miércoles, 4 de marzo de 2009

Inicia el presidente legítimo de México la última gira para terminar de recorrer los dos mil 38 municipios correspondientes al régimen de partidos

Ciudad de México, 4 de marzo de 2009

Servicio informativo núm. 644



Sumario:


I. Inicia el presidente legítimo de México la última gira para terminar de recorrer los dos mil 38 municipios correspondientes al régimen de partidos


II. La vacuna contra VPH: el conflicto de interés, por Asa Cristina Laurell


III. El retorno de los brujos, por Luis Linares Zapata


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INICIA EL PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO LA ÚLTIMA GIRA PARA TERMINAR DE RECORRER LOS DOS MIL 38 MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL RÉGIMEN DE PARTIDOS


Andrés Manuel López Obrador exigió que Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público den a conocer a la opinión pública la lista de las empresas extranjeras que venden las gasolinas al país, al iniciar hoy su última gira por municipios del país, con la que terminará de recorrer los dos mil 38 municipios correspondientes al régimen de partidos.


En sus declaraciones públicas, el presidente legítimo de México resaltó que “los potentados, los barones del dinero, la mafia de la política, aquellos que se sienten amos y dueños del país, no quieren que se invierta dinero del presupuesto nacional en la industria energética, porque participan en los jugosos negocios que se hacen en la importación de gasolinas y sus derivados”.


López Obrador responsabilizó a los gobiernos de extracción priista y panista de dejar en el abandono al sector petrolero, porque en vez de refinar el hidrocarburo, tomaron la decisión de importar el diesel y las gasolinas magna y premium.


Destacó que desde hace 28 años no se ha construido una sola refinería de las tres que requiere la Nación para dejar de comprar hidrocarburos en el extranjero. En cambio, “el gobierno espurio invirtió el año pasado 72 mil millones de dólares para importar gasolinas y alimentos, en vez de destinar esa cantidad para reactivar la economía y generar empleos en México”, sostuvo.


El sector energético, en general, y la industria petrolera, en lo particular, están en el abandono total, porque la mafia de la política tiene muchos intereses en ambas ramas —expuso—, al destacar la necesidad de cambiar la actual política energética.


En Villa Juárez, López Obrador afirmó que Carlos Salinas de Gortari “ordenó al presidente pelele, Felipe Calderón, la destitución de Luis Téllez como secretario de Comunicaciones y Transportes, por atreverse a decir que el ex presidente se robó la mitad del dinero de la partida secreta de la Presidencia de la República”, y agregó que Salinas es muy vengativo y no le fueron suficientes las disculpas que le ofreció el ahora ex titular de Comunicaciones Transportes.


Al conceder una entrevista a los medios de comunicación en Villa Juárez, el dirigente de la izquierda mexicana calificó como premio a la ineptitud los cambios que Calderón realizó en su gabinete, “porque sólo hizo reacomodos de servidores públicos que carecen de experiencia y son incapaces de sacar adelante a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al denominado Seguro Popular. Por ejemplo —detalló—, Calderón tomó la decisión de nombrar al titular del Seguro Popular, Daniel Karam, que ni es seguro ni es popular, como el nuevo director del Seguro Social, porque en las clínicas no hay medicamentos ni atención médica, mientras que el ex director del Seguro, Juan Molinar Horcasitas, pasó a Comunicaciones, pero que no sabe nada del sector y su único mérito es que fue cómplice de Calderón en el fraude electoral”.


Tanto en Quiriego, Villa Juárez, Huatabampo y Etchojoa, en Sonora, alertó porque la crisis económica va a calar hondo en toda la geografía nacional, particularmente en el bolsillo de millones de familias y significará la mortandad de pequeñas y medianas empresas, así como un aumento en los niveles de desempleo, “porque el gobierno usurpador no ha aplicado acciones para reactivar la economía y proteger al pueblo de México”.


Asimismo, comentó que el país cuenta con un presupuesto de tres billones de pesos, cantidad que si se repartiera con justicia entre las 26 millones de familias, a cada una le correspondería 10 mil pesos mensuales. Por ello, pidió a los legisladores del Congreso de la Unión que “entren al quite para enfrentar la crisis y exigir al gobierno espurio de Calderón una disminución de su gasto corriente”.


