miércoles, 30 de abril de 2008

Mujeres sin miedo, V y última, por Laura Itzel Castillo

Ciudad de México, 30 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 407

Sumario:

I.
Mujeres sin miedo, V y última, por Laura Itzel Castillo

II. Segunda fase de la crisis, por Rogelio Ramírez de la O

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MUJERES SIN MIEDO, V Y ÚLTIMA
Por Laura Itzel Castillo
(publicado en El Gráfico el 30 de abril de 2008)


La lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer ha sido larga y, desde luego, no ha terminado. Aún hoy se nos descalifica por ser la vanguardia del movimiento de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Pero tampoco hay que asombrarse: el machismo no distingue colores. Las expresiones misóginas se dan en todos los ámbitos políticos, sociales y culturales del país. El parlamento no podía ser la excepción, como ha quedado claro en estos días.

Repasemos brevemente la historia reciente: los derechos políticos de la mujer, promovidos por el general Lázaro Cárdenas y aprobados por el Congreso durante su administración, simplemente quedaron congelados al omitirse la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Fue aquélla una decisión política altamente discriminatoria.

La lógica imperante entonces era que estos derechos se irían reconociendo paulatinamente. El conservadurismo de Manuel Ávila Camacho detuvo cualquier iniciativa al respecto. El liberalismo de Miguel Alemán Valdés, apenas alcanzó para otorgar el voto femenino a nivel municipal. Ocurrió en 1946 con la reforma al artículo 115 constitucional.

Fue hasta 1953, durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, cuando finalmente se reconocieron los derechos políticos de la mujer mexicana. Para ello fue necesario modificar el artículo 34 constitucional. Sin embargo, el ejercicio del sufragio se inscribió en el contexto de un sistema monopartidista. Así, la incorporación a los cargos públicos siguió siendo lenta, limitada e inequitativa.

Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal, en 1954. Diez años después, en 1964, fueron electas las primeras senadoras. El nivel de atraso en México resulta evidente si se toma en consideración que después de la Primera Guerra Mundial, muchos países reconocieron el derecho de la mujer a votar y ser votada.

Así ocurrió en Estados Unidos, Canadá, Austria, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Rusia y Suiza, entre varios más.

Hasta ya muy entrada la segunda mitad del siglo XX, la equidad de género fue una aspiración sin sustento en nuestro país. La mínima representación parlamentaria no logró modificar ese estado de cosas. Fue necesario que surgiera un movimiento feminista, y que éste actuara de manera articulada en el contexto de una serie de cambios culturales, para ubicar en el centro del debate no sólo los derechos políticos, sino también otros como los reproductivos y sexuales.

Durante las últimas décadas, muchas mujeres nos hemos ido incorporando a la lucha por la democracia, bajo la premisa de que para lograr la igualdad de género y eliminar la cultura patriarcal, se requiere vencer al régimen autoritario en el poder, ayer bajo las siglas del PRI, hoy transformado en una sociedad mercantil llamada Acción Nacional. Y en esas estamos.

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SEGUNDA FASE DE LA CRISIS
Por Rogelio Ramírez de la O

(publicado en El Universal el 30 de abril de 2008)

La segunda fase de la crisis de crédito de Estados Unidos toma a México desprevenido, como lo tomó la primera fase, el año pasado, pues su meta de crecimiento se mantiene en 2.8% y considera a su programa de 10 puntos como una política contracíclica. En realidad, dicho programa aumenta el gasto público, pero sus efectos sobre la economía son mínimos y se ven superados por los efectos negativos del IETU, entre ellos la inflación, según Banxico.

La crisis estadounidense, hasta ahora circunscrita al sector financiero, se ha extendido al ciudadano común. Los impactos reales están en el aumento de la tasa de desempleo a 5.1%, el alza alarmante en el costo de nuevos financiamientos para empresas e individuos, la continua caída de precios de las casas, la reducción del consumo y la pérdida de confianza. Lo único que ha impedido que la economía estadounidense se derrumbe es el dólar barato, mismo que permite un repunte de exportaciones.

Pero este repunte será temporal porque el resto del mundo ya comenzó a desacelerarse. Sólo dos ejemplos: España e Inglaterra tienen un problema aún mayor al estadounidense en su sector de bienes raíces y tendrán muy bajo crecimiento.

En México las empresas apenas comienzan a reconocer esta nueva fase de debilidad. Varias de ellas se preguntan cómo, si México recibe ingresos petroleros de 30 mil millones de dólares en 2007 y 2008 por encima del monto presupuestado por el Congreso, esto no se refleja en sus ventas. Y tienen razón, pues la única explicación es que el gobierno no lo está gastando eficazmente.

El gasto público corriente aumentó en 154 mil millones de pesos en el primer año de la administración (2007), a pesar de que en 2006 ya había aumentado en 100 mil millones. Así, en sólo dos años, este gasto, del cual casi la mitad son salarios, aumentó en 254 mil millones de pesos, casi cuatro veces lo que se espera obtener del IETU. Más aún, sigue aumentando en 2008 en 8% en términos reales, lo que representará 120 mil millones de pesos más. En suma, 374 mil millones más en sólo tres años.

Habrá quienes digan que el Congreso es corresponsable de este gasto porque lo aprueba cada año y tendrán razón. Pero no hay que olvidar que al jefe del Ejecutivo le corresponde proponer al Congreso y luego persuadirlo de los cambios en la asignación del gasto.

La opinión pública no tiene detalles más que anecdóticos del gasto del gobierno. Los empresarios, en cambio, se enteran de contratos, gastos de los gobiernos estatales, aumentos a sindicatos como el de maestros, o hasta costos de la publicidad gubernamental. Una de sus quejas constante sigue inexplicablemente desatendida, la falta de insumos energéticos competitivos.

Por eso es que sus expectativas han comenzado a deteriorarse. Sus márgenes de utilidad están apretándose por el alza alarmante de sus costos de insumos. Con la feroz competencia en varios mercados, la única forma de crecer es con mayores porcentajes de mercado, es decir, quitándole ventas a los competidores. Pero eso requiere más inversiones, lo que a la larga bajará su rendimiento por capital invertido. Las menores utilidades de la Bolsa en el primer trimestre son el primer anuncio de una baja más prolongada. Las empresas con deudas altas se verán en serios problemas y varias de ellas tendrán que vender activos.

La clase media está muy endeudada y sus pagos por servicio de deuda ocupan una mayor parte de su ingreso, justo cuando la inflación de alimentos le hace perder entre 4% y 10% del ingreso disponible. Sus oportunidades de empleo ya se frenaron y en el segundo habrá despidos.

Cada gobierno en el mundo está respondiendo a esta segunda fase de la crisis estadounidense. Estados Unidos regresó 168 mil millones de dólares de impuestos a los contribuyentes.

Lo que sugiere el sentido común es que en México el gobierno debería reducir su gasto burocrático; aprovechar bien el ingreso petrolero; fijar precios competitivos de los energéticos; y ser innovador impulsando la producción de alimentos.

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martes, 29 de abril de 2008

“La lucha y la resistencia civil pacífica deben continuar, pues no hemos detenido la privatización de Pemex”: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 29 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 406



“LA LUCHA Y LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA DEBEN CONTINUAR, PUES NO HEMOS DETENIDO LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX”: CLAUDIA SHEINBAUM


Discurso de la secretaria de Patrimonio Nacional del gobierno legítimo de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Asamblea Informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, en el Zócalo, el 27 de abril de 2008


Compañeras y compañeros:

Cuando denunciamos el fraude electoral del 2006, a través del cual Felipe Calderón usurpó la Presidencia de la República, expusimos que el objetivo de ese grupo no sólo era su avaricia por el poder y el dinero, sino que llevaban la encomienda de entregar el patrimonio de la nación a las grandes empresas nacionales y extranjeras.

La iniciativa de contrarreforma energética que presentó Calderón hace unas semanas es la mejor demostración de ello. Es una iniciativa privatizadora, entreguista, que promueve la corrupción y, por si fuera poco, viola flagrantemente la Constitución.

Creen que por repetir mil veces en las televisoras la falsedad de que nuestra riqueza petrolera no se va a privatizar, el pueblo de México les va a creer. No sólo son entreguistas, sino abiertamente mentirosos, soberbios y perversos.

Cualquier diccionario dice claramente que “la privatización es la acción por la que un bien público pasa a ser controlado por empresas privadas”. Pues bien, en la iniciativa de contrarreforma a la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional se establece en el artículo cuarto que:

“Pemex, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”. Eso significa que la nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución, en vez de ser un bien público, pasará a manos privadas. Eso es privatización.

Más adelante la iniciativa dice: “Pemex y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”. Eso significa que las nuevas refinerías serán privadas. Eso es privatización.

Y continúa la iniciativa diciendo que: “Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. Eso es privatización.

En la propuesta de contrarreforma a la Ley Orgánica de Pemex, se establece en las atribuciones del Consejo de Administración, lo que ellos llaman pomposamente “la autonomía de gestión”, que no es más que la supuesta legalización de contratos de servicios y obras, que incluyen exploración y explotación de crudo y gas, pagando el equivalente en dólares a la extracción de hidrocarburos que hagan empresas privadas, entregando parte de la renta petrolera. Eso es privatización.

Nos quieren engañar también con los mentados “bonos ciudadanos” cuando a la letra la iniciativa dice: “Podrán ser titulares de los bonos ciudadanos las administradoras de fondos para el retiro, los fondos de pensiones, las sociedades de inversión para personas físicas, así como otros intermediarios financieros...” y que “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará… la adquisición, los montos, características y los límites de adquisición”.

O sea, parte de la riqueza petrolera para los banqueros y la bolsa y el señor Carstens dirá de a como les toca. Eso es privatización y eso es corrupción.

Por si fuera poco, se pretende permitir que los contratos de obra y servicios se hagan a través de asignaciones directas, facilitando la entrega a las empresas favoritas del gobierno. Eso es privatización y eso es corrupción.

De acuerdo con nuestra Constitución, y la cito textual: “la nación” tendrá “el dominio directo”, “inalienable e imprescriptible” del “petróleo y los demás hidrocarburos”, “función que se ejercerá de manera exclusiva” a través del “sector público”; y explicitando aún mas dice que “tratándose de estos sectores estratégicos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.

Más claro ni el agua. Por ello decimos: la iniciativa presentada es anticonstitucional, es privatizadora y, por si fuera poco, pretende ampliar y legalizar la corrupción.

