domingo, 29 de junio de 2008

“Este ideal que compartimos, podrá alcanzarse si seguimos trabajando, con la gente y con una inquebrantable fe en la causa que defendemos": AMLO

Ciudad de México, 29 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 461

“ESTE IDEAL QUE COMPARTIMOS, PODRÁ ALCANZARSE SI SEGUIMOS TRABAJANDO, DESDE ABAJO, CON LA GENTE Y CON UNA INQUEBRANTABLE FE EN LA CAUSA QUE DEFENDEMOS”: LÓPEZ OBRADOR

* Discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, en la Asamblea Informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, en el Zócalo de la Ciudad de México, del 29 de junio de 2008



Amigas y amigos. Compañeras, compañeros. Ciudadanos todos:

Les agradezco de todo corazón la asistencia a esta asamblea nacional informativa. La fuerza de nuestro movimiento dimana del pueblo, de los nobles ideales que nos inspiran y de la perseverancia.

A tres días de cumplirse dos años del fraude electoral del 2006, aquí estamos, haciendo valer nuestras razones, reafirmando nuestros objetivos de defender al pueblo y el patrimonio nacional, comprometidos en transformar la vida pública de México.

Al paso del tiempo se ha ido confirmando que fuimos víctimas de un gran fraude electoral, de una confabulación de intereses mezquinos para seguir imponiendo una política injusta, antipopular y entreguista. El fraude causó un daño inmenso: frenó el avance democrático del país; denigró a las instituciones y quien se ostenta como presidente de la República está totalmente desprestigiado, carece de autoridad moral y de poder real, porque nadie lo respeta ni obedece.

Pero lo más lamentable es que el fraude nos ha llevado a más pobreza, desempleo, más crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia, todo lo cual, si se hubiera respetado el voto ciudadano, no se estaría padeciendo o, cuando menos, habría la esperanza de salir adelante y no la sensación de frustración que empieza a dominar en amplios sectores de la sociedad.

La falta de sensibilidad de los potentados y de su representante en la Presidencia es cada vez más evidente. Por ejemplo, ante la carestía que padece el pueblo, en vez de apoyar a los productores nacionales para lograr la autosuficiencia alimentaria, lo que ha propuesto Calderón es seguir comprando lo que consumimos en el extranjero, lo cual no frenará el aumento de precios y va a significar más abandono al campo y mayor salida de divisas.

Aquí conviene señalar que en tan sólo 18 meses que lleva el gobierno usurpador, mientras el salario mínimo ha venido aumentando en 4 por ciento anual, los precios de la mayoría de los productos básicos se incrementaron de manera desproporcionada, como no sucedía desde hace 12 años. Hay regiones en el país donde los campesinos han dejado de sembrar porque el precio del fertilizante subió 200 por ciento; y casi todo el pueblo está padeciendo porque el precio de la tortilla aumentó en 60 por ciento, el pan en 65 por ciento, el frijol en 90 por ciento, el arroz en 140 por ciento, la leche en 40 por ciento, el huevo en 85 por ciento, el pollo en 50 por ciento, la carne de res en 60 por ciento y el aceite en 124 por ciento. En suma, en 18 meses, la capacidad de compra de la inmensa mayoría de mexicanos se ha reducido en 30 por ciento.

De la misma manera, ahora, cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se le ocurre al presidente espurio es amenazar con el discurso propagandístico de la “mano dura” y de ahí se desprende el querer resolver el problema con más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, condenas más largas, todo lo cual no basta para enfrentar un asunto que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por la falta de empleo y educación para los jóvenes, por la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites a través de los medios de comunicación, en donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo.

La delincuencia y la convulsión social son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad, mediante las drogas y la violencia.

Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La única solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas.

Pero desgraciadamente los hombres del poder en México no tienen vocación cívica ni dimensión social. Los domina el egoísmo. No están dispuestos a rectificar, a cambiar la política económica que han venido imponiendo. Por el contrario, ahora quieren apropiarse de la industria petrolera nacional. A pesar de que el país está hundido en una profunda crisis económica y de bienestar social, ellos insisten en seguir saqueando, en despojar al pueblo de su patrimonio y de su porvenir.

No se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas privatizadoras de Calderón, habría más pobreza, más desempleo, pero también más frustración y violencia, lo cual ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social. A menos que estén dispuestos a permanecer como rehenes en casas amuralladas, a viajar en carros blindados y a moverse con nubes de guardaespaldas, pero a eso, francamente, no se le puede llamar vivir.

De modo que si ellos no alcanzan a entender que el petróleo en manos de la nación es un factor de estabilidad política y social, a nosotros nos corresponde actuar con responsabilidad y evitar la degradación de la vida pública de México y la destrucción del país. No puede ser que por la enajenación que produce la ambición al dinero, se destruya lo más preciado para todos que es la tranquilidad y la paz social. Nosotros queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan caminar por la calle, libres de miedos y temores.

Además, tenemos otras razones para impedir la entrega a particulares de la industria petrolera. Nos oponemos a la privatización porque sería reabrir la puerta a las compañías petroleras extranjeras, en menoscabo de la soberanía y del patrimonio nacional. Queremos todos los mexicanos, la mayoría, seguir siendo un país, no aceptamos convertirnos en una colonia de los extranjeros.

Nos oponemos a la privatización porque las reformas a las leyes secundarias propuestas por el presidente usurpador violan nuestra Constitución Política. Nos oponemos a la privatización porque detrás de las mentiras de la falta de dinero y de tecnología para modernizar a Pemex y de la publicidad manipuladora, está realmente la corrupción del grupo Calderón-Mouriño y sus acuerdos inconfesables con las empresas extranjeras para montarse en el negocio del petróleo.

Nos oponemos a la privatización porque mientras el petróleo sea propiedad de la nación, los mexicanos tendremos la esperanza de convertirlo en palanca del desarrollo nacional para industrializar el país, crear empleos, fortalecer el mercado interno, reducir los precios del gas, la luz y las gasolinas y garantizar el bienestar del pueblo. Y nos oponemos a la privatización porque arrebatar jamás trae nada bueno. El despojo del petróleo creará un ambiente de insatisfacción y farsa, que nos mantendrá en constante riesgo de confrontación y habrá más inseguridad e inestabilidad política.

No podemos –amigas, amigos brigadistas, asistentes a esta gran asamblea– dejar de señalar que por este movimiento, de todos ustedes y de muchos más, y con la contribución de muchos otros ciudadanos concientes y responsables que actúan por su cuenta, se ha podido impedir, hasta ahora, la privatización del petróleo.

No olvidemos que Calderón quería que sus reformas entreguistas se aprobaran en el Congreso en quince días, al vapor, en sigilo y de espaldas al pueblo. Pero nuestros legisladores, senadoras y senadores, diputadas y diputados, del PRD, del PT y de Convergencia, actuaron de manera consecuente y tuvieron el arrojo de tomar las tribunas del Congreso para impedirlo. Todo ello, toda esta acción, consecuente de los legisladores del Frente Amplio Progresista, tuvo el apoyo de los brigadistas del Distrito Federal, en especial, de las mujeres. ¡Arriba las mujeres! Con esta primera acción, no sólo se frenó el madruguete o albazo legislativo, sino que se ganó tiempo para organizarnos mejor e informar al pueblo.

Aquí doy a conocer que, de la última asamblea del 27 de abril, que celebramos en este Zócalo, a la fecha, visitamos todas las capitales de los estados de la República y 97 cabeceras municipales de las diversas regiones del país para celebrar asambleas e integrar brigadas en defensa del petróleo. Hoy podemos decir, con mucha satisfacción, que ya somos 200 mil brigadistas.

Muchas gracias a todas, a todos ustedes, que vienen de los distintos estados, de las distintas regiones del país, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque no contamos con recursos, no hay dinero para facilitar la movilización. Ustedes vienen por su propio pié, por su propia voluntad y merecen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración.

También informo que al día de hoy se han distribuido a nivel nacional, 368 mil copias de videos, 3 millones de volantes, 18 millones 500 mil folletos con artículos de análisis y reflexión, y 19 millones 560 mil historietas. Nuestro reconocimiento a quienes han ido casa por casa, colonia por colonia, barrio por barrio y pueblo por pueblo a entregar esta información.

Asimismo nuestro agradecimiento afectuoso y fraterno a caricaturistas, escritores, artistas y técnicos que han ayudado voluntariamente en la elaboración de los contenidos de estos materiales para la orientación y la concientización del pueblo. El movimiento de resistencia civil, los legisladores del Frente Amplio Progresista, el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo y otros ciudadanos independientes, hicieron posible que el PRI y el PAN aceptaran el debate que se está llevando a cabo en el Senado, donde, por cierto, vamos ganando.

Quienes han ido a representarnos han argumentado mejor y han demostrado que las pretendidas reformas son anticonstitucionales, son privatizadoras y van orientadas a profundizar la corrupción en Pemex. Desde el principio de estos debates dimos a conocer nuestra propuesta que se sustenta en cinco lineamientos básicos:

1. Que se destinen todos los excedentes por precios altos del petróleo al fortalecimiento de Pemex para ser invertidos en exploración, perforación, refinación, petroquímica, mantenimiento y construcción de ductos e instalaciones petroleras, así como para el desarrollo tecnológico y la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Estos excedentes, significarán para este año 20 mil millones de dólares adicionales, que al ser entregados a Pemex representarían más del doble del presupuesto actual de este organismo público. Sólo agregamos que desde el gobierno de Vicente Fox no hay transparencia ni se conoce el destino de estos recursos.

2. Que se fortalezca al Instituto Mexicano del Petróleo para llevar a cabo, entre otras actividades, las investigaciones para la exploración de petróleo en tierra y en aguas someras, fundamentalmente en el sureste, donde realmente existen reservas posibles y probables, hasta para 20 años en adelante.

