En la consulta: no a la privatización, por Laura Itzel Castillo

Ciudad de México, 25 de julio de 2008

Servicio informativo núm. 487

Sumario:

I. En la consulta: no a la privatización, por Laura Itzel Castillo

II. Comparaciones entre la iniciativa de Felipe Calderón y la del PRI, por Mario Di Costanzo

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EN LA CONSULTA: NO A LA PRIVATIZACIÓN
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicada en El Gráfico el 23 de julio de 2008

La propuesta de reforma energética de Felipe Calderón no tiene futuro. Está derrotada. Pero eso no significa que el oficialismo y sus cómplices abandonen su temeraria intención. Ya lo anunció Manlio Fabio Beltrones: el PRI presentará hoy su proyecto. Incluso, se atrevió a pronosticar el camino que habrá de seguir: en agosto el dictamen, en septiembre la presentación al pleno, y ese mismo mes su aprobación. Según los escribanos del régimen el PAN se sumará, e incluso una parte de la oposición de izquierda.

Pretenden distraer con su maniobra. Primero: una declaración de intención no significa que la propuesta prospere (como se pudo constatar en abril, cuando las acciones de resistencia civil pacífica impidieron la aprobación de esta reforma entreguista). Segundo: se trata de la misma gata, aunque algo revolcada.

Lo importante es la consulta ciudadana convocada para este domingo 27 de julio en el Distrito Federal y en varias entidades de la República, con lo que se deslegitimará aún más el proyecto privatizador. La derecha lo sabe. Por eso le teme y la descalifica. Pero ni con toda la propaganda tramposa por televisión, en la que han gastado varios miles de millones de pesos, logran que la opinión pública los apoye.

La propuesta del PRI de seguro eliminará algunos de los aspectos más negativos de la opción original, pero insistirá en lo principal: la participación del capital privado —fundamentalmente extranjero— en nuestra industria petrolera. Tienen demasiados compromisos como para abandonar tan jugoso botín.

Hay que recordarlo: quienes en la actualidad pretenden entregar nuestra riqueza petrolera a las trasnacionales, son los herederos del pequeño grupo que se convirtió en partido político, en los años 30 del siglo pasado, para oponerse, precisamente, a la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas. Ese es el origen del PAN, hoy en contubernio con los tecnócratas del PRI.

Cambian los nombres y las épocas, pero lo que no cambia es la mentalidad de vasallos que tienen los vendepatrias. Como en los tiempos del emperador Maximiliano, los descendientes de Miramón y Mejía creen que somos incapaces de regir nuestro destino como nación libre e independiente. Están convencidos de que requerimos de la tutoría extranjera. Se olvidan que, como ayer, mujeres y hombres dignos impediremos la entrega de nuestra soberanía. El paso del tiempo engrandece la figura del presidente Benito Juárez. Y el peso de la historia condena a los traidores.

Por esto el próximo domingo 27 de julio en la consulta ciudadana la respuesta debe ser no a la participación de empresas privadas en la industria petrolera y no a la reforma entreguista de Calderón. Pemex sí, PEUSA no.

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COMPARACIONES ENTRE LA INICIATIVA DE FELIPE CALDERÓN Y LA DEL PRI
por Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México

El proyecto de reforma energética presentado por el PRI, no es más que el replanteamiento del proyecto calderonista, e implica la privatización de Petróleos Mexicanos, pero por la “puerta de atrás”.

La propuesta de Felipe Calderón se propone la modificación o creación de 6 ordenamientos que son: (1) Ley Orgánica de Pemex, (2) Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, (3) Ley de la Comisión Reguladora de Energía, (4) Ley Orgánica de la Administración Pública, (5) Ley de la Comisión del Petróleo y (6) la Ley de Derechos.

El proyecto priista se propone la modificación o creación de 9 ordenamientos, los cuales son: (1) Ley Orgánica de Pemex, (2) Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, (3) (4) Ley de la Comisión Reguladora de Energía, (5) Ley Orgánica de la Administración Pública, (6) Ley de la Comisión Reguladora del Petróleo, (7) la Ley Federal de Entidades Paraestatales, (8) la de Obras Públicas, (8) la de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público y (9) la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética.

