Rechaza López Obrador la propuesta del gobernador de Veracruz de repartir la industria petrolera nacional entre los estados como si fuera un botín

Ciudad de México, 30 de mayo de 2008

Servicio informativo núm. 434

Sumario:

I. Rechaza López Obrador la propuesta del gobernador de Veracruz de repartir la industria petrolera nacional entre los estados como si fuera un botín.

II. “La reforma laboral calderonista se ostenta como una propuesta de modernización para fortalecer el empleo, pero en la realidad se traduce en más precariedad”, señala el gobierno legítimo de México.

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RECHAZA LÓPEZ OBRADOR LA PROPUESTA DEL GOBERNADOR DE VERACRUZ DE REPARTIR LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL ENTRE LOS ESTADOS COMO SI FUERA UN BOTÍN

“No se trata del reparto del botín, El petróleo no debe ser botín de nadie, ni de empresas extranjeras, ni de gobiernos estatales”, aclaró Andrés Manuel López Obrador este día, dedicado a reunirse con brigadistas en defensa del petróleo de Córdoba, Xalapa y Veracruz.

En entrevista que concedió al término de su encuentro con los brigadistas de Córdoba, el presidente legítimo de México salió en defensa del patrimonio de la nación: “el petróleo no se debe privatizar ni en partes, ni por entero”.

En respuesta a pregunta expresa de los comunicadores, manifestó su abierto rechazó a la propuesta del gobernador veracruzano, Fidel Herrera, para que los estados de la República se asocien y formen una empresa pública que preste diversos servicios a la industria petrolera.

Subrayó que “el presidente pelele, Felipe Calderón, quiere privatizar la industria petrolera y depositarla en manos de compañías multinacionales, mientras que los gobernadores, como el priista Herrera Beltrán, quiere parte del botín”.

López Obrador hizo énfasis en que la iniciativa del mandatario veracruzano es contraria y violatoria de la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. “La Carta Magna establece con toda claridad que el dominio del petróleo es de la nación y que el energético es propiedad del pueblo de México”, precisó.

Antes en la reunión informativa que sostuvo con integrantes de los Comités en Defensa del Petróleo de Córdoba, aseguró que a casi dos años del fraude electoral, quedó de manifiesto que la imposición de Calderón Hinojosa en la Presidencia de la República resultó un rotundo fracaso. En ese sentido, señaló que “el grupo que impulso al presidente usurpador debe pensar o reflexionar que fue un grave error y un agravio a la nación, la llegada de un presidente pelele. A 18 meses de gestión calderonista, se tiene como resultado un mayor sufrimiento y una mayor pobreza de la gente, así como una pérdida de tiempo”, mencionó a los representantes de los Comités en Defensa del Petróleo.

El día de mañana, el presidente legítimo de México iniciará un recorrido de dos días por municipios del Estado de México, para reunirse con brigadistas del movimiento en defensa del petróleo de 11 poblaciones mexiquenses.

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“LA REFORMA LABORAL CALDERONISTA SE OSTENTA COMO UNA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN PARA FORTALECER EL EMPLEO, PERO EN LA REALIDAD SE TRADUCE EN MÁS PRECARIEDAD”, SEÑALA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO

La secretaria del Trabajo del gobierno legítimo de México, Bertha Elena Luján Uranga, manifestó su rechazo abierto a la intención del gobierno de facto de Felipe Calderón de reformar la Ley del Trabajo para darle mayores márgenes de operación al sector patronal, a costa de la esclavitud de millones de trabajadores mexicanos.

Luján Uranga urgió a los trabajadores del sector público y privado “a que se organicen para enfrentar el proyecto laboral del gobierno espurio” y planteó seis demandas prioritarias para orientar un esfuerzo unitario y conjunto entre el sector laboral de México.

Primero, enumeró, que haya igualdad ante la ley, supresión de los apartados de excepción y atención especial a los derechos de las mujeres trabajadoras; segundo, democracia y libertad sindical, que se tome en cuenta la autonomía sindical, el voto secreto y el radio de acción de los sindicatos.

El tercer punto, destacó, es buscar el fortalecimiento de la contratación colectiva legítima, los contratos por rama, la consulta a los trabajadores para la firma del contrato colectivo.

Punto cuarto, señaló, es necesario que exista la justicia laboral, un análisis crítico de la figura tripartita en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Quinto, debe haber una propuesta de flexibilidad con bilateralidad. Y, por último, debe contemplarse los derechos humanos laborales, el derecho a la salud y a la seguridad social, así como un salario remunerador para los trabajadores.

Informó que está en circulación el documento que contiene la propuesta de reforma laboral del titular impuesto en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y que pretenden presentar próximamente al Congreso de la Unión.

Recordó que desde hace 20 años, los gobiernos neoliberales del PRI y PAN han incluido en su paquete de reformas estructurales el tema laboral, “y sin excepción el gobierno usurpador de Felipe Calderón quiere cambiar la Ley de Trabajo actual para introducir las prácticas que se vienen imponiendo en el mundo laboral, fundamentalmente ligadas a un proyecto de tipo empresarial y a gobiernos neoliberales”.

Bertha Luján apuntó que “el gobierno espurio quiere formalizar en la Ley del Trabajo las distintas formas de contratación para darle la vuelta a los derechos laborales, como la flexibilidad, los trabajadores multiusos, la subcontratación, la ampliación de los contratos temporales y la contratación por honorarios, entre otras cuestiones.

Señaló también que la propuesta laboral calderonista pretende la disminución o limitación a los derechos laborales fundamentales contenidos en la Constitución, como el de asociación, huelga, contratación colectiva y seguridad social.

Mencionó que el proyecto de Javier Lozano fue construido con el apoyo de las cúpulas empresariales de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) y de los líderes que se mantienen al frente del sindicalismo charro y patronal.

“En reuniones cerradas, semisecretas —explicó—, el gobierno usurpador llegó a consensos con los sectores empresarial y sindical, los cuales están representados en este proyecto que recoge lo peor del Proyecto Abascal y que incluso va mucho más allá de ampliar las formas de control de las organizaciones de los trabajadores”.

“Obviamente —destacó—, las propuestas presentadas desde hace dos décadas por académicos, investigadores, abogados laboralistas, sindicatos democráticos o partidos políticos progresistas (Propuesta UNT-PRD) fueron hechas a un lado y lo mismo pasa con las conclusiones y proposiciones de numerosos foros, talleres y eventos, algunos de ellos convocados por diputados o senadores de la actual legislatura, que no han sido tomados en cuenta”.

“Concretamente la visión del mundo del trabajo que está detrás de este proyecto se ostenta como una propuesta de modernización para fortalecer el empleo, pero en la realidad, se traduce en más precariedad”, comentó.

“El gobierno usurpador —indicó— pretende flexibilizar más las formas de contratación a través de los contratos a prueba, temporales y los llamados ‘de capacitación’, todo ello en el terreno de los derechos individuales”.

Otra acción, destacó, es que buscan la ampliación de los mecanismos de control y mayores impedimentos para la organización sindical, la contratación colectiva y la huelga.

El tercero, mencionó, implica la reducción de la protección procesal que otorga la ley a los trabajadores, limitando ampliamente el carácter protector de los derechos laborales de la actual ley.

“Es importante señalar que de concretarse una reforma como la plantea Javier Lozano, se daría un golpe mortal al derecho colectivo. De ahí la importancia de proponer de manera urgente una estrategia común de las organizaciones sindicales y del movimiento progresista que está dando la lucha hoy por hoy por la democratización del país y la defensa del petróleo”, recalcó.

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