Informe de la senadora Rosario Ibarra a la CND sobre la situación de los derechos humanos en México

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2007
Servicio informativo núm. 268

Sumario:

I. Informe de la senadora Rosario Ibarra a la CND sobre la situación de los derechos humanos en México, presentado el domingo 18 de noviembre de 2007 en el Zócalo de la Ciudad de México.

II. Visita López Obrador nuevamente a la población damnificada en Tabasco

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INFORME DE LA SENADORA ROSARIO IBARRA A LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA (CND) SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, PRESENTADO EL DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2007 EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Compañeros y compañeras:

El gobierno usurpador está haciendo terrible daño en todos los terrenos de la vida del pueblo mexicano. Ya se han explicado las consecuencias en lo económico y en lo social, pero como se trata de un gobierno sin legitimidad, que además quiere imponer una política antipopular, ha abierto un curso de represión y violación de derechos humanos muy grave. Un curso de enorme peligro al que, además, hay que frenar para continuar en mejores condiciones con nuestra lucha en defensa del gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Este curso se expresa en varios puntos que ahora resumo:

La militarización del país. Ante la falta de legitimidad, el usurpador saca a los soldados de los cuarteles para darles tareas de policías con el pretexto de la guerra al narcotráfico. Al imponer la presencia del ejército en todas partes, busca acostumbrar a la población a su nuevo papel e intimidar la protesta social. Con la presencia del Ejército se solapan las violaciones a derechos humanos cometidas por militares como lo muestran los casos de Zongolica, los asesinatos en Sinaloa y Michoacán y las violaciones y humillaciones sexuales como en Castaños, Coahuila y de nuevo en Zongolica con la agresión a la señora Ernestina que continúa el maltrato a mujeres indígenas que ya habíamos visto en Chiapas y otros estados. Por eso hemos reclamado insistentemente en el Congreso que se elimine el llamado fuero de guerra.
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La generalización de nuevas formas de tortura que incluye violaciones y humillaciones sexuales a mujeres y hombres que son hechos presos como vimos en Atenco y en Oaxaca. No se trata de perversiones de policías o soldados como casos individuales, sino de una política en que se ofrece, en cada represión, el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, como hacen ejércitos de ocupación en otras partes del mundo. Este trato violatorio de los derechos de los presos políticos incluye el regreso a la práctica porfiriana del traslado de estos a cárceles lejanas que dificulten su defensa, como lo vimos en Oaxaca.

Hay un incesante crecimiento del número de presos políticos. Se dice que hay ahora más presos políticos que en años terribles como el de 1969, inmediatamente después de la represión al movimiento del 68. Requerimos la ayuda de todos para completar un censo confiable del número de presos políticos y su situación en todo el país.

Regresa amenazante la práctica de la desaparición forzada de personas. En todos estos años no ha dejado de haber desaparecidos políticos y sigue sin hacerse justicia en cuanto al saldo mayor de desaparecidos de los años 70 y 80, pero en los últimos meses vemos la tendencia de volver a hacerlo, como una política general. Muestra de ello son las denuncias del EPR de la desaparición de dos de sus militantes desde hace meses o la desaparición de Francisco Paredes Ruiz en Morelia, Michoacán, a fines de septiembre.

Hay un intento de legalizar lo ilegal. Así como en Estados Unidos buscan justificar la tortura en Guantánamo o en Abu Grahib con reformas legales, en México los traidores a la patria también quieren restringir derechos. En abril pasado aprobaron lo que se conoce como ley contra el terrorismo, copia del Patriot Act de Estados Unidos, que apunta a criminalizar la protesta social. Ahora mismo está a debate la llamada reforma judicial propuesta por el usurpador, con la que se que busca legalizar la intercepción telefónica, cateos y detenciones sin órdenes judiciales para ello y otras reformas que desconozcan derechos conquistados por el pueblo mexicano, incluido limitar el derecho de manifestación.

Hay ataques también a los defensores de derechos humanos. Es decir, la represión no se limita ahora a los activistas, luchadores sociales o militantes de oposición o aquellos a los que las autoridades suponen que lo son, sino que también atacan ahora a defensores de derechos humanos y a los abogados de los presos, limitándoles sus derechos.

La subordinación a la política de Estados Unidos por parte del gobierno usurpador también lleva a permitir la intromisión y actuación de fuerzas armadas y policíacas extranjeras en México, como se ha denunciado con motivo de la Iniciativa Mérida, el diseño un Plan México similar al Plan Colombia e incluso la actuación de agentes colombianos en suelo mexicano.

Como consecuencia lógica de todo lo anterior se mantiene la impunidad en crímenes políticos cometidos no sólo por el gobierno usurpador, sino por los crímenes pasados del priíato y que la derecha demagógicamente dijo que resolvería. Sigue la impunidad en cuanto al 2 de octubre, al 10 de junio, los desaparecidos de los 70 y 80, Acteal, El Charco, Aguas Blancas, el Bosque y muchos más casos de antes y ahora.

