Las trece líneas rojas de la reforma petrolera. Declaración del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo

Ciudad de México, 17 de julio de 2008
Servicio informativo núm. 479

Sumario:

I. Las trece líneas rojas de la reforma petrolera. Declaración del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo

II. Rechaza el gobierno legítimo el cierre del único hospital psiquiátrico del país y se solidariza con familiares de pacientes y planta laboral del nosocomio: Asa Cristina Laurell

-------------------------

LAS TRECE LÍNEAS ROJAS DE LA REFORMA PETROLERA
Declaración del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo

El pasado 15 de julio, Luis Zapata Linares, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México, participó en los debates que sobre la reforma a Pemex organiza el Senado de la República. Como parte de su ponencia, Zapata Linares dio lectura a un comunicado a nombre del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo, formado por escritores, intelectuales, poetas, pintores, analistas y académicos, documento al que han titulado “Las trece líneas rojas de la Reforma Petrolera”, y que a continuación el servicio de noticias ISA reproduce íntegramente.

Los debates alrededor de la llamada propuesta de reforma energética ya han puesto en claro que el conjunto de seis iniciativas debería ser rechazado. Es inaceptable, primero, por su carácter contrario a la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende modificar a través de la reforma de leyes secundarias. Es también inaceptable por su evidente intención privatizadora. Ésta se manifiesta en el objetivo implícito de transferir a empresarios e inversionistas privados, tanto foráneos como nacionales, las actividades centrales de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra, se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera, constituido por las funciones básicas de Pemex.

Específicamente, destacan en las iniciativas propuestas trece disposiciones que resultan en especial lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende perpetrar. Se trata de las siguientes trece líneas rojas:

Primera: autorizar la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades sustantivas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los contratos de mayor importancia —como los relativos al desarrollo de innovaciones tecnológicas y a servicios de consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación— podrán no someterse a licitación. Además, tanto el alcance de estos contratos como las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir “incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio”. Es evidente una laxitud excesiva que abre espacios a la corrupción. (Arts. 45 y 46 del proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos —en adelante Ley Orgánica.)

Segunda: transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera derivada de las operaciones de producción de petróleo y gas que se contraten con ellos. Establecer que, en todos los casos, las remuneraciones serán en efectivo y no concederán propiedad sobre los hidrocarburos no es condición suficiente para evitar la transferencia de renta ni para asegurar que Pemex conservará el control sobre las actividades de exploración y desarrollo. El pago en efectivo por la exploración y extracción equivaldrá al precio de mercado del crudo extraído y disminuirá el monto de la renta petrolera que Pemex-PEP realice en el momento de comercializarlo. (Art. 6º del proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo —en adelante Ley Reglamentaria— y Art. 46 de la Ley Orgánica.)

Tercera: acentuar la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado. En las iniciativas no se distingue entre cubrir un costo temporal de mercado por servicios recibidos —en tanto se desarrollan las capacidades propias— y hacer partícipes de las utilidades a socios permanentes. Esto se plantea en el caso de la refinación en que, dados los actuales diferenciales de precios entre el crudo pesado, el ligero y las gasolinas, una planta de 400 MBD, a los precios internacionales vigentes, asegura márgenes no inferiores a dos o tres mil millones de dólares anuales, con lo que la inversión realizada podría recuperarse con alta probabilidad al tercer año de haber iniciado operaciones. (Véase, entre otros, el Art. 4º de la Ley Reglamentaria.).

Cuarta: autorizar, a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos de riesgo, contrariando el espíritu de la Constitución y el texto vigente de la Ley Reglamentaria. La suma de las características que se atribuyen a los contratos para la realización de obras y la prestación de servicios relacionados con la exploración y desarrollo —incluyendo la concesión de incentivos por desempeño (se pagará más que proporcionalmente por barril extraído mientras más se extraiga), la flexibilidad en cuanto al objeto y la remuneración de las obras y servicios y la equivalencia entre el pago en efectivo y el valor del petróleo producido— los hacen de hecho indistinguibles de los contratos de riesgo. A diferencia de lo que ocurre con los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución, las iniciativas no especifican las obligaciones de los contratistas o permisionarios privados de exploración, desarrollo y refinación. (Diversos artículos de la Ley Reglamentaria, en especial omisión incurrida en el Art. 15, y de la Ley Orgánica.)

Quinta: posibilitar el desplazamiento de Pemex y su sustitución por empresas privadas en actividades sustantivas de la industria petrolera. El tipo de contratos de obras y prestación de servicios previstos en las iniciativas pueden, potencialmente, dar lugar a la exclusión del organismo de nuevos espacios y localizaciones de la industria petrolera. Es concebible, por ejemplo, que una sola empresa o un consorcio de ellas celebren un contrato de exploración y desarrollo, conectado con un segundo contrato para servicios de refinación y un tercero de transporte —incluyendo el tendido y operación de ductos— y almacenamiento para distribución, estableciendo una cadena de actividades integradas por completo al margen del organismo. (Interpretación del alcance de diversos artículos de la Ley Reglamentaria y de la Ley Orgánica.)

Sexta: prever sanciones más rigurosas para Pemex y sus subsidiarias que para los permisionarios privados. El régimen en materia de obligaciones, sanciones y medidas de seguridad plantea, en general, más exigencias a los organismos públicos que a los permisionarios privados. (Art. 15ª de la Ley Reglamentaria.)

Séptima: abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios. Se abandona el concepto del organismo como empresa petrolera integrada y se abre la puerta para que sus organismos subsidiarios sean establecidos, fusionados o incluso extinguidos por iniciativa presidencial, aprobada por el Consejo de Administración. Sería preferible que la Ley estableciera el carácter de Pemex como organismo integrado e indicase que el eventual establecimiento, fusión o extinción de sus subsidiarias sólo podría efectuarse por Ley, de suerte que correspondiera al Congreso la responsabilidad de establecer la estructura institucional del organismo. (Art. 4º y fracc. VIII del Art. 18 de la Ley Orgánica.)

Octava: establecer la “creación de valor económico” como objetivo central. Debe reestablecerse la garantía de la seguridad energética de la nación, mediante el abasto oportuno y eficiente de la demanda nacional como objetivo primordial del organismo. De otro modo, se mantendrá y aún acentuará el sesgo exportador. (Último párrafo del Art 7º de la Ley Orgánica.)

Novena: proponer un Consejo de Administración de Pemex cuya integración, facultades, carácter discriminatorio, grado de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones lo torna funcional sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo.
(Sección II de la Ley Orgánica.) Adviértanse, en especial, las siguientes características del CA propuesto:
• Integración. Se propone elevar de once a quince el número de integrantes del CA, añadiendo a cuatro “consejeros profesionales”, dos de los cuales serían de tiempo completo y representantes del Estado y dos de tiempo parcial, sin aclarar a quién representarían. Se establecen así consejeros de dos categorías, lo que es discriminatorio. No se señala cómo se garantizará la ausencia de conflicto de interés de los consejeros profesionales de tiempo parcial, respecto de sus demás actividades. (Fracc. III del Art. 8º y Art. 15 de la Ley Orgánica)
• Designación. Al elevarse de once a quince el número de integrantes del CA, se eleva también la proporción de los nombrados directamente por el presidente de la República, que pasa de 55 a 66 por ciento del total. Esta designación los convierte, de hecho, en representantes del gobierno. Si se deseara que fueran de veras profesionales e independientes se prevería, por ejemplo, que fueran designados por el Congreso a propuesta de colegios profesionales o entidades académicas. La designación por ocho años, como ha hecho notar el INAP, rebasa “la temporalidad de las facultades del ejecutivo”. (Fracc. I y III del Art. 4º y Art. 14 de la Ley Orgánica.)
• Transparencia. Se relega al reglamento del CA la definición de las “normas para la difusión de los acuerdos y, en su caso, de los votos particulares” del CA. En beneficio de una verdadera transparencia, estas normas deberían establecerse en la Ley. (Art. 15 de la Ley Orgánica.)

Décima: conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general. Establecer seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar constituye un incentivo al descuido, la irresponsabilidad e incluso la corrupción. Es una propuesta por completo inadmisible. También es inadmisible que los consejeros profesionales de tiempo parcial no estén sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. (Art. 37 y 30 de la Ley Orgánica.)

Undécima: emitir “bonos ciudadanos” como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex. Más que títulos de deuda, ya que su rendimiento no es fijo, sino que está relacionado con los resultados del organismo, los bonos parecen acciones o títulos de inversión neutra, es decir sin derechos corporativos. Aunque se tiene previsto que no rebasen del 5% del total de la deuda registrada del organismo, es posible que se conviertan en un vehículo para el financiamiento privado de Pemex. (Apartado B del capítulo IV de la Ley Orgánica.)

Duodécima: aceptar “la aplicación de derecho extranjero [y] la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles” es absolutamente improcedente e inaceptable. Sacrifica las mejores tradiciones jurídicas internacionales, sustento de la soberanía de la nación. (Párrafo segundo del Art. 49 de la Ley Orgánica.)

Decimatercera: orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a Pemex a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos difíciles (Chicontepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales. Se incurre en el error político de separar el tratamiento impositivo general por otro más suave a esos yacimientos, donde aparentemente residen las mayores tentaciones privatizadoras o de formación de alianzas asociativas con empresas extranjeras.

-----------------

RECHAZA EL GOBIERNO LEGÍTIMO EL CIERRE DEL ÚNICO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DEL PAÍS Y SE SOLIDARIZA CON FAMILIARES DE PACIENTES Y PLANTA LABORAL DEL NOSOCOMIO: ASA CRISTINA LAURELL

La salud mental y la psiquiatría es una de las áreas más desatendidas del sistema público de salud en México, a pesar de que las enfermedades mentales representan una problemática muy frecuente en la población y el Hospital Juan N. Navarro es el único hospital psiquiátrico infantil del país, pero desde el sexenio pasado se ha intentado cerrarlo con la promesa de abrir otro con mejores instalaciones y equipamiento, manifestó la secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell.

Mencionó que la Secretaría de Salud del gobierno usurpador ha informado que utilizará el terreno donde está el citado nosocomio –ubicado en la delegación Tlalpan— para ampliar el Instituto Nacional de Cancerología y construir un estacionamiento.

La referida dependencia ofrece trasladar el hospital Juan N. Navarro a un inmueble anteriormente utilizado por la Secretaría de Educación Pública que sería remodelado, pero es obvio que las instalaciones de la SEP no cumplen con las condiciones adecuadas para funcionar como centro terapéutico y hospital psiquiátrico, ya que existen normas precisas al respecto, aseguró.

Con dicho antecedente, alertó, se pondría incluso en peligro la vida de los pacientes, por la falta de instalaciones adecuadas.

Ante la insistencia de familiares de los pacientes y el personal del hospital de conocer el proyecto detallado de remodelación de estas instalaciones, la Secretaría de Salud sólo ha respondido con señalamientos generales, aclaró.

“Si la Secretaría tuviera la disposición de mejorar la atención a los niños y adolescentes con problemas psiquiátricos ha tenido mucho tiempo para hacerlo”, estimó al resaltar que “existen razones para pensar que el cierre del hospital es un paso más en la adopción de una política de salud mental donde los medicamentos sustituyen a la terapia y las familias suplan al cuidado institucional cuando éste sea necesario”.

Hizo énfasis en que los pacientes psiquiátricos son un grupo vulnerable en la sociedad y debe ser responsabilidad de la autoridad proporcionarles la terapia que requieren.

Todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de nuestra salud. Así lo establece la Constitución y “habría que recordar que el riesgo de vida de un paciente psiquiátrico puede ser igualmente grande que de un paciente con cáncer”, puntualizó.

Después de meses de cerrazón, denunció, la Secretaría de Salud pretende ahora desalojar el hospital usando la fuerza pública y amenazando a los familiares de los pacientes y a los trabajadores que están defendiendo este centro de terapia psiquiátrico.

