Ciudad de México, 26 de septiembre de 2007
Servicio informativo núm. 205
Sumario:
I. “La crisis de legitimidad no se resolverá con un pacto en la cúpula si se excluye la participación social de millones de personas que están exigiendo ser tomadas en cuenta y respetadas”: Rosario Ibarra
II. En vísperas del 47 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, convoca el diputado José Antonio Almazán a la defensa del patrimonio nacional energético
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“LA CRISIS DE LEGITIMIDAD NO SE RESOLVERÁ CON UN PACTO EN LA CÚPULA SI SE EXCLUYE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MILLONES DE PERSONAS QUE ESTÁN EXIGIENDO SER TOMADAS EN CUENTA Y RESPETADAS”: ROSARIO IBARRA
En el marco de los trabajos legislativos de análisis del informe presentado por el Poder Ejecutivo sobre el estado que guarda la nación, el día de ayer correspondió a Francisco Ramírez Acuña, responsable de la Secretaría de Gobernación del gobierno de facto de Felipe Calderón, asistir ante los legisladores. Ahí, entre otras voces escuchó la de la senadora de la República, Rosario Ibarra de Piedra, cuyo discurso reproducimos a continuación.
La discusión y evaluación de un informe de gobierno debería ser un ejercicio democrático comprometido con la transparencia y el rendimiento de cuentas, así como el marco para la crítica, el señalamiento de errores y los caminos para corregir el rumbo. Durante años se fue transformando en un rito de exaltación de la figura presidencial y de los “grandes logros”.
En esta ocasión, sin embargo, no puede hacerse una discusión y valoración en abstracto de un informe escrito entregado para cumplir una “obligación constitucional”. Lo que aparentemente sería el ejercicio de un derecho democrático de discusión y balance de lo realizado se convertiría en su opuesto si no se abordara el contexto, las circunstancias en que se llega a este informe de gobierno. Quedarse en la valoración de lo que se informa olvidando cómo se llega a este informe sería solapar y eludir el fondo del problema: la falta de legitimidad de un gobierno que existe de hecho.
Juzgar la política interior y exterior del gobierno no puede separarse del problema de origen y de la contradicción existente.
No es cierto que una falta de legitimidad de origen se supera con el ejercicio de la práctica. El origen marca toda la evolución y se arrastra la crisis todo el camino. El problema es la crisis política que implica hoy el ejercicio del poder que no puede resolverse pretendiendo olvidarlo, ponerlo debajo del tapete, negarlo y supuestamente haciendo política “realista”. Ese “realismo” es aceptar lo injustificable y es un “realismo” utópico porque así no se superará la crisis.
Por eso es que hoy sería limitativo hacer simplemente un ejercicio de evaluación y comparación entre lo prometido y lo alcanzado, aun cuando incluso en ese terreno se pudieran hacer graves señalamientos. Como un ejemplo, solamente hay que recordar aquella oferta de convertirse en el “presidente del empleo” y la realidad actual del galopante desempleo. El balance de la administración está marcado por la búsqueda del reconocimiento y la legitimidad que socialmente no ha conseguido.
En esa desesperada búsqueda de legitimidad se ha escogido un peligroso camino. El camino que lleva a depender de las fuerzas armadas. Con la excusa del “combate al narcotráfico” se ha abierto un proceso de militarización en el país que tiene más bien un objetivo político de control, amedrentamiento y desarticulación de la crítica y la protesta social: Acostumbrar a la sociedad a la presencia militar y pretender convencer de que más allá de las críticas sobre un gobierno políticamente débil, se tiene un gobierno fuerte y de mano dura que debe ser aceptado de hecho. Como si no bastara con la militarización del país se acompaña el proceso con iniciativas como las que el gobierno ha enviado, en lo que se conoce como reforma judicial, que pretende legalizar lo ilegal para criminalizar la protesta social.