De esta manera, y no obstante las diferencias en cuanto al número de ordenamientos jurídicos creados o modificados, del análisis y comparación de ambos proyectos se puede observar claramente que presentan las mismas deficiencias, siendo la única diferencia la forma en la que se estaría dando paso a la inversión privada.

Esta diferencia, en forma, más no en fondo, se puede advertir si comparamos las modificaciones propuestas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, ya que las demás cuestiones relativas al Órgano de Gobierno de Pemex, a los Comités de Transparencia, a la “autonomía de la paraestatal”, al manejo de su deuda, ingresos excedentes, bonos ciudadanos, licitaciones (con excepción de los contratos de riesgo), es prácticamente lo mismo que ha propuesto Felipe Calderón, por lo que, al final de cuentas, se puede concluir que las diferencias son de forma y no de fondo.

Para mostrar lo anterior, sólo basta mencionar que ambos proyectos buscan en esencia modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo, pero con la única diferencia de que mientras la propuesta de Felipe Calderón lo hace de manera directa, la presentada por Manlio Fabio Beltrones (PRI) lo hace por “la puerta de atrás”, al crear la figura denominada “organismos descentralizados de carácter estratégico”, mismos que en esencia son un mecanismo para eludir lo dispuesto por el Artículo 27 Constitucional, que establece, entre otras cosas, la exclusividad del Estado en materia de explotación de hidrocarburos, añadiendo que “en esta materia no se otorgarán contratos o concesiones de ninguna especie”.

Es decir, Felipe Calderón ha propuesto la modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional para establecer que “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”, y añade que “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”.

El PRI ha propuesto que “El Ejecutivo Federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su Consejo de Administración”, añadiendo: “En los términos de su propia ley orgánica, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como los organismos filiales referidos en el párrafo anterior, estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.

Lo anterior significa que Pemex podrá crear “empresas filiales estratégicas” que gozarán de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria y aun cuando se establece que estas empresas serán propiedad de la propia paraestatal, es decir de la Nación, no existe en la iniciativa priista ningún impedimento para que estas “filiales estratégicas de Pemex” se puedan asociar en cualquier actividad de la cadena productiva (exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etc.) con alguna empresa privada sea nacional o extranjera y en cualquier porcentaje de participación, dado que dichas filiales gozarán de autonomía de gestión.

Es decir y a manera de ejemplo, Petróleos Mexicanos podría decidir crear una filial que se dedicara a la refinación de petróleo, misma que podría ser una refinería en operación como la de Cadereyta o Cd. Madero. En tal virtud, estas refinerías, ya convertidas en una “filial estratégica de Pemex” y dada su autonomía de gestión, podrían asociarse con Exxon, Shell o Halliburton para “ampliar o construir” la propia refinería o una nueva en cualquier porcentaje de participación porque, al final, serían esas petroleras extranjeras las que llevarían a cabo las actividades de la cadena productiva y con ello se violaría la Constitución, al transferir esas actividades estratégicas y por la tanto parte de la renta petrolera a la iniciativa privada.

Por lo que respecta a temas relevantes en ambas propuestas, se observa lo siguiente:

Órgano de Gobierno:

Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del gobierno, incluyendo al presidente, y por 5 representantes del sindicato, es decir, 11 en total.

Dentro de los 6 representantes del gobierno, se encuentran los secretarios de: Energía, quien además es el presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Cabe destacar que este Consejo de Administración cuenta también actualmente con la figura de un comisario que es el representante de la Secretaría de la Función Pública y a su vez es el titular del Órgano Interno de Control de la empresa.

Aquí conviene mencionar que es este Consejo de Administración y los anteriores quienes por lo pronto tendrían que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa Pemex, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones.

Más aún, la conformación actual del Consejo de Administración conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Así, por ejemplo, el hecho de que el secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaría de Hacienda es quien determina año con año la carga fiscal de Pemex o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración.