3. Que el Consejo de Administración de Pemex reduzca su número de miembros que dependen del Ejecutivo Federal y del Sindicato y, en su lugar, el Congreso elija, por consenso de todos los partidos, a representantes de la sociedad civil, de inobjetable honestidad, cuya tarea primordial sería evitar la corrupción en los contratos públicos, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias.

4. Que se fortalezcan las áreas sustantivas de Pemex para atender sobre todo los problemas operativos que tienen que ver con la disminución de la producción en la Sonda de Campeche, donde no sólo se extrae menos petróleo crudo por la declinación del yacimiento Cantarell, sino también por problemas de contaminación de nitrógeno y de agua, que ha llevado a cerrar 80 pozos y a quemar a la atmósfera alrededor de 700 millones de pies cúbicos diarios de gas, por falta de inversión y negligencia de los anteriores y de los actuales directivos de Pemex.

5. Que se reunifique Pemex en una sola empresa del Estado, revirtiendo su división artificial en diferentes subsidiarias, para manejar de manera integral todo el sector energético, desde la extracción del crudo y gas hasta la refinación y la petroquímica y para aprovechar toda la cadena de valor que permita impulsar la generación de electricidad y el desarrollo económico independiente que necesita el país y el bienestar del pueblo de México.

Amigas y amigos:

Ya es un hecho que el debate sobre el petróleo se ha extendido a todo el país. Los ciudadanos, las organizaciones sociales y las universidades públicas han organizado foros de discusión y análisis acerca de esta cuestión.

Mención especial merece la iniciativa que tomó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, para organizar una discusión amplia y plural de investigadores y académicos en la más prestigiada universidad de América Latina. Hoy, a pesar del cerco informativo, la gente sabe más de este importante asunto y ha quedado claro que si el petróleo es de todos los mexicanos, todos tenemos derecho a opinar.

De ahí que reconocemos la decisión asumida por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de llevar a cabo el 27 de julio una consulta ciudadana en la Ciudad de México. Marcelo Ebrard no sólo es un buen gobernante, es un dirigente político consecuente y un importante promotor del proyecto alternativo de nación. Toda nuestra solidaridad para Marcelo Ebrard.

Es necesario mencionar que, aunque se hicieron todos los trámites en la Junta de Coordinación Política del Senado, ante el IFE y los gobiernos de los estados, la respuesta de la derecha, del PRI y del PAN, fue el rechazo y la descalificación para realizar la consulta nacional.

La postura de la clase gobernante se puede resumir en lo expresado por el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, quien sostuvo que la reforma petrolera es un asunto demasiado complejo para someterlo a una consulta popular. Cuando son ellos los que no están preparados para la democracia. En realidad lo que exhiben es su escaso poder de convencimiento y el miedo que le tienen al pueblo de México. Si fuesen realmente demócratas, no le tendrían miedo al pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda.

De todas maneras, como aquí se ha dicho, vamos a organizar, con el apoyo de los ciudadanos, la consulta nacional. Hago un llamado a todos los brigadistas para empezar a promover la participación de la gente en este trascendente ejercicio democrático.

Es importante también que estemos atentos y listos para movilizarnos, porque seguramente en las cúpulas del PRI y del PAN están pensando o tramando que, aunque pierdan los debates y la gente se exprese en la consulta en contra de la privatización del petróleo, ellos van juntar los votos, con sus prácticas de siempre, para querer imponer desde el Congreso sus reformas entreguistas.

Por eso no está de más volver a reiterar desde esta plaza pública, corazón político de nuestro país, que estamos dispuestos a defender el petróleo con toda la determinación y firmeza que exijan las circunstancias. Y que quede claro: no aceptaremos ningún cambio jurídico que viole la Constitución, que privatice el petróleo y que vulnere la soberanía nacional. El petróleo es nuestro, de todos, y no se convertirá en negocio de unos cuantos, ni de nacionales y mucho menos de extranjeros.

Amigas y amigos:

Durante este tiempo que llevan usurpando el gobierno los potentados y sus representantes, se han cometido grandes injusticias que estamos obligados a denunciar.

Como es sabido, en la Suprema Corte acaban de rechazar cerca de 2 millones de amparos que interpusieron los Trabajadores al Servicio del Estado, incluidos los maestros, contra la Reforma a la Ley del ISSSTE. Los hombres y mujeres de esta institución volvieron a enseñar el cobre. Se confirmó que la mayoría de los ministros no están ahí para hacer valer la constitución y hacer justicia, sino para legalizar los despojos y los abusos de los poderosos. A los trabajadores afectados por esta decisión, les decimos que no claudiquen, que no se desalienten, que sigamos luchando, que pronto, muy pronto, se tendrán condiciones para dar marcha atrás a todas esas medidas que afectan sus conquistas laborales.

También nos solidarizamos con los pueblos indígenas de Chiapas, ante los actos de provocación que se han venido suscitando en los últimos tiempos. Es muy irresponsable de parte del gobierno usurpador estar hostigando a comunidades que han optado por organizarse y defender, pacíficamente, sus legítimos derechos.

Exigimos la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos. También demandamos el castigo a los funcionarios responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos en Oaxaca.

Nos solidarizamos con los ciudadanos que en todo el país defienden los bosques, el agua y el medio ambiente. Expresamos nuestro apoyo a quienes se oponen a la destrucción del cerro de San Pedro, símbolo del estado de San Luis Potosí, por la acción depredadora de una empresa minera canadiense.

De manera especial, denunciamos al gobierno federal y al del estado de Hidalgo, porque han autorizado a una empresa española, modificando normas y creando nuevos reglamentos, la construcción de un basurero de desechos tóxicos en el municipio de Zimapán. Este pueblo prehispánico se encuentra ubicado en una zona de barrancas, y sus mantos acuíferos se verían seriamente contaminados con la operación de dicho basurero, causando graves e irreversibles daños a la salud y al medio ambiente.

En esta infamia, las autoridades se han puesto del lado de la empresa extranjera en vez de defender al pueblo. Actualmente hay unos 800 agentes de la Policía Federal Preventiva y se realizan sobrevuelos de helicópteros para intimidar a la población. Desde aquí, desde esta plaza, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Zimapán. Un grupo de abogados del gobierno legítimo presentará las demandas jurídicas correspondientes y acudirá a instancias internacionales.

Amigas y amigos de todo el país:

Es triste la realidad que se vive en nuestra Patria. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Millones de familias están padeciendo por falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable.

A los jóvenes se les ha cancelado el futuro, no tienen trabajo, son rechazados en las universidades públicas y no tienen para pagar las cuotas de las universidades privadas; se les orilla a emigrar, a abandonar a sus familias, a abandonar sus pueblos y a tomar el camino de las conductas antisociales. Muchos mexicanos, millones de hombres y mujeres viven hacinados, enfermos y sin seguridad social.

Santa Fe, los centros turísticos, las plazas comerciales, las colonias exclusivas donde viven los potentados y un corto etcétera, no son más que islotes en un océano de marginación y pobreza.

Por eso no podemos ni debemos cansarnos de pensar y de ser como somos. No hay nada más importante en esta vida que luchar por los humillados y ofendidos. En momentos aciagos, en momentos difíciles, insistir tercamente en construir una sociedad mejor, es poner en acción el humanismo y es contribuir, cuando menos, a alejar el desánimo de los que sufren y a mantener viva la llama de la esperanza.

Por eso fue acertado el no claudicar después del fraude, el darle continuidad a nuestro movimiento, el seguir enarbolando el proyecto alternativo de nación y seguir apostando a la construcción de una nueva República, donde no domine ni el odio, ni la codicia y lo principal sean los sentimientos y el bienestar del pueblo, su dignidad, su cultura y su inmensa bondad.

Este ideal que compartimos millones de mujeres y de hombres, podrá alcanzarse si seguimos trabajando todos los días, desde abajo, con la gente y con una inquebrantable fe en la causa que defendemos. El cambio que necesita México no lo impulsará la llamada sociedad política, tampoco vendrá de los potentados que insisten en profundizar la desigualdad y en mantener un régimen de corrupción y privilegios.

Lo que tendrá que venir saldrá del pueblo mismo como una aurora de libertad, y es hasta entonces que habrá patria para el pobre y patria para el humillado, y todos tendremos nuevas y poderosas razones para vivir, soñar y triunfar en este gran país, generoso y eterno.

¡Viva México!
¡Viva la Resistencia Civil Pacífica!
¡La patria no se vende, se ama y se defiende!

Muchas gracias.

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sábado, 28 de junio de 2008

Prepara Rosario Ibarra acción de inconstitucionalidad contra la Ley Gestapo

Ciudad de México, 28 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 460

PREPARA ROSARIO IBARRA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY GESTAPO
Declaración de la senadora en conferencia de prensa, respecto a la Reforma Judicial


El 28 de mayo pasado, se hizo en el Senado la declaratoria de que la mayoría de los Congresos locales habrían aprobado ya la reforma en justicia penal, la llamada reforma judicial o más popularmente conocida como Ley Gestapo, y que por tanto ésta podría ser promulgada y publicada en el Diario Oficial. Efectivamente, la semana pasada se publicó, completándose el proceso iniciado en diciembre pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó en primera instancia la mencionada reforma constitucional.

La aprobación y promulgación de esta reforma constituye un grave paso en el curso de vulnerar y limitar derechos para favorecer un régimen autoritario y policiaco. Es un paso que acompaña el proceso de militarización de la vida social, del incremento de presos políticos, del regreso a la práctica inhumana de la desaparición forzada de personas y de graves formas de tortura, así como de injustas condiciones carcelarias. Como parte de ese proceso de vulneración de derechos humanos, la reforma de justicia penal viene, como ya hemos dicho antes, a legalizar lo que antes era ilegal. Traducir en el terreno legal el curso autoritario y violatorio de derechos humanos que ocurre en la práctica.

