viernes, 10 de octubre de 2008

Algunos comentarios sobre la Alianza para acabar con la calidad educativa

Ciudad de México, 10 de octubre de 2008
Servicio informativo núm. 539
Sumario:

I.
Algunos comentarios sobre la Alianza para acabar con la calidad educativa
Declaración de la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura del gobierno legítimo de México

II. Iniciativa de nueva Ley de Salud del DF, pérdida de derechos, por Asa Cristina Laurell

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ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA ALIANZA PARA ACABAR CON LA CALIDAD EDUCATIVA
Declaración de la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura del gobierno legítimo de México


1. El origen fundamental del conflicto magisterial actual es la instrucción dada por el Banco Mundial al des-gobierno de México de abrir la educación al mercado y, particularmente, de dar un uso distinto a los recursos públicos destinados a la educación. Dos orientaciones específicas se han planteado al respecto: replantear el gasto público en función de la demanda, abriendo oportunidades para escuelas privadas de recibir fondos públicos; y disminuir el presupuesto destinado al pago a maestros, para favorecer la inversión.

2. El instrumento que se ha elegido para hacer posibles dichos cambios es un procedimiento de evaluación que se ha aplicado a los estudiantes (conocido como Enlace), y el establecimiento de un procedimiento de ingreso y evaluación anual permanente de los maestros (hoy conocido como la Alianza para la calidad educativa). Los exámenes que se aplican a estudiantes desconsideran los programas de estudio, ya que se basan en la imposición de una presunta homogeneidad internacional de la formación de competencias para el mercado de trabajo, muy alejado del desarrollo de procesos de conocimiento en función del interés nacional. Es obvio que esto de las competencias es una barbaridad sin fundamento científico, pero además, es un inmoral negocio de compañías consultoras, la principal, Mc Kinsey, de origen canadiense, que actualmente factura al gobierno de México no menos de 3,000 millones de dólares anuales.

3. En el caso de los maestros, se están abriendo a concurso plazas interinas, eventuales y explícitamente no basificables, lo que constituye un engaño para quienes concursan, pero sobre todo, se planea entregar las plazas magisteriales a personas sin ninguna formación o experiencia en el campo educativo, a las que se aplica un examen indistinto, cualquiera sea el área de conocimiento y el nivel académico en que puedan involucrarse en el nivel básico. Esto también es una aberración, que se inscribe en el contexto de que CONAFE contrata ya a egresados de secundaria con becas de $300 pesos para que se conviertan en los maestros de primaria en comunidades rurales alejadas (que alimenta el programa de becas de Oportunidades), pero explica, sobre todo, que quiera suprimirse o reformarse radicalmente a las 250 normales públicas, en que se alberga buena parte de la experiencia y del pensamiento crítico magisterial que ha alimentado las luchas de los muchos años. Ha sido sistemática la disminución de plazas y recursos de todas las normales públicas, sobre todo desde el sexenio de Fox, y también la creciente contratación de maestros de normales privadas en escuelas públicas, en detrimento de egresados de normales públicas.

4. Por su parte, la llamada Alianza para la calidad de la educación, firmada, significativamente, por el SNTE, la SEP, la SHCP, SEDESOL y Salud, pero cuyo documento oficial no existe en ninguna página de gobierno se plantea tres objetivos básicos: modernización de los centros escolares; profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas; y bienestar y desarrollo integral de los alumnos. El primero de estos objetivos señala la necesidad de mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, incorporando tecnologías de información y comunicación. Está asociado a las adquisiciones multimillonarias de computadoras que anualmente se hacen a Microsoft (una bolsa de infraestructura tecnológica que calculamos en no menos de 70 mil millones de pesos anuales), y también a la pretensión de desestatizar la infraestructura educativa, como pretendió la actualmente congelada Ley de infraestructura educativa que estuvo a punto de aprobarse el año pasado.

5. El objetivo de profesionalizar a los maestros supone la realización de exámenes de ingreso para la ocupación de todas las plazas vacantes; crear un Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio (integrado presuntamente por instituciones de educación superior de reconocido prestigio), el 80% de cuyos cursos serán “matemáticas, ciencias, español, historia y formación ética y cívica”; que se ocupará de certificar a los maestros en función del rendimiento escolar; y que deberá reformar el programa de carrera magisterial para priorizar el aprovechamiento escolar (medido por el susodicho Sistema).

6. Los maestros a quienes se dio a conocer los objetivos de la supuesta Alianza en los talleres de actualización durante el verano captaron de inmediato que de lo que se trataba era de un empobrecimiento inexplicable e inadmisible, tanto del sistema educativo nacional, como de los maestros, a quienes no se reconocerían antigüedad, experiencia, carrera docente ni otros atributos que su presunto servicio a la formación de competencias para el mercado, de acuerdo a evaluadores extranjeros y a exámenes como los que empezaron a realizarse en agosto. En Michoacán, el magisterio tomó la decisión colectiva de no aplicar la Alianza en ninguna de sus vertientes, con lo que estuvo de acuerdo el gobernador. En Morelos, en cambio, el gobernador firmó; se abrieron a concurso 50 plazas; concursaron 5,000; y se publicaron dos listas completamente distintas de resultados por internet, la segunda de las cuales tenía a reconocidos allegados a la sección XIX del SNTE. Las protestas se han extendido a Zacatecas, Baja California, el DF, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Puebla, entre otros.

7. Cuando comenzó el movimiento en Morelos, los maestros se salieron de los talleres y fueron a exigir información y derogación del pacto al IEBEM (Instituto de Educación del estado). Se les sumaron los padres y madres de familia cuando el gobernador corrió el rumor de que se renovaría por completo a la planta de maestros y comenzó a pedir apoyo a la Unión de Padres de Familia y al Consejo Coordinador Empresarial para acabar con las protestas de los docentes. Y pese a que la suspensión de clases ha durado ya un mes, los maestros lograron el pago de su salario sin condicionamientos (se pretendió en un momento que firmaran su adhesión a la Alianza) y poner en jaque al gobierno para obligarlo a retirarse del pacto o incrementar la de por sí frágil estabilidad institucional.

8. El tercer objetivo de la Alianza, el del presunto bienestar de los alumnos, es simplemente profundizar el esquema de Oportunidades de dar apoyos focalizados presuntamente a los más pobres, pero esta vez, haciéndolas depender del “logro de aprendizajes relevantes”, es decir, de los resultados de las evaluaciones que practiquen sobre escuelas, maestros y alumnos, los organismos internacionales.

9. Como es visible, la tal Alianza no es sino una expresión más del pacto mafioso que corroe a todas las instituciones del país, sólo que aquí, además de los empresarios internacionales y el desgobierno, forman parte del negocio la dirección sindical corrupta y el Banco Mundial. El objetivo del Gobierno Legítimo de luchar por darle vigencia al derecho a la educación gratuita, universal, laica, democrática y nacional establecido en la Constitución es, por lo mismo, esencial para hacer frente a estos pillos. Además, en las actuales circunstancias, defender las normales significa tomar partido por una cultura pedagógica nacional que es parte invaluable de nuestro patrimonio cultural.

10. Las acusaciones que se hacen a los maestros debieran aplicarse al des-gobierno y a la corrupción sindical (venta de plazas, dobles plazas, comisiones indefinidas con goce de sueldo, etc.), pero no se plantea nada sobre la necesidad de devolver la dignidad de la función magisterial sobre la base de un salario suficiente y mejores condiciones de trabajo; derecho a pensión y jubilación; actualización y revisión a fondo de la carrera magisterial.

Nuestra solidaridad con los maestros agredidos de Morelos, y con la lucha del magisterio democrático, en cuyas manos está hoy la defensa del patrimonio educativo y cultural de nuestro país.

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INICIATIVA DE NUEVA LEY DE SALUD DEL DF, PÉRDIDA DE DERECHOS
por Asa Cristina Laurell, Secretaria de Salud del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 2 de octubre de 2008)

En la política sanitaria el derecho a la salud es un tema básico y hay esencialmente dos concepciones. Una que lo reconoce como un derecho social universal que debe ser garantizado por la sociedad a través del Estado. La otra lo condiciona a una contribución monetaria, sea ésta en forma de un seguro prepagado o un desembolso directo pagado por el servicio en el sector público o privado. En México están presentes las dos concepciones; una rige el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos (PSMMG) del DF y la segunda el Seguro Popular.

La primera está en la Constitución y en la Ley de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos para los residentes del DF sin seguridad social laboral y la segunda en el apartado sobre el Seguro Popular (77 bis) en la Ley General de Salud.

El asambleísta priísta Marco Antonio García Ayala acaba de presentar una iniciativa de Nueva Ley de Salud del DF. Esta iniciativa incluye todo un capítulo sobre el Seguro Popular, pero hace mutis sobre el derecho de los capitalinos a los servicios médicos y medicamentos gratuitos y la obligación del Gobierno del DF de ofrecerlos en todas sus unidades médicas. Es un caballo de Troya que introduce sigilosamente reglas que quitan derechos a los capitalinos.

En este contexto es urgente volver a discutir el Seguro Popular y sus implicaciones para los afiliados y no afiliados; discusión que se ha dado sobre bases falsas por la difusión masiva de propaganda poco veraz. El argumento más usado a favor del Seguro Popular es que ha incrementado sustancialmente los recursos públicos para la salud. Es cierto pero podría haber crecido igual o más con otra política de salud como lo demuestra el caso del DF en el periodo 2001 a 2008. El monto presupuestal es una decisión política que no depende de uno u otro modelo de organización y prestación de los servicios. Obviamente puede usarse para frenar o imponer un modelo como en este caso. Es además necesario indagar sobre el uso y el impacto del presupuesto. Respecto al Seguro Popular he demostrado en este espacio y otros textos un subejercicio sistemático y la falta de infraestructura para prestar los servicios que lo convierte en el modelo que menos atenciones de salud presta a sus afiliados.

Si se sustituyera el PSMMG por el Seguro Popular los capitalinos perderían muchos derechos. El derecho a la protección de la salud pasaría de ser un derecho universal y exigible por todos a ser un “derecho” condicionado y restringido. El 80 por ciento pagaría una prima anual de entre 715 a 11 mil 380 pesos y, además, una cuota “reguladora” al atender ciertos padecimientos. Además sólo da acceso a los servicios de un paquete de intervenciones como cualquier seguro privado. Estas intervenciones excluyen servicios a los cuales los capitalinos ahora tienen acceso sin costo alguno en el marco del PSMMG.