Resaltó que si la administración calderonista logra obtener ahorros por 200 mil millones de pesos, es decir, apenas 8 por ciento del presupuesto nacional, los mencionados recursos se podrían destinar al impulso de las actividades productivas y a ampliar la cobertura de los programas sociales a los dos mil 500 municipios de México.


En las asambleas informativas de los municipios de Sonora, López Obrador señaló que el gobernador Eduardo Bours “es un gran ladrón”, porque ayudó al PAN en el fraude electoral del 2006. “Sonora es mucho pueblo para tan poco gobernador”, añadió.


En Villa Juárez, dijo sentirse optimista y contento porque sus adversarios no han podido destruir al movimiento de transformación de México. “La mafia de la política, la banda de los 30, quiere acabar con nuestro movimiento, pero no van a poder”, aseguró, y sostuvo que con la actual crisis los mexicanos estamos comprobando que la clase política mexicana es insensible, que no hace nada para proteger al pueblo ni mucho se bajan los insultantes sueldos, para comprar en algo el sacrificio que realizan millones de compatriotas.


Para mañana, López Obrador recorrerá los municipios de Empalme, Bacum, Tesopaco (Sonora) y Moris (Chihuahua).


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LA VACUNA CONTRA VPH: EL CONFLICTO DE INTERÉS

por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 4 de marzo de 2009)


La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) volvió a ser noticia durante el mes pasado. El País, ABC, Rebelión, CBS News y CNN reportaron efectos secundarios graves y muertes asociadas con la vacunación masiva realizada en Estados Unidos y España. En febrero de 2009 se habían reportado 10 mil 151 reacciones adversas al Sistema de Notificación de Eventos Adversos en Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés), en el cual participan el Centro para el Control de Enfermedades y la Administración de Alimentación y Drogas, instituciones estadunidenses. Las reacciones fueron muy graves, por lo que 458 pacientes tuvieron que ser hospitalizados y 29 fallecieron.


Estos acontecimientos confirman el acierto de los científicos en Canadá, España y Alemania de exigir a sus autoridades sanitarias una moratoria en la vacunación masiva, hasta tener pruebas científicas sólidas respecto de la seguridad y eficiencia de las dos vacunas que circulan en el mercado, Gardasil y Cevarix.


En la literatura científica se han presentado dos tipos de argumentos respecto de la vacunación masiva: el que se refiere al aspecto económico, esto es costo-beneficio, por el alto precio de las vacunas, y el de la incertidumbre sobre su capacidad protectora contra el cáncer cérvico-uterino (CaCu), y sus posibles efectos secundarios, aspectos muy muy importantes por sus implicaciones para la salud individual y colectiva.


La prestigiosa revista New England Journal of Medicine (NEJM), la más citada en el ambiente médico, publicó en mayo de 2008 un resumen de lo que se desconoce del Gardasil, que protege contra cuatro de las más de cien cepas del virus de papiloma humano. Habría que añadir que las mismas dudas aplican al Cevarix, que protege contra dos cepas.


En resumen, es lo siguiente: el ensayo clínico (ClinicalTrials.gov NCT00092534) hecho en 11 mil 550 mujeres de 16 a 23 años demostró una importante protección contra lesiones precancerosas en un plazo de cuatro años, pero no se sabrá hasta dentro de 25 a 30 años si protege contra el CaCu. Se desconoce el tiempo que dura la protección, particularmente en los casos de niñas de 9 a 13 años que son las que se vacunan de forma masiva. ¿Qué pasará con la infección con otras cepas oncogénicas, ya que algunos estudios han mostrado un incremento en lesiones asociadas a ellas? y ¿cómo afectará la vacunación el control sistemático con el Papanicolau? A estas interrogantes hay que añadir los efectos adversos e incluso mortales en las niñas inmunizadas.


