consagrado hasta hoy el texto expreso del artículo 27, carácter discrecional que la Suprema Corte en reiteradas ocasiones ha reconocido así, jurídicamente habría podido en ley secundaria fijarse el nuevo principio.

“Sin embargo, no se ha decidido el gobierno por este camino en virtud de que él admite que, según testimonios autorizados, los autores del artículo 27 no quisieron que el dominio directo del petróleo se ejercitase excluyendo a los particulares. Y aunque es bien sabido que los textos de la Constitución como los de cualesquiera otras leyes son susceptibles de interpretaciones renovadas de acuerdo con las exigencias que sus autores no pudieron tener en cuenta en la época en que actuaron, piensa el Ejecutivo que una medida de la importancia de la que se proyecta no debe quedar sujeta a las controversias que los interesados muy probablemente provocarían apoyándose en aquellos testimonios. Esto independientemente de que incorporando al texto constitucional el principio de la explotación directa del petróleo que a la nación corresponde se le da una mayor fijeza y autoridad”.

Por supuesto que la historia no concluyó aquí. Vendría después la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo de diciembre de 1939; la contrarreforma de Ávila Camacho de mayo de 1941 que la derogó y abrió las puertas al capital privado en el ramo del petróleo; la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, promulgada por el presidente Ruiz Cortines en noviembre de 1958, que derogó la contrarreforma de Ávila Camacho y restituyó la legalidad constitucional, y finalmente la reforma constitucional de enero de 1960 que enriqueció el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, para quedar como sigue:

“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.

Lo hasta aquí asentado es suficiente para que los privatizadores se den de topes contra la pared, pues la razón constitucional deja en claro que cualquier iniciativa de reforma en leyes secundarias que pretenda, bajo cualquier modalidad, abrir la participación del capital privado en la explotación del petróleo, de origen sería inconstitucional, pues estaría contradiciendo el artículo 27 de la Carta Magna y los criterios de interpretación contenidos en los considerandos que le dieron origen.

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SOBRE ADVERTENCIA NO HAY ENGAÑO
por Mario di Costanzo

(publicado en La Jornada el 27 de enero de 2008)

El 23 de agosto de 2007, Andrés Manuel López Obrador advirtió, mediante una carta dirigida a la opinión pública, sobre la fragilidad económica de Estados Unidos y los impactos que podría tener en nuestra economía.

En dicho documento, entre otras cosas, señaló: “Por desgracia, esta turbulencia ha empezado hoy a manifestarse y el gobierno espurio, en forma totalmente irresponsable, no ha tomado las medidas para hacerle frente”.

Desafortunadamente para millones de mexicanos, esta advertencia se ha hecho realidad: la economía estadounidense ha entrado en una importante fase de desaceleración que seguramente se convertirá en una profunda recesión económica y tendrá severos efectos para nuestro país.

Sin embargo, mientras en Estados Unidos la Reserva Federal (FED) ha decidido bajar las tasas de interés para tratar de reactivar la economía y hasta el presidente George W. Bush, quien por cierto no tiene fama de ser inteligente, ha propuesto un agresivo programa de devolución de impuestos, en México, Felipe Calderón se encuentra verdaderamente contento porque, según él, aun con el deterioro económico mundial nuestra economía saldrá fortalecida.

Para ello, el que se hiciera llamar el “presidente del empleo y de la estabilidad”, más recientemente convertido en “Almirante”, ha “descubierto” que el programa de construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura, la inyección de recursos al campo y la diversificación de exportaciones, así como el turismo, se convertirán en los motores de la economía que nos permitirán “navegar a contracorriente” y tener durante 2008 el mayor de los éxitos económicos.

Desafortunadamente, los vastos conocimientos sobre “economía marina” mostrados por Calderón distan mucho de la realidad, ya que los programas anunciados serán incapaces de mitigar los efectos de la situación económica norteamericana y mundial.

Así, por ejemplo, convendría reflexionar quién o quiénes adquirirán las miles de viviendas que se construirán con el programa anunciado, ya que uno de los principales efectos de la situación económica que se vive ha sido el tremendo deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que es una consecuencia del crecimiento de los precios y que combinado con las altas tasas de interés, ha originado un disparo de la cartera vencida en créditos hipotecarios, así como la existencia de más de 110 mil juicios de desalojo de vivienda en todo el país, por problemas de pago de sus créditos.

En cuanto a la inyección de recursos al campo, vale recordar que los ya famosos 200 mil millones de pesos destinados al Programa Especial Concurrente para el Campo (PEC) en el Presupuesto 2008, no serán enteramente para inversión o apoyos, ya que mañosamente este paquete de recursos se integra con presupuestos de diversas dependencias y muchas veces nada tienen que ver con los apoyos a la producción ni a la comercialización: del total de recursos aprobados por los legisladores, menos de 8% corresponderán a Procampo.

