Ciudad de México, 27 de septiembre de 2007
Servicio informativo núm. 206
Sumario:
I. “No queremos gasolinazo, ni en octubre ni en enero; que se baje el salario el presidente pelele”: AMLO.
II. Propone el diputado Almazán volver a nacionalizar la energía eléctrica.
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I. “No queremos gasolinazo, ni en octubre ni en enero; que se baje el salario el presidente pelele”: AMLO.
II. Propone el diputado Almazán volver a nacionalizar la energía eléctrica.
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“NO QUEREMOS GASOLINAZO, NI EN OCTUBRE NI EN ENERO; QUE SE BAJE EL SALARIO EL PRESIDENTE PELELE”: AMLO
Al iniciar su gira número 43 en lo que va del año y cuarta por el estado de Puebla, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, puso en el centro de sus discursos el anunciado y luego pospuesto gasolinazo: “Los mexicanos no queremos aumentos de precios a la gasolina y al diesel ni en octubre, ni en enero; en cambio, queremos que se baje el salario al presidente pelele”, manifestó López Obrador, al demandar que esa reducción en 50 por ciento a los salarios abarque a toda la alta burocracia panista.
“El presidente pelele, Felipe Calderón, se equivoca sí cree que los ciudadanos nos conformamos con el anuncio de que se aplaza hasta el primer día del año próximo los incrementos a las tarifas de los mencionados combustibles” precisó y apuntó las siguientes cifras: el presupuesto de este año de 2.2 billones de pesos es suficiente para atender las demandas del pueblo, pero, desafortunadamente, 70 por ciento se destina al pago de salarios de los servidores públicos de la administración panista, mientras que 20 por ciento se canaliza a proyectos de obra pública y 10 por ciento se orienta al pago de la deuda pública.
La misma explicación detalló a los habitantes de los municipios de Xochitlán de Todos los Santos, Palmar de Bravo, Yehualtepec y Tlacotepec de Benito Juárez. En Palmar de Bravo, el primer punto de la gira que lo llevará a tocar 26 municipios de la entidad en cuatro días, el dirigente de la izquierda mexicana destacó la necesidad de bajar a la mitad los jugosos sueldos de los burócratas de primer nivel, así como eliminar los millonarios bonos anuales, los gastos médicos privados y el fondo de ahorro en caso de retiro del servidor público.
Por tratarse de un asunto que representa un insulto para millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza, López Obrador exigió que se cancelen las pensiones de 5 millones de pesos mensuales que reciben los ex presidentes, como Carlos Salinas de Gortari y “ese traidor a la democracia y chachalaca mentirosa de Vicente Fox”.
También aseguró que la gestión de Calderón es similar al régimen de Antonio López de San Anna: “El presidente espurio —explicó— es el autor intelectual de aplicar 5.5 por ciento de incremento a las gasolinas y de la llamada reforma fiscal, que se traduce en un aumento a los impuestos, mientras que el dictador López de Santa Anna impuso un impuesto especial a todos los ciudadanos que eran dueños de una vivienda. Se trató de que pagarán una contribución por cada ventana que hubiese en todas las casas-habitación de las familias mexicanas”, agregó.
En los seis municipios que visitó este día, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que los productos de la canasta básica tuvieron un alza de 35 por ciento, en tanto que los salarios tan sólo crecieron 4 por ciento; es decir, los alimentos aumentaron 7 veces por encima de los salarios.
Advirtió a los ciudadanos de Puebla que “el gobierno del presidente pelele tiene la intención de promover una reforma energética, que no es otra cosa que la entrega del petróleo al capital privado extranjero. Luego de que Calderón cumplió al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario Internacional para concretar las reformas a la Ley del ISSSTE y en materia fiscal, ahora los organismos financieros internacionales quieren que México entregue un patrimonio propiedad de la nación a empresas multinacionales”, aseveró.
Acompañado por los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales, convocó a los habitantes de Puebla a formar parte de la red de representantes del gobierno legítimo de México y anunció que el próximo 4 de noviembre se realizará una asamblea general en el Zócalo de la capital poblana, en donde se hará un balance de la actual situación que prevalece en el estado y en particular de la gestión del llamado “gober precioso”, Mario Marín.
También dio a conocer que la asamblea de la Convención Nacional Democrática se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, dos días antes de conmemorarse un aniversario más del inicio de la Revolución mexicana. En esa fecha, dijo, se presentará un balance de lo que sucede actualmente en el país y se tomarán decisiones importantes con la intención de seguir protegiendo al pueblo y defendiendo el patrimonio de la nación.