La verdad es que al gobierno usurpador y sus aliados no les interesa la reactivación y modernización de Pemex. Lo que les urge es cumplir con los compromisos establecidos en campaña para entregar el patrimonio de la nación.

Si de verdad les interesara el país, deben y pueden iniciar de inmediato la construcción de refinerías, la exploración y explotación de petróleo y gas en tierra y aguas someras, la reactivación de la investigación y las capacidades técnicas, la reactivación de las plantas petroquímicas que se encuentran paradas, con tan sólo destinar parte de los recursos de los excedentes petroleros y del superávit de Pemex. Para ello no es necesaria ninguna reforma jurídica y, reiteramos, sobran los recursos públicos para hacerlo.

Para refrescarnos la memoria acerca de lo que las empresas petroleras extranjeras han significado en nuestro país, en un libro publicado en 1959 titulado México y su petróleo, una lección para América, de don Jesús Silva Herzog, después de explicar cómo las empresas petroleras llegaron a proponer la intervención militar de los Estados Unidos para asegurar el saqueo del petróleo, nos dice que no es exagerado y cito: “afirmar de manera categórica, despacio y en voz alta que las empresas petroleras transnacionales han sido los peores enemigos de mi patria”.

Compañeras y compañeros:

En estas semanas de organizada resistencia, logramos evitar el albazo legislativo y abrir el debate. Pero la lucha y la resistencia civil pacífica deben continuar, pues no hemos detenido la iniciativa que pretende la violación de nuestra Constitución y la privatización del petróleo y de Pemex.

Para aquellos que juraron defender la Constitución y para todos los mexicanos, hacer que ésta se cumpla es un derecho y es una obligación. En nuestro marco constitucional y en nuestra memoria histórica, la resistencia contra la ilegalidad es legal y la rebelión contra la injusticia es justa. Sobre todo si se realiza de manera pacífica.

Por ello afirmamos que no renunciamos, ni renunciaremos a la resistencia civil pacífica en la defensa del petróleo, de la Constitución y de la patria. No es sólo nuestro derecho, sino una obligación legal y de conciencia. Por ello, compañeros y compañeras brigadistas, ciudadanos libres, mexicanos:

¡En la defensa de la Constitución, el petróleo y el futuro de nuestros hijos: la resistencia civil pacífica continúa!

¡Viva el movimiento nacional en defensa del petróleo! ¡Vivan las brigadas de la resistencia civil pacífica! ¡Que vivan las Adelitas! ¡Que vivan nuestros Juanes! ¡Viva México libre y soberano!

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domingo, 27 de abril de 2008

Anuncia López Obrador la nueva etapa de lucha en defensa del petróleo: habrá más brigadas y cada brigadista se convertirá en un medio de comunicación

Ciudad de México, 27 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 405



ANUNCIA LÓPEZ OBRADOR LA NUEVA ETAPA DE LUCHA EN DEFENSA DEL PETRÓLEO: HABRÁ MÁS BRIGADAS Y CADA BRIGADISTA SE CONVERTIRÁ EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN, CASA POR CASA


Después de que con las movilizaciones de las brigadas en defensa del petróleo y la toma de las tribunas parlamentarias el movimiento en defensa del petróleo logró detener la aprobación de las reformas legislativas que buscan privatizar la industria petrolera mexicana, hoy, nuevamente con un Zócalo de la Ciudad de México desbordado de seguidores, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el inició de una nueva etapa de lucha en defensa del petróleo, que abarcará los próximos cuatro meses.

La esencia de la nueva etapa de lucha será fortalecer la organización de las brigadas hasta duplicar su número, es decir, llegar a fines de junio a un total de 200 mil brigadistas en todo el país. Asimismo, la asamblea informativa del día de hoy aceptó la tarea de que cada brigadista se convierta en un medio de comunicación para que, casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo, informe a los mexicanos y construya desde esos sitios el debate nacional sobre las graves consecuencias que habría si se permite la privatización del petróleo.

Para evaluar esta nueva etapa de lucha, López Obrador citó a una nueva asamblea informativa para el 29 de junio a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México.

A continuación, el
servicio de noticias ISA reproduce el discurso de Andrés Manuel López Obrador al respecto.


Amigas y amigos:

Hoy iniciamos una nueva etapa de lucha por la defensa del petróleo. Aunque todavía no podemos cantar victoria, porque es mucha la codicia de quienes quieren convertir a la industria petrolera nacional en un negocio privado, es indudable que por ahora hemos podido pararlos.

En la primera etapa de la resistencia civil pacífica hemos logrado detener el madruguete y llevar el tema de las reformas energéticas al debate nacional. Es un hecho que los potentados no podrán, en los próximos tres meses, consumar, como lo tenían planeado, el gran pillaje de la privatización del petróleo. Y esto fue posible sin haber roto un solo vidrio, sin una pedrada, sin enfrentamientos en la calle, porque este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico.

¿Qué es lo que logramos frenar?

El intento de violar 12 artículos de la Constitución para apropiarse de la industria petrolera a espaldas del pueblo de México.

Debemos aclarar, y debe saberse cada vez más, que las iniciativas de reformas a leyes secundarias propuestas por Calderón contravienen el espíritu y la letra de los artículos 6º, 25, 27, 28, 49, 73, 108, 109, 113, 126, 127 y 134 de nuestra Constitución Política.

En esencia, con este grave atropello constitucional, se pretende entregar a particulares nacionales y extranjeros la exploración, la perforación, la refinación, la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Quieren dejar a Pemex como simple abastecedora de petróleo crudo, y quitarnos la posibilidad de utilizar todo el potencial del sector energético para llevar a cabo el desarrollo económico independiente que necesita nuestro país.

Aún más: estas iniciativas vulneran nuestra soberanía al conceder derechos a extranjeros y obligarnos, ante cualquier controversia, a recurrir a tribunales internacionales.

Nada más pensemos que si, en 1938, hubiésemos estado sometidos al marco legal que propone Calderón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hubiera podido emitir el laudo a favor de los trabajadores que dio lugar a la expropiación petrolera.

Por si fuese poco y con gran cinismo, Calderón, Mouriño y sus socios quieren establecer un régimen de excepción para operar con manos libres en Pemex y continuar saqueando los bienes y el patrimonio de todos los mexicanos.

Por ejemplo, si se aprobara lo que ellos proponen, Calderón y Mouriño nombrarían a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, y estos incondicionales o prestanombres tendrían facultades para no llevar a cabo licitaciones públicas y entregar contratos de obras y servicios por asignación directa a sus empresas favoritas.

Además, podrían actuar sin informar a la sociedad, sin rendir cuentas a nadie, sin estar sujetos al régimen de responsabilidades como cualquier otro servidor público. También podrían conceder a su arbitrio sueldos elevadísimos fuera del presupuesto, autorizar incentivos adicionales a funcionarios y empresas y contratar deuda pública sin la autorización del Congreso.

Es decir, Calderón, Mouriño y sus socios nacionales y extranjeros están queriendo construir un andamiaje legal que los blinde y les permita atracar con impunidad en todo el sector energético. Y repito: todo este oprobio querían hacerlo de prisa, en sigilo, de puntitas, sin que se diera cuenta la mayoría del pueblo de México.

Todo esto fue lo que impidieron, por ahora, con la toma de la Tribuna, nuestros legisladores: senadoras y senadores, diputadas y diputados. Por ello nuestra admiración y respeto.

También, aquí rendimos homenaje a las mujeres brigadistas y a los hombres brigadistas de la Ciudad de México y de todo el país.

Claro está que nuestro comportamiento, como ya lo esperábamos, desató la furia de nuestros adversarios que, como es comprensible, defienden con obsesión la rapiña y los privilegios.

Pero no vale la pena detenernos tanto en sus motivos. Aquí lo importante es clarificar en qué se basan los potentados para tratar de imponerse. Desde mi punto de vista, ellos se apoyan, fundamentalmente, en el control que ejercen sobre los medios de comunicación, lo cual les permite ocultar la verdad, engañar y tratar de manipular a la población.

Es más, éste es un fenómeno mundial. Acaba de comentar el politólogo Giovanni Sartori, con motivo de las elecciones en Italia, que el triunfo de Berlusconi se debió al dominio que tiene de los medios de comunicación, y llegó a decir que así hasta él ganaba.

Algo parecido sucede en nuestro país, donde los dueños de los más influyentes medios de comunicación son de los hombres más ricos de México, y por intereses, afinidad o conveniencia, se ponen a las órdenes del régimen y ofrecen sus servicios para llevar a cabo cualquier campaña de desprestigio contra quienes son considerados una amenaza por resistir ante las injusticias o intentar un cambio verdadero.

Por eso no debemos pelearnos o hacer coraje cuando articulistas, conductores de radio o de televisión nos atacan, porque al final de cuentas ellos son únicamente instrumentos, empleados de las grandes corporaciones de comunicación que están indisolublemente ligadas al poder económico y al poder político.

Esto explica, también, por qué se cierran los medios, por qué nos difaman, por qué no permiten expresarnos y por qué en vez de informar se erigen en jueces y sólo sus opiniones se escuchan.

Por ejemplo, en el caso de la toma de la Tribuna, nunca hablaron de las causas. Nunca dijeron que se pretende violar la Constitución, privatizar a Pemex y fomentar la corrupción. Sólo se dedicaron a gritar y a repetir, una y mil veces la palabra secuestro.

¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo espot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP lo hubiesen transmitido si fuera en contra de Felipe Calderón?

Es indudable que este aparato de comunicación es la principal fuerza de los potentados y no debemos menospreciar sus efectos en la opinión pública. Como es sabido, repetir mentiras todos los días y a cada hora acaba por confundir a mucha gente.

Sin embargo, afortunadamente hay muchos otros, millones de mexicanos, mujeres y hombres, que ante la mentira y la manipulación, reflexionan, se rebelan y reafirman su convicción de que es indispensable llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública de México. Y son estos ciudadanos conscientes, que saben leer el periódico, escuchar la radio o ver la televisión, el principal sustento de nuestro movimiento.

Por eso, en la defensa del petróleo y ante la gran lanzada de los medios de comunicación, nos mantenemos serenos y optimistas. Nos guiamos por principios más elevados que nuestras propias aspiraciones personales o partidistas. Y como ya dijimos, estamos dispuestos a asumir el costo del llamado desgaste político si con ello logramos evitar la privatización del petróleo. Este movimiento, repito, no se mide con el rasero de la política tradicional, sino con el de la historia.

