viernes, 30 de mayo de 2008

Rechaza López Obrador la propuesta del gobernador de Veracruz de repartir la industria petrolera nacional entre los estados como si fuera un botín

Ciudad de México, 30 de mayo de 2008
Servicio informativo núm. 434

Sumario:

I. Rechaza López Obrador la propuesta del gobernador de Veracruz de repartir la industria petrolera nacional entre los estados como si fuera un botín.

II. “La reforma laboral calderonista se ostenta como una propuesta de modernización para fortalecer el empleo, pero en la realidad se traduce en más precariedad”, señala el gobierno legítimo de México.

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RECHAZA LÓPEZ OBRADOR LA PROPUESTA DEL GOBERNADOR DE VERACRUZ DE REPARTIR LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL ENTRE LOS ESTADOS COMO SI FUERA UN BOTÍN

“No se trata del reparto del botín, El petróleo no debe ser botín de nadie, ni de empresas extranjeras, ni de gobiernos estatales”, aclaró Andrés Manuel López Obrador este día, dedicado a reunirse con brigadistas en defensa del petróleo de Córdoba, Xalapa y Veracruz.

En entrevista que concedió al término de su encuentro con los brigadistas de Córdoba, el presidente legítimo de México salió en defensa del patrimonio de la nación: “el petróleo no se debe privatizar ni en partes, ni por entero”.

En respuesta a pregunta expresa de los comunicadores, manifestó su abierto rechazó a la propuesta del gobernador veracruzano, Fidel Herrera, para que los estados de la República se asocien y formen una empresa pública que preste diversos servicios a la industria petrolera.

Subrayó que “el presidente pelele, Felipe Calderón, quiere privatizar la industria petrolera y depositarla en manos de compañías multinacionales, mientras que los gobernadores, como el priista Herrera Beltrán, quiere parte del botín”.

López Obrador hizo énfasis en que la iniciativa del mandatario veracruzano es contraria y violatoria de la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. “La Carta Magna establece con toda claridad que el dominio del petróleo es de la nación y que el energético es propiedad del pueblo de México”, precisó.

Antes en la reunión informativa que sostuvo con integrantes de los Comités en Defensa del Petróleo de Córdoba, aseguró que a casi dos años del fraude electoral, quedó de manifiesto que la imposición de Calderón Hinojosa en la Presidencia de la República resultó un rotundo fracaso. En ese sentido, señaló que “el grupo que impulso al presidente usurpador debe pensar o reflexionar que fue un grave error y un agravio a la nación, la llegada de un presidente pelele. A 18 meses de gestión calderonista, se tiene como resultado un mayor sufrimiento y una mayor pobreza de la gente, así como una pérdida de tiempo”, mencionó a los representantes de los Comités en Defensa del Petróleo.

El día de mañana, el presidente legítimo de México iniciará un recorrido de dos días por municipios del Estado de México, para reunirse con brigadistas del movimiento en defensa del petróleo de 11 poblaciones mexiquenses.

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“LA REFORMA LABORAL CALDERONISTA SE OSTENTA COMO UNA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN PARA FORTALECER EL EMPLEO, PERO EN LA REALIDAD SE TRADUCE EN MÁS PRECARIEDAD”, SEÑALA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO

La secretaria del Trabajo del gobierno legítimo de México, Bertha Elena Luján Uranga, manifestó su rechazo abierto a la intención del gobierno de facto de Felipe Calderón de reformar la Ley del Trabajo para darle mayores márgenes de operación al sector patronal, a costa de la esclavitud de millones de trabajadores mexicanos.

Luján Uranga urgió a los trabajadores del sector público y privado “a que se organicen para enfrentar el proyecto laboral del gobierno espurio” y planteó seis demandas prioritarias para orientar un esfuerzo unitario y conjunto entre el sector laboral de México.

Primero, enumeró, que haya igualdad ante la ley, supresión de los apartados de excepción y atención especial a los derechos de las mujeres trabajadoras; segundo, democracia y libertad sindical, que se tome en cuenta la autonomía sindical, el voto secreto y el radio de acción de los sindicatos.

El tercer punto, destacó, es buscar el fortalecimiento de la contratación colectiva legítima, los contratos por rama, la consulta a los trabajadores para la firma del contrato colectivo.