Ante la gravedad de esta situación es que propusimos volver a crear un Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), como hicimos a fines de los 70. Así, el pasado 2 de octubre formalizamos con el apoyo de más de 100 organizaciones, entre ellas de la Coordinación de la Convención Nacional Democrática, el FNCR. Estamos convencidos de que la posibilidad de poner un alto a la represión y violación a los derechos humanos depende de que logremos la unidad más amplia de todas las fuerzas sociales y políticas interesadas y evitar que cada quien siga luchando por separado por sus presos y en contra de la represión. Por lo menos eso nos dice la experiencia histórica si recordamos que a fines de los años 70 conseguimos así una amnistía para más de mil 500 presos, la libertad de 148 desaparecidos, la cancelación dos mil de órdenes de aprehensión y el regreso de los exiliados.

La necesidad de que nos unamos contra la represión es evidente Hay que decir, que. el Frente Nacional Contra la Represión no pretende sustituir o suplantar a ninguna de las organizaciones existentes o espacios de coordinación; es la unificación en torno a objetivos muy precisos por la defensa de derechos humanos, que respeta la autonomía y práctica de todas las organizaciones integrantes, que no pretende tener una representación formal única o comité de comités, ni un código o estatuto de una nueva organización. Es un frente necesario de muchos que somos diferentes, pero que nos une la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la represión. Por eso necesitamos que la fuerza de la Convención Nacional Democrática se integre ahí y respalde también los esfuerzos del Frente Nacional Contra la Represión.

Lo hacemos con el criterio de que los presos y desaparecidos de otros compañeros son también nuestros presos y desaparecidos. No hacemos exclusiones ni tenemos criterios sectarios que expresen que sólo luchamos por nuestros presos o hacemos un frente exclusivo de una fuerza política. Por lo mismo el compromiso del FNCR es luchar contra toda forma de represión, venga de donde venga, de cualquier nivel de gobierno o de cualquier color político. Así como nos hemos manifestado contra la PFP en Atenco o Oaxaca, contra el usurpador disfrazado ridículamente de militar, contra criminales como Luis Echeverría Álvarez, Ulises Ruiz, Peña Nieto o Mario Marín, lo hemos hecho también contra gobiernos como el de Chiapas o el de Zeferino Torreblanca en Guerrero, que ha reprimido a los estudiantes de Ayotzinapa y a los opositores a la presa en La Parota. Nuestro compromiso indeclinable es defender los derechos humanos.

Por eso discutimos ya sobre la conveniencia de impulsar una amnistía general. En varios casos de presos políticos se han agotado las instancias legales en el reclamo de su libertad y la amnistía parece ser la única forma institucional para lograr su liberación. Son los casos, por ejemplo, de los Hermanos Cerezo o de las brutales sentencias a 67 años de cárcel para Ignacio del Valle y sus dos compañeros de Atenco. La amnistía no es un perdón ni el reconocimiento por parte de los presos de nada indigno, sino la respuesta política posible al reclamo justo de libertad a los presos políticos. No es simplemente una acción legislativa, sino que implicaría básicamente una campaña y lucha políticas.

Al final de esta asamblea se someterá a votación la propuesta de defensa de los derechos humanos y el apoyo a los trabajos del Frente Nacional Contra la Represión. Hay tareas inmediatas que realizar y preparar. La próxima semana, el 25 de noviembre, se cumplirá un año de la brutal represión contra la APPO y además de la gran movilización que se realizará allá, celebraremos la segunda asamblea nacional del Frente Nacional Contra la Represión en Oaxaca. Resolveremos ahí el nuevo plan de acción del frente y sobre todo preparar la gran movilización del 10 de diciembre, día universal de los derechos humanos, así como la tercera asamblea nacional en la Ciudad de México.

Estoy convencida de que, con el apoyo de la Convención Nacional Democrática y del Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, la lucha contra la represión y por el respeto a los derechos humanos, alcanzará un nivel superior y serán más fuertes los gritos que llamen a la movilización contra la represión y la libertad para los desaparecidos y los presos políticos.

Muchas gracias.

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VISITA LÓPEZ OBRADOR NUEVAMENTE A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA EN TABASCO

Previamente a su gira semanal que esta vez tocará municipios de Hidalgo y Baja California Sur, Andrés Manuel López Obrador volvió a visitar, el día de ayer, el estado de Tabasco, para seguir de cerca la situación imperante en la región y en particular entre la población damnificada.

Después de realizar un recorrido y de mantener una comunicación directa con la población de diversas comunidades de Nacajuca, el presidente legítimo de México invitó al pueblo afectado por la inundación a adherirse de manera libre y voluntaria a la denuncia que él interpuso en contra de los presuntos responsables de la tragedia y para exigir la reparación del daño.

“Todo aquel afectado que quiera, puede adherirse a la denuncia, tiene que ser, desde luego, de manera voluntaria, no se puede forzar a nadie; nunca hemos actuado de esa manera. Lo importante es que la gente sepa de este instrumento legal”, explicó.

