Ciudad de México, 4 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 281
Servicio informativo núm. 281
El siguiente ensayo, cuyo autor es nuestro colaborador Joel Nahuatlato, advierte sobre las limitaciones de una construcción de democracia que sólo se limita —y mal — a otorgar derechos políticos y electorales y deja en el olvido el derecho humano elemental: aquel que garantice a todos una vida digna y las herramientas para conquistarla y disfrutarla. De ahí que proponga la lucha, defensa y protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Introducción
Con la caída de los regímenes de Europa del Este (1989) se ha fortalecido la ideología del triunfo incuestionable de la democracia, entendida como modelo único, universalmente aceptado, que proporciona legitimidad interna y reconocimiento externo a los regímenes políticos y a las elites en el poder en cada nación.
Sin embargo, no se trata de una forma de democracia directa, material o participativa, sino de la democracia formal, casi siempre reducida al campo electoral, a menudo con un amplio abstencionismo, muy criticada por diferentes corrientes de la ciencia política e intelectuales a causa de sus insuficiencias, contradicciones y espejismos;1 algunos la llegan a llamar “democracia de baja intensidad”.2
Paradójicamente, este “triunfo” llega en un momento de franca crisis de la democracia, especialmente en los países donde nació. Los ciudadanos no se identifican con ella, la desmotivación en la participación política llega a ser cada vez más enemiga del propio sistema; existe además un desprestigio del quehacer político y falta de confianza en los partidos y en las instituciones del Estado.
Crisis de la democracia formal
En un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 3 se plantea que la política debe recobrar legitimidad, contenido y representatividad. Hay que llenar de sociedad a la política y de política a la sociedad.
La integración política regional y la movilización de la ciudadanía, son los instrumentos idóneos para construir un Estado para la nación, un Estado con capacidad de decisión.
La democracia es la condición del desarrollo económico, sostenible y equitativo. No hay crecimiento sin cohesión social. No hay competitividad con exclusión social.
Países de América Latina comparten esta desilusión por lo político, pues el tránsito de la democracia electoral a la democracia de la ciudadanía aún no ha llegado; existen amenazas de retrocesos; las recientes reformas electorales no producirán los resultados esperados o deseados; se debe reconocer que las expectativas y el sacrificio de la gente no serán correspondidos con el compromiso y la honestidad de sus elites gobernantes; las carencias de la sociedad son carencias para la democracia y éstas constituyen su principal reto, ya que no puede haber democracia sin desarrollo y sin justicia social.
Es elemento necesario que para la reforma de las instituciones se fortalezca la participación de la ciudadanía, es necesario que las representaciones de los partidos tomen en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil son sujetos relevantes en la construcción democrática, en el control de la gestión gubernamental y en el desarrollo del pluralismo.
Para recuperar la legitimidad de la política, su contenido y representatividad, ahora tan cuestionados, es necesario volver la mirada hacia los desafíos que enfrenta la acción jurídica y política de las instituciones, en particular las electorales y las encargadas de procurar e impartir justicia.
Asimismo, a pesar del evidente avance que supone la democracia liberal, en algunos países de América Latina es perfectamente compatible con grandes ámbitos de desigualdad social, escandalosa concentración de la riqueza, amplia distribución de la pobreza, incluso hasta situaciones extremas; asimismo, con la manipulación y control del poder por parte de oligarquías y burocracias consolidadas.
Estas formas de dominación son más sutiles que el autoritarismo abierto, pero no menos reales y efectivas. Así lo muestra el hecho de que una mayoría pueda condenar “democráticamente” a los más débiles a la pobreza y a la exclusión social, cosa que está sucediendo también en las sociedades desarrolladas y pretendidamente democráticas, donde sólo los “afortunados” tienen voz y voto efectivos.
El tema de los derechos de las minorías en las sociedades “democráticas” adquiere una gran relevancia, pues ahora se plantea la posibilidad de que una mayoría pueda arrasar a sus adversarios por el sólo hecho de que, en una determinada coyuntura, tuvo mayoría de votos.
En este escenario la defensa y protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) constituye un imperativo impostergable, pues no puede disociarse del respeto a los derechos electorales. El respeto de los derechos civiles y políticos no es un argumento admisible para posponer, incumplir, restringir, condicionar u obstaculizar el ejercicio de otros derechos igualmente relevantes.
La política social, basada en el respeto de los DESCA es la otra parte indispensable de una política de procuración y administración de justicia, dentro de un estado democrático de derecho que se ocupe del combate a la pobreza. “El 2005 debería ser el año en el cual el mundo se una alrededor de la convicción de que hacer realidad el respeto de los derechos humanos es nuestra mejor estrategia para terminar con la pobreza y para asegurar una vida de dignidad para todos”.4
Lamentablemente, esta concepción de integralidad de los derechos humanos no ha sido llevada a la práctica plenamente, aún en las sociedades desarrolladas. Por ello se dice que crece el tercer mundo dentro del primero, pues el desempleo y por consiguiente la pobreza asociada con el origen étnico y el género aumentan aún en los países desarrollados; mientras que en países considerados tercermundistas crece el primer mundo, pues en naciones pobres existen ciertas elites que perciben altos ingresos, con un nivel de consumo propio de los habitantes del primer mundo.
En el mundo desarrollado la democracia representativa se muestra claramente insuficiente, porque nace del convencimiento de que los expertos son los únicos capaces de diseñar las políticas sociales y descubrir cuáles son las necesidades e intereses de los ciudadanos.
El predominio de la razón instrumental, a través del saber racional, técnico/científico, como forma privilegiada y en ocasiones exclusiva de conocimiento, nos ha llevado como sociedad a la exclusión, la subordinación y hasta la condena de otros saberes y maneras de conocer el mundo, no legitimadas por las camarillas que detentan el poder y el saber oficiales.