Otra restricción importante es que la inscripción al Seguro Popular está fijada en un máximo anual de 14.3 por ciento de la población elegible, por lo es necesario afiliarse por anticipado y no al momento de requerir del servicio como se puede hacer en el PSMMG.

Por otro lado el reglamento del Seguro Popular promueve un trato privilegiado para sus afiliados lo que ocasiona discriminación en las unidades médicas entre éstos y el resto de los usuarios. Es más, prescribe la presencia de “gestores” en los centros de atención para proteger a sus asegurados; crea explícitamente mexicanos de primera y de segunda en los servicios. Esto sería muy degradante para los no afiliados porque tanto ellos como los afiliados se atienden en los mismos centros de salud y hospitales del GDF. En contraste, el PSMMG no promueve ninguna diferencia en el trato entre sus derechohabientes y otros usuarios que, siendo residentes del DF, pueden afiliarse con efecto inmediato en menos de una hora.

También hay que advertir sobre el hecho de que la iniciativa del PRI plantea la creación de dos nuevas estructuras burocráticas desconcentradas y costosas: una para administrar el dinero proveniente del Seguro Popular y otra para el control de los riesgos sanitarios. Entre ambas dejarían a la Secretaría de Salud con poderes muy restringidos para organizar los servicios con calidad y equidad. No es casual porque se requiere debilitar la institución pública para abrir la puerta a los privados.

El PSMMG es una alternativa al Seguro Popular y ha demostrado su viabilidad y eficiencia durante siete años. Preservar los derechos sociales es fundamental para una sociedad equitativa.

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Un logro del movimiento en defensa del petróleo el anuncio de construir una refinería, afirma López Obrador

Ciudad de México, 10 de octubre de 2008
Servicio informativo núm. 538

Sumario:

I.
Un logro del movimiento en defensa del petróleo el anuncio de construir una refinería, afirma López Obrador

II. Declaración de Rosario Ibarra sobre la represión en Morelos

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UN LOGRO DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL PETRÓLEO EL ANUNCIO DE CONSTRUIR UNA REFINERÍA, AFIRMA LÓPEZ OBRADOR

“El presidente pelele, Felipe Calderón, reaccionó de manera tardía para atemperar los efectos de la crisis económica de Estados Unidos, pero presentó una propuesta que no va a resolver los graves y grandes problemas de México”, afirmó Andrés Manuel López Obrador, al iniciar ayer un recorrido de cuatro días por municipios de Michoacán.

El presidente legítimo de México recordó que desde hace 14 meses advirtió que se registraría una crisis económica en el país, derivada de los problemas económicos en Estados Unidos; sin embargo, los potentados dijeron que no había problema y que la economía de México estaba blindada. “Todavía hace 15 días, Calderón y Carstens de manera irresponsable y vulgar dijeron que si a Estados Unidos le daba pulmonía, a México le daría una simple gripe”, y subrayó que ahora “tuvo que decir Calderón que se va a construir una refinería” y recordó que como candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos destacó la necesidad de contar con tres nuevas refinerías en México para dejar de importar gasolinas, que representa 40 por ciento del consumo nacional.

López Obrador aclaró que “el gobierno usurpador había expresado una rotunda negativa, con el argumento de que no había presupuesto, pero ayer apareció el dinero”.
“En el pasado reciente, detalló, el gobierno espurio difundió un spot para decir a la gente que en México la ley prohíbe que se construyan refinerías, pero es completamente falso. La ley prohíbe que los extranjeros construyan refinerías y ayer el gobierno usurpador se decidió a hacer una refinería y queda claro que no hay impedimento legal para construir la refinería”, aclaró.

“¿Por qué el gobierno usurpador se tardó tanto en dar el anunció de la creación de una refinería? Porque Calderón tenía un acuerdo con empresarios extranjeros, por eso envió su iniciativa de reforma energética, para que empresas extranjeras se encargaran de la refinación del petróleo”, informó.

Sostuvo que ayer Calderón Hinojosa decidió tomar otro camino, lo cual representa un avance de “nuestro movimiento, porque sin nuestra lucha, los potentados ya hubieran entregado la industria petrolera a empresas internacionales”.

Y agregó: “Aunque ya se ganó en el aspecto de que no se privatizara la refinación del petróleo en México, de todas maneras quedan otros temas que se discutirán en el Senado de la República y vamos a estar pendientes, porque ya tomamos la decisión de que no se privatizará el petróleo, porque la Patria no se vende, la Patria se defiende”.

López Obrador afirmó que México vive momentos difíciles, porque se agravó la situación económica y ahora hay más pobreza, más desigualdad social y se incrementó la inseguridad y la violencia en el territorio nacional.

Tanto en Tzintzuntzan, Erongarícuaro, Coeneo y Tlazazalca, detalló que la crisis económica, política y social que prevalece en el país se debe al mal gobierno de Felipe Calderón y a los 26 años gobiernos neoliberales tanto del PRI como del PAN, que aplicaron una política económica “que sólo privilegia a una minoría y hace a un lado a la mayoría de las familias mexicanas”.

Mencionó que antes de 1983, los mexicanos tenían la oportunidad de salir adelante y que actualmente los gobiernos priistas y panistas sólo han logrado cancelar el futuro de millones de mexicanos.

Indicó que es necesaria la transformación del país, “porque una prueba de que el presidente espurio no tiene interés de que las cosas cambien en el país, es que insiste en la privatización del petróleo”.

También informó que propuso al Congreso de la Unión un plan anticrisis destinado para enfrentar los efectos de la crisis financiera en Estados Unidos y el cual consiste en cancelar los aumentos de precios de la gasolina, el diesel, el gas y la electricidad.

Asimismo, específico, se debe aumentar el presupuesto destinado al campo, construir tres refinerías para dejar de comprar las gasolinas del extranjero, así como aplicar un programa de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos.

Dijo que propuso reducir a la mitad de los sueldos de la alta burocracia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, suprimir el fondo de ahorro para la alta burocracia y cancelar los gastos médicos mayores para la alta burocracia, principalmente.
En otro orden de ideas, López Obrador manifestó que está en espera de que se elaboren los dictámenes de la llamada reforma energética. Si se aprueba un dictamen con la intención de privatizar la industria petrolera, advirtió que llamará “a todas las mujeres y hombres libres y concientes a la movilización ciudadana, porque no vamos a permitir que se entregue el petróleo”.

Acompañado por diputados, senadores y la presidenta del PRD en el estado, Fabiola Alanís, reiteró que representa un hecho violento y reprobable el atentado que se registró el pasado 15 de septiembre en la capital del estado.

“Nosotros no podemos de ninguna manera justificar ningún acto de violencia, porque la violencia no es el camino, no resuelve nada, al contrario la violencia acarrea más sufrimiento para la gente humilde y pobre. Por eso, este movimiento ha sido, es y será un movimiento pacífico. Vamos a lograr el cambio de manera pacífica”, aclaró.


Para hoy, el presidente legítimo de México se reunirá con habitantes de Ornelas, Jiquilpan de Juárez, Sahuayo de José María Morelos; Venustiano Carrranza, Pajacuarán, Ixtlán y Zamora.

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DECLARACIÓN DE ROSARIO IBARRA SOBRE LA REPRESIÓN EN MORELOS

Morelos vive días de zozobra desde que el gobierno de Marco Adame Castillo decidió ir más allá de la sordera y pasar a la represión.

Tras cincuenta días de ninguneo, simulación de diálogo y satanización del movimiento magisterial en Morelos, el gobierno estatal ya no pudo más y dio rienda suelta a su vocación autoritaria, reprimiendo directamente a maestros y pobladores de Huitzilac y echando mano también del llamado a las fuerzas federales, con cuya ayuda la violencia escaló en Amayucan y Xoxocotla a niveles que lamentablemente ya hemos visto en Atenco y Oaxaca, con el ataque indiscriminado a la población civil, mujeres, ancianos y niños incluidos.

Hoy resulta evidente que el movimiento magisterial ha tocado la única fibra sensible de los que hoy detentan el poder federal y gobernadores afines: la posibilidad de hacer grandes negocios con los privados en perjuicio de los recursos naturales o estratégicos de la nación o bien siendo omisos en garantizar los derechos sociales para dejarlos en manos de particulares nacionales y/o extranjeros.

También resultó evidente desde el martes en toda la geografía morelense que la causa de los maestros tiene profundo arraigo en la población, pues el pueblo entiende que es la de todos. De ahí quizás el encono y el miedo, pues no es otro el origen de la violencia desde el poder.

El diseño de la “Alianza por la Calidad de la Educación” y de otros proyectos como el “Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana del Servicio de Calidad en la Educación Básica Obligatoria”, presentado por la dirigencia del SNTE al gobierno federal, abre la puerta a la intromisión del empresariado en el que se ve como el jugoso mercado de la educación pública, y permite a la cúpula gremial y a las tristemente célebres sociedades de padres de familia insertarse en todos los procesos por los que potencialmente fluya dinero hacia los centros escolares, además de abrir mercados como los centros de capacitación, de certificación, los vouchers educativos (subsidio público a escuelas particulares) y, aquí sí, mercado negro de plazas y exámenes aprobatorios.

Ante esta situación exigimos:

El cese inmediato de la represión.

La presentación de los detenidos/desaparecidos.

La cancelación de cualquier proceso iniciado contra los maestros y otros ciudadanos que hayan sido detenidos en esta ofensiva del gobierno.

La salida del ejército y de las fuerzas federales de los espacios públicos en Morelos y en todo el país.

La cancelación definitiva de la llamada “Alianza por la Calidad de la Educación” y demás proyectos “en lista de espera” que busquen pasar por encima de la Constitución y las leyes que en nuestro país garantizan el derecho a la educación y protegen los derechos laborales, bajo modelos importados de privatización educativa y precarización laboral con el pretexto de la calidad.

El inicio de un proceso de consulta amplia de cara a la sociedad y con los maestros como primera instancia para diseñar un proyecto educativo incluyente y acorde con la realidad nacional. Esto en contraste con una visión cuya oferta es convertir la educación en capacitación para el trabajo y a México en un país dedicado a la maquila y al turismo.

Amnistía general para todos los presos, perseguidos y desaparecidos políticos.