En este sentido, me dio mucho gusto que hace unos días, el presidente del Partido Convergencia, Luis Maldonado Venegas, expresó, y lo cito textualmente: “Cuando el interés de México peligra, cuando las amenazas para socavar nuestra soberanía despliegan sus redes de poder y dominación, no es válido invocar posiciones ambiguas o actitudes evasivas. Por encima de la rentabilidad electoral de las futuras elecciones, está el porvenir de todos los mexicanos y la defensa irrestricta de la nación”.

Amigas y amigos:

Bajo estas consideraciones y con la fuerza de nuestras ideas y principios, vamos a iniciar una nueva etapa de resistencia civil pacífica para la defensa del petróleo.

El plan es sencillo, pero significa ir al meollo del asunto. Les propongo que sigamos organizando nuestras brigadas. Que si ya somos 100 mil brigadistas, mujeres y hombres, nos planteemos fortalecer y ampliar esta organización, hasta llegar a 200 mil brigadistas para finales del mes de junio. Con ese propósito voy a recorrer, durante este tiempo, todos los estados del país.

¿Cuál es el objetivo principal en esta segunda etapa de la resistencia civil pacífica? La tarea es ir casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera.

Ante el cerco informativo, cada uno de nosotros será un medio de comunicación. Ante el engaño y la manipulación nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad. La meta es que cada uno de los 100 mil brigadistas visite 10 domicilios a la semana, dialogue con la gente y entregue folletos, historietas y volantes. Es decir, informaremos, hasta finales de junio, en 5 millones de hogares; y de julio a agosto, cuando seamos 200 mil brigadistas, entraremos en comunicación, de manera permanente, con 10 millones de familias.

Aquí aprovecho y les hago un llamado respetuoso a todas y a todos, para actuar con responsabilidad. Con sinceridad les digo que no podemos caer en el autoengaño, perder el tiempo y desperdiciar nuestros materiales de difusión, que a pesar de los escasos recursos económicos se están elaborando, empacando y distribuyendo. Tampoco se trata de repartir los impresos en la vía pública o dejarlos debajo de la puerta, sino de entrar en comunicación con la gente y entregar la información de manera personal.

De la misma forma se recomienda que con los videos que se están repartiendo y que contienen información y entrevistas a intelectuales y expertos, se organicen círculos de estudio y reflexión sobre el tema del petróleo.

Sabemos que todo esto implica mucho esfuerzo y sacrificio, pero consagrarnos por entero a esta noble causa es en bien del pueblo, de nuestros hijos y de la patria.

Nuestros adversarios cuentan con dinero y con los medios de comunicación, pero nosotros tenemos lo más valioso: de nuestro lado está la razón, la defensa del pueblo y de su patrimonio y, sobre todo, contamos con ustedes, mujeres y hombres comprometidos, con mística y con convicciones.

En esta ocasión, no les pido que votemos si vamos a cumplir cabalmente con nuestros compromisos. Tampoco les tomaremos protesta. Las resoluciones de esta naturaleza no se pueden aprobar por el voto de una mayoría. Sólo les pido que hagamos un compromiso solemne y que cada uno de nosotros piense con sinceridad si tiene la voluntad y la capacidad de cumplir con su deber y con su tarea. Como diría Gandhi: tenemos que buscar en nuestros corazones si tenemos la fuerza requerida para llegar hasta el final. Sólo entonces hagamos la promesa, y sólo entonces esa promesa dará frutos y la lucha, de todos juntos, sólo podrá tener un desenlace: la victoria.

Hay que agregar que en esta segunda etapa de la resistencia civil pacífica, representantes nuestros van a participar en el debate que se llevará a cabo en el Senado de la República. Pero no sólo eso, el grupo de intelectuales en defensa del petróleo organizará debates en centros de trabajo, universidades y en todo el país.

También un grupo formado por legisladores y miembros de la Comisión Coordinadora Nacional en Defensa del Petróleo empezará a analizar la posibilidad de llevar a cabo un referéndum, un plebiscito o una consulta popular, lo que más convenga para recoger, en su momento, la opinión del pueblo sobre el tema del petróleo.

Como es lógico, debemos actuar de manera precavida y estar atentos para movilizarnos en caso de que las cúpulas del PRI y del PAN se pongan de acuerdo y pretendan imponer por sorpresa su llamada reforma energética.

Estoy seguro de que ante la insistencia de violar la Constitución, de privatizar la industria petrolera y de agravar la corrupción en Pemex, los legisladores del Frente Amplio Progresista reanudarán la resistencia civil pacífica en ambas Cámaras y estas acciones serán respaldadas por millones de mexicanos que no permitiremos semejante agravio al pueblo y a la nación.

Por último, les propongo que nos volvamos a reunir, aquí mismo, en dos meses más, el domingo 29 de junio, a las 10 de la mañana, para evaluar el avance de nuestra organización en la defensa del petróleo.

Amigas y amigos:

Veamos lo que estamos haciendo recordando la historia, para entender el porqué de los ataques que padecemos.

Tengamos presente que los hombres que han luchado en nuestro país en contra de los poderosos, siempre han sido descalificados o tratados con desprecio. A Hidalgo lo llamaban “demagogo”; a Morelos “hereje”; a Juárez “indio mugroso”; a Villa y Zapata los trataban de “bandidos” y a Madero de “loco espiritista”; y sin embargo, hoy son el ejemplo a seguir y los padres fundadores de la patria. Que estos hechos nos den fuerza interior y el aplomo necesario para seguir defendiendo nuestros ideales y las causas del pueblo y de la nación.

Actuemos también pensando que la razón tarda mucho en madurar, pero siempre llega y entonces se convierte en verdad de todos. También actuemos con alegría, desprovistos de odios y rencores. Ser firmes es cosa bien distinta a ser insensibles. Ante los ataques debemos pensar que tenemos adversarios, no enemigos. Adversarios a vencer, no enemigos a destruir.

Aceptemos la afirmación del amor como la mejor forma de hacer política. No debe caber en nosotros ni el odio, ni la amargura. Seamos el amor que todo lo da. Amar es perdonar en todo instante. Que nos mueva el amor a la patria y la vocación humanista del amor al prójimo. Luchar por los pobres, los humillados y los ofendidos, es nuestro propósito esencial. Tengamos la confianza de que la fuerza del amor se impondrá sobre la codicia y la manipulación.

Amigas y amigos:

De nueva cuenta, mi más profundo agradecimiento a dirigentes, legisladores y militantes del PRD, del PT y de Convergencia.

Mi agradecimiento a presidentes municipales, regidores, diputados locales, gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el respaldo político y moral a nuestro movimiento.

Mi reconocimiento también a esas honrosas y dignas excepciones: a los periodistas y a los medios de comunicación libres e independientes. ¡Qué gran aliada de todo movimiento honesto es la prensa honesta! ¡Qué necesaria su colaboración!

Nuestro agradecimiento sincero a muchos mexicanos, mujeres y hombres, que nos ayudan y cooperan en la medida de sus posibilidades y a su manera.

Y todo mi respeto y admiración a ustedes, dirigentes e integrantes de las brigadas en defensa del petróleo.

Lo que se obtiene con amor, se conserva para siempre.

¡Viva la Resistencia Civil Pacífica!
¡Viva la lucha en defensa del petróleo!
¡Viva el pueblo de México!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!

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sábado, 26 de abril de 2008

Pemex: mentiras, por José Luis Piñeyro

Ciudad de México, 26 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 404



Sumario:

I.
Pemex: mentiras, por José Luis Piñeyro

II. Privatizar, por Carmen Aristegui F.

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PEMEX: MENTIRAS
por José Luis Piñeyro

(publicado en El Universal el 26 de abril de 2008)


A estas alturas del tiempo político nacional, el inicio del pospuesto debate sobre la reforma petrolera de Calderón requiere de una recapitulación de las verdades a medias o mentiras puras sobre tal propuesta difundidas tanto por la campaña mediática para aprobarla como por voceros intelectuales.

No es cierto que Pemex “no se privatiza, sino que se fortalece”, como afirma el repetitivo mensaje gubernamental. Sí se privatiza en actividades que conforman la industria petrolera como son la exploración, la perforación y la extracción del petróleo y su refinación, transportación, almacenamiento y venta de los derivados del mismo.

No es cierto que ha habido suficiente discusión sobre dicha reforma, como afirmó Calderón. Sí ha habido profusión de caricaturas televisivas para encontrar el tesoro petrolero escondido en el mar profundo, desplegados periodísticos favorables del gran empresariado y opiniones de locutores radiofónicos y televisivos, pero eso no es discusión objetiva, plural y amplia.

No es cierto que la propuesta presidencial es legal porque no pretende modificar el artículo 27 constitucional. Sí es ilegal pues pretende modificar leyes secundarias en clara violación a la Constitución, dado que ninguna ley secundaria puede estar por arriba de sus disposiciones jurídicas. No es cierto que de aprobarse la propuesta petrolera presidencial, como afirmó Calderón, sería “una palanca de prosperidad que nos permita superar definitivamente la pobreza y garantizar la educación y la salud de todos los mexicanos”. Sí es cierto que esto es demagogia pura pues implicaría sacar de la pobreza a 55 millones de mexicanos, el desarrollo económico social pleno que no ha logrado ningún país desarrollado.

No es cierto que Pemex no tenga capacidad tecnológica para construir refinerías y dar mantenimiento y ampliar los gasoductos. Sí es cierta la irresponsable actitud gubernamental de no construir refinerías en 20 años y abandonar el mantenimiento de los ductos.

No es cierto que la toma del Congreso por el Frente Amplio Progresista es la mayor ilegalidad cometida “en democracia”, como gustan decir los transitólogos y la transitocracia. Sí es una ilegalidad mucho mayor que los diputados y senadores, frente a la inconstitucional iniciativa presidencial, no cumplan con su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución, iniciativa ilegal, ilegítima y antinacional.

No es cierto que Pemex necesita el tipo de autonomía técnica y administrativa propuesta. Sí requiere de una en la que tenga autonomía presupuestal y el Consejo de Administración no esté integrado por representantes del Presidente, sino que sean nombrados por el Congreso de la Unión y de los congresos estatales con instalaciones petroleras.

No es cierto que se va a racionalizar el funcionamiento de Pemex sin mayores cambios administrativos y sindicales. Sí es cierto que ineficiencia y corrupción van a continuar reproduciéndose al no tocar a la alta dirigencia administrativa y sindical, y a sus jugosos sueldos y prestaciones.