Estamos ante el problema de la investigación convertida en negocio. El ensayo clínico de Gardasil —Future II— fue auspiciado y conducido por Merck, productor de la vacuna. Pero más grave aún es que en el apartado sobre conflicto de interés prácticamente todos los investigadores reportan alguna relación, directa o indirecta, remunerada o de financiamiento con Merck, entre ellos al actual subsecretario de prevención y promoción de la salud mexicano (NEJM 2007; 356:1915-27). No obstante, es el estudio clave para autorizar la vacunación masiva. El conflicto de interés está explícito, pero resulta una formalidad sin mayores consecuencias prácticas. Esto actualiza el problema fundamental de cómo mantener la imparcialidad y la ética frente a los poderosos intereses comerciales en el sector salud y de la regulación de estos intereses por el Estado, supuesto defensor del interés general o colectivo.


Habría que añadir que los resultados del ensayo clínico fase II de Cevarix, de GlaxoSmithKline, ni siquiera han sido publicados. Sólo fueron presentados a la Agencia Europea de Medicamentos (www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR /cervarix/H-721-en6.pdf ), que la aprobó. Esa vacuna fue elegida por el gobierno mexicano para inmunizar a 85 mil niñas pobres en una suerte de ensayo clínico masivo.


No basta con que el Estado prohíba la propaganda engañosa, como acaba de ocurrir en México respecto de las vacunas anti-VPH. Tiene que proteger a la población contra los riesgos y prohibir que se hagan ensayos clínicos en gran escala, incluso pagados con fondos públicos. En varias partes del mundo científicos han planteado que los ensayos clínicos deban ser pagados por las empresas pero conducidos por una instancia científica imparcial sin relación con la empresa. Sería una solución pero la subordinación de la ciencia a los poderosos intereses comerciales es actualmente una victoria cultural del gran capital. El papel de la universidad pública es crucial para contrarrestarla y reconquistar la ética y dignidad científica.


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EL RETORNO DE LOS BRUJOS

por Luis Linares Zapata secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 4 de marzo de 2009)


Armados con un colmillo largo y retorcido tras décadas enteras de ocupar la cúspide del poder, los priístas de alta jerarquía atisban con impaciencia su prometida ascensión a las posiciones del mando supremo. Se han enroscado a la vera de un par de gobiernos panistas de poca monta y plagado de negociantes que exhiben sin recato el doble discurso y la triple moralidad que ya los define. Los priístas de elite han colaborado asiduamente con Felipe Calderón para facilitar las reformas en que ellos también plasman, con habilidad, sus intereses particulares. Controladores de su amplio aparato burocrático, sobrellevan, hasta con cierto decoro, la decadencia de su entorno político. Confiados en sus difundidas capacidades, esperan el momento para dar el zarpazo final y ocupar los sitiales de privilegio que ya sienten al alcance de sus suaves maniobras.


No parten a su aventura electoral guiados por un programa que ofrezca salidas eficaces a una nación angustiada por la confluencia de dos crisis simultáneas acompasadas con una explosión de violencia sin antecedentes cercanos ni estrategia para manejarla. Una de ellas, la más cacareada, es cierto, viene de fuera. Otra, más larvada y con amplias ramificaciones, se ha sembrado desde dentro y durante largos años, más de un cuarto de siglo, y sobre la cual harta responsabilidad y culpas tienen los priístas.


Tampoco portan, los priístas, una visión de futuro republicano que les acerque simpatías y esperanzas ciudadanas. Están enredados en una continuidad atónica que hasta en su epicentro mismo ha sido trastocada. Simplemente transitan por los senderos del ámbito público canturreando una tonada cansina de habilidades personales, de facción o de grupo que, alegan, les permiten gobernar con eficacia. La palanca de apoyo que los sustenta en su aventura tiene varias aristas. La primera se despliega en una amplia plataforma territorial. Las adicionales las encuentra el priísmo en sus tradicionales aliados sectoriales: el obrero, ya con el rostro desfigurado por el deterioro de interminables lustros traficando con los intereses de los trabajadores; el campesino, agotado en el manipuleo de productores exhaustos, y el popular, esa entelequia inaprehensible, resumidero de sobrantes clasemedieros donde, otrora, brilló la profesora Gordillo con sus huestes de maestros trasmutados en mapaches que todavía roen casillas y atemorizan votantes.