La aprobación de esta reforma introduce un nuevo elemento a la crisis de representación política de las instituciones, incluido ahora el Poder Legislativo y ya no sólo el Ejecutivo con un presidente espurio. Nuevamente muestra la contradicción entre una mayoría legislativa autoritaria y el interés y la opinión de una mayoría popular expresada en la movilización en las calles que no es representada por los “representantes populares”. Se repite la contradicción entre mayoría legislativa y mayoría popular expresada antes en la reforma a la ley del ISSSTE y ahora en el intento de imponer la reforma energética.

En el caso de la reforma judicial se ha aprobado contra la opinión expresada también por muchos defensores de derechos humanos, de organismos de este tipo a nivel nacional e internacional, e incluso por las observaciones dirigidas a los grupos parlamentarios por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que seguramente aumentó el enojo gubernamental contra esta oficina de la que finalmente lograron a sacar a su representante en México.

Desde diciembre pasado una minoría legislativa, minoría pero con gran peso y sobre todo reflejando a una mayoría popular movilizada, votamos en contra de esta reforma. A principios de año la creciente opinión pública opuesta a la reforma obligó a que la mayoría legislativa tuviera que retirar uno de los aspectos más ominosos de la misma relativa a los allanamientos, pero sin lograr impedir que el resto de la reforma continuara el proceso de aprobación.

Especialmente desde el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) ubicamos a la lucha contra la reforma judicial, junto con la iniciativa de una ley de amnistía para presos y desaparecidos políticos, como los dos ejes principales de movilización para este año.

A pesar de todo lo anterior, la semana pasada se ha publicado y promulgado esta nefasta reforma que pretende elevar a nivel constitucional cambios que contradicen derechos y el espíritu mismo de la Constitución en cuanto a derechos humanos, civiles y políticos, especialmente en cuanto a lo que hasta ahora se han conocido como garantías individuales.

En este terreno destacan especialmente tres aspectos que dan la medida de la gravedad de lo aprobado:

1. Se constitucionaliza el arraigo, lo que contradice la declarada reivindicación del principio de presunción de inocencia. Por el contrario, al fortalecerse la práctica del arraigo se impone el criterio de que una persona es culpable o sospechosa y puede ser arraigada hasta que se demuestre su inocencia.

2. Se eleva a nivel constitucional una definición de delincuencia organizada que por su amplitud y laxitud se constituye en la base de la criminalización de la protesta y de la lucha social, así como de la solidaridad entre los que luchan en defensa de sus derechos.

3. Con esa definición de delincuencia organizada se crea un régimen especial, de excepción, tanto penitenciario como procesal, que permite prácticas de la época porfirista, como los traslados de detenidos o presos a lugares lejanos y diferentes, como los que ya vimos durante la represión en Oaxaca en los últimos dos años. Con la diferencia de que con esta reforma estas violaciones a derechos humanos y otras durante los procesos penales ya no podrán ser impugnadas como anticonstitucionales.

4. La constitucionalización de la orden de detención por parte del Ministerio Público sin contar con la orden de un juez.

Los autoritarios y violadores de derechos humanos en el poder, que están el poder incluso violando la ley y la voluntad popular, seguramente celebran la promulgación y publicación de la reforma en justicia penal como un triunfo definitivo.

Nosotros decimos que la lucha no ha terminado. Seguiremos oponiéndonos y peleando contra estas reformas y el régimen que las ha impuesto. Nuevamente nos encontramos frente a la contradicción entre una legalidad autoritaria y una legitimidad democrática.

Pero decimos que incluso todavía en el terreno legal hay una pelea que se puede dar. Escuchando los balances y preocupaciones expresadas por mis compañeros defensores de derechos humanos, por mis compañeros y compañeras del Comité Eureka! y la determinación de lucha del Frente Nacional Contra la Represión, así como la posición burlada de los legisladores que nos hemos opuestos a la reforma y al mismo tiempo estudiando y consultando la opinión jurídica de especialistas y asesores, me convenzo que todavía hay otro paso que dar en esta lucha.

Aunque se haya promulgado y publicado la reforma, es posible emprender una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Con todo y el desprestigio y desconfianza que ha generado la Corte y sus resoluciones ante otros reclamos de justicia, es un derecho que tenemos y debemos ejercer para no dejar un espacio de pelea.

Para interponer esta acción de inconstitucionalidad, que tendría la peculiaridad de denunciar no la contradicción de una ley secundaria con respecto a la Constitución, sino de una reforma constitucional aprobada por mayorías legislativas autoritarias contra el espíritu y el núcleo central del contenido de la Constitución aprobada en 1917 en cuanto a derechos de la ciudadanía que hoy conocemos como derechos humanos, se requiere el apoyo de por lo menos un tercio de legisladores de la Cámara de Diputados.

Para ejercer este derecho y evidenciar hasta sus últimas consecuencias la gravedad de la reforma aprobada es que hemos discutido y elaborado el texto para emprender la acción de inconstitucionalidad que ponemos a consideración de los legisladores a los que llamamos a suscribirlo y presentarlo ante la Suprema Corte, independientemente de las discusiones y posiciones que en el debate previo hubiéramos defendido, pero que hoy coincidamos en la necesidad de que se revise la inconstitucionalidad de la reforma en cuanto a la protección y vigencia de los derechos humanos.

Llamamos a las y los diputados federales de cualquier grupo parlamentario a escuchar los reclamos y protestas de defensores y organismos de derechos humanos, de la acción y movilización del Frente Nacional Contra la Represión, pero sobre todo al compromiso con esa necesaria protección y vigencia de los derechos humanos que estaba implícita en el compromiso de defender la Constitución que hoy se está adulterando con la reforma, pero que ustedes habían jurado respetar, a que se sumen a esta acción de inconstitucionalidad. Tenemos solamente un plazo de 30 días naturales desde la publicación de la reforma, para que por lo menos un tercio de los integrantes de la Cámara de Diputados presenten esta acción de inconstitucionalidad. Con todo respeto pero con firmeza les pido que la suscriban. Muchos años defendiendo los derechos humanos en que nos hemos apoyado en postulados de la Constitución, están a punto de ser negados con esta reforma y les ha tocado, nos ha tocado, la responsabilidad histórica de hacer todo lo posible por impedirlo. Seguramente que sus electores, que los votantes que les eligieron y los que no votaron por ustedes pero que quieren ver su consecuencia democrática, están observando su conducta y exigiendo ser escuchados en éste y en otros temas cruciales estos días. Pero más allá de su responsabilidad ante los electores está también su responsabilidad consigo mismos y con una necesaria consecuencia democrática que incluye el respeto a los derechos humanos.

México, D. F. a 26 de junio de 2008.

ROSARIO IBARRA

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Invita López Obrador a participar en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, mañana domingo a las 10 am en el Zócalo

Ciudad de México, 28 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 459

Sumario:

I.
Invita López Obrador a participar en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, mañana domingo a las 10 am en el Zócalo.

II. La disfrazada privatización de Pemex ¡No pasará! (declaración del Movimiento por la Unidad de los Socialistas)

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INVITA LÓPEZ OBRADOR A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA INFORMATIVA DEL MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DEL PETRÓLEO, MAÑANA DOMINGO A LAS 10 AM EN EL ZÓCALO


Por tratarse de un asunto de interés público y de la protección del patrimonio de la nación, Andrés Manuel López Obrador invitó al pueblo de México a participar el próximo domingo en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.

A partir de las 10 de la mañana, se dará a conocer en el Zócalo capitalino los detalles de la consulta popular sobre el futuro del sector energético, informó ayer el presidente legítimo de México a través de los micrófonos del matutino “La Red” de Radio Red.

López Obrador adelantó a los conductores del mencionado informativo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, que la consulta ciudadana se desarrollará en dos etapas. La primera se realizará el 27 de julio en el Distrito Federal y en aquellos municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista. La segunda fase podría programarse para la primera quincena de agosto y abarcará los 31 estados de la República, aclaró al comentar que las preguntas formuladas por el Instituto Electoral del Distrito Federal se aplicarían en ambos ejercicios ciudadanos.

Por tratarse del tema más importante en la vida nacional y del destino de millones de mexicanos y de las futuras generaciones, “el gobierno usurpador de Felipe Calderón debe aceptar que su iniciativa de reforma energética se someta al escrutinio público. Hay que preguntar de manera directa al pueblo, porque es el pueblo el que decide, subrayó.

Asimismo, el dirigente de la izquierda mexicana añadió que “en su propuesta de reforma energética, Calderón Hinojosa intenta otorgar un régimen de excepción a los 15 integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que representa a todas luces la legalización de la impunidad”.

En el transcurso de la entrevista, López Obrador manifestó que el caso Repsol es un claro ejemplo de la corrupción imperante en el gobierno calderonista. “La firma española se ha convertido en la empresa favorita del presidente pelele”, puntualizó.

Hizo énfasis en que Calderón puso en manos de Repsol un contrato de 21 mil millones de dólares para el abasto de gas, que se importa desde Perú. A costos reales, la operación no debería rebasar los 6 mil millones de dólares, pero las bases de licitación se elaboraron a la medida de las necesidades de la compañía española, con la deliberada intención de que obtuviera una utilidad superior a 15 mil millones de dólares, aseguró.

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LA DISFRAZADA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX ¡NO PASARÁ!
(declaración del Movimiento por la Unidad de los Socialistas)


Tan desprestigiada está en México y el mundo la palabra “privatización” (ya sabemos del fracaso y la corrupción resultantes de la privatización de los bancos, de Telmex o de las carreteras) que el gobierno espurio de Felipe Calderón no tuvo el valor de llamar a las cosas por su nombre y ahora dice que su reforma en materia petrolera no busca la privatización de Pemex. Nada más falso. Si le quitamos a Pemex la facultad exclusiva, como señala la Constitución, de explotar toda la cadena productiva y le entregamos a particulares la exploración, extracción y refinación del crudo, la petroquímica, el transporte y el almacenamiento del petróleo y sus derivados, ¿estamos o no privatizando? ¡Claro que sí! Ahora resulta que los neoliberales privatizadores también nos quieren ver la cara de tontos.