Punto cuarto, señaló, es necesario que exista la justicia laboral, un análisis crítico de la figura tripartita en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Quinto, debe haber una propuesta de flexibilidad con bilateralidad. Y, por último, debe contemplarse los derechos humanos laborales, el derecho a la salud y a la seguridad social, así como un salario remunerador para los trabajadores.

Informó que está en circulación el documento que contiene la propuesta de reforma laboral del titular impuesto en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y que pretenden presentar próximamente al Congreso de la Unión.

Recordó que desde hace 20 años, los gobiernos neoliberales del PRI y PAN han incluido en su paquete de reformas estructurales el tema laboral, “y sin excepción el gobierno usurpador de Felipe Calderón quiere cambiar la Ley de Trabajo actual para introducir las prácticas que se vienen imponiendo en el mundo laboral, fundamentalmente ligadas a un proyecto de tipo empresarial y a gobiernos neoliberales”.

Bertha Luján apuntó que “el gobierno espurio quiere formalizar en la Ley del Trabajo las distintas formas de contratación para darle la vuelta a los derechos laborales, como la flexibilidad, los trabajadores multiusos, la subcontratación, la ampliación de los contratos temporales y la contratación por honorarios, entre otras cuestiones.

Señaló también que la propuesta laboral calderonista pretende la disminución o limitación a los derechos laborales fundamentales contenidos en la Constitución, como el de asociación, huelga, contratación colectiva y seguridad social.

Mencionó que el proyecto de Javier Lozano fue construido con el apoyo de las cúpulas empresariales de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) y de los líderes que se mantienen al frente del sindicalismo charro y patronal.

“En reuniones cerradas, semisecretas —explicó—, el gobierno usurpador llegó a consensos con los sectores empresarial y sindical, los cuales están representados en este proyecto que recoge lo peor del Proyecto Abascal y que incluso va mucho más allá de ampliar las formas de control de las organizaciones de los trabajadores”.

“Obviamente —destacó—, las propuestas presentadas desde hace dos décadas por académicos, investigadores, abogados laboralistas, sindicatos democráticos o partidos políticos progresistas (Propuesta UNT-PRD) fueron hechas a un lado y lo mismo pasa con las conclusiones y proposiciones de numerosos foros, talleres y eventos, algunos de ellos convocados por diputados o senadores de la actual legislatura, que no han sido tomados en cuenta”.

“Concretamente la visión del mundo del trabajo que está detrás de este proyecto se ostenta como una propuesta de modernización para fortalecer el empleo, pero en la realidad, se traduce en más precariedad”, comentó.

“El gobierno usurpador —indicó— pretende flexibilizar más las formas de contratación a través de los contratos a prueba, temporales y los llamados ‘de capacitación’, todo ello en el terreno de los derechos individuales”.

Otra acción, destacó, es que buscan la ampliación de los mecanismos de control y mayores impedimentos para la organización sindical, la contratación colectiva y la huelga.

El tercero, mencionó, implica la reducción de la protección procesal que otorga la ley a los trabajadores, limitando ampliamente el carácter protector de los derechos laborales de la actual ley.

“Es importante señalar que de concretarse una reforma como la plantea Javier Lozano, se daría un golpe mortal al derecho colectivo. De ahí la importancia de proponer de manera urgente una estrategia común de las organizaciones sindicales y del movimiento progresista que está dando la lucha hoy por hoy por la democratización del país y la defensa del petróleo”, recalcó.

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"En los últimos ocho años, la peor gestión de Pemex de toda su historia": Ebrard

Ciudad de México, 30 de mayo de 2008
Servicio informativo núm. 433

“EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS, LA PEOR GESTIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS DE TODA SU HISTORIA”: MARCELO EBRARD

Como se difundió ampliamente, el día de ayer, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México, tuvo la oportunidad de participar en los debates sobre la industria petrolera que se realizan en el Senado de la República. Además del anuncio de que su gobierno convocará a los ciudadanos capitalinos a una consulta popular sobre el tema para el próximo 27 de julio, Ebrard hizo un análisis de lo que representa la llamada reforma energética con la que Felipe Calderón pretende privatizar a Petróleos Mexicanos. El servicio de noticias isa publica a continuación la versión completa de la intervención de Ebrard ante el Senado.