Por su parte, la diversificación de las exportaciones suena como un disparate “marino” por dos motivos: el primero, porque parece absurdo que una vez llegando a la última etapa del Tratado de Libre Comercio —considerado por el propio Calderón como un éxito—, ahora se pretenda diversificar exportaciones en vez de buscar una renegociación del acuerdo para mejorar la relación comercial y reequilibrar los resultados.

En segundo lugar, ¿cómo van a diversificar sus exportaciones las empresas en México, si además de salir a vender sus productos a un mundo que comprará menos por la recesión enfrentan un crecimiento en sus costos porque muchas, sobre todo medianas y pequeñas, tendrán una mayor carga fiscal, además de que pagarán más caras la gasolina y la energía eléctrica?

En materia de turismo, la estrategia de navegación planteada por Calderón debería tener en cuenta, nuevamente, dos aspectos centrales: 85% del turismo que visita el país proviene de Estados Unidos (que pronto estará de plano en recesión); y segundo, la Organización Mundial de Turismo advirtió ya que la recesión estadounidense disminuirá los flujos mundiales de viajeros.

En cuanto al programa de desarrollo de infraestructura anunciado, es conveniente señalar que el monto de inversión física aprobado en el Presupuesto 2008 representa apenas 10.5% del gasto total. Así, por ejemplo, los 10 mil millones de pesos que se invertirán para “reconstrucción de carreteras federales” apenas generarán 32 mil empleos, que representan sólo 12% de los 253 mil puestos de trabajo que ya se han perdido.

Finalmente, lo único bueno: López Obrador, en esa misma carta, señaló lo que se debe hacer y, entre otras cosas, estableció como líneas de acción el combate a los monopolios, la urgencia de contar con una verdadera reforma fiscal que acabe con los paraísos fiscales, la necesidad de impulsar la inversión en el sector energético, así como la reducción del gasto corriente y el rechazo al Tratado de Libre Comercio.
Por ello, sería muy conveniente para millones de mexicanos que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón lean esa carta. Sobre advertencia, no hay engaño.

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Propone López Obrador medidas para corregir el rumbo económico y enfrentar la recesión de Estados Unidos

Ciudad de México, 28 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 330


PROPONE LÓPEZ OBRADOR MEDIDAS PARA CORREGIR EL RUMBO ECONÓMICO Y ENFRENTAR LAS REPERCUSIONES DE LA RECESIÓN DE ESTADOS UNIDOS


En su conferencia de prensa de este lunes, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que desde agosto pasado su gobierno advirtió sobre la fragilidad de la economía mexicana ante el proceso de recesión que enfrenta la economía de Estados Unidos y presentó una serie de propuestas para enfrentar su impacto en la economía nacional.

El siguiente es el texto leído en su comparecencia ante los representantes de los medios informativos, mismo que incluye propuestas no sólo para corregir el rumbo errático por el que la derecha ha conducido al país, sino que sugiere también acciones a emprender por la ciudadanía, el movimiento democrático nacional y los gobiernos estatales progresistas.



México [está] expuesto a la recesión en Estados Unidos y el gobierno usurpador no ha tomado las medidas adecuadas para proteger el aparato productivo y el empleo, a pesar de que se lo advertimos desde agosto de 2007.

El 23 de agosto de 2007, publicamos una carta a la opinión pública, en la cual alertamos sobre las graves implicaciones que tendría el debilitamiento económico en Estados Unidos para nuestra economía y recomendamos medidas pertinentes para suavizar su impacto negativo sobre la economía de nuestro país.

Desgraciadamente, la crisis estadounidense se ha presentado y el gobierno usurpador no ha llevado a cabo ninguna acción para apoyar el aparato productivo o el consumo familiar.

Por el contrario, se empeñó en aumentar los impuestos para las empresas medianas y pequeñas, en gravar las prestaciones sociales, en aumentar el precio de la gasolina y el diesel y en permitir la libre entrada de maíz, frijol, azúcar y leche del extranjero.

Tomemos en consideración que llevamos 25 años sin crecimiento económico real. Y es un hecho que la mala situación económica de los Estados Unidos, se declare o no la recesión, mantendrá estancada nuestra economía.

Como lo dijimos en su momento, desde el año pasado se ha venido deteriorando la economía mexicana. El crecimiento de casi todos los indicadores de la actividad interna se ha reducido a la mitad de lo logrado en 2006; la producción industrial que creció 5.0% en 2006, sólo lo hizo en 1.2% hasta noviembre del 2007; las exportaciones manufactureras que en 2006 crecieron 15.8%, en 2007, vieron su crecimiento desacelerarse a 8.8%; el empleo manufacturero que aumentó 1.4%, sólo lo hizo en 0.5% hasta octubre y en los últimos meses registró caídas; las ventas al mayoreo que en 2006 crecieron 6.7%, hasta octubre apenas lo hicieron en 2.3%.

Las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos se han estancado, ante el congelamiento de la construcción residencial en ese país y todos los servicios que requiere.

El índice de confianza del consumidor cayó 4% en 2007. Parte de la explicación de esta pérdida de confianza fue la percepción de los entrevistados sobre el futuro del país. Esta percepción se deterioró en el último trimestre en más de 11%.