“Estamos ante un caso más de criminalización de la opinión disidente, de los “otros”. Se agrava este hecho porque se trata de un grupo que desde antes está discriminado”, acusó.

Asa Cristina Laurell dio a conocer que el Gobierno Legítimo se solidariza con los defensores del hospital Juan N. Navarro y exige que se cumpla el derecho a la protección de la salud de sus pacientes.

------------------------------

EL USO DE ESTE SERVICIO DE NOTICIAS ES ABSOLUTAMENTE GRATUITO Y AMPLIAMENTE PERMITIDO. PEDIMOS SOLAMENTE QUE EN TODOS LOS CASOS SE CITE A Servicio de Noticias ISA COMO LA FUENTE INFORMATIVA ORIGINAL Y NOS REPORTEN A NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS SU UTILIZACIÓN A FIN DE PODER EVALUAR EL ALCANCE DE ESTE ESFUERZO INFORMATIVO.

Listas, las preguntas para la consulta sobre reforma energética

Ciudad de México, 16 de junio de 2008

Servicio informativo núm. 478

Sumario:

I. Listas, las preguntas para la consulta sobre reforma energética

II. Invita López Obrador a votar en la consulta energética

III. En la consulta del 27: no a la privatización, por Laura Itzel Castillo

---------------

LISTAS, LAS PREGUNTAS PARA LA CONSULTA SOBRE REFORMA ENERGÉTICA
(publicado en El Sendero del Peje —impreso— el 16 de julio de 2008)

El grupo de expertos que conformó el gobierno, la Asamblea Legislativa y el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) presentó las dos preguntas para la consulta ciudadana sobre la reforma energética que se efectuará el 27 de julio.

Las preguntas son: “Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que en estas actividades puedan ahora participar empresas privadas?”

La segunda es: “¿En general está de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?”

En el acto, donde la representante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Beatriz Vázquez, leyó las dos interrogantes el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Juan José García, recordó que la consulta será de las 8:00 a 18:00 horas.

Detalló que se establecerán dos mil 841 centros de votación en plazas, jardines, estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y cuatro urnas electrónicas en la Alameda Central, el Zócalo, la Glorieta Insurgentes y Chapultepec.

García Ochoa anunció también que en las próximas horas se dará a conocer la convocatoria para quienes deseen participar como responsables de mesas, a fin de que acudan a las coordinaciones distritales del IEDF y soliciten su registro, capacitación y designación.

Añadió que se mandará imprimir el número de papeletas suficientes para que los ciudadanos tengan la oportunidad de emitir su voto.

A su vez, el presidente del IEDF, Isidro Cisneros, recordó que establecieron un convenio con la Asamblea Legislativa y el gobierno local para la consulta ciudadana, toda vez que están convencidos de los temas que tienen que ver con la participación de los ciudadanos, el fomento de la cultura y promoción.

Agregó que el IEDF asesoró a los convocantes sobre la organización del diseño de la papelería y para la definición de la pregunta se hizo una propuesta metodológica para que los académicos tuvieran elementos de acuerdo con la experiencia del órgano electoral, en elaboración de consultas ciudadanas.

Cisneros explicó que el IEDF planteó nueve sugerencias para integrar el comité encargado de la elaboración de las preguntas y, en todos los casos, éstas fueron respetadas y cumplidas; además propuso 10 criterios reactivos para la elaboración de las preguntas, que de igual manera se aceptaron.

Al respecto, la representante de la UNAM, Beatriz Vázquez, señaló que el trabajo de los académicos consistió en revisar que hubiera imparcialidad y objetividad en las preguntas, considerando la iniciativa enviada a los legisladores.

A la reunión también asistieron representantes del IPN, de la UAM, el diputado local Humberto Morgan, quienes al término de la presentación de las preguntas visitaron al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, en sus oficinas.

---------------

INVITA OBRADOR A VOTAR CONSULTA ENERGÉTICA
(publicado en El Sendero del Peje —impreso— el 16 de julio de 2008)

En entrevista para W Radio, López Obrador advirtió: “Dejaré de llamarle pelele y ladronzuelo, aunque existen muchos sinónimos”, busca un canje justo, si acepta debatir con él sobre la reforma energética.

El periodista sustituto de Carmen Aristegui, Carlos Puig, adujo que la condicionante era una provocación, que Calderón no había insultado a AMLO, a lo que Obrador contestó: “No, nada más me robó la Presidencia. Por lo que a nosotros corresponde, llevamos 18 meses de un gran agravio, sin violencia, no se ha roto un vidrio en este país, y no nos pueden echar ni siquiera la culpa. Por eso no es cierto que no lo dejo gobernar. La verdad él ha tenido mucha libertad para hacer cosas, si no las ha hecho es porque no ha querido o no ha podido por su ineptitud”.

Respecto a la consulta pública sobre la reforma energética, López Obrador invitó al pueblo de México a salir a votar el próximo 27 de julio. Andrés Manuel mencionó que sería posible una movilización ciudadana pacífica, de aprobarse la propuesta energética del Ejecutivo y llamó al pueblo de México a salir a votar el próximo 27 de julio.

Carlos Puig fue incisivo y le preguntó si se espera la toma de algún aeropuerto y Obrador aclaró: “No podemos saber, también está el asedio de los medios de comunicación. Tenemos que buscar estrategias eficaces, que no afecten a terceros, pero que sea firme. Somos miles en todo el país”. Luego agregó que hay recursos suficientes para construir refinerías y explotar mantos petrolíferos y señaló a las grandes empresas que no pagan todos sus impuestos.

Dijo saber que Bimbo paga 1% o 2%, según información pública, pues solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) datos sobre cuánto pagan de impuesto las grandes empresas, como Telmex y Cemex, que según él, no pagan más de 2%, 1%, 3%. También, afirmó, está ingresando más dinero que nunca al país por la venta del petróleo al extranjero. “El problema que tenemos es que hay mucha desinformación de parte de Hacienda y del Gobierno. Carstens, que es un mago en desaparecer el dinero público, declaró que no había excedentes. Es increíble, por sentido común, si estamos recibiendo casi el doble de lo que había establecido el Congreso, cómo no hay excedente, entonces alegó que todo se va al subsidio de la gasolina”.

“Nosotros tenemos información del primer trimestre, en donde en el caso de la Magna, son 30 centavos la diferencia entre lo que compra el gobierno la gasolina en el extranjero y cómo la vende en las gasolineras. En la Premium es casi un peso. Luego argumentaron que no estaban incluidos los costos de transporte. Nosotros hemos hecho el cálculo, y cuesta siete centavos el transporte”.

Adujo que el propósito que tienen es privatizar Pemex y han llevado a la industria al fracaso, “¿cómo te explicas que no han construido una refinería nueva en 25 años?”. Y aunque existe una en Texas, afirmó que “en vez de invertir aquí, se llevaron el dinero al extranjero. En el caso de la petroquímica fue peor, dejaron que se convirtiera en chatarra. Hay un abandono deliberado de Pemex. Nada ha dañado más en México que la deshonestidad de los gobernantes. Es la causa principal de la desigualdad social. El peor de los ladrones es el político corrupto”.

Respecto a las pretensiones del gobierno panista, destacó que buscan la privatización “porque creen que pueden. Hay muchos intereses, alrededor del petróleo se agrupan muchos intereses. No hay inteligencia política en Calderón. Están queriendo trampear la Constitución con modificaciones a leyes secundarias. Además nada que lleve a la privatización, y sí mucha, mucha corrupción. Calderón y Mouriño hicieron contratos privados, tenemos pruebas, está el caso de Repsol, que trae petróleo de Perú. Muchos no saben que está proponiendo un consejo de administración de 15 personas, que Calderón propondrá a 10 y 5 los pondrá el sindicato, que tendrán facultades amplísimas, van poder otorgar contratos sin licitación y se está proponiendo que estos mismos miembros cuenten con fianzas y seguros para que si se les encuentra fraude o corrupción no se les pueda hacer nada”, puntualizó.

--------------

EN LA CONSULTA DEL 27: NO A LA PRIVATIZACIÓN
por Laura Itzel Castillo
(publicado en El Gráfico el 16 de julio de 2008)

Cuando algún planteamiento genera reacciones o respuestas desproporcionadas de la parte contraria, significa que la propuesta o idea tocó fibras sensibles y, por tanto, el promotor acertó en su designio.

Eso fue lo que ocurrió ayer, al darse a conocer las dos preguntas que hará el gobierno de la ciudad en la consulta del 27 de julio —en cuya organización participa el Instituto Electoral del Distrito Federal— sobre la pretendida reforma energética de Calderón.

Voceros oficiales y oficiosos se desgarraron las vestiduras y hablaron de manipulación, inmediatamente después de que fueron hechas públicas las preguntas. Es pertinente aclarar que en la formulación de éstas participaron expertos de varias instituciones académicas, y a ellos es a quienes se está descalificando.

En realidad el gobierno usurpador está asustado, pues diversas encuestas revelan que un altísimo porcentaje de la población desea ser consultado, y que una sólida mayoría se opone a sus iniciativas.

En todo caso, si algo pudiera inducir a error a los participantes no son las dos preguntas en sí mismas, sino una definición que se incluye en la primera: “gobierno”, en lugar de “nación”, como establece la Constitución. El sustantivo puede beneficiar a los privatizadores, pues el rechazo a la administración calderonista de una parte de la sociedad, sobre todo la de alta marginalidad, puede llevar a votar a los interesados en sentido contrario a sus deseos.

¿Cuáles son las preguntas para la consulta del 27? Las siguientes: 1) “Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y la refinación son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que participen empresas privadas?”. Y 2) “¿Está de acuerdo o no con que se aprueben las iniciativas de reforma energética que se debaten en el Congreso?”.

La oficina de Comunicación Social de Pemex respondió que empresas privadas participan en la industria petrolera desde hace 70 años, pero sólo aportó datos de los gobiernos panistas: entre enero de 2000 y julio de 2008 Pemex Exploración y Producción realizó casi 40 mil contratos, en su mayoría con empresas privadas. En otras palabras, reconoció que ya actúan ilegalmente.

El artículo 27 constitucional es claro: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Por eso, vamos por el ¡No! Primero paremos esta intentona privatizadora con razones y acciones, siempre pacíficas, pero de la magnitud necesaria. Después, rescatemos a Pemex de los neoliberales sin nación.

------------------------------

EL USO DE ESTE SERVICIO DE NOTICIAS ES ABSOLUTAMENTE GRATUITO Y AMPLIAMENTE PERMITIDO. PEDIMOS SOLAMENTE QUE EN TODOS LOS CASOS SE CITE A Servicio de Noticias ISA COMO LA FUENTE INFORMATIVA ORIGINAL Y NOS REPORTEN A NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS SU UTILIZACIÓN A FIN DE PODER EVALUAR EL ALCANCE DE ESTE ESFUERZO INFORMATIVO.

La exportación del fracaso, por Laura Itzel Castillo

Ciudad de México, 15 de julio de 2008

Servicio informativo núm. 477

Sumario:

I. La exportación del fracaso, por Laura Itzel Castillo

II. Visitará AMLO 19 municipios coahuilenses esta semana

-----------

LA EXPORTACIÓN DEL FRACASO
por Laura Itzel Castillo
(publicado en el suplemento “Enfoque” del diario Reforma el 13 de julio de 2008)

En vez de solucionar el gravísimo problema de cartera vencida y desalojos que se ha venido acrecentando en nuestro país, Felipe Calderón pretende exportar a Centroamérica nuestro modelo habitacional, con lo cual extendería a toda la región el conflicto social creciente que aquí ha significado. Los 33 millones de dólares que México aportará a la construcción de vivienda, según anuncio oficial, es sólo un gancho para que las naciones presuntamente beneficiadas importen este modelo de vivienda que, además de ser un agente de depredación ambiental y agraria, excluye a los sectores más pobres y sólo favorece a los constructores privados.