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“El presidente pelele, Felipe Calderón, se equivoca sí cree que los ciudadanos nos conformamos con el anuncio de que se aplaza hasta el primer día del año próximo los incrementos a las tarifas de los mencionados combustibles” precisó y apuntó las siguientes cifras: el presupuesto de este año de 2.2 billones de pesos es suficiente para atender las demandas del pueblo, pero, desafortunadamente, 70 por ciento se destina al pago de salarios de los servidores públicos de la administración panista, mientras que 20 por ciento se canaliza a proyectos de obra pública y 10 por ciento se orienta al pago de la deuda pública.
La misma explicación detalló a los habitantes de los municipios de Xochitlán de Todos los Santos, Palmar de Bravo, Yehualtepec y Tlacotepec de Benito Juárez. En Palmar de Bravo, el primer punto de la gira que lo llevará a tocar 26 municipios de la entidad en cuatro días, el dirigente de la izquierda mexicana destacó la necesidad de bajar a la mitad los jugosos sueldos de los burócratas de primer nivel, así como eliminar los millonarios bonos anuales, los gastos médicos privados y el fondo de ahorro en caso de retiro del servidor público.
Por tratarse de un asunto que representa un insulto para millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza, López Obrador exigió que se cancelen las pensiones de 5 millones de pesos mensuales que reciben los ex presidentes, como Carlos Salinas de Gortari y “ese traidor a la democracia y chachalaca mentirosa de Vicente Fox”.
También aseguró que la gestión de Calderón es similar al régimen de Antonio López de San Anna: “El presidente espurio —explicó— es el autor intelectual de aplicar 5.5 por ciento de incremento a las gasolinas y de la llamada reforma fiscal, que se traduce en un aumento a los impuestos, mientras que el dictador López de Santa Anna impuso un impuesto especial a todos los ciudadanos que eran dueños de una vivienda. Se trató de que pagarán una contribución por cada ventana que hubiese en todas las casas-habitación de las familias mexicanas”, agregó.
En los seis municipios que visitó este día, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que los productos de la canasta básica tuvieron un alza de 35 por ciento, en tanto que los salarios tan sólo crecieron 4 por ciento; es decir, los alimentos aumentaron 7 veces por encima de los salarios.
Advirtió a los ciudadanos de Puebla que “el gobierno del presidente pelele tiene la intención de promover una reforma energética, que no es otra cosa que la entrega del petróleo al capital privado extranjero. Luego de que Calderón cumplió al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario Internacional para concretar las reformas a la Ley del ISSSTE y en materia fiscal, ahora los organismos financieros internacionales quieren que México entregue un patrimonio propiedad de la nación a empresas multinacionales”, aseveró.
Acompañado por los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales, convocó a los habitantes de Puebla a formar parte de la red de representantes del gobierno legítimo de México y anunció que el próximo 4 de noviembre se realizará una asamblea general en el Zócalo de la capital poblana, en donde se hará un balance de la actual situación que prevalece en el estado y en particular de la gestión del llamado “gober precioso”, Mario Marín.
También dio a conocer que la asamblea de la Convención Nacional Democrática se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, dos días antes de conmemorarse un aniversario más del inicio de la Revolución mexicana. En esa fecha, dijo, se presentará un balance de lo que sucede actualmente en el país y se tomarán decisiones importantes con la intención de seguir protegiendo al pueblo y defendiendo el patrimonio de la nación.
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PROPONE EL DIPUTADO ALMAZÁN VOLVER A NACIONALIZAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA
El pasado 3 de septiembre, cercano un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica, medida que adoptó el gobierno de Adolfo López Mateos hace 47 años, el diputado federal José Antonio Almazán —quien llegó a dicho puesto de elección popular en representación del Sindicato Mexicano de Electricistas tras una alianza con el Partido de la Revolución Democrática— presentó al Poder Legislativo una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta iniciativa legislativa busca “el restablecimiento de la legalidad constitucional en materia eléctrica, derogando todas las reformas en las leyes secundarias que contravienen lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y, al ya no ser necesario otorgar permisos de generación a particulares, eliminar las facultades que sobre esta materia posee la Comisión Reguladora de la Energía”.