No es cierto que no sea un asunto de seguridad nacional y de Estado. Sí es cierto que cualquier proyecto de desarrollo económico y social incluyente, políticamente participativo y ecológicamente autosustentable pasa por que sea un organismo estatal saneado, fortalecido, con capacidad de generar valor agregado vía refinación de gasolinas e impulso a la petroquímica e integrado a las cadenas productivas que fortalezcan el mercado interno.

Para ello se requiere de una política de Estado en materia petrolera y en general energética de largo plazo. Ésta requiere de estadistas y no de un representante presidencial vendedor de ilusiones y de representantes legislativos que suponen que su elección es un cheque en blanco para aprobar cualquier iniciativa de reforma en detrimento del interés nacional público y en beneficio del interés privado nacional y extranjero, lo que va en detrimento de la mermada fortaleza y legitimidad de las instituciones del Estado.

El tipo de reforma petrolera, que no energética, es la prueba del ácido de si la transición política adquiere un contenido democrático o persiste en uno de carácter oligárquico.

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PRIVATIZAR
por Carmen Aristegui F.

(publicado en Reforma el 25 de abril de 2008)

¿Por qué el gobierno mexicano no dice, con todas sus letras, lo que se desprende con toda claridad de su iniciativa de reforma petrolera? ¿Por qué se intenta convencer a los mexicanos de que no se trata de una privatización? ¿Tan desprestigiada está la palabra que se pretende hacer creer que se trata de otra cosa? Pues sí, las experiencias privatizadoras en México y en América Latina de los últimos años han arrojado tales resultados y estuvieron tan marcadas por la corrupción que utilizar la palabra resulta imposible para sus promotores. Más aún si se trata de un tema fundamental y emblemático como el petróleo y, por supuesto, porque lo planteado en la reforma va en sentido contrario a la letra de la Constitución. La lectura a la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 permite ver —sin mayor complicación— que lo que hay ahí es lo que niega el gobierno “...los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transportación, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos... Pemex podrá contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo... las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios (anteriores) podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos “. Eso es privatizar. Punto. ¿Por qué el gobierno evita la palabra? No sólo porque la polarización heredada del 2006, y reeditada ahora, hace casi imposible un debate técnico-ideológico que permita contrastar virtudes y defectos de la participación privada nacional y extranjera en la industria del petróleo. No hay cauces a la vista en los que se puedan exponer los argumentos de quienes creen que debe ser estrictamente en el ámbito público en donde se desarrolle la industria, que se contrasten con los de quienes piensan que entre menos presencia del Estado, mejor para la economía. Ese debate no se puede dar en abstracto si no viene acompañado de una revisión profunda de los efectos causados por las privatizaciones de los últimos años. Discutir conceptualmente sobre el liberalismo político y económico es una cosa, pero discutir sobre el liberalismo aplicado en sistemas disfuncionales, como ocurrió aquí, es enteramente otra. Se puede alegar que hubo mejoría en la prestación de algunos servicios y que se amplió el espectro para la distribución y comercialización de muchos bienes. Que se dinamizaron las economías con el libre comercio, desregulaciones y nuevos parámetros de competencia. Sin embargo, los efectos dañinos que trajeron consigo los procesos de apertura en países que no tenían resuelto todo el andamiaje legal, institucional y de transparencia han sido de tal magnitud que hoy no hay quien salga y diga, con todas sus letras: sí, privaticemos. Aunque, en los hechos, intenten hacerlo hoy con el petróleo. ¿Quién es el guapo que puede prometer que si se abre el petróleo no ocurrirá lo que nos ha ocurrido ya con bancos, telefonía o televisión? Los datos sobre las malformaciones, producto de aquellas privatizaciones, están a la vista. Hace algunos sábados, un grupo de intelectuales, académicos y políticos de México y Estados Unidos, convocados por el ITAM y la Universidad de Berkeley, oían divertidos el cometario que hacía un estadounidense que acababa de escuchar la brillante disertación del doctor Sergio Aguayo sobre las privatizaciones en México. El hombre después de oír, asombrado, la exposición, bromeó diciendo: “Me queda claro que lo que quiero en la vida es ser banquero en México “. Acababa de escuchar que en los años de Fox, las utilidades netas de los bancos crecieron en un 316 por ciento. Las de Banamex-Citibank crecieron 3 mil 362 por ciento y las ganancias de BBVA en México representaron el 29 por ciento de sus utilidades en el mundo durante 2007, mientras que Banamex aportó 50 por ciento de las de Citibank. El miércoles, Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y actual presidente de Telefónica, puso el dedo en la llaga sobre Telmex, de Carlos Slim. No sólo sorprendió al citar al ex presidente Salinas, artífice y presunto beneficiario de esa privatización, quien habría dicho en Harvard: “No se puede privatizar un monopolio público para transformarlo en un monopolio privado, como es el caso de las telecomunicaciones. Me refiero concretamente a Telmex “. Para Ripley. Gil Díaz fue más allá: “Se ha gestado un caso impecable de lo que los economistas califican como una captura regulatoria; se trata de una máquina gigantesca de capturar efectivo por diversos gobiernos. Una que obtiene flujos de miles de millones de dólares anuales a la que se le permite depredar a sus clientes, sean estos consumidores u otras empresas y le permite extender sus brazos y dominar otras áreas de actividad económica “. No queda claro si Gil estaba sugiriendo que al hombre más rico del mundo le interesa, también, el giro petrolero. Por lo pronto, no se ven por ningún lado los mecanismos que garantizarían que la renta petrolera no quede en manos de unos cuantos. ¿La reforma tiene resuelta una buena redistribución social de los beneficios petroleros a partir de la apertura? ¿O Pemex sería otro Telmex, como rezan los cartoncitos de los manifestantes?

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miércoles, 23 de abril de 2008

La minoría de la minoría, por Alejandro Encinas

Ciudad de México, 23 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 403



Sumario:

I.
La minoría de la minoría, por Alejandro Encinas

II. Mujeres sin miedo IV, por Laura Itzel Castillo

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LA MINORÍA DE LA MINORÍA
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Universal el 22 de abril de 2008)


La toma de las tribunas en el Congreso de la Unión por legisladores del Frente Amplio Progresista ha desatado una de las más virulentas campañas de encono desde las estructuras del poder. La pretensión de privatizar la industria y la renta petrolera nacional despierta hoy las tentaciones más autoritarias en la ya de por sí deteriorada situación política del país.

A quienes disienten de esta iniciativa se les califica con epítetos irresponsables: “golpistas”, “fascistas”. Bajo el argumento de que estas acciones buscan “cancelar el ejercicio de la razón de ser del Congreso”, se les pretende equiparar con Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta.

No voy a debatir en torno a estos epítetos que caen por su propio peso: los golpes de Estado se dan desde estructuras del poder, no por la manifestación de integrantes del mismo Poder Legislativo. Cuando la confrontación se da desde la sociedad y desde la oposición por la vía pacífica se llama resistencia civil, cuando se da por la vía violenta se llama revolución. Fascismo se denomina a regímenes políticos autoritarios y totalitarios en ejercicio del poder. Querer equiparar a los disidentes políticos de la izquierda con sus más claros perseguidores resulta más que absurdo.

Me ocupan afirmaciones como las del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, en el sentido de que “no vamos a permitir que unos violentos, que unos rijosos que están violentando el país, se salgan con la suya”, o la de un comunicador de la televisión quien afirma que el día en que un grupo de legisladores tomó las tribunas del Congreso “quedará en la memoria histórica como el día en que la minoría de una minoría secuestró el Congreso... impidiendo por la fuerza el ejercicio que es base de la democracia, la libre discusión de las ideas, el respeto a los demás, el derecho a disentir (sic)... violentó el principio democrático del ejercicio de las mayorías pasando por encima de ellas, usurpando (sic) lo que no les dio la sociedad”.

La primera, porque da cuenta del inequívoco rumbo de mayor confrontación política a la que se encamina el país y al aliento de los sectores más conservadores de nuestra sociedad, que impulsan de nueva cuenta la guerra sucia desde los medios de comunicación, llegando al extremo en una radiodifusora de dar a conocer “llamadas del público” que sugieren modificar la frase que en décadas anteriores alentó la derecha de: “haz patria, mata un chilango”, por “haz patria, lincha un perredista”.

La segunda, porque busca encubrir la demanda y el propósito fundamental de los legisladores del FAP, la de garantizar un debate nacional sobre las iniciativas que buscan privatizar una industria de la nación; porque el ejercicio del derecho a disentir se pretende presentar como el mayor de los retrocesos en la vida democrática del país provocado por “una minoría” que, por pequeña que fuese, tiene ese derecho, y porque quien está detrás de esta campaña es justamente la minoría menor de nuestra sociedad, que sería, sin duda, la beneficiaria de la privatización petrolera.

Me refiero no sólo a las grandes corporaciones multinacionales o a las que se han conformado en el país, sino a personajes con nombre y apellido, cuyas fortunas dan cuenta tanto de la enorme concentración del ingreso nacional como de la mayor desigualdad social registrada en la historia del país.

De acuerdo con la revista Forbes, los 10 mexicanos con mayor fortuna personal (Carlos Slim, Alberto Bailleres, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Jerónimo Arango, Isaac Saba, Roberto Hernández, Emilio Azcárraga, Alfredo Harp Helú y Lorenzo Zambrano) acumularon una riqueza conjunta de 96 mil millones de dólares, lo que representa 10.2% del PIB del país, de los cuales sólo Slim representa 6.3% del PIB, al concentrar 60 mil millones de dólares.

Esta es la verdadera minoría de la minoría, la eventual beneficiaria de la privatización de un recurso estratégico vital para el desarrollo del país y que ha sido dilapidado irresponsablemente por los gobiernos priístas y panistas para justificar su privatización; no los legisladores del FAP, que al igual que los estudiantes en 1968 demandan el diálogo, el debate público y el refrendo sobre uno de los grandes temas de la agenda nacional.

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MUJERES SIN MIEDO IV
Por Laura Itzel Castillo

(publicado en El Gráfico el 23 de abril de 2008)

Las mujeres mexicanas irrumpieron en el ámbito público durante la Revolución. Participaron activamente en grupos opositores y en el proceso armado. Fueron conocidas de manera genérica como Adelitas. De ahí el nombre que hemos adoptado, hoy, las brigadas femeninas de la resistencia civil pacífica en defensa del petróleo.