En realidad, el modelo habitacional mexicano no es propio. Corresponde a un conjunto de políticas impuestas desde el exterior en las últimas tres décadas. Como resultado, según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía nacional se ha colocado a la zaga de América Latina y el Caribe. Así, para 2007 y 2008 nuestro país habrá de registrar un crecimiento promedio del 3 por ciento, mientras que las economías de los países de esta región crecerán a una tasa de 5 por ciento.

En materia de vivienda los cambios han sido profundos. Lo mismo en regulación financiera que en la normatividad que rige a los organismos del sector. Éstos perdieron el carácter social que les dio origen y se transformaron en entidades bancarias. Así, el Estado mexicano pasó de ser un promotor de habitaciones a un simple facilitador o intermediario financiero, que favorece a entidades privadas, monopolios inmobiliarios y a trasnacionales que lucran con la cartera vencida hipotecaria.

Desde hace varios años, la derecha implantó en México el mismo esquema de créditos hipotecarios que ha sumido a Estados Unidos, y a buena parte de las entidades financieras del mundo, en una crisis inmobiliaria mayúscula. Se trata de empréstitos públicos y privados a personas cuya capacidad de endeudamiento es nula o baja: los llamados subprime o créditos de riesgo. Estos préstamos neutrones, como los llama el destacado economista estadounidense James K. Galbraith (porque destruyen a las familias), han generado una crisis de tal magnitud, que a finales de junio pasado el Senado de Estados Unidos tuvo que autorizar una garantía de Estado por cerca de 300 mil millones de dólares, con el objeto de frenar la ola de juicios contra los deudores y evitar que más de 500 mil personas en aquel país pierdan sus viviendas.

Este modelo inmobiliario que se pretende exportar a Centroamérica (con 50 mil acciones de vivienda en una primera etapa y 500 mil en el largo plazo) ha sido un fracaso total en Estados Unidos y en México. Aquí se ha convertido también en un problema social creciente. Cito algunos ejemplos: 1. De acuerdo con el INEGI, en octubre de 2007, el 14 por ciento de las viviendas del país, es decir 4.3 millones, estaban deshabitadas.

2. En junio de 2007, la cartera vencida del Infonavit era de 110 mil créditos. Para mayo de este año, el número de créditos quebrados ascendió a 130 mil. Esto se debe al diseño mercantil de los préstamos, que los vuelve impagables, y al creciente desempleo.

3. La problemática no es privativa del Infonavit. Se trata de una crisis general. Según la Secretaría de Hacienda, la cartera vencida del sistema financiero mexicano aumentó 2 mil millones de pesos en tres meses, colocándose en 27 mil 200 millones de pesos en marzo de este año. De esta cifra, 9 mil millones corresponde a los créditos hipotecarios de la banca.

4. Otro indicador del fracaso social de esta política es el creciente número de asentamientos irregulares en todo el país. No existe una visión integral del desarrollo urbano y por tanto no se garantiza reserva territorial ni dotación de suelo para la población necesitada. Según Corett, hay 53 millones de personas que no cuentan con vivienda escriturada y cada año se integran a zonas urbanas 300 mil hogares, de los cuales 125 mil ocupan el suelo de manera irregular. Esto se debe, en buena medida, a que las nueve desarrolladoras inmobiliarias que controlan el mercado en México (Homex, Sare, Geo, Ara, Urbi y otras) acaparan gran parte del suelo de las principales ciudades del país.

Algunos directivos de esas empresas han fungido previamente como funcionarios de gobierno. Tal es el caso del gallego David Sánchez Tembleque, quien, como subdirector de Finanzas de Infonavit, vendió 55 mil créditos a 2 trasnacionales y vio crecer 900 por ciento a la empresa Homex, de la cual, casualmente, después fue directivo. Si a esto le sumamos los subsidios que las desarrolladoras reciben a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, entonces nos explicamos su crecimiento de mil 118 por ciento, de acuerdo con el Índice Habita de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Será por eso que los directivos de estas corporaciones estuvieron presentes en el acto donde fue rebautizado el abortado Plan Puebla Panamá como Proyecto Mesoamérica?

--------------

VISITARÁ AMLO 19 MUNICIPIOS COAHUILENSES ESTA SEMANA

Los recorridos semanales que realiza Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, y que comprenderán tocar todos y cada uno de los municipios del país, esta semana lo llevarán a presidir asambleas informativas en 19 municipios del estado de Coahuila, donde organizará la representación del gobierno que preside y promoverá la participación en la consulta popular sobre la reforma energética.Su recorrido tendrá el siguiente programa:

Jueves 17 de julio de 2008

10:00 horas Mitin en Viesca (Ejido Gilita)
11:45 horas Mitin en Matamoros (Ejido Coyote)
17:00 horas Mitin en Sierra Mojada

Viernes 18 de julio de 2008
10:30 horas Mitin en Ocampo
12:00 horas Mitin en Cuatro Ciénegas
13:20 horas Mitin en Lamadrid
16:00 horas Mitin en Sacramento
17:15 horas Mitin en Nadadores
18:30 horas Mitin en San Buenaventura

Sábado 19 de julio de 2008
10:00 horas Mitin en Candela
12:30 horas Mitin en Castaños
14:00 horas Mitin en Frontera
16:30 horas Mitin en Abasolo
17:45 horas Mitin en Escobedo (Ejido Primero de Mayo)
19:15 horas Mitin en Progreso

Domingo 20 de julio de 2008
10:00 horas Mitin en Melchor Muzquiz
11:30 horas Mitin en Nueva Rosita
12:45 horas Mitin en Sabinas
14:30 horas Mitin en Juárez

------------------------------

EL USO DE ESTE SERVICIO DE NOTICIAS ES ABSOLUTAMENTE GRATUITO Y AMPLIAMENTE PERMITIDO. PEDIMOS SOLAMENTE QUE EN TODOS LOS CASOS SE CITE A Servicio de Noticias ISA COMO LA FUENTE INFORMATIVA ORIGINAL Y NOS REPORTEN A NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS SU UTILIZACIÓN A FIN DE PODER EVALUAR EL ALCANCE DE ESTE ESFUERZO INFORMATIVO.

La AMEDI llama a defender las reformas que limitan la capacidad de las empresas de radio y televisión para influir en los procesos electorales

Ciudad de México, 13 de julio de 2008

Servicios informativos núms. 475 y 476

Sumario:

I. La AMEDI llama a defender las reformas constitucionales que limitan la capacidad de las empresas de radio y televisión para influir en los procesos electorales

II. Lucha cívica por nueva ley de medios: ¿quiénes son los dueños del “cielo” radioeléctrico?, por Jorge Alonso
---------------

LA AMEDI LLAMA A DEFENDER LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE LIMITAN LA CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA INFLUIR EN LOS PROCESOS ELECTORALES Y EN LA VIDA PÚBLICA NACIONAL

La siguiente carta ha sido remitida a la redacción del servicio de noticias ISA por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información para su difusión. Dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representa una respuesta de periodistas, artistas e intelectuales de primer orden a los recientes amparos que se han presentado ante el Poder Judicial en contra de las reformas a la Constitución aprobadas en noviembre de 2007. Dichas reformas, cabe recordar, mientras sigan vigentes representarán la limitación del poder del dinero en las campañas electorales en beneficio de la equidad electoral y la democracia.

C. Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señores ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
P r e s e n t e s.

En los meses recientes varias organizaciones sociales y, por otra parte, algunos ciudadanos, han presentado demandas de amparo en contra de una de las disposiciones contenidas en la reforma constitucional promulgada el martes 13 de noviembre de 2007. Se trata de la adición al artículo 41 Constitucional en donde se establece que, además de los partidos políticos, “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

A quienes suscribimos este documento, miembros de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, nos parece que esa disposición es saludable para la democracia. A diferencia de quienes, con argumentos que rechazamos, han sostenido que se trata de un atentado a la deliberación democrática y a la libertad de expresión, a nosotros nos parece que la mencionada adición Constitucional:

1. Contribuye a la equidad en la competencia electoral. La posibilidad de que algunos particulares quieran influir en la decisión de los ciudadanos a través de la contratación en televisión o radio de anuncios de carácter político, ha sido un factor que altera la equidad de oportunidades que, de acuerdo con su presencia electoral, deben tener los partidos y candidatos.

2. Impide que aquellos que tengan dinero para contratar spots puedan hacer política electoral en detrimento de quienes no cuentan con recursos para realizar ese gasto. Hay quienes consideran que la libertad de expresión se ejerce en la compra de espacios que no resultan demasiado costosos, como los que se pueden contratar en estaciones locales. Sin embargo, ante esa opción se encuentra la imposibilidad que la gran mayoría de los mexicanos tiene para pagar las tarifas de los medios de alcance nacional. Más allá de la desigual capacidad de compra que en ese como en todos los sentidos padece nuestra sociedad, resulta adecuado liberar al ejercicio de la política, y a la construcción de la democracia, de la dominación que imponen tarifas, intereses y exigencias de los consorcios comunicacionales.

3. Limita la capacidad de las empresas de radio y televisión para influir en los procesos electorales y en la vida pública nacional. Hasta ahora, la posibilidad de vender a precios inferiores —o superiores, a veces— a sus tarifas comerciales les ha permitido a esas empresas favorecer a algunos y discriminar a otros ciudadanos interesados en contratar espacios de esa índole.

4. Propicia que el debate público acerca de los temas que interesan a los ciudadanos sea a partir de propuestas, posiciones políticas e ideas y no solamente en función de consignas propagandísticas y escuetas como las que hay en los spots.

5. No obstaculiza la deliberación pública, que seguirá desenvolviéndose en espacios institucionales y partidarios, así como en medios de comunicación de toda índole. Los medios de radiodifusión cuentan ya con programas abiertos a la discusión política y no tendrán impedimento alguno para abrir otros más.

6. Las únicas limitaciones para el ejercicio de la libertad de expresión en la radio y la televisión serán las que establezcan los concesionarios de esos medios. La disposición constitucional a la que nos referimos únicamente impide la compra de espacios para difundir mensajes políticos en radio y televisión. No hay que confundir la libertad de expresión con esa vertiente de la libertad de mercado.

7. Esa disposición ya existía en el Código Federal Electoral. Ahora los legisladores la incorporaron además a la Constitución Política y, en la ley reglamentaria, establecieron sanciones para quienes transgredan la prohibición a la compra de espacios políticos en medios electrónicos.

La AMEDI, convencida defensora de la libertad de expresión, sabe que no existe ninguna libertad absoluta y que todas ellas, para ser productivas, deben conjugarse con otros valores positivos, en este caso el de la equidad en la contienda electoral que tanto ha costado construir en nuestro país.

Si hoy en día existen riesgos para la libertad de expresión en México, no se deben a la reforma constitucional sino, entre varios factores, a la violencia que afecta a los periodistas en diferentes sitios del país y, por otra parte, a la concentración que al dejar muchos medios de comunicación en pocas manos se ha constituido en una de las principales limitaciones para la diversidad en los espacios de comunicación mexicanos. Precisamente, la Corte se ha manifestado contra esa concentración y está pendiente la legislación que recupere esa y otras definiciones de los Ministros que la integran. El Congreso ha demorado injustificablemente la aprobación de una nueva Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Invitamos a que los promotores de las demandas de amparo para que, de la misma manera que han apremiado a la Corte a fin de que examine sus puntos de vista, lo hagan con el Congreso de la Unión para urgirlo a que resuelva las muchas lagunas que existen en la legislación para los medios.

Como estamos persuadidos de la pertinencia de la reforma constitucional a la que nos hemos referido, nos preocupan la confusión y las distorsiones que se han propalado, acerca de ella, a partir de demandas de amparo como las ya mencionadas. Una de esas demandas ha sido suscrita por 15 intelectuales y periodistas. Queremos manifestar nuestra disposición a discutir este tema con ellos, de manera abierta y pública. Si las empresas televisoras que tan interesadamente han difundido la demanda de amparo de esos ciudadanos abren espacios, en emisiones en directo o sin edición, para examinar las implicaciones de la mencionada adición Constitucional, estaremos en la mejor disposición para discutir con ellos en esos medios.