El conflicto de interés existe, ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del gobierno federal, pero también en el caso particular del secretario de Hacienda habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo, cuando se toca el tema de la carga fiscal de Pemex, él apoya su disminución o su incremento, ya que a él mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país.

Es decir, él asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello él no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales.

Este tipo de situaciones no son corregidas por ninguna de las dos propuestas, ya que ambas buscan tan sólo añadir “4 consejeros profesionales” que serían designados por el propio Ejecutivo federal.

Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos, puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo federal (o sea que le deberán el nombramiento).

Estos consejeros profesionales no representan al Estado, puesto que Estado y gobierno federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo federal; para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo federal, aunque tengan que ser ratificados por el Senado.

Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser consejero profesional son exactamente los mismos que los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del “Estado”.

Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de Pemex, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de Pemex, salvo por el hecho de que éstos, por el simple hecho de ser secretarios de Estado, automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de Pemex.

Más aún, la propuesta de Beltrones generaría más “elite burocrática” al establecer un consejo de administración para cada “filial estratégica”.

La del PRI al igual que la del PAN, amplía las facultades del Consejo de Administración, quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.

Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.

En ambas iniciativas se establece que el nuevo Consejo de Administración contará para su funcionamiento con el Comité de Transparencia y Auditoría.

Este Comité propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación; asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos.

En materia de auditoría, tendrá, entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo, proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.

Ambas iniciativas establecen directa o indirectamente que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que las iniciativas señalan que, como se sabe, la vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable.

Por ello, de manera tendenciosa y confusa se establece en ambas que Petróleos Mexicanos contará con un comisario.

Es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que en la actualidad el Consejo de Administración de Pemex cuenta ya con un comisario, que precisamente representa a la Secretaría de la Función Pública y es designado por el Ejecutivo federal.

Sin embargo, y a pesar de la importancia que supuestamente se da a la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en Pemex, la iniciativa del PRI es contradictoria ya que, a pesar de que se establece que las facultades fiscalizadoras serán de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, añade que las tareas de la Secretaría de la Función Pública y de la ASF, como las del Órgano Interno de Control, se circunscribirán a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y demás funciones que correspondan, no vinculadas a la revisión del desempeño de Petróleos Mexicanos, o de las metas, objetivos, programas y controles de sus unidades.

Esto es, que ambas iniciativas, la de Calderón y la del PRI, aunque con diferentes palabras, limitan la facultad de revisión de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, conculcan la facultad de supervisión por parte del Congreso y concentran toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer la iniciativa.

Deuda:

Uno de los temas que más difundió Felipe Calderón y ahora lo hace Beltrones es que con la aprobación de sus propuestas se permitirá que Pemex pueda manejar de manera autónoma sus decisiones de endeudamiento, ya que el régimen actual sujeta a dicho organismo a controles estrictos y a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasiona que la contratación y administración de su deuda no sea oportuna ni eficiente.

Por ello, ambos pregonan que sus iniciativas buscan liberar a la paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en uso de su autonomía de gestión y en congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general.

Desafortunadamente, ambas iniciativas resultan mañosas y poco claras; plantean que Petróleos Mexicanos proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta apruebe lineamientos específicos respecto de las características de su endeudamiento, proponiendo para ello que la entidad pueda realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y capitales y contrate los financiamientos y la deuda que requiera, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia.

Pero ambas establecen que se reserva a la Secretaría de Hacienda la facultad de ordenar que no se realice la operación de que se trate en caso de que pudiera perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros, incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo.

Así, resulta obvio que esta restricción mantiene la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda sobre el manejo de la deuda de Pemex, limitando las decisiones del propio Pemex sobre el manejo de su deuda, ya que resulta claro que Pemex no podrá competir con las fuentes de financiamiento del propio gobierno, quien siempre estará por arriba de Pemex a través de la Secretaría de Hacienda.

Esto muestra una vez más la falsedad de la argumentación en cuanto a la “autonomía de Pemex”.