Gracias, senador, señores senadores, señor presidente, señores gobernadores, señoras y señores.

En primer lugar, agradecer la invitación de que fui objeto para participar en este foro y, si ustedes me permiten, me concentraría en los comentarios que voy a hacer en los elementos sustantivos de la reforma a Pemex, o de las reformas en torno a Pemex, que están sujetas a revisión y a debate.

A mí me parece que las iniciativas que han sido enviadas por Felipe Calderón al Senado deben ser rechazadas, y me explico. Habrá que sustituirlas, habrá que hacer muchas otras cosas. El sentido más importante de esas iniciativas es sustituir el dominio exclusivo de la nación o, dicho de otro modo, dar marcha atrás al artículo 27 constitucional y al sentido esencial de que la nación tenga el dominio de la industria petrolera para mejor proveer a los intereses de la nación mexicana.

Ése es en esencia lo que se está proponiendo, se niega todavía, todos los días, pero quizá el primer ejercicio es aclarar qué es lo que discutimos; no estamos discutiendo cómo se va a distribuir o cómo se van a distribuir los recursos que provengan del excedente petrolero estrictamente. No estamos discutiendo el acuerdo de coordinación fiscal o el decreto de presupuesto de egresos del 2009, estamos discutiendo el artículo 27 constitucional.

Con la iniciativa que se ha enviado, con un subterfugio —por cierto, con muchos antecedentes y precedentes en otros debates muy importantes para el país— se restringe en un solo artículo la exclusividad a la nación, adicionando un término a hidrocarburos, un adjetivo, y se le pone: hidrocarburos estratégicos, y con ese subterfugio, porque lo es, se pretende dar marcha atrás a lo establecido en el artículo 27.

En consecuencia, dejan de formar parte de la industria petrolera el transporte, almacenamientos —indispensables y necesarios para interconectar la explotación y elaboración del gas—, el transporte, almacenamiento, distribución de los derivados del petróleo y del gas, que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, y que constituyen petroquímicos básicos, y se amplía, por supuesto, el permiso para que los particulares transporten, almacenen, distribuyan no sólo gas, sino también el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y los productos del producto refinado, y de petroquímicos básicos; simplemente eso es lo que estamos debatiendo.

¿Por qué no se planteó una reforma directa al artículo 27 constitucional? Que esto va asociado a lo que se pretende con la iniciativa, es decir, para calificar una iniciativa hay que calificar y entender también la estrategia política que la anima, y en este caso lo que no se quería es lo que está ocurriendo el día de hoy aquí, una discusión pública, y una atención pública sobre una decisión de la envergadura de la que estamos comentando.

Y por consiguiente, se decidió ir por una ley secundaria; por cierto, no es la primera vez; el primer intento data de 1941, en la presidencia de Manuel Ávila Camacho, apenas tres años después de la expropiación petrolera, a instancias de los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, porque necesitaban una serie de productos, y le ofrecieron a México un acuerdo similar al que hoy se nos presenta. Ni siquiera es una idea original, es una muy vieja idea, sólo que no ha tenido éxito.

Ahora, para fundamentar este asunto, semejante cambio que a todos nos interesa, partimos de la base de que estamos hablando del principal rubro de los ingresos nacionales y de la más importante industria de México. Para justificar lo que acabo de referir, se nos dice que hay un diagnóstico terrible de Pemex, nada más que lo que no se dice es que la situación actual de Petróleos Mexicanos se deriva en los últimos ocho años, porque acá no se podrá decir que así se les entregó el año pasado; llevan ocho años manejando Petróleos Mexicanos, los proponentes.

Y si ustedes hacen un diagnóstico de ese periodo de ocho años, lo que hay es la peor gestión de Petróleos Mexicanos de toda la historia de México. Sólo daré algunos datos, derivados de decisiones, acciones u omisiones respecto al manejo de Petróleos Mexicanos.

Del año 2000 al 2008, el periodo que comento, Pemex pasó de ser la quinta empresa más importante del mundo, a ser la número 14. La inversión total en nuestra empresa, Petróleos Mexicanos, se redujo al mínimo, llegando al año 2007 a .57 por ciento del Producto Interno Bruto.