Aunado a esta situación, entre los expertos existe la presencia cada vez más importante de los intereses multinacionales que influyen directamente en la orientación de los electores, en un primer momento y en las políticas públicas, planes y programas de gobierno después del sufragio.
Es precisamente esta circunstancia una de las razones que hace más necesaria la participación ciudadana para exigir la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, pues su vigencia y aplicación se encuentran estrechamente vinculadas al carácter democrático de una sociedad.
El aporte de la sociedad civil a la exigibilidad de los DESCA
La sociedad civil ha jugado un papel estratégico en la exigibilidad de los DESCA, no sólo documentando los casos de violación, publicando las denuncias, elaborando informes y haciendo cabildeo, para lograr una legislación nacional e internacional que garantice su respeto, sino sobre todo en la creación de mecanismos y alternativas para su observancia y vigilancia, sin sustituir el papel que el Estado tiene como garante de los mismos. Por esto, pensamos que la sociedad civil debe seguir desarrollando prácticas creativas que hagan factible la exigibilidad de todos los derechos para todos.
El papel de una sociedad civil vigorosa es influir propositiva y vigilantemente en la creación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, cuya central responsabilidad corresponde al Estado y sus instituciones. Sin embargo, es ya conocido que para una gestión adecuada será siempre conveniente contar con la participación ciudadana en la observación activa del desempeño de la autoridad.
La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma y medida en que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESCA no solamente ha de ser materia del escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil en esta tarea, como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. Los DESCA son derechos cuya exigibilidad puede ejercerse individual o colectivamente y fijan los mínimos que debe cubrir el Estado en materia económica y social, para garantizar el funcionamiento de sociedades justas y para legitimar su propia existencia.
Además, los Estados tienen el deber de prevenir y sancionar la ocurrencia de violaciones a los DESCA por parte de agentes privados. El Estado es responsable por omitir su deber de protegerlos, pero tales agentes deben responsabilizarse por sus actos y por las consecuencias de éstos ante las instancias del derecho interno.
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son exigibles a través de las vías judicial, administrativa, política y legislativa. Muchas violaciones de los DESCA son sentidas y compartidas por la colectividad, por eso su exigibilidad se aplica a casos individuales y colectivos.5
Ahora bien, para la comunidad internacional el respeto y la protección de los derechos humanos se ha convertido en un indicador de gobernabilidad y de desarrollo democrático en una sociedad determinada, tomando en cuenta hasta que punto los DESCA dejan de ser abstracciones o buenas intenciones para convertirse en conceptos, que se traducen en indicadores de resultados y de procesos observables, mesurables, repetibles y cuantificables.
De esta manera, se pueden calificar más rigurosamente por parte de la sociedad civil, el cumplimiento o la violación de los DESCA, dependiendo del trabajo que haya hecho la autoridad, a través de sus políticas públicas, sus condiciones materiales, limitaciones y posibilidades concretas, algunas de las experiencias que hemos observado en el Distrito Federal, de participación ciudadana en este campo son el proceso de presupuesto participativo y el trabajo de los comités ciudadanos de seguridad pública, en algunas delegaciones.
Información, rendición de cuentas y participación ciudadana son los tres ejes que la sociedad civil de nuestro país se ha dado para exigir el cumplimiento de los DESCA, puesto que los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado, no dependen de él para su existencia. En cambio, uno de los principales propósitos de todo Estado es la vigencia de las garantías fundamentales, individuales y colectivas de los ciudadanos. Por esto, cuando un Estado viola los DESCA se le puede considerar oneroso, no tanto por costoso cuanto por su manifiesta inutilidad.
Desde esta perspectiva, es derecho fundamental de las personas y obligación de los Estados, informar de manera debida la forma en que su gestión se inscribe o no en el cumplimiento del mandato supremo, de trabajar por la plena realización de los derechos humanos de sus ciudadanos. No llevar a cabo esta acción puede considerarse una declaratoria tácita de incumplimiento y, por tanto, fuente de deslegitimación ante sus habitantes y frente a la comunidad internacional.
Ante el déficit democrático existente, urge pensar creativamente nuevos modelos de regulación económica, social y política. Necesitamos utilizar todos los mecanismos útiles vigentes, poniendo su potencial al servicio de la transformación de una realidad que no es la deseada, y a la vez tener muy presente la enseñanza de la propia historia, con el fin de no caer en dogmatismos, ingenuidades y meros voluntarismos.
Tomando en cuenta los avances que hasta ahora tenemos, es preciso caminar hacia una democracia ética y participativa.
Esta reflexión pretende plantear algunas preguntas actuales del quehacer político, problematizar desde la reflexión ética acerca de la política, sobre todo en esta época en que parece que nos vamos contentando con mínimos suficientes para sobrevivir, dejando de lado y para después la exigencia ética y evangélica del compromiso con los pobres.
Notas
1. “La democracia es una ilusión, en las dos acepciones del término: como aspiración y como engaño de los sentidos”. Conferencia de José Saramago. Palacio de Bellas Artes. México, D.F. 9 de diciembre 1999.
2 Oller, M. Dolors. “Ante una democracia de baja intensidad”. La democracia a construir. V Seminario de Profesionales Jóvenes de Cristianisme i Justicia. Catalunya, España. Cuaderno 56. Colección de Cuadernos Cristianisme i Justicia. 1993.
3 ONU/PNUD. Informe La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de los Ciudadanos y Ciudadanas. Ginebra/Nueva York, 2004.
4 Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y ex Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, es actualmente Directora de The Ethical Globalisation Initiative.
5 Declaración de Quito acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina y el Caribe. Párrafos 19-25. 24 de julio de 1998. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/la/declaraciones/quito.html consultado el 11 de noviembre de 2004.
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