Más aún, esta situación contraviene absolutamente la propuesta del Gobierno Legítimo que establece que en materia de deuda debemos comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas, y asumir la deuda de Pemex como deuda pública; dicho prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses. O bien el prepago lo lograríamos si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público.

Es decir que la señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación. Contrariamente Beltrones establece en el artículo 43 de la Ley Orgánica propuesta para Pemex que “Las obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos no constituyen obligaciones garantizadas por el Estado mexicano”.

Esto, combinado con el hecho de que, en un momento dado, todas las “filiales estratégicas” de Pemex podrán buscar sus propios financiamientos, seguramente provocará que el costo financiero de Pemex en su conjunto se incremente, pues competirán entre ellas.

Presupuesto:

En este tema, tanto la iniciativa de Calderón como la del PRI vuelven a presentar una serie de contradicciones que revelan la falsedad en cuanto a la posibilidad de que Pemex, pueda disponer de sus propios ingresos excedentes, pues mientras que la de Calderón la sujeta a su meta de Balance Financiero, la de Beltrones refiere en su Ley para el Financiamiento de la Transición Energética que Pemex podrá contar con el excedente de sus “ingresos propios”; al respecto, cabe señalar que no es lo mismo lo que hasta ahora se entiende como excedentes petroleros y lo que se define como un “ingreso propio de Pemex” .

Los Bonos Ciudadanos:

En ambas iniciativas se observa que con una intención absolutamente demagógica, se propone la posibilidad de que Petróleos Mexicanos emita bonos ciudadanos, cuyo objetivo es que dichos bonos estén a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros (bancos).

Es importante señalar que en ambas iniciativas la información es confusa y poco clara, ya que por un lado establece que los “bonos ciudadanos” no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Petróleos Mexicanos, por lo que la propiedad y control del organismo no se verán comprometidos en forma alguna, ni se afectará el dominio o explotación del petróleo. Esto quiere decir que dichos bonos no son acciones de Pemex, pues no otorgan ningún derecho sobre la empresa; sin embargo, la propia iniciativa señala que el comisario del Consejo de Administración de Pemex actuará a la vez como representante de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos.

Esto es sumamente contradictorio, ya que si el bono ciudadano no me da derechos sobre Pemex, qué caso tiene que exista “alguien” en el Consejo de Pemex que vele por los intereses de las personas que tengan esos bonos.

Es claro que el Gobierno emite Certificados de la Tesorería (CETES) y no existe nadie en la Secretaría de Hacienda o en el Banco de México que esté cuidando los intereses de las personas que tienen CETES. Lo mismo sucede con las personas que tienen indirectamente bonos del IPAB (BPAS) y no existe nadie en la Junta de Gobierno del IPAB que cuide los intereses de aquellos que tienen un BPA.

Así, la única razón que existe para tener a alguien que cuide los intereses de las personas que tienen estos “bonos ciudadanos” es que en la realidad estos bonos sí otorguen derechos sobre Pemex, lo que definitivamente contravendría la Constitución.

Por ello, el hecho de establecer que habrá un “cuidador de los intereses de las personas que tienen estos bonos” es simplemente para engañar y hacerle creer a la población en general que va a ser dueña de una parte de Pemex.

Estos bonos ciudadanos no son más que un CETE disfrazado, que otorgará un rendimiento que necesariamente dependerá de la inflación, y no podrá ser muy diferente al rendimiento de los CETES o de otros instrumentos de deuda. Al final, será otra manera de que Pemex obtenga recursos para su operación, pagando un cierto rendimiento o tasa de interés.

Finalmente es muy importante señalar que en ninguno de los dos proyectos se aborda y mucho menos se soluciona el problema fiscal y presupuestario que enfrenta Petróleos Mexicanos.

Lo anterior, en virtud de que no se establecen disposiciones de austeridad en el gasto del gobierno federal que permitan liberar recursos para ser invertidos en la paraestatal; tampoco se proponen disposiciones fiscales que acaben con los regímenes tributarios que permiten que las grandes empresas eludan su pago de impuestos. Mucho menos aún se garantiza que lo excedentes petroleros se destinaran exclusivamente a Petróleos Mexicanos.

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