ROSARIO IBARRA
Senadora de la República

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jueves, 9 de octubre de 2008

Absurdo, ilógico, demagógico y poco realista el programa para enfrentar la emergencia económica propuesto por Felipe Calderón, declara Di Costanzo

Ciudad de México, 9 de octubre de 2008
Servicio informativo núm. 537

Sumario:

I.
Absurdo, ilógico, demagógico y poco realista el programa para enfrentar la emergencia económica propuesto por Felipe Calderón, declara Mario di Costanzo

II. ¡Alto a la especulación financiera en nuestro país! Declaración del diputado electricista José Antonio Almazán

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ABSURDO, ILÓGICO, DEMAGÓGICO Y POCO REALISTA EL PROGRAMA PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA ECONÓMICA PROPUESTO POR FELIPE CALDERÓN
por Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México


El programa para impulsar el Crecimiento Económico y el Empleo, anunciado por Felipe Calderón y Agustín Carstens, resulta absurdo, ilógico, demagógico y poco realista, por lo que en nada servirá para palear la crisis de desempleo y deterioro en el nivel de vida de la población y la productividad de las empresas.

Para corroborar lo anterior solo basta señalar lo siguiente:

1. El marco macroeconómico es absolutamente inconsistente
De acuerdo con las nuevas proyecciones realizadas, se estima que la economía mexicana crecerá 1.8% durante el próximo año, y que el precio del petróleo será de 75 dólares por barril. Este nuevo contexto provocará, a decir de la SHCP, que las finanzas públicas dejarán de recibir ingresos por 27 mil 600 millones de pesos. Por lo que, en ausencia de otras medidas, el gasto público tendría que reducirse en la misma magnitud.

Sin embargo, resulta inconsistente en este nuevo escenario que si la economía mexicana va a crecer a casi la mitad de lo que se tenía previsto originalmente (3%) y el precio del petróleo se reduce en 5 dólares, es decir 75 en vez de 80, la pérdida total de ingresos sea de sólo 27 mil 600 millones de pesos.

Hay que tener presente que al crecer menos la economía, la empresas crecen menos, contratan menos personal y por lo tanto se recaudan menos impuestos, por lo que si ahora se estima que las empresas crecerán la mitad de lo que se tenía previsto, y a esto se añade que venderemos nuestro petróleo a un menor precio, la pérdida de ingresos debe ser superior a los 27 mil 600 millones de pesos.

Cabe mencionar que de acuerdo con la propia SHCP, por cada dólar que disminuye el precio del petróleo se dejan de percibir entre 7 y 8 mil millones de pesos, por lo que tan sólo por el menor precio del petróleo, se estarían dejando de ingresar entre 35 mil y 40 mil millones de pesos.

2. Los 90 mil 300 millones de pesos anunciados para el Programa de Infraestructura no son dinero fresco o adicional
La SHCP señala que se ha considerado un “estímulo fiscal” de 90 mil 300 millones que permitirán cubrir el efecto de los menores ingresos sobre el gasto programable (que es de 25 mil 100 millones de pesos) y establecer un programa de gasto en infraestructura por 65 mil 100 millones de pesos, que incluye el inicio de la construcción de una refinería y que los recursos (espacio presupuestario) provendrán de una reforma al esquema de inversión de Pemex, para lo cual se reformará la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Dicha reforma busca “eliminar” el esquema de inversión de Pemex a través de Pidiregas, y convertir esta deuda en deuda presupuestaria de Pemex, para que sea éste el que la tenga que pagar con sus propios recursos; al mismo tiempo, se propone excluir, es decir, que no se cuenten los gastos de inversión en Pemex como un gasto del “presupuesto”.

Esta modificación provocará que el gasto de inversión de Pemex no se tome en cuenta para calcular el déficit público, es decir, que no afecte directamente a la cuenta de “gastos del gobierno” y por lo tanto no afectará el déficit público.

Y es aquí donde está el “truco”, ya que la propuesta de Calderón establece que “como ya no se va a utilizar el esquema de Pidiregas y Pemex va a pagar con sus recursos esta deuda”, ya no es necesario que se le asignen los 78 mil 300 millones de pesos que se proponía asignar el Presupuesto anterior (enviado el 8 de septiembre) para amortizar o pagar estos Pidiregas.

Luego entonces, esos 78 mil 300 millones de pesos que se tenían asignados para Pemex se le quitan (“ya que no los necesitará”) y se destinan al programa de infraestructura.

A estos 78 mil 300 millones de pesos se le añaden 12 mil millones de pesos, que se tomarán de un Fondo para Inversiones de Pemex, que se ha constituido con una pequeñísima parte de los excedentes petroleros, y se “empieza a construir una refinería”.

De tal manera (78 300+12 000=90 300), que quede claro que cuando mucho el dinero “fresco o nuevo” son los 12 000 millones que además ya estaba estipulado desde hace tiempo que eran para Pemex; o sea, le quitan 78 mil 300 y a cambio le dan 12 000 millones, y dejan que de por vida sea Pemex el que tenga que pagar con sus propios recursos toda la deuda de Pidiregas (una deuda costosa, que no la contrato esta paraestatal, sino fue obligado a contratarla por el gobierno federal).

Pero volviendo a la bolsa de los 90 mil 300 millones de pesos (mdp), Calderón y Carstens proponen que se distribuya de la siguiente manera:

Bolsa total: 90 300 mdp
- Inicio refinería: 12 000 mdp
Subtotal 78 300 mdp
- Compensar efecto de ingresos
en gasto prog.: 25 100 mdp

Subtotal: 53 100 mdp

- Programa de Infraestructura 53 100 mdp

De lo anterior se concluye que el Programa de Infraestructura no es con dinero fresco y que su “costo” será pagado por Pemex y no por el gobierno federal.

Por otro lado, se observa también que el Programa es claramente insuficiente en cuanto al monto de recursos destinados a infraestructura ante la magnitud del impacto de la crisis mundial; más aún si consideramos que “contablemente” el gobierno registraba las amortizaciones de Pidiregas como un gasto en inversión, por lo que al final de cuentas, el incremento “neto a la inversión” será de sólo 12 mil millones de pesos.

Sobre el resto del Programa de Crecimiento y Empleo, se puede concluir que son sólo una carta de buenos deseos, sin ninguna implicación positiva para la población.

Finalmente, se observa que Pemex es nuevamente quien pagará los platos rotos de la crisis, ante la negativa de Calderón y Carstens de ajustar los gastos superfluos que generarían ahorros de cuando menos 100 mil millones de pesos.

O bien emprender otro tipo de medidas, como la utilización del Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, que actualmente tiene más de 57 mil millones de pesos, de utilizar 5 000 millones de dólares (60 mil millones de pesos) de reservas internacionales para destinarlas a programas de inversión, o incluso evaluar la posibilidad de incurrir en un moderado déficit público de 0.5% (equivale a 50 mil millones de pesos) o todas las anteriores, o bien una combinación de todas las anteriores, lo que daría un “espacio presupuestal” o (en español) recursos frescos por poco más de 250 mil millones de pesos.

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¡ALTO A LA ESPECULACIÓN FINANCIERA EN NUESTRO PAÍS!
Declaración del diputado electricista José Antonio Almazán


El secretario de Hacienda Agustín Carstens Carstens planteó recientemente a los medios de difusión sus apreciaciones sobre los efectos de la grave crisis económica que sacude a los Estados Unidos, y sus repercusiones en nuestro país. Su impresión al respecto es que “México está bien preparado” para resistir el efecto de la crisis financiera de Estados Unidos”.

Además, haciendo gala de demagogia o de ignorancia, declaró: “La fortaleza que tenemos en las finanzas públicas, el manejo del Banco de México, bancos en buena situación y poca dependencia del comercio exterior nos van a dar la fortaleza para navegar por aguas turbulentas en los próximos días”.

Tal parece que el secretario de Hacienda y Felipe Calderón son los únicos funcionarios que no se dan cuenta de la fuerte desaceleración económica a nivel mundial (como la denomina el Fondo Monetario Internacional), la cual está afectando tanto a las países desarrollados como a las economías emergentes, como es el caso de México.

Simplemente basta observar el comportamiento de nuestra economía en estos días para darnos cuenta que todo apunta a que se presente una verdadera recesión económica:

El peso mexicano ha caído severamente frente al dólar: hace unas horas se vendía un dólar hasta en $14.00 pesos, rebasando el monto que tenía en el sexenio de Luis Echeverría, nada más que sin los tres ceros que se le quitaron al peso en 1992, y con un poder adquisitivo por los suelos. Es tan grave este deslizamiento que según los expertos el peso se devaluó 14.46% en menos de dos semanas.

El precio del petróleo se desploma y está por debajo de lo presupuestado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicándose en 78.03 dólares por barril, casi dos dólares por debajo de la propuesta del Ejecutivo, estimado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009.

Tal y como lo reconoce el Fondo Monetario Internacional(FMI), en su último informe sobre las Perspectivas de la economía mundial, a través de un comunicado de prensa de fecha 8 de octubre, los niveles de inflación crecerán enormemente a nivel mundial. Para el caso de los países denominados emergentes como México, se proyecta que la inflación se mantendrá en alrededor de 8% al final de 2008, y luego volverá a reducirse hasta un nivel de alrededor de 6.5% en 2009.

En este contexto de grave crisis económica, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

El modelo económico neoliberal a nivel mundial, que apuesta todo a la regulación del mercado “sin la intervención del Estado”, es un fracaso como nos muestra esta crisis financiera internacional, que ha impactado negativamente tanto a las economía de Estados Unidos, como a los europeos, así como a América Latina, particularmente a México.

El modelo capitalista —que basa su existencia en la propiedad privada de las tierras, de las fábricas, de las materias primas, así como en la explotación de la fuerza de trabajo de millones de trabajadores en contraste con la acumulación de inmensas fortunas por unos cuantos multimillonarios, con sus recurrentes crisis estructurales, que se han venido presentando desde el siglo XIX hasta nuestros días— entra nuevamente a una etapa recesiva, mostrando que no constituye una alternativa para la sociedad humana. El capitalismo con estas crisis no sólo condena a la miseria a millones de seres humanos, sino que incluso pone en riesgo la existencia de la especie humana, aunado a la destrucción del medio ambiente y a las guerras de exterminio a nivel planetario.

Indiscutiblemente que esta crisis económica por la que estamos pasando es producto de la recesión en los Estados Unidos; sin embargo, un elemento que ha coadyuvado a ella es la mala administración de nuestras finanzas realizada por la banca mexicana, que es totalmente extranjera y que sirve a los intereses de la oligarquía internacional.

Coincidiendo con la propuesta de que para superar esta crisis es necesario eliminar el dispendio que hace el Ejecutivo con el erario público, además se requiere renacionalizar la banca en nuestro país, y ponerla al servicio de los intereses de nuestra nación.