La consecuencia inmediata de la posible aprobación de la llamada “reforma energética” sería desastrosa para la nación y para la mayoría de los sectores sociales que la integran. En primer lugar, significaría una grave pérdida de soberanía, ya que al entregar la parte estratégica de la cadena productiva de Pemex a manos extranjeras, éstas quedarían en capacidad de subordinar nuestra riqueza petrolera a sus necesidades, particularmente de Estados Unidos y su política belicista y despilfarradora. Pero no sólo en ese aspecto habría pérdida de soberanía: la entrada de esas compañías vendría asociada a la llegada de sus “ejércitos privados”, también subordinados a la CIA y al Pentágono, tal como viene pasando en Iraq o Colombia y como se esboza en el llamado “Plan México”.

En segundo lugar, significaría un auténtico “golpe de Estado constitucional”, ya que por medio de una reforma a una ley secundaria, se estaría trastocando todo el contenido de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia petrolera y de toda la historia que les dio origen.

En tercer lugar, implicaría un grave deterioro en el nivel de vida de millones de mexicanos, ya que al ceder Pemex parte de la renta petrolera a particulares, el Estado dejaría de percibir 40 por ciento de sus ingresos y lo obligaría a reducir el gasto social o a aumentar los impuestos de los trabajadores.

En cuarto lugar, las propuestas del gobierno espurio están diseñadas para hacer más discrecional el manejo de Pemex, legalizar concesiones ilícitas a empresas nacionales y extranjeras y profundizar la corrupción sindical.

Finalmente, constituiría un golpe mortal al desarrollo científico y tecnológico de México en materia petrolera, ya que personal y tecnología de empresas extranjeras vendría a sustituir a científicos y técnicos mexicanos, significaría el cierre del Instituto Mexicano del Petróleo y la contracción de disciplinas universitarias como las de ingenieros petroleros, geólogos, geofísicos, etc.

Es por estas razones que amplios sectores de la sociedad están en proceso de convergencia para evitar lo que constituiría el verdadero “robo del siglo” y el regreso a las peores épocas del coloniaje imperialista sobre México. Sindicatos, organizaciones campesinas y sociales, estudiantes, intelectuales, sectores de la clase política y militar, pero sobre todo el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se están movilizando para tratar de impedir la consumación de este crimen. La toma de tribunas parlamentarias impidió la aprobación apresurada de estas reformas y obligó a la celebración del actual debate legislativo. Ahora este debate abarca todos los espacios de la vida nacional y la convocatoria a una Consulta Nacional para el próximo 27 de julio constituye un poderoso indicador de que el gobierno no la tiene fácil y de que existen amplias posibilidades de derrotar la propuesta gubernamental.

La realización de la Consulta Nacional del 27 de julio posee importancia histórica. Como bien señala la compañera Rosario Ibarra, existen decisiones políticas fundamentales que hacen a cada Constitución y que reflejan un pacto social histórico, que no pueden modificarse por votaciones de mayorías coyunturales o circunstanciales; es necesario el voto mayoritario del pueblo para modificarlas.

El precedente y significado de la opinión expresada por el pueblo el próximo 27 de julio serán, sin duda alguna, definitivos en la determinación del curso de nuestra nación en el próximo periodo. Una respuesta débil o contraria reforzará la ofensiva derechista en contra de los intereses nacionales, de las conquistas de la clase trabajadora, de las libertades democráticas y de nuestro nivel de vida. Por el contrario, una respuesta masiva a la Consulta que rechace la iniciativa privatizadora de Pemex evidenciará la ilegitimidad del grupo gobernante y servirá de poderoso acicate para los sectores que participan en la resistencia a la ofensiva neoliberal.

Si a pesar del rechazo popular, el grupo gobernante insiste en utilizar su mayoría para aprobar la reforma, estaremos ante una confrontación que pondrá a la orden del día la necesidad de realizar un Paro Nacional que no podría tener otro objetivo que el de impedir, a toda costa, la implementación de tal reforma.

Ante este escenario, los socialistas no tenemos ninguna duda en aportar nuestros modestos esfuerzos, sin sectarismo ni pretensiones mesiánicas, a la lucha por la defensa del principal patrimonio de la nación: el petróleo. Ello tampoco significa una integración subordinada y acrítica a dicho movimiento; proponemos la creación de un movimiento más amplio e incluyente, en donde las organizaciones sociales (sindicatos, Diálogo Nacional, agrupamientos democráticos, estudiantes, etc.) sean tomados en cuenta al igual que las organizaciones políticas. Proponemos la creación de un “movimiento de movimientos” que tenga la capacidad de imponer una nueva hegemonía a la barbarie neoliberal.

Además, sostenemos que el debate sobre el destino y uso del principal energético utilizado en México y el mundo debe abordar otros aspectos fundamentales que, hasta ahora, no han encontrado el debido interés.

1. El fin del petróleo barato y el sostenido crecimiento de los precios empuja al mundo hacia una nueva crisis global. Los patrones de producción, distribución y consumo basados en la irracional quema de combustibles fósiles están conduciendo al mundo hacia una catástrofe ecológica (“calentamiento global”). Ambas crisis y la intención de sustituir el petróleo por agrocombustibles contribuyen a encarecer los precios de los principales productos agrícolas y amenazan con hambrunas de proporciones bíblicas, algunas de las cuales ya son visibles en países de África y el Caribe. Los socialistas, totalmente comprometidos con una visión ecologista consecuente, proponemos iniciar acciones para la sustitución de los combustibles fósiles por energías alternativas, la eliminación de toda práctica productiva depredadora y la expropiación de las trasnacionales de la energía y de la alimentación, cuya actividad especulativa es, en gran medida, responsable de las mencionadas crisis.

2. Ahora que los principales países productores de petróleo —Arabia Saudita, Irán, Rusia, Venezuela, Noruega— se lanzan a recuperar este bien estratégico para utilizarlo como poderosa palanca del desarrollo nacional y de negociación, el gobierno espurio se encamina a una estúpida política entreguista. Ante este absurdo, los socialistas mexicanos hacemos un llamado para que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo vea más allá de “nuestras fronteras nacionales”. Es posible, incluso necesario, utilizar el arma del petróleo como elemento para alcanzar mejores relaciones comerciales entre los países productores, generalmente atrasados, y las metrópolis imperialistas. Ello requiere de la incorporación de México a la OPEP —de la cual hemos sido esquiroles en beneficio del imperio yanqui— y de la búsqueda de la integración energética con nuestros hermanos del resto de América Latina y el Caribe.

3. Proponemos una revolución fiscal que ponga fin al no pago de impuestos por parte de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Es fundamental exigir un fuerte impuesto progresivo, que grave hasta 40 por ciento de las ganancias del capital, para liberar a Pemex de la severa carga fiscal que le impide realizar las inversiones necesarias para dejar de exportar petróleo crudo en lugar de sus derivados. Ello redundaría en un sustancial incremento en el ingreso de divisas que compensaría una gradual reducción de la explotación petrolera a fin de garantizar el consumo de las generaciones futuras, forzar el desarrollo de tecnologías alternativas y reducir los peligros del calentamiento global.

4. Consideramos que debe fincarse responsabilidades penales en contra de todos aquellos que han participado en el otorgamiento de ilegales contratos de Pemex a particulares, en los actos de corrupción cometidos en su contra, así como realizar una auditoria a la deuda llamada Pidiregas antes de ser asumida por el Estado.

5. Los socialistas nos sumamos a diversas iniciativas provenientes de trabajadores petroleros democráticos, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de investigadores y de sectores nacionalistas que pugnan por la integración de Pemex en una sola entidad vertical, por el aprovechamiento de los excedentes petroleros para su fortalecimiento inmediato, por concebir la electricidad y el petróleo como asuntos de seguridad nacional y por lograr la plena complementación con el sector eléctrico.

6. Nos declaramos incondicionalmente del lado de los trabajadores petroleros en la defensa de su empleo y de su Contrato, pero también por impulsar la plena democratización e independencia de su sindicato y la expulsión de la mafia que lo mantiene secuestrado y al servicio del gobierno.

México D.F. a 28 de junio de 2008

¡Todos y todas a la Consulta Nacional del 27 de julio!
¡Unamos todas las resistencias en contra del neoliberalismo!

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miércoles, 25 de junio de 2008

Medidas que atacan síntomas, por Rogelio Ramírez de la O.

Ciudad de México, 25 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 458

Sumario:

I.
Medidas que atacan síntomas, por Rogelio Ramírez de la O.

II. Manifestación legítima, por La Lámpara de Diógenes

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MEDIDAS QUE ATACAN SÍNTOMAS
por Rogelio Ramírez de la O
(publicado en El Universal el 25 de junio de 2008)

El gobierno sigue cometiendo errores económicos. Apenas la semana pasada el Banco de México se sacudió sus presiones y mantuvo a salvo su reputación como una de las pocas instituciones realmente autónomas al aumentar la tasa de interés cuando el Ejecutivo lo había apercibido a reducirla. Con ello impidió mayores pérdidas en los bonos de las instituciones y las afores y corrigió una visión negativa que estaba surgiendo en el mercado internacional.

Ahí se juzgó como una presión del gobierno sobre el banco que un día antes de su decisión sobre tasas de interés el primero anunciara el congelamiento de precios de muchos alimentos procesados. Dicho congelamiento ratifica que el gobierno ahora interviene también en la fijación de precios de la industria.

Por ello sorprende que la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) haya apoyado este programa y comprometido así a las industrias, pues bien sabe que, salvo los monopolios, las empresas ya no pueden con los aumentos de costos.