Favoritos indiscutibles de las encuestas, los políticos priístas de estos momentos, aunque todavía subyugados por la mentalidad neoliberal y tecnocrática que los sometió desde hace cuatro o cinco sexenios, han encontrado, según los augures de la opinión insertada, una ruta segura e inevitable para seducir al electorado y cumplir así con su destino. Nada los detendrá en el intento. En la base de la pirámide electoral han ido tejiendo una tupida red de complicidades y relaciones esparcida por esta dilatada nación. La capitanean sus gobernadores, reales caciques locales que tiran, cada quien, para el lado que mejor les convenga. Le han cobrado a los panistas sus servicios con la holgura que les da su experiencia en tantas más cuantas lides similares. Llevan ya, en la buchaca, generosos pagos en especie. No les han sido, sin embargo, suficientes. Quieren y han conseguido protecciones varias e impunidad absoluta hacia aquellos de sus correligionarios que las han necesitado. En un saqueo sin fin, esperan echarle el guante al botín principal que tantas veces usufructuaron para su propio recreo y deleite. Cuentan para ello con un sinnúmero de aspirantes a diputados locales y presidentes municipales dispuestos a encaramarse, a como dé lugar, en los puestos de elección popular. Son esos los sitiales provincianos donde tantas veces se engarzan con el crimen organizado. Es ahí, en esa base tan recóndita, tan minúscula como efectiva, donde han de fincar sus posibilidades del siguiente asalto: la Presidencia.


No se desentienden, tampoco, de las gubernaturas en juego. Saben que son estos puestos la corona del pastel, los que garantizan la cobertura política que requieren para llevar a cabo sus tareas con los mínimos contratiempos. Y ahí también pretenden filtrarse, con singular agilidad y pericia, los agentes del crimen organizado. Los recursos que estos personajes esgrimen son fantásticos. Aseguran buenos negocios, éxitos inmediatos, discrecionalidad en el mando para otorgar salvoconductos de vida o sentenciar a muerte, facilidades para el lujo desmedido, capacidad de reproducción y cobertura de impunidad. Un mundo asequible donde las responsabilidades y la ética se diluyen de acuerdo con las ambiciones, las complicidades y la compulsión por escalar los infinitos peldaños del reconocimiento social. Eso que algunos estudiosos llegaron a cifrar como la subcultura del delito y el imperio de los negocios atados al favor público.


Claro está que esta penetración del crimen organizado no es privativa de los priístas de base o de implantación regional, sino que también permea a los militantes de otros partidos e ideologías. Sin embargo, es mucho más natural encontrarlo entre los priístas de rancio cuño. A los panistas los aquejan otros problemas paralelos: ineficiencia, tontería, escasa visión, deshonestidad y su rampante hipocresía, un caldo de cultivo ideal para la anarquía y los fingidos agujeros de poder. A los de estirpe perredista, en cambio, sus antecedentes de sobrevivencia los llevan a navegar sobre aguas turbulentas que desconocen, parecen ignorar o se achiquen para no verlas ni oírlas. Algunos de ellos, panistas y perredistas avezados en el trafique de influencias y la lucha por los peldaños burocráticos, buscan acomodarse, a como dé lugar, con el Ejecutivo federal del cual dependen en exceso. Así, tanto panistas como perredistas encumbrados se distancian de sus bases y dejan pasar y hacer al crimen organizado o se limitan a buscar su precaria contención.


El resultado no se hace esperar. La nación se encamina, a paso seguro, hacia un Estado penetrado por el crimen organizado en cualquiera de sus muchas ramas de actividad. El panorama, como puede aquilatarse, no tiene asideros ciertos y menos aún atractivos que aconsejen votar por la vuelta de los brujos de antaño pero eso, al parecer, será el refugio temporal de muchos mexicanos.


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Llama Di Costanzo a deudores a no dejarse sorprender por arbitrariedades que cometen los bancos

Ciudad de México, 4 de marzo de 2009

Servicio informativo núm. 643



Sumario:


I. Llama Di Costanzo a deudores a no dejarse sorprender por arbitrariedades que cometen los bancos


II. El peso, sin sustento, por Rogelio Ramírez de la O


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LLAMA DI COSTANZO A DEUDORES A NO DEJARSE SORPRENDER POR ARBITRARIEDADES QUE COMETEN LOS BANCOS


Discurso del secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México, Mario Di Costanzo, en el mitin del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular frente a la sede de la Asociación de Bancos de México el 3 de marzo de 2009


Compañeras y compañeros:


Estoy completamente seguro de que para muchos de nosotros el recuerdo del Fobaproa aún se encuentra fresco en nuestra memoria. Y es que para todos es una realidad que la discrecionalidad, la falta de transparencia, la corrupción y el tráfico de influencias son calificativos que aún ahora no pueden ser descontados al hablar de este tema.