La Revolución proporcionó experiencia y conciencia política a miles de mujeres. Surgieron entonces algunas organizaciones como Las Hijas de Cuauhtémoc, que se unieron a Francisco I. Madero y llevaron a cabo diversas acciones políticas. Este grupo, junto a otras asociaciones más, participó en el Primer Congreso Feminista, de 1916, que se pronunció por otorgar el voto a la mujer.

Un año después, Hermila Galindo, secretaria de Venustiano Carranza, llevó una propuesta en ese sentido al Congreso Constituyente, pero fue rechazada. Los legisladores estimaron que, como las actividades femeninas estaban sujetas al hogar y a la familia, todavía no habían desarrollado su conciencia política. Sin embargo, este mismo argumento fue desechado cuando se discutió limitar el derecho al voto de los hombres analfabetas, ya que ello “contravenía los ideales que dieron origen al movimiento armado”.

A pesar de la discriminación, en la década de los 20 se consolidó el movimiento organizado de mujeres en demanda del sufragio. Hubo reformas en Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla. No sólo se reconoció el derecho a votar sino también a ser votadas. Esta segunda aspiración resultó efímera y difícil, pues en la mayoría de los casos no se validaron los registros y mucho menos los triunfos femeninos a ningún cargo de elección popular.

En 1935 se creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización plural que aglutinó a más de 50 mil afiliadas pertenecientes a 80 organizaciones. Por el PNR, abuelo del PRI, hubo destacadas personalidades como Matilde Rodríguez, esposa del general Francisco J. Múgica. También militantes comunistas como Refugio García, Adelina Zendejas y Frida Kalho, entre otras.

El presidente Lázaro Cárdenas, haciendo eco de este movimiento, envió al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 34 de la Constitución, a fin de otorgar los derechos ciudadanos a las mujeres. A pesar de ser aprobada, la reforma no se publicó en el Diario Oficial porque parte del oficialismo consideraba al sector femenino “susceptible de ser controlado corporativamente”, como ocurría con campesinos y obreros.

La lucha sería todavía larga. Primero por el sufragio y luego por la igualdad jurídica. La primera se resolvió 18 años después, y la segunda 39 años más tarde. Y es que después del voto, decían los oscurantistas, las mujeres querrán acceder al poder. El asunto puede resumirse con una cita del escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El hombre tiene miedo a la mujer sin miedo”. Y sigo con el tema en mi próxima colaboración.

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lunes, 21 de abril de 2008

El movimiento de defensa del petróleo en México logra frenar las iniciativas privatizadoras de Calderón, por Pablo Moctezuma Barragán

Ciudad de México, 21 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 402



Sumario:

I.
El movimiento de defensa del petróleo en México logra frenar las iniciativas privatizadoras de Calderón, por Pablo Moctezuma Barragán

II. Crónicas de la resistencia civil pacífica en defensa del petróleo, por la Lámpara de Diógenes

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EL MOVIMIENTO DE DEFENSA DEL PETRÓLEO EN MÉXICO LOGRA FRENAR LAS INICIATIVAS PRIVATIZADORAS DE CALDERÓN
por Pablo Moctezuma Barragán

editor de Teixitiani (El Despertar, en náhuatl) http://www.mexteki.org

La reforma energética no se votará en abril de 2008. Se discutirá varias semanas. Así de golpe se frenó el intento de Calderón de aprobar rápidamente sus iniciativas energéticas para entregar el petróleo y la petroquímica en manos extranjeras, pisoteando la Constitución de nuestro país.

El año 2005, Vicente Fox acordó con George W. Bush en Waco, Texas, la integración energética de México en el marco del ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte); posteriormente, en agosto de 2007, Felipe Calderón se comprometió en la Cumbre del ASPAN en Québec, Canadá, a abrir el petróleo a los capitales norteamericanos y extranjeros, así como al gran capital nacional. Así se comprometieron a terminar la labor privatizadora que iniciaron los gobiernos del PRI: De la Madrid, Salinas y Zedillo.

El ASPAN fue la continuación del TLC. Se le llamó TLC plus. Todo se decidía cupularmente en esas Cumbres Secretas, cuyos acuerdos no pasan por el Congreso de ninguno de los 3 países: EUA, México y Canadá. Acuerdos que significan la anexión de México y Canadá a los Estados Unidos de los Monopolios Norteamericanos.

Pero ni Felipe Calderón, ni George W. Bush contaron con la opinión del dueño: El Pueblo de México, que se ha levantado con gran fuerza a defender su riqueza petrolera y la soberanía nacional. Con grandes movilizaciones populares se frenó la aprobación “fast track” de las iniciativas energéticas que presentó Calderón el 8 de abril de 2008 para que se impusieran —sin discusión ni debate— por la mancuerna PAN-PRI en el Congreso. Pretendían sorprender al pueblo de México, haciendo aprobar leyes secundarias que contradicen flagrantemente la Constitución.

Hoy el gobierno del PAN, aliado al PRI, está arrinconado por las grandes movilizaciones populares del año 2008 y la convicción de la mayoría de los mexicanos de que los recursos de la nación no han de ser botín de las corporaciones extranjeras y sus empleados locales.

Desde el 28 de noviembre de 2007, en un Zócalo —corazón de la Ciudad de México— lleno a reventar, la Convención Nacional Democrática y el Frente Amplio Progresista acordaron movilizar a la población en defensa del oro negro, luego de que Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya tenían preparado el golpe para privatizar a Pemex.

Desde entonces, el gobierno federal hace campañas diciendo que “No va a Privatizar” Pemex y proponiendo diversas salidas para que ingrese el capital privado nacional y extranjero a la empresa estatal, sin que “cambie de propietario”. Pero el pueblo comprende muy bien que abrir la empresa pública al capital privado extranjero significa privatizar (aunque no digan la palabra) y perder el control de nuestros recursos más valiosos, acabando con la soberanía energética y la soberanía nacional.

El 24 de febrero se realizó un mitin de decenas de miles de personas en la Torre de Pemex, donde están las oficinas centrales de la empresa pública petrolera. En ese mitin quedó al descubierto la corrupción del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, que mediante el tráfico de influencias había conseguido contratos por más de 100 millones de pesos para las empresas de su familia. ¡El escándalo fue mayúsculo! y significó un golpe muy duro a la credibilidad del gobierno del PAN y a la del secretario de Gobernación a quien Calderón le encargó que operara la reforma energética: el delito fue confesado públicamente por Mouriño. Pero ha quedado completamente en la impunidad, no sólo no se le metió en la cárcel, sino que Calderón lo protegió y lo mantuvo en su puesto.

Para preparar el golpe acordado con Washington, el gobierno de Calderón comenzó una campaña en todos los medios de comunicación, tratando de convencer a los mexicanos que sólo tenemos reservas para 9 años y dado que a decir del gobierno se nos acaba el petróleo en tierra firme y aguas someras, es necesario encontrar nuestro “tesoro” en aguas profundas. Dicen que México no tiene la capacidad de hacerlo por lo que necesariamente tiene que asociarse con las trasnacionales extranjeras. Lo que no dijeron en esa campaña es que México a partir de lo que se comprometió en el ASPAN es el segundo proveedor de petróleo a EUA —después de Canadá— y que nuestros recursos están sirviendo para mantener el aparato militar del vecino del norte.

Hay petróleo en tierra y en aguas someras, además del que existe en aguas profundas. Sí hay petróleo en México. Estando al alza los precios del petróleo y habiendo recibido Pemex 828 mil millones de dólares en 2007, el gobierno dice que no hay tecnología ni dinero para que México pueda hacer nuevas inversiones. Esta campaña llenó de indignación a miles de mexicanos y en particular a obreros, técnicos e ingenieros petroleros que saben que México con una historia petrolera de más de cien años, tiene toda la capacidad de ser autosuficiente y sí tiene la capacidad tecnológica y que además nuestra Constitución en sus artículos 25,27 y 28 es clara en cuanto a la exclusividad de la Nación en la explotación de recursos petroleros. Esta es una cuestión no sólo de soberanía económica y política, sino también de seguridad nacional.

El 18 de marzo de 2008, un Zócalo lleno de manifestantes preparó las condiciones de lucha ante la inminente iniciativa para reformar la Constitución y permitir la extranjerización de Pemex.

Con la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y sus calles aledañas nuevamente llenas, sesionó ese día la Convención Nacional Democrática (CND) en su Tercera Asamblea Informativa y aprobó campañas y acciones para detener las alzas de los precios y la aplicación de nuevos impuestos; defender el patrimonio nacional en materia de petróleo e industria eléctrica; impedir que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio en los rubros que facilitarán la entrada a nuestro país de maíz y frijol de importación; exigir el respeto de los derechos humanos y el freno a la ola represiva contra luchadores y movimientos sociales; y para refrendar y multiplicar la solidaridad con los damnificados de Tabasco y Chiapas.

Ante la enorme movilización popular, el gobierno del PAN no pudo plantear una modificación abierta de la Constitución, así que trató de alcanzar sus metas de manera simulada. El 8 de abril, Calderón presentó sus iniciativas al Senado de la República en las que abre al capital privado: petroquímica, exploración, explotación, perforación, transporte, almacenamiento, ductos, etc. Todo bajo el disfraz con el que escondió sus verdaderas intenciones, ¡Hasta ensalzó a Lázaro Cárdenas quien nacionalizó el petróleo en 1938! Sin embargo, el 15 de abril, en Cancún, Quintana Roo, en el marco del World Economic Forum of Latin America (así ¡escrito en inglés!), Felipe Calderón defendió los principios de la “democracia” y el “libre mercado”, asegurando que la disyuntiva para los latinoamericanos es “si escogemos en lo económico las expropiaciones, el interés estatal, es decir, el pasado, o bien la libertad y la inversión productiva, que crean empleo”. De esta manera se manifestó en contra del control estatal de empresas estratégicas como Pemex y a favor de la “inversión productiva” de capitales privados.

Ha quedado clara la razón por la que las grandes corporaciones de Norteamérica y el gran capital mexicano impusieron a Calderón en la presidencia a pesar de haber perdido las elecciones del 2 de julio de 2006. Necesitan un gobernante incondicional y fiel a sus intereses y usaron todo el aparato del Estado para que el PAN siguiera en el poder y cumpliera los acuerdos del ASPAN que les impuso George W. Bush.

