A quien se robó la Presidencia llámalo por su nombre: ladrón

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2007

Servicio informativo núm. 259

Sumario:

I. A quien se robó la Presidencia llámalo por su nombre: ladrón

II. Dos voces legítimas
– Infonavit: ¿órgano social o represor social?, por Laura Itzel Castillo
– Apertura en energía, por Rogelio Ramírez de la O

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A QUIEN SE ROBÓ LA PRESIDENCIA LLÁMALO POR SU NOMBRE: LADRÓN

Puntual como siempre, el blog la Lámpara de Diógenes reporta la crónica de las acciones de la resistencia civil pacífica que mantienen el marcaje personal sobre Felipe Calderón para recordarle que el puesto que ocupa como habitante en turno de la residencia de Los Pinos tiene como origen un robo: el de la Presidencia de la República.

Esta vez, las acciones de la resistencia civil pacífica (RCP) tuvieron como escenario los alrededores del Museo Franz Meyer. A continuación el reporte de las mismas y la recomendación de siempre de que se conozca también el trabajo fotográfico que acompaña y atestigua las palabras de Diógenes.

La resistencia civil pacífica estuvo presente la noche de ayer martes 13 de noviembre afuera del Museo Franz Mayer, en donde se llevó a cabo la premiación del concurso de carteles organizado por México Unido Contra la Delincuencia. Paradójicamente, ahí estuvo presente quien se robó la Presidencia de la República, y acorde con las campañas propagandísticas de esta asociación, al presidente usurpador se le llamó por su nombre: ladrón.En esta ocasión, y después de las agresiones infringidas por parte del agrupamiento de granaderos y del personal del “agrupamiento femenil” a miembros de la resistencia civil pacífica el lunes de la semana pasada, los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del DF (SSP-GDF) se comportaron de manera que se podría llamar “prudente”. Si bien sí hubo “encapsulamientos” de granaderos a grupos de ciudadanos que se manifestaban, cuando se les conminó a que si no los liberaban, la RCP cerraría la avenida Hidalgo, se les dejó en libertad.

Minutos más tarde los mismos elementos del cuerpo de granaderos de la SSP del GDF formaron una hilera bloqueando todo lo ancho de la avenida Hidalgo, impidiendo la circulación de transeúntes y automovilistas. Otro grupo de granaderos, éstos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva (PFP), formaron otra hilera, paralela a la anterior, pero medio centenar de metros adelante, impidiendo el paso a Gerardo Fernández Noroña y a otro grupo de la resistencia civil pacífica, y protegiendo el acceso a la avenida Valerio Trujano, en donde, en la esquina con la calle de la Santa Veracruz, se encuentra la puerta de servicio del Museo Franz Mayer y por donde minutos más tarde entró el presidente espurio a escondidas.

A Gerardo Fernández Noroña, el Estado Mayor Presidencial (EMP) le impidió la entrada al recinto, a pesar de que él traía un par de invitaciones para asistir a la premiación organizada por la asociación MUCD. Por más esfuerzos que hizo para acercarse a la entrada, miembros del EMP tomados de los brazos y de manera por demás violenta estuvieron en todo momento a escasos centímetros bloqueándole el paso.

También, en esta ocasión la PFP infiltró provocadores que “alababan la libertad de expresión en el gobierno del presidente (espurio)”, y quienes, a pesar de sus estudiadas poses y sonrisas sarcásticas, fueron ignorados.

La resistencia civil pacífica no dejó pasar la oportunidad para promocionar el inminente estreno de la película de Luis Mandoki FRAUDE: México 2006 en los escudos de los granaderos de la PFP y en automóviles oficiales. Al final se cantó el himno nacional, no sin antes informar al presidente espurio que la resistencia civil pacífica estará el próximo jueves en la inauguración de la Terminal 2 del Aeropuerto, para también ahí recordarle que se robó la Presidencia y que para él no hay ni habrá ni perdón ni olvido.

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INFONAVIT: ¿ÓRGANO SOCIAL O REPRESOR SOCIAL?
Por Lauara Itzel Castillo
(publicado en El Gráfico, el 14 de noviembre de 2007)

Desde la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México, hemos venido denunciando los efectos lacerantes de la política habitacional neoliberal. Hoy comentaremos el caso de Sonora, donde se vive una brutal ola de desalojos y una represión social cada vez más intensa promovida por el Infonavit.

En ese estado, la cartera vencida de la dependencia, según su propia información al 31 de agosto de 2007, asciende a 15 mil 367 créditos —la mayoría vendida a Pendulum en menos de 10% de su valor, como se expuso en este mismo espacio el pasado 1 de octubre—. Según reportes de la oficina de Enlace de Transparencia estatal, los desalojos promovidos por el Instituto han aumentado de manera sostenida y acelerada en los últimos meses. En septiembre de 2006, la cifra era de 9 al mes, mientras que en junio de este año el número aumentó a 45, sólo en Hermosillo. Esto para el caso de Infonavit. Hay que sumarle los créditos hipotecarios otorgados por otros órganos de vivienda, Sofoles, Sociedad Hipotecaria Federal y los bancos. Se calcula que hay 22 millones de tarjetas de crédito distribuidas en el país, que su cartera vencida alcanza los 15 mil millones de pesos y que se han iniciado 500 mil juicios contra sus deudores, a los que se exige como garantía la hipoteca de su casa.