Por otra parte, si la Suprema Corte resuelve celebrar audiencias para conocer opiniones sobre este asunto, también expresamos nuestro mayor interés para participar en ellas.

Nos parece que las presiones por parte de algunos medios de comunicación inconformes con la reforma constitucional —algunas de ellas sustentadas en infundios e intimidaciones— que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros han recibido en fechas recientes, son absolutamente inaceptables. La autonomía y soberanía de la Corte no deben ser vulneradas por poder alguno. También nos parece que los plazos legales y los ritmos de trabajo de la Corte y sus ministros tienen que ser respetados en este, como en cualquier otro tema que sea puesto a su consideración.

México D.F., viernes 11 de julio de 2008.

Atentamente

Carmen Aristegui Flores, Alberto Aziz Nassif, Jorge Carpizo MacGregor, Jaime Cárdenas Gracia, Felipe Cazals, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo, Javier Corral Jurado, Denise Dresser, Raúl Trejo Delarbre, Beatriz Solís Leree, Jesús Cantú Escalante, Lorenzo Cordova Vianello, Francisco José Paoli Bolio, Pedro Salazar Ugarte, José Woldenberg Karakovsky, Luis Javier Solana, Gustavo Reyes Terán, Francisco Toledo, Cristina Romo, Nestor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Miguel Concha Malo, Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho, Carlos Ortiz Tejeda, Loretta Ortiz Ahlf, Raúl Padilla López, Alejandro Madrazo Lajous, Inna Payán, Aleida Calleja, Gabriel Sosa Plata, Mónica Lozano, Gustavo Reyes Terán, Virgilio Caballero Pedraza, Ernesto Velásquez, Carlos Padilla, Jorge Fernando Negrete, Agustín Ramírez, Elena Poniatowska, Ricardo Raphael de la Madrid, Gustavo Esteva, Néstor García Canclini, Luis Miguel Carriedo, Aimée Vega Montiel.

------------------------------

LUCHA CÍVICA POR NUEVA LEY DE MEDIOS: ¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DEL “CIELO” RADIOELÉCTRICO?

por Jorge Alonso, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y corresponsal de la revista Envío en México
(publicado en el número 315 de la revista Envío, de la Universidad Centroamericana [UCA] de junio de 2008

Pablo González Casanova ha planteado que en la defensa de sus proyectos, el gobierno está haciendo una labor de “expropiación de la razón, del derecho y de la palabra”. Denunció que el arte de mentir había adquirido proporciones extraordinarias: “Tartufo se queda corto” en la capacidad de engañar e influir con mentiras a la población. Estas apreciaciones del intelectual mexicano se evidenciaron con creces en un episodio que ahondó aún más la polarización que ya existe en México.

Para impedir que la decisión presidencial de privatizar la industria petrolera —un acuerdo tomado en lo oscuro y cupularmente— repercutiera en una aprobación sin discusión parlamentaria, el Frente Amplio Progresista (integrado por el PRD, PT y Convergencia) se tomó las tribunas del Congreso durante 15 días y obligó al gobierno a acordar un período de discusiones públicas en torno a las propuestas calderonistas sobre el petróleo.

“Campaña monstruosa”
La toma del Congreso enfureció al partido gobernante y a los poderes fácticos del gran dinero y de los medios electrónicos de comunicación y reapareció la guerra sucia. En esta ocasión, los ultraderechistas, utilizando métodos aprendidos del fascismo, quisieron desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, uno de los dirigentes más tenaces en la defensa del petróleo mexicano. Sacaron anuncios pagados en la televisión en que lo comparaban con Hitler, Mussolini y Pinochet. Y el organismo electoral, en vez de actuar como establece la nueva legislación —ordenar de inmediato salir del aire este mensaje político contratado por particulares— esperó varios días.

El obispo Raúl Vera declaró que si la Secretaría de Gobernación no detenía e investigaba “las campañas mediáticas de linchamiento” sería cómplice de estas acciones. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advirtió que esos mensajes sembraban el odio y la intolerancia. El Centro Nacional de Comunicación Social —organismo que ha estado del lado de los que no tienen voz desde hace décadas— advirtió que la campaña no era ética y que en lugar de propiciar el diálogo incitaba a la polarización. Muchos académicos analizaron cómo estos mensajes dañaban la democracia y el derecho a la información, yendo más allá de la libertad de empresa. El escritor Carlos Monsiváis afirmó que se trataba de una “campaña de odio monstruosa, producto de una prepotencia difamatoria que quiere hacerse pasar como libertad de expresión”.

La larga lucha por la información
Este proceder de los adinerados y de los dueños de las dos televisoras con cobertura nacional puso de nuevo en la discusión pública la urgencia de una nueva legislación de medios.

Existe una larga lucha que muchos grupos han venido dando por hacer realidad el derecho de los ciudadanos a la información. Aunque el movimiento estudiantil mexicano de 1968 fue reprimido a sangre y cárcel, provocó en los siguientes años una ola de organización popular ante la cual la clase política se vio en la necesidad de responder con una reforma política que incluía el reconocimiento de ese derecho. Pero, mientras en el ámbito político se abrieron espacios a nuevos partidos políticos, el derecho a la información no pasó de ser letra muerta, pues de eso se encargaron los dueños de los grandes medios. Después, con la política neoliberal se privatizaron de manera corrupta los más importantes medios públicos. Así nació Televisión Azteca como un remedo de Televisa.

Con la alternancia presidencial del año 2000 y el desplazamiento del PRI los grupos cívicos que habían venido luchando por impulsar el derecho a la información pensaron que había llegado un momento propicio, sobre todo porque en los primeros meses de su gestión el nuevo gobierno convocó a una Mesa para la reforma integral de los medios electrónicos.

Hubo entonces dos procesos paralelos: por una parte sesionaba una mesa de los organismos civiles, y por otra la mesa oficial, donde los organismos civiles tenían una representación. Este proceso avanzaba en la discusión del tema y en la adopción de algunos acuerdos. Pero la ambición de la esposa del Presidente Fox rompió una dinámica de catorce meses. Creyendo que complaciendo a los medios aseguraba su candidatura presidencial, Martha Sahagún convenció a su esposo de que renunciara a la mayor parte del tiempo aire del Estado, que pasó de 12.5% a sólo 1.5%. Así, lo que era tiempo que correspondía a la comunicación pública con fines sociales se convirtió en una dádiva para fines comerciales de los dueños de los medios.

Los intelectuales, periodistas y comunicadores que estaban en la mesa oficial la abandonaron en protesta por el acto abusivo y unilateral del gobierno. Pero el trabajo realizado fue aprovechado por los grupos civiles para presentarlo como un proyecto de ley a un grupo se senadores sensibilizados con este tema. El proyecto, que intentaba democratizar la radiodifusión, abrir el duopolio televisivo (Televisa y Televisión Azteca), integrar nuevas voces y fortalecer la radiodifusión pública y social fue avanzando en el Senado. No obstante, las televisoras además de tener sus propios personeros entre los legisladores, compraron voluntades y consiguieron que la legislación no llegara a la discusión del pleno del Senado.

La abusiva “Ley Televisa”
En la otra acera, la instancia jurídica de Televisa redactó en silencio una formulación de ley que días antes de iniciarse la campaña presidencial fue aprobada en un trámite de sólo siete minutos y sin ninguna discusión en la Cámara de Diputados. En ese momento, todos los partidos querían congraciarse con las televisoras para ser bien tratados por ellas en la campaña. Esta ley, que se conoció como la Ley Televisa, pretendía todo lo contrario a la ley que se había preparado en el Senado. Las televisoras conseguían un trato privilegiado, y el derecho ciudadano a la información quedaba conculcado.

Habiendo sido aprobada dicha ley en la Cámara baja, necesitaba la aprobación del Senado. Cuando llegó allí los senadores que habían estado trabajando en una ley democratizadora se opusieron, pero estaban en minoría. No obstante, como la nueva ley contenía muchos elementos anticonstitucionales, más del 33% de los senadores (de varios partidos) propusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Estos senadores no estaban solos. Tenían el apoyo de una gran gama de grupos cívicos que exigían la intervención de la Corte para echar atrás la abusiva ley Televisa.

Uno de esos grupos ha sido la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que ha señalado que todos los ciudadanos deben participar en el ejercicio de este derecho, aunque en la práctica se encuentre condicionado por el mercado y por la discrecionalidad de los dueños de los medios. Ha insistido en la necesidad de la actualización del marco jurídico, que considere como eje fundamental la armonía entre la libertad de expresión y el derecho a la información.

La agenda necesaria
La AMEDI se sustenta en una variedad de organizaciones civiles que comparten experiencias y proyectos. Proclama que la libertad de información representa la posibilidad efectiva y real de toda persona a investigar, recibir, producir y difundir información de toda índole por medio de cualquier procedimiento. Explica que para ello se requiere de la plena garantía del derecho a la información, entendido como la facultad de toda persona a solicitar y recibir información oportuna, veraz, plural y suficiente sobre cualquier asunto de interés público.

La AMEDI se ha propuesto:
— Promover el reconocimiento de la información como un bien y un derecho público.
— Garantizar el respeto al libre ejercicio profesional del informador.
— Garantizar el acceso a la información de la gestión pública.
— Garantizar el derecho de réplica en todos los medios de comunicación como mecanismo de defensa ciudadana.
— Promover en los medios de comunicación la definición explícita y pública de códigos de ética que vinculen el ejercicio de la libertad de expresión a parámetros de responsabilidad social.
— Exigir el ejercicio transparente de la función gubernamental de comunicación social, en beneficio de la sociedad en general.
— Promover los derechos y obligaciones del Estado, usuarios, comunicadores, propietarios y concesionarios de medios de comunicación.
— Exigir el uso transparente y equitativo de tiempos de Estado en radio y televisión (legales, fiscales y electorales).
— Demandar el acceso de todos los ciudadanos a cualquier tipo de información de interés público tanto de entidades públicas como privadas.
— Promover el rescate y preservación de la memoria histórica como parte del derecho a la información.
— Promover la constitución de órganos plurales con participación social en la vigilancia de la normatividad relacionada con los medios de comunicación.

La AMEDI ha declarado que el derecho a la información, al ser un derecho de carácter social, tiene que ser promovido, vigilado y estimulado por la propia sociedad.

Un fallo histórico
Primeramente, la Suprema Corte rechazó la petición del Poder Ejecutivo federal para que desestimara la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo plural de senadores que terminaban su periodo en agosto de 2006. Examinando con cuidado el caso después de casi un año, resolvió que la Ley Televisa reducía la capacidad del Estado para tomar decisiones en cuanto al espectro radioeléctrico: ondas por las que se transmite la información, usado por la televisión, la radio y la telefonía celular. La Ley Televisiva también concedía a Televisa y a Televisión Azteca un estado privilegiado de renovación automática de sus concesiones. La Corte vio que esto era inconstitucional, pues el Estado siempre tiene la facultad de revisar el uso que hace del espectro, que es de propiedad pública.

El fallo de la Suprema Corte, que echaba por tierra lo fundamental de la ley Televisa, fue considerado por los grupos defensores del derecho a la información como un acontecimiento histórico. Obligaba al Poder Legislativo a realizar una reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión. En el Senado se formó un grupo de trabajo con representantes de todos los partidos para preparar la reforma.

De octubre de 2007 a enero de 2008 se realizaron varias jornadas públicas de análisis, en las que expusieron sus puntos de vista la Cámara de la Industria de Radio y Televisión —representaba a los dueños de los grandes medios—, la Secretaría de Gobernación y la de Comunicaciones —daban el punto de vista gubernamental—, el Sistema Nacional de Productoras de Instituciones de Educación Superior, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la Asociación Internacional de Radiodifusores y la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Entre las agrupaciones que fueron escuchadas estuvo la AMEDI.