Las cientos de organizaciones que enarbolamos el Programa Mínimo No Negociable, luchando por un proyecto de Nación Alternativo al Neoliberalismo, rechazamos que la Secretaría de Hacienda, al replantear su paquete económico para el 2009, pretenda recortar el presupuesto a los sectores estratégicos de nuestro país, recargando el peso de la crisis en las empresas públicas, en recortes al sector salud y a la educación.

Atentamente

Dip. José Antonio Almazán González

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Espurio, por Laura Itzel Castillo

Ciudad de México, 9 de octubre de 2008
Servicio informativo núm. 536


Sumario:

I.
Espurio, por Laura Itzel Castillo

II. Definición y crisis, por Luis Linares Zapata

III. Chinkultic: patrimonialismo estatal, criminalización y negación de derechos indígenas, por Magdalena Gómez

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ESPURIO
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicado en El Gráfico el 8 de octubre de 2008)

Una felicitación para el maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Un pésame a la familia de Susana Manzanares

El joven de 18 años que increpó a Felipe Calderón con el grito de “espurio” declaró más tarde a los medios: “Yo he decidido desde hace mucho tiempo que Calderón no es mi presidente. Llegó espuriamente. Entró a través de un fraude, he visto análisis estadísticos de las elecciones y es obvio que es un fraude. Hay asimetrías estadísticas que son imposibles de explicar a menos que haya un fraude”.

Andrés Gómez Emilsson, Premio Nacional de Juventud, sobresaliente en matemáticas, es estudiante del CCH, donde fue becado por la Asociación Mexicana Pro Colegios del Mundo para cursar en Oslo, Noruega, el semestre. Este brillante joven demostró con su actuación que, además del buen desempeño académico, tiene claridad y sobre todo valentía.

En el mismo evento, en Palacio Nacional, Mario Virgilio Jiménez, tesista en la licenciatura de Historia de la UNAM, secundó al galardonado desde el público. Mientras Calderón, en improvisado discurso, se refería al movimiento del 68, al autoritarismo, a las instituciones y a la libertad, el joven de 24 años le gritó: “¿Cuál libertad? ¡No hay libertad!”.

Ambos fueron ilegalmente privados de su libertad y llevados a la fuerza por elementos del Estado Mayor Presidencial a una habitación del Palacio Nacional, donde permanecieron aislados para ser interrogados y fotografiados. De ahí los trasladaron al juzgado cívico 33, donde estuvieron alrededor de una hora.

Unos días antes, en el Sexto Parlamento de las Niñas y los Niños de México, Luz Yuritzi Domínguez Vargas no bajó el brazo hasta lograr que Josefina Vázquez Mota le diera la palabra para reclamarle: “Queremos autoridades de carne y hueso, no queremos muñecos de aparador. Queremos que nuestras escuelas tengan las cosas necesarias para aprender, porque no cuentan con sanitarios y queremos que todas estén bien firmes para estudiar”. La menor, procedente de Tejupilco, estado de México, finalmente sentenció: “Según Felipe Calderón, nos ha enviado miles de millones de pesos y llegan por mitad, los desvían los presidentes, los gobernadores y los diputados”.

A pesar de los fuertes dispositivos de seguridad que se implementan desde Los Pinos, es imposible acallar las voces que denuncian la lacerante realidad. Hasta los actos infantiles se les salen de control. No hay respeto, no hay autoridad, no hay legitimidad.

La causa: no se puede exigir el respeto a la “investidura” de alguien que ha desobedecido el mandato del pueblo. El poder real sólo lo ejerce quien cumple cabalmente los requisitos para mandar. No se puede hablar de libertad y contra el autoritarismo si no se tiene autoridad moral para hacerlo. Porque, aunque Felipe se vista de seda… espurio se queda.

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DEFINICIÓN Y CRISIS
por Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 8 de octubre de 2008)

La crisis, ahora con ribetes claros de globalidad, no solamente es de corte económico-financiera, sino que despliega sus raíces y consecuencias en un amplio segmento de la vida organizada del país. Ésta, que es ya un corte drástico a normalidad, se acompaña con activos rasgos políticos y, más en lo profundo, la irán desplegando tanto sus aristas sociales como las inevitables afectaciones a su basamento cultural. Todo un reto de inteligencia e imaginación para los mexicanos de hoy. Momentos cruciales que requerirán de voluntades conjugadas y la movilización de recursos con los que puede contar la sociedad para hacerle frente. Tiempos de trabajos arduos, tensiones innegables y minuciosa preparación para un futuro congestionado que traerá veloces transformaciones.

De ahí las dudas que embargan a los mexicanos sobre la calidad de liderazgo que el oficialismo ofrece para hacerse cargo de tal situación. Urge darle sustento comprensible a lo que sucede, orientar a la ciudadanía ante la emergencia y apuntar salidas viables. Eso y no otra cosa lateral es lo que se solicita a gritos y por todos lados.

De la densidad de la crisis presente se desprenden las innumerables críticas al frívolo desempeño de las autoridades. De ella emanan los llamados para coordinar acciones concertadas, urgentes, bien cimentadas, que se oyen por doquier y que no encuentran eco en los aparatos de gobierno. Una vez más, en su relativamente corta estancia en los altos mandos federales, la derecha panista equivoca el diagnóstico de la actualidad y, en consecuencia, exhibe mediocres recetas para la acción.

Tanto la administración de los gerentes foxianos como el achicado club de los amigos de confianza que se cobijan tras el señor Calderón dan pruebas fehacientes de incapacidad para la apreciación conceptual de lo que está en juego y de sus timoratos y hasta torpes desplantes ante tan compleja realidad. De ahí la intranquilidad colectiva ante la habilidad de conducción del oficialismo. Por ello se forman nubarrones adicionales al de por sí cerrados horizonte que, hacia adelante, se forman ante los alarmados ciudadanos.

De esos titubeos y francas pérdidas de tiempo se desprenden las tardanzas para movilizar las energías nacionales que permitirían navegar, con las menores afectaciones, en medio de la tormenta que ya envuelve, casi por todos lados, al país. El señor Calderón y sus adláteres no logran, siquiera, armar un discurso creíble. Se atascan en lo circunstancial de una visita a Naciones Unidas combinada con aparentes promociones de negocios sólo para tomarse la foto en Wall Street, precisamente cuando tal santuario se derrumba con estrépito. Usan frases trilladas de catarros en un viaje intrascendente o reaccionan con enojos y fuerza desproporcionada ante pequeñas distracciones difusivas. Se irritan y hasta amenazan ante las invenciones de golpes de Estado ficticios que les diseñan sus propios difusores. Oyen los consejos de aventureros que persiguen jugosos contratos a cambio de reformas polarizantes de una sociedad ya bien irritada.

No alistan a la Fábrica Nacional contra las afectaciones que ya sufre en varios sectores de su actividad productiva, algunos de ellos cruciales como el turismo o la construcción. Tampoco llevan a cabo los preparativos fiscales o programáticos de emergencia que les permitan un rápido y adecuado desplazamiento para contener los problemas que se van presentando. Las cuentas externas, deficitarias en sumas estratosféricas, padecerán la estrangulación del crédito mundial.

La carestía, que se hizo cruento fenómeno permanente, dura más de un año de tocar a las puertas de las clases medias y ahonda la miseria. Ante ella no se instalaron paliativos, compensaciones ni rutas de salida. Por el contrario, se han ido exacerbando con los incrementos a las gasolinas, el descobijo a la agricultura y las ineficiencias en el uso de la inversión pública. El gasto corriente sigue indetenible su carrera de privilegios y alcanza la estratosférica suma de 400 mil millones de incremento en unos cuantos años de dispendio, reduciendo los de por sí escasos márgenes de maniobra que se tienen. En resumen, la inventiva conceptual del oficialismo no da para más. Se le ve acorralado por el derrumbamiento de su meca ideal: el entramado financiero de los americanos.

El otrora símbolo del poder, la arrogancia, hegemonía y los elevados estándares de gestión, lucha por su propia supervivencia. Sus émulos locales, desamparados, no atisban para dónde correr en busca de un refugio cierto que les sustituya paradigmas y recetas. Algunos aconsejan al oficialismo panista que ya no forcejee con sus aliados de siempre: los priistas de elite.

Más aún, todo parece indicar que, al panismo, sus mentores lo han dejado de lado para substituirlos por esa otra facción, ahora al parecer mejor colocada, de la derecha nacional: la rancia y altiva tecnocracia hacendaria junto con la llamada clase política tradicional del priismo decadente. Ese trabuco derechoso es la facción que pretende darle continuidad al modelo de gobierno después de sostenerlo por más de un cuarto de siglo.

Frente a esa agrupación, la izquierda se pierde en sus disputas inveteradas sin atisbar, con precisión, a los rivales que se mueven en su cercanía. Algunos de sus dirigentes todavía quieren unírseles, aunque sea en calidad subordinada, pensando en su conveniencia particular. Otros se distraen en riñas derivadas de pequeños protagonismos e intereses de grupo que las elecciones recientes de Guerrero han desenmascarado hasta con crueldad. Otros no logran aplanar el camino de las alianzas efectivas que les llevarían, una vez más, al triunfo. Otros se empeñan en ningunear el movimiento que se ha enraizado en buena parte del electorado y que puede aportar el sustento efectivo para la transformación futura de México.

Es urgente visualizar que la contienda venidera será entre la derecha y la izquierda y no por el centro del espectro político. Los priístas acudirán al rescate de un panismo que desea, que se empeña, en la continuidad de un modelo inoperante, esta vez a escala mundial. Un modelo que está llevando al país a malgastar otros seis años de oportunidades.

De la altura de la elite de izquierda, apoyada con firmeza popular, dependerá la renovación de la esperanza y la salida de esta crisis que durará por largo tiempo.

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CHINKULTIC: PATRIMONIALISMO ESTATAL, CRIMINALIZACIÓN Y NEGACIÓN DE DERECHOS INDÍGENAS
por Magdalena Gómez

(publicado en La Jornada el 7 de octubre de 2008)

Una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policiacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. Las víctimas eran habitantes de dicha comunidad, que decidió en asamblea el pasado 7 de septiembre administrar la zona arqueológica de Chinkultic, al considerar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le da el mantenimiento adecuado y de su usufructo no se generan beneficios para las comunidades de la zona.

Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.

En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo.

La averiguación previa que dio lugar a la orden de desalojo de los tojolabales acusados no consideró ni por asomo que éstos tienen derechos y con base en ello pueden sustentar la decisión que tomaron.

La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos”. Por su parte el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 4º:

“a) 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

“b) 2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados.

“c) 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.”

En su artículo 5º señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio:

“a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente”.