José Antonio Almazán ha señalado al fundamentar su propuesta: “La reforma que propongo a esta soberanía parte de la misma perspectiva histórica, de recuperar y fortalecer la soberanía nacional en materia energética, que en 1960 llevó al gobierno del presidente Adolfo López Mateos a adquirir la casi totalidad de los bienes de las dos grandes empresas eléctricas extranjeras que en ese momento operaban y que en octubre de ese año eleva a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en México. Las razones aducidas fueron semejantes a las de la nacionalización del petróleo, reconociendo el papel expoliador y ajeno al desarrollo económico independiente que la Nación mexicana demandaba y al papel injerencista que las dos poderosas empresas eléctricas asumían en la vida interna de México. Al igual que en el caso de la nacionalización del petróleo, la razón para elevar a rango constitucional la nacionalización eléctrica fue con el propósito de cerrar el paso a cualquier tentación de que en el futuro regresaran las empresas privadas”.
¿Por qué plantear un proceso de “renacionalización” para la industria eléctrica, que fue nacionalizada hace 47 años? En la exposición de motivos de su iniciativa de ley, Almazán da 12 elementos a considerar:
1. La Nación sufre una acelerada pérdida de exclusividad en la generación de electricidad para el servicio público, al estarse realizando una privatización furtiva, y el Estado pierde rectoría en la planeación y conducción de la industria eléctrica en favor de un puñado de empresas trasnacionales. Hasta ahora se han otorgado 639 permisos de generación de electricidad (cifra de la Comisión Reguladora de Energía a junio del 2007), 21 de ellos bajo la figura, contraria a la constitución, de Productor Independiente de Energía, 20 de los cuales están en operación y generan el 27 por ciento de la energía que consume el servicio público, si se incluyen los proyectos en operación de autoabastecimiento y cogeneración, obtenemos que los particulares generan aproximadamente el 30 por ciento de energía eléctrica, dentro de las cuales están incluidas las ilegales sociedades de autoabastecimiento y cogeneración.
2. El abasto eléctrico está dejando de ser considerado un “servicio público” para convertirse en una “mercancía”, que solo será disponible para aquellos sectores de la población que puedan pagarla y sujeta a la voraz especulación de las empresas privadas que no tienen otra motivación que el lucro para la prestación del servicio. De continuar esta tendencia se producirá una importante afectación al consumo doméstico y a las pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad, que se convertirá en traba del desarrollo social y nacional, cancelando toda expectativa para un futuro con libertad, justicia y democracia.
3. El desmedido incremento en las tarifas eléctricas, y que tantas y tan justificadas protestas ha desatado a lo largo y ancho del país en los últimos años, esta totalmente relacionado con los dos puntos anteriores. Para asegurar la pronta recuperación de su inversión, los inversionistas privados recurren a la generación a base de plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural como materia prima. Durante los últimos tres sexenios se ha privilegiado el uso de gas natural como energético primario, esta decisión estratégica ha llevado a que ahora dependamos de un combustible –importado– que ha triplicado su precio en este periodo.
4. La Comisión Federal de Electricidad, sometida por el gobierno federal a los intereses de las empresas generadoras, está obligada a pagarles un cargo fijo, independientemente de que se adquiera o no la energía, y por lo tanto de adquirir grandes volúmenes de esa energía para lograr un precio promedio del kilowatt/hora comparable con el costo de sus plantas de generación para así justificar su adquisición. Lo anterior, da como resultado que las plantas de Comisión operen a bajos factores de carga o, incluso, se mantengan en reserva, lo que ocasiona incrementos en los costos operativos y en las tarifas.
5. Actualmente el margen de reserva con que opera el sector eléctrico público es del 48 por ciento (diferencia entre la capacidad de generación eléctrica instalada y la demanda máxima), reconocido en los informes del sector, cuando el recomendado por la propia Secretaría de Energía es de 27 por ciento; ello significa que tenemos una alta inversión innecesaria, ociosa, que genera altos intereses que se transfieren a los costos de las tarifas. Es por esta misma razón que CFE esta cerrando plantas de generación, que aún están lejos de terminar su vida útil y que utilizan diversos tipos de combustibles, en general, más baratos.
6. La expedición –por parte de la administración de Vicente Fox– del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 2002, mediante el cual se reduce el subsidio para los usuarios domésticos, también contribuyó a elevar la facturación eléctrica con grave afectación a las economías familiares y con mayor severidad para los habitantes de climas extremosos.