Más de 60 por ciento de las actividades de Pemex, exploración y producción, han sido realizadas por contratistas, por cierto, en su mayoría extranjeros. Se ha mantenido una política dirigida a incrementar la producción sin reponer reservas; de casi 45 por ciento de reposición que se daba en 99, para el 2001 la reposición fue de cero, y descendió hasta menos 20 por ciento en el 2002.

Y, bueno, la inversión en tecnología, es decir, principalmente en el Instituto Mexicano del Petróleo, ha sido reducida consistentemente, al grado de que representa .03 por ciento de las ventas de la paraestatal.

Todo esto que acabo de decir, en los años de los precios más altos de la historia del petróleo; nunca México había tenido tantos recursos como en este periodo, y nunca en la historia de México se había manejado tan mal Petróleos Mexicanos.

Por si ello fuese poco, basta con examinar otro dato. De los considerables recursos adicionales que recibió nuestro país, sólo entre 2004 y 2007, 696 mil millones de pesos fueron destinados a gasto corriente, 61.7 por ciento, o sea, 429 mil millones de pesos en ese periodo.

¿De qué nos sirvieron esos recursos, que pudieron haber sido invertidos en parte para remediar lo que se nos presenta ahora en el diagnóstico? Pues nos sirvieron, según se nos informa, para financiar gasto corriente y pasible.

Sorpresivamente, del diagnóstico que se presenta se pasa por los proponentes a señalar que se debe, entonces, cambiar la naturaleza de la industria petrolera mexicana, privatizándola, cuando la pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿Y cómo se pasa de ese diagnóstico, producto de una gestión, de una política, a una propuesta de privatización?

¿Qué es lo que está mal? ¿La naturaleza jurídica de la industria petrolera? ¿O la política de la gestión pública que se ha seguido durante 8 años para colocar a Pemex en la situación desesperada que hoy se nos presenta, justo en el momento en el que más recursos hemos tenido en toda la historia?

Me parece, entonces, que la primera conclusión es: que debemos, en primer lugar, exigir cuentas, señoras y señores, respecto a la gestión que se ha hecho. ¿Por qué está Petróleos Mexicanos así?

Desde luego, nadie dice que Petróleos Mexicanos se quede como está. Es una gestión pésima. Se requieren cambios urgentes, pero ninguno de ellos tiene que ver con cambiar la naturaleza jurídica, es decir, la exclusividad de la nación sobre la industria petrolera.

Por otra parte se nos dice, como se dijo, por cierto, en los años treinta, frente a la expropiación, que los mexicanos, nada más y nada menos, no podemos con el paquete. Seguramente ustedes han visto la campaña mediática que nos dice: que para ir por el tesorito, pues hay que permitir que lo hagan otros, porque nosotros no podemos. Ése es el argumento.

Y ya yo lo que diría, es que es verdaderamente increíble que se atrevan a proponerle al país, mediante esta iniciativa y los fundamentos que conlleva, que renunciemos a un destino nacional propio, es decir, que aceptemos que no tenemos manera de desarrollar a una industria que, hoy por hoy, es una de las industrias más rentables del mundo, frente a cualquier otro tipo de actividad económica.

Es decir, ¿qué país, hoy, de los países productores de petróleo, se está planteando qué hacer con su empresa casi en quiebra?, según los balances que se presentan de Petróleos Mexicanos, porque simple y llanamente somos el único país que está en esa circunstancia, ¿merced a qué?, a esa gestión, a políticas y acciones que se han tomado?

Por supuesto que sí podemos hacerlo. No se requiere cambiar la naturaleza, me parece a mí, del artículo 27 constitucional, para lograr los fines que se proponen. Se puede tener una empresa mucho más eficaz, mucho mejor posicionada, que aporte más a la renta petrolera, pero para ello hay que sacudir el dominio, la subordinación de Petróleos Mexicanos que ha guardado en particular respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que la usa como la caja que ajusta los balances globales del gobierno federal, destinándolo primordialmente a gasto corriente.

Entonces, no podemos aceptar ese argumento, pues eso sería tanto como decirnos a nosotros mismos, en sentido contrapuesto a 1938, exactamente contrapuesto: Que los mexicanos no somos capaces, y que entonces hay que subordinarnos.

Porque entonces, si no podemos ser capaces de desarrollar nuestra propia industria, la preguntaría sería: ¿De qué somos capaces?, si es el recurso principal de México.