En contraste, veamos que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece el patrimonialismo de Estado sin consideración alguna a los pueblos originarios. Basta observar un testimonio de la visión predominante en la hegemonía jurídica e ideológica en el artículo 28 de la ley, cuando da cuenta de un pasado que no parece tener descendientes vivos, persistentes y resistentes, como han sido los pueblos indígenas: “Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional –nótese establecimiento en lugar de invasión–, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.

Ya existía hacía 24 años un Instituto Nacional Indigenista destinado a promover la integración de los indígenas vivos, pero, ante todo, existían los pueblos, y lo habían hecho contra ésta y muchas más disposiciones que los ignoraban, como el resto de la legislación, donde el Estado mexicano daba cuenta una y otra vez de la desaparición oficial de los pueblos indígenas; sólo se les permitía ser parte de nuestros antepasados. De ese tamaño es la confrontación de los últimos años entre los pueblos vivos y luchando que simbólicamente se expresaron en la voz del movimiento zapatista. Se ha dicho que sería una locura y un enorme riesgo dar intervención directa a estos pueblos, porque no tienen condiciones ni conocimientos técnicos e infraestructura para conservar los bienes patrimoniales, pero jamás se ha planteado un proyecto específico para que los pueblos puedan acceder a la formación de sus cuadros de alto nivel.

Así tenemos que el caso de Chinkultic amerita un enfoque más allá de la mesa de negociación donde el gobierno del estado se lava las manos frente al resultado de la intervención policiaca y “generosamente” ofrece indemnizaciones y proyectos y se ufana de que todo volvió a la “normalidad”: el INAH puede seguir administrando “las ruinas”, como llaman a los que fueron lugares sagrados. Ya es hora de que se defina si, tratándose de derechos indígenas, se abren espacios de justiciabilidad más allá de la criminalización.

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miércoles, 8 de octubre de 2008

Urge aplicar un plan anticrisis: López Obrador

Ciudad de México, 8 de octubre de 2008
Servicio informativo núm. 535

URGE APLICAR UN PLAN ANTICRISIS: LÓPEZ OBRADOR

Carta a la opinión pública dada a conocer en conferencia de prensa del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hace 14 meses advertimos sobre los efectos que tendría la crisis económica de Estados Unidos en nuestro país. Hoy, desgraciadamente, se están cumpliendo esas predicciones. En una carta a la opinión pública, leída aquí en conferencia de prensa el 22 de agosto de 2007, sostuve entre otras cosas lo siguiente:

Desde la campaña presidencial de 2006, mi equipo de asesores económicos, Rogelio Ramírez de la O, Adolfo Hellmund y Mario Di Costanzo, me advirtió sobre la fragilidad económica de Estados Unidos y los impactos que podría tener sobre nuestra economía.

Para nosotros estaba claro que debíamos trabajar desde el primer día para protegernos de adversidades externas. Por desgracia, esta turbulencia ha empezado hoy a manifestarse y el gobierno espurio, en forma totalmente irresponsable, no ha tomado las medidas para hacerle frente.

Debe decirse que la implantación de la política neoliberal dejó a nuestra economía muy expuesta a factores externos. Esta era y sigue siendo una de las razones para proponer un cambio del modelo económico que fortaleciera las actividades productivas, el mercado interno y la creación de empleos. Sin embargo, al continuar la misma política e incluso profundizarse, nuestro país se ha vuelto más vulnerable. Debido a ello, al reventar la crisis hipotecaria en Estados Unidos y contagiar los mercados internacionales de crédito, nuestra economía se encamina a un estancamiento de graves consecuencias para la mayoría de los mexicanos.

Además de explicar puntualmente cómo se estaba gestando la crisis en Estados Unidos, hicimos recomendaciones y exhortamos a los encargados del manejo de la política económica a que cambiaran de actitud y actuaran con responsabilidad y urgencia por el bien del interés nacional. No obstante, los del gobierno usurpador desatendieron nuestras advertencias. Al grado que apenas hace unos días, tanto Calderón como Carstens, llegaron a decir que si en Estados Unidos les daba pulmonía, aquí apenas nos provocaría una gripe.

Guiados por la inercia de la política neoliberal, fueron incapaces de impulsar un programa para reactivar la economía, crear empleos, fortalecer el campo, construir refinerías; por el contrario, decidieron aumentar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica. Mantuvieron los privilegios fiscales para los grandes contribuyentes y crearon el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) que golpea a pequeñas y medianas empresas y limita la generación de empleos. No hicieron nada para lograr la autosuficiencia alimentaria y continuaron con el criterio de comprar lo que consumimos en el extranjero. Impidieron la libre competencia con la protección a los monopolios que cobran por bienes y servicios precios exagerados y afectan a consumidores y empresas. Y en vez de llevar a cabo un plan de austeridad para liberar fondos al desarrollo, en dos años el gobierno usurpador ha incrementado el gasto corriente en 400 mil millones de pesos, utilizando para ello los excedentes petroleros.

En fin, se ha perdido el tiempo, se ha dejado de aprovechar la oportunidad de precios altos del petróleo que difícilmente se volverá a presentar. Y lo más lamentable, es que ahora nos impacta la crisis de Estados Unidos con una economía muy debilitada y con el riesgo de una devaluación de nuestra moneda, como ya empezó a expresarse en los últimos días.

El domingo 28 de septiembre, en el zócalo de la Ciudad de México, volví a señalar la gravedad de este problema. Argumenté que este año el crecimiento económico de México será el más bajo de todos los países de América Latina y el Caribe. En los últimos tiempos hay pérdida de empleos. El salario y los ingresos están resultando insuficientes ante la carestía. Está creciendo la cartera vencida. Los bancos han reducido sus créditos. Las tiendas departamentales están bajando sus ventas y la industria de la construcción no está creciendo.

Por los efectos de la recesión en Estados Unidos, se está reduciendo el monto de las remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero. Está cayendo la producción, son menores las exportaciones, están bajando los niveles de ocupación en los destinos turísticos se ha reducido considerablemente el crédito internacional para proyectos de inversión.

Sostuve que la caída en la producción de Pemex, ocasionada por su mal manejo y la baja en los precios del petróleo, aumentaría el riesgo del déficit creciente en la balanza de pagos. Expliqué que, sin considerar las exportaciones del petróleo, el déficit comercial en el 2000 fue de 14 mil 149 millones de dólares; en 2007 de 53 mil 92 millones de dólares y, en 2008, según proyecciones, será de 68 mil 374 millones de dólares; es decir, crecerá alrededor de 15 mil millones de dólares en un año. Es importante señalar que el 86 por ciento de este incremento, se debe a la creciente compra en el extranjero de alimentos y petrolíferos, principalmente gasolinas. Y todavía así, el gobierno usurpador se ha negado a construir nuevas refinerías y no ha apoyado a los productores del campo mexicano para lograr la autosuficiencia alimentaria. Pareciera como si estuviera esperando una gran crisis de balanza de pagos para actuar.

Por todo lo anterior, propuse al Congreso la aplicación de un plan anticrisis destinado a fortalecer nuestra producción interna para evitar un mayor desempleo y reducir el déficit comercial. Concretamente recomendé:

- Cancelar los aumentos de precios de la gasolina, el diesel, el gas y la electricidad, para mejorar la competitividad de la industria, dar alivio a los consumidores y reducir la presión inflacionaria.

- Aumentar el presupuesto destinado al campo; se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos, con el propósito de reducir las importaciones de alimentos; evitar más aumentos en los precios; mejorar la economía de campesinos y productores y atemperar el fenómeno migratorio.

- Construir tres refinerías para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Y argumenté que con esta decisión se reducirían las importaciones de este hidrocarburo, que ya se acerca al 50 por ciento de lo que consumimos, se daría valor agregado al petróleo crudo, se generarían empleos y se ahorrarían divisas.

- Llevar a cabo un programa de construcción de obras públicas, para reactivar la economía y generar empleos; de manera particular, que se atienda la falta de servicios públicos y de vivienda, en beneficio de la gente pobre de los centros urbanos y de las ciudades fronterizas.

- Así mismo, propuse que se considerara el gasto destinado a la juventud como una inversión social; que se otorgaran becas a todos los estudiantes del país como se hace en el Distrito Federal; que se aumentara presupuesto para las universidades públicas para resolver el problema de miles de jóvenes que son rechazados, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión.

- Que se otorgue una pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país, equivalente a medio salario mínimo, como se lleva a cabo en el Distrito Federal. Este apoyo debe otorgarse desde los 65 años, cuando menos, en regiones indígenas y en las zonas de mayor pobreza del campo y la ciudad.

- Que se entreguen de inmediato los ahorros de los exbraceros.

- Que se cancele la llamada Alianza Educativa, y en particular, que no se permita el cierre de las escuelas normales y se otorguen plazas a todos sus egresados.

- Que renuncien de inmediato los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública y el procurador General de la República, por carecer de integridad y ser ineficaces en el combate a la inseguridad y la violencia.

Reiteramos que los fondos para este plan anticrisis pueden obtenerse si se reduce en 200 mil millones de pesos el gasto superfluo del gobierno y se utilizan los 200 mil millones de pesos de excedentes que se recibirán este año por precios altos de petróleo.

Con esta Bolsa de 400 mil millones de pesos, se deben financiar proyectos de alto impacto económico para mejorar el nivel de empleo, la competitividad y atemperar la crisis social y el clima de inseguridad.

Nuestra propuesta, en esencia, consiste en reducir el costo del gobierno a la sociedad. Siempre he sostenido que en ninguna circunstancia, menos en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, ese recurso debe canalizarse a las necesidades apremiantes de la gente.

De manera específica, la reducción de 200 mil millones de pesos que proponemos se puede lograr de la siguiente manera:

1. Que se ajuste a la baja la partida 1509 para reducir a la mitad los sueldos desde el presidente espurio hasta los directores generales adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; que se reduzcan también a la mitad las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la Federación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral. De la misma forma, disminuir a la mitad las percepciones de diputados federales y senadores. Con este ajuste se obtendría un ahorro de 12 mil millones de pesos.

2. Que se suprima la partida 1407 del Seguro de Separación Individualizada, que consiste en un fondo de ahorro especial para la alta burocracia y que se estima para 2009 en 6 mil millones de pesos.

3. Que se cancele la partida 1406 de Gastos Médicos Mayores para la atención en hospitales privados de la alta burocracia, que equivale a 5 mil 050 millones de pesos.