7. El hecho de que el precio del Kilowatt-hora en México, en algunos servicios y en algunas regiones, sea ahora más caro que en los Estados Unidos es una clara demostración de lo absurdo e irracional de la política económica neoliberal. Reducir el monto de las tarifas de energía eléctrica no solo es posible sino que es una apremiante necesidad para los consumidores domésticos y para impulsar el desarrollo económico nacional. Los medios para lograr este objetivo son técnicamente racionales y económicamente factibles: terminar con la irresponsable explotación de nuestro petróleo en aras de mantener una política fiscal solo benéfica para un puñado de multimillonarios nacionales y extranjeros, impulsar la construcción de refinerías energéticas, sustituir las plantas de generación a base de gas por las de combustóleo, asignar a este energético un precio preferente y no de mercado y, finalmente, reestructurar las tarifas asignando un precio mayor para aquellos que obtienen un beneficio con su consumo y una tarifa social para las familias de escasos recursos. Reducir el precio de las tarifas eléctricas no requiere más que de voluntad política y de un elemental sentido nacionalista y de equidad social.
8. El papel desempeñado por las empresas privadas de generación, en relación a CFE, es altamente parasitario, crecen y se consolidan a su costa. Cada día se anuncian nuevos contratos de abastecimiento con los grandes consumidores particulares, que aportan aproximadamente el 60 por ciento de las utilidades, utilizando además las líneas de transmisión y distribución de CFE y de Luz y Fuerza del Centro, pagando ridículos precios por el porteo.
9. Con la clara intención de aparentar una desastrosa crisis financiera en las empresas eléctricas (CFE y Luz y Fuerza del Centro), sin que exista causa o motivo real, los diferentes gobiernos neoliberales han combinado un saqueo fiscal en contra de estas empresas, con absurdos criterios contables que hacen recaer en los libros de estas empresas el costo de los subsidios y reducen al mínimo los rubros destinados a su inversión y modernización. Provocando así una grave reducción en su eficiencia, en su capacidad para atender contingencias y poniendo en riesgo la seguridad de sus trabajadores.
10. Esa asfixia financiera ha obligado tanto a PEMEX como a CFE a recurrir al esquema de financiamiento denominado Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto Público (Pidiregas). Propuestos por la administración de Ernesto Zedillo y aprobados por el Congreso de la Unión en 1995, los Pidiregas constituyen otro engendro neoliberal que tiene por objeto abrir las puertas del sector energético al capital privado, disfrazar deuda pública en deuda de PEMEX y de CFE, y ahora (cuando su monto alcanza un billón 956 mil 560.3 millones de pesos y que crece sin cesar), contar con un argumento adicional para justificar la privatización de estas empresas. La pesada carga financiera que ahora representan los Pidiregas es un asunto que debe ser resuelto por el Congreso de la Unión cuanto antes. Lo mismo que la realización de una Auditoria que investigue posibles malos manejos, sobre todo en lo relacionado con desvío de recursos y de beneficios ilegales a monopolios extranjeros.
11. El gobierno mexicano al permitir la instalación de plantas de generación y regasificación en la frontera norte, para su exportación al sur de los Estados Unidos, que por cierto no cumplen con las normas ambientales de ese país, pone en grave riesgo el equilibrio ecológico de nuestro territorio y también nuestra soberanía. La sola existencia de dichas plantas, propiedad de empresas norteamericanas, las convierte en “asunto de seguridad interna” para el gobierno de los Estados Unidos, y serán causa y motivo para una mayor injerencia de este país en nuestros asuntos internos.
12. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 17 de diciembre de 1992, aún antes de aprobar las contrarreformas a la LSPEE de diciembre de ese mismo año, ya contemplaba en el Capítulo VI titulado “Energía y petroquímica básica” anexo 602.3, la participación del capital privado, nacional y extranjero, en la generación de electricidad, iniciándose así una creciente subordinación de los subsecuentes gobiernos mexicanos a los dictados de Estados Unidos en materia energética y de acuerdos celebrados a espaldas del congreso y del pueblo mexicano. El caso del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, también conocido como TLC plus), es aún peor, contempla la completa integración de los recursos energéticos de los tres países firmantes (México, Canadá y Estados Unidos) y bajo control de los monopolios privados de la electricidad y el petróleo. Estos acuerdos, repetimos, son inmorales e ilegítimos, violentan y pisotean la Constitución, las facultades del Congreso de la Unión y, sobre todo, se realizan sin el conocimiento y la aprobación del pueblo de México.