Por ello, reiteramos nuestra demanda de que el gobierno espurio y sus instituciones responsables tomen medidas urgentes para evitar que este malestar económico se agrave con mayores pérdidas de producción y empleo.

¿Qué debería hacer el gobierno usurpador?

1) En lugar de aumentar los precios de la electricidad y el gas y el impuesto a la gasolina, el gobierno de facto debería quitar ese impuesto y reducir los precios de los energéticos con apoyo de un programa de reducción de costos y aumento de eficiencia. Esta medida, además de apoyar a los consumidores nacionales, permitiría impedir mayor pérdida de competitividad de las empresas nacionales.

2) El excedente de ingreso petrolero por más de 15 mil millones de dólares anuales, si se mantiene a 80 dólares el barril, debe canalizarse sin demora a la inversión en el sector energético y a la infraestructura. Por ejemplo, con parte de los excedentes petroleros se debería iniciar de inmediato la construcción de las tres refinerías que hacen falta para dejar de comprar la gasolina en el extranjero.

3) Para poder utilizar bien dicho excedente y el total de los ingresos petroleros, insistimos una vez más en que el gobierno debe reducir su gasto corriente y de operación, en 200 mil millones de pesos, eliminando partidas destinadas a garantizar privilegios de los altos funcionarios públicos y destinando esos fondos a la inversión productiva y a la generación de empleos.

4) El gobierno usurpador debe exigir la revisión del Tratado del Libre Comercio, porque las condiciones actuales, entre otras cosas, ponen a competir a los productores nacionales con productores extranjeros en condiciones de desigualdad, debido a los subsidios que reciben los productores extranjeros de sus gobiernos, mientras el productor nacional está completamente desprotegido. Esta revisión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que hasta hace poco parecía una herejía contra el libre comercio, hoy es una demanda de la mayoría de candidatos presidenciales de Estados Unidos.

5) Es indispensable poner en marcha un programa inmediato de empleo, tanto en el campo como en la ciudad, para atemperar los efectos que tendrá la recesión norteamericana sobre el flujo migratorio.

6) Derogar el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) para evitar golpear injustamente a empresas y contribuyentes pequeños y medianos que por falta de recursos no pueden realizar las compras de activos para reducir su carga fiscal.

7) No retrasar más las acciones contra abusos de los monopolios y oligopolios tanto de precios como de prácticas anticompetitivas, los cuales impiden a la economía ser más eficiente.

8) Examinar cuidadosamente las implicaciones de la falta de competitividad para la balanza de pagos. La sola razón por la que la pérdida de competitividad de la industria no ha frustrado la estabilidad macroeconómica es el alto precio del petróleo, mismo que oculta el deterioro de la cuenta no petrolera. Tengamos presente que el déficit comercial no petrolero volvió a aumentar el año pasado para llegar a 54 mil millones de dólares, cuando en 2000 era de 24 mil millones. Si este déficit no se corrige, México quedará expuesto a fuertes ataques especulativos contra el peso, sobre todo, al bajar el precio del petróleo.

9) Adecuar los programas sociales oficiales para reducir el costo de la burocracia administrativa y proveer la ayuda a las familias beneficiarias de manera directa, sin intermediación en la entrega de recursos. Al mismo tiempo, estos apoyos deben llegar a la población más golpeada por la crisis económica y bienestar social.

10) El Congreso mexicano y el gobierno usurpador deben defender, ahora más que nunca, con dignidad y energía los derechos humanos de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

Si no se toman medidas como las que estamos proponiendo, el estancamiento o, peor aun, la recesión en Estados Unidos, mantendrá el letargo de actividad económica de nuestro país, por lo menos dos años más. Además, el mayor desempleo y las repatriaciones de trabajadores migratorios crearán un clima social sumamente crítico.

Es por ello que exigimos al gobierno usurpador llevar a cabo acciones directas y urgentes, haciendo a un lado su preferencia por tratar de enfrentar los problemas con spots de radio y televisión.

De manera específica hacemos las siguientes recomendaciones.

A los ciudadanos, les reiteramos:

a) Cuidar con esmero el empleo.
b) Evitar sobregiros en sus tarjetas de crédito y preferentemente mantener una tarjeta.
c) Contratación de créditos a tasa fija.
d) Moderación y austeridad en el gasto familiar.
e) Antes de adquirir cualquier bien o producto, cotizar precios y fijarse más en la calidad de los mismos.

A los gobiernos progresistas:

a) Aplicación de programas de austeridad republicana, sin afectar a los trabajadores.
b) Apoyar a los grupos más vulnerables.
c) Respaldar todas las causas justas de los trabajadores y de las empresas que tratan de competir y mantenerse en operación.

Al movimiento democrático nacional:

a) Defensa del petróleo.
b) Rechazo al aumento de impuestos, al aumento a la gasolina y el diesel, y a la libre importación de maíz, frijol, leche y azúcar del extranjero.
c) Combate a los monopolios.
d) Defensa a la actividad productiva del campo y del empleo.
e) Hacer valer el estado de bienestar y
f) Defender del mal trato y de la violación de los derechos humanos de los trabajadores mexicanos migrantes.