Lucro, privilegio y poder
Al participar en el grupo de trabajo del Senado, la AMEDI resaltó que luchaba por una reforma a la medida de las aspiraciones de los demócratas de México. Afirmó que la reforma no tendría sentido si no contribuía a construir una auténtica sociedad de la información. Denunció que los grandes medios de comunicación habían sido acaparados por un puñado de concesionarios. Enfatizó que el privilegio de difundir por radio y televisión había estado supeditado al capricho y conveniencia del poder político. Explicó y probó cómo los contenidos de muchos de esos medios habían estado definidos por el afán del lucro y no por la responsabilidad social y cómo el acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad habían llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propiciara la competencia, especialmente en la televisión abierta.

La acumulación de muchos recursos de la comunicación en pocas manos había reforzado el poder que confería el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Esa capacidad de influencia había convertido a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se habían colocado al margen del Estado y habían querido sobresalir por encima de las instituciones legales.

Públicos y comunitarios
La AMEDI recordó que ese afán acaparador había permitido a los consorcios de la comunicación lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían. Fustigó también los excesos cuando trataban de subordinar a sus designios a segmentos importantes de la clase política. Con la intervención de la Suprema Corte eso se había revertido, y era el momento de lograr una auténtica reforma.

La AMEDI puntualizó que el avance tecnológico de los últimos años había propiciado la existencia de nuevos recursos de información. No obstante, en México el desarrollo de estos recursos era limitado y desigual. No habían existido políticas públicas suficientemente amplias y capaces de proporcionar a la mayoría de los mexicanos acceso franco, constante y de calidad. La brecha digital se había añadido a otros factores de escisión social. Señaló que la nueva legislación debía orientarse a buscar un proyecto de sociedad incluyente. Se debían poner normas que aseguraran la equidad y la participación. La nueva legislación tenía que fundamentarse en el derecho de los ciudadanos. Tenía que definir la función de servicio público de la radio y la televisión. El espectro radioeléctrico debía seguir siendo propiedad de la nación. Había que aprovechar a plenitud la convergencia digital y debía haber para ello un órgano regulador, autónomo.

La AMEDI se pronunció por la promoción de medios auténticamente públicos. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas propuso que se otorgaran de acuerdo con los principios constitucionales bajo un régimen transparente y simplificado. Recalcó que la figura de autorización más cercana a las necesidades de los ciudadanos en comunidad era el de medios comunitarios, que daban respuesta a necesidades específicas del entorno inmediato y que partían de un principio de autogestión en la creación, operación y sostenimiento de las emisoras, características que ya era hora fueran reconocidas por el Estado mexicano.

No al monopolio
Como la Cámara de la Industria de Radio y Televisión estaba recomendando al Poder Legislativo que ignorara el compromiso que tenía frente a las opiniones de los ministros de la Suprema Corte en su respuesta a la acción de inconstitucionalidad, la AMEDI hizo ver que el Senado no tenía otro camino sino atender la Sentencia de la Suprema Corte.

La nueva legislación debía regular la administración del espacio radioeléctrico, que es propiedad de la nación, y también debía enfrentar el tema de los contenidos. Era importante la pluralidad de medios y prohibir todo monopolio. Debía haber más canales en manos de muchos actores con diversos enfoques. Si los ciudadanos tenían varias opciones para informarse sabrían distinguir entre televisoras que intencionalmente distorsionan y manipulan acontecimientos —como lo acostumbran hacer Televisa y Televisión Azteca— de las que se comportaran con parámetros profesionales. La AMEDI denunció que el reglamento vigente de radio y televisión indica que la propaganda comercial no debe ocupar más del 18% del horario total de transmisión de televisión y el 40% en radio, pero que esos porcentajes, especialmente en televisión, no se cumplían. Para que la nueva legislación sea eficaz debe tener mecanismos legítimos de coacción. AMEDI hizo propuestas concretas de sanciones: multas y pérdida de la concesión.

Nace un frente nacional
En las discusiones se aportaron muchos elementos para la nueva legislación. Pero la presión de los poderes fácticos fue muy fuerte para impedir que esa legislación llegara a buen término. En febrero de 2008, medio centenar de organizaciones civiles decidieron formar el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios. En la constitución de este frente la AMEDI instó al Senado a cumplir la palabra empeñada: entregar a finales de febrero la nueva legislación de radio y televisión. Denunció la intención de posponer el debate que tenían algunos legisladores atados a las televisoras.

Mientras tanto, las televisoras burlaban las reformas electorales y metían propaganda pagada por políticos disfrazadas de telenovelas, programas especiales o entrevistas. Se enfatizó que la resolución de la Corte era ineludible, no sólo para corregir y subsanar disposiciones anuladas, sino para legislar atendiendo el conjunto de las 23 recomendaciones que contenían el debate y la sentencia de la Corte. Se hizo hincapié en que la verdadera amenaza a la libertad de expresión está en la concentración de los medios en unas cuantas manos.

Televisa: un caso único
El caso de Televisa es único en el mundo por tan alta concentración de frecuencia. Posee cuatro canales de televisión abierta en la capital del país, tiene el espacio necesario de salida para otras cadenas nacionales, cuenta con el 56% de las estaciones comerciales del país, posee el 100% de la televisión satelital, el 35% de la de fibra óptica y el 38% de la de cable. Dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, controlan a toda la audiencia nacional. Hay en México 461 estaciones de televisión comercial, de las que el 94% son propiedad de estas dos empresas. Dos tercios de la inversión publicitaria beneficia a Televisa y el resto corresponde a Televisión Azteca. Por el comportamiento de las televisoras, que se negaban a cumplir con lo establecido en la nueva ley electoral, se vio que no estaban dispuestas a ceder en nada, y que las sanciones ante el incumplimiento propuestas por la nueva ley electoral eran ineficaces. Entre las acciones acordadas por los integrantes del Frente estaban: envío de correos electrónicos a los legisladores, también cartas físicas, llamadas a sus teléfonos celulares, visitas, etc. Se propuso hacer un cuestionario a los legisladores en las que se les preguntara su postura ante una nueva ley de medios. Otras acciones tenían que ver con recolección de firmas entre la población.

Los grandes medios electrónicos se han convertido en inmensos poderes reales que nadie ha elegido y que se colocan por encima de poderes constitucionales, mercantilizando y denigrando la política e imponiendo la agenda pública y sin rendir cuentas a nadie.

Para salvar la democracia hay que democratizar los medios con una necesaria legislación que sea garante del interés público y con ciudadanos organizados que hagan contrapeso a esos poderes fácticos. No habrá democracia si no se ejerce a plenitud el derecho ciudadano a estar bien informado, si no se evita la actual censura invisible de la televisión y su manejo distorsionador de los hechos.

Abril: la ocasión es ahora
La lucha cívica exhortó a aprovechar la oportunidad histórica de promover una nueva legislación de medios, subrayando la urgencia de legislar pronto, en el período de sesiones que terminaba en abril, pues si se llegaba al período de sesiones de septiembre, el país estaría ante el inicio de las contiendas electorales federales de 2009, lo cual impediría acuerdos. Los análisis de AMEDI indicaban que de no legislarse en el sentido de las sólidas propuestas cívicas que ya existían, los ciudadanos seguirían padeciendo el despotismo de los medios poderosos y de la clase política, ahora temerosa y obsequiosa con ellos, y al final sólo recibiría desprecio y un mayor sometimiento.

Era la ocasión: o se proseguía bajo la dictadura de las grandes corporaciones de medios, que se fortalecería, o al liberarse de ella, se caminaría hacia la democracia. Los legisladores debían decidir si contribuían a la recuperación de la democracia o si cargaban con la ignominia de ser cómplices y esclavos de esa oprobiosa dictadura.

Mientras el PRD se esforzaba por llevar a buen término en el período de sesiones de abril la nueva ley en materia de radio y televisión, el priísta que presidía la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía decía que ya no había tiempo para hacerlo.

A principios de abril el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios se reunió con la convicción de que abril era determinante. Diseñaron la estrategia de repartirse los nombres de los senadores y adoptar a cada senador para darle un seguimiento estrecho en todo lo relativo a la ley de medios. A mediados de abril decidieron comprometer públicamente a los legisladores, invitarlos a foros y eventos en donde públicamente tuvieran que manifestar cuál era su postura al respecto. AMEDI, junto con la Fundación Konrad Adenauer y la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Senadores, organizó un foro internacional para tratar la reforma de medios.

México vivía un momento trascendental para una reforma moderna, democrática y plural, que fomentara la diversidad y fuera acorde con las innovaciones tecnológicas. En el foro se comparó la situación de los medios públicos en diversos países. Se habló sobre el pluralismo en los medios, de la concentración o competencia en el mercado de los medios y de medios públicos y del Congreso para frenar medios comunitarios. No pudo ser...

Fue entonces cuando sobrevino la toma de las tribunas del Congreso para la amenaza de una aprobación inmediata de las reformas privatizadoras del petróleo. Y el tema del petróleo fue el que prevaleció. AMEDI exhortó a que la estridencia mediática sobre la reforma energética no ahogara el tema de la nueva ley de medios. Recomendó que no se cayera en el escenario de hacer intercambiables las iniciativas. AMEDI se vio ante el reto de colocar en medio de la polémica sobre Pemex el tema de un sistema democrático de comunicación, porque era por ahí por donde transitaban los grandes debates nacionales.

Terminó abril y no se legisló sobre los medios. AMEDI consideró que el Senado había incumplido su promesa de reformar la ley. A pesar de esto, junto con el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios diseñó una nueva estrategia para seguir impulsando esta ley.

Inicia una etapa de difusión señalando que los senadores están obligados a hacer una nueva ley. En los volantes que entregan a la gente afirman que los dueños de las empresas televisivas, no conformes con todo el poder y la riqueza que han concentrado, siguen presionando al Congreso para obtener más poder y más riqueza, y lograron que la nueva legislación de medios se aplace otra vez hasta septiembre. Llaman a que no se permita que la garantía del derecho a la comunicación se siga posponiendo indefinidamente.

Somos los dueños del cielo
También dan las razones por las que se necesita esta nueva ley de medios. Porque casi el 100% de los canales comerciales están en manos de dos empresas. Porque el uso comercial olvida que son todos los mexicanos los dueños de su “cielo”, del espacio radioeléctrico, que al igual que los bosques, el mar, el petróleo son parte del territorio nacional. Porque mientras el espacio aéreo mexicano es usado sólo para hacer negocios, la mayoría de los mexicanos no tienen dónde expresarse y no pueden oírse unos a otros. Porque los padres de familia están preocupados porque en horarios infantiles sus hijos ven contenidos inadecuados (violencia, consumismo, discriminación, pornografía…). Porque debe preocupar que cada vez haya más publicidad, gran parte de ella engañosa, y menos programación. Porque los mexicanos tienen el derecho a opinar y a incidir en el tipo de información y entretenimiento que quieren y necesitan. Porque se quiere para México un sistema de radio y televisión pública, a nivel nacional y local, donde se respete a las audiencias, se eduque, se informe con pluralidad y sea un espacio real de comunicación de los ciudadanos.

El verdadero rostro
Otro hecho mostró el verdadero rostro del gobierno ante los temas y problemas de la nueva legislación de medios. La vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), mexicana que ha reivindicado el derecho de los pueblos indígenas a instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación, al ser parte de la Misión Internacional de Documentación sobre ataques en contra de periodistas y medios de comunicación, visitó la PGR, y al tratar el asesinato de dos comunicadoras indígenas, el subprocurador quiso desacreditar a las mujeres masacradas diciendo que no se acreditaba que fueran periodistas, sino simples amas de casa. Estas insultantes declaraciones las dio en los mismos momentos en que en otro lugar estas mujeres eran reconocidas con el Premio Nacional de Periodismo otorgado post mortem. Al replicar la Vicepresidenta de AMARC al subprocurador, éste argumentó que la estación donde hablaban las mujeres no tenía permiso y exaltado, acusó a la Vicepresidenta de AMARC de ser “enemiga del Estado”.