El 10 de abril de 2008 comenzó la movilización popular. Miles de mujeres, bautizadas como “Las Adelitas”, pusieron un cerco al Senado, apoyadas por brigadas de miles de mujeres y hombres, luego de que simultáneamente, legisladores del Frente Amplio Progresista tomaron las tribunas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para evitar que el PRI y el PAN consumaran “vía fast track” el golpe legislativo.

Los medios de comunicación: televisión, radio, periódicos, han desatado una descomunal campaña en contra del movimiento democrático contra el fraude, el movimiento de defensa del petróleo, de Andrés Manuel López Obrador, la Convención Nacional Democrática y el Frente Amplio Progresista. A pesar de lo cual, miles y miles de brigadistas tomaron las calles y las mujeres realizaron una imponente manifestación frente a la televisora: Televisa, incondicional del régimen. La mujer mexicana ha estado a la vanguardia de esta lucha en la que se han incorporado los trabajadores electricistas y amplios sectores de la población.

Los medios escandalizaron al máximo: ¡Asaltan tribunas! ¡Toman el Congreso! ¡Secuestran el Senado! ¡Instalan barricadas! ¡No respetan nada ni nadie! ¡Embisten contra la Suprema Corte de Justicia!, ocultando siempre el fondo del problema y quién y por qué se generó: El gobierno de Calderón, el PAN y el PRI dispuestos a violar la Constitución para abrirle paso a las grandes corporaciones capitalistas.

Olvidan, además, que para imponer a Calderón en la presidencia, después del fraude, los diputados del PAN asaltaron el congreso y secuestraron la tribuna para garantizar que el 1 de diciembre del 2006, Calderón rindiera juramento ante el Congreso. Por cierto que en aquella ocasión juró: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y si no que la nación me lo demande”. Hoy es la Nación quien le demanda el incumplimiento a su palabra.

La movilización ha sido intensa, y se obtuvo una victoria parcial, evitando, por el momento, la aprobación de las iniciativas de Calderón y dando tiempo para la amplia discusión y el debate de esta cuestión tan importante, que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía popular y nacional, y para que el movimiento crezca y alcance nuevos objetivos que le den al pueblo poder de decisión y garantía a cada uno de sus derechos.

Felipe Calderón llegará a Nueva Orleáns el 21 y 22 de abril a darle malas cuentas a su patrón, gracias a la heroica lucha de decenas de miles de mujeres, jóvenes, estudiantes, trabajadores de la industria, electricistas, petroleros, campesinos y pueblo en general que despierta a la acción, al movimiento y a la defensa de sus intereses.

“Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo” fue una de las canciones que entonaba la gente; otro coro que se ha popularizado durante las acciones combativas es: “¡No, no, no! ¡No nos da la gana! ¡ser una colonia norteamericana! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí nos da la gana! ¡ser una nación libre y soberana!”, demostrando el espíritu combativo que se desarrolla en el México del año 2008.

Se ha logrado frenar esta intentona de privatización de Pemex, las iniciativas de Calderón ya no podrán aprobarse en este período ordinario de sesiones que acaba el 30 de abril; ahora el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo exige un amplio debate en todos los medios de comunicación con la tribuna abierta, que no se viole la Constitución, ni se privatice Pemex, y que se combata la corrupción. Exige también que se efectúe un referéndum para que el pueblo participe en la reforma energética.

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CRÓNICAS DE LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA EN DEFENSA DEL PETRÓLEO
por la Lámpara de Diógenes

http://lamparadediogenes.blogspot.com


“¡Somos las mujeres defendiendo la nación!” (publicado el 21 de abril de 2008)

Las brigadas de mujeres volvieron a reunirse para defender el petróleo; al mediodía, el Hemiciclo a Juárez lucía repleto de sombrillas y de entusiasmo en espera de las instrucciones a seguir. Claudia Sheinbaum explicó que los senadores del PAN y del PRI se encontraban reunidos en la sede alterna del quinto piso de la Torre del Caballito.

Minutos más tarde y en perfecto orden, el contingente desfiló por la avenida Juárez, cada brigada identificada con sus colores. Las consignas brotaban con energía de las gargantas y se mezclaban unas con otras hasta que la marcha llegó hasta la avenida Paseo de la Reforma, en donde cientos de granaderos de la Policía Federal Preventiva (PFP), resguardando la sede alterna del Senado de la República, les impidieron el paso.

Cuando las brigadistas ocuparon sus lugares frente al edificio, decenas de elementos femeninos de la PFP salieron del interior del recinto, observando con caras asustadas a las mujeres que protestaban e incansables coreaban consigna tras consigna.

Desde la parte superior del camión que sirve de estrado, Jesusa Rodríguez y Claudia Sheinbaum recordaban a todos que el petróleo pertenece a los mexicanos, que es necesario un debate a fondo y con el tiempo que la gravedad de la situación lo requiere.


“¡Ni un paso atrás!” (publicado el 18 de abril de 2008)

Mujeres armadas sólo con valor y convicción sitiaron por quinto día la sede del Senado de la República, enfrentando entusiastas las dificultades de establecer un cerco ciudadano en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y así impedir que sesionaran los senadores, objetivo que el día de ayer se logró con éxito.

La Policía Federal Preventiva (PFP) estrenó lujosos autobuses, relucientes cascos, lustrosas botas y sofisticados uniformes para apertrechar a los nuevos elementos femeninos, que parecen haber sido sacadas del Instituto Miguel Ángel por mala conducta y cuyo principal propósito parece ser distraer e intimidar haciendo ruido con sus escudos, corriendo y haciendo correr a los fotógrafos de un lado para otro.

Los elementos de la PFP establecieron retenes tanto en las calles de Belisario Domínguez, Callejón del 57, Donceles y República de Cuba, resguardando tanto al recinto del Senado como el paso a una sede alterna en la calle de Donceles 14.

Los senadores del PAN, armados con cientos de policías, helicópteros, camiones, camionetas, fuero y miedo, intentaron “burlar” a las brigadistas logrando pasar a una sede alterna en la cual intentaron sin éxito sesionar, pues el resto de los senadores de los otros partidos no llegaron gracias al cerco ciudadano.

Las brigadas de mujeres, siempre felices y combativas, no han cedido en su lucha siempre pacífica. No han dado, ni para tomar impulso, un paso atrás hasta que se acepte un diálogo nacional, porque también de eso se trata la democracia.

La resistencia civil pacífica en defensa del petróleo continúa, así como continúa la organización de las brigadas, para comenzar, a partir de este domingo, la fase de información con asambleas convocadas en todas las plazas públicas del país.

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domingo, 20 de abril de 2008

Inconstitucional la ley reglamentaria del 27 constitucional que propone Calderón: Mario di Costanzo

Ciudad de México, 20 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 401

INCONSTITUCIONAL LA LEY REGLAMENTARIA DEL 27 CONSTITUCIONAL QUE PROPONE CALDERÓN: MARIO DI COSTANZO

El pasado 19 de abril, en entrevista radiofónica, Andrés Manuel López Obrador habló de la posibilidad de aceptar reformas en Petróleos Mexicanos, siempre y cuando se cumplieran tres condiciones: “si no se viola la Constitución, si no hay privatización y si no se alienta la corrupción en Pemex, nosotros no tenemos ningún problema, no tenemos nada que objetar”, señaló entonces el presidente legítimo de México.

A continuación reproducimos un texto que analiza precisamente una de esas circunstancias, la intención de violación a la Constitución mediante las reformas a leyes reglamentarias. Su autor es el secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo, Mario di Costanzo.



Nuestra Constitución Política establece claramente en sus artículos 25, 27 y 28, que sólo la Nación podrá explotar el petróleo; para ello, no sólo prohíbe de manera explícita el hecho de que el Estado otorgue concesiones o contratos en esta materia, sino ordena que sea éste el que lleve a cabo su explotación; de esta manera, el artículo 27 establece textualmente que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.

Más aún, lo anterior tiene una razón de existir y es que el Constituyente se dio cuenta del carácter estratégico que para la Nación tienen tanto el petróleo como otras actividades, mismas que define claramente en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, siendo éstas las de: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso.

Todavía más, reiterando el carácter estratégico de las actividades mencionadas, la Carta Magna establece en su artículo 25 que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.

Esto quiere decir que en cualquier organismo que se cree para llevar a cabo las actividades estratégicas, el gobierno tiene que mantener la “propiedad y control”, lo que podría sugerir, incluso, la imposibilidad de otorgarle la autonomía a Pemex, en virtud de las restricciones que impone, el artículo 25 constitucional.

Por estas razones, y a pesar de que en el artículo 28 constitucional, se establece que en México quedan prohibidos los monopolios, el párrafo 4º del citado ordenamiento establece claramente lo siguiente: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

De esta manera, resulta claro que el espíritu de la Constitución Política y de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales son los de reservar de manera exclusiva al Estado todas las actividades relacionadas con el petróleo, sin otorgar concesiones de ninguna especie, tal y como lo refiere actualmente la Constitución Política y la propia ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que señala que “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera”.

Por estas razones, es que en el caso de las reformas a “leyes secundarias” que años atrás se llevaron a cabo en materia de energía eléctrica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha concluido que las reformas llevadas a cabo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a su Reglamento contravienen lo dispuesto en el artículo 27 constitucional: es decir, que sobrepasan lo establecido en la Constitución, que es la Ley Suprema.

Es claro que en el caso de la propuesta de Reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, enviada por Felipe Calderón, se busca contravenir el principio de “actividad estratégica” del petróleo, pero también “sobrepasar o quitar la exclusividad del Estado en materia de explotación de petróleo”.

La propuesta del gobierno espurio enviada recientemente al Senado de la República viola flagrantemente nuestra Constitución Política, ya que el artículo 27 de nuestra Carta Magna establece claramente que, tratándose de petróleo, no puede haber concesiones ni contratos y, por lo tanto, sólo la Nación llevara a cabo su explotación.

Mediante una estrategia mentirosa e ilegal, están proponiendo reformar el artículo 4 de la ley reglamentaria del 27 constitucional, para que los privados, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.

Pero también, mañosamente, la propuesta establece en el artículo mencionado que; Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.

Así, resulta claro que el propósito es dejar a Pemex como simple proveedor de petróleo, es decir, un abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.

Esto no sólo implica entregar nuestra renta petrolera, sino también regalar de toda la cadena de valor agregado de la industria.

Así, por ejemplo, el artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del 27 constitucional, establece actualmente lo siguiente:

Artículo 4o. La Nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Salvo lo dispuesto en el artículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.