Así, hoy en día resulta imposible negar que en la panza del Fobaproa se encuentran los créditos que no pagaron importantes personajes de la política, así como prominentes industriales con enorme capacidad de pago y que en algún momento decidieron transferir sus deudas a los contribuyentes, al ser rescatados por el Estado, bajo el lema de proteger los ahorros de la gente común y corriente. Parte de lo anterior lo resume el propio auditor del Fobaproa, quien concluye textualmente lo siguiente:


“Entendemos que en México, un número relativamente pequeño de grupos económicos —aproximadamente 10 o 12— son responsables de una parte muy importante de la actividad económica. Estos grupos operan típicamente a través de varias compañías en diversos sectores, incluyendo el financiero y bancario. Estos grupos adeudan cantidades importantes a los bancos que participaron en los programas del Fobaproa”.


Más aún: el 21 de abril del 2003, el ahora ex vocal de la Junta de Gobierno del IPAB, Bernardo González Aréchiga, entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso sus Memorias de labores. Y en la página 13 del citado informe, refiere el siguiente párrafo:


“El terrible dilema que confrontó el Fobaproa, según uno de los responsables más importantes del rescate, se resume en la siguiente frase: ‘a raíz de la crisis bancaria de 1995, nosotros tuvimos que escoger entre cumplir la ley o reducir el costo fiscal. Optamos por violar la ley y reducir el costo fiscal’”.


Esta abierta confesión de la violación a la ley muestra que mientras que a estos grupos conformados por banqueros, prominentes industriales y políticos se les otorgó un trato preferencial, para millones de pequeños y medianos deudores, la situación fue diferente, ya que las autoridades determinaron “aplicar todo el rigor de la ley” y estas personas terminaron perdiendo sus bienes y propiedades.


Señalo lo anterior porque desde hace más de tres meses, el gobierno espurio ha venido instrumentando de manera velada una especie de Fobaproa II, dirigido a rescatar a grandes empresas, pero ahora bajo el lema de “proteger al empleo y a la planta productiva nacional”.


Este rescate consiste en que a través de Nacional Financiera, NAFIN, el gobierno, con recursos públicos, garantiza, es decir, “avala”, la deuda de las empresas que se hacen acreedoras de estos apoyos. De esta manera, y en pocas palabras, el gobierno “compra la deuda de estas empresas”, y les subsidia los dólares que requieren para solventar sus compromisos.


Cabe destacar que, a la fecha, se han gastado en esta ayuda para los grandes y poderosos más de 18 mil millones de dólares provenientes de nuestras reservas internacionales.


Sin embargo, todo esto contrasta dramáticamente con la actitud de “no me importa” que el gobierno espurio y los bancos han manifestado con respecto del problema de la cartera vencida en créditos hipotecarios y en tarjetas de crédito, y que se estima que afecta a más de un millón 800 mil personas, para las cuales no se han diseñado mecanismos de rescate.


Al mes de febrero del presente año, la cartera vencida en tarjetas de crédito ascendió a más de 38 mil millones de pesos, cifra superior en 300 por ciento a la registrada en las épocas del rescate bancario —diciembre de 1997— y 80 por ciento superior a la registrada en diciembre de 2006.


Si bien es cierto que lo anterior se explica, en buena medida, por el deterioro del ambiente económico, también lo es que el alto costo de las comisiones y las elevadas tasas de interés que cobran las instituciones bancarias han tenido mucho que ver en esta situación.


A manera de ejemplo, mientras que BBVA cobra una tasa de interés total de 80 por ciento por una tarjeta de crédito emitida en México, en España el cobro es de sólo 25 por ciento, o el caso de Banamex cuyo costo en México supera 70 por ciento, mientras que en Estados Unidos no es mayor a 10 por ciento.