López Obrador aclaró que no confía en que prosperará la querella que presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de los directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alfredo Elías Ayub y José Luis Luego Tamargo, respectivamente, pero que una vez agotadas las instancias nacionales y esperando el tiempo que sea necesario, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales.

En conferencia de prensa durante su estancia en Tabasco, el dirigente de la izquierda mexicana denunció que los gobiernos de Felipe Calderón y del gobernador Andrés Granier están “pichicateando” los apoyos a la gente que perdió su patrimonio familiar y que sólo entregan bonos, por 10 mil pesos cada uno, “cuando el pueblo de Tabasco, que ha sido afectado, está pidiendo justicia y no limosnas y, en consecuencia, se tienen que reparar los daños”.

Advirtió que “el gobierno usurpador de Calderón proyecta que las plantas de la CFE Peñitas, Angostura, Chicoasén y Malpaso dejen de contribuir con 12.6 por ciento del consumo en el sureste y la cifra se reduzca a niveles de 8.8 por ciento en el 2016. Del 2000 a la fecha ha venido creciendo la participación de las empresas extranjeras y ha disminuido la generación de energía en las plantas nacionales”, explicó.

La incursión de empresas particulares en la generación de electricidad es un acto totalmente violatorio al texto de la Constitución, a pesar de que “con mucha hipocresía habla la derecha de que vivimos en un Estado de derecho”, subrayó López Obrador al afirmar que la tragedia en su estado natal es producto de la política privatizadora del sector eléctrico, que ignora la seguridad de la gente y el interés nacional.

López Obrador aseguró que las autoridades de la CFE y de la Conagua tuvieron en sus manos la información y los elementos necesarios para evitar la catástrofe en el sureste mexicano. En consecuencia, exigió, “se deben fincar responsabilidades y reparar el daño causado al pueblo de Tabasco”.

Ante los representantes de los medios de comunicación, presentó gráficas que muestran el manejo hidráulico de las cuatro presas del río Grijalva, que corresponden a los meses de septiembre y octubre y los primeros días de noviembre, y precisó que la mayor parte de la información fue extraída de documentos oficiales y, en otros casos, la proporcionaron trabajadores de la CFE y técnicos especializados en la materia.

También hizo una exposición del manejo de la presa Peñitas, cuya documentación se presentó en anexos en la denuncia que se interpuso ante la PGR, e informó que durante tres días se liberaron dos millones de litros de agua por segundo, que inundaron de inmediato la capital del estado y municipios aledaños.

Luego aclaró que presentó la denuncia en la PGR porque es el camino, la vía, a seguir para acudir a las instancias internacionales; es decir, “se tienen que agotar todos los procedimientos en el país, además es muy difícil que la Procuraduría iniciara, como lo tendría que hacer, una investigación a fondo y llamar a los responsables”.

Para sustentar su dicho, mencionó que el subprocurador de la dependencia, José Luis Santiago Vasconcelos, descalificó de inmediato el contenido de la querella, “sin conocer siquiera el contenido de la denuncia de hechos”.

Hizo énfasis en que, “a pesar de que dicen de que nosotros politizamos la tragedia en Tabasco, la verdad es que siempre actuamos con responsabilidad, somos gente de principios y no vamos, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, a utilizar una tragedia para sacar raja política. No lo hemos hecho”.

Durante su exposición, dijo que los habitantes de la Ciudad de México mantendrán el apoyo a nuestros hermanos de Tabasco. “La gente ha respondido muy bien al llamado, se han enviado apoyos y vamos a seguir enviando despensas, ese planteamiento lo hicimos en el Zócalo el pasado domingo y los ciudadanos van a seguir ayudando al pueblo de Tabasco”, enfatizó.

También mencionó que en Tabasco hay un cerco informativo y lo consideró similar al que imperó cuando Roberto Madrazo era gobernador del estado. “Cuando vine al estado por primera vez, después de la inundación, llegué en lancha a la Plaza de Armas, después de hacer un recorrido por las zonas afectadas, y me estaba esperando, de manera prepotente y ostentosa, el director de la Policía Judicial, con agentes que portaban armas largas, y bloquearon la plaza para que la gente no llegara”, relató.

Como si fuera poco, enviaron un grupo de provocadores y el escenario “me recordó los tiempos de Madrazo, cuando estaba en su apogeo. Claro que no me intimida, porque estamos acostumbrados a enfrentar este autoritarismo y claro que sí hay un retroceso”, aclaró.

López Obrador reiteró, sin embargo, que el movimiento de transformación de México no se quedará callado y no se rendirá ante “el ambiente de autoritarismo que impera en el estado y en el país; vamos a continuar con nuestra denuncia y vamos a exigir que se reparen los daños al pueblo de Tabasco”.

Al final, hizo entrega de una copia de la denuncia a los diputados del Frente Amplio Progresista en el Congreso de Tabasco e insistió en que la “tragedia en Tabasco tiene que ver con la privatización de la industria eléctrica, la ambición, el hambre y la codicia al dinero, que lo destruye todo y algo similar quieren hacer ahora con el petróleo”.

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