4. Que se cancelen las pensiones a expresidentes por 310 millones de pesos al año.

5. Que se elimine la entrega de bonos discrecionales de fin de año para los altos funcionarios públicos incluidos en la partida 1 500, que representa una erogación de 11 mil 207 millones de pesos.

6. Que las partidas de “otros gastos corrientes” del presupuesto federal se mantengan en el mismo nivel de 2007, más la inflación, con lo cual se obtendría un ahorro en el presupuesto de 2009 de 232 mil millones de pesos. Para ello debe eliminarse la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos de altos funcionarios, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas de los servidores públicos superiores, boletos de primera clase y gastos de vestuario. También proponemos la reducción drástica de las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles y fideicomisos, entre otras.

Este plan anticrisis, insistimos, puede acordarse en el Poder Legislativo, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país y desde ahí podría convocarse al resto de la sociedad. Además, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y la mayor parte de nuestras propuestas dependen de una nueva orientación del gasto público. Hoy, más que nunca, se necesita que el destinatario del presupuesto sea el pueblo y no los potentados y la alta burocracia.

En consecuencia, voy a recomendar respetuosamente a los legisladores del Frente Amplio Progresista, que lleven a cabo todas las gestiones que sean necesarias para la aprobación de este plan anticrisis.

Así mismo, como hace 14 meses, hago a los ciudadanos las siguientes recomendaciones puntuales:

1. Estos serán tiempos difíciles; por eso haz un esfuerzo para ajustar tu gasto a lo básico.
2. Si vives en el Distrito Federal y no tienes ingresos, inscríbete al Seguro del Desempleo y al Programa de atención médica y medicamentos gratuitos.
3. Esmérate en tu trabajo, porque habrá más competencia y despidos.
4. Ahorra en tus consumos de luz, agua, gas, gasolina y otros.
5. Si necesitas comprar aparatos electrodomésticos verifica los precios en el teléfono del consumidor: 5568-8722.
6. Aprovecha siempre que puedas los descuentos por pagos en efectivo y por adelantado de agua y predial.
7. Paga tu recibo de luz, teléfono, cable y otros servicios, en las oficinas y no en los bancos para ahorrar el cobro de comisiones.
8. No pagues tu recibo de luz, agua y teléfono si te llega muy alto, hasta exigir una aclaración. Reclama y defiende tus ingresos.
9. No aceptes cargos indebidos en tarjetas de crédito. Cuida que los pagos de tus abonos por compra de automóviles en el banco no contengan cargos no justificados y siempre pide aclaraciones.
10. No contrates créditos para consumo porque los intereses son muy altos y van a subir más.
11. No contrates crédito a tasa variable, si lo necesitas contrata a tasa fija.
12. No contrates deudas en dólares.
13. Aún si no tienes ingresos pero estás registrado como contribuyente, debes presentar tu declaración en ceros, para evitar multas abusivas.
14. Compra en los mercados o tianguis, con tus marchantes, porque ellos y los campesinos mexicanos necesitan de tu ayuda.
15. Compra tus productos a granel y, en la medida de lo posible, que no sean productos industrializados.
16. Prepara tus alimentos y el desayuno de tus hijos para la escuela; que no consuman comida chatarra, no sólo por salud sino porque son productos más caros.
17. Compra tu pan en la panadería.
18. Haz agua de fruta de temporada, es más saludable y apoyas a los campesinos mexicanos. Si compras bebidas industrializadas, dale la preferencia al Boing, que es un producto de buena calidad, elaborado por los trabajadores de la Cooperativa Pascual.
19. Compra en las camionetas de productos agrícolas.
20. Compra café mexicano.
21. Compra tus medicinas en las boticas pequeñas o farmacias nacionales; y apoya a las tiendas de colonias, barrios y pueblos.
22. Consume productos mexicanos, compra tu ropa en tianguis o mercados como los de Mixcalco en el Distrito Federal, Chinconcuac, estado de México o San Martín Texmelucan, Puebla, y los zapatos en León, San Mateo Atenco, Ticul y en otros centros productores del país. Los artesanos y pequeños empresarios necesitan de tu ayuda.
23. Si puedes dale trabajo a pintores, carpinteros, herreros, plomeros, jardineros y otros.
24. Si viajas por recreación o turismo, trata de que sea a lugares nacionales y da preferencia a negocios de mexicanos.
25. Favorece a las fondas y a los restaurantes nacionales.
26. Si compras un auto favorece a las empresas que fabrican en nuestro país; así apoyas el empleo de trabajadores mexicanos.
27. Da la bienvenida a los amigos de tus hijos en casa para sus reuniones, con el fin de que tengan más seguridad y gasten menos.
28. Maneja con cuidado y tolerancia.
29. Reúnete más con tus seres queridos; da más tiempo a la comunicación y a la convivencia con tus hijos, revalora la importancia de la lectura, la conversación y el apoyo mutuo con familiares, amigos y vecinos.
30. Y ten presente que la felicidad depende de estar bien con la conciencia, con uno mismo y con el prójimo; no sólo se alcanza con bienes materiales.

Si se acuerda un plan anticrisis en el Congreso como el que proponemos, es posible enfrentar el sentimiento de frustración y la incertidumbre que prevalece y crear un ambiente de seguridad, de aliento y de esperanza al pueblo de México. Así mismo, es indispensable que todos actuemos con mayor humildad, tolerancia, generosidad y respeto.

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Propone Granados Chapa "una Ley de Amnistía que haga salir de las cárceles a presos políticos

Ciudad de México, 8 de octubre de 2008
Servicio informativo núm. 534

PROPONE GRANADOS CHAPA “UNA LEY DE AMNISTÍA QUE HAGA SALIR DE LAS CÁRCELES A PRESOS POLÍTICOS QUE HOY MISMO COMO EN LOS PEORES TIEMPOS DEL AUTORITARISMO PADECEN PRISIÓN INJUSTA”

Versión estenográfica del discurso de Miguel Ángel Granados Chapa durante la sesión donde le fue entregada la Medalla “Belisario Domínguez”.

Ciudadanas senadoras, ciudadanos senadores, ciudadano Presidente de la República, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, ciudadano Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores:

Aunque mi oficio, parte de él consiste en tejer palabras, no encuentro las que rebelen con precisión, los sentimientos con que hoy recibo la Medalla de Honor que lleva el nombre del doctor Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la República.

Me limito, entonces, a expresar con llaneza un gracias escueto, pero suficiente ante la unánime decisión de los integrantes de este cuerpo legislativo, de encontrar en mi trayecto profesional sustancia bastante para merecer la alta distinción que hoy se me otorga. La entiendo como un reconocimiento a la tarea de informar y de suscitar opiniones, un reconocimiento al periodismo en general y en particular al que se ha afanado por promover y dar cuenta del cambio democrático en nuestro país, el periodismo que sin falsa objetividad se propone contribuir en comunión con sus lectores y oyentes, a la construcción de una sociedad fundada en la equidad y la justicia, una sociedad donde como humildemente quiso Morelos, queden moderadas la opulencia y la miseria.

El Doctor Domínguez era miembro de esta Cámara cuando arrostró con plena conciencia la muerte con tal de expresar sus convicciones, su condena al régimen usurpador y criminal de Victoriano Huerta, quien con la misma frialdad que ordenó asesinar al Presidente Francisco I. Madero, dispuso de la vida del propio Senador Domínguez, cuya muerte se agregó a las que la dictadura había ordenado para eliminar a los diputados Serapio Rendón y Adolfo Gorrión. En la valiente protesta por esas tres ejecuciones, el Diputado Eduardo Neri las condenó en su Cámara con tal fuerza que el déspota clausuró el Congreso al día siguiente el 10 de octubre de 1913.

No es casual que al instituir medallas para honrar a mexicanos distinguidos, las Cámaras del Congreso hayan escogido los nombres de esos combatientes con la palabra frente al huertismo.

Por cierto la Medalla Eduardo Neri, otorgada por los diputados, acaba de ser discernida y será entregada a don Miguel León Portilla, el gran humanista mexicano único recipiendario de las dos preseas del Poder Legislativo, pues en este lugar le fue entregada en 1995 la Belisario Domínguez.

El Senador Domínguez y el Diputado Neri, pertenecieron a la Vigésimosexta Legislatura, disuelta por la dictadura pretoriana usurpadora y que había acompañado al Presidente Madero en sus tenues, pero definidos intentos por transformar a México después del Porfiriato.

Pocas legislaturas han tenido frente a sí desafíos descomunales como la dispersada por Huerta, que en carceló a no pocos de sus integrantes.

Cambiando lo que haya que cambiar, porque el México de la Guerra Civil de 1913 no es el México de la difícil convivencia de 2008 a la Legislatura No. 60, la elegida hace dos años, le cumple una misión semejante a la de aquella coyuntura, dar la cara a uno de los momentos más críticos de la vida nacional, más difícil cuanto que parece que nos hayamos inermes frente a él.

No es que la sociedad mexicana carezca de experiencia ante las crisis, la ha adquirido a fuerza de golpes, de caer y levantarse, de deplorar lo perdido y comenzar de nuevo, pero pocas veces en la historia habían convergido adversidades de tan distinta índole y semejante gravedad que hacen de las sombrías horas que corren, horas de definición, de las que emergerá la sociedad disminuida y en riesgo de descomposición y aún de enfrentamiento o engrandecida para superar la magnitud del desafío para que sea por una vez madre providente de sus hijos.

No se requiere vocación de Casandra para avizorar un futuro preñado de vicisitudes lesivas de la convivencia, porque el pasado reciente y el presente las han incubado.

No se requiere tampoco padecer un ánimo infectado de pesimismo para advertir que día con día crecen las adversidades y aún surgen otras más entorno nuestro, desde el seno mismo de la sociedad, pero también sin que nos ciegue el optimismo, un optimismo que fuera trágicamente irreal como bautizó en que en sus días intentaba prevalecer don Daniel Cosío Villegas, percibimos que la energía social de los mexicanos es capaz de enfrentar esas adversidades con fortuna, sobre todo si utiliza nuevos instrumentos o de modo diferente emplea aquellos de que la República se dotó desde la hora de su fundación.

Aquí mismo, en esta casa, en esta representación del Federalismo tan caro a nuestra voluntad de unión están en curso procesos legislativos que resulta de un nuevo ensamble de instrumentos, circunstancias donde se combinan la formalidad de las instituciones y el dinamismo vital de la participación social directa, mentira que se trate de factores antagónicos y aún excluyentes.