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jueves, 24 de enero de 2008

En defensa del petróleo, preparados para entrar en acción y desatar el movimiento de resistencia civil pacífica: López Obrador

Ciudad de México, 24 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 329


Sumario:

I.
En defensa del petróleo, preparados para entrar en acción y desatar el movimiento de resistencia civil pacífica: López Obrador

II. Calderón va por todo, por Manuel Aguilar Mora

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EN DEFENSA DEL PETRÓLEO, PREPARADOS PARA ENTRAR EN ACCIÓN Y DESATAR EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA: LÓPEZ OBRADOR


Andrés Manuel López Obrador informó que convocará al pueblo de México para entrar en acción y desatar el movimiento de resistencia civil pacífica, “en el momento en que el gobierno espurio de Felipe Calderón envié al Congreso la llamada reforma energética. Los mexicanos no permitiremos que el gobierno usurpador, con la complicidad del PRI y del PAN, despoje al pueblo de su riqueza petrolera, para entregarla al capital privado nacional o extranjero, advirtió.

Al iniciar una gira de trabajo de cuatro días por 24 municipios de los 33 de Morelos, el presidente legítimo de México alertó al pueblo de la entidad sobre el intento de Calderón de depositar Petróleos Mexicanos en manos de particulares, que implicaría un retroceso a tiempos del Porfiriato y, en consecuencia, quedaría hipotecado el futuro de millones de ciudadanos.

Acompañado por dirigentes del PRD estatal y municipal, anunció que el próximo 30 de enero se reunirá con legisladores del Frente Amplio Progresista, formado por el PRD, PT y Convergencia, con la intención de definir las acciones conjuntas a seguir en la defensa del petróleo.

En las asambleas informativas que sostuvo con los habitantes de Coatlán del Río, Tetecala de las Reformas, Mazatepec, Miacatlán, Xochitepec, López Obrador mencionó por sus nombres a los siete candidatos a ocupar el sitio de traidores a la Patria, por ser los principales promotores de la desnacionalización del sector petrolero. Citó primero “al presidente pelele, Felipe Calderón Hinojosa”. Después nombró a Juan Camilo Mouriño, Santiago Creel Miranda, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Francisco Labastida Ochoa y Jesús Reyes Heroles.

Ante los ciudadanos de Tetecala y Mazatepec subrayó que “sería el acabose y no habría posibilidad de salir adelante, si permitimos que se entregue el petróleo a manos de particulares”.

Hizo énfasis en que el petróleo es el mejor negocio del mundo, pues se cotiza en 80 dólares por barril y su extracción tiene un costo de tan sólo 4 dólares, y podría convertirse en la palanca del desarrollo nacional, de la generación de empleos y México podría ubicarse como una potencia energética.

Recordó también que el general Lázaro Cárdenas del Río expropió hace 70 años la industria petrolera, para beneficio de todos los mexicanos, en particular de la clase pobre, “pero la clase tecnócrata, que mal gobierna al país desde más de 25 años, no ha invertido un solo centavo en el sector y ahora tiene la firme intención de privatizarlo, en respuesta a fuertes presiones que recibe de empresas extranjeras”, aclaró.

Al informar que el próximo 18 de marzo se realizará una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México para reafirmar la decisión de no permitir la entrega del petróleo a particulares, el presidente legítimo de México llamó a los mexicanos a estar atentos a cualquier convocatoria, si Calderón toma la decisión de presentar antes de la mencionada fecha su iniciativa de reforma al texto constitucional o las leyes secundarias.

En respuesta a reiteradas quejas de los ciudadanos, afirmó que el incremento a las gasolinas es un acto ilegal e inmoral, porque en tiempos de crisis “lo que menos se hace es aumentar los precios de los combustibles al pueblo”, porque desata una escalada de precios que afecta directamente la economía de las familias pobres.

“Con las alzas a los precios de las gasolinas —explicó— el gobierno ilegítimo de Calderón pretende captar recursos por 8 mil millones de pesos anuales; sin embargo, la cantidad se obtendría con la eliminación de los privilegios y beneficios que recibe la casta privilegiada, que es la burocracia panista de primer nivel”. De esta manera, propuso quitar la partida de 5 mil millones de pesos para gastos médicos privados y el rubro, también de 5 mil millones de pesos, del fondo de ahorros.

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CALDERÓN VA POR TODO
por Manuel Aguilar Mora



Una política de choque

En México el año conmemorativo del 40 aniversario del heroico Movimiento Estudiantil-Popular de 1968, desgraciadamente conocido en el mundo ante todo por su trágico final con motivo de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre, se ha iniciado con anuncios muy evidentes de confrontaciones sociales entre el gobierno reaccionario y proimperialista del segundo presidente del PAN, Felipe Calderón, y el amplio movimiento de masas trabajadoras y populares que terca y firmemente vienen resistiendo los planes de los capitalistas “nacionales” de convertir a México en una colonia anexada al vecino del Norte.

