Pronunciamiento de Rosario Ibarra sobre los derechos humanos de Lucía Morett

Ciudad de México, 12 de marzo de 2008

Servicio informativo núm. 374

Sumario:

I. Pronunciamiento de Rosario Ibarra sobre los derechos humanos de Lucía Morett

II. Ante la beligerancia, la razón. Respuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas a ataques de Mouriño

III. Ciclos caseros de cine, por Laura Itzel Castillo

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PRONUNCIAMIENTO DE LA SENADORA ROSARIO IBARRA SOBRE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANA MEXICANA LUCÍA ANDREA MORETT ÁLVAREZ EN QUITO, ECUADOR

El pasado 1º de marzo, el ejército colombiano perpetró un ataque en territorio ecuatoriano sobre un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

En dicho ataque murieron 23 personas, entre ellas varios mexicanos, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, resultando herida además Lucía Andrea Morett Álvarez, egresada también de nuestra Máxima Casa de Estudios y que convalece en un hospital de Quito, Ecuador.

Tanto Lucía como los mexicanos que lamentablemente fueron asesinados no eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino que se encontraban circunstancialmente en el campamento bombardeado. Resulta profundamente triste que haya habido personas que se escandalicen por la presencia de mexicanos en un campamento de dichas fuerzas colombianas, prejuzgando sobre su línea de pensamiento o preferencias políticas, cuando lo que debe escandalizarnos es la forma atroz en la que perdieron la vida y el terrible sufrimiento por el que ahora atraviesan sus familiares.

No conforme con los asesinatos, el gobierno colombiano pretende que se extradite a Lucía Andrea Morett Álvarez para incoarle una causa penal; al gobierno de Ecuador le pido, en un afán humanitario, que no ceda a las ignominiosas presiones del gobierno de Colombia que busca desconocer los derechos humanos de Lucía.

La acción militar del gobierno colombiano constituye un terrible agravio a la soberanía de Ecuador y al pueblo ecuatoriano, pues además de destrozar la más elemental esencia de respeto a los derechos humanos, abre peligrosamente la puerta al unilateralismo en las relaciones internacionales, en especial en nuestra región latinoamericana.

Como senadora de la República y habitante de nuestra entrañable América Latina, condeno enérgicamente la posición belicista y autoritaria del gobierno colombiano, puesta en evidencia con este acto de agresión a un país hermano de cultura y de idioma.

Al pueblo y al gobierno ecuatoriano, les expreso mi solidaridad ante el acto de barbarie del que fueron objeto, manifestación del imperialismo irracional que pretende socavar nuestras relaciones, pero que jamás campeará entre nuestros pueblos latinoamericanos.

Muchas gracias

Rosario Ibarra

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ANTE LA BELIGERANCIA, LA RAZÓN. RESPUESTA DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS A ATAQUES DE MOURIÑO

Al pueblo de México:

En relación con las declaraciones del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, publicadas en el periódico Reforma, queremos hacer los siguientes comentarios y precisiones:

Cuestiona el Sr. Mouriño los supuestos “privilegios laborales del SME” y advierte que nuestro gremio puede generar “muchos problemas…”. A este respecto señalamos, primero, que todas las conquistas y prerrogativas contenidas en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo son derivadas de la aplicación del aArtículo 123 constitucional y de la propia Ley Federal del Trabajo vigente, por lo que constituyen derechos legítimos e irrenunciables para los trabajadores; segundo, que la misma Constitución reconoce el legítimo derecho a la huelga cuyo objeto queda inscrito en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. De manera tal, rechazamos categóricamente que nuestra organización sindical, con más de 93 años de existencia y en pleno ejercicio de la democracia, pueda constituir un problema para el país. Como para el Sr. Mouriño los derechos son privilegios, luego entonces la Constitución, para él, es un peligro.

Nos acusa también de mantener “un falso sentido nacionalista”, cuando precisamente es su nacionalidad la que está severamente cuestionada por la sociedad mexicana. Como todo mundo sabe, el Sr. Mouriño no ha acreditado en forma convincente el cumplimiento del artículo 91 constitucional, lo que pone en duda su sentido nacionalista, sobre todo ahora que, desde la Secretaría de Gobernación, promueve su desmedido afán de privatizar el sector energético nacionalizado. Aunado a ello, está a la vista de la opinión pública el debate acerca de los privilegios que logró como funcionario de la Secretaria de Energía para beneficio de sus negocios familiares, cosa que sí desestabiliza el desarrollo de la vida política nacional.