Según la rama de que se trate, la sola electricidad y el gas han tenido aumentos de alrededor de 60%. Cómo concibe la Concamin que las empresas congelen sus precios con este incremento de costos, desafía la imaginación.

Ni la Concamin ni el gobierno parecen apreciar que la supervivencia de muchísimas empresas está ya en entredicho, golpeadas por altos precios de la energía, por el IETU y por los altos precios de monopolios. Para el sector de alimentos elaborados, si se congelan sus precios cuando aumentan los de energía, incluyendo fertilizantes y los de granos y oleaginosas, resulta un estrangulamiento que tarde o temprano acabará en desabasto.

Así, cada vez es más claro para mercados financieros e industria que el gobierno sólo ataca los síntomas, mas no el origen de los problemas y en ese afán está dispuesto a intervenir en los mercados. Parece no darse cuenta de que eso se esperaba de un gobierno populista, pero no de uno del PAN.

Hay una explicación, sin embargo. La naturaleza de los problemas económicos de hoy rebasa los esquemas simples con los que ingenuamente el gobierno pensó que iba a conducir la economía hacia buen rumbo.

Frente a problemas que ni siquiera imaginó por falta de visión, hoy es como un barco sin brújula que puede virar hacia cualquier lado. Al agudizarse la inflación y la debilidad de la economía, seguirá recurriendo a “soluciones” de efecto mediático, pero sin capacidad de resolver nada de fondo, trátese de subsidios o de controles de precios.

Y la turbulencia mundial apenas comienza y será peor que lo que hemos visto. El gobierno no tiene ninguna oportunidad para superarla, a menos que revise a fondo, libre de dogmas, cuando menos los costos y precios altos de la energía, la soberanía alimentaria, los monopolios y el costo excesivo de su burocracia. Sin eso, sus intervenciones sólo van a estorbar el funcionamiento de los mercados, a minar el clima de negocios y a reducir la capacidad de recuperación de la economía.

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MANIFESTACIÓN LEGÍTIMA
Por La Lámpara de Diógenes

(http://lamparadediogenes.blogspot.com)

Este lunes 23 de junio, ciudadanos en resistencia civil pacífica se reunieron frente a las puertas de Instituto Federal Electoral (IFE) para dejarle en claro quién es el único presidente de México, al clausurar simbólicamente sus oficinas centrales, ya que la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto consideró que el uso de la frase “presidente legítimo” en los spots de radio y televisión del PRD y PT tienen por objeto restar autoridad o desconocer la validez jurídica de quien usurpó la presidencia de la República.

A pesar de la lejanía, a pesar de ser lunes y muy a pesar de quienes denuestan el movimiento de resistencia civil pacífica, en punto de las dos de la tarde más de un centenar de personas llegaron como pudieron, en metro, en tren ligero, en microbús o en autos propios desde diferentes puntos de la ciudad y del Estado de México, como Ecatepec, Chalco y Naucalpan, para reclamarle al IFE su ridícula determinación y su intolerancia a la libre expresión, por lo que procedieron a extender frente a sus puertas una gran manta de 80 metros donde se leía “Andrés Manuel López Obrador presidente legítimo de México”.

Gerardo Fernández Noroña, secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del CEN del PRD, también dejó en claro que el Ppartido seguirá usando la figura de la presidencia legítima, que seguirá reconociendo a López Obrador como presidente legítimo de México y recalcó: “Seguiremos transmitiendo los spots con la ‘frase prohibida’, que multas vengan y vayan pero no vamos a renunciar a nuestro derecho a la libre expresión y manifestación de la ideas, es lo mínimo que podemos hacer”. Mientras tanto, los ciudadanos ahí reunidos llevaron fajos que representaban billetes de diferentes denominaciones, incluso dólares, para solventar un poco, decían, la millonaria multa impuesta a los partidos que conforman el Frente Amplio Progresista (FAP) y los lanzaron al aire quedando regados por toda la entrada de las instalaciones ante la mirada de los pocos guardias que custodian el acceso y de algún que otro curioso que se asomaba desde el interior del IFE.

Ante la pregunta de algunos medios acerca de su cargo, Fernández Noroña aclaró que la Secretaría de Comunicación del PRD no está a cargo de Guadalupe Acosta Naranjo y que esa responsabilidad únicamente recae en su persona, por lo que puntualizó que no pagarán la multa impuesta pero que sí se impugnará y combatirá por medio de todas las formas legales y pacíficas la resolución del IFE.

Mientras la megamanta de 80 metros de longitud era sostenida por varios de los miembros de la resistencia civil pacífica frente a las oficinas centrales del IFE, la mayoría de los automóviles que pasaban, por la lateral del Viaducto-Talpan, tocaban sus bocinas en señal de apoyo y se detenían para observar con asombro el tamaño del letrero.

Para finalizar, como siempre, se entonó el himno nacional y se invitó a no faltar este domingo 29 a las diez de la mañana al Zócalo de la Ciudad de México para asistir a la asamblea informativa en defensa del petróleo.

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martes, 24 de junio de 2008

“Lo que me da el pueblo, no me lo puede quitar el IFE”, declara López Obrador, presidente legítimo de México

Ciudad de México, 24 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 457

“LO QUE ME DA EL PUEBLO, NO ME LO PUEDE QUITAR EL IFE”, DECLARA LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO

Al concluir un recorrido de dos meses por 130 ciudades de los 31 estados del país, Andrés Manuel López Obrador manifestó que la mancha de un fraude electoral no se quita ni con toda el agua de los océanos y aseguró que el Consejo General del IFE no le podrá retirar con una prohibición el nombramiento de presidente legítimo de México, porque el cargo se lo confirió el pueblo.

Desde la zona oriente del Estado de México, López Obrador precisó a los consejeros del mencionado órgano electoral: “lo que me da el pueblo, no me lo puede quitar el IFE” y afirmó que la restricción para usar el nombre del cargo que ostenta en spots de radio y televisión es “un buen signo, es una buena señal, porque —los adversarios políticos— no se preocuparían de nosotros y de nuestro movimiento, si no representáramos nada”.

A casi dos años del fraude electoral, Felipe Calderón tiene todavía pesadillas, trae problemas y no está tranquilo con su conciencia, porque está plenamente consciente de que él no ganó la Presidencia de la República, afirmó Andrés Manuel López Obrador, y agregó: “desde que usurpó la Presidencia de la República, hace 18 meses, Calderón Hinojosa resultó ser un inepto, no sirve para nada, aparece, pero es un cero a la izquierda en las materias económica, de bienestar social, empleo, educación y seguridad”.

En las asambleas informativas con brigadistas en defensa del petróleo de los municipios de Tlalmanalco, Chalco y Valle de Chalco, así como de Ixtapaluca, reiteró su decisión de convocar a una movilización nacional “si el presidente pelele y la derecha panista, en complicidad con la cúpula priista, intentan imponer la denominada reforma energética, para entregar el petróleo a compañías multinacionales”, aclaró el presidente legítimo de México

Ante los brigadistas de Tlalmanalco, informó que el próximo domingo se reunirán aproximadamente 200 mil brigadistas de todo el país en el Zócalo de la Ciudad de México para definir la logística de la consulta popular del próximo 27 de julio en los municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista.

Al manifestar que el equipo defensor del petróleo avanza 12-0 sobre el grupo privatizador del petróleo, el presidente legítimo de los mexicanos se congratuló por el inicio de una serie de debates sobre la reforma energética en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Luego, en Chalco, resaltó que la derecha panista y la cúpula del PRI intentarán con toda seguridad imponer los cambios legislativos encaminados a privatizar la industria petrolera, aunque el mayor número de mexicanos exprese su rotundo rechazo en la consulta ciudadana y aunque se ganen todos los debates en el Senado de la República.

Llamó entonces a los ciudadanos a estar atentos y a participar en las movilizaciones en la defensa del petróleo, “porque bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo vamos a permitir que el patrimonio de la nación pase a manos de particulares”, a pesar de la mucha hambre de dinero que tiene una minoría rapaz.

En Valle de Chalco, en Ixtapaluca y en Chimalhuacán, López Obrador informó que en 18 meses del gobierno usurpador aumentaron los precios de los artículos de primera necesidad y de consumo generalizado, en algunos casos hasta cien por ciento, mientras que el salario creció tan sólo 4 por ciento.

Consideró como un acto de cinismo el anuncio hecho por Calderón de congelar los precios de alrededor de 150 productos chatarra, como son jugos, tés y un importante número de enlatados que no forman parte de la dieta de las familias mexicanas. Sin embargo, aclaró que los precios del arroz, del frijol, del aceite, del huevo, de la leche y de la tortilla sufrieron aumentos significativos y “con un anuncio demagógico quieren engañar al pueblo”, con la ayuda de la televisión, afirmó el dirigente de la izquierda mexicana.

El ex candidato a la presidencia nacional del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez; el presidente municipal de Chalco, Vicente Onofre; el diputado federal del PRD, Alberto López Rojas; la secretaria para el Estado de Bienestar, Martha Pérez Bejarano, regidores y el diputado local del PRD, Higinio Martínez Miranda, acompañaron a López Obrador en las asambleas informativas que se realizaron este día en 6 municipios del oriente del Estado de México.

Para el domingo, 29 de junio, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, asistirá a las 10 de la mañana a la asamblea nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México.

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lunes, 23 de junio de 2008

Habrá movilización nacional si Calderón no acepta los resultados de debates y consulta nacional, anuncia AMLO

Ciudad de México, 23 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 456

Sumario:

I.
Habrá movilización nacional si Calderón no acepta los resultados de debates y consulta nacional, anuncia AMLO

II. “La consulta, un logro del movimiento ciudadano”, declara el Comité de intelectuales en defensa del petróleo

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HABRÁ MOVILIZACIÓN NACIONAL SI CALDERÓN NO ACEPTA LOS RESULTADOS DE DEBATES Y CONSULTA NACIONAL, ANUNCIA AMLO


Al término de su semana de actividades de organización de las brigadas en defensa del petróleo, el día de ayer Andrés Manuel López Obrador declaró que “el pueblo de México se movilizará en todos los municipios del país para impedir la aprobación de la llamada reforma energética si el gobierno espurio de Felipe Calderón y los legisladores del PAN y del PRI no aceptan los resultados de los debates y de la consulta popular”.