Decisiones fundamentales tomadas en los primeros días del año por el presidente impuesto por el escandaloso fraude del 2 de julio de 2006 confirman las tendencias de un curso político desnacionalizador y de entrega cruda e incondicional que los gobiernos neoliberales vienen aplicando desde hace más de 25 años. Al parecer, este año se darán acontecimientos decisivos de esta confrontación histórica que ha definido la lucha de clases de México en dicho periodo.

Precisamente en los primeros días del nuevo año se han registrado acontecimientos que subrayan la profundización de una tendencia cada vez más agresiva y de preparación de grandes ataques a las conquistas populares. Así, las consecuencias de la descomposición del régimen y su confrontación con la resistencia popular se agravarán.

Dos procesos destacaron con mucho en los días iniciales de enero de 2008. En primer lugar, una serie de actos que señalan una mayor demostración de cerrazón del gobierno de Calderón. Aquí, el despido de Carmen Aristegui de la XEW radio, una notable periodista crítica de acciones represivas del gobierno, cuyo programa en dicha radiodifusora se había convertido en uno de los más escuchados del país, es ominosamente sintomático de la política de censura y domesticación completa de los medios de difusión a la propaganda gubernamental que impone el gobierno derechista. En este acto de represión de la libertad de expresión de los medios de comunicación de masas, Calderón, cuya antipatía hacia la mencionada periodista ya era ampliamente conocida, contó con la complicidad de los dueños de la estación radiofónica: Televisa y el grupo transnacional de origen español PRISA (editor del diario El País y propietario de empresas del más variado rango, en especial de un enorme emporio editorial que publica millones de libros en España y América Latina, ante todo debido a sus conexiones gubernamentales). Ante el escándalo mediático provocado por el caso, Televisa anunció públicamente que el despido de Aristegui no era de su responsabilidad, achacándole toda ella a su socio, el grupo PRISA. Extraña sociedad en que no existe acuerdo de los integrantes.

Dentro de este proceso podemos incluir los cambios gubernamentales con los que se inició el año. De ellos, por supuesto, el emblemático y más significativo es el que tuvo lugar en la Secretaría de Gobernación en donde Juan Camilo Mouriño, un íntimo colaborador de Calderón, sustituyó al incapaz y represor Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco cuyo único merecimiento en realidad era el haber sido quien destapó a Calderón como candidato presidencial del PAN en su rancho. La llegada a la primera escena de la política nacional del joven (tiene 36 años) hijo de uno de los más ricos propietarios de gasolineras del país y de empresas energéticas, de origen español y notorio prestanombres del ex presidente Fox, es una señal más que inequívoca de los planes privatizadores de Pemex, la CFE y la compañía LyFC, crudamente demostrados con esta nominación. El nuevo secretario tiene el agravante de que su nacionalidad mexicana está en entredicho y sólo se basa en declaraciones de que su madre fue mexicana y que el día de su nacimiento en Madrid, España, fue registrado en el consulado mexicano de la ciudad. Un auténtico escándalo que sólo los insensibles y descaradamente proimperialistas políticos panistas que hoy gobiernan el país se hubieran atrevido a realizar.

Ciertamente que la proverbial torpeza política de Ramírez Acuña había sido más que demostrada en el año en que ocupó la vieja casona de Bucareli en la Ciudad de México, la cual en la mayor parte del tiempo de su estancia se mantuvo rodeada por legiones de granaderos que la “protegían” de las manifestaciones de protestas de maestros, campesinos y pueblo en general. Mouriño, cuyas vinculaciones con el reaccionario y derechista Partido Popular español han salido a flote, no es menos partidario de una política férrea y antipopular que el crudo ranchero que ha sustituido. Su acervo es su mayor cercanía con Calderón y sus vinculaciones con las transnacionales españolas que están en la primera fila de los postores que esperan ansiosos la completa privatización de Pemex.

Mouriño tiene la tarea de lograr el acuerdo con el PRI y con los que en el PRD están dispuestos a colaborar con las contrarreformas fundamentales que los capitalistas nacionales y extranjeros exigen al gobierno: la energética y la laboral fundamentalmente. En el PRI está ya acordada mayoritariamente la entrega de parte de Pemex a los capitales privados. En el PRD está latente una división que Mouriño tiene el encargo de acelerar. Igualmente, con los líderes sindicales será necesario llegar a un acuerdo que las posturas cavernícolas de su antecesor impedían.


Resistencia popular

A la cerrazón reaccionaria que se da en el gobierno federal panista corresponde del lado opuesto una revitalización de la resistencia popular. Éste es el otro proceso que ha destacado rápidamente apenas entrado el año. Dos grandes expresiones de este malestar popular que se manifiestan en movilizaciones y huelgas son las del movimiento campesino y la de los trabajadores mineros.

