Sumario:
I. Mujeres sin miedo, V y última, por Laura Itzel Castillo
II. Segunda fase de la crisis, por Rogelio Ramírez de la O
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MUJERES SIN MIEDO, V Y ÚLTIMA
Por Laura Itzel Castillo
(publicado en El Gráfico el 30 de abril de 2008)
La lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer ha sido larga y, desde luego, no ha terminado. Aún hoy se nos descalifica por ser la vanguardia del movimiento de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Pero tampoco hay que asombrarse: el machismo no distingue colores. Las expresiones misóginas se dan en todos los ámbitos políticos, sociales y culturales del país. El parlamento no podía ser la excepción, como ha quedado claro en estos días.
Repasemos brevemente la historia reciente: los derechos políticos de la mujer, promovidos por el general Lázaro Cárdenas y aprobados por el Congreso durante su administración, simplemente quedaron congelados al omitirse la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Fue aquélla una decisión política altamente discriminatoria.
La lógica imperante entonces era que estos derechos se irían reconociendo paulatinamente. El conservadurismo de Manuel Ávila Camacho detuvo cualquier iniciativa al respecto. El liberalismo de Miguel Alemán Valdés, apenas alcanzó para otorgar el voto femenino a nivel municipal. Ocurrió en 1946 con la reforma al artículo 115 constitucional.
Fue hasta 1953, durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, cuando finalmente se reconocieron los derechos políticos de la mujer mexicana. Para ello fue necesario modificar el artículo 34 constitucional. Sin embargo, el ejercicio del sufragio se inscribió en el contexto de un sistema monopartidista. Así, la incorporación a los cargos públicos siguió siendo lenta, limitada e inequitativa.
Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal, en 1954. Diez años después, en 1964, fueron electas las primeras senadoras. El nivel de atraso en México resulta evidente si se toma en consideración que después de la Primera Guerra Mundial, muchos países reconocieron el derecho de la mujer a votar y ser votada.
Así ocurrió en Estados Unidos, Canadá, Austria, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Rusia y Suiza, entre varios más.
Hasta ya muy entrada la segunda mitad del siglo XX, la equidad de género fue una aspiración sin sustento en nuestro país. La mínima representación parlamentaria no logró modificar ese estado de cosas. Fue necesario que surgiera un movimiento feminista, y que éste actuara de manera articulada en el contexto de una serie de cambios culturales, para ubicar en el centro del debate no sólo los derechos políticos, sino también otros como los reproductivos y sexuales.
Durante las últimas décadas, muchas mujeres nos hemos ido incorporando a la lucha por la democracia, bajo la premisa de que para lograr la igualdad de género y eliminar la cultura patriarcal, se requiere vencer al régimen autoritario en el poder, ayer bajo las siglas del PRI, hoy transformado en una sociedad mercantil llamada Acción Nacional. Y en esas estamos.
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SEGUNDA FASE DE LA CRISIS
Por Rogelio Ramírez de la O
(publicado en El Universal el 30 de abril de 2008)
La crisis estadounidense, hasta ahora circunscrita al sector financiero, se ha extendido al ciudadano común. Los impactos reales están en el aumento de la tasa de desempleo a 5.1%, el alza alarmante en el costo de nuevos financiamientos para empresas e individuos, la continua caída de precios de las casas, la reducción del consumo y la pérdida de confianza. Lo único que ha impedido que la economía estadounidense se derrumbe es el dólar barato, mismo que permite un repunte de exportaciones.
Pero este repunte será temporal porque el resto del mundo ya comenzó a desacelerarse. Sólo dos ejemplos: España e Inglaterra tienen un problema aún mayor al estadounidense en su sector de bienes raíces y tendrán muy bajo crecimiento.
En México las empresas apenas comienzan a reconocer esta nueva fase de debilidad. Varias de ellas se preguntan cómo, si México recibe ingresos petroleros de 30 mil millones de dólares en 2007 y 2008 por encima del monto presupuestado por el Congreso, esto no se refleja en sus ventas. Y tienen razón, pues la única explicación es que el gobierno no lo está gastando eficazmente.
El gasto público corriente aumentó en 154 mil millones de pesos en el primer año de la administración (2007), a pesar de que en 2006 ya había aumentado en 100 mil millones. Así, en sólo dos años, este gasto, del cual casi la mitad son salarios, aumentó en 254 mil millones de pesos, casi cuatro veces lo que se espera obtener del IETU. Más aún, sigue aumentando en 2008 en 8% en términos reales, lo que representará 120 mil millones de pesos más. En suma, 374 mil millones más en sólo tres años.
Habrá quienes digan que el Congreso es corresponsable de este gasto porque lo aprueba cada año y tendrán razón. Pero no hay que olvidar que al jefe del Ejecutivo le corresponde proponer al Congreso y luego persuadirlo de los cambios en la asignación del gasto.
La opinión pública no tiene detalles más que anecdóticos del gasto del gobierno. Los empresarios, en cambio, se enteran de contratos, gastos de los gobiernos estatales, aumentos a sindicatos como el de maestros, o hasta costos de la publicidad gubernamental. Una de sus quejas constante sigue inexplicablemente desatendida, la falta de insumos energéticos competitivos.
Por eso es que sus expectativas han comenzado a deteriorarse. Sus márgenes de utilidad están apretándose por el alza alarmante de sus costos de insumos. Con la feroz competencia en varios mercados, la única forma de crecer es con mayores porcentajes de mercado, es decir, quitándole ventas a los competidores. Pero eso requiere más inversiones, lo que a la larga bajará su rendimiento por capital invertido. Las menores utilidades de la Bolsa en el primer trimestre son el primer anuncio de una baja más prolongada. Las empresas con deudas altas se verán en serios problemas y varias de ellas tendrán que vender activos.
La clase media está muy endeudada y sus pagos por servicio de deuda ocupan una mayor parte de su ingreso, justo cuando la inflación de alimentos le hace perder entre 4% y 10% del ingreso disponible. Sus oportunidades de empleo ya se frenaron y en el segundo habrá despidos.
Cada gobierno en el mundo está respondiendo a esta segunda fase de la crisis estadounidense. Estados Unidos regresó 168 mil millones de dólares de impuestos a los contribuyentes.
Lo que sugiere el sentido común es que en México el gobierno debería reducir su gasto burocrático; aprovechar bien el ingreso petrolero; fijar precios competitivos de los energéticos; y ser innovador impulsando la producción de alimentos.
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