La militarización del país es volver a un camino ya conocido de usar a las fuerzas armadas para los objetivos y necesidades políticas del régimen en turno. A una semana del 2 de octubre, cuando se cumplen 39 años de Tlatelolco, tienen ustedes la evidencia del triunfo de la memoria. Se equivocan quienes piensan que con el tiempo y la práctica de gobierno se olvidan los crímenes y los delitos de origen. Y usar al ejército para los objetivos políticos del régimen y para imponer una legitimidad y reconocimiento de hecho tarde o temprano arrastrará a toda la institución a mayor desprestigio. Abrir “la guerra al narcotráfico” usando simplemente al ejército ya muestra sus contradicciones y desgaste para el propio ejército. Usarlo en función de intereses políticos y como sustituto de la falta de legitimidad, será peor.
Porque la militarización está implicando también estimular y solapar la violación de derechos humanos como una política de control, amedrentamiento, represión y desmoralización de las luchas sociales. No se trata de algunos excesos personales u ocasionales de algunos militares como quisiera entenderlo una parte de las recomendaciones del Presidente de la CNDH. Se trata de una política de contrainsurgencia por lo que los casos de violaciones a derechos humanos y de solapamiento cuando estos ocurren a manos de militares se repiten peligrosamente.
Hay una constante en el trato a hombres y mujeres presos en Atenco o en Oaxaca o en los casos de Castaños, de Sinaloa o el de Zongolica con la señora Ernestina Ascensio en que el propio “titular del Ejecutivo” ejerce como forense para dar la línea de protección a la imagen de los soldados involucrados en el caso. Una línea que, por cierto, es seguida puntualmente por el Presidente de la CNDH que, aunque ahora recomiende el retiro paulatino del ejército, con su falta de autonomía y su subordinación a los intereses políticos dominantes, ha evidenciado la crisis de esa institución; una crisis similar a la de la otra institución representada por el IFE de Ugalde. El fondo del problema es el mismo: la falta de legitimidad que marca todo. En el caso de la CNDH porque la falta de autonomía y su subordinación política hacen evidente su falta de legitimidad, de credibilidad y autoridad moral y política.
Es cierto, sin embargo, que la falta de legitimidad no responde simplemente a las ambiciones personales de una figura gris que se disfraza a sí mismo y a sus hijos con símbolos del poder, olvidando que el hábito no hace al monje. Más allá de ambiciones personales responde a la obsesión por imponer una política y programa neoliberales que benefician a un pequeño grupo social y hunde a la mayor parte del pueblo en la miseria. El objetivo real es ese programa como lo ha mostrado este gobierno en estos primeros 9 meses con ejemplos terribles como la reforma al ISSSTE que arranca conquistas históricas de los trabajadores y continúa la dinámica de privatizaciones que obsesiva y dogmáticamente se quieren imponer. Es la misma dinámica que se quisiera completar en el terreno energético y en la reforma laboral. Es consecuencia de esa política también el aumento a precios de productos básicos como la tortilla y la nueva alza que se abre con el precio de la gasolina y la reforma fiscal.
Esa política tiene también su vínculo con la política exterior, que pretende alinear a México con la política hegemónica en el gobierno de Estados Unidos. No es solamente ya el alineamiento que vimos en el sexenio pasado obsesionado con la confrontación, a punto de ruptura de relaciones con Cuba o Venezuela, sino también en aspectos que tienen más claramente implicaciones para la política interior como es el acuerdo hacia el ASPAN, la intención de una suerte de Plan Colombia para México y por tanto reformas legales ya aprobadas como la ley contra el terrorismo y las que se pretenden para autorizar cateos, intercepciones telefónicas y otras acciones policíacas que echan atrás derechos conquistados y reconocidos constitucionalmente. Estas reformas van en consonancia también con las que en Estados Unidos se han venido imponiendo en la ola patriotera y xenofóbica desatada después del 11 de septiembre y que tienen en el Plan Patriot la punta de lanza de los ataques contra los derechos humanos. Nuestra oposición a estas reformas y políticas es también oposición a una política de subordinación a esos intereses extranjeros.