En este contexto de mercantilización de la política habitacional, de acumulación de riqueza por despojo social y de impunidad institucional, se inscribe la detención de Juan Murguía Franco, de Ciudad Obregón, luchador social que durante 15 años se ha distinguido por defender el techo de las familias sonorenses. Juan fue apresado el pasado 1 de noviembre por orden directa del jurídico nacional del Infonavit, aun cuando se encontraba en mesas de negociación con el Instituto y apenas el 23 de octubre, 8 días antes de su aprehensión, acudió al DF a entregar un padrón de acreditados con el din de alcanzar un acuerdo. Las autoridades sonorenses, cínicamente, han informado que sólo se requiere del “perdón” del director general del Instituto, Víctor Manuel Borrás Setién, para que pueda obtener su libertad.

Este esquema de terrorismo jurídico y represión se reproduce en todo México, pero en Sonora ha adquirido tintes vergonzantes, gracias a que halla campo propicio por la actitud del gobernador, Eduardo Bours, que se ha convertido en un auténtico policía y cobrador del Infonavit, recuperadoras, bancos e inmobiliarias. Exigimos la libertad inmediata de Murguía.

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APERTURA EN ENERGÍA

por Rogelio Ramírez de la O

(publicado en El Universal, el 14 de noviembre de 2007)

La próxima propuesta de “reforma estructural” del gobierno se anuncia en energía y tiene gran potencial para afectar profundamente la capacidad de desarrollo de México. Hay cuatro grandes riesgos con alta pro-babilidad en las condiciones que hoy privan en México.

Un riesgo estriba en la apertura cuando los precios del petróleo están tan altos y probablemente sigan así. El segundo riesgo reside en la complejidad del sector energético. El tercero son los malos antecedentes de aperturas y privatizaciones y nuestra incapacidad como país para controlar los monopolios. Y el cuarto está en el potencial de alzas de precios generalizadas.

Sobre el primero, el mundo vive hoy dos fenómenos nuevos. Uno es la escasez de reservas petroleras, misma que ha causado una ola mundial de nacionalismo en torno a los recursos naturales, desde Rusia hasta Francia. El segundo es la debilidad del dólar y su perspectiva de continuar perdiendo valor.

Aunque no hay manera de hacer pronósticos confiables, un argumento de peso es el probable continuo encarecimiento del producto en el largo plazo. Cuando en China y la India la población usuaria de automóviles aumente, como lo hizo en otros países, incluyendo México, los precios escalarían casi a cualquier nivel. El riesgo es vender un patrimonio que al cabo de poco tiempo va a valer mucho más. Sólo hay que recordar que la empresa nacional China ha sido valuada en un billón de dólares, cuando hace un año esto parecía imposible.

Sobre el segundo riesgo, la complejidad del sector energético es tal, que una vez abiertas algunas partes al sector privado sería muy difícil encontrar soluciones óptimas para sinergias de desarrollo de la economía, pues se rompería la línea de continuidad entre productos y subproductos. En esta industria más que en ninguna otra las empresas frecuentemente usan altos márgenes como cobertura (hedge) de operaciones de bajo margen, lo cual es justificado y más lo sería si lo que se busca es apoyar el crecimiento de toda la industria y del país.

Como los márgenes de refinación están castigados y siempre ha sido un negocio volátil, al abrirse al sector privado nadie podría garantizar una tasa de retorno atractiva sin pedir garantías al gobierno de tener el crudo a precios predecibles a largo plazo. Si el gobierno la concede, qué caso tiene que lo haga el sector privado cuando el riesgo del margen lo absorbe el productor de crudo. O bien, no habría suficiente producción de gasolina.

Más aún, como es usual en México, si el empresario tiene influencia o amistad con el gobierno, podría pedir y recibir exclusividad para vender en regiones, en donde recrearíamos el modelo de monopolio público que se convierte en monopolio privado.

El tercer argumento está relacionado con el anterior. En México muchas privatizaciones no han sido buenas para la economía. Aunque los afortunados empresarios que adquirieron empresas públicas fueron muy exitosos, esto fue a costa de los consumidores. Para el desarrollo las consecuencias son aún peores, pues esos empresarios crearon barreras contra nuevos oferentes.

La industria justificadamente demanda cambios de fondo en el sector energético, pero más que nada por la necesidad de precios competitivos y seguridad de suministro. Le entusiasma la idea de una apertura, porque supone que podría explorar y asegurar su propio gas y tener un mercado competitivo.

Sin embargo, lo opuesto es más probable. Quienes encuentran el gas automáticamente lo ofrecerían a los precios de Estados Unidos, aun cuando los costos de producción de Pemex son mucho menores. Más aún, la escala de la inversión y las barreras naturales a la entrada de otros competidores, combinado con débil regulación y deficiente estado de derecho, darían como resultado una pesadilla y mayor pérdida de competitividad.

Un productor fuerte que tenga como misión precios competitivos y suministro a todos es en realidad la mejor posibilidad de abaratar costos para la industria. Pero esto siempre y cuando Pemex se comprometa con más inversión y mucho más eficiencia.

El cuarto riesgo es el alza de precios de los energéticos por productores privados sin ninguna posibilidad de que el Estado tenga un dique mediante sinergias internas entre varias partes de la industria, incluyendo la electricidad.

Hoy, por ejemplo, es un error que los generadores eléctricos no puedan impedir el alza de tarifas por utilizar gas, cuando podrían utilizar productos más baratos de Pemex. Un encarecimiento general de la energía causaría gran protesta, sobre todo por la percepción de que la energía es escasa en el mundo y porque se trata del último activo de gran valor que tiene México.

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