El transporte, el almacenamiento y la distribución de gas metano, queda incluida en las actividades y con el régimen a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando en la elaboración de productos petroquímicos distintos a los básicos enumerados en la fracción III del artículo 3o. de esta Ley se obtengan, como subproductos, petrolíferos o petroquímicos básicos, éstos podrán ser aprovechados en el proceso productivo dentro de las plantas de una misma unidad o complejo, o bien ser entregados a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, bajo contrato y en los términos de las disposiciones administrativas que la Secretaría de Energía expida.

Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley.

Sin embargo, la iniciativa de Calderón, propone que quede en los siguientes términos:

Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.

Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.

El gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, se sujetará a las disposiciones aplicables de transporte, almacenamiento y distribución de gas.

Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el artículo 15 A de esta Ley.

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jueves, 17 de abril de 2008

La privatización petrolera: el inicio­, por Lorenzo Meyer

Ciudad de México, 17 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 400
Sumario:

I. La privatización petrolera: el inicio­, por Lorenzo Meyer

II. “Darle tiempo al debate y negárselo a las descalificaciones”, propone el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo

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LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA: EL INICIO­
por Lorenzo Meyer
­(publicado en Reforma el 17 de abril de 2008)

­El logro del presidente Lázaro Cárdenas de 1938 está en duda con el debate-iniciativa del gobierno sobre el artí­culo 27 constitucional­

Antecedentes necesarios­
Los clásicos creí­an que la historia se moví­a en ciclos. Por lo que al petróleo mexicano se refiere, tení­an razón. Hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX. Estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio.

Lo que hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto polí­tico no es la privatización de la industria petrolera al estilo Teléfonos de México, eso simplemente ya no es polí­ticamente viable. Lo que está en juego con la iniciativa de ley presentada por el gobierno el 8 de abril es hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera que desea Felipe Calderón con la letra y, sobre todo, con el espí­ritu del artí­culo 27 constitucional, teniendo en cuenta que ese espí­ritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.­

En 1916, en el párrafo IV del artí­culo 27 de la nueva Constitución, el constituyente de Querétaro decidió retornar al dominio directo de la nación "los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, lí­quidos o gaseosos". Esa disposición clara y contundente entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión sino de toda la estructura de la inversión externa en México y, de rebote, la onda expansiva se dejó sentir en otros paí­ses periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera en 1938. Esa larga lucha cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, pues fue entonces cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, lí­quidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos". Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, tratándose del petróleo: "no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado"; esto último fue una reacción contra los cinco "contratos riesgo" otorgados por Miguel Alemán entre 1949 y 1951 a otras tantas empresas norteamericanas en el primer paso firme de reprivatización petrolera.­

En el origen
Para comprender a cabalidad la razón por la cual se ha convertido en algo tan central a la vida polí­tica mexicana la actual propuesta de Felipe Calderón de reformar el marco legal que rige la explotación de los hidrocarburos mexicanos, conviene volver la vista al principio, dar un gran salto temporal hasta llegar al siglo XVI para luego reconstruir el proceso hasta llegar a la primera privatización y entender lo que implicó. Sólo así­ se puede apreciar la magnitud de lo que hoy está en juego.­

Al incorporar España a sus dominios lo que hoy es México, su interés principal era explotar la riqueza minera, por ello ésta quedó definida desde el inicio como propiedad del soberano. El monarca español podí­a dar en concesión la explotación de esa riqueza a particulares, pero en principio todo elemento valioso en las entrañas de la Tierra era propiedad de la Corona. Fue por ello que los mineros, al descubrir y apropiarse de lo que habí­a de valioso en el subsuelo —plata y oro—, tení­an que pagar regalí­as. Cuando en 1821 México se declaró independiente, lo que era propiedad de la Corona española —entre otras cosas, las riquezas del subsuelo— pasó a ser propiedad de la nación. Y esa riqueza incluyó a los “jugos de la tierra”, es decir, al petróleo, aunque sin gran valor y cuya existencia se conocí­a por las chapopoteras.­

La revolución industrial y el motor de combustión interna le darí­an al petróleo un valor hasta entonces impensable. Fue justo al inicio de la era petrolera a escala mundial, en 1884, cuando el gobierno de Manuel González, copiando la legislación en boga en los paí­ses industriales —en este caso la francesa—, elaboró una ley minera que, en su artí­culo décimo fracción IV, declaró que tanto los depósitos de carbón como de petróleo dejarí­an de ser propiedad de la nación para serlo de quien fuera el dueño de la superficie. En el paí­s de entonces el cambio se justificó como una manera de alentar la producción interna de los nuevos combustibles. Sin embargo, el código minero de 1892 cambió sutilmente el status del petróleo, pues su artí­culo cuarto no dijo ya nada con relación a la propiedad del hidrocarburo y simplemente declaró que se podí­a explotar sin necesidad de solicitar una concesión. Esto sirvió de base a la primera ley petrolera: la de 1901.­

Para el arranque del siglo XX, la importancia económica del petróleo ya era obvia y las primeras empresas petroleras extranjeras ya habí­an empezado a operar en México. En efecto, en diciembre de 1900, Edward Doheny formó la Mexican Petroleum Co. of California. Fue en esas circunstancias que el poder polí­tico decidió inclinar la balanza legal en favor del capital y en contra de la propiedad de la nación y reconoció claramente el derecho del superficiario a explotar el petróleo en sus terrenos. Por si lo anterior no fuera suficiente, en 1909, cuando ya era evidente que la actividad petrolera prometí­a ser una actividad en ascenso, apareció una legislación que acabó con toda ambigüedad al especificar que los “criaderos o depósitos de combustibles minerales” eran “propiedad exclusiva” del superficiario. Esta ley hecha en ví­speras de la Revolución permanecerí­a en contradicción con la Constitución de 1917 hasta 1926, cuando fue reemplazada por otra que restringí­a pero no anulaba los derechos del superficiario si los habí­a adquirido antes de 1917, es decir, cuando las grandes empresas petroleras extranjeras se hicieron de casi todos sus terrenos. Sólo en marzo de 1938 Lázaro Cárdenas pudo, por fin, acabar con esa primera privatización, pero por lo que vemos ahora, su triunfo está en duda.­

Legitimidad­
Cuando se inició la privatización del petróleo no se tení­a idea clara de la riqueza mexicana en esta materia, pero al momento en que el Porfiriato pasó su ley en 1909, ya nadie podí­a tener duda de la riqueza que la nación entregaba no sólo a los particulares sino especí­ficamente a los extranjeros. En efecto, además de Doheny estaba el empresario inglés Weetman Pearson, que desde 1906 habí­a empezado a adquirir terrenos prometedores además de lograr una exención de impuestos para importar maquinaria y equipo. Dos años después, cuando se perforó e incendió el pozo “Dos Bocas” y se puso en acción al “Potrero del Llano”, todo el mundo supo que México era paí­s petrolero. No fue coincidencia que la poderosa empresa de Pearson, “El Águila”, naciera justamente cuando se aprobó la ley de 1909.­

La legitimidad de la cesión de los derechos de propiedad a los particulares de ese valioso recurso natural no renovable que es el petróleo la justificó el orden porfirista con razones no muy diferentes a las que se aducen hoy: que la modernización del paí­s requerí­a de las nuevas fuentes de energí­a, y la única forma de descubrirlas y alentar la producción era dar seguridad jurí­dica al capital que tení­a la tecnologí­a y el empuje para hacerlo.­

Algunas conclusiones­
El gran técnico que descubrió los primeros campos petroleros no fue extranjero sino mexicano: el geólogo Ezequiel Ordóñe, y los intereses extranjeros lo usaron de manera óptima. Para ganar el favor de la clase polí­tica, Pearson hizo miembros del consejo de administración de “El Águila” al hijo de Porfirio Dí­az —“Porfirito” —, al gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, a Enrique Creel, a Pablo Macedo y a otros miembros de la oligarquí­a. En fin, que las decisiones hechas en nombre del “interés general” escondí­an la alianza de los pocos en beneficio de ellos mismos. Es verdad que hubo algunas voces crí­ticas de ese tipo de relación tan estrecha entre los cí­rculos del poder económico y polí­tico, pero no tuvieron ningún eco y sólo la violencia revolucionaria destruyó el arreglo oligárquico.­

Pese a la letra y espí­ritu de la Constitución de 1917, el petróleo siguió siendo un auténtico enclave; su dinámica estuvo determinada por las necesidades de las economí­as centrales y no por la interna y sin liga de un recurso tan valioso y no renovable con el largo plazo del desarrollo nacional. La expropiación de 1938 dio a la situación un giro de 180°. Y es ese giro lo que hoy está en juego.

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“DARLE TIEMPO AL DEBATE Y NEGÁRSELO A LAS DESCALIFICACIONES”, PROPONE EL COMITÉ DE INTELECTUALES EN DEFENSA DEL PETRÓLEO

Al Poder Legislativo
A la opinión pública

Ante un triunfo de la civilidad, la saludable aceptación en el Congreso de la Unión de la propuesta del debate nacional del Frente Amplio Progresista sobre los temas energéticos, queda señalar algunas certidumbres y sugerencias:

El debate necesita el tiempo justo y el primer debate debe ser sobre cuál es el tiempo justo.Estos días se han distinguido por sólidas y lamentables campañas de odio y por la personalización al extremo del conflicto. Nos importa sobremanera destacar que el centro y la razón de todo es el carácter de la reforma del cual dependerá gran parte del destino próximo de México. Aunque ningún debate lo signifique todo, éste, ya propuesto y aceptado, sí clarificará lo suficiente las condiciones de la reforma a Pemex. No sólo hay que darle tiempo al debate, hay que negárselo a las descalificaciones tan innecesarias, y hacerlo todo en el clima de serenidad exigible y evidente. Las razones trascienden siempre a las presiones y éste es nuestro compromiso.

Es indispensable que no sólo el Poder Legislativo, encargado de la última forma legal del proyecto, sino la sociedad civil en sus muy variados sectores discuta y adquiera, durante el debate, muchísimos elementos de juicio, hasta ahora monopolizados por quienes creen monopolizar a los expertos. Como se ha probado, expertos los hay en ambos lados de la polémica y a ellos les corresponderán los cuestionamientos centrales, pero a todos nos corresponde participar, en la medida de nuestras posibilidades, en el proceso de ciudadanización que va de lo que no se nos ha permitido conocer a lo que necesitamos saber para ser parte activa y no meramente contemplativa o rezongona de la nación.