Pero si el fondo de estos problemas evidenciados y exacerbados en estos 9 meses tienen su origen en el gobierno y el problema de la legitimidad, no es posible quedarse como ante un Muro de Lamentaciones. Algunas voces nos llaman a ser “realistas”, a enfrentar la crisis logrando conquistas democráticas y populares por medio de la negociación y el pacto con el poder que, como sea, existe. En realidad no es un llamado a ser realistas, sino es un llamado a capitular, a rendirse. Pero además no es realista porque la crisis de legitimidad no se resolverá con un pacto en la cúpula si se excluye la participación social que en millones de personas están exigiendo ser tomados en cuenta y respetados. Respetadas su opiniones y sus votos. Es un ascenso en el protagonismo social que no puede hacerse retroceder con un pacto en la cúpula. Porque no es que nos neguemos a la política, al diálogo y discusión y los acuerdos. Precisamente defendemos y reivindicamos métodos democráticos como la consulta popular y el voto y exigimos que esos derechos sean respetados. Entonces no es a nosotros a quienes pueden acusarnos de no respetar los métodos democráticos. El problema es que el pacto, la negociación, en la que pueden obtenerse concesiones o conquistas democráticas —recién lo vimos con la reforma electoral y la relación con los medios electrónicos— es prácticamente a cambio del abandono del reclamo original de respeto a reglas democráticas para las decisiones del pueblo, del electorado. Por eso reformas electorales y otras, aunque contengan aspectos positivos, progresivos o democráticos, serán limitadas mientras no resolvamos el problema de origen.
Y si el año pasado no se quiso volver a contar los votos, entonces hay que pensar una vía de solución que regrese el protagonismo a la sociedad y que no se atrinchere en medidas de fuerza para apagar o hacer olvidar el reclamo. Desde el movimiento, por ejemplo, surgen propuestas en esa dirección como es la de un referéndum presidencial que no está contemplado legalmente en la actualidad, pero que sería una medida audaz para apelar nuevamente a la sociedad a resolver el problema. O ¿cuánto tiempo creen que podrá mantenerse la crisis, la confrontación, el encono? Se equivocan quienes piensen que con el tiempo y un poquito el pueblo olvidará. Tarde o temprano o en forma periódica la crisis reaparece. Hace 39 años el régimen pensó que el control de los medios de comunicación le aseguraba dar la vuelta a la hoja y durante 39 años el grito de “2 de octubre no se olvida” fue imponiéndose, rescatando la memoria y exigiendo la verdad. Hoy también los medios y los políticos “realistas” apuestan al olvido. Es una apuesta equivocada.
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En esta ocasión, sin embargo, no puede hacerse una discusión y valoración en abstracto de un informe escrito entregado para cumplir una “obligación constitucional”. Lo que aparentemente sería el ejercicio de un derecho democrático de discusión y balance de lo realizado se convertiría en su opuesto si no se abordara el contexto, las circunstancias en que se llega a este informe de gobierno. Quedarse en la valoración de lo que se informa olvidando cómo se llega a este informe sería solapar y eludir el fondo del problema: la falta de legitimidad de un gobierno que existe de hecho.
Juzgar la política interior y exterior del gobierno no puede separarse del problema de origen y de la contradicción existente.
No es cierto que una falta de legitimidad de origen se supera con el ejercicio de la práctica. El origen marca toda la evolución y se arrastra la crisis todo el camino. El problema es la crisis política que implica hoy el ejercicio del poder que no puede resolverse pretendiendo olvidarlo, ponerlo debajo del tapete, negarlo y supuestamente haciendo política “realista”. Ese “realismo” es aceptar lo injustificable y es un “realismo” utópico porque así no se superará la crisis.
Por eso es que hoy sería limitativo hacer simplemente un ejercicio de evaluación y comparación entre lo prometido y lo alcanzado, aun cuando incluso en ese terreno se pudieran hacer graves señalamientos. Como un ejemplo, solamente hay que recordar aquella oferta de convertirse en el “presidente del empleo” y la realidad actual del galopante desempleo. El balance de la administración está marcado por la búsqueda del reconocimiento y la legitimidad que socialmente no ha conseguido.