Se invierte la lógica del artículo 27 constitucional. Es decir, si la lógica era que la nación disponga de esos activos, los desarrolle y los distribuya para sus fines sociales y de todo tipo, ahora redúzcase la participación de la nación y que se sustituya por la participación ¿de quiénes? Pues, desgraciadamente van a ser empresas extranjeras, eso es lo que no se dice, pero eso es lo que se está convocando en la iniciativa.

Entonces, déjenme hacer una referencia muy breve.

Encuentro yo, en toda esta discusión, argumentos muy similares a los que escuchamos hace poco con otro asunto muy delicado que fue el tema del rescate bancario. Simplemente lo menciono para que lo tengamos presente.

Porque se dijo en tribuna qué México no podía con el sistema bancario. ¿Y cuál es el resultado hoy? El sistema de pagos en manos de extranjeros. Pocos países del mundo tienen el sistema de pagos en manos de extranjeros, México es uno de ellos. Estamos pagando, en este lapso, de 2000 para acá, 280 mil millones de pesos de intereses que no debíamos de estar pagando a las instituciones bancarias. Y todo lo que se ofreció a cambio no ocurrió. México no se ha convertido en un centro financiero global; México está exportando, incluso, capital. Entonces, mucho cuidado con esos argumentos.

Yo les diría a ustedes, que aquí hay, entonces, una diferencia muy sustantiva, no es técnica. ¿Por qué estamos en diferentes posturas? Porque hay dos ideas esenciales: una idea, que desarrollemos la industria nacional. No necesitamos cambiar las leyes para contratar lo que necesitemos, de hecho se hace hoy.

Y hay otra idea que es, subrepticiamente, dar al traste con el artículo 27 constitucional e ir por la privatización de Petróleos Mexicanos. Y aquí, yo no puedo acusar de incongruencia a los proponentes, porque ha sido su idea desde siempre, a nadie debe llamar a sorpresas.

Lo que sí llamaría a sorpresas es que ni siquiera se ubique y esté claro cuál es el debate en cuestión. Hay dos ideas, por eso estamos en posiciones distintas. La pregunta es ¿cómo se resuelve? Y yo lo que propongo aquí es que convoquemos a la consulta a todas las ciudadanas y ciudadanos del país. Lo podemos hacer la mayor parte de los gobiernos de los estados, porque es obvio que Calderón no lo va a hacer, pues si no quería que ni nos diéramos cuenta.

Y en el ánimo de contribuir en ello, les comento: que en el Distrito Federal invitaremos a una consulta, de acuerdo a la Ley Local, para el día 27 de julio, a todas las ciudadanas y ciudadanos de la capital de la República. Invitaremos al Instituto Electoral del Distrito Federal para que conduzca esta consulta. Y, desde luego, proponer al Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y a los señores gobernadores aquí presentes, que hagamos lo propio, porque ésa va a ser la forma de que las diferentes posturas puedan ser conocidas por todos los ciudadanos, en primer lugar.

Segundo. Que todos puedan participar, dada la envergadura de la decisión que estamos comentando.

Tercero. Yo diría que no hay ningún argumento, no hay ningún argumento para eludir una consulta pública cuando hay un tema de esta naturaleza, salvo que se tenga temor de que la mayoría de la población no esté de acuerdo con lo que se está planteando.

No sostenemos que Pemex se quede como está. ¡Eh! Lo que tenemos que hacer es que tenga una gestión diferente y otra política, porque la situación de Pemex hoy sí se puede corregir, pero no tratando de cambiar el artículo 27 constitucional por la puerta de atrás.

Si quieren discutir el 27, discutámoslo de frente. Hagamos un debate nacional sobre eso. Y si hay argumentos a presentarse, que se presenten. Pero intentarlo por una ley secundaria, es una grave deshonestidad.

A mí me parece que en manos de los gobernadores está el que se pueda llevar a cabo esta consulta, y si el Congreso de la Unión así lo resolviese, podría llevarse a cabo en todo el país y estar lista, evaluándose las diferentes propuestas, porque hay varias, para fines del mes de julio, a efecto de que el Congreso de la Unión tome en cuenta la postura de todos y todas las ciudadanas de nuestro país.

Por su atención. Muchas gracias.

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