Son tiempos difíciles
El escenario es sombrío. Los poderes fácticos se han propuesto impedir que haya una legislación que favorezca los derechos de los ciudadanos. El gobierno se encuentra supeditado a esos poderes fácticos. Sólo una presión ciudadana firme puede empujar a los legisladores a tratar y a aprobar una nueva legislación como la que han propuesto los grupos cívicos.

En un encuentro celebrado en París a mediados de 2007, Jacques Juillard llamó a resistir la plutocratización de la sociedad. La constataba mirando lo que sucede en los medios electrónicos de comunicación, donde una formidable concentración del poder mediático en unas cuantas manos no tiene nada que ver con el periodismo. Señaló que no es el poder del dinero lo que es preciso combatir, sino la capacidad del dinero para ejercer el poder donde no tiene nada que hacer: en la ciencia, el arte, la educación, la religión, el deporte y la información. “Nuestro espíritu no es una mercancía”: ésa fue su conclusión.

En una entrevista que concedió el semiólogo Fernando Buen Abad en mayo de 2008 se quejó de que padecemos el gran embrollo de las mafias mercantiles que han secuestrado las herramientas para la producción de la comunicación. Tendríamos que expropiarlas, pues son usadas para censurar y asesinar el espíritu rebelde, en una agresión alienante que beneficia al capitalismo. Se trata de ejércitos mediáticos de las oligarquías, armados de calumnias, mentiras y corrupción. La intención no es brindar información a la gente, sino ganar más anunciantes en su guerra ideológica. Hay un terrorismo mediático que deforma conciencias y hay que ganar el territorio de la construcción de sentido.

La discusión legislativa se ha prolongado, llevándola a tiempos muy difíciles para conseguir acuerdos. El tema del presupuesto podría agotar todas las fuerzas de los legisladores. No obstante, no todo está perdido, porque hay legisladores de todos los partidos que han sido sensibilizados en el tema y los grupos ciudadanos siguen muy activos para hacer conciencia, tanto en los legisladores como en la sociedad. México necesita una nueva ley de medios como la que proponen estos grupos.

------------------------------

EL USO DE ESTE SERVICIO DE NOTICIAS ES ABSOLUTAMENTE GRATUITO Y AMPLIAMENTE PERMITIDO. PEDIMOS SOLAMENTE QUE EN TODOS LOS CASOS SE CITE A Servicio de Noticias ISA COMO LA FUENTE INFORMATIVA ORIGINAL Y NOS REPORTEN A NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS SU UTILIZACIÓN A FIN DE PODER EVALUAR EL ALCANCE DE ESTE ESFUERZO INFORMATIVO.

Llaman dirigentes sociales y políticos a impulsar plan de acción por la amnistía general, la libertad de presos y la presentación de desaparecidos

Ciudad de México, 12 de julio de 2008

Servicio informativo núm. 474

Sumario:

I. Llaman dirigentes sociales y políticos a impulsar un plan de acción emergente por la amnistía general y la libertad de los presos y la presentación de los desparecidos políticos

II. “Estamos preparados y no vamos a permitir que se viole la Constitución, que se privatice la industria petrolera y que se profundice la corrupción”: AMLO

III. La nueva Ley del ISSSTE está plagada de ilegalidades que dañan gravemente a las instituciones del país, declara el gobierno legítimo de México

--------------------

LLAMAN DIRIGENTES SOCIALES Y POLÍTICOS A IMPULSAR UN PLAN DE ACCIÓN EMERGENTE POR LA AMNISTÍA GENERAL Y LA LIBERTAD DE LOS PRESOS Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DESPARECIDOS POLÍTICOS

Al Frente Nacional Contra la Represión:
Al Diálogo Nacional:
Compañeros y compañeras:

Resulta evidente que pese a que hay una creciente movilización social y reclamo de derechos, al mismo tiempo se ha venido fortaleciendo también un marco de represión, autoritarismo y violencia que enfrenta la protesta social, que busca intimidar para desalentarla y que apuntala el carácter policiaco del Estado. Además de la represión directa, el incremento de presos políticos, el regreso de la práctica de la desaparición forzada de personas, ese carácter se refleja en reformas legales autoritarias (la ley Gestapo, por ejemplo), en campañas mediáticas que justifican la criminalización de la protesta y la solidaridad social, así como la institucionalización de la tortura y en general la militarización del país.

Pensamos que es urgente una campaña nacional desde el Frente Nacional contra la Represión (FNCR) pero también desde otros referentes de la lucha social actual, para enfrentar y revertir la dinámica autoritaria estatal. Sobre varios aspectos se han emprendido luchas, como es contra la reforma judicial o contra la tortura, pero pensamos que se requiere una campaña especial que reimpulse la lucha central que se propuso el FNCR al fundarse por la libertad de todos los presos y desaparecidos políticos, alrededor de la bandera de una amnistía general.

El reclamo de una amnistía engloba la situación de todos los presos y desaparecidos políticos, independientemente del estado de su proceso penal, sean perseguidos, dentro o fuera del país, con órdenes de aprehensión, presos o sentenciados, así como desaparecidos políticos. La amnistía es una respuesta política para reclamar la libertad de todos los presos y desaparecidos políticos. Por supuesto, como ya se ha explicado ampliamente, la amnistía no quiere decir impunidad para los responsables en los diversos niveles de gobierno por la represión, la violación de derechos humanos de presos y perseguidos políticos o por la realización del crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada de personas. Se trata de obligar a una respuesta política, por medio de la amnistía, para lograr la liberación de presos y desaparecidos políticos.

Luchar por la amnistía es también una bandera política que engloba la situación de todos los presos y desaparecidos, pero que no olvida que el objetivo central es lograr la libertad y presentación de aquellos. Puede ser que al ir creando la fuerza social necesaria en torno a este reclamo, algunos presos o desaparecidos vayan logrando su libertad aunque no se apruebe una amnistía general, ya sea federal o en cada uno de los estados donde hay presos políticos. Pero la lucha pro la amnistía general nos une a todos en un solo reclamo.

Para relanzar una campaña por la amnistía es que proponemos este plan de acción. En primer lugar para el FNCR que tendrá en estos días una asamblea especial, pero también a las organizaciones y movimientos del Diálogo Nacional que preparan un paro cívico nacional, así como en cualquier otro referente de coordinación de la lucha social. Es una propuesta de plan de acción que aunque consideramos urgente implementarlo, debemos construirlo, pensarlo y diseñarlo entre todos. Algunas tareas podemos o estamos ya realizando desde nuestras respectivas organizaciones o ámbitros donde nos movemos, pero para mayor efectividad necesitamos acordarlo y construirlo conjuntamente como una campaña general del FNCR y el conjunto de movimientos sociales y referentes que los coordinan.

Como se recordará, durante varios meses el FNCR fue elaborando un proyecto de ley de amnistía a nivel federal para presos, perseguidos y desaparecidos políticos, en discusión en equipos, en foros y en visita con algunos presos políticos. Finalmente ese proyecto se presentó como iniciativa de ley ante los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista estuvieron de acuerdo en apoyar esta iniciativa y en abril la Diputada Aleida Alavez la presentó en tribuna a nombre de los grupos parlamentarios del FAP y del FNCR.

Presentamos ahora el plan con el propósito de que se vaya consensando y acordando en amplia consulta con organizaciones, personas y movimientos sociales interesados y comprometidos con esta causa. Lo hacemos ahora porque el primer problema que vemos es la necesidad de posicionar en la opinión pública la necesidad de una amnistía o de la libertad de los presos y desaparecidos políticos. Se requiere un esfuerzo especial para, de entrada, combatir la versión oficial que niega la existencia de presos y desaparecidos políticos. Hay en la actualidad muchas expresiones y movimientos de lucha social en torno a importantes temas, lo que nos permite ser optimistas en cuanto a la existencia de una sensibilidad necesaria para comprender la lucha contra la represión. Pero al mismo tiempo sabemos que hay fechas y momentos en que la atención pública está legítimamente concentrada en otros temas. Es el caso hoy del movimiento nacional por la defensa del petróleo. Estamos en la fase del debate público, todavía en julio. El 27 de julio será la consulta, sobre todo en el DF y otros estados del centro del país. Habrá dos momentos más para llevar a cabo la consulta en el resto del país. Finalmente al iniciarse septiembre, con el periodo ordinario de sesiones del Congreso se reiniciará la disputa en torno a la pretendida privatización. En esas fases el centro de la atención estará en ese movimiento.

Por eso es que pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo especial para relanzar la lucha por la amnistía y colocarla en la opinión pública en la segunda quincena de agosto, especialmente alrededor del 28 de agosto en que se cumplen 30 años de la histórica huelga de hambre de las madres de desaparecidos políticos en que posteriormente se aprobó la Ley de Amnistía de aquel año de 1978.

Teniendo su punto más alto en la segunda quincena de agosto, con el aniversario de la huelga de hambre del 28, nos proponemos colocar la demanda de amnistía en la movilización nacional que implique el paro nacional si éste se realiza el 1 de septiembre, como está hoy propuesto. Nuevos esfuerzos de coordinación proponemos para el 2 de octubre en que se cumplen 40 años de la matanza de Tlatelolco y el 10 de diciembre, día universal de los derechos humanos.

La propuesta de plan de acción concreto sería el siguiente:

1. Presentar la propuesta en la asamblea del 19 y 20 de julio en Oaxaca pero especialmente en la asamblea nacional del FNCR del 20 de julio.

2. Acelerar la recolección de firmas de apoyo a la amnistía para publicar el manifiesto al inicio de agosto.

3. Realizar las reuniones y contactos necesarios con periodistas, intelectuales, artistas y editorialistas para explicar la necesidad de la amnistía y conseguir el apoyo para posicionar en la opinión pública el tema.

4. Realizar en la Cámara de Diputados, en universidades, escuelas y foros sindicales o sociales mesas redondas y conferencias explicando la necesidad de la amnistía y su carácter.

5. Manifestación del FNCR local en Ciudad Juárez el 23 de agosto.

6. Además del acto central a realizarse en el zócalo de la Ciudad de México para conmemorar los 30 años de la huelga de hambre en Catedral de las madres de los desaparecidos, organizar simultáneamente en todas las ciudades donde se pueda, especialmente donde haya secciones del FNCR, actos aunque sean simbólicos por la amnistía.

7. Defender en el programa de lucha del Diálogo Nacional la demanda de la amnistía en la realización del paro nacional del 1 de septiembre.

8. Continuar desde la segunda quincena de agosto la visita a presos políticos en las diversas cárceles del país, con el objetivo de prestarles solidaridad y cobertura, así como para explicar el sentido de la amnistía, como han venido haciendo el diputado José Antonio Almazán, la diputada Aleida Alavez y la Senadora Rosario Ibarra buscando la colaboración de más legisladores solidarios. Con el apoyo del editor Fernando Valdés, se puede realizar en el penal de la Ciudad de México donde estuvo preso, una conferencia a favor de la amnistía, en el espacio que él ha conseguido ahí.
9. Coordinarse desde todas las ciudades que corresponda con la oficina y el equipo de la Senadora Rosario Ibarra para elaborar el censo de presos, perseguidos y desaparecidos políticos, su nombre, estado del proceso, cargos, penal donde se encuentren, grupos solidarios o abogados defensores, etc.

10. Convocar y realizar caravanas por la amnistía y la libertad de los presos y desaparecidos desde todas las ciudades que se pueda con el objetivo de llegar a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre cuando se cumplan los 40 años de Tlatelolco.

Realizar en octubre nueva asamblea de balance de esta fase de la lucha para actualizar un plan de acción durante octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre, día universal de los derechos humanos.