En esa desesperada búsqueda de legitimidad se ha escogido un peligroso camino. El camino que lleva a depender de las fuerzas armadas. Con la excusa del “combate al narcotráfico” se ha abierto un proceso de militarización en el país que tiene más bien un objetivo político de control, amedrentamiento y desarticulación de la crítica y la protesta social: Acostumbrar a la sociedad a la presencia militar y pretender convencer de que más allá de las críticas sobre un gobierno políticamente débil, se tiene un gobierno fuerte y de mano dura que debe ser aceptado de hecho. Como si no bastara con la militarización del país se acompaña el proceso con iniciativas como las que el gobierno ha enviado, en lo que se conoce como reforma judicial, que pretende legalizar lo ilegal para criminalizar la protesta social.
La militarización del país es volver a un camino ya conocido de usar a las fuerzas armadas para los objetivos y necesidades políticas del régimen en turno. A una semana del 2 de octubre, cuando se cumplen 39 años de Tlatelolco, tienen ustedes la evidencia del triunfo de la memoria. Se equivocan quienes piensan que con el tiempo y la práctica de gobierno se olvidan los crímenes y los delitos de origen. Y usar al ejército para los objetivos políticos del régimen y para imponer una legitimidad y reconocimiento de hecho tarde o temprano arrastrará a toda la institución a mayor desprestigio. Abrir “la guerra al narcotráfico” usando simplemente al ejército ya muestra sus contradicciones y desgaste para el propio ejército. Usarlo en función de intereses políticos y como sustituto de la falta de legitimidad, será peor.
Porque la militarización está implicando también estimular y solapar la violación de derechos humanos como una política de control, amedrentamiento, represión y desmoralización de las luchas sociales. No se trata de algunos excesos personales u ocasionales de algunos militares como quisiera entenderlo una parte de las recomendaciones del Presidente de la CNDH. Se trata de una política de contrainsurgencia por lo que los casos de violaciones a derechos humanos y de solapamiento cuando estos ocurren a manos de militares se repiten peligrosamente.
Hay una constante en el trato a hombres y mujeres presos en Atenco o en Oaxaca o en los casos de Castaños, de Sinaloa o el de Zongolica con la señora Ernestina Ascensio en que el propio “titular del Ejecutivo” ejerce como forense para dar la línea de protección a la imagen de los soldados involucrados en el caso. Una línea que, por cierto, es seguida puntualmente por el Presidente de la CNDH que, aunque ahora recomiende el retiro paulatino del ejército, con su falta de autonomía y su subordinación a los intereses políticos dominantes, ha evidenciado la crisis de esa institución; una crisis similar a la de la otra institución representada por el IFE de Ugalde. El fondo del problema es el mismo: la falta de legitimidad que marca todo. En el caso de la CNDH porque la falta de autonomía y su subordinación política hacen evidente su falta de legitimidad, de credibilidad y autoridad moral y política.
Es cierto, sin embargo, que la falta de legitimidad no responde simplemente a las ambiciones personales de una figura gris que se disfraza a sí mismo y a sus hijos con símbolos del poder, olvidando que el hábito no hace al monje. Más allá de ambiciones personales responde a la obsesión por imponer una política y programa neoliberales que benefician a un pequeño grupo social y hunde a la mayor parte del pueblo en la miseria. El objetivo real es ese programa como lo ha mostrado este gobierno en estos primeros 9 meses con ejemplos terribles como la reforma al ISSSTE que arranca conquistas históricas de los trabajadores y continúa la dinámica de privatizaciones que obsesiva y dogmáticamente se quieren imponer. Es la misma dinámica que se quisiera completar en el terreno energético y en la reforma laboral. Es consecuencia de esa política también el aumento a precios de productos básicos como la tortilla y la nueva alza que se abre con el precio de la gasolina y la reforma fiscal.