El documento completo presentado por José Antonio Almazán puede consultarse en: http://prdleg.diputados.gob.mx/diputado/jose_antonio_almazan/intervenciones/ver2659.html
José Antonio Almazán ha señalado al fundamentar su propuesta: “La reforma que propongo a esta soberanía parte de la misma perspectiva histórica, de recuperar y fortalecer la soberanía nacional en materia energética, que en 1960 llevó al gobierno del presidente Adolfo López Mateos a adquirir la casi totalidad de los bienes de las dos grandes empresas eléctricas extranjeras que en ese momento operaban y que en octubre de ese año eleva a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en México. Las razones aducidas fueron semejantes a las de la nacionalización del petróleo, reconociendo el papel expoliador y ajeno al desarrollo económico independiente que la Nación mexicana demandaba y al papel injerencista que las dos poderosas empresas eléctricas asumían en la vida interna de México. Al igual que en el caso de la nacionalización del petróleo, la razón para elevar a rango constitucional la nacionalización eléctrica fue con el propósito de cerrar el paso a cualquier tentación de que en el futuro regresaran las empresas privadas”.
¿Por qué plantear un proceso de “renacionalización” para la industria eléctrica, que fue nacionalizada hace 47 años? En la exposición de motivos de su iniciativa de ley, Almazán da 12 elementos a considerar:
1. La Nación sufre una acelerada pérdida de exclusividad en la generación de electricidad para el servicio público, al estarse realizando una privatización furtiva, y el Estado pierde rectoría en la planeación y conducción de la industria eléctrica en favor de un puñado de empresas trasnacionales. Hasta ahora se han otorgado 639 permisos de generación de electricidad (cifra de la Comisión Reguladora de Energía a junio del 2007), 21 de ellos bajo la figura, contraria a la constitución, de Productor Independiente de Energía, 20 de los cuales están en operación y generan el 27 por ciento de la energía que consume el servicio público, si se incluyen los proyectos en operación de autoabastecimiento y cogeneración, obtenemos que los particulares generan aproximadamente el 30 por ciento de energía eléctrica, dentro de las cuales están incluidas las ilegales sociedades de autoabastecimiento y cogeneración.
2. El abasto eléctrico está dejando de ser considerado un “servicio público” para convertirse en una “mercancía”, que solo será disponible para aquellos sectores de la población que puedan pagarla y sujeta a la voraz especulación de las empresas privadas que no tienen otra motivación que el lucro para la prestación del servicio. De continuar esta tendencia se producirá una importante afectación al consumo doméstico y a las pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad, que se convertirá en traba del desarrollo social y nacional, cancelando toda expectativa para un futuro con libertad, justicia y democracia.
3. El desmedido incremento en las tarifas eléctricas, y que tantas y tan justificadas protestas ha desatado a lo largo y ancho del país en los últimos años, esta totalmente relacionado con los dos puntos anteriores. Para asegurar la pronta recuperación de su inversión, los inversionistas privados recurren a la generación a base de plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural como materia prima. Durante los últimos tres sexenios se ha privilegiado el uso de gas natural como energético primario, esta decisión estratégica ha llevado a que ahora dependamos de un combustible –importado– que ha triplicado su precio en este periodo.
4. La Comisión Federal de Electricidad, sometida por el gobierno federal a los intereses de las empresas generadoras, está obligada a pagarles un cargo fijo, independientemente de que se adquiera o no la energía, y por lo tanto de adquirir grandes volúmenes de esa energía para lograr un precio promedio del kilowatt/hora comparable con el costo de sus plantas de generación para así justificar su adquisición. Lo anterior, da como resultado que las plantas de Comisión operen a bajos factores de carga o, incluso, se mantengan en reserva, lo que ocasiona incrementos en los costos operativos y en las tarifas.
5. Actualmente el margen de reserva con que opera el sector eléctrico público es del 48 por ciento (diferencia entre la capacidad de generación eléctrica instalada y la demanda máxima), reconocido en los informes del sector, cuando el recomendado por la propia Secretaría de Energía es de 27 por ciento; ello significa que tenemos una alta inversión innecesaria, ociosa, que genera altos intereses que se transfieren a los costos de las tarifas. Es por esta misma razón que CFE esta cerrando plantas de generación, que aún están lejos de terminar su vida útil y que utilizan diversos tipos de combustibles, en general, más baratos.
6. La expedición –por parte de la administración de Vicente Fox– del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 2002, mediante el cual se reduce el subsidio para los usuarios domésticos, también contribuyó a elevar la facturación eléctrica con grave afectación a las economías familiares y con mayor severidad para los habitantes de climas extremosos.