Confiado en que la consulta popular del 27 de julio próximo rechazará la privatización de la industria petrolera nacional, el presidente legítimo de México subrayó que “los potentados y el gobierno usurpador tienen la oportunidad de aceptar la voluntad ciudadana expresada en una consulta popular y que sea el pueblo el que decida si es conveniente o no entregar el petróleo a manos de empresas extranjeras”.

“Si la minoría rapaz insiste en que le conviene al país la privatización de la industria petrolea, pues entonces que este asunto se someta a la consideración de los mexicanos”, insistió al preguntar: “¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Todavía tienen tiempo para aceptar que el pueblo de México decida sobre la entrega de Petróleos de México a empresas trasnacionales”, manifestó.

Al expresar que si el gobierno usurpador no acepta la consulta y quieren imponer un acuerdo entre el PRI y el PAN para aprobar la privatización de Pemex, López Obrador sostuvo que “los mexicanos no lo vamos a permitir y estamos hablando en serio y con mucha responsabilidad”.

Destacó que la derecha panista considera que “poniéndose de acuerdo arriba, van a tener los votos suficientes para aprobar la reforma energética, pero se equivocan porque están los debates y falta todavía la consulta popular. Si el gobierno espurio no convence con los debates que se organizan en el Senado de la República y pierden la consulta, que se olviden de la privatización, porque no lo vamos a permitir”, reiteró.

Al reunirse con los brigadistas en defensa del petróleo de Tehuacán (Puebla), Ciudad Mendoza, San Andrés Tuxtla (Veracruz) y Tuxtepec (Oaxaca), López Obrador explicó que el intento del gobierno espurio de privatizar el petróleo forma parte de la política económica entreguista y antipopular que se viene aplicando desde hace 25 años.

El dirigente de la izquierda mexicana señaló que no hay nada que le impida a Felipe Calderón construir las tres refinerías que necesita el país para dejar de comprar en el extranjero 40 por ciento del consumo nacional.

Detalló que la política económica neoliberal beneficia sólo a una minoría rapaz, mientras que deja en el abandono las actividades productivas y al campo, lo que ha provocado el desempleo, la migración y la pobreza en el país. Mencionó que la política económica que aplica el gobierno calderonista provocó que los campesinos no tengan dinero para comprar los fertilizantes. “Y para enfrentar la carestía, comentó, el presidente pelele importa maíz y frijol del extranjero y al mismo tiempo congela los precios de artículos chatarra”.

“La crisis económica, política y social que vive México se ha detenido por contar con tres válvulas de escape: la migración, la economía informal y la responsabilidad del pueblo de México. En los últimos 25 años el sur del país está más abandonado, marginado y pobre, como sucede en Centroamérica, y el centro y el norte de México están como hace 20 años estaban los estados del sureste mexicano: con más carestía y pobreza”, señaló.

Desde esta ciudad, el presidente legítimo de los mexicanos invitó a los aproximadamente 200 mil brigadistas a participar el próximo 29 de junio a la asamblea del movimiento nacional en defensa del petróleo, que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se informará sobre la logística y la organización de la consulta popular del 27 de julio que llevará a cabo en el Distrito Federal y en 500 municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista.

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“LA CONSULTA, UN LOGRO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO”, DECLARA EL COMITÉ DE INTELECTUALES EN DEFENSA DEL PETRÓLEO

No se puede ignorar la tensa, muy difícil o trágica situación del país. Entre las demostraciones de que no todos los tiempos son iguales:

Violencia radical del narcotráfico con altísimo costo de vidas (no sólo de los directamente involucrados); crisis del aparato de seguridad nacional; destrucción creciente del tejido social; expansión del miedo y el pánico en amplísimos sectores; carestía insostenible; desastre –reconocido por todos– de la enseñanza pública y la privada; ansiedad por reducir el proceso electoral a una compraventa de votos; crisis acentuada y efectiva del Poder Judicial; apoyo de funcionarios al sistema de ecocidios (sobrexplotación del agua, destrucción de bosques, contaminación) que ratifican la monstruosidad del neoliberalismo; impunidad de los poderosos que se ostentan como la nueva “autoridad moral”; campaña intensa de privatización de los recursos energéticos; funcionarios cuya permanencia es un desafío grave a la legalidad (Juan Camilo Mouriño, Ulises Ruiz, Mario Marín); campañas de linchamiento moral de los opositores…

Hay, sin embargo, razones, y muy significativas, para un optimismo racional o, si se quiere, para un replanteamiento positivo de las circunstancias actuales:

–Emergencia de sectores y personas en el análisis de la realidad, las decisiones participativas y las protestas. Las movilizaciones de los últimos tiempos no son calificables de izquierda en el sentido ideológico tradicional, sino como movimientos, de ciudadanía y ciudadanización, conceptos primordiales y ligados ya al fortalecimiento de la soberanía popular.

–Fracaso estrepitoso de los defensores del proyecto de Felipe Calderón en el debate sobre reforma energética. Carecen de argumentos sólidos, se entregan a la inútil y penosa manipulación de leyes y cifras, son inconexos y desinformados por sistema.

–Fracaso notable de los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN en la política informativa sobre los hechos básicos del país. Los promotores de la privatización del petróleo se burlan de los mexicanos que no entienden de tecnología y ellos mismos, a la hora de evaluar su proyecto, lo reducen a lugares comunes del autoritarismo cantinflesco. Además, ¿de dónde proviene la ignorancia de la sociedad en asuntos de extrema importancia? De quienes, mediante la represión y el oscurecimiento informativo de la televisión, han alentado por décadas la despolitización y aíslan y persiguen las actitudes politizadas. Los gobiernos federales desalientan desde hace mucho tiempo las acciones de la ciudadanía. También el desbordamiento de la ignorancia afecta en primer término a la clase gobernante, que nunca explica sus proyectos básicos y carece de la costumbre de razonar.

–El gobierno federal aceptó el debate sobre la reforma petrolera y ahora se propone ignorarlo, asfixiar su desarrollo y enterrar sus conclusiones. Con todo, este debate es otro de los signos irrefutables que anuncian una sociedad distinta, que va adquiriendo la capacidad de convocarse a sí misma.

–La clase gobernante fracasó en su intento de impedir por entero la consulta. El propósito de la consulta no es negar las facultades del Congreso, sino rechazar la privatización del punto de vista de la nación y no aceptar que sólo “los expertos” decidan el presente y el porvenir del país. La ciudadanía exige su inclusión en la toma de medidas que la afectan centralmente. Al oponerse a la consulta, la clase gobernante despliega el tamaño de su miedo a los ciudadanos y de su desconfianza ante su escasísimo poder de convencimiento.

–El fracaso impresionante de la derecha, que en décadas no ha ganado una sola de las batallas culturales en el país, no ha conseguido abolir los derechos de las mujeres ni de las minorías sexuales, ni ha detenido en lo mínimo el avance de sus odios predilectos: la laicidad, el laicismo, la secularización (ejemplo reciente: la devolución por parte de la diócesis de Guadalajara de 30 millones para el Santuario de los Mártires). Si en las batallas culturales la derecha viene a menos, estamos aún lejos del respeto a los derechos humanos, del fin del racismo y del reconocimiento pleno a los derechos indígenas.

–Movilización en amplios sectores de la sociedad, que no aceptan como respuesta la frialdad, el azoro, el desprecio, la inercia o el odio de la clase gobernante.

Antes lo dominante fue el pesimismo como determinismo. Hoy las circunstancias han cambiado. Nadie autoriza el optimismo, pero la tesis de la indefensión absoluta de la sociedad es, en última instancia, un comercial más del neoliberalismo.

Así, la consulta sobre la reforma energética es una saludable ampliación de la democracia y un logro del movimiento ciudadano.

Atentamente

Comité de intelectuales en defensa del petróleo

Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz Polanco, Antonio Gershenson, Margo Glantz, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Luis Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Víctor Manuel Toledo, Héctor Vasconcelos, Javier Wimer.

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sábado, 21 de junio de 2008

Advierte López Obrador sobre componendas PRI-PAN para privatizar el petróleo

Ciudad de México, 21 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 455

Sumario:

I.
Advierte López Obrador sobre componendas PRI-PAN para privatizar el petróleo

II. Hambruna (3), por Alejandro Encinas

III.
Vivir Mejor: mil usos, por José Luis Piñeyro

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ADVIERTE LÓPEZ OBRADOR SOBRE COMPONENDAS PRI-PAN PARA PRIVATIZAR EL PETRÓLEO


Desde el norte de Veracruz, Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a estar atentos porque con toda seguridad los legisladores del PRI presentarán en el Congreso una iniciativa de reforma energética “empanizada”, con el sello de Acción Nacional.

El presidente legítimo de México no descartó “la posibilidad de que las propuestas priista y la enviada por el presidente pelele, Felipe Calderón, se discutan en agosto, en un periodo extraordinario de sesiones”, pero aclaró que los mexicanos no permitiremos bajo ninguna circunstancia que el petróleo pase a manos de empresas multinacionales: “No se va a permitir la privatización del patrimonio de la Nación, vale más que vayan previéndolo desde el gobierno usurpador, porque no vamos a permitir la privatización de la industria petrolera”, puntualizó.

En entrevista que concedió al término de la asamblea informativa que sostuvo con los brigadistas en defensa del petróleo de la importante ciudad petrolera de Poza Rica, el presidente legítimo de México destacó la necesidad de que los legisladores y las cúpulas de las fuerzas políticas nacionales antepongan los intereses del pueblo sobre el interés de particulares y compañías extranjeras.

