miércoles, 13 de febrero de 2008

Sí existe un documento gubernamental que prepara la privatización de Pemex, advierte Mario di Costanzo

Ciudad de México, 13 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 350



SÍ EXISTE UN DOCUMENTO GUBERNAMENTAL QUE PREPARA LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX, ADVIERTE MARIO DI COSTANZO


El análisis sobre el sector petrolero que Felipe Calderón le encargo a los diputados de Acción Nacional es una cortina de humo, pues las modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos, incluida la Constitución Política, que formarían parte de la propuesta de reforma al sector energético que el Poder Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados fueron presentadas y acordadas desde noviembre de 2006, como se desprende del documento denominado “Pemex: situación actual y perspectivas”, en donde todavía la administración saliente de Vicente Fox presentó tanto a su director actual como al equipo de Calderón las propuestas para modificar el régimen jurídico de Petróleos Mexicanos.

Lo anterior fue dado a conocer por Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México, quien detalló que el citado documento consta de 5 capítulos en 53 diapositivas, donde se muestra desde la estructura organizacional de Pemex y su situación actual hasta los resultados privatizadores esperados con la estrategia de modificación legislativa.

Del análisis del documento se observa que los propios directivos de Pemex reconocen que la paraestatal es la novena compañía a nivel mundial de crudo y gas, con ventas superiores al billón de pesos y con exportaciones que superan los 390 mil millones de dólares.

“Sin embargo —afirmó Di Costanzo—, también se observa que a pesar de sus ventas y su importante contribución a los ingresos públicos, la inversión pública directa gubernamental durante los últimos siete años apenas fue 15 mil millones de dólares, lo que significó una inversión promedio de sólo 2.5 mil millones de dólares por año”.

En el diagnóstico resulta dramático que, por ejemplo, en el año 2005 Pemex, a pesar de haber registrado ventas por 928 mil millones de pesos, registró una utilidad neta negativa de 76 mil millones de pesos, mientras que Cemex, Telmex y América Móvil registraron ventas por 162 mil millones de pesos, y obtuvieron utilidades de 28 mil, 23 mil y 31 mil millones de pesos, respectivamente.

Mario di Costanzo indicó que esta situación se explica por la elevada carga fiscal que Pemex enfrenta, ya que es la empresa petrolera con mayor carga fiscal en el mundo. “Lo anterior significa que las propias autoridades de Pemex reconocen que a pesar de que la paraestatal es una empresa de probada rentabilidad, la poca o nula atención presupuestaria, sobre todo en materia de inversión, y la elevada carga fiscal que enfrenta, son la principal causa de sus problemas”, subrayó el funcionario lopezobradorista.

Más aún, del documento citado se desprende que son las propias autoridades de Petróleos Mexicanos las que reconocen que para darle viabilidad a la empresa es necesario contar con inversiones que en promedio tendrían que ascender a 190 mil millones de pesos anuales.

“En este punto es conveniente recordar que, de acuerdo con la propuesta realizada por Andrés Manuel López Obrador, sería absolutamente factible alcanzar este monto de inversión pública, mediante la utilización de los excedentes petroleros, complementados por un programa de austeridad en el gasto corriente y de operación del gobierno, así como con la utilización de una parte de las reservas internacionales, para liquidar los pasivos de la empresa, incluidos los Pidiregas”, recordó el secretario de la hacienda Pública del gobierno que encabeza López Obrador.

Sin embargo la administración calderonista pretende optar por el “camino fácil” y el “pago de facturas” y, en vez de mantener el control del sector energético y con ello el control para el Estado de la renta petrolera, describe en el documento “Pemex: situación actual y perspectivas” la estrategia de modificaciones al marco jurídico, para reformar el sector energético, aseguró Di Costanzo.

De acuerdo con la información que hoy proporcionó el miembro del equipo de gobierno lopezobradorista, dicha estrategia acordada desde noviembre de 2006 sí contempla cambios a los artículos 27 y 28 constitucionales, así como reformas a otros ordenamientos, como la Ley de Derechos, la Ley Reglamentaria de los artículos 27 y 28 constitucionales, así como a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones, todas éstas, modificaciones encaminadas a permitir la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, en la apertura del transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, petrolíferos y petroquímicos básicos.

“Más aún, en la estrategia de reformas se observa la creación de una autoridad que ejercería los derechos sobre los hidrocarburos, otorgando asignaciones, permisos y concesiones para poder usufructuar los yacimientos petrolíferos del país”, informó Mario di Costanzo.