En este año está calendarizada la desregulación completa de la economía agropecuaria en el clausulado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante más de diez años se ha venido preparando esta desregulación total con los resultados terribles que se conocen: miseria atroz, desempleo creciente, emigración millonaria a las ciudades y a Estados Unidos de la población del campo mexicano (¡más de tres millones durante el sexenio foxista!). “El campo no aguanta más”, “Sin maíz no hay país, ni tampoco sin frijol” son los emblemas de un movimiento heterogéneo en el que incluso participan líderes venales, pero que el descontento y la urgencia y emergencia de la situación en que encuentran sus vidas obligan a las fuerzas campesinas a movilizarse. Lo que está en juego es, ni más ni menos, su existencia misma. Diversas iniciativas de diferentes organizaciones están preparándose y se desarrollan desde hoy. Destaca, por ejemplo, la marcha campesina en defensa de la soberanía y contra el TLC que partió hace unos días desde la frontera en Ciudad Juárez hacia la Ciudad de México para participar en la gran manifestación que se prepara para el 31 de enero.

El otro gran movimiento que ha despuntado es el de los trabajadores, ejemplificado por su sector minero. Desde 2006, el conflicto de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM) con el gobierno de Fox, que obligó a su líder Napoleón Gómez Urrutia, a refugiarse en Estados Unidos, inició un proceso de radicalización de los sectores más combativos. En enero, iniciada con el ejemplo de los mineros de Cananea, Sonora, más diez mil mineros en toda la república, del norte y centro del país, realizaron una huelga parcial que cimbra a las burocracias del sindicato y de la Secretaría del Trabajo y que representa un difícil reto para Calderón y su nuevo secretario de Gobernación.


Días decisivos

La manifestación del 31 de enero anunciada por diversas organizaciones, destacadamente por el bloque que agrupa las fuerzas que han venido luchando desde 1999 contra la privatización de la industria energética (¡el petróleo y la electricidad!), en donde el Sindicato Mexicano de Electricistas es protagonista central, se ha visto reforzado con la posición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que convoca igualmente a una movilización popular conjunta para impedir la privatización total de Pemex.

AMLO, en sus innumerables y constantes mítines que viene organizando en su campaña de denuncia del gobierno impostor de Calderón por toda la República, ha expresado en declaraciones fulminantes su absoluta oposición a los planes oficiales ya bien preparados de votar en el Congreso las contrarreformas que “legalicen” las mencionadas privatizaciones. Señaló como “traidores a la patria”, además de a Calderón y su impuesto Mouriño, a los líderes del Congreso, Santiago Creel, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, y al presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, el encargado de presentar el proyecto privatizador para su aprobación por el PRIAN, como se llama popularmente a la coalición de facto que integran el PRI y el PAN en el Congreso de la Unión cuando se trata de poner en práctica las políticas propuestas por el FMI, el BM y el propio gobierno de Estados Unidos.

También prometió, textualmente, “movilizar a todo el pueblo de México” contra la ominosa privatización de la industria energética que se anuncia. 2008, un año de conmemoraciones históricas, incluye el 70 aniversario de la nacionalización de la industria petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Para ese día conmemorativo se preparan cientos, miles de organizaciones de todo el país para manifestarse contra los planes del gobierno panista, aliado con el PRI. AMLO ha convocado a una movilización gigantesca para ese día, que se propone adelantar si la alianza de Calderón y el PRI intentan aprobar su ley privatizadora antes del 18 de marzo.

La tradición populista de la Revolución Mexicana que determinó la política del país durante todo el siglo XX se niega a morir. La traición del PRI a su propia trayectoria y la soberbia y arrogante postura de los tecnócratas y burócratas gobernantes panistas que, obedientes e insensibles, aplican a ciegas y cada vez más recurriendo sólo a la represión los dictados de las finanzas imperialistas, han polarizado las posturas en la vida política nacional.

Ciertamente, el ejemplo más notable de esta supervivencia populista es el propio AMLO y el heterogéneo movimiento que encabeza. Esta contradicción evidente está vigente y es la causa de la gran confusión ideológica prevaleciente en el momento actual, confusión que se agrega al desastre de la izquierda política tradicional. AMLO es un dirigente que viene del PRI, al cual abandonó después de 1988, o sea, participó todavía como priista en el año del quiebre histórico de este partido. Posteriormente, integrado al PRD (que se fundó en 1989), destacó cada vez más hasta convertirse en el líder que opacó y desbancó al así considerado dirigente histórico y “moral”, Cuauhtémoc Cárdenas. Desde 2003, AMLO se convirtió en la figura política más importante del país después del presidente, precisamente como depositario y encarnación de esa tradición rota brutalmente por los neoliberales desde los años ochenta.

Los principales dirigentes del bloque que apoya a AMLO, centrado en el PRD, el llamado Frente Amplio Progresista, son en su abrumadora mayoría antiguos y conspicuos priistas. Esta situación, en la que AMLO se desenvuelve naturalmente, es indudablemente el factor negativo definitorio de una contradicción que estallará irremediablemente. Sólo un amplio, intransigente y decidido movimiento del pueblo mexicano contra la política del imperialismo y sus socios nacionales podrá conseguir el triunfo. Para ello, esta dirección actual de antiguos priistas no sólo es por completo inadecuada, lleva en su seno la semilla de la traición.