Esa política tiene también su vínculo con la política exterior, que pretende alinear a México con la política hegemónica en el gobierno de Estados Unidos. No es solamente ya el alineamiento que vimos en el sexenio pasado obsesionado con la confrontación, a punto de ruptura de relaciones con Cuba o Venezuela, sino también en aspectos que tienen más claramente implicaciones para la política interior como es el acuerdo hacia el ASPAN, la intención de una suerte de Plan Colombia para México y por tanto reformas legales ya aprobadas como la ley contra el terrorismo y las que se pretenden para autorizar cateos, intercepciones telefónicas y otras acciones policíacas que echan atrás derechos conquistados y reconocidos constitucionalmente. Estas reformas van en consonancia también con las que en Estados Unidos se han venido imponiendo en la ola patriotera y xenofóbica desatada después del 11 de septiembre y que tienen en el Plan Patriot la punta de lanza de los ataques contra los derechos humanos. Nuestra oposición a estas reformas y políticas es también oposición a una política de subordinación a esos intereses extranjeros.
Pero si el fondo de estos problemas evidenciados y exacerbados en estos 9 meses tienen su origen en el gobierno y el problema de la legitimidad, no es posible quedarse como ante un Muro de Lamentaciones. Algunas voces nos llaman a ser “realistas”, a enfrentar la crisis logrando conquistas democráticas y populares por medio de la negociación y el pacto con el poder que, como sea, existe. En realidad no es un llamado a ser realistas, sino es un llamado a capitular, a rendirse. Pero además no es realista porque la crisis de legitimidad no se resolverá con un pacto en la cúpula si se excluye la participación social que en millones de personas están exigiendo ser tomados en cuenta y respetados. Respetadas su opiniones y sus votos. Es un ascenso en el protagonismo social que no puede hacerse retroceder con un pacto en la cúpula. Porque no es que nos neguemos a la política, al diálogo y discusión y los acuerdos. Precisamente defendemos y reivindicamos métodos democráticos como la consulta popular y el voto y exigimos que esos derechos sean respetados. Entonces no es a nosotros a quienes pueden acusarnos de no respetar los métodos democráticos. El problema es que el pacto, la negociación, en la que pueden obtenerse concesiones o conquistas democráticas —recién lo vimos con la reforma electoral y la relación con los medios electrónicos— es prácticamente a cambio del abandono del reclamo original de respeto a reglas democráticas para las decisiones del pueblo, del electorado. Por eso reformas electorales y otras, aunque contengan aspectos positivos, progresivos o democráticos, serán limitadas mientras no resolvamos el problema de origen.
Y si el año pasado no se quiso volver a contar los votos, entonces hay que pensar una vía de solución que regrese el protagonismo a la sociedad y que no se atrinchere en medidas de fuerza para apagar o hacer olvidar el reclamo. Desde el movimiento, por ejemplo, surgen propuestas en esa dirección como es la de un referéndum presidencial que no está contemplado legalmente en la actualidad, pero que sería una medida audaz para apelar nuevamente a la sociedad a resolver el problema. O ¿cuánto tiempo creen que podrá mantenerse la crisis, la confrontación, el encono? Se equivocan quienes piensen que con el tiempo y un poquito el pueblo olvidará. Tarde o temprano o en forma periódica la crisis reaparece. Hace 39 años el régimen pensó que el control de los medios de comunicación le aseguraba dar la vuelta a la hoja y durante 39 años el grito de “2 de octubre no se olvida” fue imponiéndose, rescatando la memoria y exigiendo la verdad. Hoy también los medios y los políticos “realistas” apuestan al olvido. Es una apuesta equivocada.
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EN VÍSPERAS DEL 47 ANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, CONVOCA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL ENERGÉTICO
Advierte sobre los avances legislativos para la privatización en marcha de Pemex y CFE
El siguiente es un texto que el diputado José Antonio Almazán González, representante del Sindicato Mexicano de Electricistas y miembro del Frente Amplio progresista ha circulado con fecha 21 de septiembre de 2007. En él, da cuenta de lo que los diputados panistas y priistas preparan en los entretelones de los debates legislativos para avanzar en la privatización de la industria petrolera y de la industria eléctrica.