El funcionario del gobierno legítimo de México recordó que la renta petrolera hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como fuente de ingreso para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero nacional. A lo anterior agregó que “en virtud de que el petróleo es un recurso natural no renovable, en la medida en que no se invierta esa misma renta petrolera en el sector energético le seguiremos robando a las futuras generaciones de mexicanos esa riqueza.

“Por ello, del documento presentado por Pemex desde noviembre de 2006 y, a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la reforma energética que se presentará no buscará la privatización de Petróleos Mexicanos, el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo implicaría la “transferencia o cesión de buena parte de la renta petrolera, que es de todos los mexicanos, a compañías privadas nacionales o extranjeras”, enfatizó Mario di Costanzo.

Asimismo, aventuró la hipótesis de que la elevada carga fiscal que tiene Pemex no se mantendría para las empresas privadas que pudieran entrar al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna compañía del mundo aceptaría o sería rentable con esa carga fiscal. “De hecho, la inversión o empresas del sector privado que pudieran entrar al nuevo negocio no aceptarían hacerlo ante tal carga fiscal, por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida que la que actualmente enfrenta Pemex, lo que les permitiría adueñarse de la renta petrolera”, indicó el funcionario.

“Con la apertura a la inversión privada —aunque esto no implique de fondo una privatización total— se estaría cediendo una buena parte de esa renta petrolera a empresas privadas, que la utilizaríann para construir más infraestructura petrolera, lo que les permitiría cada vez más adueñarse de una porción mayor de la renta petrolera nacional. Por ello, aunque en el discurso de Calderón y de los legisladores del PRI y del PAN se niega que la reforma energética busque la privatización del petróleo, la poca o nula inversión gubernamental en Pemex combinada con una apertura al capital privado permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la Nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo”, afirmó Mario di Costanzo.

Por ello, concluyó, “el verdadero fondo de la discusión es y debe ser quién o quiénes van a controlar la renta petrolera del país. En este sentido, para que la nación pueda conservar la renta petrolera como un patrimonio de los mexicanos, debe realizar las inversiones de manera directa. Más aún si el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria”.

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Petróleo: paradojas de la historia, por Alejandro Encinas Rodríguez

Ciudad de México, 13 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 349


Sumario:

I.
Petróleo: paradojas de la historia, por Alejandro Encinas Rodríguez

II. Pemex sí, PEUSA no, por Laura Itzel Castillo

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PETRÓLEO: PARADOJAS DE LA HISTORIA
por Alejandro Encinas Rodríguez

(publicado en El Universal el 12 de febrero de 2008)

La transformación más importante que logró la Revolución Mexicana fue establecer en la Constitución de 1917 la propiedad de la nación sobre la tierra, el espacio aéreo, el subsuelo y las riquezas naturales.

Con esta medida se hizo prevalecer el interés público por encima del privado, lo que creó un severo conflicto con Estados Unidos y otros países que consideraron esta disposición como un atentado a sus intereses, lo que derivó en una controversia legal que demandaba la no retroactividad de la ley, lo que resultaba improcedente ya que la Constitución establecía un nuevo pacto social.

Los intereses extranjeros ejercieron enormes presiones para modificar el artículo 27 constitucional; sin embargo, el gobierno de Venustiano Carranza mantuvo la vigencia del nuevo pacto.

Años después, Álvaro Obregón firmó en secreto los deshonrosos Pactos de Bucareli, con los que, a cambio del reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno —el que había sido negado a Carranza—, restableció los intereses extranjeros en la explotación del petróleo.

Con Lázaro Cárdenas se dio un paso definitivo para hacer valer el mandato constitucional y se expropian los bienes de las empresas extranjeras, las que impusieron un embargo económico y tecnológico que buscaba revertir la expropiación. De ahí surgen Petróleos Mexicanos y el Instituto Politécnico Nacional.

Hoy se pretende revertir esta situación. Bajo el argumento de que no se cuenta con la capacidad tecnológica y financiera para el aprovechamiento de los hidrocarburos, se busca promover, al igual que en los Pactos de Bucareli, una reforma legal que disfraza la apropiación privada de los hidrocarburos.

El intento de abrir Pemex al capital privado se enmarca en el deliberado debilitamiento de la empresa, su abandono presupuestal y la falta de inversión en sus subsidiarias, lo que ha provocado que nuestro país sea deficitario en gas natural y gasolinas a pesar de su riqueza petrolera. Pemex ha sido manejada bajo una lógica financiera que distrae los recursos económicos que genera y que le permitirían contar con inversión suficiente para su sano desarrollo.