En este plan de acción habrá que integrar la decisión que tomen los compañeros, especialmente de los FNCR a nivel estatal en la presentación de iniciativas de ley de amnistía a nivel local, ya sea en el estado de México, Guerrero, Chiapas o alguno otro. Un proyecto de ley de amnistía para el estado de México está ya preparado, que beneficiaría especialmente a los compañeros presos de Atenco, y que podría presentarse en tribuna el miércoles 30 de julio, al terminar el presente periodo de sesiones del Congreso local, para que la campaña general por la amnistía de agosto le sirva de apoyo . El equipo legal del FNCR que elaboró los proyectos a nivel federal y para el estado de México podría colaborar para otros proyectos de ley a nivel local.

En un plan de acción habrá que tomar en cuenta la evolución que tome el diálogo de la Comisión de Mediación entre EPR y la Secretaría de Gobernación para la presentación de los miembros del EPR desaparecidos desde el año pasado. Hay que seguir con atención este proceso pues implica obligar al gobierno federal a discutir y reconocer la existencia de desaparecidos políticos que persistentemente se ha negado a reconocer.

México, D. F. julio de 2008.

Trini Ramírez (Atenco), Flavio Sosa (Oaxaca), Senadora Rosario Ibarra, Diputada Aleida Alavez, Diputado José Antonio Almazán, Diputado Germán Rufino Contreras, Damián Camacho (Atenco), Benito Colín (PPT), José de Jesús Mena (sección XVII-CNTE), Edgard Sánchez (PRT), Paty Jiménez (COMO), Germán Mendoza Nube, José Alberto Vázquez Cruz, Lic. Leonel Rivero, José Luis Sánchez Campos, Rosa Nelly de la Vega Urrutia, Frank Martínez Rodríguez, Heriberto Salas Amac (FPDT), Manuel Aguilar Mora (LUS), José Luis Hernández Ayala (MUS), Pedro Galicia Jiménez (Atenco), Ma. de la Luz Del Valle Medina (Atenco), Angélica Miguel Piña (FPDT), Leticia Martínez Gallegos (MEP), José Martínez Cruz (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos), Arturo Mellado Alzaga, Alfonso Sánchez Mimbrera (Sección XVIII SNTE, Michoacán), Juan Calvo (MEP), Ismael Contreras (movimiento magisterial Edo Mex), Soledad del Rocío Ramos (COMO Barricadas)

---------------------------

“ESTAMOS PREPARADOS Y NO VAMOS A PERMITIR QUE SE VIOLE LA CONSTITUCIÓN, QUE SE PRIVATICE LA INDUSTRIA PETROLERA Y QUE SE PROFUNDICE LA CORRUPCIÓN”: AMLO

Desde el corazón de la Sierra Gorda de Querétaro, Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y la mayoría de los mexicanos “no vamos a permitir que se transe con el tema del petróleo con los bandidos de cuello blanco, ni con la mafia de la política, ni con el ladronzuelo de Felipe Calderón”.

El pueblo organizado y alrededor de 200 mil brigadistas de todo el país “estamos preparados y no vamos a permitir que se viole la Constitución, que se privatice la industria petrolera y que se profundice la corrupción” en la estructura de la paraestatal y en el territorio nacional, aclaró el presidente legítimo de México.

En relación con la propuesta que hizo el dirigente interino del PRD, Guadalupe Acosta, a las dirigencias del PRI y del PAN, para consensuar una propuesta de reforma energética, sin que se privatice Petróleos Mexicanos, López Obrador adelantó que “el movimiento que está en contra de la privatización del petróleo no va a permitir que se cometa un nuevo atraco a la nación. Eso ya lo decidimos”, puntualizó.

En entrevista que concedió al término de una asamblea informativa con habitantes del municipio de Jalpan de Serra, López Obrador manifestó que el Movimiento en Defensa del Petróleo va a esperar los resultados de la consulta popular sobre el petróleo que se realizará en tres etapas, a partir del próximo 27 de julio, “pero al mismo tiempo ya estamos preparados para defender el patrimonio nacional y evitar que el gobierno espurio de Felipe Calderón deposite la industria petrolera en manos de compañías extranjeras”.

Cuando los reporteros le preguntaron si era el momento oportuno para establecer acuerdos en materia de reforma energética, López Obrador dejó en claro lo siguiente: “en el caso del petróleo, el único entendimiento que puede haber es el retiro de las iniciativas de reformas privatizadoras que violan la Constitución”, y subrayó que en la defensa del petróleo no habrá ni un paso atrás.

Nuevamente se le insistió en que se podría concretar un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país. “No vamos a permitir que se transe con el tema del petróleo, con los bandidos de cuello blanco, ni con la mafia de la política, ni con el ladronzuelo de Calderón”, reiteró.

Luego se le preguntó si no son confiables las cúpulas tanto del Revolucionario Institucional como de Acción Nacional. El presidente legítimo de los mexicanos afirmó que ambos partidos no son confiables y lo han demostrado en el pasado, cuando “se pusieron de acuerdo” para aprobar en el Congreso el rescate bancario, el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, el incremento a nuevos impuestos y las reformas a la Ley del ISSSTE.

“Entre el partido tricolor y el partido blanquiazul —agregó— no hay diferencia alguna y las franquicias de ambos institutos políticos ya las compraron y pertenecen ahora a los potentados, a una minoría rapaz, que impuso a Calderón en la Presidencia de la República”.

Mencionó también que “el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se convirtió ahora en asesor del presidente pelele en materia de reforma energética” y recordó que “hace dos semanas Salinas de Gortari y el delincuente confeso, Juan Camilo Mouriño, dialogaron por espacio de 45 minutos en el diseño de una nueva estrategia para imponer las reformas privatizadoras de Calderón. Nada más que no van a poder los mafiosos de la política aprobar una reforma que viola la Constitución”, insistió al declarar que el actual sistema político y económico “es perverso” porque sólo permite sobrevivir a la mayoría de la población, sin ninguna posibilidad de progreso.

Acompañado por legisladores y dirigentes locales del PRD, PT y Convergencia, aseguró que Pemex representa un negocio jugoso e importante, porque mueve la economía y el comercio mundial, además de que es un recurso energético clave, que ambicionan las grandes corporaciones extranjeras.

Tanto en los municipios de Pinal de Amoles, como en Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, expuso que actualmente el precio del barril de petróleo se cotiza en 130 dólares, mientras que su producción tiene un costo de 4 dólares. En Pinal de Amoles, el presidente legítimo de los mexicanos denunció que Calderón es el principal promotor de la reforma privatizadora, en complicidad con las cúpulas panista y priista. “El presidente usurpador quiere violar la Constitución, privatizar Pemex y garantizar manos libres en la comisión de actos de corrupción, pero la gente está consciente, se da cuenta y no apoya ninguna reforma privatizadora”, a pesar de que el gobierno calderonista ha gastado más de 500 millones de pesos en spots de televisión, con la intención de manipular la conciencia ciudadana”, destacó.

En Landa de Matamoros, el presidente municipal de extracción panista, Norberto Jiménez Otero, dio la bienvenida a López Obrador y le expresó su respeto. En correspondencia, el presidente legítimo de México agradeció al alcalde sus palabras y la respetuosa recepción.

-----------------------

LA NUEVA LEY DEL ISSSTE ESTÁ PLAGADA DE ILEGALIDADES QUE DAÑAN GRAVEMENTE A LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS, DECLARA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO

El proceso de imposición de la nueva Ley del ISSSTE ha estado plagado de procedimientos ilegítimos e ilegales que dañan gravemente las instituciones del país, aseguraron las secretarias de Salud, Asa Cristina Laurell y de Trabajo, Bertha Elena Luján Uranga, del gobierno legítimo de México.

Las funcionarias lopezobradoristas detallaron que el pasado 27 de junio salió publicado en el Diario Oficial un decreto firmado por Felipe Calderón y Agustín Carstens que modifica el reglamento referido al “derecho de opción” de los artículos quinto y séptimo transitorios de la ley del ISSSTE.

En el mencionado decreto, explicaron, se modifica además el plazo fijado en la ley para que los trabajadores opten entre el bono de pensión o mantenerse en un régimen semejante al anterior. “Con esta disposición, el presidente espurio y su secretario de Hacienda violan el artículo 49 de la Constitución, ya que no tienen facultad para legislar o cambiar las leyes. Esta facultad le corresponde únicamente al poder legislativo, en este caso, el Congreso de la Unión”, afirmaron las secretarias del gobierno legítimo de México.

Señalaron que “la violación a la Carta Magna es ya una actuación reincidente del presidente usurpador. La propuesta de reforma energética de Felipe Calderón es el ejemplo más escandaloso y documentado. Parece que ni siquiera hay preocupación de conducirse conforme a la ley cuando están en juego intereses económicos privados”, sostuvieron.

Comentaron que la razón de prolongar el plazo de opción es que sólo 5 por ciento de los trabajadores habían hecho su elección el 30 de junio; “esto significa que la mayoría se había quedado en la alternativa que más le conviene, esto es, el régimen anterior modificado, que les proporcionará una pensión más favorable que el bono y el sistema de cuentas individuales administradas por el Pensionissste o una Afore. La ampliación del plazo sólo se explica porque va a permitir a las dependencias presionar a los trabajadores para que opten por el bono”, mencionaron Bertha Elena Luján Uranga y Asa Cristina Laurell.

Por tal razón, solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que tome medidas contundentes para revertir la conducta ilegal de Calderón y Carstens de modificar el reglamento sobre el “derecho de opción” de los artículos quinto y séptimo transitorios de la ley del ISSSTE. “El Poder Legislativo no puede callar ante una intromisión ofensiva en su ámbito de actuación, es decir, el de legislar”, expresaron al participar en una conferencia de prensa en instalaciones de la Cámara de Diputados el pasado jueves 10 de julio.

------------------------------

EL USO DE ESTE SERVICIO DE NOTICIAS ES ABSOLUTAMENTE GRATUITO Y AMPLIAMENTE PERMITIDO. PEDIMOS SOLAMENTE QUE EN TODOS LOS CASOS SE CITE A Servicio de Noticias ISA COMO LA FUENTE INFORMATIVA ORIGINAL Y NOS REPORTEN A NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS SU UTILIZACIÓN A FIN DE PODER EVALUAR EL ALCANCE DE ESTE ESFUERZO INFORMATIVO.

En solidaridad con el pueblo de México en su lucha por la defensa del petróleo y otros recursos naturales, por Cynthia McKinnley

Ciudad de México, 12 de julio de 2008

Servicio informativo núm. 473

EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE MÉXICO EN SU LUCHA POR LA DEFENSA DEL PETRÓLEO Y OTROS RECURSOS NATURALES
por Cynthia McKinney

La autora de este artículo es ex miembro del Congreso estadunidense por el estado de Georgia, ex diputada federal y candidata presidencial independiente por la coalición electoral Power to the People (Poder para el Pueblo); es también promotora del Partido de la Reconstrucción en Estados Unidos. El texto que aquí publicamos nos fue proporcionado en su versión en inglés por la Secretaría de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de México como parte de una serie de expresiones de la solidaridad internacionalista con la lucha del pueblo mexicano en defensa del petróleo; la traducción al castellano es responsabilidad del servicio de noticias ISA.

En abril de 2008 participé en el Segundo Encuentro Continental por la soberanía de los pueblos y contra los tratados de libre comercio, organizado en la Ciudad de México con el apoyo del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos. Tuve el honor de ser la primera en tomar la palabra al iniciar este encuentro en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (Antonio Caso, col. Tabacalera).

Mi experiencia en México me abrió los ojos sobre la nueva situación política que enfrenta el pueblo de México y los pueblos del continente.

Aprendí que ahora en México existe un poderoso frente unido en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual ha motivado privatizaciones que equivaldrían al robo del patrimonio de México y de sus recursos naturales.