A raíz de la aprobación de la reforma fiscal y electoral, Calderón, el PAN y sus aliados del PRI (no todos), consideran que cuentan no sólo con los 2/3 de los votos de los diputados, sino también con el capital político suficiente y calculan que ha llegado la hora de las reformas estructurales, comenzando por la energética.
No les ha bastado que la privatización de facto, por la vía de permisos inconstitucionales en generación, autoabastecimiento y otros (656 permisos otorgados hasta julio de 2007); le otorga ya al capital privado la propiedad y el control de aproximadamente 30% de la capacidad de generación a nivel nacional. Tampoco se conforman con licitaciones y contratos de riesgo inconstitucionales que siguen entregando nuestros hidrocarburos y la infraestructura petrolera a las empresas trasnacionales. Quieren la certeza jurídica en el texto constitucional para legalizar lo ilegal, para cumplir debidamente las instrucciones del Banco Mundial y calmar las preocupaciones de las empresas trasnacionales, pues saben bien que la venta del patrimonio nacional energético puede ser revertida en juicios jurídico-constitucionales.
Mientras tanto, Calderón y su corte de vendepatrias que se pasean en el recinto legislativo de San Lázaro avanzan de manera acelerada en la privatización de facto, como puede leerse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 (PEF). Independientemente de la aspirina de los 30 mil millones de pesos a las finanzas de Pemex, el PEF está orientado a impulsar la privatización a partir de hechos consumados. El mecanismo favorito sigue siendo la llamada inversión financiada, que permite la participación del capital privado, fundamentalmente trasnacional, en la obra pública de Pemex y CFE, que para el 2008 ascenderá a 1 billón, 969 millones de pesos. Este tipo de inversión privada en el sector de energía, conocido como “Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto” (Pidiregas), alcanzó en 2007 la suma de 2 billones 324 mil millones de pesos (capital más intereses), representando un riesgo enorme para las finanzas públicas. Tan sólo en el 2007 se pagarán con cargo al PEF 102,029 millones de pesos en intereses.
En cambio, para las empresas públicas energéticas, el PEF considera cantidades ridículas frente a los montos destinados a la inversión privada. A Pemex le asignan 72,260 millones de pesos en inversión física y se le sigue condenando a una sangría brutal por la vía de impuestos directos e indirectos, que en el 2006 sumaron 582,855 millones de pesos (un 55% del total de sus ingresos). A CFE le asignan 28,695 millones y se le obliga a depender de la inversión privada a través de los Productores Independientes de Energía, y a Luz y Fuerza del Centro, pese a las denuncias del Sindicato Mexicano de Electricistas en cuanto al riesgo inminente de un colapso eléctrico en la región central del país por falta de inversión productiva, le asignan 1,972 millones de pesos, condenándola prácticamente a la muerte por inanición.
Frente a este sombrío panorama energético, las declaraciones de Calderón de que no privatizarán Pemex, CFE y a Luz y Fuerza del Centro son sólo demagogia pura, para distraer a la opinión pública, mientras en los pasillos del Poder Legislativo continúan los cabildeos para amarrar la contrarreforma al artículo 27 constitucional.
No es de extrañar entonces que la nacionalización de la industria eléctrica haya sido borrada del calendario cívico oficial. Poco les importa a los neoliberales la conmemoración de la fecha en que la nación mexicana recuperó el dominio exclusivo en la prestación del servicio público de la energía eléctrica, que durante 57 años estuvo en manos de empresas eléctricas extranjeras. Para los émulos de Santa Anna, la celebración del 47 aniversario del acto nacionalizador eléctrico es un hecho que contradice en su esencia la desnacionalización y venta del patrimonio nacional energético que han venido impulsando a partir de 1992, en que Salinas de Gortari, en los marcos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, abrió las puertas al capital privado en el sector eléctrico nacional. Por el contrario, para la mayoría del pueblo mexicano, este 27 de septiembre, además de festejo nacionalizador, constituye la ocasión propicia para un Pacto Nacional, con todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales, de hombres y mujeres, conscientes de que la Patria no se vende, en defensa del patrimonio nacional energético y en rechazo rotundo a la privatización.
Palacio Legislativo, a 21 de septiembre de 2007
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