La estrategia de priorizar las extracciones masivas de crudo para exportación, en vez de generar bienes con valor agregado, ha reducido las reservas probadas y beneficiado a nuestros compradores, a quienes se compra gasolinas a costos crecientes.

La ineficiencia de la onerosa burocracia de la empresa se ha encubierto en una alianza cómplice con uno de los sindicatos más corrupto del país.

Pese a ello y a los intentos por debilitar a la empresa, Pemex es la segunda empresa más rentable del mundo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y de la misma paraestatal, en 2006 los ingresos de Pemex superaron los 100 mil millones de dólares y sus utilidades, sin impuestos (72 mil 100 mdd), sólo fueron superadas en el ámbito mundial por la transnacional Exxon.

Pemex es la segunda surtidora de crudo a Estados Unidos y está considerada como la décima empresa integrada del mundo; la tercera en producción y la onceava en reservas de crudo; así como la treceava en producción de gas natural y capacidad de refinación.

Recientemente Pemex ha informado que sólo se ha explorado 25% del territorio geológicamente susceptible de almacenar hidrocarburos y que cuenta con más de 20 mil millones de barriles de crudo de reservas probables.

Nada justifica su privatización. Se necesita, sí, eficientar su operación y reducir el gasto corriente del gobierno para contar con recursos adicionales para inversión en el sector. Se requiere una administración austera y eficiente, erradicar la corrupción y democratizar la vida sindical.

Se debe reinvertir la renta petrolera en la empresa; sanear sus finanzas; impulsar su desarrollo tecnológico; ampliar su infraestructura de gasoductos y oleoductos; construir nuevas refinerías; y reactivar la petroquímica básica y secundaria.

Es inexplicable el intento de privatizar Pemex, a no ser que lo que prevalezca sea, además de renunciar a una visión estratégica de Estado, el pago de favores para obtener del extranjero y los poderes fácticos el reconocimiento que no se obtuvo en las urnas y entregar a particulares las enormes utilidades de Pemex tan necesarias para el desarrollo del país.

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PEMEX SÍ, PEUSA NO
por Laura Itzel Castillo

(publicado en El Gráfico el 13 de febrero de 2008)

El próximo 18 de marzo se celebra el 70 aniversario de la expropiación petrolera en medio de una fuerte presión para privatizar la industria energética y acabar finalmente con los restos que quedan de soberanía nacional.

Hace un año, en el acto oficialista del 69 aniversario, Felipe Calderón convocó a realizar un diagnóstico de la situación de Pemex y cínicamente llamó a “combatir” a fondo la corrupción. Al evento acudieron puros funcionarios íntegros: Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato charro de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, ambos protagonistas del Pemexgate en el que se desviaron mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Labastida. Hay que recordar que el propio Calderón también es cómplice de los estragos a Pemex, pues fungió como secretario de Energía y como coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados en la 58 Legislatura que dejó impunes a Romero Deschamps y a Ricardo Aldana, otro finísimo líder.

Esto es sólo un ejemplo de la impunidad de que gozan quienes han usado a la industria petrolera como caja grande para enriquecerse al amparo del poder público. Ahí está también el español Juan Camilo Mouriño, quien ha sido beneficiario directo de esta práctica y de su muy cercana amistad con Calderón.

El apetito privatizador de la derecha parece no tener límites. Mediante trampas violan flagrantemente la Constitución para permitir que los extranjeros tengan injerencia directa en Pemex. Recientemente, el 7 de enero pasado, se otorgó un contrato de más de 4 mil millones de pesos por concepto de operación, mantenimiento y construcción de la infraestructura para la transportación de combustible en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca a la empresa EMS Energy Services México, que es subsidiaria de la firma estadounidense Energy Maintenance Services Group.

Estos acontecimientos me traen a la memoria que, desde los años 70, Heberto Castillo criticaba contundentemente la política petrolera del régimen de José López Portillo.

Desde el Partido Mexicano de los Trabajadores y como colaborador en Proceso y en El Universal lanzó la consigna: “Pemex sí, PEUSA no”. Hoy más que ayer este lema está vigente.

Durante décadas, los gobiernos entreguistas han tratado de acabar con Pemex y aún así sigue siendo sostén de nuestra economía. El petróleo es nuestro y debemos conservarlo.

Únete al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. La cita es el próximo domingo 24 de febrero a las 11 de la mañana en la Torre de Pemex, con Andrés Manuel López Obrador.

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