Esto se debe a la concentración de las actividades bancarias en tres instituciones: Banamex-City, BBVA-Bancomer y HSBC, y a este gobierno espurio, que ha permitido que la banca en México opere como un gran oligopolio, con la absoluta complacencia del Estado mexicano, aun y a pesar de que el artículo 4º de la ley de instituciones de crédito establece que será el propio Estado el rector del sistema bancario del país.


Esto nos hace pensar que en México la banca extranjera privatizó al Estado, y no el Estado a la banca.


Así, de acuerdo con la propia Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUSEF, y de la cual su presidente es Luis Pazos, —siempre he dicho que tener a Luis Pazos en la CONDUSEF es como tener a Nazar Haro en derechos humanos—, se estima que en la actualidad existen 24 millones de plásticos y que cada usuario posee en promedio 1.5 tarjetas de crédito, lo que arroja entonces que en promedio en México existen 16 millones de personas con tarjetas de crédito.


Más aún, la propia CONDUSEF estima que cada línea de crédito revolvente que otorga uno de estos plásticos es de 17 mil pesos en promedio; en este punto, conviene preguntarnos: ¿Cómo es posible que la línea de crédito promedio de estos “plásticos” sea de 17 mil pesos, cuando de acuerdo con la encuesta ingreso-gasto de los hogares, 80 por ciento de las familias del país vive con un ingreso inferior a 9 mil 500 pesos mensuales?


Esto refleja una gran irresponsabilidad de los bancos, al haber otorgado un crédito superior en 70 por ciento al ingreso máximo de millones de familias.


Así, los bancos deben reconocer que el problema se ha potenciado por la falta de una adecuada cultura financiera, por su estrategia de utilizar el llamado “crédito al consumo” como una herramienta de penetración de mercado, por las agresivas campañas que implementaron para la colocación de plásticos y por la ampliación de líneas de crédito sin previa opinión del cliente, y careciendo de los análisis de su capacidad crediticia.


Pero más graves aún resultan los ilegales mecanismos que utilizan los bancos —y los despachos jurídicos que éstos contratan— para recuperar los adeudos de las personas que han caído en cartera vencida.


Estos mecanismos incluyen desde el acoso permanente a los deudores y a sus familias hasta el cobro “a lo chino” de las cuentas de ahorro o de nómina que los deudores poseen en las instituciones bancarias.


Cabe señalar que para que el banco pueda hacer esto, debe estar claramente estipulado en el contrato que celebró con el usuario de la tarjeta de crédito y del cual debió entregar una copia al tarjetahabiente. Por ello, si el banco no entregó dicho contrato en tiempo y forma, está imposibilitado para cobrarse “a lo chino”.


Por tanto, es conveniente que los deudores tengan muy presentes los siguientes consejos para que no se dejen sorprender por las arbitrariedades que cometen las instituciones de “agiotismo” llamadas bancos:


• No te dejes acosar por los bancos o las compañías administradoras de cartera o despachos jurídicos de cobranza.


• No firmes ninguna reestructura crediticia a menos que hayas tenido la asesoría jurídica de alguna asociación de deudores, con autoridad moral, honradez y honestidad probada.


• Los bancos no pueden congelar tus cuentas de ahorro, de nómina o de pensionado, aun cuando tengas adeudos con las instituciones bancarias si no está claramente estipulado en el contrato que firmaste cuando te otorgaron tu tarjeta de crédito.


• Existen mecanismos jurídicos para defendernos de las arbitrariedades que se cometen en contra de los deudores. Sin embargo, la atención de estos casos requiere de asesoría técnica y jurídica.


• No es un delito haber caído en cartera vencida y con más razón si perdiste tu empleo.


• Más bien, somos víctimas de la negligente política económica, implantada por el gobierno de la “estabilidad y el empleo”.


• No puedes ser embargado: una tarjeta de crédito es un “préstamo dado sin ninguna garantía”.


Finalmente, quiero señalar que hace dos semanas se presentó, por diputados del Grupo Patria —PRD, PT y Convergencia— una iniciativa para implementar un programa de apoyo y rescate a pequeños deudores, en el cual el gobierno absorbería 20 por ciento de la cartera vencida de las tarjetas de crédito; los bancos tendrían que absorber 25 por ciento; y los deudores pagarían el restante 55 por ciento de su cuenta actual en mensualidades fijas.


