sábado, 30 de agosto de 2008

Pemex, viable sin privatizar, por Alejandro Encinas

Ciudad de México, 30 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 510

Sumario:

I.
Pemex, viable sin privatizar, por Alejandro Encinas

II. ¿Con este Estado?, por José Luis Piñeyro

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PEMEX, VIABLE SIN PRIVATIZAR
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 30 de agosto de 2008)

Si algún mérito tienen las iniciativas acogidas por los legisladores del FAP en materia energética es conjugar experiencias, capacidades y talentos en un ejercicio sin precedente, cuyo valor adicional fue recoger los diagnósticos y propuestas presentados en el debate en el Senado al margen de visiones partidistas, así como los resultados de la consulta pública nacional y de encuestas de opinión en las que se manifestó el rechazo a la privatización y a la intervención de empresas transnacionales en las actividades de Pemex.

Es una iniciativa plural que incorpora las visiones de dirigentes políticos a quienes se busca presentar confrontados (Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador); de académicos (John Ackerman, Rolando Cordera, Rene Drucker); periodistas (Rafael Barajas, Eduardo del Río, Helguera); especialistas (Mario Di Constanzo, Eduardo Beltrán); el mundo de la cultura (Guadalupe Loaeza, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska); ex funcionarios federales (Carlos Tello, David Ibarra, Javier Jiménez Espriú); constitucionalistas (Arnaldo Córdova), e incluso antiguos adversarios (Manuel Bartlett).

Considera reformas jurídicas y propuestas que mantienen la rectoría y la exclusividad del Estado en la industria petrolera para articular un plan de acción inmediata, que sin privatizar permita crear un fondo de recursos (300 mil millones de pesos) para llevar a cabo un programa de inversiones públicas para que Pemex corrija el actual régimen fiscal al que es sometido; atienda labores de exploración, refinación y petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico; y adopte acciones que garanticen transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción en contratos, adquisiciones y licitaciones, así como en las relaciones entre empresa y sindicato.

Garantiza que la reforma se apegue a la norma constitucional, promoviendo medidas correctivas al deterioro de la industria y sus finanzas; la creación de una comisión que elabore una política energética de Estado y defina la seguridad energética; el aprovechamiento de los recursos para el desarrollo del país, limitando la plataforma de exportación y promoviendo nuevas fuentes de energía. Se busca dotar a Pemex de los recursos que no ejerce, al modificar los controles que le impone el Ejecutivo. Establece una reforma hacendaria que elimina el actual régimen de derechos y libera las rentas de Pemex para la inversión, el desarrollo y la investigación.

Se pretende reanudar las exploraciones, recuperar la petroquímica, construir refinerías e incrementar la capacidad de las existentes, fortalecer el IMP como pilar en investigación, desarrollo e innovación de la industria, e incorporar a las universidades públicas y centros académicos en este proceso. Redefine los términos de la explotación en aguas profundas y yacimientos fronterizos, sin ceder a la presión de las transnacionales, e impide la intervención de tribunales foráneos. Cancela contratos de riesgo bajo cualquier forma que viole la Constitución, la adjudicación directa y la invitación restringida en los contratos por obras y prestación de servicios a empresas privadas, e impide que particulares se apropien de la renta petrolera en las actividades del sector.

Se trata de recuperar el carácter original de la empresa, acotar a la burocracia, acabar con la discrecionalidad, así como con la corrupta dirigencia sindical, para disponer de recursos para inversión, desarrollo tecnológico e incremento en la productividad, sin violar la Constitución, privatizar ni empeñar un patrimonio fundamental de nuestra nación. Hagamos votos para que los legisladores estén a la altura de su investidura y de la responsabilidad histórica que les corresponde cumplir en estos tiempos cruciales para definir el destino de México.

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¿CON ESTE ESTADO?
por José Luis Piñeyro

(publicado en El Universal el 30 de agosto de 2008)

Sobre las limitaciones de la extensa lista de los 75 compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL) se ha dicho casi todo, críticas que van desde considerar que son buenos deseos de las autoridades, pasando por señalar que son acciones que ya se están realizando y otras que ya se habían anunciado, hasta quienes señalan que si bien hay una delimitación de responsabilidades entre los poderes y actores firmantes, de objetivos y tiempos para su ejecución, no se apunta cómo se impulsarán dichos objetivos.

He insistido en otras entregas que predomina en la estrategia anticriminal una lógica represiva sobre una preventiva de delitos, de rehabilitación de drogadictos y de presos y de participación social. Si bien el ANSJL incluye referencias a estas tres tácticas, son bastante genéricas; además, la mayoría de los compromisos sólo reconfirman la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública aunque a veces se hable de corresponsabilidad de la ciudadanía en este problema nacional.

Congruente con esta visión, Germán Martínez, dirigente del PAN, considera que el desprecio a la política y a las instituciones del Estado es casi un golpe de Estado. Agrega: “No estoy defendiendo un respaldo ciudadano ciego… Defiendo el orden democrático… para hacer rendir cuentas a los gobernantes, y ese orden exige lealtad al Estado, a la política y a los procedimientos electorales de participación ciudadana para deslindar responsables. Tampoco niego la crítica, no sólo indispensable en democracia, sino justificada… esa crítica tiene que hacerse cargo de la defensa de nuestras instituciones (no de los resultados, errores y equívocos, obvio) del Estado. Despreciar al Estado y a la política en la lucha contra el crimen no sólo es un balazo en el propio pie, sino abono al terreno de la revuelta, donde todos los ciudadanos queden a mereced de un ciudadano más fuerte” (“¿Sin Estado?”, El Universal, 26/VIII/08).

Raros razonamientos, pues existe un orden social, pero dista mucho de ser democrático; la rendición de cuentas es la gran ausente en la política; la participación social vía elecciones termina al día siguiente de los comicios; la lealtad y la defensa de las instituciones al margen de sus errores y complicidades es un sinsentido; el solo desprecio al Estado por fortuna no provoca revueltas y la indefensión de la ciudadanía es frente a los pocos y poderosos ciudadanos con enorme poder económico y político.

La reducida seguridad, justicia y legalidad reconocida por el mismo ANSJL nos lleva a otro problema central: la escasa legitimidad de las instituciones estatales. Éstas requieren cambios radicales vía desalojo electoral o político de sus ocupantes, la clase gobernante, y de sus representados, la oligarquía dominante. Nadie ha hablado de desaparecer al Estado sino de darle otro contenido y orientación social, democrático y redistributivo de la insultante concentración del ingreso y la riqueza, sustrato de la criminalidad, la corrupción e impunidad; uno en el que la ciudadanía participe y decida para satisfacer sus hoy reducidos derechos políticos, económicos y sociales. En el que la distancia del Estado frente a las necesidades de la nación se reduzca vía un nuevo pacto nacional, y no mediante uno como el ANSJL, en el que con certeza señala Alberto Aziz que fue “una reunión de políticos, pero no necesariamente un pacto político” (“‘Si no pueden, renuncien’”, El Universal, 26/VIII/08).

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