Por lo contrario, la constitucionalidad de las tareas realizadas por los legisladores se alimenta con la movilización de los ciudadanos, que ya se pronunciaron en general en las urnas, pero pueden y quieren expresarse también en la calle, en los caminos en torno a asuntos puntuales, en procura de solución a sus problemas para acuciar legítimamente a sus legítimos representantes.

Lejos de demonizar a la movilización ciudadana, hemos de reconocer y valorar sus cualidades motrices. La calle, la gente en la calle, las multitudes que clamaron contra la inseguridad impulsaron la presentación de iniciativas de reforma legal, de creación de nuevos instrumentos contra el hampa.

De no ser por la vitalidad, por la viveza de los ciudadanos en acción, podría ocurrir que no se emprendieran las mutaciones legales que propicien un más eficaz combate a las varias formas de delincuencia, el terrorismo incluido que nos agobian y amenazan.

Movimiento social semejante se había manifestado, lo hace hoy mismo y se expresará también más adelante en torno de la reforma petrolera que necesita nuestro país.

La calidad del proceso legislativo en curso, sería otra, de no haberlo precedido el amplio debate nacional sobre un tema, que como pocos, no puede ser abordado sin la presencia de la sociedad. Ese debate social, una de cuyas porciones principales fue albergada por ésta Cámara, resultó de una feliz combinación de rasgos de nuestra república, la fortaleza del Poder Legislativo y el ejercicio de las libertades públicas, las que permiten a la gente reunirse y manifestar su parecer sobre los graves asuntos que conciernen a sus intereses y sus convicciones, que hoy, juntos legisladores y la gente digan lo que hay que hacer para poner al día, en estricto apego a la Constitución la industria petrolera nacional.

Esas libertades públicas requieren un fortalecimiento que impida retrocesos dañinos para la convivencia nacional. Nunca eliminados por entero como inexplicable hierba envenenada crecen tendencias al autoritarismo, a la criminalización de la protesta social, a la guerra sucia no enderezada sólo contra los opositores al régimen, sino contra ciudadanos en reclamo de sus derechos.

Permítanme, ciudadanas Senadores, ciudadanos Senadores instarlos a establecer un mecanismo social que impida o condene cuando ocurra la desaparición forzada de personas, que afecta hoy a decenas, cientos, quizá de mexicanos a quienes autoridades federales o locales levantaron como si fueran los captores delincuentes, es decir, los detuvieron, pero no los sometieron a juicio como deben proceder de acuerdo con la ley, y acaso los privaron de la vida como lo hacen los matones profesionales.
Ya hay legislación vigente al respecto. Pero se requiere mejorarla para hacerla compatible con instrumentos internacionales suscritos por México, y obligatorios, por lo tanto, para sus instituciones.

Una legislación que haga del Estado el cumplidor de la ley, y no su infractor en perjuicio de las personas, sería admirablemente completada por una Ley de Amnistía que haga salir de las cárceles a presos políticos que hoy mismo como en los peores tiempos del autoritarismo padecen prisión injusta.
(APLAUSOS)

Es imprescindible hoy restaurar las bases de la convivencia, del acuerdo en lo fundamental.

La sociedad diversa no puede ser homogeneizada, sino por la fuerza. La unidad impuesta lleva imbíbito el riesgo de la unanimidad, del pensamiento único; necesitamos identificar propósitos comunes impulsados desde la diferencia; necesitamos saber y obrar en consecuencia que los distintos, los otros no son por ello peligrosos; necesitamos saber que no son enemigos, sino acaso, adversarios.

El poder del dinero y el poder criminal de las armas sustraen ya ahora con marcas crecientes de la vida en común al imperio de la ley y la capacidad rectora del Estado. El ímpetu feroz de la delincuencia organizada parece no reconocer límites, los rompe todos; sorprende cada día con su ubicuidad y sus desplantes osados y crueles.

Los poderes fácticos, los que gobiernan sin haber sido elegidos, los que buscan y obtienen ganancia de negocios que atentan contra el interés general gobiernan en mayor medida que los gobiernos; la lucha de unos y otros poderes ilegítimos contra la sociedad, su éxito en el propósito de dominarla es favorecida por una situación económica, material cada vez más adversa, menos propiciatoria que la prosperidad y la expansión de la potencialidad humana.

Muchos creemos percibir la difusión de una desesperanza, de un desánimo social, un desencanto con las formas democráticas, un cinismo social que como los depredadores en infortunios impuestos por la naturaleza aprovechan la desgracia ajena para medrar.

Pero eso que nos ocurre, los fenómenos en sí mismos, y los que provocan esta desesperanza, no son una condena, son enfermedades del espíritu colectivo susceptibles de ser curadas, no con pociones mágicas que a la postres mas envenenan, en que sanan, sino con el empuje que más de una vez ha permitido ejercer y acrecentar la energía de los mexicanos.

No nos deslicemos a la desgracia, menos aún caigamos de súbito en su abismo, cada quien desde su sitio, sin perder sus convicciones, pero sin convertirlas en dogma que impidan el diálogo, impidamos que la sociedad se disuelva.

No es un desenlace inexorable, podemos frenarla, hagámoslo, y con la misma fuerza reconstruyamos la casa que nos albergue a todos o erijámosla si es que nunca la hemos tenido.

Muchas gracias.

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viernes, 3 de octubre de 2008

La masacre del 2 de octubre del 68 representó el inicio de la lucha por la emancipación del pueblo de México: AMLO

Ciudad de México, 3 de octubre de 2008
Servicio informativo núm. 533

LA MASACRE DEL 2 DE OCTUBRE DEL 68 REPRESENTÓ EL INICIO DE LA LUCHA POR LA EMANCIPACIÓN DEL PUEBLO DE MÉXICO: AMLO. EL PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO INICIÓ UNA GIRA DE CUATRO DÍAS POR 24 MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN

La masacre del 2 de octubre de 1968 representó el inicio de la lucha por la emancipación del pueblo de México, afirmó Andrés Manuel López Obrador al conmemorarse ayer el 40 aniversario de la matanza de Tlatelolco.

“Gracias al indeterminado número de estudiantes y maestros que ofrendaron su vida, los mexicanos tenemos mayores espacios de libertad y de apertura democrática”, aclaró el presidente legítimo de México al subrayar que los mártires del 2 de octubre siempre estarán presentes en la memoria de los mexicanos y en las páginas de la historia nacional.

Al iniciar una gira de cuatro días por 24 municipios de Nuevo León, López Obrador se refirió “a la represión horrenda cometida en contra de los jóvenes y los maestros, a esa gran tragedia, injusta”. En aquella fecha de 1968, los estudiantes y sus profesores lucharon por todo el pueblo de México en contra del autoritarismo de aquel entonces, explicó.

Antes, expresó a los habitantes de Parás que los acontecimientos del 2 de octubre fueron funestos y reprobables. “Se recuerda la fecha del 2 de octubre porque fueron asesinados muchos jóvenes que luchaban por la libertad y la apertura de espacios democráticos”, enfatizó.

Acompañado por el presidente municipal Crescencio Olivera Cantú, y el secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México, Bernardo Bátiz, así como por legisladores y dirigentes locales del PRD y PT, López Obrador expresó que en aquellos aciagos días fueron encarcelados un importante número de jóvenes, “pero gracias a ellos tenemos un poco más de libertad y se aspira a una mayor democracia”, precisó.

Hizo énfasis en que “lo poco de democracia que tenemos se lo debemos a los jóvenes que ofrendaron su vida, a las víctimas del autoritarismo del gobierno de aquellos días”.

En referencia a la decisión de las autoridades de Parás de izar la bandera a media asta, en señal de duelo y en memoria de los caídos de Tlatelolco, mencionó que ese gesto distingue al pueblo y a las autoridades del municipio.

En Cerralvo, los ciudadanos gritaron a una sola voz: ¡2 de octubre no se olvida! Y la maestra de ceremonias le puso nombre y apellidos a los responsables de la masacre: Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

En Agualeguas, el presidente municipal José Israel González Rodríguez —de extracción priista— recibió a López Obrador en sus oficinas. El alcalde expresó que sus gobernados carecen de apoyos para las actividades ganaderas; “unos pocos se lo llevan todo”, se quejó. También le informó que el crédito es escaso y caro y que en México “el crédito te mata”, por las altas tasas de interés que aplican los bancos.

Al respecto, López Obrador mencionó que las operaciones de la banca mexicana no están reglamentadas y que las instituciones financieras no realizan actividades de fomento o de desarrollo. También expresó al alcalde González que el cálido recibimiento, “es muestra de respeto y de tolerancia”.

Posteriormente, en General Treviño, el presidente municipal Gerardo Hinojosa Guerra recibió en sus oficinas a López Obrador. De inmediato el alcalde de origen panista le manifestó al visitante: “¡Que bueno que visitas a los jodidos!”

Luego de firmar el libro de visitantes distinguidos en donde plasmó con su puño y letra: “con todo mi afecto y respeto al pueblo del General Treviño, así como a su presidente municipal, Mar Doqueo Gerardo Hinojosa Guerra. Gracias por su recibimiento”.

El presidente legítimo de los mexicanos calificó como una señal de respeto la invitación del munícipe, a pesar “de que no militamos en el mismo partido y de que tenemos diferencias políticas e ideológicas”.

En el mensaje que dirigió a los habitantes del municipio, recordó que el General Treviño siempre estuvo a lado del mejor presidente de México, don Benito Juárez.

Por la tarde, López Obrador también fue recibido por el alcalde de Los Herreras, Lucio Andrés Tijerina López.

En una amena charla, conversaron sobre el estado en que se encuentra el municipio y del fenómeno migratorio, porque actualmente la localidad cuenta con una población flotante de 4 mil 500 habitantes, pero hacia finales de diciembre la cifra se incrementa notablemente por el arribo de los trabajadores migratorios que laboran en Chicago, Houston, Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos.

En el recorrido de este día, López Obrador aseguró a los ciudadanos de Cerralvo, Melchor Ocampo y Los Herreras —la tierra del actor Eulalio González “El Piporro”—, que los senadores están avocados a la elaboración del dictamen de la denominada reforma energética.

“En estos días se va a resolver en forma definitiva el asunto del petróleo y si el dictamen tiene el propósito de privatizar el sector, voy a llamar a todo el pueblo de México a la resistencia civil pacífica, pero no vamos a permitir la entrega de los bienes de la nación al capital extranjero”, anticipó.

No escapó a su memoria que en 26 años de imposición del régimen económico neoliberal se han privatizado un promedio de mil empresas públicas, desde los ferrocarriles y las minas, hasta los bancos, los puertos, los aeropuertos, las carreteras y las líneas áreas.