Compañeras y compañeros:


Es tiempo de que los mexicanos recobremos y democraticemos nuestro sistema bancario.


No permitamos, como actualmente sucede, que gobiernos extranjeros, como es el caso de Estados Unidos con Banamex, decidan sobre el sistema bancario en nuestro país.


No paguemos al agio y a la usura con la que se ha protegido a un grupo de banqueros que ni siquiera son mexicanos.


El día de hoy demandamos la atención urgente por parte de bancos y gobierno a los deudores de la banca.


Debo, no niego; pago lo justo.


Muchas gracias.


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EL PESO, SIN SUSTENTO

por Rogelio Ramírez de la O

(publicado en El Universal el 4 de marzo de 2009)


El peso puede estar subvaluado en 15.65 por dólar, es decir, que 15 pesos compran más en México que un dólar en Estados Unidos. Pero eso no significa que no se pueda subvaluar más, pues la paridad no depende hoy de cálculos de precios relativos, sino de demanda de dólares contra oferta de dólares.


La subvaluación del peso siempre ha surgido después de un largo periodo de sobrevaluación. Es decir, cuando México ha sido muy caro en dólares y de repente cambian las percepciones del mercado. Como si los inversionistas extranjeros se llamaran a sorpresa porque la realidad es muy distinta de lo que pensaban.


Así pasó con Salinas. El peso en 1993 en 3.1 por dólar estaba sobrevaluado en 26%, cuando los empresarios decían que encontraban aguacates de importación en el supermercado. La sorpresa de que había una enorme deuda de tesobonos y un altísimo déficit en cuenta corriente causó que acabara el año 1994 con una subvaluación de 16%, y luego el de 1995 con una subvaluación de 21% en 7.7 pesos por dólar. Es decir, México pasaba de ser muy caro para los extranjeros a ser muy barato apenas en 18 meses.


Hoy la demanda de dólares por empresas y bancos ha sido imparable y por eso el peso se ha devaluado tanto. Pero esta demanda se ha visto ahora aumentada por la de inversionistas que liquidan sus bonos y acciones de la bolsa en pesos, y los pasan a dólares para regresar a su país.


Los inversionistas han descubierto poco a poco, por cierto, con retraso, que la estructura económica de México no da sustento sólido al peso una vez que se reduce el precio del petróleo esperado y el monto de remesas de trabajadores en Estados Unidos. Así de simple, están corrigiendo su visión sobre el futuro, al igual que lo hicieron en 1994.


Como el gobierno niega la realidad que ellos ven con sus propios ojos, sobre dos noticias malas, entonces tienen aún más razón para liquidar posiciones en pesos.


Una noticia aún no incorporada en las expectativas de la mayoría es que el déficit externo va a aumentar mucho por el menor precio de petróleo. Aunado a que las exportaciones no petroleras también se desploman, la cuenta externa verá un déficit sin precedente de más de 40 mil millones de dólares, imposible de financiar en el mercado global. Esto, con el petróleo a 30 dólares por barril y aun considerando la cobertura que compró el gobierno para asegurar un precio de 70 dólares por barril. Esta cobertura sólo compensa en un tercio la caída del valor de exportación petrolera.


La segunda noticia no incorporada aún es que la cuenta fiscal del gobierno tendrá un enorme faltante de recursos. Tanto las ventas internas de petróleo (cuyo precio no está asegurado) como el ingreso tributario no petrolero causarán una reducción de ingresos con respecto a 2008 de alrededor de 400 mil millones de pesos, incluida la cobertura mencionada.


¿Qué sigue? Nadie lo sabe, pero nos podemos imaginar que el gobierno no reducirá su gasto corriente, por lo menos antes de las elecciones. Pero al igual que en 1994, la factura siempre viene después de las elecciones y será muy amarga. Al final, cuando no haya salida, el gobierno aumentará precios públicos e impuestos y reducirá el gasto de inversión. Desde hoy, los empresarios ya registraron el subejercicio en la inversión pública.


Aun así, el déficit fiscal será mucho mayor a lo que la mayoría espera. Y será muy difícil corregirlo en un ambiente de recesión y malestar social. El peso de ninguna manera puede recuperarse ni siquiera con el Banco de México subiendo las tasas de interés.


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