Para que el debate sea efectivamente nacional y efectivamente local, requiere de la intervención de la radio y la televisión. Sin esto sería un diálogo entre expertos o inexpertos sin las repercusiones mínimas, salvo, como se ha visto, el saqueo de los recursos nacionales.

La experiencia histórica impulsa la exigencia de tiempo justo para el debate. Hemos visto y lo hemos resentido profundamente cómo, de qué forma, al arrinconar a la ciudadanía y al concentrar todo en unos cuantos delegados de todavía menos personas, se cometen atentados auténticos como Fobaproa, el IPAB, el rescate de las carreteras y demás privatizaciones. ¡Cómo hubiera hecho falta un debate nacional en torno al Fobaproa!

Un resultado positivo ya innegable: Se vive en el orden nacional y como exigencia inaplazable, la exigencia de debates que contrarresten y trasciendan el desánimo y el aplazamiento de la ciudadanización. Ese vigor comunitario no debe perderse. Ir al debate en los tiempos que el debate mismo exige es un procedimiento civilizado y racional.15 de abril de 2008.

ATENTAMENTE
Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Fernando del Paso, Héctor Díaz-Polanco, Margo Glantz, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Héctor Vasconcelos.

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miércoles, 16 de abril de 2008

Reforma sin convicción, por Rogelio Ramírez de la O

Ciudad de México, 16 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 399
Sumario:

I. Reforma sin convicción, por Rogelio Ramírez de la O

II. Mujeres sin miedo III, por Laura Itzel Castillo

III. Se solidariza legislador de Chihuahua con senadores y diputados del FAP

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REFORMA SIN CONVICCIÓN
por Rogelio Ramírez de la O
(publicado en El Universal el 16 de abril de 2008)

Lo peor que puede ocurrir a una organización, y más a un gobierno, es ser ambiguo en las soluciones que plantea a los problemas según su diagnóstico. Y esto ha ocurrido en el caso de la reforma energética recientemente propuesta. Después de un largo diagnóstico y de insistir en la rigidez del marco regulatorio, el gobierno no se atrevió a proponer cambios a la Constitución.

Y al mismo tiempo intenta una apertura al sector privado. Esto deja atrapada su propuesta entre su propia retórica de “fortalecer a Pemex” y medidas que ceden renglones de producción de Pemex al sector privado. El resultado: pronto comprobaremos que los inversionistas y empresarios que hubieran estado interesados en participar en la exploración se quejen por la falta de cambios constitucionales. Y, por otra parte, quienes quieren una industria petrolera nacional e integrada se quejen de que no se respete la Constitución y se impulse el gradual desplazamiento de Pemex por las empresas privadas.

El gobierno quedará mal con los dos grupos. A los empresarios no les ofrecerá certidumbre jurídica. Y los grupos nacionalistas se opondrán a que Pemex ceda refinación, transporte o distribución de productos o que firme contratos con empresas privadas con pagos variables y precio indeterminado por sus servicios. Pues si no saben cuánto van a cobrar, hay un riesgo; y si hay un riesgo, es un contrato de riesgo.

Si lo que se quiere es que el inversionista privado cubra sus propios gastos y cobre según el fruto de sus éxitos en la exploración, no se debe usar el lenguaje ambiguo de “acompañamiento”, “asociación” o “alianza” que los funcionarios utilizan. Deberían en cambio modificar no sólo el artículo 27, sino también el 25, que indica que las actividades estratégicas sólo pueden estar a cargo del Estado. Como el petróleo es estratégico, según el artículo 28, el gobierno se impuso una misión imposible.

Lo anterior sugiere no sólo indecisión y falta de convicción, irónicamente requisitos esenciales para cualquier reforma estructural. Desde luego que toda reforma es muy difícil y tiene costos altos, pero si no se quiere incurrir en ellos, no se justifica haber insistido durante tanto tiempo en el tema de las reformas estructurales. Gratis no van a llegar.

Una implicación es que alguien tiene que llenar los huecos que el gobierno deja vacíos. Un candidato es el senador Manlio Fabio Beltrones, quien debe convencer a su bancada en el PRI de que el cambio en la ley secundaria cumple con la Constitución y además fortalece a Pemex. El otro es la Suprema Corte, a donde llegarán las controversias constitucionales.

Paradójicamente esto implica un desgaste extremo para estas instituciones. En el caso de la Suprema Corte, por ser árbitro en un asunto de la mayor trascendencia, cuando ya ha puesto su reputación en entredicho, entre otros asuntos, al exonerar al gobernador Mario Marín. Complacer al gobierno en este punto la expondría a quedar en una situación aún más precaria.

La retórica de “fortalecer a Pemex” no pasa la prueba, según las encuestas de María de las Heras, por numerosas causas. Una es que los problemas descritos por el gobierno en su gran mayoría son operativos de Pemex, cuando las iniciativas descansan sobre todo en cambios jurídicos y administrativos. Si Pemex es ineficiente en la refinación de petróleo y por ello pierde dinero, pasar esta actividad al sector privado no ataca el problema de su ineficiencia.

Si se atacara el problema operativo es muy probable que se lograran resolver no sólo los problemas de Pemex, sino hasta los del gobierno mismo. Claro, esto requeriría atacar sin excepciones la corrupción.

Otras iniciativas crean expectativas, pero no resuelven mucho. La supuesta mayor disponibilidad de recursos para Pemex queda sujeta a que cumpla con una meta de superávit, es decir, que tenga sobrantes de efectivo pero no los pueda gastar. El Congreso y sobre todo el PRI tienen una papa caliente en sus manos.

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MUJERES SIN MIEDO III
por Laura Itzel Castillo
(publicado en El Gráfico el 16 de abril de 2008)

La resistencia civil pacífica en defensa del petróleo tiene voz y rostro de mujer. Se lo expliqué a un reportero del diario The Financial Times que, asombrado, preguntaba si no teníamos temor. Él no lo sabía, pero la respuesta ya había sido coreada por miles de voces: “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”.

El periodista, después de escuchar las razones de este movimiento y una explicación amplia de la participación femenina, tuvo que admitir que se trataba de una “estrategia inteligente”, aunque quizá no lo consigne en su nota.

Ahora bien, ¿por qué el asombro? Quizá porque en México la igualdad jurídica entre hombres y mujeres es algo reciente: 1974. Hasta ese año, cuando se modificó el artículo cuarto de la Constitución, éramos legalmente seres inferiores y algunos hombres así lo creían. Y, claro, actuaban en consecuencia.

Tal como lo señalé en la anterior columna, la lucha femenina por su emancipación registró importantes episodios en Europa durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, pero en México no encontramos reivindicaciones como aquéllas, a pesar de la importante participación de la mujer durante la Independencia, las intervenciones extranjeras y sobre todo la Revolución. La explicación quizá se localice en la rígida estructura social, caracterizada por un fuerte control religioso que promovía la sumisión de la mujer al hombre. Incluso en las filas liberales persistía este prejuicio. Baste recordar la famosa Epístola de Melchor Ocampo, que obligadamente leía el juez —y algunos lo siguen haciendo— en cada matrimonio civil.

Aún más: los derechos femeninos ni siquiera se discutieron en los Constituyentes de 1824 y 1857. En la Ley Orgánica Electoral de la Constitución de 1857, por ejemplo, se especificaba que los estafadores y ebrios no tenían derecho al voto, en tanto que se obviaba mencionar a las mujeres. Solamente Ignacio Ramírez planteó la necesidad de reconocer los derechos sociales de las mujeres, sin embargo esto no fue aprobado.

Hay que recordar que no solamente no estuvimos contempladas como sujetos políticos, sino que la subordinación de género se profundizó con una serie de reordenamientos de los derechos femeninos. Tal fue el caso de las reformas al Código Civil llevadas a cabo en 1870 y ampliadas en 1884, donde quedaba asentado que las mujeres, al casarse, perdían la capacidad para litigar, contratar y enajenar sus propiedades.

Fue hasta el siglo XX cuando las luchas femeninas por sus derechos ciudadanos adquirieron mayor fuerza, y que poco a poco hemos ido ganando espacios para hacernos visibles con nuestra participación.

Concluyo por hoy: que no se subestime nuestro papel de vanguardia en esta lucha, porque los incrédulos pueden llevarse muchas sorpresas. Continúo con el tema la próxima semana.

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SE SOLIDARIZA LEGISLADOR DE CHIHUAHUA CON SENADORES Y DIPUTADOS DEL FAP

Para sumarse a la demanda que impulsaron los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista de que se lleve a cabo un debate nacional sobre la reforma energética, el diputado del PRD en el estado de Chihuahua, Víctor Quintana, inició un ayuno en el salón de plenos del Congreso local, informó la secretaria del Trabajo del gobierno legítimo, Bertha Elena Luján Uranga.

Luján explicó que luego de presentar una iniciativa de punto de acuerdo para que fuera el propio Congreso del estado de Chihuahua quien convoque a dicho debate en la entidad, el diputado Quintana se declaró en ayuno. Detalló que el legislador evaluará si mantiene el ayuno en función de los adelantos de la convocatoria al debate nacional y de la postura asumida por las y los representantes populares del FAP.

Luján Uranga comentó que el diputado Víctor Quintana ha dicho: “respeto profundamente y en todo momento he defendido el derecho de los diputados a la palabra, por lo que no realizo más que una toma simbólica de la tribuna del Congreso”.

La secretaria del Trabajo lopezobradorista mencionó que Víctor Quintana ha comentado que sólo ingerirá agua y té con miel, pues pretende hacer un llamado a la ciudadanía para que se realice este debate a nivel nacional de la manera más amplia, incluyente y participativa sin ninguna prisa, donde el pueblo de México sea informado con toda veracidad y pueda expresar su opinión en torno de la reforma energética.

Para Quintana, “la reforma energética del presidente espurio entraña una privatización de varias fases de la industria petrolera. Los mexicanos tenemos muy malas experiencias con las privatizaciones: la bancaria enriqueció a unos cuantos bancos extranjeros y tenemos los servicios bancarios más caros y nulos préstamos a los sectores productivos. La privatización de los teléfonos ha redundado en las tarifas más altas de América Latina y ha convertido a Carlos Slim en el hombre más rico del mundo. No queremos la privatización de Pemex por todo esto, no queremos crear al Carlos Slim del petróleo”, concluyó Víctor Quintana.

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