Más allá de cualquier encuesta o sondeo, hizo énfasis en que el mayor número de los ciudadanos le manifiesta, en los recorridos que realiza por la geografía nacional, su rechazo a la pretensión de depositar el petróleo en manos de extranjeros.

Reiteró que los aproximadamente 200 mil brigadistas, junto con miles de mexicanos, iniciarán movilizaciones en todas las regiones del país, precisamente cuando los legisladores intenten aprobar un dictamen de la iniciativa privatizadora, sea la presentada por Calderón o por los priistas.

En la reunión informativa con aproximadamente tres mil brigadistas de Poza Rica y municipios aledaños, López Obrador informó que el general Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera para beneficio de los mexicanos y bajo ningún pretexto los mexicanos permitiremos que sea devuelta al capital privado extranjero.

López Obrador subrayó que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Puso de ejemplo que la mezcla mexicana se cotiza en más de 110 dólares por barril, mientras que la extracción del crudo tiene un costo de apenas cuatro dólares por barril.

México podría convertirse en una potencia energética, si el petróleo es bien administrado y se combate la corrupción en Petróleos Mexicanos, aclaró el dirigente de la izquierda mexicana al informar que el próximo 27 de julio se llevará a cabo en la Ciudad de México y los municipios gobernados por el PRD, PT y Convergencia —un aproximado de 500— una consulta popular sobre la llamada reforma energética.

Al destacar la participación del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, en los debates que sobre el tema se realizan en el Senado de la República, el presidente legítimo de los mexicanos también mencionó que en la primera quincena de agosto se organizará una consulta ciudadana en los municipios restantes de la República Mexicana.

Informó también que en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, del próximo domingo 29 de junio, en el Zócalo de la Ciudad de México, se dará a conocer la logística de la consulta pública, y aseguró que el pueblo de México tiene la obligación y el derecho a expresar su opinión sobre los temas nacionales.

“Es necesario pasar de la democracia representativa a la democracia participativa”, enfatizó posteriormente ante los brigadistas de Huahuchinango, Puebla.

“La patria no se vende, la Patria se defiende”, expresó al proponer la construcción de tres refinerías en el país para dejar de importar 40 por ciento del consumo nacional de gasolinas.

Sin embargo, aclaró que “el gobierno usurpador de Felipe Calderón y el delincuente confeso, Juan Camilo Mouriño, prefieren entregar contratos en las áreas eléctrica y energética a empresas extranjeras, porque son representantes de los intereses de una minoría rapaz”.

Luego, en una segunda entrevista, López Obrador declaró que el nombramiento de presidente legítimo de México se lo confirió el pueblo de México y dijo sentirse bien y con la conciencia tranquila, a pesar de que el Consejo del Instituto Federal Electoral determinó que sea retirada la frase de presidente legítimo en todos los spots televisivos y radiofónicos.

Pero dejó en claro que “si a mí me quitan el nombramiento de presidente legítimo, entonces ya no va a haber presidente en México, porque el otro —Calderón— además de espurio, resultó ser un inútil, incapaz e inepto”.

Sustentó su afirmación en que Calderón autorizó aumentos de precios de alimentos básicos y de consumo generalizado, así como de las tarifas de bienes y servicios. Tan sólo el precio de la tortilla pasó de 6 a 12 y hasta 14 pesos por kilogramo en tan solo 18 meses de mal gobierno carderonista.

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HAMBRUNA (3)
por Alejandro Encinas

(publicado en El Universal el 21 de junio de 2008)

México no escapa a los problemas de la crisis alimentaria mundial: escasez en el abasto y aumento en los precios de los alimentos, incrementando la desigualdad y la pobreza en demérito de la calidad de vida de la población en general.

A pesar del fracaso de las políticas neoliberales que desmantelaron el aparato gubernamental de fomento de la producción rural, las medidas anunciadas por Felipe Calderón reiteran las acciones que condujeron al abandono del agro nacional: eliminar aranceles y canalizar subsidios a los grandes agricultores y a las empresas comercializadoras. Los defensores del neoliberalismo sostuvieron que para mantener bajas tasas de inflación era necesario importar alimentos baratos y que no era relevante incrementar nuestra dependencia alimentaria dada la disponibilidad de productos en el mercado internacional.

Hoy, pese a las evidencias del equívoco, se insiste en lo mismo. Eliminar aranceles a las importaciones profundizará la dependencia alimentaria del país y no frenará el aumento en los precios, ya que el mercado de alimentos es objeto de la especulación que realizan las empresas transnacionales que controlan el comercio internacional, como lo demuestra el alza de precios en EU, de donde procede 85% de nuestras importaciones de alimentos. Más aún, no sólo no abatirá el alza en los precios, sino que, como reconoce el programa de acciones en apoyo a la economía familiar, los alimentos registrarán un incremento mensual, en especial el maíz, que aumentará su precio hasta en 10% en los próximos meses.

Se establecen además subsidios a la comercialización —no a la producción— hasta por 625 pesos por tonelada de maíz, de los cuales 185 son apoyos a la pignoración, 150 para fletes, 150 para cubrir el costo de la prima de cobertura en la bolsa de futuros de Chicago, y 100 pesos más de garantía para las empresas comercializadoras, que serán, como en el pasado inmediato, las beneficiarias de estas medidas, pues en tanto los productores nacionales recibirán entre 2 mil 700 y 2 mil 800 pesos por tonelada bajo el esquema de agricultura por contrato, empresas como Cargill, Archer Daniel Midland, Minsa y Maseca alcanzarán grandes ganancias a partir del diferencial de precio. Sólo Cargill, que domina 70% del mercado nacional y que realizó compras a futuro por 900 mil toneladas de maíz, obtendrá una ganancia por más de mil 200 millones de pesos por subsidios gubernamentales en seis meses.

Calderón insiste en que no tolerará especuladores ni acaparadores y que se castigará a quienes pretendan lucrar con el hambre de los mexicanos; pero no sólo se transfieren subsidios a las grandes comercializadoras, sino que no se establecen mecanismos de control para evitar que los agricultores subsidiados —dado el aumento en los precios internacionales— exporten sus productos en lugar de garantizar al abasto nacional, lo que distorsiona más estos subsidios cuyo propósito fundamental debiera ser reactivar la producción y garantizar el acceso oportuno a alimentos baratos y de calidad a la población.

La crisis alimentaria exige de nuevas políticas y enfoques que permitan revitalizar la producción agropecuaria, canalizando créditos, insumos, capacitación, desarrollo tecnológico y apoyos diversos a los grandes agricultores y a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, que permitan recuperar la economía campesina y el mercado interno; e impulsar iniciativas legales que garanticen la seguridad alimentaria del país, dejando atrás la aplicación de medidas que sólo benefician a los grandes consorcios y que han acreditado su alto costo social.

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VIVIR MEJOR: MIL USOS
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 21 de junio de 2008)

Apenas empieza el bombardeo mediático de Vivir Mejor (VM) en radio, tv y diarios; sin duda, el próximo año electoral el campo de batalla comicial será sometido a una saturación total. Si bien Carlos Salinas usó como arma de votación al programa Solidaridad, éste se quedó corto frente a la euforia publicitaria de Calderón.

Bajo el lema de campaña VM se cobijan acciones en materia de seguridad pública, como sucedió con la inauguración del Centro de Mando de la PFP, además de acciones de seguridad social (otorgamiento de crédito para vivienda), de salud (prevención del consumo de drogas, diabetes y obesidad), entre otras. Es de esperar que dentro de poco se incorpore el logotipo de VM en la generación de empleo, reforestación, educación, etcétera, hasta abarcar todas las secretarías de Estado y organismos públicos encargados de atenuar que no de solucionar esos problemas nacionales (alimentación, salud, vivienda, empleo, educación y deterioro ambiental), para los cuales no existen políticas de Estado sino transitorias políticas públicas sexenales con una estrecha lógica de partido.

La publicidad gubernamental tendría que ser una herramienta para ensanchar los derechos de las personas. Sólo debería autorizarse transmitir mensajes que contribuyan a cumplir con las funciones de las secretarías de Estado. De qué sirve a la ciudadanía que le informen hasta el cansancio logros alcanzados más en la mente de los gobernantes que en la realidad diaria de los gobernados.

Deberían transmitir mensajes que informen sobre los requisitos para ser beneficiario de un programa social, cuáles son los tiempos para solicitar apoyos agropecuarios, campañas para cuidar el agua y el ambiente, contra la violencia de género y la drogadicción, entre muchas acciones que podría hacer un gobierno democrático en verdad preocupado por la nación.

La publicidad gubernamental cuesta. Sólo para el año 2008, se aprobaron 985.4 millones de pesos para la partida de comunicación social y publicidad. De estos, 85 están asignados al Poder Legislativo para convencernos de que sí trabajan. Los restantes 900 millones fueron aprobados para uso del Presidente; hoy vemos que eran para la campaña publicitaria rumbo al 2009; esa cantidad es casi 250 millones de pesos más que los aprobados en 2006.

Hoy, senadores del PRI y del PRD se dice que están elaborando una reforma para evitar el uso electoral de los programas sociales, parece que no entienden que el principal uso electoral de esos programas es a través de la propaganda del gobierno. Recordemos la repetición hasta el hartazgo de los anuncios foxistas: “Si seguimos por el mismo camino…”. Todo indica que el año venidero, la campaña calderonista de VM y pro PAN va a arrasar con una guerra de alta intensidad para ganar las mentes y los corazones del electorado.

Para evitarlo, hay dos caminos: el primero, más complejo, legislar en materia de publicidad gubernamental; el segundo, menos complicado porque atañe sólo a la Cámara de Diputados es establecer en el Decreto de Presupuesto de 2009 que sólo se autoriza el gasto en publicidad gubernamental cuando los mensajes coadyuven al cumplimiento de los objetivos de las secretarías de Estado, establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los diputados tienen la palabra. Sería una muestra de actitud democrática para impulsar una competencia electoral equilibrada entre los partidos políticos.