AMLO ha designado como líder del bloque FAP a Porfirio Muñoz Ledo, un viejo político que lleva cincuenta años participando en el estira-y-afloja de las cúpulas gobernantes federales. Muñoz Ledo ha sido de todo: funcionario burocrático, secretario de Estado con los presidentes Echeverría y López Portillo, presidente del PRI, embajador en la ONU y en la Unión Europea, fundador del PRD, diputado y senador por este partido y, antes de aliarse con AMLO, había sido jefe del proyecto de “Reforma del Estado” y embajador del gobierno de Fox. ¿Será posible que este personaje pueda ser el dirigente, sólo inferior a AMLO, del movimiento popular que se anuncia? Obviamente que no.

La contradicción está allí y estallará. La decisión de AMLO, pues él es quien determinó que Muñoz Ledo fuera el coordinador del bloque del FAP, se inserta en esta contradicción. En uno de los mítines multitudinarios en el Zócalo de la Ciudad de México de la movilización contra el fraude de 2006, se constató el repudio a Muñoz Ledo, sonoro y escandaloso, de cientos de miles de asistentes cuando éste tomó la palabra. AMLO, quien lo había invitado al micrófono, debió también retirarlo ante la protesta multitudinaria.

Es en este ambiente contradictorio en el que van surgiendo nuevas protestas, se consolidan otros procesos anteriores y se gesta en la población de la nación un descontento cada vez mayor, en donde actúan los grupos socialistas y revolucionarios, promoviendo su programa y tejiendo su organización, programa y organización democrática, independiente e internacionalista, cuya presencia será fundamental para garantizar el éxito de las luchas que se avecinan en México.

México, D.F. 23 de enero de 2008

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miércoles, 23 de enero de 2008

¿México a salvo de tormenta?, por Rogelio Ramírez de la O

Ciudad de México, 23 de enero de 2008

Servicio informativo núm. 328


Sumario:

I. ¿México a salvo de tormenta?, por Rogelio Ramírez de la O

II. Carmen Aristegui, volver al pasado, por Laura Itzel Castillo

III. Recorrerá López Obrador 24 municipios del estado de Morelos en su gira semanal

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¿MÉXICO A SALVO DE TORMENTA?

por Rogelio Ramírez de la O

(publicado en El Universal el 23 de enero de 2008)

Sobre México siempre ha llamado la atención el retraso con el que las autoridades reconocen los cambios en el entorno económico externo. Varios analistas también tienen ese problema, pues se les escucha decir que el año 2008 no será malo y podría ser muy bueno. Esto, cuando la caída económica en Estados Unidos tiene implicaciones cada vez más graves y nuestra dependencia de ese país es la mayor entre la de todos los países.

En la retórica oficial esto se puede entender, pero sólo hasta un punto, mismo que hoy está rebasado. En los razonamientos de varios analistas sólo se entiende por su probable aislamiento del mundo externo y en particular de los mercados.

Un error común escuchado todos los días es que aún no sabemos si Estados Unidos entrará o no en recesión, dando a entender que esto define si 2008 será un año bueno o malo para México. Como técnicamente la recesión se define por dos trimestres de crecimiento negativo, según este argumento tendríamos que esperar hasta el otoño para confirmar el hecho.

Lo irónico es que analistas y autoridades dicen esto cuando al mismo tiempo los financieros de empresas y bancos están confirmando que el contagio de la situación económica estadounidense a México es mucho más amplio que lo que se suponía hasta hoy.

Por ejemplo, se escucha el lugar común de que la crisis de hipotecas subprime de Estados Unidos no afecta los planes de desarrollo de vivienda en México, porque en Estados Unidos hubo un aumento especulativo de precios de vivienda y créditos exagerados y no así en México. Sin embargo, al mismo tiempo podemos comprobar que la sobretasa de financiamiento a la vivienda ya se duplicó, aun sin que el Banco de México aumente tasas.

Como no se reconoce que los canales de crédito en el mundo están interconectados, aquí seguimos repitiendo que los proyectos de infraestructura y de vivienda nos van a permitir navegar en medio de una tormenta que envuelve a Estados Unidos.

La realidad es que los desarrolladores de vivienda no pueden financiar sus proyectos sin antes encontrar inversionistas que compren sus emisiones de papel. Esos inversionistas forman parte del mercado global y este mercado ofrece crédito, pero más escaso y más caro.

También se escucha que podemos estimular el aumento del consumo y así apoyar la actividad económica y compensar la debilidad de las exportaciones. Pero se olvida que para consumir más habría que tener un incremento de ingresos, una reducción de ahorros o un aumento de deuda. El incremento de ingresos no es factible en grado significativo. La reducción de ahorros ya ocurrió el año pasado, al igual que el aumento de la deuda. Por eso el aumento de la cartera vencida de tarjetas de crédito fue de casi el doble en el último año.