El Congreso mexicano fue cerrado por una verdadera oposición que existe hoy en México. Bush ha observado esto impotente mientras se encontraba en Nueva Orleans con Calderón (el espurio o ilegítimo) el así llamado “presidente” de México, quien no ha cumplido con las expectativas. El proyecto de privatización de Pemex se supone que no ha pasado por el momento. El Congreso mexicano ha suspendido sus sesiones sin aprobarlo. Un punto para el pueblo, pues cuando el pueblo se pone de pie, el pueblo puede ganar. Sólo cuando fallamos o tenemos miedo de ponernos de pie, estamos destinados a perder.

Uno de los principales periódicos en la Ciudad de México publicó una foto de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano en la que se muestra una manta, cubriendo la tribuna, y proclamando dicho recinto “Clausurado”. La manta fue colocada por miembros electos del Congreso mexicano que forman parte del Frente Amplio Progresista, quienes se han atrevido a trazar una línea en contra de los proyectos de Estados Unidos, que aspiran a cambiar la legislación para permitir a empresas extranjeras apropiarse de Pemex, la empresa nacional (administrada por el Estado) de petróleo en México.

Las mujeres mexicanas han revitalizado la idea de nación, la idea de la patria. Escribí mi tesis de posgrado sobre la “idea de nación”. Pude ver a las mujeres con sus playeras y sus pañoletas, tan comprometidas con su país, su nación, su identidad. Para ellas esto es el petróleo mexicano, el gas natural, la electricidad, la tierra, el agua, y todo debe ser usado primero y principalmente por el pueblo de México, para su propio desarrollo. Pero, tristemente, la política pública emanada de Washington D.C. es la que amenaza que esto sea posible.

Aunque para contar esta historia de forma más precisa se necesitaría que el conjunto de la prensa estadunidense explicara, en primer lugar, por qué hay indignación entre los ciudadanos, y para decirnos esto tendría que explicar el hecho de una elección presidencial robada, donde una empresa privada estadunidense, en Georgia, probablemente jugó un importante papel al despojar a los ciudadanos de su derecho a votar, y así poder “contar” con estos votos. Bien, aunque esto podría sonar muy parecido a algo que ocurrió en Estados Unidos, particularmente en Florida, en la elección presidencial de 2000; en realidad estoy hablando de la elección presidencial de 2006 en México, en la cual el candidato popular no ganó porque no se contaron todos los votos.

De acuerdo con Greg Palast, la empresa estadunidense involucrada en el proceso mexicano no fue otra que la ahora desprestigiada compañía, con sede en Georgia, Choicepoint. Sabemos que en Florida, Choicepoint, en ese entonces operando como DataBase Technologies, creo una base de datos con aproximadamente 94 000 nombres de “delincuentes convictos” ilegales, muchos de los cuales no eran ni convictos ni delincuentes. Pero si su nombre aparecía en esa lista, no les permitían votar. Greg Palast nos dijo que para la mayoría de los que aparecían en la lista, su único crimen fue “Voting While Black” (no ejercer el voto por “errores” en las listas de votación o en la información que se da a los votantes; esto se debe a manipulación de los datos y a discriminación racial, para influir en los resultados finales. N. de la T.).

Bajo la denominación de un convenio de “contraterrorismo”, el FBI obtuvo expedientes de votantes mexicanos y venezolanos. Palast descubrió, más tarde, en su investigación, que el gobierno estadunidense había obtenido, a través de Choicepoint, los expedientes de los votantes de todos los países que tenían presidentes con ideas progresistas. Muchos mexicanos que acudieron a votar por su candidato presidencial sólo encontraron que sus nombres habían sido borrados de la lista oficial y no les fue permitido votar. Pedro esto no sólo ocurrió en Estados Unidos, en México también, uno podía ir a votar y no estar seguro de que este voto se iba a contar o, aún peor, uno podía demostrar estar debidamente registrado en el padrón, y de igual manera no le era permitido votar.

Creo que ésta es la manera en la que permitimos que nuestro país “exporte” la democracia actualmente.

A diferencia de Estados Unidos en 2000, en Ciudad de México se realizó un plantón de cinco meses, cuando López Obrador, el Al Gore mexicano, se rehusó a claudicar y, en cambio, conformó un gobierno alternativo.

El tema en la elección de México del 2006 fue la privatización del petróleo; y éste es el tema constante que aparece en la política de México actualmente. Al mismo tiempo de las elecciones presidenciales en 2006, maestros de Oaxaca, uno de los estados más pobres de México, comenzaron un movimiento de huelga para solicitar un incremento salarial y manifestarse en contra de la privatización de escuelas. A consecuencia de la mano dura que el gobierno usó en contra de los maestros, cientos de ciudadanos se solidarizaron con ellos y ocuparon el centro de la capital de este estado. Hoy día, después de que México se sumó al movimiento de los maestros y apoyó su causa, lo que aumento la cantidad de presos políticos, los maestros continúan protestando porque no han mejorado sus condiciones y por las represalias que se tomaron contra ellos durante la huelga, y ahora también, los maestros han formado un comité que forma parte de la movilización nacional en contra de la privatización de Pemex.

Fui invitada a participar en esta Segunda Conferencia Continental. La primera Conferencia tuvo lugar en La Paz, Bolivia. En ese encuentro, gente proveniente de toda la República Mexicana y de ocho diferentes países hablaron acerca de sus luchas, sus esperanzas, sus ideales, sus valores, su patriotismo, su deseo de paz y de no más guerra.

Representantes de Chiapas, otro de los estados más pobres de México, nos hablaron de la lucha de los indígenas por su tierra y su derecho a la autodeterminación, de las operaciones militares de “baja intensidad” iniciadas en su contra, y de cómo ahora ellos mismos cuentan como parte de la movilización nacional contra la privatización de Pemex. En tanto me encontraba ahí, los mineros habían tomado el control de las minas, y por esto sólo habían enviado a algunos de sus representantes. Ellos están siendo presionados por el gobierno, quien les niega su derecho a sindicalizarse. Y los mineros son parte de un sólido frente formado en México para proteger esta poderosa idea de nación.

He participado en una de las muchas reuniones organizadas por oponentes al plan de gobierno que pretende ofrecer el patrimonio de México, para responder a la insaciable y multiplicada adicción de Estados Unidos.

Una mujer brigadista se quitó su playera y me la dio, orgullosa de que una ciudadana de Estados Unidos estuviera con ellas. La página principal de La Jornada de hoy dice que las mujeres, 10 000 de las cuales marcharon firmemente el día que estuve ahí, habían reforzado sus protestas y su resistencia pacífica. Pues la amenaza de violencia y de que se derrame sangre es realmente seria. Ahora debemos preguntarnos ¿por qué esta agitación social, política y económica en México, además de sus implicaciones en los derechos humanos, debería ser importante para nosotros aquí en Estados Unidos?

Porque la triste verdad del problema es que, en muchos sentidos, nuestra política militar y económica es la causa de esto. Por supuesto, reconozco que todo viene de tiempo atrás con la puesta en práctica del Destino Manifiesto y la declaración de la Doctrina Monroe, las decisiones políticas de Estados Unidos han sido, a veces, ondas expansivas hacia distintos lugares fuera de nuestras fronteras. Podemos decir que la versión moderna de esto es el TLCAN.

En 1993, la mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos apoyó la iniciativa del entonces presidente Bill Clinton para que se aprobara el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. La propuesta del Estado para la legislación fue que no se cambiaran las barreras comerciales ni las inversiones que ya existían en Norteamérica. La propaganda señalaba que el objetivo era que “todos tuvieran beneficios” en Canadá, Estados Unidos y México a través del comercio y la inversiones. El resultado es el saqueo y la transferencia del patrimonio de México en términos de sus recursos naturales y humanos. Y el pueblo de México se está levantando en contra de esto. Se ha levantado al igual que mucha gente en Haití, Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Argentina lo ha hecho. Con el poder de su voto, la gente de estos países se atrevió a pensar que podía vencer pacíficamente al coloso del Norte. Y lo hicieron.

En este sentido, de alguna manera, creo entender ahora por qué el conjunto de la prensa no puede decirnos a ustedes y a mí la verdad acerca de la valiente postura y el sentido de dignidad que invade al pueblo de México, porque para realmente dar cabida a esta historia, tendrían que revelar, o señalar, algunas verdades incómodas.

Una de estas verdades incómodas es particularmente significativa para mí: se origina cuando el silencio se vuelve una injusticia.

Nosotros, la gente común, y aún así poderosa, de este país hemos transitado por un camino muy largo y muy silencioso en todos aquellos asuntos que tienen gran relevancia.

Martin Luther King decía que nuestras vidas se acercan a su fin cuando guardamos silencio ante aquellas cosas que importan.

En uno de mis primeros días en el Congreso, llegué tarde para emitir mi voto. Miré el tablero electrónico y observé que todos los votos estaban en verde; supuse que la votación era sobre un asunto no controversial del calendario. Y dado que yo había sido casi la última en votar, no hubo mucho tiempo para investigar. Presioné el botón verde. Posteriormente, aprendí que mi voto entonces podría haber sido lo que otros llaman un “fácil” voto de aprobación, pero para mi conciencia eso no significaba “no votar”. Más tarde, esa misma noche, mi corazón dio un vuelco mientras veía las noticias: un hombre de 78 años se había enojado tanto por la votación que se puso a arrojar piedras. Sólo una cosa, él tuvo un ataque al corazón mientras arrojaba las piedras y murió.

Mi corazón dio un vuelco, me sentí personalmente responsable por la muerte de aquel hombre y me prometí nunca más emitir un voto al que se pudiera calificar de “fácil” nuevamente. Mi voto único no habría cambiado el resultado total para tomar la resolución, pero mi voto habría sido verdadero en el sentido de mis valores y mis ideales, en el sentido de que todo mundo merece que sus derechos humanos sean respetados.

Me he sentido frecuentemente preocupada después de esto, porque reconocí que tenía la responsabilidad de leer la legislación, pensar analíticamente, cuestionar seriamente y votar de forma independiente.

Esto sucedió mientras estuve en el Congreso, pero ahora que no es así, ¿esto significa que la responsabilidad ha desaparecido? No es así.

Sucedió que voté en contra del TLCAN, y estoy contenta por eso. Pero imaginen que todos los votantes de Estados Unidos entendieran que algo tan simple como un voto en una elección federal puede determinar quién vive y quién muere en otro país. Imaginen, si nosotros en Estados Unidos estuviéramos seguros de la posibilidad de un cambio pacífico, a través del voto, como lo está la gente de Haití, de México (a pesar del robo de la elección presidencial), de Venezuela y de otros países. Entonces nosotros, miembros del Congreso, votaríamos independientemente de la oficina que apoya el Plan Colombia. Nosotros, miembros del Congreso, votaríamos independientemente de la oficina que apoya el Plan México (Plan Mérida. N. de la T.), que es el equivalente al de Colombia: es la respuesta militar ante el reclamo de los pueblos por su dignidad, su autodeterminación y su idea de patria. Nosotros no votaríamos por ningún partido político que no tuviera como un propósito general el mismo respeto y amor por la vida de todos los demás que aquellos que nos reservamos para nosotros mismos.

Conocí a gente en la Ciudad de México que está dispuesta a morir por esta lucha. Pero no deberían pasar por esto, sólo porque Estados Unidos quiere su petróleo. Nosotros los votantes de Estados Unidos tenemos mucho poder igual que los votantes de otros países. Todo lo que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos y usar este poder.

------------------------------

EL USO DE ESTE SERVICIO DE NOTICIAS ES ABSOLUTAMENTE GRATUITO Y AMPLIAMENTE PERMITIDO. PEDIMOS SOLAMENTE QUE EN TODOS LOS CASOS SE CITE A Servicio de Noticias ISA COMO LA FUENTE INFORMATIVA ORIGINAL Y NOS REPORTEN A NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS SU UTILIZACIÓN A FIN DE PODER EVALUAR EL ALCANCE DE ESTE ESFUERZO INFORMATIVO.