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Lo que el viento, el TEPJF y el IFE se llevaron, por Lorenzo Meyer

Ciudad de México, 21 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 454

Sumario:

I.
Lo que el viento, el TEPJF y el IFE se llevaron, por Lorenzo Meyer

II. Acta por acta, por Carmen Aristegui F.

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LO QUE EL VIENTO, EL TEPJF Y EL IFE SE LLEVARON
por Lorenzo Meyer
(publicado en Reforma el 18 de junio de 2008)

Una herencia de desconfianza fue el resultado del proceso electoral del 2006, las élites que debían organizar y vigilar esos comicios no estuvieron a la altura que se requería

Lo que se perdió

En una sociedad tan material, cultural y políticamente dividida como es hoy la mexicana, un mínimo sentido de responsabilidad obligaba a sus élites a ser en extremo cuidadosas con los pocos elementos de unión de sus integrantes. A partir del 2000, uno de esos elementos fue un consenso significativo sobre las reglas formales del juego político, las democráticas. Sin embargo, seis años después, ese consenso desapareció porque los encargados de sostener las reglas no supieron estar a la altura de su responsabilidad y lo que era el gran acuerdo nacional se lo llevó el viento político.

Responsabilidades

Ese viento político nació de las viejas inercias, de los intereses creados, de la indiferencia de una buena parte de la ciudadanía y del miedo, voracidad y cortedad de miras de las minorías rectoras. Lo tan duramente ganado, que funcionó relativamente bien entre 1997-2000 y seis años más tarde se desvaneció, fue el consenso sobre la credibilidad de las instituciones electorales federales mexicanas.

La responsabilidad fundamental por la reaparición de la desconfianza en el voto la tuvieron sus guardianes: el presidente de la República, el Instituto Federal Electoral (IFE) y, desde luego, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las dos últimas instituciones dotadas en exceso de recursos públicos pero finalmente carentes del sentido de su responsabilidad histórica, ética y profesional.

Lo que buscó y encontró Crespo

La prueba contundente —aritmética, jurídica y moral— de las graves fallas del IFE y del TEPJF se encuentra en el libro que acaba de publicar José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Random House, 2008). Esta obra ya ha sido reseñada por otros colegas en estas mismas páginas, pero su importancia es tal que se justifica volver e insistir sobre sus tesis y su significado político e histórico.

El razonamiento de Crespo para condenar sin apelación al TEPJF, al IFE y a todos los que interesadamente sostuvieron como válidas las decisiones de esas dos instituciones que dieron el triunfo al candidato del PAN en el 2006 es claro. Parte del examen de más de 60 mil actas de escrutinio —que equivalen a la mitad de los 300 distritos electorales en los que se encuentra dividido el país— y tras constatar la cantidad de errores aritméticos que contienen —la inconsistencia entre el total de votantes en la casilla, el total de boletas encontradas en la urna y la votación total emitida, incluidos los votos nulos o por candidatos sin registro más los de los representantes de casilla y funcionarios electorales— llega a la única conclusión posible: con esos datos no es posible saber con la certeza que la ley y el sentido común requieren, quién ganó la elección presidencial del 2006. Y sin certeza, la elección no cumplió su función básica: dotar de legitimidad al jefe del Poder Ejecutivo y a su gobierno.

Dada la pequeña diferencia en votos entre el primer y segundo lugar en la contienda —233 mil 831 sufragios de un total de 41 millones 557 mil 430—, los errores aritméticos de las actas —316 mil 539— superan la diferencia y son determinantes. Pero si a lo encontrado en una mitad de las actas se le añade una proyección sobre de la otra mitad, el gran total es de casi tres veces la diferencia oficial de votos entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo que no se hizo

Entre el IFE y el TEPJF sólo abrieron el 18.5 por ciento de los paquetes impugnados, pero la letra y espíritu de la ley, además de lo espeso del ambiente de sospecha que ya se respiraba, debieron llevar al recuento del otro 81.5 por ciento de los paquetes. De haber ocurrido lo anterior se corría el riesgo de tener que anular la elección. Sólo una decisión tan drástica hubiera podido asegurar el sostenimiento de la credibilidad del resultado ante la oposición, pero finalmente los “guardianes de la legitimidad electoral” optaron por otra vía y a la que no tenían derecho: condenar pero sin consecuencia la intervención de Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial por empañar la elección pero finalmente dar por buena la victoria del candidato del PAN a pesar de la ausencia de certeza.

La negativa de la autoridad electoral a anular la elección o a proceder al recuento de los votos de manera inmediata (pues el paso del tiempo aumentaba las posibilidades de manipulación de esos 41.5 millones de boletas) dejó a las actas de escrutinio como los únicos documentos con valor oficial a los que los estudiosos podían tener acceso para hacer una evaluación objetiva de la elección. Y ésa fue justamente la tarea que se impuso Crespo a partir de que en diciembre del 2006 el IFE puso en línea todas las actas de escrutinio.

Nuestro autor no llevó a cabo el estudio de todos y cada uno de los documentos anteriores porque con la mitad tuvo resultados más que suficientes para sostener su argumento central. En efecto, con el examen del 50 por ciento de la enorme documentación el resultado fue contundente: los errores aritméticos totales pueden llegar a sumar casi tres veces la diferencia que separó al ganador oficial de la elección de su competidor más cercano: AMLO. La tesis de Crespo se resume así: “si [en la democracia] por un voto se gana o se pierde [en condiciones como las del 2006], basta uno solo que sea irregular, de origen incierto, espurio o que no se hubiera considerado en el cómputo total, para generar incertidumbre sobre quién ganó”. En tal caso había que volver a llevar a cabo la elección o proceder a examinar todas las irregularidades. Sin embargo, esa conclusión fue rechazada por el TEPJF con lo que su dictamen quedó envuelto en la sospecha y tuvo consecuencias de largo plazo.

Falta imperdonable

Aquí es necesario advertir que Crespo no avala la tesis de AMLO en el sentido de que en el 2006 se cometió un gran fraude, aunque tampoco niega su existencia, simplemente sostiene que en el material que él revisó no hay pruebas contundentes al respecto.

Crespo está dispuesto a explicar la discrepancia en las cifras de las boletas como resultado de meros errores sin pizca de dolo, pero eso no les quita su efecto negativo. Sin embargo, ya no es posible eliminar el dolo como explicación en la decisión del presidente del IFE de dar por ganador a Calderón el 6 de julio ni la aún más importante decisión posterior, final e inapelable, del TEPJF, de dar por válido el triunfo del panista pese a la existencia evidente de datos cuantitativos que hacían imposible sostener lógicamente su decisión.

Las sospechas despertadas por la forma en que fueron nombrados los consejeros del IFE que organizó las elecciones del 2006 y la mediocridad e inconsistencias en el razonamiento de los miembros del TEPJF han significado un retorno a los orígenes. En efecto, en las postrimerías de la época colonial tuvo lugar la primera elección moderna en lo que sería México, y se desarrolló según los lineamientos de la Constitución de Cádiz de 1812. El proceso llevó al triunfo de aquellos candidatos no deseados por el virrey y a partir de entonces todas las elecciones posteriores fueron más o menos manipuladas y no sirvieron ni para descifrar “los sentimientos de la nación” ni para legitimar a la autoridad.

La manipulación electoral terminó por crear un resentimiento tal que el levantamiento encabezado en 1910 por Francisco I. Madero en contra del primer régimen estable del México independiente se pudo justificar con el simple lema de “sufragio efectivo, no reelección”. El siglo XX transcurrió haciendo efectivo únicamente el medio —la no reelección— pero no el fin —el sufragio efectivo.

La largamente esperada aparición de elecciones competidas, libres y en condiciones de relativa equidad en nuestro país, finalmente tuvo lugar entre 1997 y 2003, pero casi de inmediato empezó la regresión. La falta de alternancia en un buen número de estados aunada al frustrado desafuero en 2004-2005 de AMLO —el líder más popular de la oposición— fueron el anuncio de lo que ocurriría después: la recuperación del PRI a nivel estatal y la voluntad de las derechas —Presidencia, PAN, sector empresarial, Iglesia Católica, el duopolio televisivo, la oligarquía sindical— de impedir, a como diera lugar, la alternancia hacia la izquierda.

Ganar a costa de perder el largo plazo

El trabajo de José Antonio Crespo fundamenta, de manera concluyente, la gran falla del 2006. La derecha se mantuvo en el poder y ganó en el corto plazo mediante el “haiga sido como haiga sido”, pero destruyó la única base del consenso democrático de una sociedad dividida. A la larga, no sólo el país, sino hasta la derecha van a salir perdiendo.

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ACTA POR ACTA
por Carmen Aristegui F.

(publicado en Reforma el 19 de junio de 2008)

Una sociedad que busca democracia no puede darse el lujo de abandonarse al conformismo y renunciar a la verdad. El camino puede ser largo, fragmentado o sinuoso. Por eso cuando alguien hace esfuerzos para suministrar información, datos y elementos de juicio para conocer y comprender los asuntos que marcan a un país, no queda más que el agradecimiento, sobre todo si se trata de un trabajo minucioso, con rigor académico y esclarecedor de uno de los asuntos más relevantes que han sacudido a la sociedad mexicana como las elecciones presidenciales de hace dos años.

Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008). La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas.

Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico. Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas. ¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que —como nunca— polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse. Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo, y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección.

¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí. Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso, por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso. Con un solo elemento, Crespo demuestra que el tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético.

El tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo —entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados— el tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final. Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador. Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al tribunal a declarar nulas las elecciones.

Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.

José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: “El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda... se hizo examinadora... cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad”. Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.

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