Cuando el Sr. Mouriño advierte que de no resolverse la negociación de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo con Luz y Fuerza del Centro a través del diálogo se producirá una situación riesgosa, ignora que existe desde el 15 de febrero del año en curso una mesa de diálogo y negociación con la empresa. Si como le mandata la fracción XVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, favoreciera las condiciones para permitir la “construcción de acuerdos políticos y consensos sociales”, el Sr. Mouriño tendría cuidado de observar respeto por la mesa de negociación. Del mismo modo, su falta de oficio político se expresa también en el fracaso de la mesa de negociación instalada para resolver las justas demandas del “movimiento campesino, sindical y ciudadano en defensa de la soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas”, lo cual nutre la inconformidad de amplios sectores de la población que han sido severamente golpeados por el modelo económico neoliberal a lo largo de los últimos 25 años.

Finalmente, el Sindicato Mexicano de Electricistas refrenda su compromiso con la sociedad para modernizar a Luz y Fuerza del Centro y mejorar la prestación del servicio público de electricidad, basado siempre en el respeto al párrafo sexto del artículo 27 de nuestra Ley Suprema.

Refrendamos nuestro genuino sentido nacionalista que a lo largo de la historia reciente del país se ha expresado, no en declaraciones banales como las del Sr. Mouriño, sino en acontecimientos trascendentales como fue el rescate de la industria eléctrica mexicana de manos de empresas extranjeras en 1960; la construcción del Sistema Interconectado Nacional, el acceso a la electricidad de más de 97% de la población mexicana, el tiempo récord para la restitución del fluido eléctrico durante los trágicos acontecimientos del sismo de 1985. Así mismo, en la presente revisión de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, luchamos por una tarifa social que beneficie a los que menos tienen, por la construcción de más infraestructura eléctrica en nuestra zona de atención que mejore la calidad del servicio y el acceso para toda la población, a bajo costo, del servicio de telefonía básica e internet.

Atentamente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México, D. F., a 9 de marzo de 2008

Comité Central

Comisiones Autónomas

Sindicato Mexicano de Electricistas

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CICLOS CASEROS DE CINE

por Laura Itzel Castillo

(publicado en El Gráfico el 12 de marzo de 2008)

No hay que darle muchas vueltas a este asunto: Juan Camilo Mouriño debe ser sancionado política y penalmente. La documentación probatoria es contundente y las leyes, muy claras.

Además, el acusado ha aceptado que firmó los contratos en su calidad de apoderado legal de la empresa familiar, no obstante fungir primero como diputado y luego como alto funcionario del gobierno federal. En otras palabras, se trata de un delincuente confeso, que encaja perfectamente en la definición de traficante de influencias que hizo la entonces senadora Luisa María Calderón, hermana de Felipe, en julio de 2003, al presentar su proyecto de decreto para reformar el artículo 62 de la Constitución Política de México, a fin de sancionar más severamente este ilícito.

Hasta los intelectuales orgánicos del régimen —esa especie de estiércol que abona las ideas del gobierno espurio— creen que este escándalo es un “desastre político” para Los Pinos y urgen a Calderón a prescindir del joven de los contratos. La “reforma energética”, dicen, está en juego.

Y es que, hasta hoy, han sido incapaces de justificar lo injustificable.

Ni siquiera el tunante de Germán Martínez (¿qué adjetivo usó para referirse a los hijos de Marta Sahagún?) tan “legal y ético” él, ha podido defender a su colega.

Lógico: ¿cómo defender lo indefendible? El viejo truco de descalificar al denunciante, en lugar de responder a la denuncia, sólo exhibe su hipocresía.

Tan lamentable ha sido el papel del dirigente panista, que Diego Fernández de Cevallos le ha recomendado “no perder el partido” por defender a Mouriño. Sintomático y aleccionador que este distinguido traficante de influencias apoye una investigación por los mismos delitos de los que él ha sido acusado.

Desde luego, la postura de Diego nada tiene que ver con la ética ni con la moral. Es un asunto estrictamente utilitario. No hay que olvidar que la política es percepción y que las encuestas muestran, por altísimo porcentaje, la condena de la sociedad mexicana a la actuación de Mouriño.

Paradojas del destino: con su proyecto de decreto, Luisa María Calderón pretendía que los legisladores estuvieran impedidos para fungir al mismo tiempo como contratistas o proveedores del Estado, o litigar asuntos relacionados con éste. La iniciativa tenía dedicatoria: Diego Fernández.

Así lo reveló la autora tiempo después (El Universal, 29/08/2003). La propuesta contaba con el respaldo de Felipe Calderón. Sin embargo, ahora se han invertido los papeles. ¿Qué declaró Diego recientemente? Casi nada: “México ya está cansado de escándalos y de acusaciones de todo tipo; lo que procede en todo caso, sea éste o cualquier otro, es que las autoridades investiguen y den a conocer el resultado de las investigaciones…”.

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