Por su parte, las empresas sufren por márgenes de utilidad muy bajos debido al aumento de costos de energéticos y materias primas de años pasados, mismos que no pudieron trasladar a precios. Como en 2008 será difícil que aumenten precios en grado suficiente para reconstituir sus márgenes, se mantendrán renuentes a invertir más o a otorgar altos aumentos de salarios.

Por la presión de aumentos de precios la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) ha tratado de forzar a los industriales a reducir sus precios para su Programa de Apoyo Familiar. Con esto, dicha organización complacería los deseos del gobierno de evitar un disparo de la inflación.

Pero en las actuales condiciones de costos y de márgenes de la industria este programa carece de todo realismo. Las industrias han sufrido el aumento de tarifas eléctricas de 8% y de gas de 15%, por encima de los aumentos de años pasados.

Y el gobierno promete que la inflación se mantendrá este año debajo de 4%. Esto, a pesar de que EU indicó que su última cifra de inflación es de 4.3%, cuando los descuentos de precios en aquel país son mucho más agresivos y extendidos que aquí, en donde la inflación es oficialmente de 3.76%. Lo que ocurre es que ya hay demasiados precios en México bajo controles que hacen la medición de inflación artificialmente baja.

La retórica puede tener un tono positivo para fortalecer la moral pública. Pero cuando está tan divorciada de la realidad causará pérdida de credibilidad de gobierno, líderes empresariales y analistas.

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CARMEN ARISTEGUI, VOLVER AL PASADO

por Laura Itzel Castillo

(publicado en El Gráfico el 23 de enero de 2008)

Este año se conmemoran ya cuatro décadas del movimiento estudiantil de 1968. Sin duda un parteaguas en la lucha por la democracia en nuestro país. Tristemente, a pesar de reconocer su importancia en la historia reciente de México, lejos de avanzar existe en nuestro país un peligroso retroceso a causa del autoritarismo de Felipe Calderón y su partido.

Hay que reconocer que en el 68 los estudiantes no luchaban por reivindicaciones exclusivas de su condición, pues su pliego petitorio exigía la libertad de los presos políticos, entre los que destacaban Demetrio Vallejo y Valentín Campa, así como la eliminación del artículo 145 del Código Penal, relativo al delito de disolución social, el cual finalmente fue suprimido.

No obstante, si esto representó un avance, resultado de esa lucha, con las reformas aprobadas por el Congreso, el pasado diciembre, existe un fuerte retroceso al anular las garantías individuales consagradas en la Constitución y por ende los derechos humanos. Tal es el caso de dejar a criterio de la policía el ingreso a cualquier domicilio sin orden judicial, cuando se sospeche que existe riesgo inminente a la vida o a la integridad de las personas.

En estos días miles de voces se alzaron a favor de otra garantía fundamental para los ciudadanos: la libertad de expresión.

En México, la derecha ha tomado también los pocos espacios de comunicación confiables para acallar la verdad y coartar las libertades sociales. Lamentablemente, nuestro país es de los contados en el mundo en que es una penosa realidad aquello de que los medios son el cuarto poder.

La salida de Carmen Aristegui es parte de ese plan del gobierno espurio para cerrar toda posibilidad a la libertad de expresión e imponer la visión única, intolerante y autoritaria que caracteriza a la derecha. Se diga lo que se diga, no hay justificación de haberle apagado el micrófono. Su única “falta” fue seguir los principios de la comunicación: imparcialidad y objetividad. Siempre cuidó el equilibrio dándoles voz a todos los actores y evitó contaminarla con juicios o líneas editoriales con otros intereses. El seguimiento al fraude de 2006, el asesinato de Ernestina Ascencio, la presunta complicidad del cardenal Rivera con pederastas, marcaron la agenda nacional y originaron la molestia de la derecha.

Pero con esta decisión reprobable también se viola la garantía individual que tenemos de escuchar a Carmen Aristegui. En otras palabras, también se nos arrebató el derecho a informarnos como nosotros lo decidamos. Nos quieren obligar a escuchar, ver y leer lo que ellos quieren. No debemos permitirlo.

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RECORRERÁ LÓPEZ OBRADOR 24 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS EN SU GIRA SEMANAL

El presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá asambleas informativas con habitantes de 24 municipios de Morelos entre el jueves 24 y el domingo 28 de este mes.

Mañana, 24 de enero, iniciará la gira de trabajo por los municipios Coatlán del Río, Tetecala de las Reformas, Mazatepec, Miacatlán, Xochitepec y Temixco.

Para el viernes, 25 de enero, el presidente legítimo de los mexicanos convivirá con los ciudadanos de las comunidades de Huitzilac, Emiliano Zapata, Jiutepec, Yautepec de Zaragoza, Tlayacapan y Tepoztlán.

En el tercer día de gira, López Obrador visitará los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla de Juárez, Tlaquitenango, Zacatepec y Tlatizapan.

Durante el domingo, 27 de enero, acudirá a Axochiapan, Tepalcingo de Hidalgo, Jonacatepec, Jantetelco, Ayala y Cuautla.

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