7. El hecho de que el precio del Kilowatt-hora en México, en algunos servicios y en algunas regiones, sea ahora más caro que en los Estados Unidos es una clara demostración de lo absurdo e irracional de la política económica neoliberal. Reducir el monto de las tarifas de energía eléctrica no solo es posible sino que es una apremiante necesidad para los consumidores domésticos y para impulsar el desarrollo económico nacional. Los medios para lograr este objetivo son técnicamente racionales y económicamente factibles: terminar con la irresponsable explotación de nuestro petróleo en aras de mantener una política fiscal solo benéfica para un puñado de multimillonarios nacionales y extranjeros, impulsar la construcción de refinerías energéticas, sustituir las plantas de generación a base de gas por las de combustóleo, asignar a este energético un precio preferente y no de mercado y, finalmente, reestructurar las tarifas asignando un precio mayor para aquellos que obtienen un beneficio con su consumo y una tarifa social para las familias de escasos recursos. Reducir el precio de las tarifas eléctricas no requiere más que de voluntad política y de un elemental sentido nacionalista y de equidad social.
8. El papel desempeñado por las empresas privadas de generación, en relación a CFE, es altamente parasitario, crecen y se consolidan a su costa. Cada día se anuncian nuevos contratos de abastecimiento con los grandes consumidores particulares, que aportan aproximadamente el 60 por ciento de las utilidades, utilizando además las líneas de transmisión y distribución de CFE y de Luz y Fuerza del Centro, pagando ridículos precios por el porteo.
9. Con la clara intención de aparentar una desastrosa crisis financiera en las empresas eléctricas (CFE y Luz y Fuerza del Centro), sin que exista causa o motivo real, los diferentes gobiernos neoliberales han combinado un saqueo fiscal en contra de estas empresas, con absurdos criterios contables que hacen recaer en los libros de estas empresas el costo de los subsidios y reducen al mínimo los rubros destinados a su inversión y modernización. Provocando así una grave reducción en su eficiencia, en su capacidad para atender contingencias y poniendo en riesgo la seguridad de sus trabajadores.
10. Esa asfixia financiera ha obligado tanto a PEMEX como a CFE a recurrir al esquema de financiamiento denominado Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto Público (Pidiregas). Propuestos por la administración de Ernesto Zedillo y aprobados por el Congreso de la Unión en 1995, los Pidiregas constituyen otro engendro neoliberal que tiene por objeto abrir las puertas del sector energético al capital privado, disfrazar deuda pública en deuda de PEMEX y de CFE, y ahora (cuando su monto alcanza un billón 956 mil 560.3 millones de pesos y que crece sin cesar), contar con un argumento adicional para justificar la privatización de estas empresas. La pesada carga financiera que ahora representan los Pidiregas es un asunto que debe ser resuelto por el Congreso de la Unión cuanto antes. Lo mismo que la realización de una Auditoria que investigue posibles malos manejos, sobre todo en lo relacionado con desvío de recursos y de beneficios ilegales a monopolios extranjeros.
11. El gobierno mexicano al permitir la instalación de plantas de generación y regasificación en la frontera norte, para su exportación al sur de los Estados Unidos, que por cierto no cumplen con las normas ambientales de ese país, pone en grave riesgo el equilibrio ecológico de nuestro territorio y también nuestra soberanía. La sola existencia de dichas plantas, propiedad de empresas norteamericanas, las convierte en “asunto de seguridad interna” para el gobierno de los Estados Unidos, y serán causa y motivo para una mayor injerencia de este país en nuestros asuntos internos.
12. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 17 de diciembre de 1992, aún antes de aprobar las contrarreformas a la LSPEE de diciembre de ese mismo año, ya contemplaba en el Capítulo VI titulado “Energía y petroquímica básica” anexo 602.3, la participación del capital privado, nacional y extranjero, en la generación de electricidad, iniciándose así una creciente subordinación de los subsecuentes gobiernos mexicanos a los dictados de Estados Unidos en materia energética y de acuerdos celebrados a espaldas del congreso y del pueblo mexicano. El caso del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, también conocido como TLC plus), es aún peor, contempla la completa integración de los recursos energéticos de los tres países firmantes (México, Canadá y Estados Unidos) y bajo control de los monopolios privados de la electricidad y el petróleo. Estos acuerdos, repetimos, son inmorales e ilegítimos, violentan y pisotean la Constitución, las facultades del Congreso de la Unión y, sobre todo, se realizan sin el conocimiento y la aprobación del pueblo de México.
El documento completo presentado por José Antonio Almazán puede consultarse en: http://prdleg.diputados.gob.mx/diputado/jose_antonio_almazan/intervenciones/ver2659.html
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