En su exposición aseguró que la corrupción y la pobreza son los principales problemas de nuestro país y resaltó que la economía atraviesa por serias y graves dificultades.

“El gobierno espurio de Felipe Calderón, en lugar de rectificar el camino y colocar a las familias en estado de indefensión y de desamparo en primer lugar en la lista de los beneficios de carácter social, intenta privatizar la industria petrolera para favorecer a unos cuantos”, firmó el dirigente de la izquierda mexicana.

Para hoy viernes, 3 de octubre, el presidente legítimo de México acudirá a los municipios de Mier y Noriega, Doctor Arroyo, Zaragoza, Aramberri (Ejido La Chona Plaza Principal) e Iturbide.

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jueves, 2 de octubre de 2008

“¡Que los maten a todos!”, por Rosario Ibarra

Ciudad de México, 2 de octubre de 2008
Servicio informativo núm. 532

Sumario:

I.
“¡Que los maten a todos!”, por Rosario Ibarra

II. Presenta Rosario Ibarra nueva iniciativa de reforma constitucional sobre derechos humanos

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“¡QUE LOS MATEN A TODOS!”
por Rosario Ibarra
(publicado en El Universal el 2 de octubre de 2008)

Infunden pavor las palabras que dan nombre a estas líneas. Iguales o semejantes —dicen algunos— se escucharon hace 40 años, la tarde sangrienta del 2 de octubre, y tres años después, el doloroso Jueves de Corpus, llegaron de nuevo como un eco siniestro.

Duele decirlo, pero hace apenas dos días, en el Senado de la República, tras escuchar la lectura del dictamen por el que se otorgará la medalla Belisario Domínguez al ilustre periodista Miguel Ángel Granados Chapa, aprobado por unanimidad, para gozo de todos quienes lo queremos, minutos más tarde se tocó el tema de los sucesos terribles ocurridos en la prisión llamada La Mesa, en Tijuana.

El “punto de acuerdo” proponía que la Comisión de Derechos Humanos del Senado se trasladase al estado de Baja California, para investigar los hechos ocurridos en el Centro de Readaptación Social antes mencionado... ¡y allí terminó el espíritu de unanimidad! No se pudo aprobar la proposición porque la bancada blanquiazul en pleno se opuso a ello... pero lo más grave fueron las palabras que brotaron de uno de los escaños de los opositores a la aprobación, que coincidían con la orden de exterminio... “porque todos son criminales”, dicen que remató el que lo dijo.

Por si lo ignora el autor de tal expresión (que no sé quién es), las prisiones están llenas de pobres, la mayoría de ellos inocentes o culpables de delitos menores a los que los arrastran la miseria, el hambre, la ignorancia, el desempleo y todos los males que generan los malos gobiernos.

Otros confiesan, bajo infame tortura, delitos que no cometieron, pero todos estos atropellos nunca merecen la atención y menos la protesta de gente que considera a los pobres como los prescindibles, los que no hacen falta, los que de nada sirven, los que estorban y por eso también entrenan a sus iguales, a otros pobres, como soldados y policías para la tortura, la crueldad y el exterminio de sus hermanos...

Cuánta razón tenía Thoreau cuando decía que el enemigo natural del soldado es el gobierno que lo entrena.

Y ese mal gobierno se torna diabólico, aborrecible, cuando lo enfrenta a los de su clase y le ordena que los maten a todos.

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PRESENTA ROSARIO IBARRA NUEVA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

El pasado 25 de septiembre, la senadora de la República Rosario Ibarra presentó ante el pleno del Senado una iniciativa de modificación a la Constitución Política mexicana a fin de que este documento magno pueda garantizar con plenitud a todos los mexicanos el respeto y la defensa de sus más elementales derechos como seres humanos.

El documento, su exposición de motivos y su articulado representan un texto de valiosa riqueza en torno de los rezagos que México padece en la materia y sobre los caminos para repararlos. El servicio de noticias ISA presenta aquí las palabras iniciales con las que la senadora presentó ante los legisladores su propuesta. Una versión completa del documento se encuentra en:
http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2008/09/25/1&documento=19


Señoras y señores senadores.

Estoy presentando en esta ocasión una nueva iniciativa de reforma constitucional sobre derechos humanos.

Como deben recordar, desde principios de 2007, el Congreso de la Unión suscribió un acuerdo de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema de derechos humanos, así como con académicos y especialistas, trabajamos durante meses en la discusión y elaboración de propuestas para una reforma constitucional en este tema.

En noviembre del año pasado, habiéndose iniciado en forma paralela las discusiones en las mesas de la reforma del Estado, se dijo que era inminente la presentación de una iniciativa también sobre derechos humanos producto de esos trabajos. Fue entonces que decidí presentar una primera iniciativa de reforma constitucional que recogiera lo que hasta entonces se había trabajado con las organizaciones de la sociedad civil mexicana en el marco del convenio antes mencionado. Aunque los trabajos de elaboración con las organizaciones de la sociedad civil no había concluido pues teníamos en la agenda todavía varios temas pendientes en ese momento, pensé que era necesario presentar en tribuna la iniciativa de reforma constitucional ante el riesgo de que el tema fuera presentado en el pleno sobre la base del acuerdo de la llamada reforma del Estado, excluyendo o no tomando en cuenta lo que ya habíamos elaborado con las organizaciones de la sociedad civil hasta ese momento. Al mismo tiempo advertí o expresé mis dudas de que hubiera condiciones para la aprobación de una integral reforma constitucional de derechos humanos en el marco de la llamada reforma del Estado, más preocupada por negociaciones interpartidarias para enfrentar la crisis en el terreno político después de los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales del 2006.

El caso es que, efectivamente, de las mesas sobre la reforma del Estado no hubo resultado alguno sobre el tema de derechos humanos. Mientras tanto la elaboración sobre el tema con las organizaciones de la sociedad civil continuó y al concluir sus trabajos entregaron al Congreso, a las Comisiones de Derechos Humanos y para el conocimiento de los grupos parlamentarios, en reunión formal que encabezamos las propuestas sobre este tema. Al mismo tiempo las presiones políticas lograron que el encargado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas el señor Amérigo Incalcaterra, con quien el Congreso había suscrito el convenio de colaboración, fuera sacado de la oficina de México y que ésta permanezca formalmente acéfala hasta la fecha.

Mucho se ha hablado y discutido en estos tiempos al respecto de los derechos humanos. Me parece que por varias razones urgentes estas propuestas de las organizaciones de la sociedad civil no deben en general quedar fuera de la consideración formal del Congreso. Por eso es que en esta ocasión estando de acuerdo en lo general con la mayor parte de esas propuestas y su sentido general es que me he permitido presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional que recoge la que presenté en noviembre pasado pero que se completa con otros aspectos que no incluía aquella ya que no había concluido la discusión y elaboración al respecto y que ahora incluyo apoyándome en sus conclusiones. Los nuevos aspectos tienen que ver, entre otras cosas, con los derechos económicos y sociales. No detallo ahora el contenido concreto y sus justificaciones que Ustedes pueden conocer directamente en la exposición de motivos ya publicada en la Gaceta.

Pero además me ha parecido urgente presentarla pues la dinámica general que se vive en el país apunta a una profundización a un curso autoritario y de otorgarle mayores poderes represivos al Estado en detrimento de los derechos humanos. Reformas legales como la relativa al terrorismo aprobada a principios del 2007 y sobre todo la llamada reforma judicial debatida y finalmente aprobada como reforma constitucional entre los meses de diciembre del 2007 y mayo de este año apuntan a lo que he denunciado antes como la práctica de convertir en legal lo que era ilegal en el terreno del respeto a los derechos humanos. En política no existe el hubiera, pero ciertamente una reforma que constitucionaliza los derechos humanos como la que venimos proponiendo desde al año pasado, hubiera sido un importante valladar para evitar las medidas autoritarias que ya fueron aprobadas.

Nuevamente el riesgo está presente de una profundización del curso autoritario, represivo, que busca enfrentar la crisis que se vive en el terreno de la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada, sobre todo del narcotráfico, exclusivamente con medidas policiacas, represivas, punitivas, de sostenimiento y expansión de la militarización de la sociedad, con sus secuelas de abusos (como los que hemos denunciado ocurren en estados como Chihuahua o antes en casos como los de Zongolica) haciendo abstracción de las causas políticas y sociales que están en el fondo de estos fenómenos. Y el riesgo es que renovado el curso autoritario en medio de los gritos y escándalos por la inseguridad que se vive, nuevamente se sacrifiquen los derechos humanos. Recientemente un gobernador de uno de los estados asolados por la violencia abiertamente propuso que para combatir al crimen organizado y la violencia había que restringir las libertades políticas. Nuevas iniciativas legales ya se preparan en esa dirección, incluso buscando aprobar lo que no consiguieron hacer en la llamada reforma judicial.

Antes que eso suceda es que quiero insistir en la urgencia de aprobar la reforma constitucional sobre derechos humanos. Y por eso nuevamente la presento ampliando la que presenté en noviembre.

Pero tampoco quiero que este esfuerzo conjunto con organizaciones de la sociedad civil quede como mero esfuerzo simbólico, como una declaración ante la historia presentada en tribuna y congelada en el archivo. Que simplemente lleve a que en el futuro vuelva a lamentar, incluso en tribuna, lo que quizá se hubiera impedido si se hubiera aprobado una reforma de este tipo.

Desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos también se cuestiona al congreso preguntando que si tantas iniciativas de reformas constitucionales sobre derechos humanos se han presentado en los últimos tiempos, independientemente de la coincidencia o no con todas ellas, ¿por qué no se dictaminan ya? Nosotros hemos respondido que aunque el tema le corresponde a las comisiones de derechos humanos por tratarse de reformas constitucionales no vamos en primer turno para dictaminarlas. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la gravedad de la situación. En varios temas se impone una lógica de posponer y retrasar las resoluciones sobre derechos humanos. En cuanto a la reforma constitucional además de presentar hoy esta iniciativa renovada y que pretende recoger lo que a mi juicio es más valioso de las aportaciones recibidas, me propongo entregar en los próximos días, bajo mi responsabilidad, una propuesta de dictamen sobre todas las propuestas de reformas constitucionales de derechos humanos recibidas en la Comisión para ofrecerla como respetuosa colaboración a ser considerada por la Comisión correspondiente de modo que pueda abrirse la discusión sobre el tema en las instancias y comisiones regulares de trabajo legislativo y no en mesas paralelas generadas por necesidades políticas coyunturales.

Solicito que se inserte íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

Rosario Ibarra


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